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Memoria.- IU e ICV dan por roto su compromiso con el Gobierno ...
IU e ICV dan por roto su compromiso con el Gobierno porque cree que Zapatero "abre la puerta a la impunidad"
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MADRID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, dio por "roto" el compromiso que su formación e Izquierda Unida mantenían con el Gobierno en materia de memoria histórica porque considera que, al afirmar que hay que "arrojar al olvido" a los franquistas, el jefe el Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, ha abierto "la puerta a la impunidad" en lo relativo a la dictadura.
Así lo advirtió Herrera tras debatir con el presidente del Gobierno en el Pleno del Congreso sobre esta cuestión. Herrera le preguntó a Zapatero qué va a hacer para garantizar los derechos de las víctimas de la represión franquista. "Recordemos a las víctimas, permitamos que recuperen los derechos que no han tenido y arrojemos al olvido a aquellos que promovieron esa tragedia en nuestro país. Esa será la mejor lección, hagámoslo unidos", le contestó Zapatero.
En opinión de Herrera, al decir que hay que "olvidar a Franco", el presidente del Gobierno "abre la puerta a la impunidad hacia la dictadura de Franco y cualquier otra dictadura y convierte a España en uno de los países más desmemoriados del mundo respecto a los crímenes que sufrió en el pasado".
Por eso, IU e ICV, que apoyaron la Ley de Memoria Histórica pese a considerarla insuficiente en algunos aspectos, han decidido dar por roto el compromiso que hasta ahora mantenían con el Ejecutivo sobre este asunto.
"Hoy el Gobierno ha finiquitado con nosotros su compromiso con la memoria histórica y con el derecho internacional", advirtió el portavoz de ICV. "El olvido nos condena a la impunidad y, lo que es peor, dejamos la puerta abierta a que la historia se repita", agregó.
En este sentido, recalcó que "por más que Zapatero pretenda que se corra un tupido velo sobre el franquismo" y que España caiga en un estado de "amnesia colectiva" hay mucha gente que seguirá "luchando por los derechos de las víctimas y los familiares que sufrieron una dictadura cruel".
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miércoles, 26 de noviembre de 2008
jueves, 13 de noviembre de 2008
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
El Confidencial -
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
Última Hora Digital -
Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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El Confidencial -
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
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Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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domingo, 2 de noviembre de 2008
Memoria histórica. el gobierno hará un mapa de localización de las víctimas franquistas que se podrá consultar por internet
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Memoria histórica. el gobierno hará un mapa de localización de las ...
Memoria histórica. el gobierno hará un mapa de localización de las víctimas franquistas que se podrá consultar por internet
MADRID, 31 (SERVIMEDIA)
El Consejo de Ministros aprobó hoy la elaboración de un mapa, que se podrá consultar por Internet, e integrará los mapas que elaboren las distintas Administraciones Públicas de los territorios donde se localicen restos de las víctimas del franquismo.
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de medidas que competen a los Ministerios de Justicia y de la Presidencia para desarrollo de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, de diciembre de 2007, también conocida como Ley de Memoria Histórica.
En el Mapa se integrarán cuestiones como la información de los terrenos en los que se localicen los restos, los datos necesarios para su identificación geográfica, si se han efectuado o no las inhumaciones o los resultados de éstas.
El objetivo es vertebrar la información procedente de las diversas Administraciones Públicas, estableciendo, de acuerdo con ellas, una metodología común sobre los datos que habrán de ser remitidos a la Administración General del Estado y sobre su forma de envío, para integrarlo en un mapa común que se ponga a disposición de los interesados mediante una página web.
Según este acuerdo, se elaborará también un Protocolo de actuación científica multidisciplinar para la realización de las exhumaciones que tendrá por finalidad fijar el procedimiento y los requerimientos técnicos, materiales y humanos para proceder a la realización de las exhumaciones en los lugares en los que se produjo su enterramiento como consecuencia de la guerra civil y la dictadura.
Así, el Gobierno asegura que dicha exhumación se realiza con suficientes garantías para preservar los restos y que dichas exhumaciones se hacen de una manera uniforme en todo el territorio nacional.
Este Protocolo se realizará, de acuerdo con la que la propia ley dispone, en colaboración con todas las Administraciones Públicas. A tal efecto, se firmarán Convenios con dichas Administraciones para su implantación.
(SERVIMEDIA) 31-OCT-2008 LDC/mfg
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Memoria histórica. el gobierno hará un mapa de localización de las ...
Memoria histórica. el gobierno hará un mapa de localización de las víctimas franquistas que se podrá consultar por internet
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El Consejo de Ministros aprobó hoy la elaboración de un mapa, que se podrá consultar por Internet, e integrará los mapas que elaboren las distintas Administraciones Públicas de los territorios donde se localicen restos de las víctimas del franquismo.
El Consejo de Ministros ha tomado conocimiento de medidas que competen a los Ministerios de Justicia y de la Presidencia para desarrollo de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, de diciembre de 2007, también conocida como Ley de Memoria Histórica.
En el Mapa se integrarán cuestiones como la información de los terrenos en los que se localicen los restos, los datos necesarios para su identificación geográfica, si se han efectuado o no las inhumaciones o los resultados de éstas.
El objetivo es vertebrar la información procedente de las diversas Administraciones Públicas, estableciendo, de acuerdo con ellas, una metodología común sobre los datos que habrán de ser remitidos a la Administración General del Estado y sobre su forma de envío, para integrarlo en un mapa común que se ponga a disposición de los interesados mediante una página web.
Según este acuerdo, se elaborará también un Protocolo de actuación científica multidisciplinar para la realización de las exhumaciones que tendrá por finalidad fijar el procedimiento y los requerimientos técnicos, materiales y humanos para proceder a la realización de las exhumaciones en los lugares en los que se produjo su enterramiento como consecuencia de la guerra civil y la dictadura.
Así, el Gobierno asegura que dicha exhumación se realiza con suficientes garantías para preservar los restos y que dichas exhumaciones se hacen de una manera uniforme en todo el territorio nacional.
Este Protocolo se realizará, de acuerdo con la que la propia ley dispone, en colaboración con todas las Administraciones Públicas. A tal efecto, se firmarán Convenios con dichas Administraciones para su implantación.
(SERVIMEDIA) 31-OCT-2008 LDC/mfg
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jueves, 16 de octubre de 2008
ICV ve "lamentable" que la Fiscalía obstruya la investigación de Garzón y pregunta al Gobierno si está detrás.
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Memoria.- ICV ve "lamentable" que la Fiscalía obstruya la ...
Memoria.- ICV ve "lamentable" que la Fiscalía obstruya la investigación de Garzón y pregunta al Gobierno si está detrás
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MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -
El portavoz de ICV en el Congreso, Joan Herrera, considera "lamentable" que la Fiscalía de la Audiencia Nacional "obstruya" la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo y quiere saber si el Ministerio Fiscal ha decidido recurrir el auto sobre este caso dictado hoy siguiendo órdenes del Gobierno.
Con el objetivo de investigar cómo va a reaccionar el Ejecutivo ante la instrucción anunciada por Garzón, Herrera ha registrado una batería de preguntas en el Congreso. Entre otras cosas, el diputado aspira a que el Ejecutivo le aclare si tiene intención de oponerse al recurso de la Fiscalía, mediante la Abogacía del Estado u otros mecanismos.
A su juicio, es "lamentable" que "en vez de buscar la verdad" el Ministerio Público "se dedique a poner obstáculos" a la investigación de los crímenes cometidos durante la contienda civil y la dictadura posterior.
"Con esta decisión la Fiscalía se pone al nivel de los peores ejemplos de la Justicia española en la línea de sentencias dictadas desde la sala de lo militar en el Tribunal Supremo", denunció el portavoz de la formación ecosocialista.
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A su juicio, es "lamentable" que "en vez de buscar la verdad" el Ministerio Público "se dedique a poner obstáculos" a la investigación de los crímenes cometidos durante la contienda civil y la dictadura posterior.
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sábado, 4 de octubre de 2008
Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente
http://www.elpais.com/espana/
Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente
CARLOS E. CUÉ
El Ejecutivo inicia el desarrollo de la Ley de Memoria, aprobada en enero
La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.
"Quiero ser ciudadano del país por el que luché"
"Se valora el tiempo que hemos estado en el olvido"
"Fue una de las últimas víctimas de Franco"
"Si hubiera escapado en su yegua, que corría más que el viento..."
"Quienes lo mataron deberían haber pagado"
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Ver cobertura completa
Hubo 210.000 asesinados, 400.000 encarcelados y 650.000 exiliados
Otro decreto repara a quienes murieron por la democracia entre 1968 y 1977
Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.
La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.
Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes.
El cálculo de más de un millón de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 años de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos últimos tuvieron su reconocimiento oficial por el régimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron cárcel, campos de concentración, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que señalan que en 1940 llegó a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos políticos, y está certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que huían de la persecución política, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que con esta declaración se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".
Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos más polémicos aún por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaración sobre la retirada de símbolos franquistas-, también son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnización de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de víctimas del terrorismo (1968 es el año en que ETA empezó a matar).
El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad española en 1996, cuando se aprobó una ley que lo permitía, pero no pudieron porque sus países les exigían que renunciaran a la suya. El decreto permitirá la doble nacionalidad.
Por último, un decreto permitirá a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia íntima, por ejemplo- que fueron incautados por el régimen y están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.
Cuatro decretos
- Declaración oficial. "Reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura". Lo pueden solicitar "el cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
- Indemnizaciones a los asesinados entre 1968 y 1977. "A personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (de 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977)". Para los fallecidos son 135.000 euros.
- Nacionalidad. Para los brigadistas internacionales
a los que les obligaban a renunciar a la suya en sus países.
- Documentos privados. Se restituirán "documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de carácter privado".
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Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente
CARLOS E. CUÉ
El Ejecutivo inicia el desarrollo de la Ley de Memoria, aprobada en enero
La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.
"Quiero ser ciudadano del país por el que luché"
"Se valora el tiempo que hemos estado en el olvido"
"Fue una de las últimas víctimas de Franco"
"Si hubiera escapado en su yegua, que corría más que el viento..."
"Quienes lo mataron deberían haber pagado"
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
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Hubo 210.000 asesinados, 400.000 encarcelados y 650.000 exiliados
Otro decreto repara a quienes murieron por la democracia entre 1968 y 1977
Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.
La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.
Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes.
El cálculo de más de un millón de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 años de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos últimos tuvieron su reconocimiento oficial por el régimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron cárcel, campos de concentración, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que señalan que en 1940 llegó a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos políticos, y está certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que huían de la persecución política, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.
