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Editorial



El fiscal, contra Garzón


22/10/2008

La desenvuelta e ingeniosa articulación jurídica en la que el juez Garzón basa su competencia para iniciar una causa penal por los crímenes del franquismo a instancias de asociaciones de familiares de víctimas ha merecido del fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, una contundente respuesta jurídica a la vez que una grave acusación: haber hecho una interpretación de la ley dirigida a fabricar un caso.


Que el recurso del fiscal sea capaz de dejar en nada el andamiaje jurídico armado por Garzón es algo que queda en manos de la Sala de lo Penal de la Audiencia. Son sobre todo cuestiones jurídicas lo que urge aclarar en esta fase del procedimiento: si la sublevación militar contra la República y las matanzas que siguieron durante la Guerra Civil y luego sobre todo en la primera década del régimen franquista fueron crímenes contra la humanidad o delitos comunes; si son o no imprescriptibles; si se trata o no en la mayoría de los casos de delitos de detención ilegal permanente por desaparición forzosa de personas enterradas en fosas comunes; y si la Ley de Amnistía de octubre de 1977, con que se selló la transición política a la salida de la dictadura, alcanzó o no a aquellos hechos.
No es tanto la supuesta osadía jurídica de Garzón como su decisión de atreverse a poner negro sobre blanco en un auto judicial que Franco y los generales sublevados en julio de 1936 fueron autores de graves crímenes contra una parte de la población, lo que parece motivar el grueso de las críticas al juez. La osadía jurídica, de comprobarse, tendrá debida respuesta al resolver la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional el recurso del fiscal. Más difícil es encontrar respuesta a la anomalía que supone que en la España democrática haya sectores que no aceptan siquiera un encausamiento simbólico del franquismo.


No es la supuesta megalomanía de un juez el principal problema, sino la resistencia de sectores que se dicen democráticos a reconocer, no ya la naturaleza criminal del franquismo, sino la comisión de crímenes concretos; o que consideran que si los hubo estaban justificados por la situación. No es de temer, sin embargo, que esas actitudes alteren a estas alturas la convivencia, como no lo haría que otros sectores negaran que fueron crímenes monstruosos los asesinatos en el bando republicano de más de 6.000 curas y monjas y 13 obispos por el hecho de serlo, o los paseos de presos, muchos de ellos detenidos únicamente por sus ideas, reales o supuestas.


Lo que revela la iniciativa de Garzón es que la transición política, fundamento de la actual convivencia, no contempló, sin duda por las circunstancias en que se gestó, una rápida actuación administrativa para sacar de las fosas comunes las decenas de miles de fusilados o paseados enterrados en ellas. En ello se está y el transcurso del tiempo no resta justicia ni humanidad a la iniciativa. La democracia española debe hacer suyas a todas las víctimas, sea cual sea la causa por la que cayeron.

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Franco, en los calabozos de la conciencia


JORDI GRACIA 22/10/2008

El del crédito es un asunto tan inestable que parece que ahora las mismas empresas que lo disfrutaron han dejado de hacerlo de la noche a la mañana. Pero hay un tipo de confianza que siempre ha sido más difícil de ganar porque su territorio es difuso y casi imaginario; el valor de lo simbólico se sostiene no se sabe bien en qué pero opera de una manera decisiva, casi primordial. Y quizá el mérito mayor de la iniciativa del juez Garzón ahora, 70 años después de la Guerra Civil y 30 después de la muerte de Franco, estriba en su dimensión simbólica y no tanto en su capacidad operativa para hacer una justicia que ya no va a pagar nadie, porque los culpables están todos muertos y sus delitos presumiblemente prescritos. Lo recordaba una carta publicada en este periódico el pasado domingo, que concluía que es un derroche de tiempo y dinero de la justicia española el ocuparse en localizar y exhumar fósiles de acuerdo con la voluntad de sus descendientes.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

La iniciativa de Garzón quizá no tenga porvenir jurídico, pero sí gran alcance simbólico


