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La Audiencia entierra la causa contra la dictadura y se remite a la ley de memoria
JOSÉ YOLDI
La resolución avala la investigación de Garzón para crear un censo de víctimas
La Audiencia Nacional hizo pública ayer una resolución por la que da cerrojazo a la causa abierta por el juez Baltasar Garzón contra el general Francisco Franco y otros 44 miembros de sus Gobiernos a los que acusaba de "delitos contra Altos Organismos de la Nación y la forma de Gobierno", así como de "detención ilegal con desaparición forzada de personas", en un marco de "crímenes contra la humanidad".
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los magistrados declararon la falta de competencia objetiva de Garzón y de la Audiencia Nacional para investigar los crímenes del franquismo por entender que el levantamiento militar del 17 y 18 de julio de 1936, que desencadenó la Guerra Civil, no constituyó un delito contra Altos Organismos de la Nación y forma de Gobierno, sino un delito de rebelión. Y el delito de rebelión nunca ha sido competencia de la Audiencia Nacional.
Por ello, 13 de los 17 magistrados que integran el pleno de la Sala, declararon "dejar sin efecto todos los actos y resoluciones del juzgado posteriores al 16 de octubre de 2008", en el que el juez se declaró competente para investigar los hechos.
En una resolución eminentemente técnica, la Audiencia valida lo actuado por el juez con anterioridad a esa fecha, como la petición de datos al Gobierno y la Iglesia católica para elaborar un censo de víctimas, por considerar que se trata de diligencias a prevención. Sin embargo, anula todas las posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre en el que el juez declaraba extinguida la responsabilidad penal del dictador y sus ministros por existir constancia de su fallecimiento y por el que se inhibía en favor de los juzgados territoriales para que investigaran los hechos.
El pleno de la Sala Penal advierte de que su resolución "no afecta al legítimo derecho de las víctimas de la Guerra Civil -todas- y la dictadura del general Franco de recuperar los restos de sus seres queridos, dignificarlos y honrar su memoria, reconocidos en la legislación vigente, entre otras en la llamada Ley para la Recuperación de la Memoria Histórica".
El tribunal entra de lleno en el incidente de competencia planteado por el fiscal Javier Zaragoza, pero excluye pronunciarse sobre las materias relativas a la prescripción de los delitos, sobre la posible aplicación o no de la Ley de Amnistía o sobre si los hechos que se pretendían investigar estaban indiciariamente acreditados y en caso de estarlo si eran constitutivos de delitos y si había personas responsables de los mismos.
El magistrado Javier Martínez Lázaro ha formulado un voto concurrente en el que se muestra de acuerdo en que los crímenes del franquismo tienen la "apariencia" de crímenes contra la Humanidad, pero el fallecimiento de sus autores determina la incompetencia de la Audiencia. Martínez Lázaro considera que el proceso penal no puede ser un medio para construir la verdad histórica sobre gravísimos crímenes nunca sometidos a investigación judicial, pero sin embargo, ello no implica la ausencia de toda tutela judicial a las víctimas y reconoce el derecho de los perjudicados a abrir las fosas.
Los discrepantes creen que otro país puede perseguir ahora los crímenes
Los tres magistrados de la Audiencia Nacional que han discrepado de la mayoría aseguran que el juez Baltasar Garzón era competente para investigar los crímenes del franquismo y que la "actitud claudicante" de la jurisdicción española deja abierta la puerta a que ahora pueda perseguir esos crímenes cualquier otro país, lo mismo que ha hecho España con las dictaduras de diversos Estados latinoamericanos.
Los magistrados José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel subrayan la "importancia histórica" del caso por tratarse de los "hechos con relevancia penal más graves" presentados ante la jurisdicción española. Y justifican la competencia de Garzón en que además de los asesinatos y enterramientos de la guerra se sigue ignorando la suerte de miles de fusilados y dónde fueron ocultados sus cuerpos, así como el paradero de 30.000 niños secuestrados a sus madres en establecimientos carcelarios y el de los niños perdidos de la República.
Los disidentes cargan contra el fiscal por "abuso del proceso" al no decir qué juez sería el competente de no serlo Garzón y porque lo actuado por éste era, a su entender, válido o convalidable. El vínculo de competencia lo ven en el delito contra los altos organismos de la nación de la actual Ley Orgánica del Poder Judicial y no comparten que se tratase de un delito de rebelión militar. Concluyen asegurando que si se hubiera producido una denegación de justicia, se podría determinar la "responsabilidad internacional del Estado español".
