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martes, 2 de diciembre de 2008

Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón

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Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón

02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia

Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz

Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero

El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.

Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.

“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.

ENCUENTRO CLAVE
De este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.

Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.

CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.

La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.

Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.

Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.

PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
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jueves, 27 de noviembre de 2008

Garzón renuncia a investigar los crímenes del período franquista

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Garzón renuncia a investigar los crímenes del período franquista

Diario EL PAIS - Montevideo,Uruguay

España. Juez deja aperturas de fosas en manos de tribunales provinciales

MADRID DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL Y AGENCIAS

El juez español Baltasar Garzón renunció ayer a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo, y dejó el caso en manos de tribunales provinciales, accediendo de esta manera al pedido de la Fiscalía.

El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el 16 de octubre que iniciaría una investigación para determinar la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura de Franco. Fue así que autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos asesinados en el proceso.
Pero Garzón decidió ayer enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron ayer fuentes judiciales. En un documento de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial que se generó sobre su competencia en la causa, que fue cuestionada en un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desencadenó su renuncia.

La Fiscalía se opuso a la investigación, que sería la primera sobre esta etapa de la historia en España, alegando una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían todos los delitos ocurridos en esa época.

El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió se anule esa ley, por entender que está en contradicción con los tratados internacionales a los que España adhiere.

Presiones.
La decisión de Garzón "deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las víctimas del franquismo", señaló Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Además, "deja la pelota en el tejado del gobierno", que es contrario a una investigación judicial, al igual que la fiscalía, agregó.
Según la organización, la decisión de Garzón pudo deberse a "presiones políticas".

La ARMH, que agrupa a familiares de víctimas, exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales. Desde 2000 abrieron más de 170 fosas y exhumaron unos 4.000 cuerpos; poseen datos de que existen más de 400 fosas en toda España. Una de ellas, ubicada en la provincia de Granada, sería la que esconde los restos del poeta Federico García Lorca.

En la práctica, la decisión del juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes. Además, aleja la posibilidad de que se pueda abrir un proceso judicial único para revisar lo ocurrido durante ese período de la historia española.

No obstante, Garzón defendió con vehemencia en el escrito los argumentos que lo llevaron a iniciar la investigación.

El magistrado aseguró que "las atrocidades" cometidas durante la guerra y la dictadura de Franco constituyen un delito de crímenes contra la humanidad por la desaparición sistemática de miles de opositores al régimen franquista.

"Ante unos hechos como los aquí valorados y, a todos estos efectos, no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política", señaló Garzón.

De hecho, Garzón eximió por causa de muerte a Franco y a otros 44 altos cargos de la Falange Española, el partido político en que se apoyó el dictador para respaldar el golpe.

Al mismo tiempo, el magistrado recordó que el hecho de que todavía existan víctimas vivas de aquellos años implica que también podría haber culpables. "La investigación presenta muchas dificultades de prueba por el tiempo transcurrido; es difícil que existan autores vivos. Pero no es válido para impedir que se investigue", aseguró Garzón, en su último intento para que el caso no muera con su renuncia.

El juez explicó que "una vez que se constata la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (...), la competencia del Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen". Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de manera "urgente" de la apertura de las fosas.

El magistrado exhortó a "la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (...) Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos como en el de los que están vivos", según el texto del auto.

Garzón también instó a investigar el paradero de los niños que en esa época fueron sustraídos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió el nombre para ser adoptados por personas relacionadas con el régimen franquista o fueron internados en instituciones estatales.
Defensa. José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia salió en defensa del trabajo de Garzón, ante las presiones de ARMH.

El juez subrayó que aunque "jurídicamente se podría discutir la iniciativa de Garzón", éste "prestó un gran servicio histórico a España".

Asimismo añadió que si Garzón no puede continuar la tarea "la seguirán los tribunales internacionales".

Martín Pallín defendió además que "la verdad tiene que salir por madurez democrática, no por vergüenza". Al tiempo que destacó que "hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (durante la Guerra Civil) que deberían ser esclarecidas". "Los crímenes contra la humanidad no prescriben", sentenció el magistrado.


Una dura derrota para el juez más famoso de España

Madrid A

Baltasar Garzón, de 53 años, se lo podría definir como "el juez más famoso de España". Su vasta y pública carrera le posibilitó ganarse este lugar.

El magistrado, entre otras cosas, fue decisivo en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En 2002 suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara su legalización aplicando la Ley de Partidos. Algunos lo consideran el primero que disparó fuerte contra el terrorismo islamita ya que en 2003 dictó una orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. El día de la matanza del 11-M, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia.

También comenzó con el caso Augusto Pinochet, en julio de 1996. En un principio el juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renunció a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia. Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa lo guió en el caso sobre los crímenes del franquismo, quizá su mayor derrota.

el país de madrid

El País Digital. Uruguay.
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La renuncia de Garzón desespera a las víctimas del franquismo

Perfil.com -

Sienten gran indignación por la renuncia del juez a investigar los crímenes del franquismo. Los sectores conservadores ya dictaron sentencia.