La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que con esta declaración se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".
Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos más polémicos aún por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaración sobre la retirada de símbolos franquistas-, también son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnización de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de víctimas del terrorismo (1968 es el año en que ETA empezó a matar).
El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad española en 1996, cuando se aprobó una ley que lo permitía, pero no pudieron porque sus países les exigían que renunciaran a la suya. El decreto permitirá la doble nacionalidad.
Por último, un decreto permitirá a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia íntima, por ejemplo- que fueron incautados por el régimen y están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.
Cuatro decretos
- Declaración oficial. "Reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura". Lo pueden solicitar "el cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
- Indemnizaciones a los asesinados entre 1968 y 1977. "A personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (de 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977)". Para los fallecidos son 135.000 euros.
- Nacionalidad. Para los brigadistas internacionales
a los que les obligaban a renunciar a la suya en sus países.
- Documentos privados. Se restituirán "documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de carácter privado".
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jueves, 2 de octubre de 2008
De la Vega anuncia un mapa de fosas comunes y el procedimiento para las exhumaciones
Fuente: http://www.lne.es/
De la Vega anuncia un mapa de fosas comunes y el procedimiento para las exhumaciones
Izquierda Unida exige al Gobierno que «no se olvide» de la memoria histórica y que colabore activamente con la investigación judicial.
Madrid La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró en el Congreso que el Gobierno tiene «casi ultimadas» ocho normas para la aplicación y desarrollo de «aspectos importantes» de la ley de memoria histórica, entre ellas, el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo. De la Vega respondía así al líder de IU, Gaspar Llamazares, con quien el PSOE pactó la ley hace un año, que exige al Ejecutivo que no se «olvide» de la norma y colabore con la investigación puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón.
De la Vega anunció que hay hasta ocho normas «casi ultimadas» para la aplicación de «aspectos importantes» de la ley de memoria histórica, pero no detalló cuándo se aprobarán. Sin embargo, para demostrar que el Gobierno no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que entre las que están casi concluidas destacan la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el franquismo.
La vicepresidenta también habló del procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes en el franquismo, y de la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la guerra civil y del anterior régimen, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia. En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil. Además, reiteró que el Gobierno «presta» su colaboración para atender las demandas que plantean las víctimas del franquismo y sus familiares. Destacó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación, y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma, como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos. También dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos del juez Garzón, porque todas las administraciones tienen «la obligación» de colaborar con las familias que «quieren cerrar sus heridas». Tras subrayar que ésta es una «cuestión muy dolorosa y sensible» para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de «igual respeto», De la Vega afirmó que las víctimas tienen «derecho a reponer su memoria individual y colectiva» y a hacerlo «con dignidad y honor».
Con todos estos argumentos la vicepresidenta daba respuesta a IU, con quien pactó la ley de memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene «la obligación legal» de colaborar con las familias, y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación de los desaparecidos. Además, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma, y expresó su temor de que «se olvide de la memoria» y no responda a las treinta preguntas que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso. «Cumplan con la ley y la dignidad de las familias», exigió.
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El Gobierno reactiva la Memoria Histórica con ocho nuevas normas La Razón Digital -
El Gobierno acelera la aplicación de la Ley de Memoria El País (España) -
Llamazares insta al Gobierno a cumplir con su ‘obligación moral ... Glocalia -
El Gobierno elabora el mapa de fosas comunes de la Guerra Civil y ... La Rioja -
El Gobierno acelera la Ley de Memoria Histórica Público -
El Gobierno desarrollará de modo inminente 8 normas más de la ley ... EuropaSur -
El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas ... Europa Press -
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Madrid La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega aseguró en el Congreso que el Gobierno tiene «casi ultimadas» ocho normas para la aplicación y desarrollo de «aspectos importantes» de la ley de memoria histórica, entre ellas, el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo. De la Vega respondía así al líder de IU, Gaspar Llamazares, con quien el PSOE pactó la ley hace un año, que exige al Ejecutivo que no se «olvide» de la norma y colabore con la investigación puesta en marcha por el juez Baltasar Garzón.
De la Vega anunció que hay hasta ocho normas «casi ultimadas» para la aplicación de «aspectos importantes» de la ley de memoria histórica, pero no detalló cuándo se aprobarán. Sin embargo, para demostrar que el Gobierno no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que entre las que están casi concluidas destacan la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el franquismo.
La vicepresidenta también habló del procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes en el franquismo, y de la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la guerra civil y del anterior régimen, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia. En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil. Además, reiteró que el Gobierno «presta» su colaboración para atender las demandas que plantean las víctimas del franquismo y sus familiares. Destacó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación, y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma, como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos. También dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos del juez Garzón, porque todas las administraciones tienen «la obligación» de colaborar con las familias que «quieren cerrar sus heridas». Tras subrayar que ésta es una «cuestión muy dolorosa y sensible» para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de «igual respeto», De la Vega afirmó que las víctimas tienen «derecho a reponer su memoria individual y colectiva» y a hacerlo «con dignidad y honor».
Con todos estos argumentos la vicepresidenta daba respuesta a IU, con quien pactó la ley de memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene «la obligación legal» de colaborar con las familias, y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación de los desaparecidos. Además, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma, y expresó su temor de que «se olvide de la memoria» y no responda a las treinta preguntas que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso. «Cumplan con la ley y la dignidad de las familias», exigió.
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El Gobierno acelera la Ley de Memoria Histórica
El Gobierno acelera la Ley de Memoria Histórica
Este mes se aprobará el grueso del desarrollo de la norma. Habrá finalmente mapa oficial de fosas.
JUANMA ROMERO - Madrid - 01/10/2008 21:58
España va recuperando su historia más dolorosa. La que castigó el franquismo y olvidó la Transición. Lo hizo primero con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, en el último aliento de la pasada Legislatura. Y lo hace ahora, dando cuerpo normativo a aquello que las Cortes Generales rubricaron. Porque es en este mes de octubre cuando el Gobierno pretende completar todo lo que le mandataba la ley. La Moncloa aprovecha el viento favorable que sopló el juez Baltasar Garzón al reclamar a las administraciones –y a la Iglesia– un censo de los desaparecidos en la Guerra Civil y en los años posteriores.
La primera y tímida revelación de los planes del Ejecutivo emergió ayer en la sesión de control en el Congreso. Y fue por requerimiento del coordinador general de Izquierda Unida. Gaspar Llamazares instó a la vicepresidenta a cumplir con su "obligación legal y moral" de desarrollar la Ley de Memoria. "Tenemos la impresión de que el Gobierno se olvida de la norma que él mismo ha aprobado", sostuvo.
María Teresa Fernández de la Vega le respondió con el anuncio: la Moncloa tiene ya "casi ultimado" el desarrollo de la ley. No dio más señas.
Cuatro normas
Las hay. Según confirmaron fuentes de la Vicepresidencia a Público, el Gobierno se ha dado de plazo "este mes" para redondear la recuperación de la memoria histórica. Lo hará de forma escalonada. Y comenzará este viernes, cuando el Ejecutivo remita al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, cuatro proyectos de reales decretos.
Uno, el que regulará la emisión de las declaraciones de reparación a los que sufrieron persecución en la guerra o en la dictadura. Dos, el que articulará las indemnizaciones a los fallecidos por defender la democracia a finales de los sesenta y en los setenta. Tres, la norma que concederá la nacionalidad española a los brigadistas internacionales. Y cuatro y último, el real decreto que reorganizará el Archivo General de la Guerra Civil, alojado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
Bajo la tutela de De la Vega
Una vez que se pronuncie el Consejo de Estado, el Ejecutivo tendrá vía libre para aprobar las cuatro normas, que entrarán en vigor con su inmediata publicación en el BOE. En paralelo, el Gobierno desplegará los aspectos "menos complejos" de la ley. Aquellos que requieren menos pasos, y para los que bastan simples instrucciones ministeriales, "coordinadas" en todo caso por De la Vega, insisten fuentes de la Vicepresidencia.
Quedaría un último fleco, el más simbólico: el dibujo del mapa de fosas
Para dos objetivos –facilitar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles y el acceso a las actas de defunciones de los muertos durante y después de la contienda– se implicará a la Dirección General de Registros y Notariado. Para ejecutar la retirada de símbolos franquistas, se contará con otra dirección general, la de Bellas Artes y Bienes Culturales. Será también competencia del departamento que dirige César Antonio Molina la regulación del acceso a los fondos de los archivos públicos y, sobre todo, los privados. Finalmente, otro acuerdo del Consejo de Ministros pondrá en marcha la elaboración de un censo de obras realizadas en la posguerra mediante trabajos forzosos.
Aún quedaría un último fleco. Quizá el más simbólico: el dibujo del mapa de fosas. Para ello, el Gobierno debe acordar con los ayuntamientos y las comunidades autónomas cómo proceder a las exhumaciones. "Queremos consensuar el protocolo de forma ágil y rápida, para que dispongamos cuanto antes de la radiografía de los enterramientos", afirman desde el Ejecutivo socialista.
La premisa es "máxima colaboración y compromiso". Con Garzón y con las víctimas en un asunto "muy doloroso para todo el mundo", recordó ayer De la Vega. "El Gobierno debe ayudar a las familias que quieren cerrar sus heridas porque al final hablamos del derecho de los protagonistas y sus allegados a recuperar su memoria individual y colectiva". La maquinaria, si no hay contratiempos, ya está rodando.
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El filme que puso a un pueblo frente a su espejo
Un cineasta francés recoge los testimonios de los vecinos de su abuelo, un guerrillero malagueño fusilado en 1946
MAGDA BANDERA - Valle de Abdalajís (Málaga) - 01/10/2008 22:13
"Siempre vi a mi padre con angustia, pero no sabía por qué la sentía. Con los años, intuí que tenía que ver con la foto del abuelo que colgaba al final de las escaleras", explica el director de cine francés Joseph Gordillo (Marly, 1965).
El autor de El muro de los olvidados, el documental sobre los republicanos represaliados en el Valle de Abdalajís (Málaga) que estos días se exhibe en el Festival de Cine Español de Toulouse, se pasó años preguntando qué le sucedió a su abuelo paterno, pero nunca logró arrancar más que un lacónico "se murió en la guerra". Nadie estaba dispuesto a explicarle cómo ocurrió. Aún más inquietante fue el silencio que siguió a la pregunta "Papá, ¿el abuelo no tiene tumba?"ç
Con el tiempo, Gordillo se hizo corresponsal de guerra. "De manera inconsciente fui a Ruanda, Yugoslavia, Irak, Argentina... En todos esos lugares me contaban historias que me resultaban familiares", compara. Finalmente, hace cuatro años decidió conocer la suya propia. Llamó a Pepe, el amigo de los veranos que su familia pasaba en el Valle, y se sorprendió a sí mismo al anunciarle que pensaba ir al pueblo a conocer la verdad.
