Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones.

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Las asociaciones tildan de «estafa» la ley de Memoria tras el parón de las exhumaciones

La vicepresidenta De la Vega muestra «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y UGT la rechaza

Oviedo / Madrid, L. Á. VEGA / Agencias

La decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de la Guerra Civil ha suscitado indignación entre las entidades implicadas en este proceso, y las asturianas no son excepción. Víctor Luis Álvarez, presidente de Memoria Histórica Asturiana, aseguró ayer que no duda de que es el Gobierno quien bloquea las exhumaciones. «El fiscal Zaragoza depende del fiscal general, Conde-Pumpido, y éste, del Gobierno», indicó. Para Álvarez, «la ley de Memoria ha resultado una estafa, no vale para nada y sólo ha servido para engañar a los ciudadanos, con el apoyo de Llamazares». En realidad, dijo, «no hay voluntad política». Y afirmó que el abuelo del fiscal general Luciano Conde-Pumpido firmó miles de condenas a muerte.

Las cifras de la represión franquista en Asturias no están claras. Para Todos los Nombres rondan los 22.000. Para Memoria Histórica Asturiana hubo 3.000 y 4.000 fusilados tras consejo de guerra y otros tantos desaparecidos. Víctor Luis Álvarez no niega asesinatos en el lado republicano (unas 2.100 víctimas), pero indica que fue «incontrolada» , mientras que la franquista fue «sistemática y organizada».

El actual proceso «debería haber terminado con juicios, como ocurrió en Francia y Alemania», opinó Álvarez. Indicó, sin embargo, que hay abierta una vía en Estados Unidos, donde hay varios nazis del campo de Mauthausen pendientes de extradición a España y cuyo juicio podría demostrar el ánimo exterminador de la Falange, Serrano Súñez y todo el régimen franquista.

Por su parte, la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, mostró ayer el «máximo respeto» por la decisión de la Audiencia Nacional y recalcó que los mecanismos judiciales determinarán el «fin último» de la iniciativa. También reclamó el necesario «sosiego y rigor» para abordar una cuestión tan peliaguda como ésta. Y mantuvo que las iniciativas incluidas en la ley de Memoria Histórica siguen adelante.
En la misma línea se expresó ayer el presidente del PSOE andaluz, Manuel Chaves, quien afirmó que «en un Estado de derecho hay que acatar las decisiones judiciales». Menos de acuerdo se mostró UGT, que considera que la decisión de la Audiencia Nacional «no está justificada, dado que no hay ningún perjuicio para las partes ni se provoca indefensión». El presidente nacional del PP, Mariano Rajoy, celebró que la Audiencia haya dicho «que hay jueces que deberían ocuparse de cosas distintas».

*Fuente: La Nueva España, 9 de noviembre de 2008
http://www.lne. es:80/secciones/ noticia.jsp? pRef=2008110900_ 43_694395_ _Espana-asociaci ones-tildan- estafa-Memoria- tras-paron- exhumaciones
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Memoria.- Demandantes respetan la decisión de Garzón pero recuerdan que ya hay archivos sobre desaparecidos "nacionales"

Fuente: http://www.europapress.es/


Memoria.- Demandantes respetan la decisión de Garzón pero ...

Memoria.- Demandantes respetan la decisión de Garzón pero recuerdan que ya hay archivos sobre desaparecidos "nacionales"

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MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Representantes de las principales asociaciones para la recuperación de la memoria histórica apoyaron hoy la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de incluir a tribunales republicanos en su petición de información para la elaboración de un censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo, pero recordaron que ya existen archivos, como el elaborado con motivo de la Causa General, que recogen esa información.

Según señalaron a Europa Press, las asociaciones entienden que el juez quiera hacerse con el mayor volumen de información posible sobre las desapariciones durante la Guerra Civil y situaron su petición en el ámbito de "querer saber toda la verdad". "Desde el rigor, es lo mejor que se puede hacer", reconoció el vicepresidente de la asociación granadina, Rafael Gil, a Europa Press.

Sin embargo, recordaron que durante el franquismo ya se efectuaron investigaciones sobre los actos cometidos en las zonas republicanas y recordaron la denominada Causa General. El abogado de las asociaciones para la recuperación de la memoria, Fernando Magán, apuntó también la existencia de archivos militares, estatales e incluso municipales.

La denominada Causa General tiene el nombre completo de 'Causa General Instruida por el Ministerio Fiscal sobre la dominación roja en España' y se trata de un proceso de investigación impulsado por el régimen franquista para conocer "los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja".

Esta información recoge las circunstancias y detalles de crímenes contra personas y bienes cometidos durante la Guerra Civil en las zonas de control del bando republicano, además de todo tipo de acciones emprendidas por las autoridades, fuerzas armadas y de seguridad y partidarios de los gobiernos desde la instauración de la Segunda República en 1931.

Este proceso de recopilación se llevó a cabo en toda España bajo la responsabilidad del fiscal jefe de la Causa General y acumuló una enorme documentación que es conservada desde el año 1980 en el Archivo Histórico Nacional de España, situado en Madrid.

Así, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, manifestó a Europa Press su respaldo a la decisión de Garzón "para contrastar la mayor información posible" pero recordó que muchos de los que formaron parte de los tribunales republicanos ya fueron fusilados durante el franquismo.

CONTRASTAR DATOS
El vicepresidente de la asociación granadina indicó que estos nuevos datos reclamados por el juez pueden servir incluso para "comparar" los desaparecidos de ambos bandos. "Así se podrá comparar con datos oficiales lo que ya se conocía y lo que no se conocía", argumentó antes de señalar que el porcentaje puede llegar incluso a "uno a seis o uno a diez".

Margarida Capellán, jurista de las asociaciones, también manifestó a Europa Press su respeto a la petición de Baltasar Garzón pero recordó que muchas de las fosas en las que fueron enterrados los muertos del bando franquista ya fueron abiertas durante los años de dictadura.

A su juicio, el juez tiene la intención de admitir a trámite su demanda y por ello pide todos los datos posibles. Sin embargo, recordó que no se pueden investigar desapariciones sin que nadie haya presentado una demanda sobre ellas.