Represión franquista (y II).

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Represión franquista (y II)

Diario de León -

TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ

LOS CIUDADANOS son depositarios y herederos naturales de la historia, del recuerdo y la memoria. El olvido es el impedimento de acceso al conocimiento, es único y es sólido y tiene por objetivo que sólo se acepte una versión del pasado, para destruir así la memoria diversa; por eso las dictaduras tienen en el olvido el recurso imperativo y necesario que consolida su cultura, y por tanto su poder y su consenso. La democracia tiene que fomentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico porque es la única garantía de respeto a la pluralidad de memorias, permite la adquisición de criterios propios y hace a los ciudadanos civilmente más sabios, y por lo tanto más libres.

Por esa razón el conocimiento histórico ha sido considerado por muchos estados democráticos como un derecho civil que el Gobierno ha de garantizar y promover. En consecuencia, la presencia de instituciones destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos al conocimiento histórico, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales países de la Unión Europea.

Pero también en Estados Unidos y Cánada, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes que los provocaron. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública es necesaria. En los últimos años se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, en particular existe un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.

Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria de la Segunda República y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen.

Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. La situación parece haber cambiado.

La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. Las instituciones están recogiendo esa demanda social; la aprobación hace casi un año de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , va en este sentido. Sus objetivos explícitos son no dividir, reparar, reconocer, compensar, económica y simbólicamente a las víctimas.

El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Segunda República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado español, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe de olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
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