–Tú estás loco. Eso es un tabú en el pueblo, tú no sabes lo que es "eso", se alarmó Pepe.
La idea disgustó a su padre, que le pidió que no lo hiciera, pero ya estaba decidido. Durante días, Gordillo buscó a alguien que hablara con él, pero descubrió que también allí existía un muro tan imponente como el del cementerio de este pueblo de 3.000 habitantes. Frente a él fusilaron y enterraron a los republicanos. Sus restos, con impactos de bala y las manos atadas, aparecieron durante una ampliación del camposanto en 2006, pero el alcalde (PP) ordenó que no se removieran aquellas fosas.
Contarlo delante de la cámara
A una de ellas arrojaron el cuerpo del abuelo de Gordillo, un maquis asesinado por la guardia civil en 1946. Los detalles de aquella noche se los contó su padre en persona. "Cuando volví, sin apenas testimonios, me ofreció ayuda. "Bajamos juntos al Valle y me fue indicando con quién podía hablar y con quién no". Lo más impactante fue su relato. "Solo me lo contó una vez y fue delante de la cámara", dice.
Francisco Gordillo, el niño al que le mataron al padre a los nueve años en la esquina de su calle, estaba "cenando fideos" cuando los guardias civiles se llevaron al hombre al que nunca pudo llamar papá para que nadie sospechara que lo tenían escondido.
Recordar ese tipo de detalles produjo un efecto liberador en Paco. "Ahora veo que era importante hacer esta película", afirma. Su hijo recuerda reacciones similares durante los tres días de proyecciones en el Valle: "Al principio no entendí nada. La sala se llenó de gente que quería ver a sus vecinos contar experiencias similares a las suyas, pero nada más acabar se iban corriendo. Luego descubrí que estaban llorando. En Francia, la gente comenta lo que ve. En el pueblo, se estaban viendo a sí mismos en un espejo".
Ahora varios descendientes de los represaliados piden que se abran las fosas y denuncian la falta de apoyos a nivel estatal. El nuevo ayuntamiento (PSOE) solo proyecta colocar un monolito. "Tras el documental, mi familia ya no siente angustia. Pero mi padre y yo queremos abrir las fosas. No basta con un monolito. Un monumento es un compromiso, pero abrir las fosas es comprometerse, como "ellos hicieron".
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El corazón tiene buena memoria
02 Oct 2008
ANTONIO AVENDAÑO
Si Carlos Saura filmó en 1980 la memorable Deprisa, deprisa, el presidente Zapatero parece tentado de rodar en 2008 la no menos memorable Despacio, despacio. El Gobierno remolón podría tener, en efecto, la sigilosa tentación de hacer con la memoria histórica lo mismo que ha hecho con la inmigración: decir y hacer cosas distintas y aun contrarias a las que decía y hacía apenas un año atrás. Zapatero tuvo la audacia de incluir en su agenda un asunto como la memoria histórica que Felipe González, por biografía personal y oportunidad política, jamás habría incluido. Al hacerlo, el presidente conquistó el corazón de mucha gente. Pues bien: cuidadito con los corazones conquistados, que son muy suyos y tienen una memoria tal vez no histórica, pero sí de elefante, que no olvida una.
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Este mes se aprobará el grueso del desarrollo de la norma. Habrá finalmente mapa oficial de fosas.
JUANMA ROMERO - Madrid - 01/10/2008 21:58
España va recuperando su historia más dolorosa. La que castigó el franquismo y olvidó la Transición. Lo hizo primero con la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 2007, en el último aliento de la pasada Legislatura. Y lo hace ahora, dando cuerpo normativo a aquello que las Cortes Generales rubricaron. Porque es en este mes de octubre cuando el Gobierno pretende completar todo lo que le mandataba la ley. La Moncloa aprovecha el viento favorable que sopló el juez Baltasar Garzón al reclamar a las administraciones –y a la Iglesia– un censo de los desaparecidos en la Guerra Civil y en los años posteriores.
La primera y tímida revelación de los planes del Ejecutivo emergió ayer en la sesión de control en el Congreso. Y fue por requerimiento del coordinador general de Izquierda Unida. Gaspar Llamazares instó a la vicepresidenta a cumplir con su "obligación legal y moral" de desarrollar la Ley de Memoria. "Tenemos la impresión de que el Gobierno se olvida de la norma que él mismo ha aprobado", sostuvo.
María Teresa Fernández de la Vega le respondió con el anuncio: la Moncloa tiene ya "casi ultimado" el desarrollo de la ley. No dio más señas.
Cuatro normas
Las hay. Según confirmaron fuentes de la Vicepresidencia a Público, el Gobierno se ha dado de plazo "este mes" para redondear la recuperación de la memoria histórica. Lo hará de forma escalonada. Y comenzará este viernes, cuando el Ejecutivo remita al Consejo de Estado, el máximo órgano consultivo, cuatro proyectos de reales decretos.
Uno, el que regulará la emisión de las declaraciones de reparación a los que sufrieron persecución en la guerra o en la dictadura. Dos, el que articulará las indemnizaciones a los fallecidos por defender la democracia a finales de los sesenta y en los setenta. Tres, la norma que concederá la nacionalidad española a los brigadistas internacionales. Y cuatro y último, el real decreto que reorganizará el Archivo General de la Guerra Civil, alojado en el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca.
Bajo la tutela de De la Vega
Una vez que se pronuncie el Consejo de Estado, el Ejecutivo tendrá vía libre para aprobar las cuatro normas, que entrarán en vigor con su inmediata publicación en el BOE. En paralelo, el Gobierno desplegará los aspectos "menos complejos" de la ley. Aquellos que requieren menos pasos, y para los que bastan simples instrucciones ministeriales, "coordinadas" en todo caso por De la Vega, insisten fuentes de la Vicepresidencia.
Quedaría un último fleco, el más simbólico: el dibujo del mapa de fosas
Para dos objetivos –facilitar la nacionalidad a hijos y nietos de españoles y el acceso a las actas de defunciones de los muertos durante y después de la contienda– se implicará a la Dirección General de Registros y Notariado. Para ejecutar la retirada de símbolos franquistas, se contará con otra dirección general, la de Bellas Artes y Bienes Culturales. Será también competencia del departamento que dirige César Antonio Molina la regulación del acceso a los fondos de los archivos públicos y, sobre todo, los privados. Finalmente, otro acuerdo del Consejo de Ministros pondrá en marcha la elaboración de un censo de obras realizadas en la posguerra mediante trabajos forzosos.
Aún quedaría un último fleco. Quizá el más simbólico: el dibujo del mapa de fosas. Para ello, el Gobierno debe acordar con los ayuntamientos y las comunidades autónomas cómo proceder a las exhumaciones. "Queremos consensuar el protocolo de forma ágil y rápida, para que dispongamos cuanto antes de la radiografía de los enterramientos", afirman desde el Ejecutivo socialista.
La premisa es "máxima colaboración y compromiso". Con Garzón y con las víctimas en un asunto "muy doloroso para todo el mundo", recordó ayer De la Vega. "El Gobierno debe ayudar a las familias que quieren cerrar sus heridas porque al final hablamos del derecho de los protagonistas y sus allegados a recuperar su memoria individual y colectiva". La maquinaria, si no hay contratiempos, ya está rodando.
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El filme que puso a un pueblo frente a su espejo
Un cineasta francés recoge los testimonios de los vecinos de su abuelo, un guerrillero malagueño fusilado en 1946
MAGDA BANDERA - Valle de Abdalajís (Málaga) - 01/10/2008 22:13
"Siempre vi a mi padre con angustia, pero no sabía por qué la sentía. Con los años, intuí que tenía que ver con la foto del abuelo que colgaba al final de las escaleras", explica el director de cine francés Joseph Gordillo (Marly, 1965).
El autor de El muro de los olvidados, el documental sobre los republicanos represaliados en el Valle de Abdalajís (Málaga) que estos días se exhibe en el Festival de Cine Español de Toulouse, se pasó años preguntando qué le sucedió a su abuelo paterno, pero nunca logró arrancar más que un lacónico "se murió en la guerra". Nadie estaba dispuesto a explicarle cómo ocurrió. Aún más inquietante fue el silencio que siguió a la pregunta "Papá, ¿el abuelo no tiene tumba?"ç
Con el tiempo, Gordillo se hizo corresponsal de guerra. "De manera inconsciente fui a Ruanda, Yugoslavia, Irak, Argentina... En todos esos lugares me contaban historias que me resultaban familiares", compara. Finalmente, hace cuatro años decidió conocer la suya propia. Llamó a Pepe, el amigo de los veranos que su familia pasaba en el Valle, y se sorprendió a sí mismo al anunciarle que pensaba ir al pueblo a conocer la verdad.
–Tú estás loco. Eso es un tabú en el pueblo, tú no sabes lo que es "eso", se alarmó Pepe.
La idea disgustó a su padre, que le pidió que no lo hiciera, pero ya estaba decidido. Durante días, Gordillo buscó a alguien que hablara con él, pero descubrió que también allí existía un muro tan imponente como el del cementerio de este pueblo de 3.000 habitantes. Frente a él fusilaron y enterraron a los republicanos. Sus restos, con impactos de bala y las manos atadas, aparecieron durante una ampliación del camposanto en 2006, pero el alcalde (PP) ordenó que no se removieran aquellas fosas.
Contarlo delante de la cámara
A una de ellas arrojaron el cuerpo del abuelo de Gordillo, un maquis asesinado por la guardia civil en 1946. Los detalles de aquella noche se los contó su padre en persona. "Cuando volví, sin apenas testimonios, me ofreció ayuda. "Bajamos juntos al Valle y me fue indicando con quién podía hablar y con quién no". Lo más impactante fue su relato. "Solo me lo contó una vez y fue delante de la cámara", dice.
Francisco Gordillo, el niño al que le mataron al padre a los nueve años en la esquina de su calle, estaba "cenando fideos" cuando los guardias civiles se llevaron al hombre al que nunca pudo llamar papá para que nadie sospechara que lo tenían escondido.