Por Jorge Vogelsanger (dpa) 20.11.2008 08:21 ç

"Baltasar Garzón es el juez con más cojones de la Audiencia Nacional y para habernos hecho esto tuvo que estar sometido a presiones horrorosas". La frase es de Jesús Gutiérrez, uno de los miles de españoles cuya familia fue víctima de la represión franquista. Y muchos otros confiaban en este magistrado para recuperar los restos de sus seres queridos, que todavía hoy, 33 años después de la dictadura, yacen en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Para Gutiérrez y los demás resulta muy dolorosa la sorpresiva decisión de Garzón de renunciar a investigar el paradero de decenas de miles de desaparecidos y de encausar los crímenes de lesa humanidad que atribuye a las fuerzas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).

"Más que decepcionado, estoy indignado", dijo hoy a dpa Gutiérrez, quien trata de recuperar los cuerpos de sus cuatro tíos, fusilados por los franquistas en agosto de 1936 y enterrados junto con otros ocho hombres en una fosa común en La Serna del Monte, un pequeño pueblo serrano al norte de Madrid. La indignación de este mec nico electricista ya jubilado no se dirige contra el juez sino contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo recurso contra el procedimiento abierto por Garzón hace apenas un mes finalmente obligó a éste a dar marcha atr s, frustrando las esperanzas de los familiares. "No es digno que nos sigan robando a nuestros muertos y que no se me permita recuperar a mis tíos del monte", dice Jesús con exasperación. "­Ya est bien de aguantar impertinencias después de tener que mantener la boca cerrada durante 40 años!", agrega. Como él, muchos no entienden cómo es posible que la Justicia española haya podido investigar los crímenes de dictaduras en Argentina, Chile o Guatemala pero que eso no sea posible en España.

"En ningún otro país del mundo son los propios familiares los que se encargan de resarcir el daño causado", denunció hoy a este respecto Santiago Macías, el vicepresidente del la Asociación para la Recuperación de las Memoria Histórica (ARMH), la principal impulsora del procedimiento que había abierto Garzón. Macías, que pide una mayor implicación del gobierno, criticó duramente la, a su juicio, mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado. Con ésta, denunció, España se puso al mismo nivel que Mozambique. "Los expertos internacionales que llegan aquí se echan las manos a la cabeza", dijo.

La sensación de las víctimas es de abandono, toda vez que el juez ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes, entre ellas la de La Serna del Monte. Pero también esa iniciativa fue paralizada a instancias de la fiscalía y, tras la inhibición de Garzón, el asunto queda en manos de los respectivos juzgados provinciales, algo que las víctimas critican como arbitrario, ya que ahora dependen de la voluntad de un juez que quiz s sea contrario a todo este proceso. "Luego de haber estado tan cerca es como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca", lamenta por ello Jesús Gutiérrez.

Por su parte, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijo no entender cómo, apenas un mes después de declararse competente en el caso, Garzón terminó "colocándose en la posición que defendía el fiscal". Además, consideró "inviable" que ahora se encarguen de todo ello los juzgados territoriales. Y en los sectores conservadores, la sentencia contra Garzón ya ha sido dictada.

El opositor Partido Popular (PP), contrario desde el comienzo a su iniciativa, manifestó que el tiempo finalmente les dio la razón. Para el diario "ABC", una vez que el magistrado "se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles". En la misma línea, el periódico "El Mundo" habla de una "truculenta garzonada" que empezó como "un puro disparate" y terminó tal cual.
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viernes, 21 de noviembre de 2008

Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los desaparecidos del franquismo

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Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los ...

Amnistía Internacional y 40 juristas, en defensa de los desaparecidos del franquismo

20MINUTOS.ES. 20.11.2008 - 00:02h

La organización pide a España una investigación efectiva e imparcial.
También denuncia que no existe ningún otro antecedente en que un Estado haya trasladado a los familiares las tareas de abrir fosas.
El Gobierno ha prometido ayudar a los descendientes de las víctimas.

Amnistía Internacional ha publicado el manifiesto 'Para pasar página, primero hay que leerla', al que se han adherido en los últimos cinco días más de 40 juristas de prestigio internacional, en el que pide al Estado español que garantice una investigación efectiva e imparcial sobre las desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el franquismo.

Las firmas que se recojan en el manifiesto serán enviadas a Rodríguez Zapatero
Entre los que ya han firmado el documento (PDF) están José Antonio Martín Pallín, magistrado Emérito del Tribunal Supremo; Hugo Omar Cañón, fiscal general de Buenos Aires; Carlos Iván Degregori, miembro de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú; o Roberto Garretón, ex abogado de la Vicaría de Solidaridad durante la dictadura de Pinochet.

Además, la organización ha habilitado en su web un espacio para que cualquier persona se pueda adherir al manifiesto, y todas las firmas que se recojan serán enviadas al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.

Una iniciativa que responde a la pasividad judicial
Esta iniciativa, según Amnistía, responde a los acontecimientos de los últimos días -el juez Garzón se desinhibió de la investigación y los jueces que deben continuarla lo ven muy difícil -, en los que ha quedado patente la falta de voluntad de las autoridades para cumplir con la obligación del Estado de investigar posibles crímenes contra la humanidad.

Cuando acaba una investigación, acaba
También denuncia que no existe ningún otro antecedente, excepto España, en que un Estado haya trasladado a las familias de las víctimas las tareas y responsabilidades de abrir fosas, exhumar restos e identificar los cuerpos.

Por otro lado, el Gobierno ha prometido ayudar a los familiares de las víctimas aunque la Justicia cierre el caso. "Cuando acaba una investigación, acaba", ha señalado el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo. Además, ha indicado que el Ejecutivo seguirá trabajando "por dar buen fin a todo aquel que está intentando rescatar a sus familiares en las fosas" y que quiere "un enterramiento como debe ser".