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La Audiencia no investiga el franquismo porque no le compete el ...
La Vanguardia -
La AN cree que Garzón debió esperar para abrir tumbas
La Opinión de Tenerife -
La Audiencia dice que nunca hubo imputables en la causa del franquismo
ABC.es -
La Audiencia Nacional deja abierta la puerta a la persecución de ...
Diario Vasco -
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viernes, 5 de diciembre de 2008
Tres jueces de la AN denuncian la "indefensión" de las víctimas del franquismo.
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Tres jueces denuncian la "indefensión" de las víctimas del franquismo
Los magistrados votaron en contra del cierre de la causa penal.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 05/12/2008 00:32
La Audiencia Nacional puso este jueves punto final a la primera causa penal abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, aunque dejó un resquicio: los Juzgados donde se han encontrado fosas deberán decidir si hacen suyos los argumentos de Baltasar Garzón e investigan los que se cometieron en su jurisdicción o, por el contrario, rechazan abrir un proceso.
La resolución hecha pública este jueves declara la falta de competencia de Garzón para investigar el franquismo y anula "todos los actos y resoluciones posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre", en el que el propio juez se inhibió a favor de los juzgados donde se produjeron dichos crímenes, circunscritos a donde se han encontrado fosas.
Fuentes jurídicas señalaron a Público que Garzón ya ha remitido todas las inhibiciones necesarias para la apertura de las fosas solicitadas, por lo que seguirán su curso pese a la decisión de la Sala, que en cualquier caso deja abierta "la competencia que pudiera corresponder a otros órganos judiciales". Es decir, que serán estos Juzgados los que deberán decidir si consideran que los crímenes del franquismo son delitos contra la humanidad, imprescriptibles y no amnistiables, o no, como sostenía la Fiscalía en sus escritos.
Rebelión y "premuertas"
El auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, no entra a dilucidar esta cuestión y se limita únicamente a establecer que Garzón no es competente para investigar estos crímenes porque el golpe de Estado dado contra la segunda República fue un delito de rebelión, que no es competencia de la Audiencia Nacional. El propio Garzón "lo reconoce" así en su auto del pasado 16 de octubre "al referirse a ‘alzamiento e insurrección armada' o adjetivar a sus protagonistas como ‘rebeldes', porque ‘se alzaron o rebelaron contra el Gobierno legítimo", señala la resolución de la Sala.
Además de determinar que el golpe fue una rebelión -no enmarcable en los delitos contra altos organismos de la nación, como sostenía Garzón-, el tribunal señala que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no debió abrir una causa penal contra el dictador Francisco Franco y 34 de sus generales y ministros, porque nunca hubo causa penal contra estas personas, al "estar todas premuertas" cuando incoó las diligencias.
Discrepancias en la Sala
La falta de competencia de Garzón "no implica la nulidad de todo lo actuado", afirma el auto en relación con las peticiones de información a múltiples organismos solicitada por el juez antes de declararse competente. Pero fue la propia Sala de lo Penal la que paralizó la apertura de nuevas fosas a petición de la Fiscalía. Ayer también se notificó el auto en el que se justifica esta medida con el objetivo de preservar "el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera no tener competencia".
Las dos resoluciones cuentan con sendos votos particulares. El de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel considera que con la decisión del Pleno sobre competencias "no se ha atendido -tras tantos años de silencio e impunidad impuestos- al derecho de acceso a la justicia y a una tutela efectiva de los derechos de las víctimas". "Si se hubiera producido una denegación de justicia, ello podría determinar la responsabilidad internacional del Estado español, y el poder jurisdiccional es Estado y está en condiciones de asumir dicha responsabilidad", aseveran en su voto, que advierte de que cualquier otro país podría investigar estos crímenes, como ocurrió en la propia Audiencia con los cometidos en Chile y Argentina.
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Documentos relacionados
Auto que resuelve competencia
Voto discrepante al auto de la Sala de lo Penal
Voto concurrente con la mayoría
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Tres jueces denuncian la "indefensión" de las víctimas del franquismo
Los magistrados votaron en contra del cierre de la causa penal.
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 05/12/2008 00:32
La Audiencia Nacional puso este jueves punto final a la primera causa penal abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo, aunque dejó un resquicio: los Juzgados donde se han encontrado fosas deberán decidir si hacen suyos los argumentos de Baltasar Garzón e investigan los que se cometieron en su jurisdicción o, por el contrario, rechazan abrir un proceso.