Recordar ese tipo de detalles produjo un efecto liberador en Paco. "Ahora veo que era importante hacer esta película", afirma. Su hijo recuerda reacciones similares durante los tres días de proyecciones en el Valle: "Al principio no entendí nada. La sala se llenó de gente que quería ver a sus vecinos contar experiencias similares a las suyas, pero nada más acabar se iban corriendo. Luego descubrí que estaban llorando. En Francia, la gente comenta lo que ve. En el pueblo, se estaban viendo a sí mismos en un espejo".
Ahora varios descendientes de los represaliados piden que se abran las fosas y denuncian la falta de apoyos a nivel estatal. El nuevo ayuntamiento (PSOE) solo proyecta colocar un monolito. "Tras el documental, mi familia ya no siente angustia. Pero mi padre y yo queremos abrir las fosas. No basta con un monolito. Un monumento es un compromiso, pero abrir las fosas es comprometerse, como "ellos hicieron".
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El corazón tiene buena memoria
02 Oct 2008
ANTONIO AVENDAÑO
Si Carlos Saura filmó en 1980 la memorable Deprisa, deprisa, el presidente Zapatero parece tentado de rodar en 2008 la no menos memorable Despacio, despacio. El Gobierno remolón podría tener, en efecto, la sigilosa tentación de hacer con la memoria histórica lo mismo que ha hecho con la inmigración: decir y hacer cosas distintas y aun contrarias a las que decía y hacía apenas un año atrás. Zapatero tuvo la audacia de incluir en su agenda un asunto como la memoria histórica que Felipe González, por biografía personal y oportunidad política, jamás habría incluido. Al hacerlo, el presidente conquistó el corazón de mucha gente. Pues bien: cuidadito con los corazones conquistados, que son muy suyos y tienen una memoria tal vez no histórica, pero sí de elefante, que no olvida una.
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miércoles, 1 de octubre de 2008
El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas el mapa de fosas y el procedimiento para exhumaciones.
El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas ...
El Gobierno ultima ocho normas sobre la Ley de Memoria entre ellas el mapa de fosas y el procedimiento para exhumaciones
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Llamazares exige a De la Vega que el Ejecutivo "no se olvide" de la memoria y colabore activamente con el juez Garzón
MADRID, 1 Oct. (EUROPA PRESS) -
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy en el Congreso que el Ejecutivo tiene "casi ultimadas" ocho normas para la aplicación de "aspectos importantes" de la conocida como Ley de Memoria Histórica, entre ellas el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo y la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia.
De la Vega realizó este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien exigió al Ejecutivo que no se "olvide" de la Ley de Memoria y que colabore activamente con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien recaba datos antes de decidir si abre una investigación sobre los fusilamientos de la Guerra Civil y el régimen franquista.
La 'número dos' el Gabinete Zapatero no detalló cuándo se aprobarán las normas que desarrollan esta ley, pero, para demostrar que el Ejecutivo no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que, entre las que están casi concluidas destacan también la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el tardofranquismo.
En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil.
AYUDAS A 63 PROYECTOS DE EXHUMACIÓN
Asimismo, De la Vega reiteró que el Gobierno "presta" y "va a prestar" su colaboración para atender las demandas que plantean a través de las asociaciones las víctimas del franquismo y sus familiares. De hecho, recordó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos.
En la misma línea, dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos que el juez Garzón ha trasladado a distintos ministerios, desde el convencimiento de que todas las administraciones tiene "la obligación" de colaborar con las familias que "quieren cerrar sus heridas".
Tras destacar que esta es una "cuestión muy dolorosa y sensible" para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de "igual respeto", De la Vega subrayó que las víctimas tienen "derecho a reponer su memoria individual y colectiva" y ha hacerlo "con dignidad y honor".
OBLIGACIÓN MORAL Y LEGAL
Con todos estos argumentos la también ministra de la Presidencia daba respuesta al líder de IU, formación con la que el Gobierno pactó la Ley de Memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene "la obligación no sólo moral, sino también legal" de colaborar con las familias y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación y reconocimiento de los desaparecidos.
Durante su intervención, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma y expresó su temor de que el Ejecutivo "se olvide de la memoria" y no responda a la treinta de preguntas parlamentarias que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso.
"Cumplan con la ley, con el Derecho internacional y la dignidad de las familias", exigió el diputado de IU, quien urgió al Ejecutivo a aprobar ya los protocolos científicos y los procedimientos de autorización para la exhumación de cadáveres, así como otros aspectos de la norma.
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El Gobierno desarrollará de modo inminente 8 normas más de la ley ... EuropaSur -
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La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, anunció hoy en el Congreso que el Ejecutivo tiene "casi ultimadas" ocho normas para la aplicación de "aspectos importantes" de la conocida como Ley de Memoria Histórica, entre ellas el procedimiento para efectuar exhumaciones y mapas de localización de fosas comunes del franquismo y la regulación de la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, que debe ser expedida por el Ministerio de Justicia.
De la Vega realizó este anuncio durante la sesión de control al Gobierno en el Congreso en respuesta al coordinador general de Izquierda Unida, Gaspar Llamazares, quien exigió al Ejecutivo que no se "olvide" de la Ley de Memoria y que colabore activamente con el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, quien recaba datos antes de decidir si abre una investigación sobre los fusilamientos de la Guerra Civil y el régimen franquista.
La 'número dos' el Gabinete Zapatero no detalló cuándo se aprobarán las normas que desarrollan esta ley, pero, para demostrar que el Ejecutivo no se ha olvidado de esta cuestión, explicó que, entre las que están casi concluidas destacan también la elaboración del censo de obras realizadas mediante trabajos forzados, la retirada de símbolos y las indemnizaciones a personas fallecidas o incapacitadas por defender la democracia en el tardofranquismo.
En el mismo paquete incluyó la adquisición de la nacionalidad española por los brigadistas internacionales y los hijos y nietos de los exiliados, la regulación de la consulta de actas de defunción de los registros civiles y la reorganización del Archivo de la Guerra Civil.
AYUDAS A 63 PROYECTOS DE EXHUMACIÓN
Asimismo, De la Vega reiteró que el Gobierno "presta" y "va a prestar" su colaboración para atender las demandas que plantean a través de las asociaciones las víctimas del franquismo y sus familiares. De hecho, recordó que ya se han subvencionado 63 proyectos de identificación y exhumación y se han aplicado otras prestaciones reconocidas en la norma como la mejora de las pensiones de orfandad y las concedidas a los presos políticos.
En la misma línea, dejó claro que el Ejecutivo está respondiendo a los requerimientos que el juez Garzón ha trasladado a distintos ministerios, desde el convencimiento de que todas las administraciones tiene "la obligación" de colaborar con las familias que "quieren cerrar sus heridas".
Tras destacar que esta es una "cuestión muy dolorosa y sensible" para todos, especialmente para los familiares, y que genera distintas opiniones, todas merecedoras de "igual respeto", De la Vega subrayó que las víctimas tienen "derecho a reponer su memoria individual y colectiva" y ha hacerlo "con dignidad y honor".
OBLIGACIÓN MORAL Y LEGAL
Con todos estos argumentos la también ministra de la Presidencia daba respuesta al líder de IU, formación con la que el Gobierno pactó la Ley de Memoria hace casi un año. Llamazares recalcó que el Ejecutivo tiene "la obligación no sólo moral, sino también legal" de colaborar con las familias y le instó a explicar qué va a hacer para colaborar en la identificación y reconocimiento de los desaparecidos.
Durante su intervención, afeó a De la Vega la tardanza del Gobierno en el desarrollo de esa norma y expresó su temor de que el Ejecutivo "se olvide de la memoria" y no responda a la treinta de preguntas parlamentarias que sobre esta cuestión tiene registradas en el Congreso.
"Cumplan con la ley, con el Derecho internacional y la dignidad de las familias", exigió el diputado de IU, quien urgió al Ejecutivo a aprobar ya los protocolos científicos y los procedimientos de autorización para la exhumación de cadáveres, así como otros aspectos de la norma.
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El Gobierno desarrollará de modo inminente 8 normas más de la ley ... EuropaSur -
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martes, 23 de septiembre de 2008
El Gobierno envía al juez Garzón los archivos de la represión.
Fuente: http://www.publico.es/
El Gobierno envía al juez Garzón los archivos de la represión
Justicia, Cultura y Defensa aportan los documentos que acreditan el genocidio franquista
DIEGO BARCALA - MADRID - 23/09/2008 21:37
El investigador Antonio Ontañón Toca, de 75 años, lleva dos décadas recuperando información de las fosas comunes de Cantabria. La investigación le llevó a Salamanca, al archivo de la Memoria Histórica. Sin esperarlo, se encontró a sí mismo, registrado como miembro de una familia que trató de exiliarse en barco ante la inminente llegada de las tropas franquistas a Santander. Estaba fichado como otros 3,5 millones de personas vigiladas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esos nombres han sido enviados ya por el Ministerio de Cultura a la Audiencia Nacional, tras la petición enviada por el juez Baltasar Garzón el pasado 28 de agosto.
El Gobierno, criticado por las asociaciones de familiares de víctimas de la represión por su desinterés en aplicar la ley de la Memoria Histórica, ha empezado a colaborar. El Ministerio de Justicia envió el pasado viernes la información guardada durante décadas en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Son los datos de las defunciones de los registros civiles, donde pueden encontrarse grupos de muertos sin nombre en partidas de defunción.
"Los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y de los vivos", reflexiona Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Su departamento controla los tres principales archivos de información que Garzón necesita para vincular los más de 140.000 desaparecidos documentados bajo un epígrafe que diga: genocidio franquista. "Son fichas onomásticas de encarcelamiento, acoso... exterminio en definitiva", informa Blanco.
"Son fichas onomásticas de encarcelamiento, acoso... exterminio en definitiva"
La documentación aportada por Cultura se completará la próxima semana. En muchos de los casos, lo enviado a Garzón han sido resúmenes con el tipo de información disponible. "Hay cientos de volúmenes y muchos documentos no están digitalizados", reconoce Blanco. El Ministerio ha enviado también 8.000 fichas de republicanos que estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) como parte del posible proceso.
Ontañón comprobó el pasado lunes cómo el juez consultaba su libro Rescatados del olvido en la mesa de su despacho. Es la segunda gran compensación a su esfuerzo que disfruta en un mes. El pasado 28 de agosto recibió una "cariñosa" carta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le deseaba un "gran éxito" en un acto de homenaje a los "héroes de la República y la libertad".