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jueves, 20 de noviembre de 2008

España:Prometen ayuda para encontrar desaparecidos del franquismo

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España:Prometen ayuda para encontrar desaparecidos del franquismo

20 de Noviembre de 2008, 02:23pm ETMADRID (AP) -

El presidente José Luis Rodríguez Zapatero dijo el jueves que el gobierno colaborará en la recuperación de los cuerpos de víctimas de la guerra civil y de la dictadura del general Francisco Franco.

"Es nuestra responsabilidad y nuestra obligación", dijo Zapatero durante una comparecencia de prensa junto al primer ministro de Túnez, Mohamed Ghannouchi.

Pocos días después de que el juez Baltasar Garzón abandonase en manos de los juzgados locales la causa de la guerra civil, Zapatero renovó el compromiso con todas las administraciones y organizaciones que trabajan en recuperar los cadáveres de miles de víctimas del conflicto fratricida enterradas en fosas comunes.

"El gobierno va a cumplir con la ley que establece los derechos de las personas que sufrieron como consecuencia de la guerra civil y de la represión del franquismo", manifestó.
Además, Zapatero señaló que el recuerdo de Franco es "marginal" y precisó que cualquier homenaje al dictador español este 20 de noviembre, 33er aniversario de su muerte, es un "residuo que irá desapareciendo".

"Tengo presente en este 20 de noviembre, las generaciones de españoles que tuvieron que pasar la vida sin ver un país sin libertad", señaló.

Algunos grupos nostálgicos del régimen de Franco suelen organizar diversos actos para recordar al dictador. Sin embargo, este año, apenas se han anunciado varios servicios religiosos, tanto el jueves como el próximo domingo.

La aprobación de la ley de la Memoria Histórica en 2007 incluía varios artículos que impedían elogiar o recordar la figura de Franco.

De hecho, este será el primer año en el que no se podrá albergar homenaje alguno en el Valle de los Caídos, el monumental mausoleo que Franco se hizo construir a las afueras de Madrid para ser enterrado, que actualmente está reservado al culto católico.
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Zapatero cree un "buen dato" que el franquismo caiga en el olvido
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miércoles, 19 de noviembre de 2008

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De “movimiento correcto” e “inteligente”califica el portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas, Ángel Rodríguez Gallardo, la decisión del juez Baltasar Garzón de remitir la causa abierta para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo a los Juzgados de Instrucción de las provincias donde existen fosas comunes.

“Creo que Garzón se mueve correctamente, inteligentemente, y lo que evita es que la Sala de lo Penal lo declare incompetente”, asegura Rodríguez Gallardo, quien añade que el magistrado “se mueve dentro de los límites que le permite la legislación actual, que es complicada, y evita así la muerte más que probable de la causa desde la Sala de lo Penal”.

“Cierra una vía pero abre otras”, argumenta el portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas,“porque se abre un plazo más amplio porque tienen que pronunciarse los juzgados y se abren nuevas vías como la de los niños secuestrados durante el franquismo, un tema en el que hay mucha jurisprudencia”.

profesor Lourenzo Fernández, autor del estudio “As vítimas, os nomes,as voces,os lugares”, resume en la frase“mucho ruido y pocas nueces” la decisión de Garzón.Para Fernández, se vuelve a situar el asunto en el comienzo: “La única cuestión a la que hay que seguir respondiendo aquí es que aparecen cadáveres en fosas desde el año 200 y ninguna instancia judicial se llama en el asunto”.

A su juicio, esto es resultado de una sociedad que afronta la “paradoja”de la “mala conciencia” y el “pasado oculto”.“Cuanto menos oculto es el pasado, mayor es la mala conciencia”, concluye.

El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y delegado para la zona Norte, Santiago Macías, cree que la “lectura” es que la conclusión de Garzón, de que, pese a que la responsabilidad está extinguida,se los sigue culpando de crímenes contra la humanidad,lo que define como un “auto para la historia”.

Macías espera que ahora el Gobierno no deje a los familiares “desamparados”,“dando tumbos por todas las instituciones” porque “hay una ley que desarrollar”.

Por otra parte, el presidente de la misma asociación, Emilio Silva, manifestó ayer su“sorpresa” por la decisión del magistrado y explicó que están estudiando la posibilidad de recurrir el auto,en el que además se declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos por fallecimiento.“ Es sorprendente que no se haya seguido adelante por alguna razón, entre las que no hay que descartar las presiones políticas”,subrayó.El dirigente de dirigente de CGT.

A y coordinador de la página web ‘todoslosnombres.org’, Cecilio Gordillo, expresó la “decepción” de las asociaciones y reconoció que había puesto su confianza en que “por primera vez interviniese un poder del Estado”.

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La memoria histórica mira a los tribunales internacionales

19/Noviembre · 00:53 · Rosa de la Peña
La renuncia de Garzón “retrasará” la apertura de las fosas comunes de Huelva


Presentación del mapa de fosas comunes de la provincia de Huelva.
Las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica se reunirán el próximo sábado, 22 de noviembre, para buscar el camino a seguir después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibiera ayer de la causa en la que investigaba las desapariciones de la Guerra Civil y el régimen franquista y en la que las víctimas pedían que se juzgara a los responsables por delito de lesa humanidad. En un auto de 152 folios, Garzón acuerda extinguir la responsabilidad del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos cargos de la dictadura en esta causa, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos, motivo por el que un mes después de iniciar la instrucción de un procedimiento que posibilitaría la apertura de las fosas comunes -ahora paralizada por la Fiscalía- el magistrado se declara no competente y traslada el proceso a los tribunales territoriales en los que se cometieron los crímenes.

