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Seis jueces dicen que parar las exhumaciones ha creado una ...
El Confidencial -
Seis jueces dicen que parar las exhumaciones ha creado una situación absurda
EFE - 04/12/2008 18 : 05 Madrid.
Seis magistrados de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional consideran que la decisión de este órgano de paralizar las exhumaciones de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo ordenadas por el juez Baltasar Garzón "ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".
En un voto particular discrepante con el auto en el que la sala rechaza el recurso contra esa decisión de una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín, los jueces que en el pleno del pasado 7 de noviembre se opusieron a paralizar la apertura de fosas recuerdan que, en la práctica, siguen las exhumaciones en toda España, salvo precisamente las acordadas por Garzón.
"En España, desde hace dieciocho años, las víctimas y las asociaciones que protegen sus intereses vienen abriendo fosas comunes, exhumando restos de desaparecidos (todavía indignamente enterrados) e identificándolos con la ayuda de profesionales de la medicina legal, la antropología forense, la biología y la historia", señalan estos magistrados.
El voto particular recuerda que tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica "esa actividad se realiza con financiación pública" y que después de que la Audiencia Nacional ordenara paralizar las exhumaciones "se siguen abriendo fosas y exhumando restos en varios lugares, excepto en aquellas localizaciones que el juez central (Garzón) había judicializado".
Los magistrados añaden, además, que la apertura de esas fosas ha sido paralizada "sine die", ya que la decisión del pleno de la sala de lo penal del pasado 18 de noviembre de declarar la incompetencia de Garzón para investigar los hechos "difiere el levantamiento de la orden sin fecha".
Los seis jueces -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Javier Martínez Lázaro, José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez- dicen también que, en contra de lo que alegó la mayoría de la sala para justificar su decisión, no había peligro alguno de que las actuaciones ordenadas por Garzón devinieran "nulas" en caso de que, como así pasó luego, fuera declarado incompetente.
"Sin riesgo procesal -la nulidad no había sido pedida por el Fiscal- nunca puede adoptarse una cautela", subrayan los magistrados, que agregan que "la inexistencia de peligro al que atender ha creado una situación de difícil explicación, rayana en el absurdo".
Mientras tanto, el auto en el que la sala rechaza el recurso de la nieta de Negrín insiste en que haber paralizado las exhumaciones "preserva el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios y piezas de convicción que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera resultar no tener competencia".
EFE jav/jmi
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La Audiencia Nacional dice que la búsqueda de desaparecidos en el ...
La Audiencia Nacional dice que la búsqueda de desaparecidos en el franquismo está reconocida por ley
EFE Actualizado 04-12-2008 19:27 CET
Madrid.-
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional destaca que "el legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil y la dictadura" de recuperar los restos de sus desaparecidos está reconocido en la Ley de Memoria Histórica, por lo que la falta de competencia de este tribunal no afecta a esa búsqueda.
Así lo reflejan dieciséis magistrados de los dieciocho que constituyen el Pleno en el auto en el que estiman el incidente de competencia que planteó el fiscal jefe de la Audiencia Nacional Javier Zaragoza contra la decisión que el juez Baltasar Garzón adoptó el pasado 16 de octubre de declararse competente para investigar las desapariciones en la guerra y el franquismo.
La Sala de lo Penal lo ha notificado hoy después de adelantar el fallo el pasado 28 de noviembre, aunque ya entonces Garzón había neutralizado el efecto de esta decisión al inhibirse en favor de los juzgados en los que estuviesen localizadas las fosas tras certificar que todos los responsables del franquismo a los que podía imputar las desapariciones habían fallecido.
Junto a este auto, los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez han emitido un voto particular discrepante, al considerar que la Audiencia es competente por ser los hechos terrorismo de Estado; mientras que el magistrado Javier Martínez Lázaro ha emitido un voto concurrente con la decisión de la mayoría en el que introduce ciertos matices.
En el auto del Pleno, del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, los dieciséis magistrados que lo suscriben explican que al ser rechazada la competencia de Garzón quedan anulados los autos de 16 de octubre y 18 de noviembre.
A este respecto, fuentes de la Audiencia Nacional han señalado a Efe que esa nulidad se circunscribe a ambos autos y no afecta a las diligencias en las que Garzón ha acordado remitir esta causa a algunos de los juzgados en los que se encuentran las fosas que se han pedido abrir, por si éstos se consideran competentes para ello.
Por contra, a partir de la notificación de este auto, según las citadas fuentes, Garzón ya no podrá remitir la causa a más juzgados que le soliciten las asociaciones de Memoria Histórica que han promovido esta investigación.
El Pleno resalta en su auto que "esta resolución no afecta al legítimo derecho de las víctimas de la guerra civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria, reconocidos" en la Ley de Memoria Histórica.
A su juicio, Garzón nunca pudo declararse competente para esta investigación, entre otros motivos, porque "la responsabilidad criminal de las personas presuntamente responsables es inexigible" por estar muertas.
Indican también que Garzón se declaró competente para investigar por la existencia de "los presuntos delitos contra los altos organismos del Gobierno" y "en el catálogo de delitos cuyo conocimiento" se le atribuye a la Audiencia Nacional no se encuentra esa figura delictiva.
Los magistrados creen además que "el levantamiento militar del 17 y del 18 de julio de 1936 que desencadena la guerra civil" fue realmente constitutivo de "un delito de rebelión", como así "lo reconoce" Garzón al referirse al "alzamiento o rebelión militar", aunque este delito tampoco ha sido "nunca" competencia de esta Audiencia Nacional".
Por su parte, los tres magistrados que emiten el voto particular discrepante aseguran que podía haberse declarado la competencia de la Audiencia Nacional por varios motivos, entre ellos que los hechos son constitutivos de terrorismo de Estado, de crímenes contra la humanidad perpetrados por grupo armado y que "parte de los crímenes de desaparición forzosa de niños hijos de los defensores de la República" ocurrieron fuera de España.
Creen por ello que corresponde a los tribunales restaurar a estas personas "su dignidad, tantas veces denegada hasta ahora" y consideran que la incompetencia declarada de un órgano "no puede provocar de manera automática la nulidad de lo actuado".
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La Audencia estima que las exhumaciones no son urgentes y las paraliza
La Gaceta de los Negocios -
Los jueces discrepantes creen que Garzón investigaba "terrorismo ...
Heraldo de Aragón -
España Editoweb 4 deciembre 2008
EditoWeb Magazine -
Memoria.- La Audiencia recuerda a Garzón que Franco y sus ...
Hispanidad -
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jueves, 4 de diciembre de 2008
jueves, 13 de noviembre de 2008
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
El Confidencial -
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
Última Hora Digital -
Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
El Confidencial -
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
Última Hora Digital -
Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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martes, 11 de noviembre de 2008
Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes
M. A. - Madrid - 11/11/2008
Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado viernes votaron en contra de obligar a paralizar la apertura de 25 fosas comunes -entre ellas las de Federico García Lorca y el Valle de los Caídos- consideran que el tribunal no podía dar una orden de esas características al juez Baltasar Garzón. Los integrantes de la Sala que han firmado un voto particular conjunto y discrepante con la prohibición de exhumar fusilados de la Guerra Civil creen que el fiscal se equivocó de vía a la hora de solicitarla ante la Sala.
Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008
Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.
Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.
Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
Al pleno de la Sala faltaron tres magistrados. Ni Clara Bayarri ni José Ricardo de Prada ni Enrique López se encontraban en Madrid cuando se convocó.
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Cinco jueces atacan al fiscal por impedir que se abran las fosas
Diario Córdoba
Garzón baraja la opción más deseada en la Audiencia Nacional
El Semanal Digital -
Cinco magistrados afirman que la Sala de lo Penal se extralimitó ...
El Correo Gallego -
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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes
M. A. - Madrid - 11/11/2008
Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado viernes votaron en contra de obligar a paralizar la apertura de 25 fosas comunes -entre ellas las de Federico García Lorca y el Valle de los Caídos- consideran que el tribunal no podía dar una orden de esas características al juez Baltasar Garzón. Los integrantes de la Sala que han firmado un voto particular conjunto y discrepante con la prohibición de exhumar fusilados de la Guerra Civil creen que el fiscal se equivocó de vía a la hora de solicitarla ante la Sala.
Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008
Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.
Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.
Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
Al pleno de la Sala faltaron tres magistrados. Ni Clara Bayarri ni José Ricardo de Prada ni Enrique López se encontraban en Madrid cuando se convocó.
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Cinco jueces atacan al fiscal por impedir que se abran las fosas
Diario Córdoba
Garzón baraja la opción más deseada en la Audiencia Nacional
El Semanal Digital -
Cinco magistrados afirman que la Sala de lo Penal se extralimitó ...
El Correo Gallego -
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lunes, 10 de noviembre de 2008
Perjuicios irreversibles
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Perjuicios irreversibles
Perjuicios irreversibles
AQUÍ Y AHORA RAFAEL TORRES
EL FISCAL DE LA Audiencia Nacional que desde que el juez Baltasar Garzón instruye el sumario contra los crímenes del franquismo ha multiplicado sus esfuerzos para impedirlo, forzó la máquina y obligó, al parecer saltándose a la torera procedimientos esenciales como el de informar a los abogados, a reunirse de urgencia al Pleno de la Audiencia para arrancarle la orden de paralización inmediata de la apertura de fosas «para no causar perjuicios irreversibles». Independientemente de cualquier otra consideración, parece que ese fiscal ignora que los «perjuicios irreversibles» son los que provocó el franquismo (esto es, el movimiento sedicioso y criminal contra el Estado, el gobierno y el pueblo español que Franco lideró al poco de producirse) en las personas que yacen innominadas y desaparecidas por los campos, las simas, las cunetas y cabe las tapias de los cementerios. Lástima que Franco y sus secuaces no contaran, cuando atacaron con extrema violencia a la nación, con un aparato jurídico lo suficientemente garantista para contar con un fiscal que con su celo vigilante impidiera que se causaran «perjuicios irreversibles» a nadie, particularmente a los inocentes. Lejos de eso, como se sabe, Franco situó en noviembre del 36 nada menos que ocho tribunales militares sumarísimos en las afueras de Madrid para, una vez conquistada la ciudad con la diligencia que preveía, cayeran sobre sus defensores dictando las innumerables penas de muerte que, contrarias a todo derecho, tardaron, por la resistencia heroica de los madrileños, casi tres años en poder dictar.
