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viernes, 5 de diciembre de 2008

La Audiencia entierra la causa contra la dictadura y se remite a la ley de memoria.

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La Audiencia entierra la causa contra la dictadura y se remite a la ley de memoria

JOSÉ YOLDI

La resolución avala la investigación de Garzón para crear un censo de víctimas

La Audiencia Nacional hizo pública ayer una resolución por la que da cerrojazo a la causa abierta por el juez Baltasar Garzón contra el general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno", así como de "detención ilegal con desaparición forzada de personas", en un marco de "crímenes contra la humanidad".

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

Los magistrados declararon la falta de competencia objetiva de Garzón y de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo por entender que el levantamiento militar del 17 y 18 de julio de 1936, que desencadenó la Guerra Civil, no constituyó un delito contra Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno, sino un delito de rebelión. Y el delito de rebelión nunca ha sido competencia de la Audiencia Nacional.

Por ello, 13 de los 17 magistrados que integran el pleno de la Sala, declararon "dejar sin efecto todos los actos y resoluciones del juzgado posteriores al 16 de octubre de 2008", en el que el juez se declaró competente para investigar los hechos.

En una resolución eminentemente técnica, la Audiencia valida lo actuado por el juez con anterioridad a esa fecha, como la petición de datos al Gobierno y la Iglesia católica para elaborar un censo de víctimas, por considerar que se trata de diligencias a prevención. Sin embargo, anula todas las posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre en el que el juez declaraba extinguida la responsabilidad penal del dictador y sus ministros por existir constancia de su fallecimiento y por el que se inhibía en favor de los juzgados territoriales para que investigaran los hechos.

El pleno de la Sala Penal advierte de que su resolución "no afecta al legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria, reconocidos en la legislación vigente, entre otras en la llamada Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica".

El tribunal entra de lleno en el incidente de competencia planteado por el fiscal Javier Zaragoza, pero excluye pronunciarse sobre las materias relativas a la prescripción de los delitos, sobre la posible aplicación o no de la Ley de Amnistía o sobre si los hechos que se pretendían investigar estaban indiciariamente acreditados y en caso de estarlo si eran constitutivos de delitos y si había personas responsables de los mismos.

El magistrado Javier Martínez Lázaro ha formulado un voto concurrente en el que se muestra de acuerdo en que los crímenes del franquismo tienen la "apariencia" de crímenes contra la Humanidad, pero el fallecimiento de sus autores determina la incompetencia de la Audiencia. Martínez Lázaro considera que el proceso penal no puede ser un medio para construir la verdad histórica sobre gravísimos crímenes nunca sometidos a investigación judicial, pero sin embargo, ello no implica la ausencia de toda tutela judicial a las víctimas y reconoce el derecho de los perjudicados a abrir las fosas.


Los discrepantes creen que otro país puede perseguir ahora los crímenes

Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que han discrepado de la mayoría aseguran que el juez Baltasar Garzón era competente para investigar los crímenes del franquismo y que la "actitud claudicante" de la jurisdicción española deja abierta la puerta a que ahora pueda perseguir esos crímenes cualquier otro país, lo mismo que ha hecho España con las dictaduras de diversos Estados latinoamericanos.

Los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel subrayan la "importancia histórica" del caso por tratarse de los "hechos con relevancia penal más graves" presentados ante la jurisdicción española. Y justifican la competencia de Garzón en que además de los asesinatos y enterramientos de la guerra se sigue ignorando la suerte de miles de fusilados y dónde fueron ocultados sus cuerpos, así como el paradero de 30.000 niños secuestrados a sus madres en establecimientos carcelarios y el de los niños perdidos de la República.

Los disidentes cargan contra el fiscal por "abuso del proceso" al no decir qué juez sería el competente de no serlo Garzón y porque lo actuado por éste era, a su entender, válido o convalidable. El vínculo de competencia lo ven en el delito contra los altos organismos de la nación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y no comparten que se tratase de un delito de rebelión militar. Concluyen asegurando que si se hubiera producido una denegación de justicia, se podría determinar la "responsabilidad internacional del Estado español".
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lunes, 1 de diciembre de 2008

Dos autos históricos de Garzón. Ian Gibson.

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Dos autos históricos de Garzón

Lo más tremendo de ambos textos es la información que dan sobre el plan de exterminio franquista.

01/12/2008 IAN Gibson

Esta noticia pertenece a la edición en papel.
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El desprecio... pero quedarán. La risa y la mofa... pero quedarán. El rechazo, el chiste, el escarnio, el insulto... pero quedarán. Los dos autos de Garzón se pueden leer en la red y quedarán, sí, para la historia y para que se sepa, dentro y fuera, la brutal realidad del criminal régimen de Franco. Régimen cuyo acceso al poder, y luego permanencia en el mismo, fueron facilitados --que no se olvide-- por la cobardía y la pusilanimidad de los entonces gobernantes de Francia y de Gran Bretaña, dos sedicentes democracias que, como nunca dejó de señalar Antonio Machado, tenían el deber de apoyar a la República.

Es evidente, más de 30 años después de la muerte del dictador, que la derecha española es todavía incapaz de asumir la verdadera y horrorífica dimensión de la política de exterminio y de odio hacia el adversario practicada por el franquismo, sobre todo después de la guerra. Prefiere que se olvide antes de conocerse. Los alemanes han afrontado con valentía su reciente historia. Lo han hecho los franceses, aunque les ha costado. Asimismo, los argentinos, los chilenos. Pero aquí una preconstitucional ley de amnistía (1977) ha llegado a ser una ley de punto final. Garzón razona que es inaceptable, porque el crimen de lesa humanidad, y aquí lo hubo, no prescribe. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, nada menos, está de acuerdo y recomienda su abolición.

AQUÍ LO HUBO, SÍ, y con premeditación. Para el lector no especializado me imagino que lo más tremendo de los dos autos (16 de octubre y 18 de noviembre del 2008) reside en la documentación que aportan sobre el plan de exterminio elaborado por los conspiradores. Plan sistemático y preconcebido puesto en marcha a rajatabla nada más iniciarse la rebelión y, en opinión del juez, "delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad". Gar- zón cita, entre otras pruebas, el siguiente decreto: "Quedan depuestos de sus cargos el presidente de la República, el presidente del Gobierno y todos los señores ministros, con los subsecretarios, directores generales y gobernadores civiles. Todos ellos serán detenidos y presos por los agentes de la autoridad como autores de los delitos de lesa patria, usurpación de poder y alta traición a España" (la cursiva es mía). Y la Octava Orden de Urgencia: "En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que dé lugar el bando de estado de guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios". Los documentos hablan por sí mismos.
El 19 de julio de 1936, en marcha la insurrección, declaró Mola: "Es necesario propagar una imagen de terror (...) Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado". ¡Abierta o secretamente! ¡Receta para el genocidio! Y en 1937 pronunció lindezas como: "¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España". O: "A los que han hecho armas contra nosotros, contra el Ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo".

FRANCO no le anduvo a la zaga. Se declaró dispuesto a matar a media España si hacía falta.
Queipo de Llano, con todo, fue el más sádico. "Yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros", recomendó en una de sus arengas radiofónicas. No faltó la acusación de que los rojos eran unos afeminados. Tampoco la incitación a violar: "Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido a hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará".

Y LUEGO, LOS niños perdidos del franquismo, arrancados de los brazos de sus madres en la cárcel --muchas de ellas, luego fusiladas--, "reeducados" en el nacionalcatolicismo por el Estado o entregados a parejas adictas al régimen, con sus apellidos originales borrados. Miles de niños que desconocen su verdadero origen, niños incluso buscados en el exilio por el servicio de "repatriación" franquista, niños considerados por el nefasto psiquiatra Antonio Vallejo Nájera --teórico de "las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental"-- como una plaga nociva, heredera de las taras innatas de sus progenitores. La crueldad mostrada hacia ellos --a veces les decían que sus madres los habían abandonado-- sublevará, seguramente, a muchos lectores. Así como la complicidad de la Iglesia.

EN UN SOLO mes los dos autos de Garzón han servido para provocar una intensa reflexión sobre las deficiencias de la ley de la memoria histórica y para impulsar el reconocimiento y la recuperación de las víctimas del holocausto español. ¿Quedará todo ahora en agua de borrajas, tras la "inhibición" del juez y el traslado a los juzgados? No lo quiero creer. Debe prevalecer la decencia humana.

