El Gobierno activa la norma que reconoce a víctimas del franquismo

Fuente: El País.

El Gobierno activa la norma que reconoce a víctimas del franquismo
C. E. CUÉ / N. JUNQUERA -

Justicia tiene listo el reglamento.- 90 personas han pedido al ministerio la declaración de represaliados.

Ocho meses después de la aprobación de la polémica Ley de Memoria, el Gobierno empieza a desarrollarla. Sobre todo en uno de sus puntos más novedosos, el de la creación de una declaración solemne de reparación y reconocimiento personal para todas las víctimas de la Guerra Civil y de la posterior represión franquista.

El reconocimiento oficial no implica ninguna ayuda económica
El Ministerio de Justicia tiene ya redactado el reglamento que desarrolla la ley en este punto (su artículo 4) y lo enviará en las próximas semanas al Consejo de Estado para su aprobación definitiva, según un portavoz de este departamento.
Este documento oficial, que implica un reconocimiento que han reclamado muchas víctimas, debe ser expedido por Justicia, según la ley. El Gobierno quiso crear un tribunal de cinco notables que lo expidiera tras una investigación, pero ante la polémica creada, y tras la oposición del PP, que podría bloquear la creación de este órgano, decidió que sea Justicia quien lo dé casi automáticamente, tras una pequeña investigación de los datos aportados por la víctima o cualquiera de sus familiares.
A pesar de que en las asociaciones de represaliados hay bastante confusión respecto a quién expide este documento y cómo pedirlo, el Gobierno no ha hecho ningún tipo de publicidad. Justicia asegura que ya lo han solicitado 90 personas.
Para muchos represaliados supervivientes -ya muy ancianos en su mayoría- y sobre todo para los familiares de los asesinados, el reconocimiento oficial de lo injusto de su condena, aunque no implique ninguna compensación económica -la ley las excluye- es importante. Al contrario de lo que sucedió en otras dictaduras, la Transición española se realizó sin ruptura legal con el régimen anterior, de manera que, por ejemplo, la sala de lo Militar del Tribunal Supremo rechaza sistemáticamente la revisión de juicios sumarísimos del franquismo, realizados sin niguna garantía legal, porque considera que se realizaron según la legalidad vigente y por tanto son legítimos. Las familias de Julián Grimau o Salvador Puig Antich se han topado con este muro.
Este reconocimiento oficial no equivale a la nulidad de las condenas que reclamaban y reclaman las asociaciones, pero es el primer documento de un Gobierno de España que sirve como reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista.
El Gobierno, sin embargo, tal y como ha denunciado Joan Herrera, diputado de ICV y uno de los principales artífices de la Ley de Memoria, apenas ha desarrollado esta normativa. No sólo no ha elaborado el mapa de fosas a que le obliga el artículo 12. Tampoco ha redactado ningún reglamento ni medida de presión para cumplir el artículo 15, que anima a la desaparición de símbolos franquistas en ayuntamientos e iglesias. El color político marca, como siempre, la decisión. Mientras en A Coruña la nueva administración socialista cambia calles y hospitales dedicados a falangistas, las estatuas de Franco siguen en pie en Santander -pendiente de unas obras de un aparcamiento- o Melilla y no hay noticia de iglesias que hayan retirado la conocida placa de "caídos por Dios y por España".

Lo que dice la ley
- Artículo 4. Declaración de reparación y reconocimiento.
4.1. Se reconoce el derecho a obtener una Declaración de reparación y reconocimiento personal a quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron los efectos de las resoluciones a que se refieren los artículos anteriores.
4.4. Las personas o instituciones previstas en los apartados anteriores podrán interesar del Ministerio de Justicia la expedición de la Declaración. A tal fin, podrán aportar toda la documentación que sobre los hechos o el procedimiento obre en su poder.
4.5. La Declaración a que se refiere esta ley será compatible con cualquier otra fórmula de reparación prevista en el ordenamiento jurídico y no constituirá título para el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración Pública.