El franquismo causó muchos «perjuicios irreversiles», todos ellos también irreparables, tantos que aún parece que sufrimos con especial intensidad uno de ellos: el de las dificultades de la Justicia para entender, entendiéndolas, en las causas sobre el bien y el mal. No en causas folletinescas e intercambiables de buenos y malos, sino en la del bien -la democracia, la paz y la ley- y el mal -el terror, la persecución y la violencia-.
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Perjuicios irreversibles
Perjuicios irreversibles
AQUÍ Y AHORA RAFAEL TORRES
EL FISCAL DE LA Audiencia Nacional que desde que el juez Baltasar Garzón instruye el sumario contra los crímenes del franquismo ha multiplicado sus esfuerzos para impedirlo, forzó la máquina y obligó, al parecer saltándose a la torera procedimientos esenciales como el de informar a los abogados, a reunirse de urgencia al Pleno de la Audiencia para arrancarle la orden de paralización inmediata de la apertura de fosas «para no causar perjuicios irreversibles». Independientemente de cualquier otra consideración, parece que ese fiscal ignora que los «perjuicios irreversibles» son los que provocó el franquismo (esto es, el movimiento sedicioso y criminal contra el Estado, el gobierno y el pueblo español que Franco lideró al poco de producirse) en las personas que yacen innominadas y desaparecidas por los campos, las simas, las cunetas y cabe las tapias de los cementerios. Lástima que Franco y sus secuaces no contaran, cuando atacaron con extrema violencia a la nación, con un aparato jurídico lo suficientemente garantista para contar con un fiscal que con su celo vigilante impidiera que se causaran «perjuicios irreversibles» a nadie, particularmente a los inocentes. Lejos de eso, como se sabe, Franco situó en noviembre del 36 nada menos que ocho tribunales militares sumarísimos en las afueras de Madrid para, una vez conquistada la ciudad con la diligencia que preveía, cayeran sobre sus defensores dictando las innumerables penas de muerte que, contrarias a todo derecho, tardaron, por la resistencia heroica de los madrileños, casi tres años en poder dictar.
El franquismo causó muchos «perjuicios irreversiles», todos ellos también irreparables, tantos que aún parece que sufrimos con especial intensidad uno de ellos: el de las dificultades de la Justicia para entender, entendiéndolas, en las causas sobre el bien y el mal. No en causas folletinescas e intercambiables de buenos y malos, sino en la del bien -la democracia, la paz y la ley- y el mal -el terror, la persecución y la violencia-.
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UGT y ARMH plantearán recursos de nulidad a la paralización de exhumaciones
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UGT y ARMH plantearán recursos de nulidad a la paralización de ...
UGT y ARMH plantearán recursos de nulidad a la paralización de exhumaciones
Agencias 18:18 - 10/11/2008
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y el sindicato UGT, que se encuentran personados en la causa penal abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo, presentarán esta semana sendos recursos de nulidad contra la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de paralizar las exhumaciones autorizadas por el magistrado.
Los recurrentes pedirán la revocación del auto que ha dictado el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mediante el que acuerda, por diez votos contra cinco, paralizar la exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por Garzón y su sustituto Santiago Pedraz, entre las que se incluyen la que supuestamente alberga los restos del poeta Federico García Lorca y un columbario del Valle de los Caídos.
El recurso de la ARMH, que representa a una cuarentena de asociaciones personadas en el proceso, defenderá que la decisión cautelar adoptada por el Pleno de la Sala incumple "las normas básicas" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) porque se ha adoptado sin dar traslado a las partes, que no están personadas en el incidente de competencia contra Garzón promovido por la Fiscalía.
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Bermejo afirma que la decisión de la Audiencia de parar las ...
Europa Press -
Una de ellas alberga supuestamente los restos de Lorca
Bermejo precisa que la decisión de parar las exhumaciones afecta sólo a dos fosas
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Bermejo afirma que la decisión de la Audiencia de parar las exhumaciones afecta sólo a dos fosas comunes (17:58)
El juez autoriza que los familiares de Lorca presencien la apertura de la fosa (06/11/2008)
Memoria.- La familia de García Lorca pide que la exhumación de su fosa respete "la dignidad de las víctimas" (06/11/2008)
Memoria.- Garzón se declara competente para investigar los crímenes cometidos en la Guerra Civil y Franquismo (16/10/2008)
El Gobierno pide "sosiego y rigor" ante la paralización de la exhumación de fosas (08/11/2008)
CIUDAD REAL, 10 Nov. (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mostró hoy su "respeto" a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la exhumación de fosas de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, aunque aseguró que esta decisión afecta sólo a dos fosas comunes.
El ministro hacía así referencia a la que supuestamente alberga los restos del poeta Federico García Lorca en Granada y al columbario del Valle de los Caídos (Madrid) en el que descansan los restos de siete vecinos de Adaja de Pajares (Ávila).
Fernández Bermejo realizó estas manifestaciones minutos antes de imponer en Ciudad Real la Cruz de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jesús Caballero.
El ministro señaló que el respeto a la decisión de la Audiencia Nacional es "el mismo" que tiene por la decisión que en su día tomó el juez Baltasar Garzón de autorizar la apertura de estas fosas al declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Fernández Bermejo, en todo caso, recordó que en España el proceso de apertura de tumbas comunes se viene llevando a cabo "desde hace años".
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Exhumaciones paralizadas: Cinco jueces creen que no pueden darse ...
CNN+ -
Exhumaciones paralizadas: Cinco jueces de la AN critican la decisión del resto de magistrados
Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que votaron en contra de la paralización de las exhumaciones ordenadas por Baltasar Garzón, critican que la sala dé órdenes a Garzón sin resolver si es competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Los jueces consideran que "la sala debió haberse limitado a decir que no cabía atender a lo pedido" por la Fiscalía en atención a argumentos procesales.
CNN+. Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que votaron en contra de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, ordenadas por Baltasar Garzón, han censurado esta decisión, ya que la sala de lo penal aún debe resolver si el juez es competente o no para investigar los hechos.
Así se recoge en el voto particular que han emitido los magistrados Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel, que el viernes pasado participaron en el pleno extraordinario de la sala de lo penal en el que otros diez compañeros votaron a favor de la petición de la Fiscalía de paralizar la apertura de fosas.
Para los jueces discrepantes se ha adoptado una resolución "procesalmente incorrecta", ya que, a su juicio, antes de entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión de competencia planteada por el Ministerio Público, "la sala está dirigiendo una orden al Juez Central de Instrucción" sin ni siquiera haber dado traslado de la solicitud del fiscal a las partes personadas en la causa.
Discusiones procedimentalesCritican además el hecho de que la Fiscalía no haya impugnado los dos autos y la providencia de Garzón que menciona en su petición mediante los recursos de reforma y de apelación -recogidos en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, sino que ha presentado un escrito a la sala de lo penal, "que ha provocado este acuerdo (la paralización de las exhumaciones) del pleno".
Justifican sus argumentos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan".
Por ello, los magistrados concluyen su voto diciendo que "la sala debió haberse limitado a decir que no cabía atender a lo pedido". Exhumaciones paralizadasEl pleno acordó requerir a Garzón, "con carácter cautelarísimo", para que paralice "todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 -abierto tras admitir a trámite las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
Los diez magistrados que votaron a favor de la paralización de la apertura de fosas han justificado su decisión en el "estricto cumplimiento" del párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece "el principio de validez de las diligencias necesarias para la comprobación del delito y, en general, las de reconocida urgencia".
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UGT y ARMH plantearán recursos de nulidad a la paralización de ...
UGT y ARMH plantearán recursos de nulidad a la paralización de exhumaciones
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La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y el sindicato UGT, que se encuentran personados en la causa penal abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para investigar los crímenes del franquismo, presentarán esta semana sendos recursos de nulidad contra la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de paralizar las exhumaciones autorizadas por el magistrado.
Los recurrentes pedirán la revocación del auto que ha dictado el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional mediante el que acuerda, por diez votos contra cinco, paralizar la exhumación de las fosas comunes de la Guerra Civil autorizadas por Garzón y su sustituto Santiago Pedraz, entre las que se incluyen la que supuestamente alberga los restos del poeta Federico García Lorca y un columbario del Valle de los Caídos.
El recurso de la ARMH, que representa a una cuarentena de asociaciones personadas en el proceso, defenderá que la decisión cautelar adoptada por el Pleno de la Sala incumple "las normas básicas" de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECr) porque se ha adoptado sin dar traslado a las partes, que no están personadas en el incidente de competencia contra Garzón promovido por la Fiscalía.
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El Gobierno pide "sosiego y rigor" ante la paralización de la exhumación de fosas (08/11/2008)
CIUDAD REAL, 10 Nov. (EUROPA PRESS) - El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, mostró hoy su "respeto" a la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la exhumación de fosas de la Guerra Civil autorizadas por el juez Baltasar Garzón, aunque aseguró que esta decisión afecta sólo a dos fosas comunes.
El ministro hacía así referencia a la que supuestamente alberga los restos del poeta Federico García Lorca en Granada y al columbario del Valle de los Caídos (Madrid) en el que descansan los restos de siete vecinos de Adaja de Pajares (Ávila).
Fernández Bermejo realizó estas manifestaciones minutos antes de imponer en Ciudad Real la Cruz de San Raimundo de Peñafort al fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ciudad Real, Jesús Caballero.
El ministro señaló que el respeto a la decisión de la Audiencia Nacional es "el mismo" que tiene por la decisión que en su día tomó el juez Baltasar Garzón de autorizar la apertura de estas fosas al declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Fernández Bermejo, en todo caso, recordó que en España el proceso de apertura de tumbas comunes se viene llevando a cabo "desde hace años".
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Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que votaron en contra de la paralización de las exhumaciones ordenadas por Baltasar Garzón, critican que la sala dé órdenes a Garzón sin resolver si es competente para investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo. Los jueces consideran que "la sala debió haberse limitado a decir que no cabía atender a lo pedido" por la Fiscalía en atención a argumentos procesales.
CNN+. Los cinco magistrados de la Audiencia Nacional que votaron en contra de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos en la Guerra Civil y el franquismo, ordenadas por Baltasar Garzón, han censurado esta decisión, ya que la sala de lo penal aún debe resolver si el juez es competente o no para investigar los hechos.
Así se recoge en el voto particular que han emitido los magistrados Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Javier Martínez Lázaro y Ramón Sáez Valcárcel, que el viernes pasado participaron en el pleno extraordinario de la sala de lo penal en el que otros diez compañeros votaron a favor de la petición de la Fiscalía de paralizar la apertura de fosas.
