La cárcel de la memoria

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La cárcel de la memoria

VICTORIA LAFORA

MIENTRAS arrecia la polémica ante la causa penal iniciada por Garzón contra los crímenes del franquismo, la madrileña cárcel de Carabanchel cae bajo las piquetas y las máquinas excavadoras. La demolición de sus muros borra parte de la historia de la represión y la ignominia de una dictadura que se prolongó mucho más allá de los años cincuenta, en contra de lo que se nos pretende hacer creer. Los presos políticos que habitaron las celdas de Carabanchel por asociación ilegal, ese delito que no figuraba en ningún código penal de la democrática Europa, ocupan ahora, todavía, presidencias de fundaciones e incluso escaños en el Congreso. No estamos hablando de la guerra de nuestros antepasados. No hay que ir a buscar el certificado de defunción de Napoleón, por mucho que Esperanza Aguirre crea que su frase puede resultar ocurrente o graciosa. Tal vez la presidenta madrileña debería sentarse una tarde con Nicolás Sartorius, de tan liberal e ilustre familia como la suya, y escuchar su larga y dura apuesta por la recuperación de las libertades en este país, así como el coste de días de cárcel que pagó por ello en una celda de Carabanchel. Los cascotes de la cárcel, que ahora se van al vertedero, son el ejemplo del muro de silencio con el que se ha querido tapar la represión de la posguerra. La persecución implacable que los vencedores hicieron de quien no se mostraba suficientemente afecto al nuevo régimen. Así se justifica que en el siglo XXI, en 2008, una iniciativa como la del juez Garzón vuelva a poner en pie de guerra a los mismos de siempre. El sumario de Garzón que, tras el furibundo escrito del fiscal, tiene todos los visos de quedar paralizado en la sala de lo penal, servirá al menos para acelerar la apertura de las fosas con la ayuda del Estado. Una ayuda que la Ley de la Memoria Histórica no había sido capaz de prestar. Porque si algo ha demostrado este auto ha sido el fracaso de la citada ley.

Su debate levantó las protestas de la ultratumba, el PP y ERC votaron el contra, el PSOE se apuntó el tanto y, un año después, las Asociaciones y las familias siguen recurriendo al juez en petición de amparo para abrir esas fosas e identificar a sus asesinados difuntos. La sala de lo penal podrá decidir que Garzón no es competente, que los hechos han prescrito, que el delito de crímenes contra la humanidad no existía entonces... .

Pero crímenes hubo, miles y miles, atroces, durante muchos años. Mientras esto no se reconozca y, sobre todo, no se reconozca a las victimas, las heridas seguirán abiertas.
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