Escritor.
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lunes, 24 de noviembre de 2008

El Congreso debatirá el reconocimiento de la lucha armada antifranquista

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El Congreso debatirá el reconocimiento de la lucha armada antifranquista

La iniciativa parlamentaria, impulsada por ERC, contempla que se recupere también la Memoria Histórica de la II República.

AGENCIAS - Madrid - 23/11/2008 11:54

El Congreso debatirá el martes una iniciativa parlamentaria de ERC para modificar la Ley de Memoria Histórica, con la finalidad de que se reconozca "la lucha armada" antifranquista y aquellas personas que combatieron en esas organizaciones tengan un reconocimiento moral y económico.Este es uno de los aspectos que los republicanos catalanes han incluido en la proposición de ley que llevarán al pleno pasado mañana, porque consideran que la Ley de Memoria Histórica que se aprobó el año pasado no ha cumplido las expectativas de la mayoría.Y como en su opinión no se han visto satisfechas, los diputados de ERC pretenden de esta forma que se recupere también la Memoria Histórica de la II República y de todas las personas, organizaciones y Estados que "apoyaron la lucha por la democracia y contra la dictadura".El texto de la proposición, que defenderá el diputado Joan Tardá, recuerda que se ha obviado la calificación de Crímenes contra la Humanidad y "ni siquiera" se han anulado las sentencias que dictaron tribunales "absolutamente ilegítimos", como la del presidente de Cataluña, Lluís Companys, que fue fusilado.

Reparar a todas las víctimas
Por tanto, ERC cree que es "urgente" que se modifique la ley actual para que se reconozca y repare a todas las víctimas, se aplique "la doctrina de Naciones Unidas sobre los Crímenes contra la Humanidad" y el Estado asuma sus responsabilidades con los que fueron asesinados, perseguidos o encarcelados por el franquismo.Por tanto, a través de esta iniciativa, ERC pide que se anulen las sentencias emitidas por los Consejos de Guerra, el Tribunal de Orden Público o el Tribunal Especial de Represión de la Masonería, entre otros.Quiere que se reconozca una indemnización de 135.000 euros para los beneficiarios de todos aquellos que murieron por la represión franquista y en su lucha por las libertades e insta al Estado a localizar las fosas comunes donde se hallan las personas "desaparecidas violentamente" en la Guerra Civil o en la represión posterior.La restitución del dinero incautado por la dictadura y que conformó el "Fondo de papel moneda puesto en circulación por el enemigo" es otro de los aspectos que incluye la proposición de ERC junto con la creación de Museos de la Memoria o la apertura de los archivos de la represión. Además de otras consideraciones, la proposición pone igualmente atención en la utilización de armamento químico en la guerra del Rif (1919-1926) y solicita al Estado que asuma posibles compensaciones económicas y se dote a los hospitales de esa zona del norte de Marruecos de unidades sanitarias en el tratamiento oncológico.También en relación con la Memoria Histórica, el diputado de ICV Joan Herrera preguntará el miércoles en la sesión de control al Gobierno cómo va a garantizar el Ejecutivo los derechos de las víctimas del franquismo.
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Un auto para hacer justicia a la memoria
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domingo, 23 de noviembre de 2008

La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera.

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La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera

MOCIÓN EN MÁLAGA
La aplicación de la Memoria Histórica no le quita el sueño a Utrera
Elsemanaldigital.com

El PSOE que gobierna en la Diputación de Málaga presentará una moción para retirar los títulos concedidos entre el 73 y el 75. Entre los afectados el suegro de Gallardón.
22 de noviembre de 2008

SIN DISTINCIONES

El PSOE quiere retirar las distinciones que Utrera Molina, suegro de Gallardón, recibió en 1975.

En el próximo Pleno de la Diputación de Málaga el PSOE, que gobierna allí gracias al apoyo de Izquierda Unida, presentará una moción para que se retiren todos los títulos concedidos por el franquismo entre 1937 y 1975.

Un capítulo más en la aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Entre la lista de los afectados se encuentra –además del general Francisco Franco y Queipo de Llano y personas vinculadas al denominado Movimiento Nacional- José Utrera Molina, suegro del alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón.

De esta forma, si se aprueba la moción, la distinción de Hijo Predilecto y Medalla de Oro que se le concedieron a este ex ministro de Franco en 1975, le serán retiradas a sus 82 años. Será, además, el único al que la medida le afectará con vida.

Ante esta situación, José Utrera Molina ha declarado que "si esa medalla se la quitan a Franco, estaré orgulloso de que a mí también." Además, el suegro de Gallardón ha defendido sus medallas y dice que "ahí están las actas en las que se podrán leer los méritos por los que se me concedieron".

Utrera Molina se lamenta no ser profeta en su tierra y que sea, precisamente, Málaga quien le dé el "primer reproche" por su "conducta" y los que siguen con esta especial "interpretación de la Ley."

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Pepe Utrera
Diario de León -

"Si esa medalla se la quitan a Franco, estaré orgulloso de que a ...
Málaga Hoy - 21 Nov 2008

El PSOE exige que retiren los honores a un ex ministro de la ...
Málaga Hoy -
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viernes, 21 de noviembre de 2008

"El auto de Garzón es escalofriante"

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"El auto de Garzón es escalofriante"

MAGDA BANDERA

Un grupo de pensadores impulsa un manifiesto que denuncia las "maniobras" para frenar la causa de Garzón contra el franquismo. Piden a la sociedad que se solidarice con las víctimas.

MAGDA BANDERA - Madrid - 21/11/2008 08:00

"El auto de inhibición [del juez Baltasar Garzón] es el libro más apasionante que he leído en muchos años, es casi una novela policiaca. Es un documento escalofriante detrás del cual hay un gran trabajo de investigación", aseguró ayer el hispanista Ian Gibson, durante la presentación del manifiesto que promueve un grupo de intelectuales para apoyar la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo.

Entre los primeros intelectuales y artistas en firmar el manifiesto, destacan Ernesto Sábato -presidente de la comisión que investigó los desaparecidos en la dictadura argentiana-, José Saramago, Juan Goytisolo, Jordi Dauder, Antonio Gamoneda, José Luis Sampedro, Manuel Rivas, Pilar Bardem, Suso de Toro, Emilio Lledó y Pedro Almodóvar.

El objetivo es evitar que, tras la inhibición de Garzón, la causa sea archivada en los juzgados territoriales a los que ha sido remitida. Por ello, los promotores piden al Gobierno que "no desatienda a las víctimas, que han sufrido un bajón tras conocer la noticia".

También exigen que "se cumplan sin demora y trabas las exhumaciones por los Juzgados de Instrucción donde estén ubicadas las fosas identificadas" y que se acaben las "maniobras" para paralizarlas. "No venimos a defender a un juez, sino una causa", insistió la escritora Fanny Rubio.
Responsabilidad ciudadana
El manifiesto, titulado Hemos conocido, porque comienza con estas palabras, apela directamente a la ciudadanía. Sus promotores invitan a la sociedad a leer el auto para conocer a fondo "una realidad silenciada durante décadas".

Así, pretenden concienciar a los españoles para que no permanezcan "impasibles" ante el dolor de los familiares y firmen el manifiesto que entregaran el próximo 14 de abril al Gobierno para "exigirle que cumpla con su obligación de proteger a las víctimas del franquismo y acabar con su indefensión". Se trata de evitar que a partir de ahora vayan de juzgado en juzgado, "a ver si tienen suerte", aseguró la abogada Cristina Almeida.

Hay que concienciar a los españoles para que no permanezcan "impasibles" ante el dolor de los familiares

El presidente de la Asociación por la Memoria Histórica, Emilio Silva, fue más contundente, al exigir al Estado que no siga "denegando auxilio" a los familiares de los desaparecidos. "El Gobierno debe reaccionar. No puede hablar de facilitar el trabajo de las asociaciones y limitarse a subcontratarlas", añadió Silva. Para Gibson, "es una vergüenza que el Gobierno socialista haya contribuido a silenciar lo ocurrido".