El Ministerio de Defensa ha dado una orden a través del tribunal militar central para que los cinco territoriales recopilen la información del paradero de los desaparecidos. Fuentes del departamento de Carme Chacón aseguran que existe “voluntad total de colaborar”. Defensa ha explicado al juez que el Ejército de Tierra podría añadir algún documento “puntual” de la represión.
El Gobierno envía al juez Garzón los archivos de la represión
Justicia, Cultura y Defensa aportan los documentos que acreditan el genocidio franquista
DIEGO BARCALA - MADRID - 23/09/2008 21:37
El investigador Antonio Ontañón Toca, de 75 años, lleva dos décadas recuperando información de las fosas comunes de Cantabria. La investigación le llevó a Salamanca, al archivo de la Memoria Histórica. Sin esperarlo, se encontró a sí mismo, registrado como miembro de una familia que trató de exiliarse en barco ante la inminente llegada de las tropas franquistas a Santander. Estaba fichado como otros 3,5 millones de personas vigiladas por el Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo. Esos nombres han sido enviados ya por el Ministerio de Cultura a la Audiencia Nacional, tras la petición enviada por el juez Baltasar Garzón el pasado 28 de agosto.
El Gobierno, criticado por las asociaciones de familiares de víctimas de la represión por su desinterés en aplicar la ley de la Memoria Histórica, ha empezado a colaborar. El Ministerio de Justicia envió el pasado viernes la información guardada durante décadas en la Dirección General de los Registros y del Notariado. Son los datos de las defunciones de los registros civiles, donde pueden encontrarse grupos de muertos sin nombre en partidas de defunción.
"Los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y de los vivos", reflexiona Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas del Ministerio de Cultura. Su departamento controla los tres principales archivos de información que Garzón necesita para vincular los más de 140.000 desaparecidos documentados bajo un epígrafe que diga: genocidio franquista. "Son fichas onomásticas de encarcelamiento, acoso... exterminio en definitiva", informa Blanco.
"Son fichas onomásticas de encarcelamiento, acoso... exterminio en definitiva"
La documentación aportada por Cultura se completará la próxima semana. En muchos de los casos, lo enviado a Garzón han sido resúmenes con el tipo de información disponible. "Hay cientos de volúmenes y muchos documentos no están digitalizados", reconoce Blanco. El Ministerio ha enviado también 8.000 fichas de republicanos que estuvieron en el campo de concentración nazi de Mauthausen (Austria) como parte del posible proceso.
Ontañón comprobó el pasado lunes cómo el juez consultaba su libro Rescatados del olvido en la mesa de su despacho. Es la segunda gran compensación a su esfuerzo que disfruta en un mes. El pasado 28 de agosto recibió una "cariñosa" carta del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que le deseaba un "gran éxito" en un acto de homenaje a los "héroes de la República y la libertad".
El Ministerio de Defensa ha dado una orden a través del tribunal militar central para que los cinco territoriales recopilen la información del paradero de los desaparecidos. Fuentes del departamento de Carme Chacón aseguran que existe “voluntad total de colaborar”. Defensa ha explicado al juez que el Ejército de Tierra podría añadir algún documento “puntual” de la represión.
miércoles, 3 de septiembre de 2008
El Gobierno activa la norma que reconoce a víctimas del franquismo
Fuente: El País.
El Gobierno activa la norma que reconoce a víctimas del franquismo
C. E. CUÉ / N. JUNQUERA -
Justicia tiene listo el reglamento.- 90 personas han pedido al ministerio la declaración de represaliados.
Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.
El reconocimiento oficial no implica ninguna ayuda económica
El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.
Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo dé casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.
A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión respecto a quién expide este documento y cómo pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.
Para muchos represaliados supervivientes -ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de lo injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica -la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin niguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.
Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No sólo no ha elaborado el mapa de fosas a que le obliga el artículo 12. Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15, que anima a la desaparición de símbolos franquistas en ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a falangistas, las estatuas de Franco siguen en pie en Santander -pendiente de unas obras de un aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de "caídos por Dios y por España".
Lo que dice la ley
- Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento.
4.1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.
4.4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder.
4.5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública.
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Encuesta: ¿Estás de acuerdo con elaborar un censo de los desparecidos en la Guerra Civil?
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Media España, sin datos
N. JUNQUERA - Madrid - 03/09/2008
Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han fiananciado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque éste no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.
Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues "reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas". La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración.
Mientras, los investigadores aplaudían la iniciativa de Garzón, especialmente su solicitud a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos libros de registro guardan los nombres de cerca de 30.000 muertos de la Guerra Civil allí enterrados, entre ellos muchos republicanos cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes y llevados al Valle de los Caídos sin el conocimiento ni consentimiento de sus familiares.
"La última vez que estuve, la primera persona que me atendió me dijo que allí no había ninguna biblioteca. Cuando le recordé que estábamos en un recinto custodiado por Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que hablar con los monjes benedictinos. Uno de ellos me dijo después que el que tenía la llave para acceder a los libros de registro, no estaba. En todo este tiempo apenas han dejado a los investigadores echar un vistazo rápido y a ninguno hacer una investigación exhaustiva", explica el historiador Julián Casanova. "Sería la primera vez que se conoce de verdad el contenido de esos libros", añadió.
El historiador estima que el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo asciende a unas 20.000 personas. Casanova no incluye en esta cifra a los fusilados tras los consejos de guerra, de los que sí hay registros.
"Nos queda por saber prácticamente medio país" , explica el historiador Francisco Espinosa, autor del exhaustivo informe sobre la represión franquista que las familias denunciantes han enviado al juez. "El informe recoge 25 años de investigación en distintas comunidades autónomas y muestra un mapa muy desigual". Faltan todavía muchos datos.
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El PP y los jueces critican a Garzón por "remover la historia" de la represión
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/09/2008
El juez Baltasar Garzón recibió ayer una respuesta contundente de sus colegas: no debe seguir tratando de investigar los desaparecidos del franquismo. Aún más directo fue el ataque del líder del PP, Mariano Rajoy, y de algunos dirigentes de este partido, como Jaime Mayor. "Soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada", sentenció el jefe de la oposición.
Emilio Silva
ENTREVISTA DIGITAL - 17:00h.
"Todo esto es recuperar la peor historia de España", dice Mayor Oreja
Los jueces creen que las exhumaciones corresponden a la Administración
Preguntado sobre el significado de esa respuesta tajante, y sobre si se puede interpretar que el PP está en contra de la reapertura de fosas que llevan a cabo decenas de familias y asociaciones -ya hay más de 4.000 desenterrados, sin que se haya registrado ningún conflicto en los pueblos afectados-, Rajoy no contestó.
"Ya dije en el debate de la ley de memoria histórica que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga", zanjó el líder del PP.
Un poco más lejos fue Mayor Oreja, que consideró "un error" la iniciativa. "Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España", declaró a Servimedia.
Este endurecimiento de la posición del PP contradice su línea política. En 2002, con el PP en el Gobierno con mayoría absoluta, y en medio de una gran presión social porque se abrían fosas por toda España sin apoyo de las administraciones, José María Aznar ordenó a los suyos pactar la única condena por unanimidad del franquismo que ha realizado el Congreso.
Se votó el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Esa declaración, inspirada en la frase de Azaña "paz, piedad, perdón" y apoyada por el PP, reafirmaba "el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". "Instamos", decía el Congreso, "a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba apoyo de las instituciones". Esa declaración de respaldo oficial incluía la reapertura de las fosas. La iniciativa de Garzón recibió también el rechazo de Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y de Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, que consideran que la reapertura de fosas debería ser gestionada por la vía administrativa y no penal. Incluso Miguel Ángel Jimeno, de la progresista Jueces para la Democracia, criticó a Garzón porque cree que ésa es tarea del Ejecutivo, aunque defendió el derecho de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos".
La fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a la iniciativa de Garzón. Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su "respeto" a la decisión del juez. Amnistía Internacional aplaudió a Garzón y pidió al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad" y desarrolle la Ley de Memoria.
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REPORTAJE: La memoria de la guerra llega al pueblo leonés de Izagre
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 03/09/2008
Durante 35 años, las viudas, hijos y hermanos de nueve hombres y una mujer fusilados el 9 de octubre de 1936 en Izagre (León) pagaron a los dueños de una finca para que dejara sin cultivar un rectángulo del ancho de diez cuerpos. Ayer, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica inició la exhumación de esa fosa.
Una pareja de campesinos encontró los diez cadáveres al día siguiente del fusilamiento, al borde de una carretera. Sus verdugos ni siquiera habían intentado esconder los cuerpos. Según recuerdan los labradores, movieron a los fusilados hacia el campo, excepto a uno. "Como era mujer, no la tocamos", explicó casi una vida después a los investigadores uno de los hombres que descubrió los cadáveres. Tras dar aviso en el pueblo, un grupo de vecinos los enterró en una finca.
María Alonso Ruiz, de 33 años, llevaba el pelo rapado y una gorra cuando los campesinos, por pudor, decidieron no mover su cadáver. "Era la particular forma de castigo que los falangistas empleaban con las mujeres: les rapaban la cabeza, para humillarlas", explica el investigador José Cabañas. Sus vecinos la enterraron con la gorra cubriéndole el rostro y sus gafas sobre el pecho.
En los años 70, la concentración parcelaria -proceso por el que se eliminaron las pequeñas fincas agrarias- se llevó por delante el rastro de aquel rectángulo de diez cuerpos de ancho que había permanecido intacto durante casi 35 años. Para entonces, sólo la familia de uno de los fusilados, Juan María Vergué Arjona, registrador de la propiedad, había rescatado el cadáver de su pariente. Lo desenterraron en los años 50 y lo reconocieron porque sabían que sus vecinos lo habían enterrado con su estilográfica, aunque uno de ellos se había apropiado de su alianza de boda.
La concentración parcelaria borró la huella en la tierra, pero no en la memoria de los familiares y vecinos, que nunca olvidaron que en aquel campo había algo suyo. Hasta ayer.
"¡Los hemos encontrado! ¡Dios bendito!", gritaba ayer al otro lado del teléfono el investigador José Cabañas, eufórico casi diez horas y cinco años después de haber empezado a buscarlos. Cuando termine la exhumación, el próximo viernes, si todo va bien y la memoria de los suyos no les ha fallado, María Alonso Ruiz podrá ser reconocida por sus gafas. Para Josefina habrán sido 72 años de espera. La última vez que vio a su hermana María, en la cárcel de San Marcos, donde ella también estaba presa, pensó que nunca más volvería a tener noticias de ella.
