Memoria histórica

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Memoria histórica

ANA I. ARIZA LÓPEZ 28/11/2008

La ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final (como la española de Amnistía de 1977, preconstitucional por otra parte) no tienen ninguna validez.

Por otro lado, Amnistía Internacional, en un informe sobre derechos humanos en España, demuestra su preocupación por la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Estas noticias no han sido recogidas por los medios de comunicación. En Valencia tenemos fosas comunes, una de ellas con más de 24.000 personas, de ellas 600 niños. Primero fueron encerradas en las improvisadas cárceles en que se convirtieron los conventos e iglesias del país y después llevados a fusilar. Su único pecado, ser hijos de rojos. Algunos niños corrieron mejor suerte, sólo fueron "secuestrados" y entregados a familias afines al régimen.

La Ley de Memoria Histórica se queda corta, no incluye ninguna de las medidas que contemple la anulación de los juicios sumarísimos con los que se justificaron miles de asesinatos. Ni contempla justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Es hora de que España cure sus heridas, la única forma es sacar toda esta parte de nuestra historia a la luz.
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Para pasar página, primero hay que leerla

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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/victimas-de-la-guerra-civil-y-del-franquismo/firma-el-manifiesto/

Para pasar página, primero hay que leerla

Ante los acontecimientos de los últimos días, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades de cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad durante la Guerra Civil y el franquismo, tal y como establece la normativa internacional, Amnistía Internacional les insta a proteger los derechos de las víctimas sin más dilación.

Amnistía Internacional ha remitido al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, el Manifiesto “Para pasar página, primero hay que leerla”, al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional y abogados y académicos españoles, que pide al Estado español garantizar una investigación judicial efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo.

Las primeras 40 adhesiones de expertos juristas, a las que se sumarán más en los próximos días, incluyen a José Antonio Martín Pallín, miembro de la Comisión Internacional de Juristas y Magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, Fiscal General de Buenos Aires; Susana Villarán, ex integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; y Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet; entre otros muchos (ver listado completo).

¡Tú también puedes adherirte al Manifiesto!
¡Actúa!
Rellena tus datos para que enviemos un mensaje en tu nombre ( leer ) al Presidente del Gobierno, Jose Luis Rodríguez Zapatero.
Manifiesto de Amnistía Internacional

Para pasar página, primero hay que leerla

Los firmantes del presente manifiesto nos dirigimos a las autoridades y sociedad españolas, así como a la opinión pública internacional con ocasión de la investigación abierta por la Audiencia Nacional en relación a hechos delictivos ocurridos durante la Guerra Civil y el Franquismo que podrían constituir crímenes contra la humanidad.

Mantenemos que:

- España tiene el deber de poner fin a la prolongada injusticia de la que han sido objeto las víctimas de desaparición forzada y otros crímenes y sus familiares, llevando a cabo las investigaciones necesarias para dar con el paradero de los restos de estas personas, y esclarecer las circunstancias en que tan graves abusos se produjeron.

- Al llevar adelante esta tarea, España debe cumplir con las normas internacionales sobre la materia que su propio ordenamiento jurídico reconoce, y tal y como su práctica jurisprudencial refleja – de manera reiterada - al pronunciarse sobre las consecuencias legales de los crímenes contra la humanidad.

- De acuerdo con el Derecho Internacional, los crímenes contra la humanidad no son susceptibles de amnistía, indulto o prescripción. Las normas convencionales sobre la materia, adoptadas con posterioridad a los hechos que deben ser objeto de investigación, es sabido, han simplemente recogido una obligación que ya existía anteriormente como norma consuetudinaria.

- El Estado español no puede sustraerse a la obligación de investigar estos crímenes, y debe poner fin a la impunidad garantizando a las víctimas y a sus familiares su derecho a la verdad, la justicia y la reparación integral.

- No es posible que los Tribunales españoles – en base a sus obligaciones bajo el derecho internacional - hayan asumido su competencia para investigar y perseguir los crímenes más graves de derecho internacional cometidos en países como Chile y Argentina, en cuyas causas han sostenido que las leyes de amnistía así como cualquier otra medida análoga carecen de validez en España, y se abstengan de investigar crímenes similares cometidos en su propio país.

- En la Ley 52/2007, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, no quedaban plasmados los estándares internacionales fijados en materia de desapariciones, exhumaciones y recuperación de cuerpos. No existe antecedente alguno en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas, costos y responsabilidades de dichas acciones. Además, la propia ley en su Disposición Adicional Segunda, afirma claramente que: “Las previsiones contenidas en la presente ley son compatibles con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.

España está en estos momentos en el punto de mira de la comunidad internacional que espera que por fin cumpla con las obligación de investigar los hechos de su historia reciente que podrían ser constitutivos de crímenes contra la humanidad y garantizar, con todos los medios a su alcance, de la manera más completa posible y sin dilación, los derechos de las víctimas a verdad, justicia y reparación.

(Para firmarlo hay que ir a la página de AI cuyo enlace està arriba).
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Amnistía Internacional asegura que los crímenes del franquismo no prescriben

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Amnistía Internacional asegura que los crímenes del franquismo no ...

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http://www.es.amnesty.org/paises/espana/documentos/

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/mas-de-40-expertos-juristas-se-adhieren-al-manifiesto-de-ai-en-defensa-de-los-derechos-de-las-victim/

http://www.es.amnesty.org/noticias/noticias/articulo/no-debe-ser-una-excepcion-mundial-a-la-hora-de-investigar-los-crimenes-del-pasado/

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Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los desaparecidos del franquismo

20MINUTOS.ES. 20.11.2008 - 00:02h

La organización pide a España una investigación efectiva e imparcial.
También denuncia que no existe ningún otro antecedente en que un Estado haya trasladado a los familiares las tareas de abrir fosas.
El Gobierno ha prometido ayudar a los descendientes de las víctimas.

Amnistía Internacional ha publicado el manifiesto 'Para pasar página, primero hay que leerla', al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional, en el que pide al Estado español que garantice una investigación efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las firmas que se recojan en el manifiesto serán enviadas a Rodríguez Zapatero
Entre los que ya han firmado el documento (PDF) están José Antonio Martín Pallín, magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, fiscal general de Buenos Aires; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; o Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet.

Además, la organización ha habilitado en su web un espacio para que cualquier persona se pueda adherir al manifiesto, y todas las firmas que se recojan serán enviadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una iniciativa que responde a la pasividad judicial
Esta iniciativa, según Amnistía, responde a los acontecimientos de los últimos días -el juez Garzón se desinhibió de la investigación y los jueces que deben continuarla lo ven muy difícil -, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad.

Cuando acaba una investigación, acaba
También denuncia que no existe ningún otro antecedente, excepto España, en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas y responsabilidades de abrir fosas, exhumar restos e identificar los cuerpos.

Por otro lado, el Gobierno ha prometido ayudar a los familiares de las víctimas aunque la Justicia cierre el caso. "Cuando acaba una investigación, acaba", ha señalado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Además, ha indicado que el Ejecutivo seguirá trabajando "por dar buen fin a todo aquel que está intentando rescatar a sus familiares en las fosas" y que quiere "un enterramiento como debe ser".

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Amnistía Internacional critica a la Fiscalía por "obstaculizar" la causa y dice que indagar las muertes "no es un dilema moral"Agencias / Madrid Actualizado 13.11.2008 - 05:05

La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
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Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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