Este nuevo giro de los acontecimientos ha supuesto un varapalo más para el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que casi vuelve al comienzo de un proceso que había costado años de investigación, trabajo y lucha callada. El presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, lamentó ayer que el traslado del proceso a los tribunales de Huelva “dificulta mucho el trabajo y supondrá un nuevo retraso de la causa y de la posibilidad de abrir las fosas, ya que probablemente habrá que examinar de nuevo la documentación y habrá que trabajar con juzgados y abogados diferentes, por lo que se perderá un tiempo que muchos afectados ya ni siquiera tienen”.

Ante esta certeza, López explica que el próximo día 22 los abogados de las asociaciones de memoria histórica estudiarán las posibilidades legales a las que se puede recurrir para agilizar el proceso, pero “nos tememos que habrá que recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo y, una vez agotadas las vías judiciales en España, se podrá recurrir a la justicia internacional, en concreto, al Tribunal de Estrasbugo, que probablemente sea la única solución” para recuperar el nombre de los represaliados y señalar a los culpables. Por el momento, la Asociación Memoria Histórica seguirá estudiando vías legales para rescribir la historia de miles de olvidados, pero no se descarta salir a la calle para llamar la atención sobre la “injusticia y la desprotección en la que el Estado está dejando a las víctimas”.

El mapa de fosas pasará ahora a la Audiencia Provincial
Hace menos de una semana que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía pedía al Gobierno autonómico la declaración de las fosas comunes como Sitio Histórico para “garantizar su protección”. El mismo día, solicitaba a los ayuntamientos medidas para dignificar unas tumbas colectivas que en la mayoría de los sitios siguen estando olvidadas muchos años después del final de la dictadura. Ahora el movimiento para rescatar las vidas borradas de los represaliados se topa con nuevas trabas judiciales, pero el mapa de fosas comunes de la provincia al menos servirá para agilizar la causa cuando sea recibida por la Audiencia Provincial.

Así, los juzgados tendrán documentación exhaustiva sobre las sepulturas anónimas, un total de 118 repartidas en todas las comarcas del territorio onubense: un total de 22 en el Condado, otras 17 en la Costa y la Campiña, 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se trasladaron a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’, cuyos datos se remitirán ahora, si no hay cambios, a los tribunales de Huelva.
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El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de instruir la causa que investiga las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

El magistrado decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes que él autorizó a abrir al declararse competente para instruir este procedimiento el pasado día 16 de octubre.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cree que la decisión de Baltasar Garzón pone de manifiesto la incapacidad de la democracia española para hacer justicia al tiempo que espera que el Ejecutivo central “tome buena nota” y adopte las medidas que sean necesarias para acabar con el sufrimiento de las familias de las víctimas de la Guerra Civil. “Estamos hartos de que las familias estén completamente desamparadas y tengan que estar dando tumbos por todas las administraciones para encontrar solución a un problema que tienen desde hace muchos años”, lamentó el vicepresidente de la ARMH, el berciano Santiago Macías.

El colectivo también apostó por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el magistrado de la Audiencia Nacional.“Garzón deja al descubierto los defectos de la Ley de la Memoria”, afirmó Macías. “Lo primero que hay que hacer en este país es derogar la Ley de Amnistía porque son crímenes contra la humanidad que no prescriben”, puntualizó.En un auto de 152 folios, el magistrado declaró además extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, en esta causa, así como la de los otros 44 altos cargos de la dictadura, tras certificar el fallecimiento de todos ellos.

No obstante, considera que los delitos “permanecen” y no han prescrito.Baltasar Garzón se adelantó así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia del magistrado para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, que precisamente los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.Además, el magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos, para “evitar solapamientos” con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.

En su resolución también advierte al Estado y a la Fiscalía de que “obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.Los 20 juzgados provinciales a los que Garzón remitirá los expedientes son el A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. A ellos se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
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Las asociaciones de víctimas critican la inhibición de Garzón
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martes, 18 de noviembre de 2008

Memoria histórica: Los jueces advierten que habrá resoluciones contradictorias.

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Garzón se inhibe en el juicio al franquismo: Los jueces advierten ...
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Memoria histórica: Los jueces advierten que habrá resoluciones contradictorias

Las asociaciones de jueces advierten de las posibles contradicciones entre los distintos juzgados territoriales que tendrán que investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo después de que Garzón decidiera inhibirse en su favor.

Por su parte, la clase política ha dejado ver sus profundas discrepancias en materia de memoria histórica.
Las asociaciones de víctimas agradecen al juez su "valentía" pero se muestran "decepcionadas" por esta última decisión.

CNN+.

La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa que investiga las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo ha hecho florecer las opiniones de todo el sector político y judicial sobre el proceso.
Las principales asociaciones de jueces y magistrados coinciden en destacar que el juez de no necesitaba cuatro autos y una providencia para declarar extinta por fallecimiento la responsabilidad del general Francisco Franco y los altos cargos de su régimen.