El Gobierno activa la norma que reconoce a víctimas del franquismo
C. E. CUÉ / N. JUNQUERA -
Justicia tiene listo el reglamento.- 90 personas han pedido al ministerio la declaración de represaliados.
Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.
El reconocimiento oficial no implica ninguna ayuda económica
El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.
Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo dé casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.
A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión respecto a quién expide este documento y cómo pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.
Para muchos represaliados supervivientes -ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de lo injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica -la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin niguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.
Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No sólo no ha elaborado el mapa de fosas a que le obliga el artículo 12. Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15, que anima a la desaparición de símbolos franquistas en ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a falangistas, las estatuas de Franco siguen en pie en Santander -pendiente de unas obras de un aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de "caídos por Dios y por España".
Lo que dice la ley
- Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento.
4.1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.
4.4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder.
4.5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública.
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Encuesta: ¿Estás de acuerdo con elaborar un censo de los desparecidos en la Guerra Civil?
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Media España, sin datos
N. JUNQUERA - Madrid - 03/09/2008
Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han fiananciado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque éste no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.
Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues "reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas". La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración.
Mientras, los investigadores aplaudían la iniciativa de Garzón, especialmente su solicitud a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos libros de registro guardan los nombres de cerca de 30.000 muertos de la Guerra Civil allí enterrados, entre ellos muchos republicanos cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes y llevados al Valle de los Caídos sin el conocimiento ni consentimiento de sus familiares.
"La última vez que estuve, la primera persona que me atendió me dijo que allí no había ninguna biblioteca. Cuando le recordé que estábamos en un recinto custodiado por Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que hablar con los monjes benedictinos. Uno de ellos me dijo después que el que tenía la llave para acceder a los libros de registro, no estaba. En todo este tiempo apenas han dejado a los investigadores echar un vistazo rápido y a ninguno hacer una investigación exhaustiva", explica el historiador Julián Casanova. "Sería la primera vez que se conoce de verdad el contenido de esos libros", añadió.
El historiador estima que el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo asciende a unas 20.000 personas. Casanova no incluye en esta cifra a los fusilados tras los consejos de guerra, de los que sí hay registros.
"Nos queda por saber prácticamente medio país" , explica el historiador Francisco Espinosa, autor del exhaustivo informe sobre la represión franquista que las familias denunciantes han enviado al juez. "El informe recoge 25 años de investigación en distintas comunidades autónomas y muestra un mapa muy desigual". Faltan todavía muchos datos.
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El PP y los jueces critican a Garzón por "remover la historia" de la represión
CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/09/2008
El juez Baltasar Garzón recibió ayer una respuesta contundente de sus colegas: no debe seguir tratando de investigar los desaparecidos del franquismo. Aún más directo fue el ataque del líder del PP, Mariano Rajoy, y de algunos dirigentes de este partido, como Jaime Mayor. "Soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada", sentenció el jefe de la oposición.
Emilio Silva
ENTREVISTA DIGITAL - 17:00h.
"Todo esto es recuperar la peor historia de España", dice Mayor Oreja
Los jueces creen que las exhumaciones corresponden a la Administración
Preguntado sobre el significado de esa respuesta tajante, y sobre si se puede interpretar que el PP está en contra de la reapertura de fosas que llevan a cabo decenas de familias y asociaciones -ya hay más de 4.000 desenterrados, sin que se haya registrado ningún conflicto en los pueblos afectados-, Rajoy no contestó.
"Ya dije en el debate de la ley de memoria histórica que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga", zanjó el líder del PP.
Un poco más lejos fue Mayor Oreja, que consideró "un error" la iniciativa. "Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España", declaró a Servimedia.
Este endurecimiento de la posición del PP contradice su línea política. En 2002, con el PP en el Gobierno con mayoría absoluta, y en medio de una gran presión social porque se abrían fosas por toda España sin apoyo de las administraciones, José María Aznar ordenó a los suyos pactar la única condena por unanimidad del franquismo que ha realizado el Congreso.
Se votó el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Esa declaración, inspirada en la frase de Azaña "paz, piedad, perdón" y apoyada por el PP, reafirmaba "el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". "Instamos", decía el Congreso, "a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba apoyo de las instituciones". Esa declaración de respaldo oficial incluía la reapertura de las fosas. La iniciativa de Garzón recibió también el rechazo de Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y de Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, que consideran que la reapertura de fosas debería ser gestionada por la vía administrativa y no penal. Incluso Miguel Ángel Jimeno, de la progresista Jueces para la Democracia, criticó a Garzón porque cree que ésa es tarea del Ejecutivo, aunque defendió el derecho de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos".
La fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a la iniciativa de Garzón. Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su "respeto" a la decisión del juez. Amnistía Internacional aplaudió a Garzón y pidió al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad" y desarrolle la Ley de Memoria.
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REPORTAJE: La memoria de la guerra llega al pueblo leonés de Izagre
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 03/09/2008
Durante 35 años, las viudas, hijos y hermanos de nueve hombres y una mujer fusilados el 9 de octubre de 1936 en Izagre (León) pagaron a los dueños de una finca para que dejara sin cultivar un rectángulo del ancho de diez cuerpos. Ayer, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica inició la exhumación de esa fosa.
Una pareja de campesinos encontró los diez cadáveres al día siguiente del fusilamiento, al borde de una carretera. Sus verdugos ni siquiera habían intentado esconder los cuerpos. Según recuerdan los labradores, movieron a los fusilados hacia el campo, excepto a uno. "Como era mujer, no la tocamos", explicó casi una vida después a los investigadores uno de los hombres que descubrió los cadáveres. Tras dar aviso en el pueblo, un grupo de vecinos los enterró en una finca.
María Alonso Ruiz, de 33 años, llevaba el pelo rapado y una gorra cuando los campesinos, por pudor, decidieron no mover su cadáver. "Era la particular forma de castigo que los falangistas empleaban con las mujeres: les rapaban la cabeza, para humillarlas", explica el investigador José Cabañas. Sus vecinos la enterraron con la gorra cubriéndole el rostro y sus gafas sobre el pecho.
En los años 70, la concentración parcelaria -proceso por el que se eliminaron las pequeñas fincas agrarias- se llevó por delante el rastro de aquel rectángulo de diez cuerpos de ancho que había permanecido intacto durante casi 35 años. Para entonces, sólo la familia de uno de los fusilados, Juan María Vergué Arjona, registrador de la propiedad, había rescatado el cadáver de su pariente. Lo desenterraron en los años 50 y lo reconocieron porque sabían que sus vecinos lo habían enterrado con su estilográfica, aunque uno de ellos se había apropiado de su alianza de boda.
La concentración parcelaria borró la huella en la tierra, pero no en la memoria de los familiares y vecinos, que nunca olvidaron que en aquel campo había algo suyo. Hasta ayer.
"¡Los hemos encontrado! ¡Dios bendito!", gritaba ayer al otro lado del teléfono el investigador José Cabañas, eufórico casi diez horas y cinco años después de haber empezado a buscarlos. Cuando termine la exhumación, el próximo viernes, si todo va bien y la memoria de los suyos no les ha fallado, María Alonso Ruiz podrá ser reconocida por sus gafas. Para Josefina habrán sido 72 años de espera. La última vez que vio a su hermana María, en la cárcel de San Marcos, donde ella también estaba presa, pensó que nunca más volvería a tener noticias de ella.
Las fosas del Franquismo.
Fuente: Público.
LAS FOSAS DEL FRANQUISMO
"Si a Pedro J. Ramírez le molesta la decisión de Garzón, lo siento"
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerda que en la Transición se dejaron muchos asuntos sin solucionar.
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Garzón decidirá en un mes si hubo genocidio
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Truculenta pedrojotez, por Manolo Saco
La decisión del juez Garzón de atender a las demandas de las familias de los represaliados, asesinados y desaparecidos tras la guerra civil española viene, al fin, a colocar en el terreno judicial los crímenes de guerra que los vencedores disfrazaron durante cuarenta años de cruzada moral cristiana, y que la transición había relegado injustamente a los libros de historia.
A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Penal Internacional está permitido (y obligado) estudiar con los ojos sosegados del derecho, los crímenes contra la humanidad, como los miles y miles de los cometidos por el bando vencedor y sus secuaces ensotanados.
La primera reacción de la extrema derecha mediática, plagada de conversos, acabáis de conocerla: han sacado a pasear el tópico de la transición modélica, esa flor de estufa al parecer tan delicada que al menor soplo podemos poner en peligro, teoría que, aplicada a los asesinos de los Balcanes, nos llevaría a financiar unas vacaciones en las Sychelles a Ratko Mladic, el carnicero de Srebrenica, y a su compinche Radovan Karadzic.
El editorial del diario El Mundo de ayer, titulado “Truculenta garzonada”, en un delirium tremens que espero termine siendo analizado por los tribunales, acusa a Garzón de entretenerse en poner en peligro los logros de la transición pacífica a la democracia, en lugar de haber tenido “tiempo de transcribir las cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M”. Al parecer, el equipo de investigación de Pedrojota ha descubierto ya que no fue ETA (por fin) el autor intelectual del 11-M, sino unos islamistas torpes que triunfaron gracias a la incompetencia y dejación del juez Garzón.
Y todo porque el juez ha dado curso a las demandas de miles de familias cuyos padres, hermanos, abuelos, tíos fueron asesinados mediante el expeditivo tiro en la nuca, quizá cansado ya de que la Ley de la Memoria Histórica no haya desarrollado todavía lo más importante: el censo de víctimas del franquismo, los lugares en que se encuentran, para que sus familiares puedan rendirles el homenaje merecido que el olvido culposo de la derecha quiere mantener enterrado en las fosas comunes.
En el otro frente, la Iglesia. El juez sabe que en el Valle de los Caídos se custodia información privilegiada sobre las víctimas fusiladas. Sabe que en los libros de difuntos de las sacristías de miles de parroquias españolas perviven rastros y testimonios de aquella ignominia. Por ello, la Iglesia ha respondido a los requerimientos del juez con largas, pues necesita “estudiar el asunto”. Pero ¿por qué los culpables y sus descendientes temen tanto a la memoria? ¿Qué pone en peligro el recuerdo de las fechorías de los vencedores? ¿Por qué sólo un bando y sus descendientes temen el juicio de la Historia?
Venid y leed. «Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra de España» (1-7-1937): “Siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz”. O bien: “La guerra es pues un plebiscito armado (…) la lucha blanca de los comicios de 1936 (…) en las urnas se transformó por la conciencia cívico militar en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias, la espiritual, del lado de los sublevados (…) y de otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista y anarquista que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus factores por la novísima civilización de los soviet rusos.”