El Partido Popular, por su parte, recriminó a los firmantes que apoyen al auto de Garzón en lugar de pedir soluciones a la crisis. La dirigente del PP Ana Mato volvió a criticar que haya personas que sacan "temas para dividir a la sociedad cuando a la sociedad no le importan" este tipo de asuntos, informa Servimedia.
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"Si mi madre no tiene aquí justicia, la buscaré fuera"

miércoles, 19 de noviembre de 2008

Los internautas preguntan a Emilio Silva

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http://www.elpais.com/edigitales/entrevista.html?id=4518

Los internautas preguntan a Emilio Silva


Núria
1. 19/11/2008 - 10:05h.

¿Qué le ha parecido la decisisón de Garzón? ¿Qué supondrá para los familiares de represaliados?

Por una parte nos ha sorprendido pero dentro de ella hay una triste lógica y es que la mayoría de la Audiencia Nacional en un páis democrático no está a favor de juzgar los delitos cometidos por la dictadura que la precedió. La actitud del Fiscal, Javier Zaragoza, en este asunto ha sido inquisitorial y perjudicial para las familias, llegando incluso a detener acciones tan humanitarias como son las exhumaciones. Para las familias de los desaparecidos sopondrá seguir autorreparándose el daño que las causaron y buscando ayuda en grupos de voluntarios.

caroceiro
2. 19/11/2008 - 10:08h.

¿Considera que si los jueces de zona NO actuasen tras el traslado del expediente por parte del juez Garzon, se podría recurir a otra instancia superior / o internacional, al reconocer el juez en el auto crimenes contra la humanidad?

Evidentemente ahora hay más jueces que tienen que trabajar para resolver el problema. Si esos juzgados no se resopnsabilizan del tema tendremos que acudir a instancias superiores. El Consejo General del Poder Judicial debería enviar una circular a todos los jueces para explicarles cómo deben actuar ante la denuncia de una desaparición. Otra posibilidad es que esto termine, agotando las instancias españolas, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o que un juez de otro país, aplicando el principio de Justicia Universal lance la demanda sobre España.

Miguel Ángel
3. 19/11/2008 - 10:16h.

Y ahora ¿qué hacer? como diría Lenin. ¿Cómo no meter más la pata y atender a los familiares de las víctimas democráticas que desean exhumar de fosas y cunetas los restos mortales de los asesinados por el franquismo?

No creo que lo que ha ocurrido en la Audiencia Nacional haya sido una metedura de pata. El auto de Garzón del 16 de octubre y el de ayer de la inhibición son en sí mismos una condena a la dictadura franquista; la que en treinta años de democracia no se han atrevido a hacer los políticos de nuestro país. Nosotros vamos a seguir atendiendo a los familiares; esta misma semana iniciamos una exhumación. Y vamos a continuar buscando justicia para ellos y reclamándole al Gobierno la responsabilidad que debe tener en este asunto.

arsour
4. 19/11/2008 - 10:20h.

Siendo Francisco Franco y los otros 44 altos mandos, representantes del Gobierno en su época, ¿no sería el actual Gobierno responsable de las indemnizaciones por el daño que Gonbierno causó?

En muchas sentencias el Estado ha sido responsable o se ha hecho responsable del daño. Los casos de Alemania, Francia o Argentina han sido claros en ese sentido. El Gobierno español ha asumido una pequeña parte de esa responsabilidad pero incomprensiblemente tenemos una clase política y un Gobierno que pueden dormir tranquilos gestionando un país en el que miles de personas no disfrutan del derecho a una sepultura digna y sus familiares, que vivieron cuarenta años gobernados por los asesinos, carecen de los derechos básicos de las víctimas de un delito violento.

Sueño de los Justos
5. 19/11/2008 - 10:22h.

¿Por qué un juez de la Audiencia Nacional decide inhibirse en un caso que él mismo califica en un Auto Judicial de Crímenes contra la humanidad?

Se inhibe porque entiende que si el caso llega a la Sala de la Audiencia Nacional será declarado imcompetente y en cierto modo lo que ha hecho es "delegar" el trabajo en otras instancias judiciales. Pero se puede decir que el auto del juez Baltasar Garzón es bastante "desinhibido" y es una tremenda lección de historia y derechos humanos que se corresponde con la contundencia que tuvo la violencia franquista.

Paco
6. 19/11/2008 - 10:23h.

¿Se va a llevar a los tribunales europeos esta degradante situación? Creo que sería necesario que alguien nos diera un tirón de orejas para que desenterremos este pasado para enterrarlo en condiciones

Para eso es necesario agotar las instancias españolas y si es así evidentemente la cuasa llegará al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Juan-jumazheva@hotmail.com
7. 19/11/2008 - 10:24h.

¿Que ocurrirá ahora? ¿Seguirán haciendose exhumaciones pero no habra juicio, como pretendía Garzón? Ayer, cuando leí la noticia, me decepcionó mucho

Nosotros seguiremos haciendo exhumaciones y le reclamaremos responsabilidad a los juzgados de instrucción. Lo decepcionante de la noticia es vivir en un país dónde los principales órganos de la justicia han trabajado para impedir un juicio a los perpetradores de gravísimas violaciones de derechos humanos.

Modesto
8. 19/11/2008 - 10:25h.

¿No es necesaria ya alguna medida en la calle (concentración, manifestación, etc) para que todas las organizaciones políticas, sindicatos... muestren su apoyo unitario a esta causa justa? Gracias y ánimo.

Es necesario y es algo que en este momento estamos estudiando.

Marc
9. 19/11/2008 - 10:28h.

¿Crees que es irreversible la calificación jurídica de 'crimen contra la humanidad' para la acción represiva del franquismo?

Creo que lo que ha hecho el juez Garzón es definir con claridad lo que supuso la represión franquista con respecto al derecho. El último informe de Amnistía Internacional habla de que somos un país que tiene más desaparecidos de los que ha habido en toda América Latina y lo explica con claridad http://www.es.amnesty.org/uploads/tx_useraitypdb/crimenes_guerra_civil_y_franquismo_2008.pdf

el maño antisectario
10. 19/11/2008 - 10:35h.

¿Por que tanta saña en resucitar el pasado? ¿Para usted son victimas de la Guerra Civil también las personas asesinadas por el bando republicano?

Evidentemente son víctimas de la guera civil son todas las asesinadas entonces. Pero hubo una grandísima diferencia; al terminar la guerra Franco puso en marcha toda una maquinaria para "vengar" las muertes de los asesinados por los republicanos. Eso tuvo serias repercusiones; más de 60.000 fusilamientos, cientos de miles de presos políticos, destierros, confiscaciones, etc... Pero de los crímenes cometidos por los franquistas y sus paramiliateres nunca se ha exigido una responsabilidad. Nuestra labor no resucita el pasado porque el pasado nunca muere. Hoy hay en este país miles de personas en fosas comunes y las habrá mañana; por eso estamos hablando de pasado, de presente y de futuro.

Santiago
11. 19/11/2008 - 10:37h.

Sr. Silva: ¿interrumpe esta decisión de Garzón la apertura de fosas que se están llevando a cabo en la actualidad? ¿Qué esperanza nos quedan a los que deseamos que se continúe con este proceso después del auto de Garzón?

Las exhumacioens se van a seguir haciendo. La continuidad ahora está en manos de los juzgados locales y en ese sentido ahora hay muchos más jueces trabajando por el tema. Tenemos que esperar a ver cómo reaccionan y si apoyan a las familias.

Raquel
12. 19/11/2008 - 10:39h.

La decisión de la Audiencia Nacional ¿da herramientas legales para que un ciudadano pueda recurrir un exhumación e impedir que los deudos recuperen los restos de los fusilados?

La decisión de la Audiencia deja muchas puertas abiertas y nada va a impedir que los familiares recuperen los restos de sus seres queridos.

Ana
13. 19/11/2008 - 10:45h.

Me resulta dificil de entender la falta de solidaridad y de comprensión que está mostrando el Gobierno del PSOE con las víctimas del franquismo ¿tiene usted una explicación a esta actitud del Gobierno?