Sin embargo, lo más destacable de lo apuntado por las asociaciones judiciales es que la decisión adoptada por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa.

Algunos juristas apuntan a la posibilidad de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviese este problema con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".

Reacciones políticasDesde el sector político ha habido menos acuerdo sobre cómo valorar las actuaciones del juez. El PP considera que el tiempo le ha dado la razón tras conocer que el juez Baltasar Garzón se inhibe, mientras que la decisión no ha satisfecho a IU e ICV.

Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón y su decisión "entra dentro de la toma de posición" del Ministerio Fiscal, en contra de que el juez de la Audiencia Nacional procediera a la investigación.

Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, cree que Garzón se ha inhibido en la instrucción ante las "dificultades" y los "obstáculos" a sus pesquisas desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.

Las asociaciones de víctimas, dolidasLa secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha mostrado su sorpresa y su dolor por la decisión del juez, mientras que El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha agradecido a Garzón su "valentía" al abordar una "cuestión candente" como es la recuperación de la Memoria Histórica que "hasta la fecha nadie había puesto en primer plano".

Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se ha considerado "decepcionante" la decisión del juez, que representa la incapacidad de la democracia española para hacer justicia. Su presidente, Emilio Silva, ha afirmado que "la pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que no puede consentir que haya familias caminando por las cunetas y los montes buscando a sus seres queridos sin ayuda del Estado".
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Garzón acusa al Franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños
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En el auto de 152 páginas hecho público por el juez Baltasar Garzón sobre extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, también se ha denunciado la "segregación infantil" que alcanzaó unos "límites preocupantes" durante el Franquismo. Esto ha propiciado "la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40".

Según el documento y tras los estudios realizados, durante el Franquismo "se cometió una segregación infantil que alcanzó unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40, situación que, en gran medida, podría haberse prolongado hasta hoy". Es decir, "se habría privado de su identidad a miles de personas en contra de los derechos de las propias víctimas inmediatas y de sus familiares, en aras a una más adecuada preparación ideológica y la afección al régimen".

Además, el documento de Garzón habla también sobre los 'niños perdidos' como "parte de las víctimas del Franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen".

Por su parte, Garzón indica además en su auto que "varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como 'inadecuada' para su formación".

En otro de los puntos del documento, el juez de la Audiencia Nacional denuncia que "el régimen Franquista invocaba la 'protección de menores' pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente "los pecados de su padre" y se les repetía que ellos también eran irrecuperables".

Por último, indica que "frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos".

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El magistrado se inhibe en favor de los juzgados de instrucción para evitar que se le declare incompetente. Las asociaciones de víctimas lo consideran una "marcha atrás intolerable"

Noticias Cuatro - 18/11/2008 - 19:40

El juez Baltasar Garzón se inhibe en favor de los juzgados de instrucción para evitar que se le declare incompetente en la investigación y deja la causa de la memoria histórica. Cada juzgado en cada municipio será el encargado de resolver ahora si abre o no las fosas y si persigue o no a los acusados de crímenes durante el franquismo.

Garzón es quien puso en marcha esta causa, que ha sido calificada como "de justicia" por las víctimas y de "revancha histórica" por quienes la critican. El magistrado sigue convencido de que el delito de desaparición ilegal existe, pero redirige la investigación hacia los tribunales territoriales de los lugares donde se encuentran las fosas, hacia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hacia el Ministerio de Justicia.

Por su parte, las asociaciones de víctimas califican hoy lo ocurrido de "marcha atrás intolerable" en un proceso, dicen, que llevan esperando desde hace 70 años.

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La decision del juez Garzón se produce después de haber comprobado oficialmente que no están vivos ninguno de los responsables de los que el magistrado califica como "represion franquista".

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La ley obliga al juez a archivar las investigaciones si no puede sentar a nadie en el banquillo y el magistrado ha adoptado esta resolución cuando ha tenido los datos objetivos en sus manos.
El juez, en cambio, se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se opone por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.

De forma implícita el juez, reconoce que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar este asunto y con su resolucion, Garzón trata de evitar el "varapalo sonoro" de que sus superiores le declaren incompetente.

"Si se declara incompetente, no parece que tenga mucho sentido que la sala de lo penal se reúna para decirle lo mismo", reconocen fuentes jurídicas, aunque todavía está por ver si la sala aplaza su cónclave.

Cabe incluso la posibilidad de que el Pleno de los jueces rectifique a Garzón y le ordene que concluya el sumario porque en esta fase del proceso, el juez no tiene autoridad para archivar la causa y debe ser la sala de lo penal quien lo haga al tratarse de un sumario y no de diligencias previas en las que el juez sí está facultado para ordenar el archivo o el sobreseimiento de la investigación.
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lunes, 3 de noviembre de 2008

La identificación por ADN de desaparecidos del franquismo podría durar años

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La identificación por ADN de desaparecidos del franquismo podría durar años

MADRID (AFP) —

La identificación mediante el ADN de los 114.266 "desaparecidos" de la Guerra Civil (1936-1939) y de la dictadura de Franco (1939-1975) podría durar años y saturar los laboratorios de la policía, según un responsable policial citado este lunes por el diario ABC.

El diario cita al jefe de la policía científica, Miguel Ángel Santano, para el que "si nos dedicamos a identificar por ADN los restos de las fosas, que se olviden de esclarecer delitos en dos o tres años. Los laboratorios se colapsarían". "Por el tiempo que emplearíamos y por el coste es imposible que los laboratorios oficiales podamos asumir ese trabajo", añade Santano, comisario general de la policía científica española.