-->
Encuesta: ¿Estás de acuerdo con elaborar un censo de los desparecidos en la Guerra Civil?
___
Media España, sin datos
N. JUNQUERA - Madrid - 03/09/2008

Con su petición de datos para realizar un censo de desaparecidos y muertos por la Guerra Civil, el juez Baltasar Garzón revolucionó ayer a asociaciones, investigadores e instituciones públicas de casi toda España. La Xunta de Galicia y la Generalitat de Cataluña, que han fiananciado sendas investigaciones sobre la Guerra Civil y el franquismo y cuentan ya con un censo de desaparecidos (3.588 en Galicia y 2.351 en Cataluña), pusieron los documentos a disposición del juez, aunque éste no se los había pedido. No hay ningún organismo público que tenga un censo de desaparecidos a nivel nacional.

Cataluña fue una de las primeras comunidades en aprobar una ley de memoria histórica y otra sobre fosas comunes, normas que abrieron el camino para que las familias catalanas reclamaran al Gobierno que investigara el paradero de sus desaparecidos.
El consejero de Interior y Relaciones Institucionales, Joan Saura, de ICV, aplaudió la decisión tomada de Garzón pues "reafirma las actuaciones que se están haciendo a nivel legislativo para recuperar la memoria histórica y dignificar a las víctimas". La Junta de Andalucía también ha llevado a cabo otro proyecto, Todos los nombres, que ha localizado a cerca de 10.000 víctimas en 300 enterramientos. También los ayuntamientos de Sevilla, Córdoba y Granada ofrecieron inmediatamente su colaboración.
Mientras, los investigadores aplaudían la iniciativa de Garzón, especialmente su solicitud a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, cuyos libros de registro guardan los nombres de cerca de 30.000 muertos de la Guerra Civil allí enterrados, entre ellos muchos republicanos cuyos cuerpos fueron exhumados de fosas comunes y llevados al Valle de los Caídos sin el conocimiento ni consentimiento de sus familiares.
"La última vez que estuve, la primera persona que me atendió me dijo que allí no había ninguna biblioteca. Cuando le recordé que estábamos en un recinto custodiado por Patrimonio Nacional, me dijo que tenía que hablar con los monjes benedictinos. Uno de ellos me dijo después que el que tenía la llave para acceder a los libros de registro, no estaba. En todo este tiempo apenas han dejado a los investigadores echar un vistazo rápido y a ninguno hacer una investigación exhaustiva", explica el historiador Julián Casanova. "Sería la primera vez que se conoce de verdad el contenido de esos libros", añadió.
El historiador estima que el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo asciende a unas 20.000 personas. Casanova no incluye en esta cifra a los fusilados tras los consejos de guerra, de los que sí hay registros.
"Nos queda por saber prácticamente medio país" , explica el historiador Francisco Espinosa, autor del exhaustivo informe sobre la represión franquista que las familias denunciantes han enviado al juez. "El informe recoge 25 años de investigación en distintas comunidades autónomas y muestra un mapa muy desigual". Faltan todavía muchos datos.
___
El PP y los jueces critican a Garzón por "remover la historia" de la represión

CARLOS E. CUÉ - Madrid - 03/09/2008

El juez Baltasar Garzón recibió ayer una respuesta contundente de sus colegas: no debe seguir tratando de investigar los desaparecidos del franquismo. Aún más directo fue el ataque del líder del PP, Mariano Rajoy, y de algunos dirigentes de este partido, como Jaime Mayor. "Soy partidario de no abrir las heridas del pasado, porque no conduce a nada", sentenció el jefe de la oposición.

Emilio Silva
ENTREVISTA DIGITAL - 17:00h.

"Todo esto es recuperar la peor historia de España", dice Mayor Oreja
Los jueces creen que las exhumaciones corresponden a la Administración