Tampoco lo entiendo. Realmente nosotros con mucha gente que nos ayuda hemos conseguido exhumar e identificar a cerca de 1.600 personas y somos una asociación que no tiene ni un local, pero que cuenta con mucho capital humano. No es comprensible que el Gobierno esté cayendo en esta negación de auxilio a las familias y que en una ley de la memoria diga que va a facilitar las cosas, que no es responsabilizarse del problema, sino ayudar a las familias de los afectados para que se autorreparen. ¿Es comprensible en una sociedad democrática que las víctimas de un grave delito tengan que resolverlo sin el amparo de las instituciones? A veces oyes al Gobierno decir que es que el PP se pone muy arisco con este tema, pero para eso el PSOE es el Gobierno y el PP la oposición. Es triste vivir en una sociedad donde no se reparan esos daños. Y el Gobierno debería tomar cartas en el asunto y no mirar hacia otro lado mientras miles de familias andan desesperadas de un sitio a otro buscando ayuda para algo tan básico como es poder dar una sepultura digna a un ser querido. Un país que hasta tal punto ha renegado de su pasado que hoy, 19 de noviembre de 2008, se cumplen 75 años de las primeras elecciones generales en las que pudieron votar las mujeres y ninguna institución del Estado lo conmemora.

Pinche
14. 19/11/2008 - 10:55h.

El fiscal de la Audiencia Nacional que se ha opuesto a las actuaciones del juez Garzón depende del Fiscal General de Estado. Y este, a su vez, depende del Gobierno Central. ¿Cree usted que la razón por la que el fiscal Zaragoza ha actuado como lo ha hecho se debe a la obediencia debida a instancias superiores? Más claramente, ¿Cree usted que la Vicepresidenta del Gobierno han estado detrás de lo sucedido?. ¿Cree que al sr. Zaragoza le importa más su carrera qlos familares de los desaparecidos?

Evidentemente por acción o por omisión el Gobierno ha formado parte activa del proceso que se ha abierto en la Audiencia Nacional para juzgar a los críemenes del franquismo. También llama la atención que el fiscal en su auto, cuando tenía que discutir si Garzón era o no era competente, se dedicara a hablar de la ley de memoria histórica y a promocionar de la ley cosas que no están en ella, como el hecho de que los familiares ya tenían en la ley resuelto el problema. El fiscal Javier Zaragoza fue nombrado para el cargo en el año 2006 por el Consejo de Ministros, por lo tanto es un cargo de decisión política y jerárquicamente depende del Fiscal General del Estado que no ha dicho nada en este asunto y que podía haber intervenido en favor de las víctimas. ¿Es comprensible que un fiscal trabaje para evitar que se investigue a los culpables de delitos tan graves? En cuanto a quien ha podido intervenir del Gobierno es evidente que el afectado directamente es el Ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, que precisamente en su pueblo de origen tiene enterrada en una fosa a casi toda la corporación municipal republicana. Y es difícil decir que la Vicepresidente haya podido intervenir, sabiendo que ha hecho carrera judicial.

Luis Gómez-Centurión
15. 19/11/2008 - 11:01h.

¿No cree que la derecha pretende que pasen una o dos generaciones más para que no haya victimas directas y puedan luego hacer su propia ley de memoria?

La derecha ha tenido una actitud muy lamentable en este asunto. Mariano Rajoy, hace unas semanas, se mostró contento de que se detuvieran las exhumaciones; un hombre que pretende ser presidente de todos los españoles y se alegra de que haya ciudadanos enterrados en fosas comunes. También han dicho en numerosas ocasiones que la memoria histórica no le interesa a nadie, llamando nadie a miles de familias afectadas por la represión franquista. Era como la frase de Franco que decía que en España o se es católico o no se es nada. Por cierto, que es la jerarquía de la iglesia católica la que está haciendo el trabajo de la derecha, anunciando canonizaciones cada vez que hay un momento álgido en este tema, con lo fácil que sería que perdonaran por lo que padecieron y pidieran perdón por todas las atrocidades que cometieron. Acaba de estrenarse una película, La buena nueva, que refleja muy bien cuál el papel de la iglesia en la guerra y durante la dictadura.

orris-pat
16. 19/11/2008 - 11:04h.

Emilio, ¿no crees que parte del trabajo de reparación de la memoria histórica debería ir encaminado a conseguir la condena de los cómplices de la dictadura que aún están vivos? saludos

En este país hubo miles de cómplices. Miles de personas que ayudaron o colaboraron con la dictadura: chivatos, delatores, ejecutores, torturadores, etc... La dictadura franquista es el gran agujero negro que queda por investigar.

Jurista
17. 19/11/2008 - 11:09h.

¿Cree abiertamente que la decisión inhibitoria de la Audiencia Nacional iba a ser tomada por motivos políticos y no por motivos de técnica jurídica? La actuación de Jueces y Tribunales en España se rige por la Ley Orgánica del Poder Judicial y no por la voluntad de uno de ellos.

En esto es evidente que ha estado mezclada la justicia con la política y que los acuerdos tomados en la transición se han activado para tensar la ley de amnistía que construyó impunidad para los franquistas y abandono institucional para las víctimas de la dictadura.


Mensaje de despedida
Hoy es 19 de noviembre de 2008. Hace 75 años, otro 19 de noviembre, se celebraron en nuestro país las primeras elecciones formalmente democráticas, porque por primera vez las mujeres con sufragio universal pudieron participar en la elección de su Goberno. Se trata de un hecho que ninguna institución conmemora hoy y es tristemente representativo el olvido de que se ha construido en este país con respecto al pasado de la II República, porque la ignorancia de ese pasado ha sido una política de Estado desde la muerte de Franco. Los hombres y las mujeres que construyeron esa primera democracia nos sacaron de la oscuridad de la historia y pusieron a caminar un proyecto que alumbró esa primera democracia. Muchos de ellos, de esas madres y esos padres de nuestra primera democracia, están hoy enterrados en fosas comunes sin nombre, en caminos y cunetas. Los asesinaron por salir de la oscuridad, por haber construido una democracia que terminaba con siglos de historia de un país donde los que no eran privilegiados eran insignificantes. Treinta años después de terminada la dictadura esos hombres y esas mujeres siguen condenados a la insignificancia política. Nosotros, sus nietos, sus otras semillas, estamos trabajando para construir una democracia que les haga justicia. Su memoria es una herramienta para mejorar nuestra sociedad. Esta sociedad tiene una deuda con ellos y debe saldarse porque la democracia y la justicia deben ir de la mano. Quiero dar las gracias a todas las personas que nos han ayudado, que por suerte han sido muchas; a todas las que apoyan este movimiento social y entienden que las violaciones de derechos humanos de la dictadura no pueden quedar impunes. Y a todos aquellos que trabajan por mejorar la democracia, para que dentro de ella no haya nadie insignificante. Cualquier otra pregunta podéis hacérnosla a través de la página web de la asociación. www.memoriahistorica.org Muchas gracias a todos.
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miércoles, 12 de noviembre de 2008

El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica.

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El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la ...

El Pleno de la Audiencia estudia si se abstiene en la causa de la Memoria Histórica

El Supremo debe decidir sobre el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional estudia este jueves si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la guerra civil y el franquismo, como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.

estrella digital/efe madrid

Según han informado fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, verá en la reunión que celebra todos los jueves si debe abstenerse de actuar en esta causa mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter.

La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala de lo Penal la identidad de los diez magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.

Su abogado, en el escrito presentado ante la Audiencia Nacional, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.

Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal", "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".

En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el "tribunal superior" que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Impulsar el incidente de competencia
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el ministerio fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".

Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal

Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.-
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martes, 11 de noviembre de 2008

Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas

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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas

Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes

M. A. - Madrid - 11/11/2008

Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado viernes votaron en contra de obligar a paralizar la apertura de 25 fosas comunes -entre ellas las de Federico García Lorca y el Valle de los Caídos- consideran que el tribunal no podía dar una orden de esas características al juez Baltasar Garzón. Los integrantes de la Sala que han firmado un voto particular conjunto y discrepante con la prohibición de exhumar fusilados de la Guerra Civil creen que el fiscal se equivocó de vía a la hora de solicitarla ante la Sala.

Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008

Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.

Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.

Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.

El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.

Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
Al pleno de la Sala faltaron tres magistrados. Ni Clara Bayarri ni José Ricardo de Prada ni Enrique López se encontraban en Madrid cuando se convocó.
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Cinco jueces atacan al fiscal por impedir que se abran las fosas
Diario Córdoba

Garzón baraja la opción más deseada en la Audiencia Nacional
El Semanal Digital -

Cinco magistrados afirman que la Sala de lo Penal se extralimitó ...
El Correo Gallego -
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lunes, 10 de noviembre de 2008

Perjuicios irreversibles

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Perjuicios irreversibles

Perjuicios irreversibles

AQUÍ Y AHORA RAFAEL TORRES

EL FISCAL DE LA Audiencia Nacional que desde que el juez Baltasar Garzón instruye el sumario contra los crímenes del franquismo ha multiplicado sus esfuerzos para impedirlo, forzó la máquina y obligó, al parecer saltándose a la torera procedimientos esenciales como el de informar a los abogados, a reunirse de urgencia al Pleno de la Audiencia para arrancarle la orden de paralización inmediata de la apertura de fosas «para no causar perjuicios irreversibles». Independientemente de cualquier otra consideración, parece que ese fiscal ignora que los «perjuicios irreversibles» son los que provocó el franquismo (esto es, el movimiento sedicioso y criminal contra el Estado, el gobierno y el pueblo español que Franco lideró al poco de producirse) en las personas que yacen innominadas y desaparecidas por los campos, las simas, las cunetas y cabe las tapias de los cementerios. Lástima que Franco y sus secuaces no contaran, cuando atacaron con extrema violencia a la nación, con un aparato jurídico lo suficientemente garantista para contar con un fiscal que con su celo vigilante impidiera que se causaran «perjuicios irreversibles» a nadie, particularmente a los inocentes. Lejos de eso, como se sabe, Franco situó en noviembre del 36 nada menos que ocho tribunales militares sumarísimos en las afueras de Madrid para, una vez conquistada la ciudad con la diligencia que preveía, cayeran sobre sus defensores dictando las innumerables penas de muerte que, contrarias a todo derecho, tardaron, por la resistencia heroica de los madrileños, casi tres años en poder dictar.

El franquismo causó muchos «perjuicios irreversiles», todos ellos también irreparables, tantos que aún parece que sufrimos con especial intensidad uno de ellos: el de las dificultades de la Justicia para entender, entendiéndolas, en las causas sobre el bien y el mal. No en causas folletinescas e intercambiables de buenos y malos, sino en la del bien -la democracia, la paz y la ley- y el mal -el terror, la persecución y la violencia-.
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domingo, 9 de noviembre de 2008

El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete abulenses.

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El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete ...

RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA

El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete abulenses
Las asociaciones solicitantes deberán esperar a que se decida si el juez es competente

Los enterramientos leoneses están en Camponaraya, Dehesas y Magaz de Abajo
Los fusilados de Pajares de Adaja fueron primero arrojados a un pozo en Aldeaseca


Actualizado domingo 09/11/2008 08:23 (CET)

FERNANDO MARTÍN VALLADOLID.-

La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones autorizadas por el juez Baltasar Garzón ha frenado la apertura de tres fosas en Camponaraya, Dehesas y Magaz de Abajo, en León, y la recuperación de los restos de siete fusilados de Pajares de Adaja, Ávila, que se encuentran en el Valle de los Caídos.

Las cuatro intervenciones, las tres primeras promovidas de la Asociación para la Recuperación de la Memoría Histórica de León y la cuarta, la del Valle de los Caídos, por la APRMH de Valladolid, figuraban entre las 25 que Garzón incluyó en 2006 en la lista de actuaciones "inmediatas".

Dos años después, algunas se habían realizado ya, entre ellas otras cinco en León que también estaban en la lista, pero no dio tiempo a las tres restantes en esta provincia y ahora deberán esperar hasta que se resuelva la competencia o no de Garzón para abrir las fosas de la Guerra Civil. En su argumentación, la Audiencia Nacional advertía de posibles "daños irreversibles" a terceros.

Desde Huelva, donde este sábado trabajaba en una exhumación, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de León y vicepresidente de la organización nacional, Santiago Macías, criticó la decisión adoptada por el Pleno de la Audiencia Nacional y recordó que "el mayor daño que se le puede hacer a un tercero es asesinarlo".

Pese a la paralización de las exhumaciones de Camponaraya, Dehesas y Magaz -entre las tres suman 7 muertos- Macías recordó que la suspensión sólo afecta a las fosas incluidas en la lista de Garzón y añadió que seguirán sus trabajos -como el sábado lo hacían en Huelva- en aquellos casos en los que han solicitado la intervención los familiares.

La decisión de la Audiencia Nacional ha parado también la recuperación de los restos de siete abulenses, seis hombres y una mujer de Pajares de Adaja, que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos. La APRMH de Valladolid, que inició las pesquisas en 2003 a petición de un hijo de uno de los 'paseados', tiene localizada la ubicación de los cuerpos, pero ahora deberá esperar la resolución del conflicto de competencias.

El arqueólogo de la asociación, Julio del Olmo, avanzó que, pese al revés el lunes 10, enviarán una petición al juez de El Escorial, jurisdicción a la que corresponde el Valle de los Caídos, para "ganar tiempo" a la espera de que se decida si Garzón es competente.

Fusilados en la noche del 19 de agosto de 1936 en Aldeaseca, pueblo cercano a Pajares, sus cuerpos fueron arrojados a un pozo luego tapado con tierra hasta que en 1958 sus restos fueron exhumados y trasladados al Valle de los Caídos. Allí están los huesos de todos en una misma caja.
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Más que palabras
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El Carrizal se convierte en un lugar de reivindicación de las ...
Granada Hoy -

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La Opinión A Coruña -

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El País. La Comunidad.

Víctimas republicanas
Diario de Jerez -

De Torres al estrellato
Diario de Cádiz -

Las salidas de Baltasar Garzón
La Voz de Galicia -

¿Tiene sentido reabrir el drama de la Guerra Civil?
La Crónica de León -
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Juicio a Franco

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Juicio a Franco

Granada Hoy

Elena Llompart Actualizado 05.11.2008 - 01:00

LA ONU ha respaldado la decisión de Garzón de buscar a los desaparecidos de la Guerra Civil, al tiempo que ha pedido la derogación de la Ley de Amnistía, una noticia que ha pasado desapercibida en la mayor parte de los medios de comunicación y que, aunque no cambia las cosas, supone un respaldo simbólico a la causa contra el franquismo abierta por el juez de la Audiencia Nacional. Muy difícil lo tiene el magistrado para llevar adelante su objetivo, toda vez que la Fiscalía ha recurrido su auto con un escrito bien armado mientras el mismísimo Zapatero declaraba que Franco "ya ha sido juzgado por la Historia". En todo caso, la apertura de la fosa de Lorca que en estos momentos se tramita por la vía judicial ya es noticia en medio mundo. Los cinco continentes darán cuenta del histórico acontecimiento que, en sí mismo, será el juicio al dictador.
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La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas

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La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas

MADRID (Reuters) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) va a interponer un recurso ante lo que calificó de "inhumana" decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista dentro de la causa abierta por el juez Baltasar Garzón.

La Sala de lo Penal de la Audiencia tomó la decisión en un pleno extraordinario celebrado el viernes a petición de la Fiscalía, informaron fuentes judiciales, y votó por 10 a 5 paralizar cautelarmente las diligencias no urgentes ordenadas por Garzón hasta que se decida si tiene potestad para investigar las desapariciones de miles de personas desde 1936 hasta los primeros años del franquismo.

"La ARMH interpondrá un recurso porque el fiscal de la Audiencia ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento al no avisar a las partes y generarles indefensión", dijo un comunicado difundido tras la decisión judicial.
"Se trata de alargar la tortura de han padecido estas familias desde que sus seres queridos fueron asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer", agregó el comunicado, en el que señaló que la asociación baraja una movilización de los familiares de los fallecidos para pedir justicia.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó el sábado tras el Consejo de Ministros su "máximo respeto" a las decisiones judiciales, "especialmente en una cuestión como esta".
"El Gobierno, desde el sosiego y el rigor, va a seguir trabajando para reconocer a las víctimas que padecieron los efectos de la Guerra Civil y la dictadura", agregó.