El responsable subraya paralelamente la dificultad de lograr resultados concretos teniendo en cuenta la antiguedad de los esqueletos y las limitadas posibilidades de lograr extraer ADN: "En muchísimos casos sólo se podría concluir que es posible o que no se descarta que sea tal persona y eso después de meses y un esfuerzo ingente".

El costo de tales análisis sería también importante, según ABC, que cita una estimación "por lo bajo" de 137 millones de euros.

El juez Baltasar Garzón, de la Audiencia Nacional, decidió abrir una investigación sobre la desaparición de 114.266 personas durante la Guerra Civil y los primeros años de la dictadura de Franco, alegando un delito de crimen contra la humanidad, que, según él, anula la Ley de Amnistía de 1977 que había prevalecido hasta ahora.

La fiscalía se opone a la investigación que, según el fiscal jefe, Javier Zaragoza, supondría "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de Derecho como el que consagra la Constitución Española". El recurso de la fiscalía contra la apertura de la instrucción debería ser examinado próximamente por varios magistrados de la Audiencia Nacional.
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martes, 28 de octubre de 2008

Gracias, juez. Enrique Curiel.

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Gracias, juez

ENRIQUE CURIEL

El pasado jueves 23 de octubre, los sobrinos de Eugenio Curiel Curiel –fusilado y desaparecido junto con un sacerdote amigo de la familia el 19 de septiembre de 1936 entre León y Astorga– presentamos una querella en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con los miles de españoles represaliados en las mismas circunstancias y silenciadas hasta hoy. Con la ayuda desinteresada del bufete de José María Mohedano, amigo y compañero de fatigas, hemos podido dar un paso inexcusable con muchas familias de españoles desaparecidos.Gracias, Baltasar Garzón, juez Baltasar Garzón. Porque, con independencia del desenlace procesal que tenga la causa 399/06, sobre lo que no me pronunciaré porque “doctores tiene la Iglesia”, nos has reconfortado, nos has devuelto la dignidad, la voz y la palabra y la esperanza.En nuestro caso, mi madre, con 92 años, es el único testigo de lo ocurrido y, aunque prestará declaración ante el juez, somos conscientes de la dificultad de recuperar los restos de nuestro tío y del sacerdote. Aun así, has serenado nuestros espíritus y, frente a tanta hipocresía movilizada en las últimas semanas, te apoyaremos públicamente hasta donde sea necesario; es decir, hasta el final. Y ese final no puede ser otro que abrir todas las malditas cunetas de España para enterrar a nuestros familiares con toda la entereza, cariño y honorabilidad que merecen y que podamos expresar. Nadie podrá evitartal objetivo. Ni los viejos fantasmas del franquismo que perviven, ni los franquistas sobrevenidos que, para sorpresa de algunos, han llamado a rebato, podrán neutralizar la marea incontenible, el relámpago de honestidad y de verdad querecorre nuestro país. Algunos, entre risas, ironías y bromas, nos han sugerido desde alguna radio que nos dediquemos a buscar los restos de los sioux o de los apaches masacrados por los yanquis. La indignidad, cuando desenfunda, no tiene límites. Lo diré con claridad: no quedará ni una sola cuneta sin abrir. La España democrática es incompatiblecon los desaparecidos y con el olvido. No podemos dejarle a las generaciones futuras una España con cadáveres en las cunetas. Nos pedirían cuentas. Y tendrán razón. Yo, al menos, no cederé ni un milímetro. Y si hay que tirar de la manta, tiraré, aunque me quede solo. La reconciliación no puede ser sólo de una parte. Los que ganaron tienen que ceder su parte como nosotros cedimos la nuestra. Enrique Ruano (con el que estuve en la DGS), Pedro Patiño, Julián Grimau, SalvadorAntich, los fusilados por Franco un mes antes de morir y los asesinados después de muerto Franco están vivos en nuestra memoria, como los abogados de la calle Atocha del PCE y de Comisiones Obreras, o los trabajadores de Vitoria… Ni media broma con este asunto porque, si es preciso, volvemos a la calle, que ya es hora, como dice Celaya. Repito. Ni media broma, ni un chiste más.

Lo hechos son tan simples como brutales y, es cierto, similares en ambas retaguardias. Nuestro padre fue detenido en Vigo a principios de agosto de 1936. Catedrático de Lengua y Literatura Francesa del Instituto de Santander, estaba en la ciudad gallega donde residía la familia de mi madre, que procedía del País Vasco. Ya había sido detenido y encarcelado en 1929 y 1930 en Valladolid por su oposición a Primo de Rivera y a la monarquía. Ingresó en el Socorro Rojo Internacional en 1929 y trabajó en Madrid con Vittorio Vidali, el que más tarde sería el Comandante Carlos. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid con Marino Vela.

Con su hermano Eugenio, que era el mayor de los cuatro, se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. En el momento de ser detenido y fusilado Eugenio Curiel Curiel era director, catedrático del Instituto de Astorga y concejal de Ayuntamiento de Valladolid por Izquierda Republicana.

