jueves, 2 de octubre de 2008

Madrid reúne datos sobre cientos de enterrados en fosas de ambos bandos

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Madrid reúne datos sobre cientos de enterrados en fosas de ambos bandos

VERA GUTIÉRREZ CALVO / MANUEL ALTOZANO

Gallardón envía a Garzón un informe con los "diarios de inhumación" de la guerra

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón tiene desde ayer sobre su mesa el informe que pidió al Ayuntamiento de Madrid -como a otras tres ciudades españolas y a diversas instituciones- con la relación de datos sobre desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra en la capital. Y la conclusión es que hubo cientos de "inhumados en fosas comunes" entre el 17 de julio de 1936, fecha del inicio de la contienda, y 1943, ya bajo la dictadura franquista. Cientos de víctimas de ambos bandos: republicanos y sublevados. Madrid permaneció durante toda la guerra leal a la República, hasta que fue tomada por las tropas de Franco el 28 de marzo de 1939. Cuatro días después terminó la guerra.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

En La Almudena hay "desconocidos inhumados en tumbas temporales"

El documento cita expresamente el registro que figura en el "Libro Diario de Inhumación" del cementerio de La Almudena -el mayor de Madrid- entre los días 23 y 31 de julio de 1936 (el mes en que estalló la guerra). "Aparecen registradas 82 personas con nombre y apellidos y 290 desconocidos, todos ellos inhumados en fosas comunes". El informe no lo dice, pero esas víctimas eran del bando franquista, porque "los restos fueron exhumados el día 20 de junio de 1944 [ya en la dictadura] y trasladados al denominado Panteón Cuartel de la Montaña, ubicado en la tercera meseta de este mismo cementerio, próximo a la actual capilla". El Panteón Cuartel de la Montaña es un monumento a las víctimas franquistas de la guerra en Madrid, y Falange Española ha realizado allí, ya en democracia, algunos homenajes a sus caídos. La mayoría de los muertos del bando de los sublevados fueron localizados, registrados y reconocidos tras la guerra, algo que no sucedió con los republicanos.

Del resto de los enterrados en fosas comunes de la capital, sobre todo de los desaparecidos en los primeros años del franquismo -los más duros en cuanto a la represión del bando perdedor- no aparecen datos tan precisos. El documento elaborado por el consistorio que preside Alberto Ruiz-Gallardón (PP) habla de seis cementerios en los que, en esos años, se realizaban enterramientos, pero no precisa si en todos hubo fosas comunes. Sólo dos estaban gestionados por el ayuntamiento: el cementerio de La Almudena y el Civil; los otros cuatro, por el Arzobispado.
A partir de agosto de 1936 "también hay inhumaciones de personas desconocidas, inhumadas en sepulturas temporales". Y en 1937, 1938, 1939, 1940, 1941, 1942 y 1943 "figuran en varias fechas de los libros Diarios de Inhumación personas desconocidas que fueron inhumadas en sepulturas temporales, que posiblemente tengan relación con el procedimiento 0000399/2006". Ese procedimiento es el impulsado desde hace dos años, por una veintena de asociaciones de recuperación de la memoria histórica de toda España que reclaman la búsqueda de los desaparecidos en el juzgado de Garzón.

El juez aún no ha decidido si admite a trámite esas denuncias. Hasta el momento se ha limitado a pedir información al Archivo General de la Administración y el Ministerio de Defensa, la Iglesia y otros tres ayuntamientos -los de Granada, Córdoba y Sevilla- para determinar si es o no competente para investigar esas desapariciones. La decisión del juez está prevista para los próximos días.

Las asociaciones personadas hasta el momento en la causa han entregado un listado al juez en el que cifran los desaparecidos republicanos durante le Guerra Civil en 143.353 personas. Garzón les reclamó el 25 de septiembre un listado único en el que no se repitieran nombres.
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El Gobierno acelera la aplicación de la Ley de Memoria

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 02/10/2008

Tras nueve meses de entrada en vigor, y dos semanas después de que el juez Garzón reactivara la polémica, el Gobierno, que hasta ahora apenas había movido el asunto, ha puesto el pie en el acelerador para desarrollar los puntos más delicados de la Ley de la Memoria. En especial el de la elaboración de un mapa de fosas de la guerra y la eliminación de los símbolos franquistas.

La decisión política de sacar adelante este asunto está tomada, según se pudo comprobar en la sesión de control, en la que la vicepresidenta, María Teresa Fernández de la Vega, aseguró ante las preguntas de Gaspar Llamazares, de IU-ICV, que ya está casi listo el desarrollo de la ley.
En uno de los puntos clave, el de la retirada de símbolos franquistas, el Ministerio de Cultura, según fuentes del Ejecutivo, ultima una instrucción ministerial para fijar los criterios de las excepciones que pueden ser conservadas por "razones artísticas, arquitectónicas o artístico-religiosas", marcadas en el artículo 15.

Este texto, endurecido en el Congreso gracias a la presión de IU-ICV y PNV, obliga a todas las Administraciones -ayuntamientos y comunidades autónomas en manos del PP incluidos- a retirar "escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura".

Algunos ayuntamientos se han escudado hasta ahora en que las excepciones no estaban claras. Antes de que acabe octubre, según fuentes de La Moncloa, estará aprobada la instrucción que evitará esa excusa. Otros alcaldes, como el de Santander, del PP, están esperando las obras de un aparcamiento que llevan dos años de retraso para retirar una estatua ecuestre del dictador. Otros, como los de A Coruña (PSdG-BNG) han comenzado ya el cambio de calles y anuncian la retirada de una estatua dedicada a un golpista como Millán Astray.

Las excepciones que marque la instrucción sobre "razones artístico-religiosas" también servirá para aclarar uno de los asuntos más polémicos, el de las placas en las iglesias de media España con los "caídos por Dios y por España". La ley marca que las Administraciones "podrán retirar subvenciones o ayudas a los propietarios privados" que no eliminen símbolos, entre ellos la Iglesia. La aclaración eliminará cualquier excusa para acabar con esas placas. La Conferencia Episcopal ha rechazado esta idea en múltiples ocasiones.

Otro de los puntos que se desarrollarán antes de que acabe octubre es el de la elaboración de un mapa de fosas comunes de la Guerra y la represión franquista. El Ejecutivo tiene la intención de reunirse en las próximas semanas como la Federación de Municipios y Provincias (FEMP) y las comunidades autónomas para establecer un protocolo de actuación que permita obtener toda la información para poner en manos de las familias y las asociaciones un mapa detallado de fosas.
Antes, el Gobierno resolverá algunos de los puntos más urgentes. El viernes, el Consejo de Ministros aprobará cuatro reales decretos para regular la declaración de reparación de las víctimas, los que murieron entre 1968 y 1977 represaliados por la policía y grupos ultras, la posibilidad de que los brigadistas internacionales sean españoles sin renunciar a su nacionalidad y un procedimiento para restituir los documentos de carácter privado que están en el archivo de Salamanca.
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Garzón ya tiene los datos sobre los desaparecidos en Madrid Madridiario -
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¿DONDE ESTA?

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