NO TIENE COMPETENCIA
Garzón se declaró el mes pasado competente para investigar esas desapariciones en un auto en el que señaló que los actos de represión franquista eran delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad, por lo que consideraba que los hechos no habían prescrito ni estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
La Fiscalía cuestiona esta argumentación y opina, entre otras cosas, que la Audiencia no tiene competencia en este asunto por no estar sujeto a las reglas de la justicia universal, y cree que debe corresponder la investigación a los juzgados de cada territorio donde se perpetraron los crímenes.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica rechaza los argumentos del fiscal jefe de la Audiencia Javier Zaragoza y pide la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Gómez Pumpido, "para evitar el padecimiento de las decenas de familiares que se van a ver afectados".

El auto de Garzón autorizaba 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca desde 1936.
La reunión de la Sala se produjo precisamente al día siguiente de que el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón por encontrarse éste de baja médica, autorizara que la familia de Lorca asistiera a la apertura de la fosa del poeta.
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Urgencias contra la memoria, por Ignacio Escolar

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Urgencias contra la memoria, por Ignacio Escolar

Nov 08
Urgencias contra la memoria

Y, al fin, a la Fiscalía le entró prisa. Urgencia. Había que hacer algo, y pronto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, despertó en la mañana del viernes, 7 de noviembre de 2008, y, tras leer la prensa, convocó de emergencia a los 15 jueces de la Sala de lo Penal. Algunos de ellos tuvieron que interrumpir otros trabajos –minucias sin importancia: el caso “Saqueo”, sobre la corrupción del Ayuntamiento de Marbella en la era Gil, y otro juicio de terrorismo etarra–. Había una emergencia que así lo justificaba, algo importantísimo y prioritario. Siete décadas después de la Guerra Civil, tras treinta años de democracia, la España que presume de séptima potencia mundial esconde bajo la alfombra, en las cunetas de las carreteras, decenas de miles de desaparecidos, cadáveres sin nombre en fosas comunes. Torturados, fusilados. La Justicia no podía esperar ni un minuto más. Había que bloquear cuanto antes al juez que, al fin, estaba intentando abrir esas fosas, cerrar esas heridas.

Según la fiscalía, la emergencia estaba justificada. Justificadísima. Había que tomar esa medida cautelarísima, en el lenguaje jurídico, porque el proceso iniciado por Garzón podía causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación”. En la práctica, la decisión de urgencia sólo bloquea tres de las 25 fosas que Baltasar Garzón había ordenado abrir: una sin más relevancia política, en La Serna, y dos mucho más sonadas: la del poeta Federico García Lorca, en Granada, y un osario del Valle de los Caídos. ¿Perjuicios irreversibles? ¿Los de quién?

Para juzgar la responsabilidad de los actos de la Fiscalía, nada como la jurisprudencia y la hemeroteca. Año 1998. El mismo juez Garzón, como ahora, abre un proceso a otra dictadura, la del general Augusto Pinochet. El Gobierno, como ahora, dice que respeta las decisiones de la Justicia, que no se inmiscuye, mientras la Fiscalía, como ahora, pone todo tipo de palos en las ruedas. Habla Alfredo Pérez Rubalcaba, 9 de agosto de 1999: “El Gobierno no puede esconder su responsabilidad ante las actuaciones del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional”. “Fue el Gobierno quien los nombró” por lo que “no puede decir que no tiene nada que ver con lo que hace el fiscal general o el de la Audiencia Nacional. Hay una responsabilidad que hemos reclamado, ya que la Fiscalía está defendiendo tozudamente a Pinochet”. No hay más preguntas.

Facilitar la memoria
Dice la Ley de la Memoria Histórica que “atendiendo a una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, algunos en fosas comunes, se prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones Públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. La palabra clave es el verbo: facilitar. ¿Cómo? La fórmula es ambigua y, de momento, esta parte de la ley aún está por concretar. Hace unos años, el PSOE tenía una respuesta mucho menos abstracta. En el debate de los Presupuestos Generales de 2003, Jesús Caldera, entonces portavoz del grupo socialista, pidió que se incluyese una partida de un millón de euros para ayudar a las asociaciones de voluntarios que, con sudor y palas, están recuperando de las cunetas esa memoria podrida que muchos han preferido olvidar. Tras casi cinco años de Gobierno socialista, nada se sabe de ese dinero.

Es cierto que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único presidente democrático que por lo menos ha abordado el problema, pero la solución es aún incompleta: que el juez Garzón en poco más de un mes haya facilitado la apertura de más fosas comunes que todos los gobiernos de la democracia en treinta años así lo demuestra. El trabajo, sin embargo, permanece incompleto. A Garzón no le queda mucho más margen de maniobra, pues la votación de la Sala de lo Penal el viernes –diez votos a favor de la Fiscalía, cinco en contra– permiten pronosticar sin mucho riesgo que su proceso contra el franquismo no irá más allá.

Sin embargo, las esperanzas de que algún día se haga Justicia no acaban aquí. “Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera”, pronosticaba ayer el historiador Julián Casanova en una entrevista del periodista Diego Barcala en Público. No es sólo un deseo al viento: al igual que la Audiencia Nacional ha procesado a las dictaduras de Argentina o Chile, otro juez no español podría abrir un proceso contra el franquismo en un tribunal de Argentina o México. La Asociación por la Memoria Histórica ya está en ello. La Audiencia Nacional y su Fiscalía, por coherencia, tendrían poco que alegar.

Dice Zapatero que “el franquismo ya está juzgado por la historia”. No basta con esa condena. No basta con facilitar. La memoria, para que no se olvide, hay que ejercerla.
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sábado, 8 de noviembre de 2008

Más reacciones y noticias.

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La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas
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Comienza la exhumación de una fosa común en Huelva
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Cancelan exhumaciones
BBC Mundo -

La Asociación Memoria Histórica exhumará hoy la fosa de Calañas
Huelva Información -

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Público -

El diari Levante no para de mentir o equivocar-se sobre les notícies del Fòrum o de la PVDF.

Paralizan la apertura de fosas de la guerra civil española
El Informador -

L'Audiència paralitza l'abertura de les fosses.

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Europa Press - 7 Nov 2008

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AFP - 7 Nov 2008

Memoria.- Calañas (Huelva) acoge mañana la exhumación de una fosa ...
Europa Press - 7 Nov 2008

Memoria histórica. es "grotesco" que la audiencia paralice la ...
elEconomista.es - 7 Nov 2008
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Los familiares de desaparecidos recurrirán la decisión de la Audiencia Nacional

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Los familiares de desaparecidos recurrirán la decisión de la ...

Los familiares de desaparecidos recurrirán la decisión de la Audiencia Nacional


IU emprenderá acciones judiciales

El PP, contento con la decisión del Alto Tribunal

08.11.08 13:20 h. INFORMATIVOS TELECINCO

Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo recurrirán la decisión "inhumana e injusta" de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de acceder a la petición de la Fiscalía para que se paralicen las exhumaciones de restos. IU ha anunciado que iniciará “acciones judiciales” contra esta decisión. El PP, en cambio, la considera “un acierto”.

La Audiencia Nacional paraliza la exhumación de las fosas de la Guerra Civil
Se abren las puertas del 'Valle de los Caídos'
Garzón se declara competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo
Garzón autoriza la apertura de la fosa común donde está enterrado Lorca
La decisión sobre la investigación de Garzón se retrasa por la baja médica del juez

El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de "injusta" la decisión de la Fiscalía, que, a su juicio, supone "atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso, que están esperando a que se lleven a cabo las exhumaciones".
Silva ha estimado que es "inhumano" que la Fiscalía "no piense en las personas que llevan setenta años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares" y que, "en un despacho, saltándose varios procedimientos, decida que esas personas no tienen derecho a abrir fosas".
Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha lamentado la "tremenda barbaridad" que ha hecho la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, "de la mano del fiscal, que tiene que velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en este país". Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha calificado de "prudente" la decisión .

Nieves Galindo, nieta de Dióscoro Galindo, un maestro de escuela fusilado y supuestamente enterrado en la misma fosa común que Federico García Lorca, ha explicado que siente "un desengaño brutal" tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas.
Izquierda Unida emprenderá "acciones judiciales contundentes" contra la decisión de la Audiencia Nacional, una medida que ha tomado "pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares". Así lo ha puesto de relieve el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien no ha descartado la interposición de una querella por prevaricación a causa de la iniciativa "precipitada e injustificable" que ha adoptado la Audiencia Nacional.

