La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal

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La Audiencia suspende la apertura de fosas tras un tenso debate en la Sala Penal

MANUEL ALTOZANO

El fiscal gana la primera batalla a Garzón al lograr que se paren las exhumaciones - Las asociaciones de memoria histórica creen que el fallo les provoca indefensión

En poco más de dos horas y media de tensa discusión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó provisionalmente con las esperanzas que decenas de familias tenían en que, después de 70 años de incertidumbre, un juez ordenara por fin la exhumación de sus familiares desaparecidos y enterrados en fosas comunes tras la sublevación franquista del 18 julio de 1936, en la guerra fratricida que provocó y durante la represión de los vencedores. El tribunal acordó ayer con los votos a favor de 10 de los 15 magistrados presentes la paralización cautelar de las exhumaciones aprobadas en la causa contra el franquismo abierta por Baltasar Garzón. La decisión se adoptó en una reunión urgente de la Sala convocada horas después de recibir un escrito del fiscal solicitando que se suspendiera la apertura de fosas hasta que los magistrados decidan, también a petición del fiscal, si Garzón es competente para investigar el caso.

La Sala Penal debe decidir aún si Garzón puede continuar la causa contra Franco

Diez de los 15 magistrados votaron a favor de paralizar las exhumaciones
La petición del fiscal llegó a la Sala días después de que Santiago Pedraz, el juez que sustituye a Garzón estos días debido a una baja médica, acordara el 29 de octubre la exhumación de ocho cuerpos de fusilados republicanos sacados de sus fosas sin permiso de sus familias en los años cincuenta y enterrados en el Valle de los Caídos.

El escrito del ministerio público es una ampliación del presentado el pasado 22 de octubre por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, en el que pide que la Sala declare incompetente a Garzón "por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional". Esa petición nunca se había planteado antes en la historia de este tribunal y se enmarca en la guerra de descalificaciones y triquiñuelas jurídicas desatada entre Zaragoza y Garzón desde que este último se declarara competente para abrir las fosas e investigar la dictadura.

El fallo, que acoge la petición del fiscal y contra el que no cabe recurso, exige a Garzón que paralice "todas las actuaciones acordadas" en el sumario abierto por el juez, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación". La resolución apura aún más al pedir la concreta suspensión de "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia" que planteó Zaragoza.

Los magistrados, según fuentes de la Audiencia, recuerdan al juez que el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a practicar sólo "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquéllas que considere de reconocida urgencia", en los casos en que se haya cuestionado su competencia, como ha hecho ahora el fiscal Zaragoza. Y la exhumación de cadáveres que llevan enterrados cerca de 70 años, según el criterio mayoritario seguido en el pleno de la Sala, no parece que sea una cuestión inaplazable, según fuentes del tribunal que recuerdan que, en caso de que finalmente se decida que el juez Garzón no es quien tiene que instruir el caso, las actuaciones ya realizadas tendrían que declararse nulas.

La deliberación (que duró más de dos horas y media) fue áspera en algunos momentos y la Sala se mostró dividida. Algunos de los magistrados que votaron en contra no entendieron la necesidad de convocar un pleno extraordinario para resolver a toda velocidad la cuestión y anunciaron la presentación de un voto particular discrepante. El fallo se adoptó sin dar traslado a las demás partes, que no conocieron el escrito del fiscal, lo que algunos jueces consultados por este periódico consideran "poco garantista".

Ése es el motivo que estudia alegar ahora Fernando Magán, el abogado de la mayoría de asociaciones de memoria histórica que iniciaron la causa. El letrado considera que el hecho de no haber podido conocer la petición de Zaragoza para rebatir sus argumentos le provoca indefensión y afecta a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o plantear la nulidad del acto ante la Sala.