Para los jueces discrepantes se ha adoptado una resolución "procesalmente incorrecta", ya que, a su juicio, antes de entrar a resolver sobre el fondo de la cuestión de competencia planteada por el Ministerio Público, "la sala está dirigiendo una orden al Juez Central de Instrucción" sin ni siquiera haber dado traslado de la solicitud del fiscal a las partes personadas en la causa.
Discusiones procedimentalesCritican además el hecho de que la Fiscalía no haya impugnado los dos autos y la providencia de Garzón que menciona en su petición mediante los recursos de reforma y de apelación -recogidos en el artículo 216 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal-, sino que ha presentado un escrito a la sala de lo penal, "que ha provocado este acuerdo (la paralización de las exhumaciones) del pleno".
Justifican sus argumentos en el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, según el cual "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan".
Por ello, los magistrados concluyen su voto diciendo que "la sala debió haberse limitado a decir que no cabía atender a lo pedido". Exhumaciones paralizadasEl pleno acordó requerir a Garzón, "con carácter cautelarísimo", para que paralice "todas las actuaciones acordadas en el sumario 53/08 -abierto tras admitir a trámite las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
Los diez magistrados que votaron a favor de la paralización de la apertura de fosas han justificado su decisión en el "estricto cumplimiento" del párrafo segundo del artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece "el principio de validez de las diligencias necesarias para la comprobación del delito y, en general, las de reconocida urgencia".
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Los jueces discrepantes creen que no se podían parar las exhumaciones
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"La Sala de lo Penal no puede suspender la apertura de fosas"
MANUEL ALTOZANO -
Los cinco magistrados que el pasado viernes votaron en contra de paralizar la apertura de fosas de la Guerra exponen sus argumentos
Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado viernes votaron en contra de obligar a paralizar la apertura de 19 fosas -entre ellas la de Federico García Lorca y el Valle de los Caídos- consideran que el tribunal no podía dar una orden de esas características al juez Baltasar Garzón. Los integrantes de la Sala, que han firmado un voto particular conjunto y discrepante con la prohibición de exhumar fusilados de la guerra civil, creen que el fiscal se equivocó de vía a la hora de solicitarla ante la Sala.
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El escrito del fiscal, presentado a las nueve de la mañana del viernes, y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con toda urgencia para la una de la tarde de ese mismo día, se consideraba una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo, petición que se plantea por primera vez en la historia de la Audiencia Nacional y que todavía está pendiente de resolución.
Los cinco miembros del tribunal discrepantes con la paralización de las fosas -Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado y Ángeles Barreiro Avellaneda- consideran que las resoluciones de Garzón y Pedraz autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. En concreto, los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado, o simultáneamente, presentar uno de apelación ante la Sala, adhiriéndose así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar el recurso de apelación (directo a la Sala, sin previo recurso de reforma) que presentó el fiscal jefe, Javier Zaragoza.
Consecuentemente, los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
Los colectivos en la causa están indefensos
El voto particular reprocha al fiscal que haya elegido una vía -la cuestión de competencia- "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir, debido a que consideran que el auto, tal y como se ha tramitado, les provoca indefensión y vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar del pasado viernes -que obliga a Garzón a practicar únicamente las diligencias estrictamente necesarias hasta que se decida si es competente- son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado y permitido alegar a la nueva petición del fiscal.
Ninguna de las dos parece muy halagüeña para los parientes de los fusilados. En caso de que se decida pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes los que decidan sobre ella. La vía del Constitucional es aún peor ya que un hipotético recurso de amparo podría tardar en resolverse varios meses y, por entonces, ya debería existir alguna resolución sobre si Garzón es o no competente para investigar la dictadura.
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Los cinco miembros del tribunal discrepantes con la paralización de las fosas -Javier Martínez Lázaro, Ramón Sáez Valcárcel, Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado y Ángeles Barreiro Avellaneda- consideran que las resoluciones de Garzón y Pedraz autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. En concreto, los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado, o simultáneamente, presentar uno de apelación ante la Sala, adhiriéndose así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar el recurso de apelación (directo a la Sala, sin previo recurso de reforma) que presentó el fiscal jefe, Javier Zaragoza.
Consecuentemente, los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
Los colectivos en la causa están indefensos
El voto particular reprocha al fiscal que haya elegido una vía -la cuestión de competencia- "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir, debido a que consideran que el auto, tal y como se ha tramitado, les provoca indefensión y vulnera su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar del pasado viernes -que obliga a Garzón a practicar únicamente las diligencias estrictamente necesarias hasta que se decida si es competente- son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado y permitido alegar a la nueva petición del fiscal.
Ninguna de las dos parece muy halagüeña para los parientes de los fusilados. En caso de que se decida pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes los que decidan sobre ella. La vía del Constitucional es aún peor ya que un hipotético recurso de amparo podría tardar en resolverse varios meses y, por entonces, ya debería existir alguna resolución sobre si Garzón es o no competente para investigar la dictadura.
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Una nieta de Negrín denunciará la paralización de las exhumaciones
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Una nieta de Negrín denunciará la paralización de las exhumaciones
Carmen Negrín cree que la resolución dictada el viernes puede ser "injusta a sabiendas".
Una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945) ha solicitado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la identidad de los magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo para denunciarlos por prevaricación.
En el escrito presentado por su abogado, Carmen Negrín Fetter considera que la resolución dictada el pasado viernes por el tribunal "puede reunir los elementos del tipo de resolución injusta dictada a sabiendas" y solicita la identidad del fiscal que pidió la paralización de las exhumaciones y de los magistrados que votaron a favor de esta medida: diez de los quince que asistieron al pleno.
Negrín Fetter alega que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal" y que "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
Además, la nieta de Negrín había solicitado hace unas semanas a la sala de lo penal que se abstuviera de decidir sobre la competencia del juez Baltasar Garzón para investigar los hechos.
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Una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín (1937-1945) ha solicitado a la sala de lo penal de la Audiencia Nacional la identidad de los magistrados que acordaron paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo para denunciarlos por prevaricación.
En el escrito presentado por su abogado, Carmen Negrín Fetter considera que la resolución dictada el pasado viernes por el tribunal "puede reunir los elementos del tipo de resolución injusta dictada a sabiendas" y solicita la identidad del fiscal que pidió la paralización de las exhumaciones y de los magistrados que votaron a favor de esta medida: diez de los quince que asistieron al pleno.
Negrín Fetter alega que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal" y que "prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
Además, la nieta de Negrín había solicitado hace unas semanas a la sala de lo penal que se abstuviera de decidir sobre la competencia del juez Baltasar Garzón para investigar los hechos.
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domingo, 9 de noviembre de 2008
El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete abulenses.
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RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete abulenses
Las asociaciones solicitantes deberán esperar a que se decida si el juez es competente
Los enterramientos leoneses están en Camponaraya, Dehesas y Magaz de Abajo
Los fusilados de Pajares de Adaja fueron primero arrojados a un pozo en Aldeaseca
Actualizado domingo 09/11/2008 08:23 (CET)
FERNANDO MARTÍN VALLADOLID.-
La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones autorizadas por el juez Baltasar Garzón ha frenado la apertura de tres fosas en Camponaraya, Dehesas y Magaz de Abajo, en León, y la recuperación de los restos de siete fusilados de Pajares de Adaja, Ávila, que se encuentran en el Valle de los Caídos.
Las cuatro intervenciones, las tres primeras promovidas de la Asociación para la Recuperación de la Memoría Histórica de León y la cuarta, la del Valle de los Caídos, por la APRMH de Valladolid, figuraban entre las 25 que Garzón incluyó en 2006 en la lista de actuaciones "inmediatas".
Dos años después, algunas se habían realizado ya, entre ellas otras cinco en León que también estaban en la lista, pero no dio tiempo a las tres restantes en esta provincia y ahora deberán esperar hasta que se resuelva la competencia o no de Garzón para abrir las fosas de la Guerra Civil. En su argumentación, la Audiencia Nacional advertía de posibles "daños irreversibles" a terceros.
Desde Huelva, donde este sábado trabajaba en una exhumación, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de León y vicepresidente de la organización nacional, Santiago Macías, criticó la decisión adoptada por el Pleno de la Audiencia Nacional y recordó que "el mayor daño que se le puede hacer a un tercero es asesinarlo".
Pese a la paralización de las exhumaciones de Camponaraya, Dehesas y Magaz -entre las tres suman 7 muertos- Macías recordó que la suspensión sólo afecta a las fosas incluidas en la lista de Garzón y añadió que seguirán sus trabajos -como el sábado lo hacían en Huelva- en aquellos casos en los que han solicitado la intervención los familiares.
La decisión de la Audiencia Nacional ha parado también la recuperación de los restos de siete abulenses, seis hombres y una mujer de Pajares de Adaja, que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos. La APRMH de Valladolid, que inició las pesquisas en 2003 a petición de un hijo de uno de los 'paseados', tiene localizada la ubicación de los cuerpos, pero ahora deberá esperar la resolución del conflicto de competencias.
El arqueólogo de la asociación, Julio del Olmo, avanzó que, pese al revés el lunes 10, enviarán una petición al juez de El Escorial, jurisdicción a la que corresponde el Valle de los Caídos, para "ganar tiempo" a la espera de que se decida si Garzón es competente.
Fusilados en la noche del 19 de agosto de 1936 en Aldeaseca, pueblo cercano a Pajares, sus cuerpos fueron arrojados a un pozo luego tapado con tierra hasta que en 1958 sus restos fueron exhumados y trasladados al Valle de los Caídos. Allí están los huesos de todos en una misma caja.
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Más que palabras
Diario de León -
El Carrizal se convierte en un lugar de reivindicación de las ...
Granada Hoy -
El Gobierno pide ´sosiego´ tras paralizarse la exhumación de fosas
La Opinión A Coruña -
Qui tem les exhumacions? Qui tem el Fòrum del PV?
El País. La Comunidad.
Víctimas republicanas
Diario de Jerez -
De Torres al estrellato
Diario de Cádiz -
Las salidas de Baltasar Garzón
La Voz de Galicia -
¿Tiene sentido reabrir el drama de la Guerra Civil?
La Crónica de León -
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El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete ...
RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA HISTÓRICA
El freno a Garzón para tres fosas en León y la exhumación de siete abulenses
Las asociaciones solicitantes deberán esperar a que se decida si el juez es competente
Los enterramientos leoneses están en Camponaraya, Dehesas y Magaz de Abajo
Los fusilados de Pajares de Adaja fueron primero arrojados a un pozo en Aldeaseca
Actualizado domingo 09/11/2008 08:23 (CET)
FERNANDO MARTÍN VALLADOLID.-
La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones autorizadas por el juez Baltasar Garzón ha frenado la apertura de tres fosas en Camponaraya, Dehesas y Magaz de Abajo, en León, y la recuperación de los restos de siete fusilados de Pajares de Adaja, Ávila, que se encuentran en el Valle de los Caídos.
Las cuatro intervenciones, las tres primeras promovidas de la Asociación para la Recuperación de la Memoría Histórica de León y la cuarta, la del Valle de los Caídos, por la APRMH de Valladolid, figuraban entre las 25 que Garzón incluyó en 2006 en la lista de actuaciones "inmediatas".
Dos años después, algunas se habían realizado ya, entre ellas otras cinco en León que también estaban en la lista, pero no dio tiempo a las tres restantes en esta provincia y ahora deberán esperar hasta que se resuelva la competencia o no de Garzón para abrir las fosas de la Guerra Civil. En su argumentación, la Audiencia Nacional advertía de posibles "daños irreversibles" a terceros.
Desde Huelva, donde este sábado trabajaba en una exhumación, el presidente de la Asociación de la Memoria Histórica de León y vicepresidente de la organización nacional, Santiago Macías, criticó la decisión adoptada por el Pleno de la Audiencia Nacional y recordó que "el mayor daño que se le puede hacer a un tercero es asesinarlo".
Pese a la paralización de las exhumaciones de Camponaraya, Dehesas y Magaz -entre las tres suman 7 muertos- Macías recordó que la suspensión sólo afecta a las fosas incluidas en la lista de Garzón y añadió que seguirán sus trabajos -como el sábado lo hacían en Huelva- en aquellos casos en los que han solicitado la intervención los familiares.
La decisión de la Audiencia Nacional ha parado también la recuperación de los restos de siete abulenses, seis hombres y una mujer de Pajares de Adaja, que se encuentran enterrados en el Valle de los Caídos. La APRMH de Valladolid, que inició las pesquisas en 2003 a petición de un hijo de uno de los 'paseados', tiene localizada la ubicación de los cuerpos, pero ahora deberá esperar la resolución del conflicto de competencias.
El arqueólogo de la asociación, Julio del Olmo, avanzó que, pese al revés el lunes 10, enviarán una petición al juez de El Escorial, jurisdicción a la que corresponde el Valle de los Caídos, para "ganar tiempo" a la espera de que se decida si Garzón es competente.
Fusilados en la noche del 19 de agosto de 1936 en Aldeaseca, pueblo cercano a Pajares, sus cuerpos fueron arrojados a un pozo luego tapado con tierra hasta que en 1958 sus restos fueron exhumados y trasladados al Valle de los Caídos. Allí están los huesos de todos en una misma caja.
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Más que palabras
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La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas
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La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas
MADRID (Reuters) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) va a interponer un recurso ante lo que calificó de "inhumana" decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista dentro de la causa abierta por el juez Baltasar Garzón.
La Sala de lo Penal de la Audiencia tomó la decisión en un pleno extraordinario celebrado el viernes a petición de la Fiscalía, informaron fuentes judiciales, y votó por 10 a 5 paralizar cautelarmente las diligencias no urgentes ordenadas por Garzón hasta que se decida si tiene potestad para investigar las desapariciones de miles de personas desde 1936 hasta los primeros años del franquismo.
"La ARMH interpondrá un recurso porque el fiscal de la Audiencia ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento al no avisar a las partes y generarles indefensión", dijo un comunicado difundido tras la decisión judicial.
"Se trata de alargar la tortura de han padecido estas familias desde que sus seres queridos fueron asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer", agregó el comunicado, en el que señaló que la asociación baraja una movilización de los familiares de los fallecidos para pedir justicia.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó el sábado tras el Consejo de Ministros su "máximo respeto" a las decisiones judiciales, "especialmente en una cuestión como esta".
"El Gobierno, desde el sosiego y el rigor, va a seguir trabajando para reconocer a las víctimas que padecieron los efectos de la Guerra Civil y la dictadura", agregó.
NO TIENE COMPETENCIA
Garzón se declaró el mes pasado competente para investigar esas desapariciones en un auto en el que señaló que los actos de represión franquista eran delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad, por lo que consideraba que los hechos no habían prescrito ni estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
La Fiscalía cuestiona esta argumentación y opina, entre otras cosas, que la Audiencia no tiene competencia en este asunto por no estar sujeto a las reglas de la justicia universal, y cree que debe corresponder la investigación a los juzgados de cada territorio donde se perpetraron los crímenes.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica rechaza los argumentos del fiscal jefe de la Audiencia Javier Zaragoza y pide la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Gómez Pumpido, "para evitar el padecimiento de las decenas de familiares que se van a ver afectados".
El auto de Garzón autorizaba 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca desde 1936.
La reunión de la Sala se produjo precisamente al día siguiente de que el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón por encontrarse éste de baja médica, autorizara que la familia de Lorca asistiera a la apertura de la fosa del poeta.
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La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas
MADRID (Reuters) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) va a interponer un recurso ante lo que calificó de "inhumana" decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas de víctimas de la Guerra Civil y el régimen franquista dentro de la causa abierta por el juez Baltasar Garzón.
La Sala de lo Penal de la Audiencia tomó la decisión en un pleno extraordinario celebrado el viernes a petición de la Fiscalía, informaron fuentes judiciales, y votó por 10 a 5 paralizar cautelarmente las diligencias no urgentes ordenadas por Garzón hasta que se decida si tiene potestad para investigar las desapariciones de miles de personas desde 1936 hasta los primeros años del franquismo.
"La ARMH interpondrá un recurso porque el fiscal de la Audiencia ha incumplido la Ley de Enjuiciamiento al no avisar a las partes y generarles indefensión", dijo un comunicado difundido tras la decisión judicial.
"Se trata de alargar la tortura de han padecido estas familias desde que sus seres queridos fueron asesinados y sus cadáveres hechos desaparecer", agregó el comunicado, en el que señaló que la asociación baraja una movilización de los familiares de los fallecidos para pedir justicia.
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, manifestó el sábado tras el Consejo de Ministros su "máximo respeto" a las decisiones judiciales, "especialmente en una cuestión como esta".
"El Gobierno, desde el sosiego y el rigor, va a seguir trabajando para reconocer a las víctimas que padecieron los efectos de la Guerra Civil y la dictadura", agregó.
NO TIENE COMPETENCIA
Garzón se declaró el mes pasado competente para investigar esas desapariciones en un auto en el que señaló que los actos de represión franquista eran delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad, por lo que consideraba que los hechos no habían prescrito ni estaban amparados por la Ley de Amnistía de 1977.
La Fiscalía cuestiona esta argumentación y opina, entre otras cosas, que la Audiencia no tiene competencia en este asunto por no estar sujeto a las reglas de la justicia universal, y cree que debe corresponder la investigación a los juzgados de cada territorio donde se perpetraron los crímenes.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica rechaza los argumentos del fiscal jefe de la Audiencia Javier Zaragoza y pide la intervención del Fiscal General del Estado, Cándido Gómez Pumpido, "para evitar el padecimiento de las decenas de familiares que se van a ver afectados".
El auto de Garzón autorizaba 19 exhumaciones, entre ellas la tumba en la que supuestamente está enterrado Federico García Lorca desde 1936.
La reunión de la Sala se produjo precisamente al día siguiente de que el juez Santiago Pedraz, que sustituye a Garzón por encontrarse éste de baja médica, autorizara que la familia de Lorca asistiera a la apertura de la fosa del poeta.
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Urgencias contra la memoria, por Ignacio Escolar
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Urgencias contra la memoria, por Ignacio Escolar
Nov 08
Urgencias contra la memoria
Y, al fin, a la Fiscalía le entró prisa. Urgencia. Había que hacer algo, y pronto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, despertó en la mañana del viernes, 7 de noviembre de 2008, y, tras leer la prensa, convocó de emergencia a los 15 jueces de la Sala de lo Penal. Algunos de ellos tuvieron que interrumpir otros trabajos –minucias sin importancia: el caso “Saqueo”, sobre la corrupción del Ayuntamiento de Marbella en la era Gil, y otro juicio de terrorismo etarra–. Había una emergencia que así lo justificaba, algo importantísimo y prioritario. Siete décadas después de la Guerra Civil, tras treinta años de democracia, la España que presume de séptima potencia mundial esconde bajo la alfombra, en las cunetas de las carreteras, decenas de miles de desaparecidos, cadáveres sin nombre en fosas comunes. Torturados, fusilados. La Justicia no podía esperar ni un minuto más. Había que bloquear cuanto antes al juez que, al fin, estaba intentando abrir esas fosas, cerrar esas heridas.
Según la fiscalía, la emergencia estaba justificada. Justificadísima. Había que tomar esa medida cautelarísima, en el lenguaje jurídico, porque el proceso iniciado por Garzón podía causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación”. En la práctica, la decisión de urgencia sólo bloquea tres de las 25 fosas que Baltasar Garzón había ordenado abrir: una sin más relevancia política, en La Serna, y dos mucho más sonadas: la del poeta Federico García Lorca, en Granada, y un osario del Valle de los Caídos. ¿Perjuicios irreversibles? ¿Los de quién?
Para juzgar la responsabilidad de los actos de la Fiscalía, nada como la jurisprudencia y la hemeroteca. Año 1998. El mismo juez Garzón, como ahora, abre un proceso a otra dictadura, la del general Augusto Pinochet. El Gobierno, como ahora, dice que respeta las decisiones de la Justicia, que no se inmiscuye, mientras la Fiscalía, como ahora, pone todo tipo de palos en las ruedas. Habla Alfredo Pérez Rubalcaba, 9 de agosto de 1999: “El Gobierno no puede esconder su responsabilidad ante las actuaciones del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional”. “Fue el Gobierno quien los nombró” por lo que “no puede decir que no tiene nada que ver con lo que hace el fiscal general o el de la Audiencia Nacional. Hay una responsabilidad que hemos reclamado, ya que la Fiscalía está defendiendo tozudamente a Pinochet”. No hay más preguntas.