Preguntado sobre el significado de esa respuesta tajante, y sobre si se puede interpretar que el PP está en contra de la reapertura de fosas que llevan a cabo decenas de familias y asociaciones -ya hay más de 4.000 desenterrados, sin que se haya registrado ningún conflicto en los pueblos afectados-, Rajoy no contestó.
"Ya dije en el debate de la ley de memoria histórica que lo mejor de la Constitución de 1978 es que los españoles nos pusimos de acuerdo en mirar hacia el futuro y construir juntos un mejor futuro para todos. No soy partidario de reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga", zanjó el líder del PP.
Un poco más lejos fue Mayor Oreja, que consideró "un error" la iniciativa. "Todo eso me parece un disparate. España siempre ha tenido la tragedia de la división, de la confrontación y todo lo que significa ahondar en eso es recuperar la peor historia de España", declaró a Servimedia.
Este endurecimiento de la posición del PP contradice su línea política. En 2002, con el PP en el Gobierno con mayoría absoluta, y en medio de una gran presión social porque se abrían fosas por toda España sin apoyo de las administraciones, José María Aznar ordenó a los suyos pactar la única condena por unanimidad del franquismo que ha realizado el Congreso.
Se votó el 20 de noviembre, aniversario de la muerte de Franco. Esa declaración, inspirada en la frase de Azaña "paz, piedad, perdón" y apoyada por el PP, reafirmaba "el deber de proceder al reconocimiento moral de las víctimas de la Guerra Civil, así como de cuantos padecieron más tarde la represión de la dictadura franquista". "Instamos", decía el Congreso, "a que cualquier iniciativa promovida por las familias que se llevan a cabo en tal sentido, sobre todo en el ámbito local, reciba apoyo de las instituciones". Esa declaración de respaldo oficial incluía la reapertura de las fosas. La iniciativa de Garzón recibió también el rechazo de Antonio García, portavoz de la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura (APM), y de Lorenzo del Río, de la Francisco de Vitoria, que consideran que la reapertura de fosas debería ser gestionada por la vía administrativa y no penal. Incluso Miguel Ángel Jimeno, de la progresista Jueces para la Democracia, criticó a Garzón porque cree que ésa es tarea del Ejecutivo, aunque defendió el derecho de las víctimas a saber "dónde se encuentran sus muertos".
La fiscalía, dependiente jerárquicamente del Gobierno, se ha opuesto a la iniciativa de Garzón. Mientras, el presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, mostró su "respeto" a la decisión del juez. Amnistía Internacional aplaudió a Garzón y pidió al Ejecutivo que "asuma su responsabilidad" y desarrolle la Ley de Memoria.
___
REPORTAJE: La memoria de la guerra llega al pueblo leonés de Izagre
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 03/09/2008

Durante 35 años, las viudas, hijos y hermanos de nueve hombres y una mujer fusilados el 9 de octubre de 1936 en Izagre (León) pagaron a los dueños de una finca para que dejara sin cultivar un rectángulo del ancho de diez cuerpos. Ayer, la Asociación de Recuperación de la Memoria Histórica inició la exhumación de esa fosa.
Una pareja de campesinos encontró los diez cadáveres al día siguiente del fusilamiento, al borde de una carretera. Sus verdugos ni siquiera habían intentado esconder los cuerpos. Según recuerdan los labradores, movieron a los fusilados hacia el campo, excepto a uno. "Como era mujer, no la tocamos", explicó casi una vida después a los investigadores uno de los hombres que descubrió los cadáveres. Tras dar aviso en el pueblo, un grupo de vecinos los enterró en una finca.
María Alonso Ruiz, de 33 años, llevaba el pelo rapado y una gorra cuando los campesinos, por pudor, decidieron no mover su cadáver. "Era la particular forma de castigo que los falangistas empleaban con las mujeres: les rapaban la cabeza, para humillarlas", explica el investigador José Cabañas. Sus vecinos la enterraron con la gorra cubriéndole el rostro y sus gafas sobre el pecho.
En los años 70, la concentración parcelaria -proceso por el que se eliminaron las pequeñas fincas agrarias- se llevó por delante el rastro de aquel rectángulo de diez cuerpos de ancho que había permanecido intacto durante casi 35 años. Para entonces, sólo la familia de uno de los fusilados, Juan María Vergué Arjona, registrador de la propiedad, había rescatado el cadáver de su pariente. Lo desenterraron en los años 50 y lo reconocieron porque sabían que sus vecinos lo habían enterrado con su estilográfica, aunque uno de ellos se había apropiado de su alianza de boda.
La concentración parcelaria borró la huella en la tierra, pero no en la memoria de los familiares y vecinos, que nunca olvidaron que en aquel campo había algo suyo. Hasta ayer.
"¡Los hemos encontrado! ¡Dios bendito!", gritaba ayer al otro lado del teléfono el investigador José Cabañas, eufórico casi diez horas y cinco años después de haber empezado a buscarlos. Cuando termine la exhumación, el próximo viernes, si todo va bien y la memoria de los suyos no les ha fallado, María Alonso Ruiz podrá ser reconocida por sus gafas. Para Josefina habrán sido 72 años de espera. La última vez que vio a su hermana María, en la cárcel de San Marcos, donde ella también estaba presa, pensó que nunca más volvería a tener noticias de ella.