La resolución hecha pública este jueves declara la falta de competencia de Garzón para investigar el franquismo y anula "todos los actos y resoluciones posteriores, incluido el auto de 18 de noviembre", en el que el propio juez se inhibió a favor de los juzgados donde se produjeron dichos crímenes, circunscritos a donde se han encontrado fosas.
Fuentes jurídicas señalaron a Público que Garzón ya ha remitido todas las inhibiciones necesarias para la apertura de las fosas solicitadas, por lo que seguirán su curso pese a la decisión de la Sala, que en cualquier caso deja abierta "la competencia que pudiera corresponder a otros órganos judiciales". Es decir, que serán estos Juzgados los que deberán decidir si consideran que los crímenes del franquismo son delitos contra la humanidad, imprescriptibles y no amnistiables, o no, como sostenía la Fiscalía en sus escritos.
Rebelión y "premuertas"
El auto del que ha sido ponente el presidente de la Sala de lo Penal, Javier Gómez Bermúdez, no entra a dilucidar esta cuestión y se limita únicamente a establecer que Garzón no es competente para investigar estos crímenes porque el golpe de Estado dado contra la segunda República fue un delito de rebelión, que no es competencia de la Audiencia Nacional. El propio Garzón "lo reconoce" así en su auto del pasado 16 de octubre "al referirse a ‘alzamiento e insurrección armada' o adjetivar a sus protagonistas como ‘rebeldes', porque ‘se alzaron o rebelaron contra el Gobierno legítimo", señala la resolución de la Sala.
Además de determinar que el golpe fue una rebelión -no enmarcable en los delitos contra altos organismos de la nación, como sostenía Garzón-, el tribunal señala que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 no debió abrir una causa penal contra el dictador Francisco Franco y 34 de sus generales y ministros, porque nunca hubo causa penal contra estas personas, al "estar todas premuertas" cuando incoó las diligencias.
Discrepancias en la Sala
La falta de competencia de Garzón "no implica la nulidad de todo lo actuado", afirma el auto en relación con las peticiones de información a múltiples organismos solicitada por el juez antes de declararse competente. Pero fue la propia Sala de lo Penal la que paralizó la apertura de nuevas fosas a petición de la Fiscalía. Ayer también se notificó el auto en el que se justifica esta medida con el objetivo de preservar "el derecho de las víctimas al proceso, evitando la pérdida de fuentes de prueba o de vestigios que pudiera derivarse de la nulidad de los actos procesales realizados por quien pudiera no tener competencia".
Las dos resoluciones cuentan con sendos votos particulares. El de José Ricardo de Prada, Clara Bayarri y Ramón Sáez Valcárcel considera que con la decisión del Pleno sobre competencias "no se ha atendido -tras tantos años de silencio e impunidad impuestos- al derecho de acceso a la justicia y a una tutela efectiva de los derechos de las víctimas". "Si se hubiera producido una denegación de justicia, ello podría determinar la responsabilidad internacional del Estado español, y el poder jurisdiccional es Estado y está en condiciones de asumir dicha responsabilidad", aseveran en su voto, que advierte de que cualquier otro país podría investigar estos crímenes, como ocurrió en la propia Audiencia con los cometidos en Chile y Argentina.
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martes, 11 de noviembre de 2008
Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes
M. A. - Madrid - 11/11/2008
Los cinco magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que el pasado viernes votaron en contra de obligar a paralizar la apertura de 25 fosas comunes -entre ellas las de Federico García Lorca y el Valle de los Caídos- consideran que el tribunal no podía dar una orden de esas características al juez Baltasar Garzón. Los integrantes de la Sala que han firmado un voto particular conjunto y discrepante con la prohibición de exhumar fusilados de la Guerra Civil creen que el fiscal se equivocó de vía a la hora de solicitarla ante la Sala.
Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008
Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.
Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.
Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
Al pleno de la Sala faltaron tres magistrados. Ni Clara Bayarri ni José Ricardo de Prada ni Enrique López se encontraban en Madrid cuando se convocó.
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Cinco jueces atacan al fiscal por impedir que se abran las fosas
Diario Córdoba
Garzón baraja la opción más deseada en la Audiencia Nacional
El Semanal Digital -
Cinco magistrados afirman que la Sala de lo Penal se extralimitó ...