Facilitar la memoria
Dice la Ley de la Memoria Histórica que “atendiendo a una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, algunos en fosas comunes, se prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones Públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. La palabra clave es el verbo: facilitar. ¿Cómo? La fórmula es ambigua y, de momento, esta parte de la ley aún está por concretar. Hace unos años, el PSOE tenía una respuesta mucho menos abstracta. En el debate de los Presupuestos Generales de 2003, Jesús Caldera, entonces portavoz del grupo socialista, pidió que se incluyese una partida de un millón de euros para ayudar a las asociaciones de voluntarios que, con sudor y palas, están recuperando de las cunetas esa memoria podrida que muchos han preferido olvidar. Tras casi cinco años de Gobierno socialista, nada se sabe de ese dinero.
Es cierto que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único presidente democrático que por lo menos ha abordado el problema, pero la solución es aún incompleta: que el juez Garzón en poco más de un mes haya facilitado la apertura de más fosas comunes que todos los gobiernos de la democracia en treinta años así lo demuestra. El trabajo, sin embargo, permanece incompleto. A Garzón no le queda mucho más margen de maniobra, pues la votación de la Sala de lo Penal el viernes –diez votos a favor de la Fiscalía, cinco en contra– permiten pronosticar sin mucho riesgo que su proceso contra el franquismo no irá más allá.
Sin embargo, las esperanzas de que algún día se haga Justicia no acaban aquí. “Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera”, pronosticaba ayer el historiador Julián Casanova en una entrevista del periodista Diego Barcala en Público. No es sólo un deseo al viento: al igual que la Audiencia Nacional ha procesado a las dictaduras de Argentina o Chile, otro juez no español podría abrir un proceso contra el franquismo en un tribunal de Argentina o México. La Asociación por la Memoria Histórica ya está en ello. La Audiencia Nacional y su Fiscalía, por coherencia, tendrían poco que alegar.
Dice Zapatero que “el franquismo ya está juzgado por la historia”. No basta con esa condena. No basta con facilitar. La memoria, para que no se olvide, hay que ejercerla.
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Y, al fin, a la Fiscalía le entró prisa. Urgencia. Había que hacer algo, y pronto. El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, despertó en la mañana del viernes, 7 de noviembre de 2008, y, tras leer la prensa, convocó de emergencia a los 15 jueces de la Sala de lo Penal. Algunos de ellos tuvieron que interrumpir otros trabajos –minucias sin importancia: el caso “Saqueo”, sobre la corrupción del Ayuntamiento de Marbella en la era Gil, y otro juicio de terrorismo etarra–. Había una emergencia que así lo justificaba, algo importantísimo y prioritario. Siete décadas después de la Guerra Civil, tras treinta años de democracia, la España que presume de séptima potencia mundial esconde bajo la alfombra, en las cunetas de las carreteras, decenas de miles de desaparecidos, cadáveres sin nombre en fosas comunes. Torturados, fusilados. La Justicia no podía esperar ni un minuto más. Había que bloquear cuanto antes al juez que, al fin, estaba intentando abrir esas fosas, cerrar esas heridas.
Según la fiscalía, la emergencia estaba justificada. Justificadísima. Había que tomar esa medida cautelarísima, en el lenguaje jurídico, porque el proceso iniciado por Garzón podía causar “perjuicios irreversibles de difícil reparación”. En la práctica, la decisión de urgencia sólo bloquea tres de las 25 fosas que Baltasar Garzón había ordenado abrir: una sin más relevancia política, en La Serna, y dos mucho más sonadas: la del poeta Federico García Lorca, en Granada, y un osario del Valle de los Caídos. ¿Perjuicios irreversibles? ¿Los de quién?
Para juzgar la responsabilidad de los actos de la Fiscalía, nada como la jurisprudencia y la hemeroteca. Año 1998. El mismo juez Garzón, como ahora, abre un proceso a otra dictadura, la del general Augusto Pinochet. El Gobierno, como ahora, dice que respeta las decisiones de la Justicia, que no se inmiscuye, mientras la Fiscalía, como ahora, pone todo tipo de palos en las ruedas. Habla Alfredo Pérez Rubalcaba, 9 de agosto de 1999: “El Gobierno no puede esconder su responsabilidad ante las actuaciones del fiscal general del Estado y del fiscal jefe de la Audiencia Nacional”. “Fue el Gobierno quien los nombró” por lo que “no puede decir que no tiene nada que ver con lo que hace el fiscal general o el de la Audiencia Nacional. Hay una responsabilidad que hemos reclamado, ya que la Fiscalía está defendiendo tozudamente a Pinochet”. No hay más preguntas.
Facilitar la memoria
Dice la Ley de la Memoria Histórica que “atendiendo a una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos que ignoran el paradero de sus familiares, algunos en fosas comunes, se prevén medidas e instrumentos para que las Administraciones Públicas faciliten a los interesados que lo soliciten las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos”. La palabra clave es el verbo: facilitar. ¿Cómo? La fórmula es ambigua y, de momento, esta parte de la ley aún está por concretar. Hace unos años, el PSOE tenía una respuesta mucho menos abstracta. En el debate de los Presupuestos Generales de 2003, Jesús Caldera, entonces portavoz del grupo socialista, pidió que se incluyese una partida de un millón de euros para ayudar a las asociaciones de voluntarios que, con sudor y palas, están recuperando de las cunetas esa memoria podrida que muchos han preferido olvidar. Tras casi cinco años de Gobierno socialista, nada se sabe de ese dinero.
Es cierto que José Luis Rodríguez Zapatero ha sido el único presidente democrático que por lo menos ha abordado el problema, pero la solución es aún incompleta: que el juez Garzón en poco más de un mes haya facilitado la apertura de más fosas comunes que todos los gobiernos de la democracia en treinta años así lo demuestra. El trabajo, sin embargo, permanece incompleto. A Garzón no le queda mucho más margen de maniobra, pues la votación de la Sala de lo Penal el viernes –diez votos a favor de la Fiscalía, cinco en contra– permiten pronosticar sin mucho riesgo que su proceso contra el franquismo no irá más allá.
Sin embargo, las esperanzas de que algún día se haga Justicia no acaban aquí. “Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera”, pronosticaba ayer el historiador Julián Casanova en una entrevista del periodista Diego Barcala en Público. No es sólo un deseo al viento: al igual que la Audiencia Nacional ha procesado a las dictaduras de Argentina o Chile, otro juez no español podría abrir un proceso contra el franquismo en un tribunal de Argentina o México. La Asociación por la Memoria Histórica ya está en ello. La Audiencia Nacional y su Fiscalía, por coherencia, tendrían poco que alegar.
Dice Zapatero que “el franquismo ya está juzgado por la historia”. No basta con esa condena. No basta con facilitar. La memoria, para que no se olvide, hay que ejercerla.
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sábado, 8 de noviembre de 2008
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Los familiares de desaparecidos recurrirán la decisión de la Audiencia Nacional
IU emprenderá acciones judiciales
El PP, contento con la decisión del Alto Tribunal
08.11.08 13:20 h. INFORMATIVOS TELECINCO
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo recurrirán la decisión "inhumana e injusta" de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de acceder a la petición de la Fiscalía para que se paralicen las exhumaciones de restos. IU ha anunciado que iniciará “acciones judiciales” contra esta decisión. El PP, en cambio, la considera “un acierto”.
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La decisión sobre la investigación de Garzón se retrasa por la baja médica del juez
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de "injusta" la decisión de la Fiscalía, que, a su juicio, supone "atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso, que están esperando a que se lleven a cabo las exhumaciones".
Silva ha estimado que es "inhumano" que la Fiscalía "no piense en las personas que llevan setenta años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares" y que, "en un despacho, saltándose varios procedimientos, decida que esas personas no tienen derecho a abrir fosas".
Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha lamentado la "tremenda barbaridad" que ha hecho la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, "de la mano del fiscal, que tiene que velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en este país". Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha calificado de "prudente" la decisión .
Nieves Galindo, nieta de Dióscoro Galindo, un maestro de escuela fusilado y supuestamente enterrado en la misma fosa común que Federico García Lorca, ha explicado que siente "un desengaño brutal" tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas.
Izquierda Unida emprenderá "acciones judiciales contundentes" contra la decisión de la Audiencia Nacional, una medida que ha tomado "pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares". Así lo ha puesto de relieve el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien no ha descartado la interposición de una querella por prevaricación a causa de la iniciativa "precipitada e injustificable" que ha adoptado la Audiencia Nacional.
Además, ha emplazado al Gobierno a que dé explicaciones por la "deplorable" actuación de la Fiscalía, que ha sido la que ha solicitado al Pleno de la sala de lo penal que paralizara la exhumación de los restos hasta que ésta no decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha considerado una "muy buena decisión". El líder popular ha recordado que el partido apoyó el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión del juez Garzón. En este sentido, ha añadido que el Gobierno de España "y otros", en lugar de ocuparse del pasado, deberían ocuparse del futuro, "que es lo que le importa a la gente, sobre todo de los problemas del paro, de los que pierden sus puestos de trabajo y de los que viven ajustados para llegar a fin de mes".
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Europa Press -
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MADRID, 8 (OTR/PRESS)
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió hoy "sosiego y rigor" a la hora de abordar el asunto de la exhumación de fosas de la Guerra Civil y el Franquismo después de que ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera paralizar temporalmente la apertura de tumbas ordenada por el juez Baltasar Garzón.
De la Vega expresó su "máximo respeto" por los procedimientos y tiempos judiciales, al tiempo que recordó que la Audiencia Nacional debe decidir sobre un conflicto de competencias. En cualquier caso, la sorpresa no ha pillado por sorpresa a algunos, como a Francisco Galadí, nieto de uno de los fusilados junto al poeta Federico García Lorca, que asegura que "ya esperaba" esta traba legal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró hoy, la vicepresidenta fue preguntada por la opinión del Gobierno ante la decisión tomada ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por diez votos contra cinco, el Pleno adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, que recordó que -en base al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- debe dirimirse antes si el magistrado es competente para llevar a cabo la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo y que las exhumaciones de fosas no son tan urgentes como para ordenarlas mientras se resuelve este conflicto de competencia.
De la Vega expresó su "máximo respeto" a los "procedimientos y tiempos judiciales", especialmente en una cuestión "que ha de abordarse con sosiego y con rigor". La vicepresidenta destacó que se trata de una decisión "temporal" en tanto que se resuelve un "procedimiento judicial ordinario" en torno a la competencia del juez Garzón en este asunto. Mientras se resuelve este asunto, "el Gobierno sigue trabajando en el ámbito que le corresponde. Estamos poniendo en marcha las medidas derivadas de la Ley que aprobamos en el Parlamento para ayudar a las víctimas".