La resolución para en seco los trabajos de exhumación e identificación de los cadáveres de 19 fosas, aprobados cuando Garzón admitió a trámite el caso el pasado 16 de octubre, y otras seis a cuyos proyectos de exhumación dio el visto bueno su sustituto, Santiago Pedraz, 10 días después. Entre ellas se encuentra la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca y la del Valle de los Caídos. La única vía abierta ahora para seguir con las excavaciones es la prevista por la Ley de la Memoria, que obliga a las Administraciones a facilitar a las víctimas las labores de "indagación, localización e identificación" de los desaparecidos de Franco.

Petición del fiscal y fallo de la Sala sobre la apertura de fosas
- Lo que el fiscal planteó ayer. "A pesar de haberse cuestionado por la vía del art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la competencia [del juzgado de Garzón] para la investigación de los hechos, se ha tenido conocimiento de que el Juzgado Instructor (en este caso el sustituto legal del Juzgado) ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones". Por esa razón, el fiscal solicita a la Sala "que ordene al Instructor que se limite a practicar diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia planteado".

- Lo que decidió la Sala de lo Penal.
1. "Requerir al Juzgado Central de Instrucción número 5 [el de Baltasar Garzón] para que paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
2. "En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal".
- Artículo aplicado por el tribunal (22.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). "Mientras no recaiga decisión [sobre la competencia]", el juez instructor "seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".

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La decisión sólo afecta a la fosa de Lorca, a otra en La Serna y al Valle de los Caídos
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Julián Casanova: "Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera"

DIEGO BARCALA

El historiador Julián Casanova opina que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista".


La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional parece un desagradable mensaje de bienvenida para uno de los expertos que deben colaborar en el caso abierto por el juez Baltasar Garzón. Julián Casanova (Teruel, 1956), catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, acaba de llegar de Washington (EEUU) tras participar en un congreso sobre "verdad histórica".

Este historiador encuentra más reconocimiento a sus estudios fuera que dentro de España. "Si hablara del feudalismo, sería una eminencia internacional, pero si hablo del franquismo, resulta que soy un opinador", se resigna. Es autor de estudios de referencia que desmenuzan la colaboración de la Iglesia y el franquismo, como La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). De momento, sigue a distancia el debate judicial.
La Fiscalía dice ahora que la apertura de las fosas no es una prueba necesaria. ¿Está de acuerdo?
No quiero entrar en asuntos que no me competen. Lo que sé es que esas fosas y el silencio sobre ellas durante tanto tiempo son una prueba histórica de las características del franquismo, que persiguió al contrario y trató de ocultar sus crímenes.

¿Qué intepretación hace de la oposición a la apertura del caso?
El pasado de violencia y violación sistemática de los derechos humanos se proyecta como una sombra alargada en la justicia, en la política y en los medios de comunicación.

¿Es correcto desde el punto de vista histórico el auto de Garzón?
En España, la Historia ha llegado antes que la Justicia. Garzón ha abierto un proceso por partes y lo ha hecho al revés. Tenía que haber hablado con la gente que sabe antes de declararse competente. Hay dos conceptos que no cuadran. Detiene la investigación en 1951 para garantizar que no haya nadie vivo a quien juzgar, a pesar de que a Grimau se le mata en 1965 como preso de guerra. Y lo de los falangistas, porque la militarización de la justicia en la posguerra les quita su responsabilidad. Informaban, pero se fusilaba en consejos de guerra. Otro defecto, éste de los medios, es hablar de cientos de miles de desaparecidos. Lorca no es un desaparecido. Su muerte quedó registrada y se sabe qué pasó. Pero hay 25.000 sin rastro que será imposible encontrar.

¿Cuál es su visión de la causa?
Defiendo una diferencia clara entre la justicia retributiva -que es la que compensa jurídica, política y moralmente a las víctimas, que es necesaria y que hay que echársela en cara al PP y a la jerarquía de la Iglesia- y la justicia punitiva. Creo que esta última, la de la búsqueda de verdugos, 30 años después de haber muerto Franco, no causa apenas reparación a las víctimas.

¿Y Garzón, cuál busca?
Creo que su objetivo no es la punitiva. Ocurre lo mismo que con el debate de la Ley de la Memoria Histórica. No se acepta revisar y anular las causas de los tribunales franquistas porque entonces las víctimas sí que pedirían buscar a esa persona que, sin garantías jurídicas, mandó fusilar a su abuelo.