Y una perla más, directamente al corazón de los gobernantes del futuro como Rodríguez Zapatero para justificar aquella guerra santa, la cruzada contra los infieles: “La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional”. Oído cocina.
Una Iglesia, que junto a los secuaces del fundador del PP, formó parte de la purga asesina y los juicios sumarísimos para alcanzar la paz de los cementerios.
Memoria histórica, justicia, dicen. ¡Vaya pedrojotez!——————————————————————————–Meditación para hoy:¿Cuántos segundos creéis que tardará en aparecer la palabra Paracuellos?
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La campanilla de Garzón, por Javier Vizcaíno
Es matemático: Pavlov toca la campanilla, y a su perro se le ponen a cien los jugos gástricos. Si no captan la comparación, cambien a Pavlov por Baltasar Garzón, y la campanilla por la decisión del magistrado de investigar los crímenes del franquismo. ¿Quién hace de chucho alborotado? Anoten, de saque, al diario El Mundo, que tituló su editorial de ayer “Truculenta garzonada”, provocando, incluso, las iras de la generalmente templada Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional.
¿Y era tan grave como para que los togados pidieran al Consejo General del Poder Judicial que defienda a su compañero de “las injustas y arbitrarias opiniones” del diario de Pedro J. Ramírez? Ya que va de eso, juzguen ustedes mismos: “La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931”, anotaba el editorialista que, tras atizar unas yoyas al jiennense, remataba: “A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales”.
Libertad Digital no se perdió el convite. Su puja editorial en la subasta de guantadas al juez campeador se titulaba “Garzón el desenterrador” y contenía, entre otra metralla, este obús: “Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española”. Por si quedaban dudas, el medio ultraliberal encabezaba la información sobre el asunto de este subjetivísimo modo: “La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos”. Ya.
No sin malicia, acudimos al diario que fletó el Dragon Rapide, pero ABC no opinaba editorialmente sobre el asunto. A falta de pronunciamiento (no es inocente la elección de la palabra), el periódico traía un artículo del ideólogo de FAES-PP, Jorge Trías Sagnier, donde leímos: “Comenzábamos a olvidarnos de él y se ha lanzado a investigar las entrañas del odio civil. A ver si a base de azuzar los rescoldos del odio nos olvidamos de que tenemos vacía la cartera”.
Los suplentes, también
Para abrir el abanico de interpretaciones, sintonizamos Cope. Alfonso Merlos –meritorio que guarda la silla de Jiménez Losantos durante las vacaciones, conocido por muchos como Federiquín– clamaba: “A las víctimas de ETA lo que les interesa saber es quién, desde los aparatos del Estado, ignoramos si desde los aparatos del PSOE, dio un chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. Lo decimos, básicamente, porque una y otra cosa dependen de Garzón”.
Ya en la tertulia episcopal de la noche anterior, el interino que cubre la ausencia de César Vidal se había preguntado: “¿Por qué se investiga siempre en el mismo sentido?”, a lo que respondió jocosamenteel opinador Javier Somalo: “Garzón busca a los muertos y se le escapan vivos”.
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Putos cojos, por José Antonio Labordeta
_Con esta ruda expresión expliqué, en mi intervención en defensa de la Ley de la Memoria Histórica, el pasado mes de diciembre, en el Congreso de los Diputados, cuál era nuestra posición ante ella: durante años había existido una diferenciación ofensiva entre los caballeros mutilados del bando vencedor y los putos cojos de los vencidos.
Con mi expresión quería rebatir al entonces portavoz del PP, Zaplana, que llenó su discurso de lindezas sentimentales y hasta sacó a Azaña y a Indalecio Prieto de su terrible exilio para presentarlos como figuras que intentaron resolver el problema de las dos Españas. Ante tanto cinismo hacía falta mucha capacidad de contención, cuando uno ha leído el texto del franciscano confesor de la prisión de Zaragoza, o el magnífico libro de Jesús Aguirre en el que, pueblo por pueblo, saca a la luz los fusilados y tirados al borde de las cunetas. En la “incruenta” Rioja.
La ley, que salió con una amplia mayoría, sólo servía, hasta hoy, como un refrendo de que se podía seguir adelante en las excavaciones, pero poco más. Garzón, ese juez siempre enfrascado en temas delicados, ha puesto la guinda sobre esa ley y ahora las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica podrán reclamar los ficheros y archivos encerrados bajo demasiadas llaves. 90.000 fusilados merecen justicia, reclaman justicia. Y no más putos cojos en ningún bando.
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La decisión de Garzón: un buen punto de partida, por Rafael Escudero
RAFAEL ESCUDERO ALDAY * - 02/09/2008 22:45
Las leyes vinculan a todos los poderes públicos. Incluido, por supuesto, al poder judicial. La providencia dictada por el juez Garzón por la que pide información a varios alcaldes e instituciones públicas sobre el número, nombres y otros datos de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forma parte de la diligencia que se requiere de todo juez con respecto al cumplimiento del Derecho. Del mismo modo cabe interpretar la petición dirigida a las autoridades de la Iglesia Católica para que proporcionen toda la información de que disponen sobre personas muertas y desaparecidas en esa época.
Téngase en cuenta que la actuación de Garzón se incluye en el marco de una denuncia presentada en la Audiencia Nacional por ocho asociaciones de recuperación de la memoria histórica con el objeto de esclarecer el paradero de los desaparecidos del bando republicano a partir del 17 de julio de 1936. Lo que en este momento Garzón hace es recabar toda la información de que se disponga para determinar si es competente a los efectos de investigar tales desapariciones. Nada más, pero tampoco nada menos.
La sospecha fundada de la existencia de cadáveres sin identificar, torturados y enterrados en fosas comunes, pone en marcha el aparato judicial. Pedir información sobre los datos relevantes del caso allí donde se piense que ésta puede encontrarse es lo primero que ha de hacerse cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos; violaciones tipificadas no sólo por el Derecho Internacional, sino también por nuestro Código Penal (delitos de genocidio y de lesa humanidad). No cabe alegar una pretendida prescripción de tales conductas sobre la base de la ley de amnistía de 1977. Como señala José Antonio Martín Pallín en el libro ‘Derecho y memoria histórica’, son ya varias las resoluciones de organismos internacionales que insisten en que las leyes de amnistía dictadas en casos de crímenes contra los derechos humanos son radicalmente nulas. España no puede ser una excepción en este punto. Lo que Mariano Rajoy califica de forma despectiva como “reabrir las heridas del pasado” es, simple y llanamente, investigar judicialmente los hechos tendentes a conocer la verdad sobre desapariciones y muertes de personas para juzgar si existen violaciones al Código Penal; un Código Penal al que tantas veces recurren en su discurso los dirigentes del Partido Popular.
¿A dónde se puede llegar con esta vía abierta por Garzón? Todavía es pronto para saberlo, máxime sin disponer de los datos que se solicitan. Sólo gracias a ellos el juez podrá valorar, primero, si es competente y, segundo, si se ha cometido algún delito. Frente a lo que erróneamente afirman algunos medios, nada de esto podrá resolverse hasta que no se disponga de la información en cuestión. Sin ella no se podrá dar ningún paso, ni en un sentido ni en otro, y de ahí la trascendencia de la providencia de Garzón. Lo que también ha de quedar claro es que frente a esta petición de información no cabe negarse ni dar la callada por respuesta. Se trata de una orden judicial que, como tal, debe ser cumplida por autoridades públicas y por ciudadanos o entidades privadas. Lo contrario se llama obstrucción a la justicia, sancionada también por nuestro Derecho.
Aunque al final se declare incompetente y la vía judicial no siga adelante, la actuación de Garzón habría servido para identificar y localizar las víctimas de la dictadura franquista. Es este uno de los mandatos de la Ley de Memoria Histórica que aún no se habían empezado a cumplir debido a la negativa del Gobierno a articular su necesario desarrollo reglamentario. Y no hay nada más pernicioso y frustrante para una sociedad democrática que la aprobación de leyes que después no surten efecto.
* Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y Coeditor del libro Derecho y memoria histórica (Ed. Trotta, 2008)
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El PP, en contra de la investigación de Garzón porque "reabre heridas"
Garzón busca a los desaparecidos del franquismo
La Audiencia defiende a Garzón ante las "injurias" de El Mundo
LAS FOSAS DEL FRANQUISMO
"Si a Pedro J. Ramírez le molesta la decisión de Garzón, lo siento"
El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, recuerda que en la Transición se dejaron muchos asuntos sin solucionar.
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Garzón decidirá en un mes si hubo genocidio
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Truculenta pedrojotez, por Manolo Saco
La decisión del juez Garzón de atender a las demandas de las familias de los represaliados, asesinados y desaparecidos tras la guerra civil española viene, al fin, a colocar en el terreno judicial los crímenes de guerra que los vencedores disfrazaron durante cuarenta años de cruzada moral cristiana, y que la transición había relegado injustamente a los libros de historia.
A la luz de la nueva doctrina del Tribunal Penal Internacional está permitido (y obligado) estudiar con los ojos sosegados del derecho, los crímenes contra la humanidad, como los miles y miles de los cometidos por el bando vencedor y sus secuaces ensotanados.
La primera reacción de la extrema derecha mediática, plagada de conversos, acabáis de conocerla: han sacado a pasear el tópico de la transición modélica, esa flor de estufa al parecer tan delicada que al menor soplo podemos poner en peligro, teoría que, aplicada a los asesinos de los Balcanes, nos llevaría a financiar unas vacaciones en las Sychelles a Ratko Mladic, el carnicero de Srebrenica, y a su compinche Radovan Karadzic.
El editorial del diario El Mundo de ayer, titulado “Truculenta garzonada”, en un delirium tremens que espero termine siendo analizado por los tribunales, acusa a Garzón de entretenerse en poner en peligro los logros de la transición pacífica a la democracia, en lugar de haber tenido “tiempo de transcribir las cintas de los islamistas que tal vez hubieran evitado el 11-M”. Al parecer, el equipo de investigación de Pedrojota ha descubierto ya que no fue ETA (por fin) el autor intelectual del 11-M, sino unos islamistas torpes que triunfaron gracias a la incompetencia y dejación del juez Garzón.
Y todo porque el juez ha dado curso a las demandas de miles de familias cuyos padres, hermanos, abuelos, tíos fueron asesinados mediante el expeditivo tiro en la nuca, quizá cansado ya de que la Ley de la Memoria Histórica no haya desarrollado todavía lo más importante: el censo de víctimas del franquismo, los lugares en que se encuentran, para que sus familiares puedan rendirles el homenaje merecido que el olvido culposo de la derecha quiere mantener enterrado en las fosas comunes.