En este sentido, De la Vega recordó que la semana pasada se dio impulso "con la puesta en marcha de decretos que incluyen protocolos específicos para la exhumación y para la elaboración de un mapa de zonas de enterramiento" para "dar satisfacción a esas legítimas preocupaciones y deseos de los familiares de las víctimas". En cualquier caso, insistió en pedir "máximo respeto" a los procedimientos y tiempos judiciales y en que el Gobierno va a seguir trabajando "desde el sosiego y el rigor" por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.
"YA ME LO ESPERABA"
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, no ha pillado por sorpresa a algunos familiares de las víctimas. Francisco Galadí, nieto del banderillero del mismo nombre que fue fusilado y presuntamente enterrado junto a García Lorca, aseguró hoy que "ya esperaba" la decisión de ayer de la Audiencia Nacional, porque veía "demasiado fácil todo esto, que no hubiera problemas". Así, reconoció que la resolución judicial ha sido "una gran decepción", especialmente porque llega en época otoñal, lo que podría provocar más retrasos derivados de la climatología en la exhumación de la fosa de su abuelo.
Mientras, en la localidad de Calañas (Huelva) se inició hoy la exhumación de una fosa común en la que se esperan encontrar los restos de once personas asesinadas el 13 de noviembre de 1937, procedentes de El Cerro de Andévalo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica explicó que la paralización dictaminada por la Audiencia Nacional no afecta a esta exhumación, porque "ya estaba prevista antes de que Garzón dictara un auto para exhumar" otras 25 fosas.
Tras dos horas de trabajo, los restos de esas once personas fueron alcanzados. Todos eran vecinos del Cerro de Andévalo, que es donde sus familiares tienen el deseo de enterrarlos una vez que hayan sido identificados. A lo largo del día familiares y vecinos de la zona acudieron al lugar de la exhumación para contemplar los trabajos, que se extenderán posiblemente hasta el miércoles. Entre los asistentes se encontraban Antonia Trigo y Agustín Serrano, octogenarios ambos e hijos de dos de los fusilados, que señalaron que hoy era "un día muy especial" que llevaban esperando más de 70 años.
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Los familiares de desaparecidos recurrirán la decisión de la Audiencia Nacional
IU emprenderá acciones judiciales
El PP, contento con la decisión del Alto Tribunal
08.11.08 13:20 h. INFORMATIVOS TELECINCO
Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo recurrirán la decisión "inhumana e injusta" de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional de acceder a la petición de la Fiscalía para que se paralicen las exhumaciones de restos. IU ha anunciado que iniciará “acciones judiciales” contra esta decisión. El PP, en cambio, la considera “un acierto”.
La Audiencia Nacional paraliza la exhumación de las fosas de la Guerra Civil
Se abren las puertas del 'Valle de los Caídos'
Garzón se declara competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo
Garzón autoriza la apertura de la fosa común donde está enterrado Lorca
La decisión sobre la investigación de Garzón se retrasa por la baja médica del juez
El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha calificado de "injusta" la decisión de la Fiscalía, que, a su juicio, supone "atacar a los familiares, el eslabón más débil de este proceso, que están esperando a que se lleven a cabo las exhumaciones".
Silva ha estimado que es "inhumano" que la Fiscalía "no piense en las personas que llevan setenta años esperando para poder dar una sepultura digna a sus familiares" y que, "en un despacho, saltándose varios procedimientos, decida que esas personas no tienen derecho a abrir fosas".
Por su parte, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha lamentado la "tremenda barbaridad" que ha hecho la sala de lo penal de la Audiencia Nacional, "de la mano del fiscal, que tiene que velar por el cumplimiento y el respeto de los derechos humanos en este país". Sin embargo, la presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha calificado de "prudente" la decisión .
Nieves Galindo, nieta de Dióscoro Galindo, un maestro de escuela fusilado y supuestamente enterrado en la misma fosa común que Federico García Lorca, ha explicado que siente "un desengaño brutal" tras conocer la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar la apertura de fosas.
Izquierda Unida emprenderá "acciones judiciales contundentes" contra la decisión de la Audiencia Nacional, una medida que ha tomado "pasando por encima del respeto a las víctimas y a sus familiares". Así lo ha puesto de relieve el portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien no ha descartado la interposición de una querella por prevaricación a causa de la iniciativa "precipitada e injustificable" que ha adoptado la Audiencia Nacional.
Además, ha emplazado al Gobierno a que dé explicaciones por la "deplorable" actuación de la Fiscalía, que ha sido la que ha solicitado al Pleno de la sala de lo penal que paralizara la exhumación de los restos hasta que ésta no decida si el juez Baltasar Garzón es competente o no para investigar los hechos.
El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha considerado una "muy buena decisión". El líder popular ha recordado que el partido apoyó el recurso que interpuso la Fiscalía contra la decisión del juez Garzón. En este sentido, ha añadido que el Gobierno de España "y otros", en lugar de ocuparse del pasado, deberían ocuparse del futuro, "que es lo que le importa a la gente, sobre todo de los problemas del paro, de los que pierden sus puestos de trabajo y de los que viven ajustados para llegar a fin de mes".
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El Gobierno pide "sosiego y rigor" ante la paralización de la ...
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MADRID, 8 (OTR/PRESS)
La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, pidió hoy "sosiego y rigor" a la hora de abordar el asunto de la exhumación de fosas de la Guerra Civil y el Franquismo después de que ayer la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidiera paralizar temporalmente la apertura de tumbas ordenada por el juez Baltasar Garzón.
De la Vega expresó su "máximo respeto" por los procedimientos y tiempos judiciales, al tiempo que recordó que la Audiencia Nacional debe decidir sobre un conflicto de competencias. En cualquier caso, la sorpresa no ha pillado por sorpresa a algunos, como a Francisco Galadí, nieto de uno de los fusilados junto al poeta Federico García Lorca, que asegura que "ya esperaba" esta traba legal.
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se celebró hoy, la vicepresidenta fue preguntada por la opinión del Gobierno ante la decisión tomada ayer por el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Por diez votos contra cinco, el Pleno adoptó esta decisión a instancias de la Fiscalía, que recordó que -en base al artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal- debe dirimirse antes si el magistrado es competente para llevar a cabo la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el Franquismo y que las exhumaciones de fosas no son tan urgentes como para ordenarlas mientras se resuelve este conflicto de competencia.
De la Vega expresó su "máximo respeto" a los "procedimientos y tiempos judiciales", especialmente en una cuestión "que ha de abordarse con sosiego y con rigor". La vicepresidenta destacó que se trata de una decisión "temporal" en tanto que se resuelve un "procedimiento judicial ordinario" en torno a la competencia del juez Garzón en este asunto. Mientras se resuelve este asunto, "el Gobierno sigue trabajando en el ámbito que le corresponde. Estamos poniendo en marcha las medidas derivadas de la Ley que aprobamos en el Parlamento para ayudar a las víctimas".
En este sentido, De la Vega recordó que la semana pasada se dio impulso "con la puesta en marcha de decretos que incluyen protocolos específicos para la exhumación y para la elaboración de un mapa de zonas de enterramiento" para "dar satisfacción a esas legítimas preocupaciones y deseos de los familiares de las víctimas". En cualquier caso, insistió en pedir "máximo respeto" a los procedimientos y tiempos judiciales y en que el Gobierno va a seguir trabajando "desde el sosiego y el rigor" por los familiares de las víctimas de la Guerra Civil y el Franquismo.
"YA ME LO ESPERABA"
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, en cualquier caso, no ha pillado por sorpresa a algunos familiares de las víctimas. Francisco Galadí, nieto del banderillero del mismo nombre que fue fusilado y presuntamente enterrado junto a García Lorca, aseguró hoy que "ya esperaba" la decisión de ayer de la Audiencia Nacional, porque veía "demasiado fácil todo esto, que no hubiera problemas". Así, reconoció que la resolución judicial ha sido "una gran decepción", especialmente porque llega en época otoñal, lo que podría provocar más retrasos derivados de la climatología en la exhumación de la fosa de su abuelo.
Mientras, en la localidad de Calañas (Huelva) se inició hoy la exhumación de una fosa común en la que se esperan encontrar los restos de once personas asesinadas el 13 de noviembre de 1937, procedentes de El Cerro de Andévalo. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica explicó que la paralización dictaminada por la Audiencia Nacional no afecta a esta exhumación, porque "ya estaba prevista antes de que Garzón dictara un auto para exhumar" otras 25 fosas.
Tras dos horas de trabajo, los restos de esas once personas fueron alcanzados. Todos eran vecinos del Cerro de Andévalo, que es donde sus familiares tienen el deseo de enterrarlos una vez que hayan sido identificados. A lo largo del día familiares y vecinos de la zona acudieron al lugar de la exhumación para contemplar los trabajos, que se extenderán posiblemente hasta el miércoles. Entre los asistentes se encontraban Antonia Trigo y Agustín Serrano, octogenarios ambos e hijos de dos de los fusilados, que señalaron que hoy era "un día muy especial" que llevaban esperando más de 70 años.
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MANUEL ALTOZANO
El fiscal gana la primera batalla a Garzón al lograr que se paren las exhumaciones - Las asociaciones de memoria histórica creen que el fallo les provoca indefensión
En poco más de dos horas y media de tensa discusión, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional acabó provisionalmente con las esperanzas que decenas de familias tenían en que, después de 70 años de incertidumbre, un juez ordenara por fin la exhumación de sus familiares desaparecidos y enterrados en fosas comunes tras la sublevación franquista del 18 julio de 1936, en la guerra fratricida que provocó y durante la represión de los vencedores. El tribunal acordó ayer con los votos a favor de 10 de los 15 magistrados presentes la paralización cautelar de las exhumaciones aprobadas en la causa contra el franquismo abierta por Baltasar Garzón. La decisión se adoptó en una reunión urgente de la Sala convocada horas después de recibir un escrito del fiscal solicitando que se suspendiera la apertura de fosas hasta que los magistrados decidan, también a petición del fiscal, si Garzón es competente para investigar el caso.
La Sala Penal debe decidir aún si Garzón puede continuar la causa contra Franco
Diez de los 15 magistrados votaron a favor de paralizar las exhumaciones
La petición del fiscal llegó a la Sala días después de que Santiago Pedraz, el juez que sustituye a Garzón estos días debido a una baja médica, acordara el 29 de octubre la exhumación de ocho cuerpos de fusilados republicanos sacados de sus fosas sin permiso de sus familias en los años cincuenta y enterrados en el Valle de los Caídos.