El Correo Gallego -
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Cinco magistrados rechazan el veto a la apertura de fosas
Alegan que la decisión se tomó sin informar a las partes
M. A. - Madrid - 11/11/2008
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Auto de la Audiencia sobre la paralización de la apetura de fosas + voto particular
DOCUMENTO (PDF - 208,31Kb) - 10-11-2008
Los jueces sostienen que se vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva
El escrito del fiscal, presentado a las 9.00 del viernes y que fue estudiado en un pleno extraordinario de la Sala fijado con urgencia para las 13.00 de ese día, era una ampliación de la petición del Ministerio Público a ese mismo tribunal para que declarara que Garzón no era competente en la causa contra el franquismo. Es la primera vez que se cuestiona la competencia de un juez de la Audiencia, y el veredicto aún no se ha tomado.
Los cinco jueces discrepantes con la paralización de las fosas -Teresa Palacios, Manuela Fernández Prado, Ángeles Barreiro, Ramón Sáez Valcárcel y Javier Martínez Lázaro- consideran que las resoluciones autorizando nuevas exhumaciones sólo podían impugnarse mediante los recursos establecidos por la ley. Los magistrados creen que el fiscal debería haber presentado un recurso de reforma ante el propio juez y, en caso de que fuera rechazado (o simultáneamente), presentar uno de apelación ante la Sala de lo Penal. Se adhieren así a la posición de Garzón, que utilizó ese mismo argumento para negarse a tramitar la apelación (directa a la Sala, sin previo recurso de reforma) planteada por el fiscal.
Los magistrados invocan el artículo 12.2 de la Ley Orgánica del Poder Judicial que establece que "no podrán los jueces y tribunales corregir la aplicación o interpretación del ordenamiento jurídico hecha por sus inferiores en el orden jerárquico judicial sino cuando administren justicia en virtud de los recursos que las leyes establezcan", algo que, consideran, el fiscal no ha hecho.
El voto particular reprocha al fiscal que eligiese una vía (la cuestión de competencia) "al margen del procedimiento, sin audiencia de las partes y sin que fuere a través de un recurso". El hecho de que no se informara a las asociaciones, a UGT, al abogado de la nieta del ex presidente del Consejo de Ministros Juan Negrín y al resto de colectivos presentes en la causa es el argumento que utilizarán previsiblemente para recurrir. Para los firmantes, el auto, tal y como se ha tramitado, provoca indefensión y vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva.
Las dos únicas vías que deja a las asociaciones la prohibición de exhumar son, según fuentes jurídicas, el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional o plantear la nulidad de la decisión ante la propia Sala de lo Penal por no haberles informado ni permitido alegar. Ninguna de las dos parece buena para los parientes de los fusilados. Si deciden pedir la nulidad, serán los mismos magistrados que se reunieron el viernes quienes decidan sobre ella. La vía del Constitucional es más segura, pero mucho más lenta.
Al pleno de la Sala faltaron tres magistrados. Ni Clara Bayarri ni José Ricardo de Prada ni Enrique López se encontraban en Madrid cuando se convocó.
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Cinco jueces atacan al fiscal por impedir que se abran las fosas
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Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones.
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Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones
La vicepresidenta De la Vega muestra «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y UGT la rechaza
Oviedo / Madrid, L. Á. VEGA / Agencias
La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de la Guerra Civil ha suscitado indignación entre las entidades implicadas en este proceso, y las asturianas no son excepción. Víctor Luis Álvarez, presidente de Memoria Histórica Asturiana, aseguró ayer que no duda de que es el Gobierno quien bloquea las exhumaciones. «El fiscal Zaragoza depende del fiscal general, Conde-Pumpido, y éste, del Gobierno», indicó. Para Álvarez, «la ley de Memoria ha resultado una estafa, no vale para nada y sólo ha servido para engañar a los ciudadanos, con el apoyo de Llamazares». En realidad, dijo, «no hay voluntad política». Y afirmó que el abuelo del fiscal general Luciano Conde-Pumpido firmó miles de condenas a muerte.
Las cifras de la represión franquista en Asturias no están claras. Para Todos los Nombres rondan los 22.000. Para Memoria Histórica Asturiana hubo 3.000 y 4.000 fusilados tras consejo de guerra y otros tantos desaparecidos. Víctor Luis Álvarez no niega asesinatos en el lado republicano (unas 2.100 víctimas), pero indica que fue «incontrolada» , mientras que la franquista fue «sistemática y organizada».