Además, ha emplazado al Gobierno a que dé explicaciones por la "deplorable" actuación de la Fiscalía, que ha sido la que ha solicitado al Pleno de la sala de lo penal que paralizara la exhumación de los restos hasta que ésta no decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos.

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha considerado una "muy buena decisión". El líder popular ha recordado que el partido apoyó el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión del juez Garzón. En este sentido, ha añadido que el Gobierno de España "y otros", en lugar de ocuparse del pasado, deberían ocuparse del futuro, "que es lo que le importa a la gente, sobre todo de los problemas del paro, de los que pierden sus puestos de trabajo y de los que viven ajustados para llegar a fin de mes".
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El Gobierno pide "sosiego y rigor" ante la paralización de la ...

Europa Press -

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MADRID, 8 (OTR/PRESS)

La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió hoy "sosiego y rigor" a la hora de abordar el asunto de la exhumación de fosas de la Guerra Civil y el Franquismo después de que ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera paralizar temporalmente la apertura de tumbas ordenada por el juez Baltasar Garzón.

De la Vega expresó su "máximo respeto" por los procedimientos y tiempos judiciales, al tiempo que recordó que la Audiencia Nacional debe decidir sobre un conflicto de competencias. En cualquier caso, la sorpresa no ha pillado por sorpresa a algunos, como a Francisco Galadí, nieto de uno de los fusilados junto al poeta Federico García Lorca, que asegura que "ya esperaba" esta traba legal.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró hoy, la vicepresidenta fue preguntada por la opinión del Gobierno ante la decisión tomada ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por diez votos contra cinco, el Pleno adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, que recordó que -en base al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- debe dirimirse antes si el magistrado es competente para llevar a cabo la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo y que las exhumaciones de fosas no son tan urgentes como para ordenarlas mientras se resuelve este conflicto de competencia.

De la Vega expresó su "máximo respeto" a los "procedimientos y tiempos judiciales", especialmente en una cuestión "que ha de abordarse con sosiego y con rigor". La vicepresidenta destacó que se trata de una decisión "temporal" en tanto que se resuelve un "procedimiento judicial ordinario" en torno a la competencia del juez Garzón en este asunto. Mientras se resuelve este asunto, "el Gobierno sigue trabajando en el ámbito que le corresponde. Estamos poniendo en marcha las medidas derivadas de la Ley que aprobamos en el Parlamento para ayudar a las víctimas".

En este sentido, De la Vega recordó que la semana pasada se dio impulso "con la puesta en marcha de decretos que incluyen protocolos específicos para la exhumación y para la elaboración de un mapa de zonas de enterramiento" para "dar satisfacción a esas legítimas preocupaciones y deseos de los familiares de las víctimas". En cualquier caso, insistió en pedir "máximo respeto" a los procedimientos y tiempos judiciales y en que el Gobierno va a seguir trabajando "desde el sosiego y el rigor" por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.

"YA ME LO ESPERABA"
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, no ha pillado por sorpresa a algunos familiares de las víctimas. Francisco Galadí, nieto del banderillero del mismo nombre que fue fusilado y presuntamente enterrado junto a García Lorca, aseguró hoy que "ya esperaba" la decisión de ayer de la Audiencia Nacional, porque veía "demasiado fácil todo esto, que no hubiera problemas". Así, reconoció que la resolución judicial ha sido "una gran decepción", especialmente porque llega en época otoñal, lo que podría provocar más retrasos derivados de la climatología en la exhumación de la fosa de su abuelo.

Mientras, en la localidad de Calañas (Huelva) se inició hoy la exhumación de una fosa común en la que se esperan encontrar los restos de once personas asesinadas el 13 de noviembre de 1937, procedentes de El Cerro de Andévalo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica explicó que la paralización dictaminada por la Audiencia Nacional no afecta a esta exhumación, porque "ya estaba prevista antes de que Garzón dictara un auto para exhumar" otras 25 fosas.

Tras dos horas de trabajo, los restos de esas once personas fueron alcanzados. Todos eran vecinos del Cerro de Andévalo, que es donde sus familiares tienen el deseo de enterrarlos una vez que hayan sido identificados. A lo largo del día familiares y vecinos de la zona acudieron al lugar de la exhumación para contemplar los trabajos, que se extenderán posiblemente hasta el miércoles. Entre los asistentes se encontraban Antonia Trigo y Agustín Serrano, octogenarios ambos e hijos de dos de los fusilados, que señalaron que hoy era "un día muy especial" que llevaban esperando más de 70 años.

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La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal

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La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal

MANUEL ALTOZANO

El fiscal gana la primera batalla a Garzón al lograr que se paren las exhumaciones - Las asociaciones de memoria histórica creen que el fallo les provoca indefensión

En poco más de dos horas y media de tensa discusión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó provisionalmente con las esperanzas que decenas de familias tenían en que, después de 70 años de incertidumbre, un juez ordenara por fin la exhumación de sus familiares desaparecidos y enterrados en fosas comunes tras la sublevación franquista del 18 julio de 1936, en la guerra fratricida que provocó y durante la represión de los vencedores. El tribunal acordó ayer con los votos a favor de 10 de los 15 magistrados presentes la paralización cautelar de las exhumaciones aprobadas en la causa contra el franquismo abierta por Baltasar Garzón. La decisión se adoptó en una reunión urgente de la Sala convocada horas después de recibir un escrito del fiscal solicitando que se suspendiera la apertura de fosas hasta que los magistrados decidan, también a petición del fiscal, si Garzón es competente para investigar el caso.

La Sala Penal debe decidir aún si Garzón puede continuar la causa contra Franco

Diez de los 15 magistrados votaron a favor de paralizar las exhumaciones
La petición del fiscal llegó a la Sala días después de que Santiago Pedraz, el juez que sustituye a Garzón estos días debido a una baja médica, acordara el 29 de octubre la exhumación de ocho cuerpos de fusilados republicanos sacados de sus fosas sin permiso de sus familias en los años cincuenta y enterrados en el Valle de los Caídos.

El escrito del ministerio público es una ampliación del presentado el pasado 22 de octubre por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, en el que pide que la Sala declare incompetente a Garzón "por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional". Esa petición nunca se había planteado antes en la historia de este tribunal y se enmarca en la guerra de descalificaciones y triquiñuelas jurídicas desatada entre Zaragoza y Garzón desde que este último se declarara competente para abrir las fosas e investigar la dictadura.

El fallo, que acoge la petición del fiscal y contra el que no cabe recurso, exige a Garzón que paralice "todas las actuaciones acordadas" en el sumario abierto por el juez, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación". La resolución apura aún más al pedir la concreta suspensión de "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia" que planteó Zaragoza.

Los magistrados, según fuentes de la Audiencia, recuerdan al juez que el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a practicar sólo "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquéllas que considere de reconocida urgencia", en los casos en que se haya cuestionado su competencia, como ha hecho ahora el fiscal Zaragoza. Y la exhumación de cadáveres que llevan enterrados cerca de 70 años, según el criterio mayoritario seguido en el pleno de la Sala, no parece que sea una cuestión inaplazable, según fuentes del tribunal que recuerdan que, en caso de que finalmente se decida que el juez Garzón no es quien tiene que instruir el caso, las actuaciones ya realizadas tendrían que declararse nulas.

La deliberación (que duró más de dos horas y media) fue áspera en algunos momentos y la Sala se mostró dividida. Algunos de los magistrados que votaron en contra no entendieron la necesidad de convocar un pleno extraordinario para resolver a toda velocidad la cuestión y anunciaron la presentación de un voto particular discrepante. El fallo se adoptó sin dar traslado a las demás partes, que no conocieron el escrito del fiscal, lo que algunos jueces consultados por este periódico consideran "poco garantista".

Ése es el motivo que estudia alegar ahora Fernando Magán, el abogado de la mayoría de asociaciones de memoria histórica que iniciaron la causa. El letrado considera que el hecho de no haber podido conocer la petición de Zaragoza para rebatir sus argumentos le provoca indefensión y afecta a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o plantear la nulidad del acto ante la Sala.

