Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente

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Más de un millón de represaliados podrán ser honrados oficialmente

CARLOS E. CUÉ

El Ejecutivo inicia el desarrollo de la Ley de Memoria, aprobada en enero

La polémica ley de memoria, que pese a entrar en vigor en enero apenas ha tenido repercusión real en las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo, empezó a convertirse ayer en una realidad. El Gobierno, tres semanas después de que el juez Baltasar Garzón reavivara la polémica, decidió enviar al Consejo de Estado cuatro reales decretos que desarrollan la norma.

"Quiero ser ciudadano del país por el que luché"
"Se valora el tiempo que hemos estado en el olvido"
"Fue una de las últimas víctimas de Franco"
"Si hubiera escapado en su yegua, que corría más que el viento..."
"Quienes lo mataron deberían haber pagado"

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
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Hubo 210.000 asesinados, 400.000 encarcelados y 650.000 exiliados
Otro decreto repara a quienes murieron por la democracia entre 1968 y 1977
Entre ellos destaca el que regula la declaración de reparación oficial de las víctimas. El Ejecutivo, que rechazó de plano la anulación de las sentencias franquistas que pedían las asociaciones de víctimas, establece así las condiciones para obtener un documento oficial, expedido por el Ministerio de Justicia, en el que la democracia reconoce oficialmente la condición de víctima, rehabilita públicamente a los afectados y sentencia que los actos de represión cometidos por motivos políticos fueron una injusticia.

La declaración, que sirve también para quienes sufrieron el terror en zona republicana, sobre todo en los primeros meses de la guerra, la pueden pedir no sólo las víctimas -los supervivientes son cada vez menos- sino sus familiares e incluso instituciones a las que estuvieron ligadas -por ejemplo, un ayuntamiento si la víctima fue su alcalde-.

Julián Casanova, un historiador especializado en este asunto, calcula que hay más de un millón de personas que podrían considerarse víctimas de la represión. Por tanto, sus familiares, si quisieran, podrían reclamar esta declaración oficial al Ministerio de Justicia. Aunque tendrán que esperar a que el decreto sea informado por el Consejo de Estado y vuelva al Consejo de Ministros para que éste lo apruebe y lo mande a las Cortes.

El cálculo de más de un millón de afectados se obtiene sumando los asesinados (150.000 a manos de los franquistas entre la guerra y los casi 40 años de dictadura, y unos 60.000 a manos de los republicanos, aunque todos estos últimos tuvieron su reconocimiento oficial por el régimen y sus familiares lograron todo tipo de compensaciones), los que sufrieron cárcel, campos de concentración, trabajos forzados o torturas (se calcula que hubo unos 400.000, hay datos oficiales que señalan que en 1940 llegó a haber 270.000 personas encarceladas al mismo tiempo por motivos políticos, y está certificado que al menos 5.000 presos murieron de hambre y epidemias) y los exiliados (hubo unos 650.000 en el primer momento que huían de la persecución política, y poco a poco algunos fueron regresando, hasta quedarse en una cifra de 170.000). A todos ellos, para imaginar las dimensiones de la tragedia, hay que sumar unas 400.000 personas que murieron en combate, y por tanto no pueden ser considerados represaliados.

La vicepresidenta primera, María Teresa Fernández de la Vega, señaló que con esta declaración se quiere "recuperar la memoria" de aquellos que murieron por defender sus ideas "con honor y dignidad".

Los otros tres decretos, aunque no se refieren a los asuntos más polémicos aún por resolver -sobre todo el mapa de fosas y la aclaración sobre la retirada de símbolos franquistas-, también son claves para algunos sectores. Sobre todo el que desarrolla la forma de obtener una indemnización de 135.000 euros para todos los familiares de asesinados entre 1968 y 1977 que cayeron a manos de la policía franquista en protestas sindicales, sobre todo, y no se han podido acoger a la ley de víctimas del terrorismo (1968 es el año en que ETA empezó a matar).
El tercer decreto abre la posibilidad a los brigadistas internacionales que quisieron obtener la nacionalidad española en 1996, cuando se aprobó una ley que lo permitía, pero no pudieron porque sus países les exigían que renunciaran a la suya. El decreto permitirá la doble nacionalidad.

Por último, un decreto permitirá a las familias de republicanos recuperar documentos privados -correspondencia íntima, por ejemplo- que fueron incautados por el régimen y están en el archivo de la Guerra Civil de Salamanca.

Cuatro decretos
- Declaración oficial. "Reparación y reconocimiento personal de las personas que padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa, durante la Guerra Civil y la dictadura". Lo pueden solicitar "el cónyuge, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado".
- Indemnizaciones a los asesinados entre 1968 y 1977. "A personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (de 1 de enero de 1968 a 6 de octubre de 1977)". Para los fallecidos son 135.000 euros.
- Nacionalidad. Para los brigadistas internacionales
a los que les obligaban a renunciar a la suya en sus países.
- Documentos privados. Se restituirán "documentos y otros efectos custodiados en el Archivo General de la Guerra Civil Española de carácter privado".
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