En cuanto tienen noticias en Valladolid de la detención de nuestro padre en Vigo, se trasladan allí mi tío Eugenio y un sacerdote, también catedrático del Instituto de Astorga y muy amigo de la familia, para ayudar en todas las gestiones posibles para lograr la liberación de su hermano y acompañar a nuestra madre. A pesar de las gestiones que hemos hecho, lamentablemente, desconocemos el nombre del sacerdote, y así lo hemos puesto en conocimiento del juez Garzón. Pero seguiremos indagando. Nuestra madre, con 92 años, lo ha olvidado, y con mi padre, fallecido hace cinco años, no debíamos hablar de este asunto porque le resultaba imposible evitar una intensa emoción.

Mi tío y el sacerdote consiguen demostrar que nuestro padre había sido expulsado del PCE en el Congreso celebrado en Sevilla en 1932 con su compañero y amigo del alma Marino Vela, con el que había leído y traducido del alemán obras deLenin y de Karl Liebknecht. La aparición de la expulsión de ambos en Mundo Obrero salvó la vida de Luis Curiel, pero, lamentablemente, no la de Marino Vela, que fue fusilado en Valladolid por esas fechas.

Con su hermano en libertad, Eugenio decide volver a Astorga para iniciar los preparativos del curso y, aunque nuestro padre le aconseja que se quede en Vigo, Eugenio se niega. El día 18 emprende junto con el sacerdote el viaje hacia Astorga, donde son detenidos al llegar y trasladados a la prisión de San Marcos de León, hoy convertida en Gran Hotel San Marcos de León y que no pisaré jamás en mi vida. Lo único que sabemos es que, en un traslado el 19 de septiembre entre León y Astorga, el responsable de la camioneta ordena parar porque “va muy cargada”. Bajan siete u ocho detenidos, entre ellos Eugenio y el sacerdote, que son fusilados y abandonados en una cuneta. No sabemos nada más. A partir de ese momento un manto de silencio y de dolor lo cubrió todo.

Enrique Curiel es ex vicesecretario general del Partido Comunista de España
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jueves, 16 de octubre de 2008

Amnistía Internacional: El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

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España: El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

España (16-10-08)
Víctimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo

El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

Las autoridades deben colaborar con la justicia sin dilación

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) acoge con satisfacción la decisión del Juez Baltasar Garzón de admitir a trámite las denuncias por desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el Franquismo presentadas por familiares y organizaciones, integradas en la Plataforma de Desapariciones Forzadas (PVDF).

Con esta decisión, comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos, y representa para muchas familias y organizaciones una señal esperanzadora tras décadas de haber sido privadas del derecho a contar con un recurso efectivo. “Más allá de los actos de homenaje y reparación moral, es tiempo de rehabilitar los derechos de las víctimas. Los familiares de quienes fueron objeto de desaparición forzada no pueden continuar viendo postergado su derecho a saber. Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Amnistía Internacional pide a todos los poderes públicos que colaboren con la justicia sin dilación. Como consecuencia de esto, las autoridades españolas deben llevar adelante de la manera más diligente todas las actuaciones necesarias en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familiares para su inhumación de acuerdo a la voluntad presunta de la persona fallecida o en su defecto de acuerdo a lo que la familia disponga. La organización insta una vez más a las autoridades españolas a dar respuesta a la deuda pendiente hacia las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y a hacerlo conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, como reafirma en su Auto el Juez Baltasar Garzón, son un crimen contra el derecho internacional respecto al cual España tiene obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.

Más informaciónGabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.
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España / Justicia Universal: 10 años de avances importantes, riesgo de retroceso en la actualidad

España / Justicia Universal (15-10-08)

X Aniversario de la detención de Pinochet, hito en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos

10 años de avances importantes, riesgo de retroceso en la actualidad

Nuevo Informe de Amnistía Internacional: “España, Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad “

Madrid- La víspera del X Aniversario de la detención de Augusto Pinochet en Londres, Amnistía Internacional conmemora este hito en la lucha contra la impunidad instando a todos los países del mundo, incluida España, a asegurarse de que no se convierten en refugio seguro para quienes violan los derechos humanos.

La detención de Pinochet marcó una nueva era para los derechos humanos. Por un lado, en Chile llevó la esperanza de la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar y a sus familias. Y por otro, en todo el mundo, los principios jurídicos afirmados por los tribunales en ejercicio de la jurisdicción universal se han convertido en piedras angulares de la lucha de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
El procesamiento de Pinochet ha inspirado toda una serie de causas judiciales contra violaciones de los derechos humanos durante la década transcurrida desde la detención del ex presidente chileno. Varios presuntos responsables de violaciones de derechos humanos han sido o están siendo investigados o procesados sobre la base de la jurisdicción universal en países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza.

“Antes del procedimiento judicial contra Pinochet, los responsables de abusos contra los derechos humanos se sentían a salvo bajo la protección de leyes de amnistía, disposiciones de prescripción o concesiones de inmunidad. Diez años después, delitos como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales ya no se consideran un problema político que debe ser resuelto por los diplomáticos”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional.

“En varios países, -continúa Beltrán,- se está investigando y procesando a ex jefes de Estado. Los responsables de violaciones de derechos humanos que gozan de protección en su propio país pueden ser procesados en otros países, que actúan en nombre de la comunidad internacional.”
Pese a lo conseguido, queda mucho camino por recorrer para acabar con la impunidad. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales sólo pueden hacer rendir cuentas de sus actos a algunos de los responsables de violaciones de los derechos humanos. En opinión de Amnistía Internacional, los Estados, como agentes de la comunidad internacional, deben hacer valer el régimen de derecho construido internacionalmente y en consecuencia perseguir e investigar los delitos y crímenes contra el derecho internacional.