El escrito del ministerio público es una ampliación del presentado el pasado 22 de octubre por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, en el que pide que la Sala declare incompetente a Garzón "por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional". Esa petición nunca se había planteado antes en la historia de este tribunal y se enmarca en la guerra de descalificaciones y triquiñuelas jurídicas desatada entre Zaragoza y Garzón desde que este último se declarara competente para abrir las fosas e investigar la dictadura.
El fallo, que acoge la petición del fiscal y contra el que no cabe recurso, exige a Garzón que paralice "todas las actuaciones acordadas" en el sumario abierto por el juez, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación". La resolución apura aún más al pedir la concreta suspensión de "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia" que planteó Zaragoza.
Los magistrados, según fuentes de la Audiencia, recuerdan al juez que el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a practicar sólo "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquéllas que considere de reconocida urgencia", en los casos en que se haya cuestionado su competencia, como ha hecho ahora el fiscal Zaragoza. Y la exhumación de cadáveres que llevan enterrados cerca de 70 años, según el criterio mayoritario seguido en el pleno de la Sala, no parece que sea una cuestión inaplazable, según fuentes del tribunal que recuerdan que, en caso de que finalmente se decida que el juez Garzón no es quien tiene que instruir el caso, las actuaciones ya realizadas tendrían que declararse nulas.
La deliberación (que duró más de dos horas y media) fue áspera en algunos momentos y la Sala se mostró dividida. Algunos de los magistrados que votaron en contra no entendieron la necesidad de convocar un pleno extraordinario para resolver a toda velocidad la cuestión y anunciaron la presentación de un voto particular discrepante. El fallo se adoptó sin dar traslado a las demás partes, que no conocieron el escrito del fiscal, lo que algunos jueces consultados por este periódico consideran "poco garantista".
Ése es el motivo que estudia alegar ahora Fernando Magán, el abogado de la mayoría de asociaciones de memoria histórica que iniciaron la causa. El letrado considera que el hecho de no haber podido conocer la petición de Zaragoza para rebatir sus argumentos le provoca indefensión y afecta a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o plantear la nulidad del acto ante la Sala.
La resolución para en seco los trabajos de exhumación e identificación de los cadáveres de 19 fosas, aprobados cuando Garzón admitió a trámite el caso el pasado 16 de octubre, y otras seis a cuyos proyectos de exhumación dio el visto bueno su sustituto, Santiago Pedraz, 10 días después. Entre ellas se encuentra la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca y la del Valle de los Caídos. La única vía abierta ahora para seguir con las excavaciones es la prevista por la Ley de la Memoria, que obliga a las Administraciones a facilitar a las víctimas las labores de "indagación, localización e identificación" de los desaparecidos de Franco.
Petición del fiscal y fallo de la Sala sobre la apertura de fosas
- Lo que el fiscal planteó ayer. "A pesar de haberse cuestionado por la vía del art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la competencia [del juzgado de Garzón] para la investigación de los hechos, se ha tenido conocimiento de que el Juzgado Instructor (en este caso el sustituto legal del Juzgado) ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones". Por esa razón, el fiscal solicita a la Sala "que ordene al Instructor que se limite a practicar diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia planteado".
- Lo que decidió la Sala de lo Penal.
1. "Requerir al Juzgado Central de Instrucción número 5 [el de Baltasar Garzón] para que paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
2. "En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal".
- Artículo aplicado por el tribunal (22.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). "Mientras no recaiga decisión [sobre la competencia]", el juez instructor "seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".
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Julián Casanova: "Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera"
DIEGO BARCALA
El historiador Julián Casanova opina que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista".
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional parece un desagradable mensaje de bienvenida para uno de los expertos que deben colaborar en el caso abierto por el juez Baltasar Garzón. Julián Casanova (Teruel, 1956), catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, acaba de llegar de Washington (EEUU) tras participar en un congreso sobre "verdad histórica".
Este historiador encuentra más reconocimiento a sus estudios fuera que dentro de España. "Si hablara del feudalismo, sería una eminencia internacional, pero si hablo del franquismo, resulta que soy un opinador", se resigna. Es autor de estudios de referencia que desmenuzan la colaboración de la Iglesia y el franquismo, como La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). De momento, sigue a distancia el debate judicial.
La Fiscalía dice ahora que la apertura de las fosas no es una prueba necesaria. ¿Está de acuerdo?
No quiero entrar en asuntos que no me competen. Lo que sé es que esas fosas y el silencio sobre ellas durante tanto tiempo son una prueba histórica de las características del franquismo, que persiguió al contrario y trató de ocultar sus crímenes.
¿Qué intepretación hace de la oposición a la apertura del caso?
El pasado de violencia y violación sistemática de los derechos humanos se proyecta como una sombra alargada en la justicia, en la política y en los medios de comunicación.
¿Es correcto desde el punto de vista histórico el auto de Garzón?
En España, la Historia ha llegado antes que la Justicia. Garzón ha abierto un proceso por partes y lo ha hecho al revés. Tenía que haber hablado con la gente que sabe antes de declararse competente. Hay dos conceptos que no cuadran. Detiene la investigación en 1951 para garantizar que no haya nadie vivo a quien juzgar, a pesar de que a Grimau se le mata en 1965 como preso de guerra. Y lo de los falangistas, porque la militarización de la justicia en la posguerra les quita su responsabilidad. Informaban, pero se fusilaba en consejos de guerra. Otro defecto, éste de los medios, es hablar de cientos de miles de desaparecidos. Lorca no es un desaparecido. Su muerte quedó registrada y se sabe qué pasó. Pero hay 25.000 sin rastro que será imposible encontrar.
¿Cuál es su visión de la causa?
Defiendo una diferencia clara entre la justicia retributiva -que es la que compensa jurídica, política y moralmente a las víctimas, que es necesaria y que hay que echársela en cara al PP y a la jerarquía de la Iglesia- y la justicia punitiva. Creo que esta última, la de la búsqueda de verdugos, 30 años después de haber muerto Franco, no causa apenas reparación a las víctimas.
¿Y Garzón, cuál busca?
Creo que su objetivo no es la punitiva. Ocurre lo mismo que con el debate de la Ley de la Memoria Histórica. No se acepta revisar y anular las causas de los tribunales franquistas porque entonces las víctimas sí que pedirían buscar a esa persona que, sin garantías jurídicas, mandó fusilar a su abuelo.
¿Cuál es su balance del primer año de Ley de la Memoria Histórica?
Todo lo que hace Garzón está en la Ley. El problema es que la sociedad democrática de las instituciones y el parlamento, una vez realizada la maravillosa transición y con un país moderno y rico, no ha hecho una gestión pública de su pasado traumático.
¿Cómo se debió hacer?
En tres partes. Uno: en los archivos, con información y verdad. Dos: museos, con lugares de la memoria -con una función formativa, no para compensar las cruces de los otros-. Tres: educación, porque la generación franquista vivió con la propaganda y las generaciones que se formaron en las tres décadas posteriores a la dictadura nunca estudiaron la represión.
¿Es posible recuperar todas las pruebas de la represión?
Está muy documentada, comparada con Argentina, Rusia o Perú. Llevamos 30 años desenterrando fosas.
Sus estudios del franquismo calculan 50.000 fusilados en la posguerra.
¿Por qué tanta saña?
Por tres componentes ideológicos y culturales. Primero: el concepto militarista de aniquilación del contrario que viene del africanismo, que Franco, Yagüe y Millán Astray tienen muy metido. Aquello de tratar a los rojos como tribus, gente que no merece vivir. Además, pasado por el matiz del exterminio fascista, pero fundamentalmente, militar español. En segundo lugar, es un componente religioso de limpieza, porque hay una gran legitimación de la muerte de gente que no tiene derecho a la vida porque no tiene fe. Son infieles y es un reverdecimiento del mito de la Cruzada. Y un tercer elemento que viene de la Falange, que sí que tiene claramente sustancia nazi.
¿Por qué cuesta tanto aplicar la Ley de la Memoria?
El problema es que al Gobierno le resulta incómoda y nada más aprobarla le viene una crisis económica. Pero lo gordo es que el PP no la aprueba y que la jerarquía de la Iglesia, mientras beatifica, se opone también. Las asociaciones se quejan y Garzón toma la iniciativa que la sociedad política no ha tomado. Y si no le dejan, lo hará un juez de fuera, porque el proceso ya es imparable.
Pero las posturas del PP y la Iglesia parecen irreductibles...
El mayor problema es que la sociedad no estará preparada hasta que el PP se convenza de la necesidad de asumir el franquismo como algo traumático y que la democracia debe condenar. La Iglesia, además de honrar a sus víctimas, que tiene todo el derecho, debe reconocer que silenció, delató e informó durante muchísimos años. Sin estos dos ingredientes, el recuerdo no se irá nunca.
¿A qué achaca la resistencia del PP a asumir su origen?
Nadie duda de que acepta la democracia, pero tiene un cordón umbilical evidente que, cuando se le recuerda, sale gente como [Jaime] Mayor Oreja y dice: "A mí qué me dice, si yo vivía muy bien en el franquismo". ¿Qué quiere decir? Que mientras en las comisarías se torturaba él vivía muy bien, como la gente que veraneaba en Lloret de Mar y se iba a la playa a ver a las suecas.
El cordón umbilical del PP parece claro, pero ¿la Iglesia?
Si la Iglesia, que es la institución moral más importante, después de la primera venganza, porque mataron a 7.000 religiosos, hubiera dado un paso atrás, el franquismo no hubiera seguido violando brutalmente los derechos humanos. Cuando la Iglesia lo hizo, al final de la dictadura, fueron capaces de defender a curas, acoger asambleas obreras e incluso hacer una cárcel para ellos. Se implicaron en otro camino. Pero la jerarquía católica actual ha perdido todo el contacto con los movimientos sociales de base y ha cambiado, gracias el papado de Juan Pablo II, donde las posturas reaccionarias triunfaron. Así ha conectado con un partido [el PP] que ha entendido que la relación con la Iglesia le trae enormes beneficios, porque España es laica, pero con la religión hay mucha gente sensible.
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El escrito del ministerio público es una ampliación del presentado el pasado 22 de octubre por el fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, en el que pide que la Sala declare incompetente a Garzón "por infracción manifiesta de las normas de competencia objetiva y funcional". Esa petición nunca se había planteado antes en la historia de este tribunal y se enmarca en la guerra de descalificaciones y triquiñuelas jurídicas desatada entre Zaragoza y Garzón desde que este último se declarara competente para abrir las fosas e investigar la dictadura.