El actual proceso «debería haber terminado con juicios, como ocurrió en Francia y Alemania», opinó Álvarez. Indicó, sin embargo, que hay abierta una vía en Estados Unidos, donde hay varios nazis del campo de Mauthausen pendientes de extradición a España y cuyo juicio podría demostrar el ánimo exterminador de la Falange, Serrano Súñez y todo el régimen franquista.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró ayer el «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y recalcó que los mecanismos judiciales determinarán el «fin último» de la iniciativa. También reclamó el necesario «sosiego y rigor» para abordar una cuestión tan peliaguda como ésta. Y mantuvo que las iniciativas incluidas en la ley de Memoria Histórica siguen adelante.
En la misma línea se expresó ayer el presidente del PSOE andaluz, Manuel Chaves, quien afirmó que «en un Estado de derecho hay que acatar las decisiones judiciales». Menos de acuerdo se mostró UGT, que considera que la decisión de la Audiencia Nacional «no está justificada, dado que no hay ningún perjuicio para las partes ni se provoca indefensión». El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, celebró que la Audiencia haya dicho «que hay jueces que deberían ocuparse de cosas distintas».
*Fuente: La Nueva España, 9 de noviembre de 2008
http://www.lne. es:80/secciones/ noticia.jsp? pRef=2008110900_ 43_694395_ _Espana-asociaci ones-tildan- estafa-Memoria- tras-paron- exhumaciones
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Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones
La vicepresidenta De la Vega muestra «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y UGT la rechaza
Oviedo / Madrid, L. Á. VEGA / Agencias
La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de la Guerra Civil ha suscitado indignación entre las entidades implicadas en este proceso, y las asturianas no son excepción. Víctor Luis Álvarez, presidente de Memoria Histórica Asturiana, aseguró ayer que no duda de que es el Gobierno quien bloquea las exhumaciones. «El fiscal Zaragoza depende del fiscal general, Conde-Pumpido, y éste, del Gobierno», indicó. Para Álvarez, «la ley de Memoria ha resultado una estafa, no vale para nada y sólo ha servido para engañar a los ciudadanos, con el apoyo de Llamazares». En realidad, dijo, «no hay voluntad política». Y afirmó que el abuelo del fiscal general Luciano Conde-Pumpido firmó miles de condenas a muerte.
Las cifras de la represión franquista en Asturias no están claras. Para Todos los Nombres rondan los 22.000. Para Memoria Histórica Asturiana hubo 3.000 y 4.000 fusilados tras consejo de guerra y otros tantos desaparecidos. Víctor Luis Álvarez no niega asesinatos en el lado republicano (unas 2.100 víctimas), pero indica que fue «incontrolada» , mientras que la franquista fue «sistemática y organizada».
El actual proceso «debería haber terminado con juicios, como ocurrió en Francia y Alemania», opinó Álvarez. Indicó, sin embargo, que hay abierta una vía en Estados Unidos, donde hay varios nazis del campo de Mauthausen pendientes de extradición a España y cuyo juicio podría demostrar el ánimo exterminador de la Falange, Serrano Súñez y todo el régimen franquista.
Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró ayer el «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y recalcó que los mecanismos judiciales determinarán el «fin último» de la iniciativa. También reclamó el necesario «sosiego y rigor» para abordar una cuestión tan peliaguda como ésta. Y mantuvo que las iniciativas incluidas en la ley de Memoria Histórica siguen adelante.
En la misma línea se expresó ayer el presidente del PSOE andaluz, Manuel Chaves, quien afirmó que «en un Estado de derecho hay que acatar las decisiones judiciales». Menos de acuerdo se mostró UGT, que considera que la decisión de la Audiencia Nacional «no está justificada, dado que no hay ningún perjuicio para las partes ni se provoca indefensión». El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, celebró que la Audiencia haya dicho «que hay jueces que deberían ocuparse de cosas distintas».
*Fuente: La Nueva España, 9 de noviembre de 2008
http://www.lne. es:80/secciones/ noticia.jsp? pRef=2008110900_ 43_694395_ _Espana-asociaci ones-tildan- estafa-Memoria- tras-paron- exhumaciones
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Los afectados por la decisión de la Audiencia de paralizar las exhumaciones responden ante la Justicia.