La resolución para en seco los trabajos de exhumación e identificación de los cadáveres de 19 fosas, aprobados cuando Garzón admitió a trámite el caso el pasado 16 de octubre, y otras seis a cuyos proyectos de exhumación dio el visto bueno su sustituto, Santiago Pedraz, 10 días después. Entre ellas se encuentra la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca y la del Valle de los Caídos. La única vía abierta ahora para seguir con las excavaciones es la prevista por la Ley de la Memoria, que obliga a las Administraciones a facilitar a las víctimas las labores de "indagación, localización e identificación" de los desaparecidos de Franco.

Petición del fiscal y fallo de la Sala sobre la apertura de fosas
- Lo que el fiscal planteó ayer. "A pesar de haberse cuestionado por la vía del art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la competencia [del juzgado de Garzón] para la investigación de los hechos, se ha tenido conocimiento de que el Juzgado Instructor (en este caso el sustituto legal del Juzgado) ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones". Por esa razón, el fiscal solicita a la Sala "que ordene al Instructor que se limite a practicar diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia planteado".

- Lo que decidió la Sala de lo Penal.
1. "Requerir al Juzgado Central de Instrucción número 5 [el de Baltasar Garzón] para que paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
2. "En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal".
- Artículo aplicado por el tribunal (22.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). "Mientras no recaiga decisión [sobre la competencia]", el juez instructor "seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".

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La decisión sólo afecta a la fosa de Lorca, a otra en La Serna y al Valle de los Caídos
El Supremo archiva dos acciones penales contra Garzón
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Julián Casanova: "Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera"

DIEGO BARCALA

El historiador Julián Casanova opina que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista".


La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional parece un desagradable mensaje de bienvenida para uno de los expertos que deben colaborar en el caso abierto por el juez Baltasar Garzón. Julián Casanova (Teruel, 1956), catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, acaba de llegar de Washington (EEUU) tras participar en un congreso sobre "verdad histórica".

Este historiador encuentra más reconocimiento a sus estudios fuera que dentro de España. "Si hablara del feudalismo, sería una eminencia internacional, pero si hablo del franquismo, resulta que soy un opinador", se resigna. Es autor de estudios de referencia que desmenuzan la colaboración de la Iglesia y el franquismo, como La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). De momento, sigue a distancia el debate judicial.
La Fiscalía dice ahora que la apertura de las fosas no es una prueba necesaria. ¿Está de acuerdo?
No quiero entrar en asuntos que no me competen. Lo que sé es que esas fosas y el silencio sobre ellas durante tanto tiempo son una prueba histórica de las características del franquismo, que persiguió al contrario y trató de ocultar sus crímenes.

¿Qué intepretación hace de la oposición a la apertura del caso?
El pasado de violencia y violación sistemática de los derechos humanos se proyecta como una sombra alargada en la justicia, en la política y en los medios de comunicación.

¿Es correcto desde el punto de vista histórico el auto de Garzón?
En España, la Historia ha llegado antes que la Justicia. Garzón ha abierto un proceso por partes y lo ha hecho al revés. Tenía que haber hablado con la gente que sabe antes de declararse competente. Hay dos conceptos que no cuadran. Detiene la investigación en 1951 para garantizar que no haya nadie vivo a quien juzgar, a pesar de que a Grimau se le mata en 1965 como preso de guerra. Y lo de los falangistas, porque la militarización de la justicia en la posguerra les quita su responsabilidad. Informaban, pero se fusilaba en consejos de guerra. Otro defecto, éste de los medios, es hablar de cientos de miles de desaparecidos. Lorca no es un desaparecido. Su muerte quedó registrada y se sabe qué pasó. Pero hay 25.000 sin rastro que será imposible encontrar.

¿Cuál es su visión de la causa?
Defiendo una diferencia clara entre la justicia retributiva -que es la que compensa jurídica, política y moralmente a las víctimas, que es necesaria y que hay que echársela en cara al PP y a la jerarquía de la Iglesia- y la justicia punitiva. Creo que esta última, la de la búsqueda de verdugos, 30 años después de haber muerto Franco, no causa apenas reparación a las víctimas.

¿Y Garzón, cuál busca?
Creo que su objetivo no es la punitiva. Ocurre lo mismo que con el debate de la Ley de la Memoria Histórica. No se acepta revisar y anular las causas de los tribunales franquistas porque entonces las víctimas sí que pedirían buscar a esa persona que, sin garantías jurídicas, mandó fusilar a su abuelo.


¿Cuál es su balance del primer año de Ley de la Memoria Histórica?
Todo lo que hace Garzón está en la Ley. El problema es que la sociedad democrática de las instituciones y el parlamento, una vez realizada la maravillosa transición y con un país moderno y rico, no ha hecho una gestión pública de su pasado traumático.

¿Cómo se debió hacer?
En tres partes. Uno: en los archivos, con información y verdad. Dos: museos, con lugares de la memoria -con una función formativa, no para compensar las cruces de los otros-. Tres: educación, porque la generación franquista vivió con la propaganda y las generaciones que se formaron en las tres décadas posteriores a la dictadura nunca estudiaron la represión.


¿Es posible recuperar todas las pruebas de la represión?
Está muy documentada, comparada con Argentina, Rusia o Perú. Llevamos 30 años desenterrando fosas.

Sus estudios del franquismo calculan 50.000 fusilados en la posguerra.
¿Por qué tanta saña?
Por tres componentes ideológicos y culturales. Primero: el concepto militarista de aniquilación del contrario que viene del africanismo, que Franco, Yagüe y Millán Astray tienen muy metido. Aquello de tratar a los rojos como tribus, gente que no merece vivir. Además, pasado por el matiz del exterminio fascista, pero fundamentalmente, militar español. En segundo lugar, es un componente religioso de limpieza, porque hay una gran legitimación de la muerte de gente que no tiene derecho a la vida porque no tiene fe. Son infieles y es un reverdecimiento del mito de la Cruzada. Y un tercer elemento que viene de la Falange, que sí que tiene claramente sustancia nazi.

¿Por qué cuesta tanto aplicar la Ley de la Memoria?
El problema es que al Gobierno le resulta incómoda y nada más aprobarla le viene una crisis económica. Pero lo gordo es que el PP no la aprueba y que la jerarquía de la Iglesia, mientras beatifica, se opone también. Las asociaciones se quejan y Garzón toma la iniciativa que la sociedad política no ha tomado. Y si no le dejan, lo hará un juez de fuera, porque el proceso ya es imparable.

Pero las posturas del PP y la Iglesia parecen irreductibles...
El mayor problema es que la sociedad no estará preparada hasta que el PP se convenza de la necesidad de asumir el franquismo como algo traumático y que la democracia debe condenar. La Iglesia, además de honrar a sus víctimas, que tiene todo el derecho, debe reconocer que silenció, delató e informó durante muchísimos años. Sin estos dos ingredientes, el recuerdo no se irá nunca.

¿A qué achaca la resistencia del PP a asumir su origen?
Nadie duda de que acepta la democracia, pero tiene un cordón umbilical evidente que, cuando se le recuerda, sale gente como [Jaime] Mayor Oreja y dice: "A mí qué me dice, si yo vivía muy bien en el franquismo". ¿Qué quiere decir? Que mientras en las comisarías se torturaba él vivía muy bien, como la gente que veraneaba en Lloret de Mar y se iba a la playa a ver a las suecas.

El cordón umbilical del PP parece claro, pero ¿la Iglesia?
Si la Iglesia, que es la institución moral más importante, después de la primera venganza, porque mataron a 7.000 religiosos, hubiera dado un paso atrás, el franquismo no hubiera seguido violando brutalmente los derechos humanos. Cuando la Iglesia lo hizo, al final de la dictadura, fueron capaces de defender a curas, acoger asambleas obreras e incluso hacer una cárcel para ellos. Se implicaron en otro camino. Pero la jerarquía católica actual ha perdido todo el contacto con los movimientos sociales de base y ha cambiado, gracias el papado de Juan Pablo II, donde las posturas reaccionarias triunfaron. Así ha conectado con un partido [el PP] que ha entendido que la relación con la Iglesia le trae enormes beneficios, porque España es laica, pero con la religión hay mucha gente sensible.
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¿DONDE ESTA?
IN MEMORIAN