En el otro frente, la Iglesia. El juez sabe que en el Valle de los Caídos se custodia información privilegiada sobre las víctimas fusiladas. Sabe que en los libros de difuntos de las sacristías de miles de parroquias españolas perviven rastros y testimonios de aquella ignominia. Por ello, la Iglesia ha respondido a los requerimientos del juez con largas, pues necesita “estudiar el asunto”. Pero ¿por qué los culpables y sus descendientes temen tanto a la memoria? ¿Qué pone en peligro el recuerdo de las fechorías de los vencedores? ¿Por qué sólo un bando y sus descendientes temen el juicio de la Historia?
Venid y leed. «Carta colectiva de los obispos españoles a los de todo el mundo con motivo de la guerra de España» (1-7-1937): “Siendo la guerra uno de los azotes más tremendos de la humanidad es a veces el remedio heroico, único, para centrar las cosas en el quicio de la justicia y volverlas al reinado de la paz”. O bien: “La guerra es pues un plebiscito armado (…) la lucha blanca de los comicios de 1936 (…) en las urnas se transformó por la conciencia cívico militar en la lucha cruenta de un pueblo partido en dos tendencias, la espiritual, del lado de los sublevados (…) y de otra parte, la materialista, llámese marxista, comunista y anarquista que quiso sustituir la vieja civilización de España con todos sus factores por la novísima civilización de los soviet rusos.”
Y una perla más, directamente al corazón de los gobernantes del futuro como Rodríguez Zapatero para justificar aquella guerra santa, la cruzada contra los infieles: “La Constitución y las leyes laicas que desarrollaron su espíritu fueron un ataque violento y continuado a la conciencia nacional”. Oído cocina.
Una Iglesia, que junto a los secuaces del fundador del PP, formó parte de la purga asesina y los juicios sumarísimos para alcanzar la paz de los cementerios.
Memoria histórica, justicia, dicen. ¡Vaya pedrojotez!——————————————————————————–Meditación para hoy:¿Cuántos segundos creéis que tardará en aparecer la palabra Paracuellos?
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La campanilla de Garzón, por Javier Vizcaíno
Es matemático: Pavlov toca la campanilla, y a su perro se le ponen a cien los jugos gástricos. Si no captan la comparación, cambien a Pavlov por Baltasar Garzón, y la campanilla por la decisión del magistrado de investigar los crímenes del franquismo. ¿Quién hace de chucho alborotado? Anoten, de saque, al diario El Mundo, que tituló su editorial de ayer “Truculenta garzonada”, provocando, incluso, las iras de la generalmente templada Junta de Jueces Centrales de la Audiencia Nacional.
¿Y era tan grave como para que los togados pidieran al Consejo General del Poder Judicial que defienda a su compañero de “las injustas y arbitrarias opiniones” del diario de Pedro J. Ramírez? Ya que va de eso, juzguen ustedes mismos: “La iniciativa de Garzón recuerda mucho a la Causa General ordenada por Franco en 1940, con el propósito de catalogar y denunciar todos los delitos cometidos por los partidarios de la República desde abril de 1931”, anotaba el editorialista que, tras atizar unas yoyas al jiennense, remataba: “A Garzón todo eso le da lo mismo, ya que lo que busca no es hacer justicia sino instrumentalizarla para sus fines personales”.
Libertad Digital no se perdió el convite. Su puja editorial en la subasta de guantadas al juez campeador se titulaba “Garzón el desenterrador” y contenía, entre otra metralla, este obús: “Remover una tragedia nacional como fue la Guerra Civil con intereses políticos constituye una inmoralidad de primer orden que atenta contra el sentido común y contra el espíritu de reconciliación que, al menos en sus primeros tiempos, inspiró a la democracia española”. Por si quedaban dudas, el medio ultraliberal encabezaba la información sobre el asunto de este subjetivísimo modo: “La doble vara de Garzón: Sí a investigar el franquismo pero no a Paracuellos”. Ya.
No sin malicia, acudimos al diario que fletó el Dragon Rapide, pero ABC no opinaba editorialmente sobre el asunto. A falta de pronunciamiento (no es inocente la elección de la palabra), el periódico traía un artículo del ideólogo de FAES-PP, Jorge Trías Sagnier, donde leímos: “Comenzábamos a olvidarnos de él y se ha lanzado a investigar las entrañas del odio civil. A ver si a base de azuzar los rescoldos del odio nos olvidamos de que tenemos vacía la cartera”.
Los suplentes, también
Para abrir el abanico de interpretaciones, sintonizamos Cope. Alfonso Merlos –meritorio que guarda la silla de Jiménez Losantos durante las vacaciones, conocido por muchos como Federiquín– clamaba: “A las víctimas de ETA lo que les interesa saber es quién, desde los aparatos del Estado, ignoramos si desde los aparatos del PSOE, dio un chivatazo al aparato de extorsión de la banda terrorista ETA. Lo decimos, básicamente, porque una y otra cosa dependen de Garzón”.
Ya en la tertulia episcopal de la noche anterior, el interino que cubre la ausencia de César Vidal se había preguntado: “¿Por qué se investiga siempre en el mismo sentido?”, a lo que respondió jocosamenteel opinador Javier Somalo: “Garzón busca a los muertos y se le escapan vivos”.
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Putos cojos, por José Antonio Labordeta
_Con esta ruda expresión expliqué, en mi intervención en defensa de la Ley de la Memoria Histórica, el pasado mes de diciembre, en el Congreso de los Diputados, cuál era nuestra posición ante ella: durante años había existido una diferenciación ofensiva entre los caballeros mutilados del bando vencedor y los putos cojos de los vencidos.
Con mi expresión quería rebatir al entonces portavoz del PP, Zaplana, que llenó su discurso de lindezas sentimentales y hasta sacó a Azaña y a Indalecio Prieto de su terrible exilio para presentarlos como figuras que intentaron resolver el problema de las dos Españas. Ante tanto cinismo hacía falta mucha capacidad de contención, cuando uno ha leído el texto del franciscano confesor de la prisión de Zaragoza, o el magnífico libro de Jesús Aguirre en el que, pueblo por pueblo, saca a la luz los fusilados y tirados al borde de las cunetas. En la “incruenta” Rioja.
La ley, que salió con una amplia mayoría, sólo servía, hasta hoy, como un refrendo de que se podía seguir adelante en las excavaciones, pero poco más. Garzón, ese juez siempre enfrascado en temas delicados, ha puesto la guinda sobre esa ley y ahora las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica podrán reclamar los ficheros y archivos encerrados bajo demasiadas llaves. 90.000 fusilados merecen justicia, reclaman justicia. Y no más putos cojos en ningún bando.
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La decisión de Garzón: un buen punto de partida, por Rafael Escudero
RAFAEL ESCUDERO ALDAY * - 02/09/2008 22:45
Las leyes vinculan a todos los poderes públicos. Incluido, por supuesto, al poder judicial. La providencia dictada por el juez Garzón por la que pide información a varios alcaldes e instituciones públicas sobre el número, nombres y otros datos de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la Guerra Civil y la dictadura franquista forma parte de la diligencia que se requiere de todo juez con respecto al cumplimiento del Derecho. Del mismo modo cabe interpretar la petición dirigida a las autoridades de la Iglesia Católica para que proporcionen toda la información de que disponen sobre personas muertas y desaparecidas en esa época.
Téngase en cuenta que la actuación de Garzón se incluye en el marco de una denuncia presentada en la Audiencia Nacional por ocho asociaciones de recuperación de la memoria histórica con el objeto de esclarecer el paradero de los desaparecidos del bando republicano a partir del 17 de julio de 1936. Lo que en este momento Garzón hace es recabar toda la información de que se disponga para determinar si es competente a los efectos de investigar tales desapariciones. Nada más, pero tampoco nada menos.
La sospecha fundada de la existencia de cadáveres sin identificar, torturados y enterrados en fosas comunes, pone en marcha el aparato judicial. Pedir información sobre los datos relevantes del caso allí donde se piense que ésta puede encontrarse es lo primero que ha de hacerse cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos; violaciones tipificadas no sólo por el Derecho Internacional, sino también por nuestro Código Penal (delitos de genocidio y de lesa humanidad). No cabe alegar una pretendida prescripción de tales conductas sobre la base de la ley de amnistía de 1977. Como señala José Antonio Martín Pallín en el libro ‘Derecho y memoria histórica’, son ya varias las resoluciones de organismos internacionales que insisten en que las leyes de amnistía dictadas en casos de crímenes contra los derechos humanos son radicalmente nulas. España no puede ser una excepción en este punto. Lo que Mariano Rajoy califica de forma despectiva como “reabrir las heridas del pasado” es, simple y llanamente, investigar judicialmente los hechos tendentes a conocer la verdad sobre desapariciones y muertes de personas para juzgar si existen violaciones al Código Penal; un Código Penal al que tantas veces recurren en su discurso los dirigentes del Partido Popular.
¿A dónde se puede llegar con esta vía abierta por Garzón? Todavía es pronto para saberlo, máxime sin disponer de los datos que se solicitan. Sólo gracias a ellos el juez podrá valorar, primero, si es competente y, segundo, si se ha cometido algún delito. Frente a lo que erróneamente afirman algunos medios, nada de esto podrá resolverse hasta que no se disponga de la información en cuestión. Sin ella no se podrá dar ningún paso, ni en un sentido ni en otro, y de ahí la trascendencia de la providencia de Garzón. Lo que también ha de quedar claro es que frente a esta petición de información no cabe negarse ni dar la callada por respuesta. Se trata de una orden judicial que, como tal, debe ser cumplida por autoridades públicas y por ciudadanos o entidades privadas. Lo contrario se llama obstrucción a la justicia, sancionada también por nuestro Derecho.
Aunque al final se declare incompetente y la vía judicial no siga adelante, la actuación de Garzón habría servido para identificar y localizar las víctimas de la dictadura franquista. Es este uno de los mandatos de la Ley de Memoria Histórica que aún no se habían empezado a cumplir debido a la negativa del Gobierno a articular su necesario desarrollo reglamentario. Y no hay nada más pernicioso y frustrante para una sociedad democrática que la aprobación de leyes que después no surten efecto.
* Profesor de la Universidad Carlos III de Madrid y Coeditor del libro Derecho y memoria histórica (Ed. Trotta, 2008)
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