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Los afectados por la decisión de la Audiencia de paralizar las exhumaciones responden ante la Justicia
La nieta de Negrín ha recusado a la sala de lo Penal y también va a recurrir UGT. Es la primera de una larga cadena de recusaciones que anuncian los familiares de las víctimas
http://www.cadenase r.com/csermedia/ cadenaser/ media/200811/ 09/espana/ 20081109csrcsrna c_1_Pes_PDF. doc
(Resumen del escrito en el que Carmen Negrín recusa la sentencia a la Sala de lo Penal)
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 09-11-2008
Carmen Negrín, la nieta del ex jefe de Gobierno de la República, ha presentado el documento de abstención en el que reclama que le les trate con imparcialidad. "Porque tiene derecho", dice textualmente a ser oídos en cualquier trámite de este caso" y mas aún, en una medida cautelarísima tan importante como es la paralización de las exhumaciones, ordenada por la Sala de lo Penal.
DOCUMENTO: Resumen del escrito en el que Carmen Negrín recusa la sentencia a la sala de lo Penal Negrín ha presentado la demanda de abstención, a la que tenido acceso esta redacción, en los juzgados de guardia de plaza de Castilla en Madrid y en ella solicita al presidente de lo Penal, Javier Gómez Bernudez, y a otros nueve magistrados los que votaron a favor de la paralización de las exhumaciones, que se abstengan y se aparten del conocimiento de este procedimiento porque han cometido una muy grave falta de imparcialidad.
La nieta de Negrín asegura que estos diez magistrados se han autoasignado el papel de juez porque han resuelto una petición del fiscal sin preguntar la opinión de los demás. Se trata, según la demanda, de una vulneración a un proceso con todas las garantías porque tienen derecho a ser oídos y a no estar sometidos a indefensión.
La demanda de abstención llegará este próximo lunes a la Audiencia nacional y tendrá que ser resuelta por la denominada sala del 69, compuesta por un grupo de magistrados distintos de las salas Social y Contencioso. Mientras se resuelve el incidente, la sala de lo penal, estos diez magistrados recusados, no podrán tomar decisiones.
*Fuente: Cadena SER, 9 de noviembre de 2008
http://www.cadenase r.com/sociedad/ articulo/ afectados- decision- audiencia- paralizar- exhumaciones/ csrcsrpor/ 20081109csrcsrso c_4/Tes
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Los afectados por la decisión de la Audiencia de paralizar las exhumaciones responden ante la Justicia
La nieta de Negrín ha recusado a la sala de lo Penal y también va a recurrir UGT. Es la primera de una larga cadena de recusaciones que anuncian los familiares de las víctimas
http://www.cadenase r.com/csermedia/ cadenaser/ media/200811/ 09/espana/ 20081109csrcsrna c_1_Pes_PDF. doc
(Resumen del escrito en el que Carmen Negrín recusa la sentencia a la Sala de lo Penal)
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 09-11-2008
Carmen Negrín, la nieta del ex jefe de Gobierno de la República, ha presentado el documento de abstención en el que reclama que le les trate con imparcialidad. "Porque tiene derecho", dice textualmente a ser oídos en cualquier trámite de este caso" y mas aún, en una medida cautelarísima tan importante como es la paralización de las exhumaciones, ordenada por la Sala de lo Penal.
DOCUMENTO: Resumen del escrito en el que Carmen Negrín recusa la sentencia a la sala de lo Penal Negrín ha presentado la demanda de abstención, a la que tenido acceso esta redacción, en los juzgados de guardia de plaza de Castilla en Madrid y en ella solicita al presidente de lo Penal, Javier Gómez Bernudez, y a otros nueve magistrados los que votaron a favor de la paralización de las exhumaciones, que se abstengan y se aparten del conocimiento de este procedimiento porque han cometido una muy grave falta de imparcialidad.
La nieta de Negrín asegura que estos diez magistrados se han autoasignado el papel de juez porque han resuelto una petición del fiscal sin preguntar la opinión de los demás. Se trata, según la demanda, de una vulneración a un proceso con todas las garantías porque tienen derecho a ser oídos y a no estar sometidos a indefensión.
La demanda de abstención llegará este próximo lunes a la Audiencia nacional y tendrá que ser resuelta por la denominada sala del 69, compuesta por un grupo de magistrados distintos de las salas Social y Contencioso. Mientras se resuelve el incidente, la sala de lo penal, estos diez magistrados recusados, no podrán tomar decisiones.
*Fuente: Cadena SER, 9 de noviembre de 2008
http://www.cadenase r.com/sociedad/ articulo/ afectados- decision- audiencia- paralizar- exhumaciones/ csrcsrpor/ 20081109csrcsrso c_4/Tes
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lunes, 10 de noviembre de 2008
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