El fallo, que acoge la petición del fiscal y contra el que no cabe recurso, exige a Garzón que paralice "todas las actuaciones acordadas" en el sumario abierto por el juez, "a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación". La resolución apura aún más al pedir la concreta suspensión de "las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia" que planteó Zaragoza.
Los magistrados, según fuentes de la Audiencia, recuerdan al juez que el artículo 22 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal le obliga a practicar sólo "las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquéllas que considere de reconocida urgencia", en los casos en que se haya cuestionado su competencia, como ha hecho ahora el fiscal Zaragoza. Y la exhumación de cadáveres que llevan enterrados cerca de 70 años, según el criterio mayoritario seguido en el pleno de la Sala, no parece que sea una cuestión inaplazable, según fuentes del tribunal que recuerdan que, en caso de que finalmente se decida que el juez Garzón no es quien tiene que instruir el caso, las actuaciones ya realizadas tendrían que declararse nulas.
La deliberación (que duró más de dos horas y media) fue áspera en algunos momentos y la Sala se mostró dividida. Algunos de los magistrados que votaron en contra no entendieron la necesidad de convocar un pleno extraordinario para resolver a toda velocidad la cuestión y anunciaron la presentación de un voto particular discrepante. El fallo se adoptó sin dar traslado a las demás partes, que no conocieron el escrito del fiscal, lo que algunos jueces consultados por este periódico consideran "poco garantista".
Ése es el motivo que estudia alegar ahora Fernando Magán, el abogado de la mayoría de asociaciones de memoria histórica que iniciaron la causa. El letrado considera que el hecho de no haber podido conocer la petición de Zaragoza para rebatir sus argumentos le provoca indefensión y afecta a su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, por lo que podría recurrir en amparo al Tribunal Constitucional o plantear la nulidad del acto ante la Sala.
La resolución para en seco los trabajos de exhumación e identificación de los cadáveres de 19 fosas, aprobados cuando Garzón admitió a trámite el caso el pasado 16 de octubre, y otras seis a cuyos proyectos de exhumación dio el visto bueno su sustituto, Santiago Pedraz, 10 días después. Entre ellas se encuentra la apertura de la fosa del poeta Federico García Lorca y la del Valle de los Caídos. La única vía abierta ahora para seguir con las excavaciones es la prevista por la Ley de la Memoria, que obliga a las Administraciones a facilitar a las víctimas las labores de "indagación, localización e identificación" de los desaparecidos de Franco.
Petición del fiscal y fallo de la Sala sobre la apertura de fosas
- Lo que el fiscal planteó ayer. "A pesar de haberse cuestionado por la vía del art. 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal la competencia [del juzgado de Garzón] para la investigación de los hechos, se ha tenido conocimiento de que el Juzgado Instructor (en este caso el sustituto legal del Juzgado) ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones". Por esa razón, el fiscal solicita a la Sala "que ordene al Instructor que se limite a practicar diligencias esenciales que no causen a terceros perjuicios irreversibles de difícil reparación, caso de estimarse el incidente de competencia planteado".
- Lo que decidió la Sala de lo Penal.
1. "Requerir al Juzgado Central de Instrucción número 5 [el de Baltasar Garzón] para que paralice todas las actuaciones acordadas en el sumario a excepción de las que, de no realizarse ya, causen un perjuicio irreparable e irreversible al fin de la investigación".
2. "En particular, requerirle para que se paralicen las actividades tendentes a la exhumación de cadáveres en tanto no se resuelva por esta Sala de lo Penal la cuestión de incompetencia planteada por el Ministerio Fiscal".
- Artículo aplicado por el tribunal (22.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). "Mientras no recaiga decisión [sobre la competencia]", el juez instructor "seguirá practicando las diligencias necesarias para comprobar el delito y aquellas otras que considere de reconocida urgencia".
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La decisión sólo afecta a la fosa de Lorca, a otra en La Serna y al Valle de los Caídos
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Julián Casanova: "Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera"
DIEGO BARCALA
El historiador Julián Casanova opina que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista".
La decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional parece un desagradable mensaje de bienvenida para uno de los expertos que deben colaborar en el caso abierto por el juez Baltasar Garzón. Julián Casanova (Teruel, 1956), catedrático de Historia contemporánea en la Universidad de Zaragoza, acaba de llegar de Washington (EEUU) tras participar en un congreso sobre "verdad histórica".
Este historiador encuentra más reconocimiento a sus estudios fuera que dentro de España. "Si hablara del feudalismo, sería una eminencia internacional, pero si hablo del franquismo, resulta que soy un opinador", se resigna. Es autor de estudios de referencia que desmenuzan la colaboración de la Iglesia y el franquismo, como La Iglesia de Franco (Editorial Crítica). De momento, sigue a distancia el debate judicial.
La Fiscalía dice ahora que la apertura de las fosas no es una prueba necesaria. ¿Está de acuerdo?
No quiero entrar en asuntos que no me competen. Lo que sé es que esas fosas y el silencio sobre ellas durante tanto tiempo son una prueba histórica de las características del franquismo, que persiguió al contrario y trató de ocultar sus crímenes.
¿Qué intepretación hace de la oposición a la apertura del caso?
El pasado de violencia y violación sistemática de los derechos humanos se proyecta como una sombra alargada en la justicia, en la política y en los medios de comunicación.
¿Es correcto desde el punto de vista histórico el auto de Garzón?
En España, la Historia ha llegado antes que la Justicia. Garzón ha abierto un proceso por partes y lo ha hecho al revés. Tenía que haber hablado con la gente que sabe antes de declararse competente. Hay dos conceptos que no cuadran. Detiene la investigación en 1951 para garantizar que no haya nadie vivo a quien juzgar, a pesar de que a Grimau se le mata en 1965 como preso de guerra. Y lo de los falangistas, porque la militarización de la justicia en la posguerra les quita su responsabilidad. Informaban, pero se fusilaba en consejos de guerra. Otro defecto, éste de los medios, es hablar de cientos de miles de desaparecidos. Lorca no es un desaparecido. Su muerte quedó registrada y se sabe qué pasó. Pero hay 25.000 sin rastro que será imposible encontrar.
¿Cuál es su visión de la causa?
Defiendo una diferencia clara entre la justicia retributiva -que es la que compensa jurídica, política y moralmente a las víctimas, que es necesaria y que hay que echársela en cara al PP y a la jerarquía de la Iglesia- y la justicia punitiva. Creo que esta última, la de la búsqueda de verdugos, 30 años después de haber muerto Franco, no causa apenas reparación a las víctimas.
¿Y Garzón, cuál busca?
Creo que su objetivo no es la punitiva. Ocurre lo mismo que con el debate de la Ley de la Memoria Histórica. No se acepta revisar y anular las causas de los tribunales franquistas porque entonces las víctimas sí que pedirían buscar a esa persona que, sin garantías jurídicas, mandó fusilar a su abuelo.
¿Cuál es su balance del primer año de Ley de la Memoria Histórica?
Todo lo que hace Garzón está en la Ley. El problema es que la sociedad democrática de las instituciones y el parlamento, una vez realizada la maravillosa transición y con un país moderno y rico, no ha hecho una gestión pública de su pasado traumático.
¿Cómo se debió hacer?
En tres partes. Uno: en los archivos, con información y verdad. Dos: museos, con lugares de la memoria -con una función formativa, no para compensar las cruces de los otros-. Tres: educación, porque la generación franquista vivió con la propaganda y las generaciones que se formaron en las tres décadas posteriores a la dictadura nunca estudiaron la represión.
¿Es posible recuperar todas las pruebas de la represión?
Está muy documentada, comparada con Argentina, Rusia o Perú. Llevamos 30 años desenterrando fosas.
Sus estudios del franquismo calculan 50.000 fusilados en la posguerra.
¿Por qué tanta saña?
Por tres componentes ideológicos y culturales. Primero: el concepto militarista de aniquilación del contrario que viene del africanismo, que Franco, Yagüe y Millán Astray tienen muy metido. Aquello de tratar a los rojos como tribus, gente que no merece vivir. Además, pasado por el matiz del exterminio fascista, pero fundamentalmente, militar español. En segundo lugar, es un componente religioso de limpieza, porque hay una gran legitimación de la muerte de gente que no tiene derecho a la vida porque no tiene fe. Son infieles y es un reverdecimiento del mito de la Cruzada. Y un tercer elemento que viene de la Falange, que sí que tiene claramente sustancia nazi.
¿Por qué cuesta tanto aplicar la Ley de la Memoria?
El problema es que al Gobierno le resulta incómoda y nada más aprobarla le viene una crisis económica. Pero lo gordo es que el PP no la aprueba y que la jerarquía de la Iglesia, mientras beatifica, se opone también. Las asociaciones se quejan y Garzón toma la iniciativa que la sociedad política no ha tomado. Y si no le dejan, lo hará un juez de fuera, porque el proceso ya es imparable.
Pero las posturas del PP y la Iglesia parecen irreductibles...
El mayor problema es que la sociedad no estará preparada hasta que el PP se convenza de la necesidad de asumir el franquismo como algo traumático y que la democracia debe condenar. La Iglesia, además de honrar a sus víctimas, que tiene todo el derecho, debe reconocer que silenció, delató e informó durante muchísimos años. Sin estos dos ingredientes, el recuerdo no se irá nunca.
¿A qué achaca la resistencia del PP a asumir su origen?
Nadie duda de que acepta la democracia, pero tiene un cordón umbilical evidente que, cuando se le recuerda, sale gente como [Jaime] Mayor Oreja y dice: "A mí qué me dice, si yo vivía muy bien en el franquismo". ¿Qué quiere decir? Que mientras en las comisarías se torturaba él vivía muy bien, como la gente que veraneaba en Lloret de Mar y se iba a la playa a ver a las suecas.
El cordón umbilical del PP parece claro, pero ¿la Iglesia?
Si la Iglesia, que es la institución moral más importante, después de la primera venganza, porque mataron a 7.000 religiosos, hubiera dado un paso atrás, el franquismo no hubiera seguido violando brutalmente los derechos humanos. Cuando la Iglesia lo hizo, al final de la dictadura, fueron capaces de defender a curas, acoger asambleas obreras e incluso hacer una cárcel para ellos. Se implicaron en otro camino. Pero la jerarquía católica actual ha perdido todo el contacto con los movimientos sociales de base y ha cambiado, gracias el papado de Juan Pablo II, donde las posturas reaccionarias triunfaron. Así ha conectado con un partido [el PP] que ha entendido que la relación con la Iglesia le trae enormes beneficios, porque España es laica, pero con la religión hay mucha gente sensible.
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