No le falta razón. Las aperturas de hoy parecen dejar en un segundo plano las exigencias de orden sentimental, ético o espiritual, aunque la demanda de los descendientes de los fusilados en las cunetas no va más allá, en casi todos los casos, de la restitución de la dignidad o la aspiración más rasa aún de saber dónde fue tirado el cadáver de un abuelo o de un tío.
Sin embargo, mi conclusión ante el mismo razonamiento es la contraria. La dimensión que importa en este caso es simbólica y el objetivo último cumple con la lógica democrática: el contundente e irreprochable enjuiciamiento de una sublevación que rompió la baraja democrática y metió de bruces al país en una guerra civil que no existía antes del 17 de julio de 1936 a pesar de los disturbios, las violencias callejeras o los enfrentamientos armados. El valor simbólico de esa iniciativa está en sacar de la cabeza de cualquier incauto, de cualquier joven desinformado e impresionable, de cualquier heredero o descendiente de familias franquistas, la menor duda sobre la ilegitimidad de un alzamiento.
Pero la causa de Garzón va más allá: imputa también un plan de exterminio que no se aborta o se detiene con el final de la guerra, sino que se extiende bárbara y metódicamente durante los muy largos y sangrientos años de la posguerra, no sólo con la impunidad del poder político militar sino con la complicidad de la judicatura y la Iglesia, para empezar y como mínimo.
Tuvo que recordarlo Ridruejo en 1962 -y Ridruejo había sido uno de los sublevados de 1936-, así que sabía muy bien de qué hablaba cuando hablaba de una Iglesia de la Victoria que "olvidaría censurar los abusos de la violencia, la inmoralidad económica o el despojo de los derechos más comunes", además de haber actuado tras la guerra "sin resolución para intentar la mitigación de la violencia ni para cortar después la carrera de los abusos". Y eso que Ridruejo era entonces, y siguió siendo después, católico practicante, aunque intransigente con la Iglesia franquista.


De la misma manera en que hemos vivido 15 años de transición sin que nadie diese un duro en público por la versión franquista de la guerra y de su propia dictadura, en los últimos lustros hemos vivido social y mediáticamente una rehabilitación indecorosa de esa versión. Carece del menor crédito político, intelectual o historiográfico y, sin embargo, ha sido difundida con denuedo en libros y radios y periódicos, y ha sido respaldada explícita o implícitamente por los sectores más irresponsables y reaccionarios del Partido Popular. El castigo electoral está siendo largo para el PP, pero quizá ahora convenía restituir el crédito íntegro para la versión democrática sobre la guerra y la dictadura. El juez Garzón ha entendido útil esa iniciativa, no para hacer juicios a la historia, ni para enmendar la plana a nadie, sino para fortalecer simbólicamente la asediada interpretación racional y más justa del origen de la guerra y el aplastamiento de la Victoria.


Hoy, además, puede contar con una minuciosísima e irrefutable información sobre los campos de concentración, sobre los asesinatos programados, las persecuciones de civiles, las represalias privadas y los desmanes practicados en la primera década larga del régimen. Sólo tendrá valor simbólico pero es seguramente el que importa para que aquellos que vieron en la Segunda República la madre de todos los males entiendan con más ecuanimidad y justicia histórica qué pasó entonces y cómo fue la victoria de los sublevados.


La fortaleza de la democracia no necesitaba esa iniciativa de Garzón. La necesitaba esa suerte de capital simbólico que es atreverse a respaldar de frente la verdad histórica cuando está en riesgo de descrédito. Y el mejor modo, en 2008, es que Franco vaya haciendo compañía en los calabozos de la conciencia a su admirador confeso Pinochet, y por una vía directa. Es decir, a través de su imputación como responsable de insubordinación política y militar contra el poder surgido de las elecciones de febrero de 1936. Los insolventes éticos e historiográficos tendrán así algo más estranguladas las líneas de crédito.


Jordi Gracia es catedrático de Literatura Española de la UB.

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Y aquí, enlaces porque uno tiene aprensiones:



JAVIER PRADERA Incompetencia de Garzón

CARLOS CARNICEROVarapalo a Garzón

COLUMNISTA: Una melancolía optimista