Nuevo Informe
“ESPAÑA: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad”España exhibe una experiencia acumulada en el ejercicio de la jurisdicción universal que la distingue respecto de otros países. En la última década, hasta donde llega el conocimiento de Amnistía Internacional, se han presentado en nuestro país 17 demandas judiciales basadas en jurisdicción universal. De ellas, once han sido admitidas a trámite, sea en fase de instrucción o con auto de procesamiento: Chile (Pinochet y otros), Argentina (solicitud de extradición de 40 personas y caso Cavallo), Guatemala, China (Tibet y Falun Gong), Sahara Occidental, caso Couso, Ruanda, campos de concentración nazis y Palestina / Israel. En un caso –Scilingo, Argentina-, se ha llegado a celebrar un juicio oral que ha terminado en un sentencia condenatoria.El camino recorrido permite identificar obstáculos y amenazas. Estas son las cuestiones que se abordan en el informe ESPAÑA: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad, perteneciente a la serie de documentos de investigación “Estrechando el cerco” que Amnistía Internacional inicia con este informe.

Este documento analiza los obstáculos que a nivel legislativo, judicial y de acción del Gobierno que dificultan una efectiva aplicación del principio de jurisdicción universal en España y hasta amenazan con poner en riesgo el futuro mismo de dicho principio. Los obstáculos identificados son incompatibles con las normas internacionales y por tanto pueden comprometer la responsabilidad internacional de España.

Entre los obstáculos más importantes se encuentran la interpretación restrictiva del principio de jurisdicción universal legalmente previsto, la prescripción de algunos delitos de derecho internacional, la falta de voluntad política de cooperar con los tribunales de justicia que ejercen su jurisdicción de conformidad al derecho interno y al derecho internacional, y la injerencia de criterios políticos que pueden afectar las decisiones de la justicia.

Para superar estos obstáculos, Amnistía Internacional ha incluido varias recomendaciones a las autoridades españolas, como la derogación de los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 18/2003 de Cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) y una reforma del Código Penal que garantice que todo delito de derecho internacional sea correctamente tipificado de acuerdo a las normas internacionales y sancionado de acuerdo a su gravedad.

Para la organización, los citados artículos de la Ley de Cooperación con la CPI, son contrarios al principio de complementariedad, base del funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Dicho principio consagra que, de cometerse alguno de los crímenes competencia de la CPI –genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra- en el territorio de un Estado parte o por algunos de sus nacionales, no corresponderá a la CPI intervenir en primera instancia, sino que es un deber de los Estados parte ejercer en primer término su propia jurisdicción penal. Los artículos citados consagran, sin embargo, la regla opuesta.En cuanto a la reforma del Código Penal, Amnistía Internacional estima que es necesaria debido a la práctica de los tribunales españoles de recurrir al derecho internacional sólo como fuente de interpretación -mostrándose reacios a la aplicación directa del mismo.

Todo esto hace que mientras el derecho nacional no tipifique como delito las conductas prohibidas por el derecho internacional, las misma podría quedar impunes. La organización considera especialmente grave el hecho de que el ordenamiento jurídico español no haya definido conforme al derecho internacional el delito de tortura y no haya tipificado adecuadamente los delitos de desaparición forzada de personas, las ejecuciones extralegales y sumarias y los crímenes de índole sexual. Una ciberacción para actuar a favor de la jurisdicción universalAmnistía Internacional también lanza hoy una ciberacción dirigida a las autoridades españolas con el objetivo de asegurar el ejercicio eficaz de la jurisdicción universal por sus tribunales y la colaboración efectiva con otros tribunales nacionales e internacionales en la lucha contra la impunidad. Esta acción, accesible en Internet en http://www.actuaconamnistia.org/, consiste en el envío de mensajes al Ministerio de Justicia apoyando las reformas legislativas citadas.

Amnistía Internacional anima a la ciudadanía a sumarse a esta inicitativa.
Información complementaria sobre el caso Pinochet e impactos de la jurisdicción universal en la lucha contra la impunidadMás de 1.100 personas desaparecieron, más de 2.000 fueron ejecutadas extrajudicialmente y varios miles fueron torturadas durante las casi dos décadas de gobierno militar en Chile.

El general Augusto Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, sobre la base de una solicitud de extradición presentada por un juez español. La Cámara de los Lores británica resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad procesal como ex jefe de Estado. Además, en este proceso se afirmaron otros importantes principios jurídicos, como el alcance de la jurisdicción universal. Aunque Pinochet pudo regresar a Chile por motivos de salud en el año 2000 y el procedimiento de su extradición se anuló, las decisiones recientes de los tribunales chilenos han posibilitado la reapertura de casos de “desaparición” y ejecución extrajudicial.

Desde entonces, algunos ex jefes de Estado, como Alberto Fujimori en Perú y Hissène Habré en Senegal, están siendo juzgados por tribunales nacionales, mientras otros, como el ex presidente liberiano Charles Taylor, están siendo procesados en tribunales internacionales.

Consulta el informe "España, ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad"

Ficheros:
Cronologia_01.pdf
Dossier_Informativo.pdf

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.
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¿DONDE ESTA?

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