¿Cuál es su balance del primer año de Ley de la Memoria Histórica?
Todo lo que hace Garzón está en la Ley. El problema es que la sociedad democrática de las instituciones y el parlamento, una vez realizada la maravillosa transición y con un país moderno y rico, no ha hecho una gestión pública de su pasado traumático.

¿Cómo se debió hacer?
En tres partes. Uno: en los archivos, con información y verdad. Dos: museos, con lugares de la memoria -con una función formativa, no para compensar las cruces de los otros-. Tres: educación, porque la generación franquista vivió con la propaganda y las generaciones que se formaron en las tres décadas posteriores a la dictadura nunca estudiaron la represión.


¿Es posible recuperar todas las pruebas de la represión?
Está muy documentada, comparada con Argentina, Rusia o Perú. Llevamos 30 años desenterrando fosas.

Sus estudios del franquismo calculan 50.000 fusilados en la posguerra.
¿Por qué tanta saña?
Por tres componentes ideológicos y culturales. Primero: el concepto militarista de aniquilación del contrario que viene del africanismo, que Franco, Yagüe y Millán Astray tienen muy metido. Aquello de tratar a los rojos como tribus, gente que no merece vivir. Además, pasado por el matiz del exterminio fascista, pero fundamentalmente, militar español. En segundo lugar, es un componente religioso de limpieza, porque hay una gran legitimación de la muerte de gente que no tiene derecho a la vida porque no tiene fe. Son infieles y es un reverdecimiento del mito de la Cruzada. Y un tercer elemento que viene de la Falange, que sí que tiene claramente sustancia nazi.

¿Por qué cuesta tanto aplicar la Ley de la Memoria?
El problema es que al Gobierno le resulta incómoda y nada más aprobarla le viene una crisis económica. Pero lo gordo es que el PP no la aprueba y que la jerarquía de la Iglesia, mientras beatifica, se opone también. Las asociaciones se quejan y Garzón toma la iniciativa que la sociedad política no ha tomado. Y si no le dejan, lo hará un juez de fuera, porque el proceso ya es imparable.

Pero las posturas del PP y la Iglesia parecen irreductibles...
El mayor problema es que la sociedad no estará preparada hasta que el PP se convenza de la necesidad de asumir el franquismo como algo traumático y que la democracia debe condenar. La Iglesia, además de honrar a sus víctimas, que tiene todo el derecho, debe reconocer que silenció, delató e informó durante muchísimos años. Sin estos dos ingredientes, el recuerdo no se irá nunca.

¿A qué achaca la resistencia del PP a asumir su origen?
Nadie duda de que acepta la democracia, pero tiene un cordón umbilical evidente que, cuando se le recuerda, sale gente como [Jaime] Mayor Oreja y dice: "A mí qué me dice, si yo vivía muy bien en el franquismo". ¿Qué quiere decir? Que mientras en las comisarías se torturaba él vivía muy bien, como la gente que veraneaba en Lloret de Mar y se iba a la playa a ver a las suecas.

El cordón umbilical del PP parece claro, pero ¿la Iglesia?
Si la Iglesia, que es la institución moral más importante, después de la primera venganza, porque mataron a 7.000 religiosos, hubiera dado un paso atrás, el franquismo no hubiera seguido violando brutalmente los derechos humanos. Cuando la Iglesia lo hizo, al final de la dictadura, fueron capaces de defender a curas, acoger asambleas obreras e incluso hacer una cárcel para ellos. Se implicaron en otro camino. Pero la jerarquía católica actual ha perdido todo el contacto con los movimientos sociales de base y ha cambiado, gracias el papado de Juan Pablo II, donde las posturas reaccionarias triunfaron. Así ha conectado con un partido [el PP] que ha entendido que la relación con la Iglesia le trae enormes beneficios, porque España es laica, pero con la religión hay mucha gente sensible.
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