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Garzón renuncia a investigar los crímenes del período franquista
Diario EL PAIS - Montevideo,Uruguay
España. Juez deja aperturas de fosas en manos de tribunales provinciales
MADRID DANIEL BELTRÁN ROHR, CORRESPONSAL Y AGENCIAS
El juez español Baltasar Garzón renunció ayer a las investigaciones sobre los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo, y dejó el caso en manos de tribunales provinciales, accediendo de esta manera al pedido de la Fiscalía.
El juez de la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, anunció el 16 de octubre que iniciaría una investigación para determinar la suerte de unos 114.000 desaparecidos durante la Guerra Civil y en los primeros años de la dictadura de Franco. Fue así que autorizó la apertura de 25 fosas comunes donde se cree están enterrados republicanos asesinados en el proceso.
Pero Garzón decidió ayer enviar la causa a los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas que autorizó a abrir, anunciaron ayer fuentes judiciales. En un documento de 152 páginas, el magistrado lamentó la disputa judicial que se generó sobre su competencia en la causa, que fue cuestionada en un recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que desencadenó su renuncia.
La Fiscalía se opuso a la investigación, que sería la primera sobre esta etapa de la historia en España, alegando una ley de amnistía de 1977 por la cual prescribían todos los delitos ocurridos en esa época.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas pidió se anule esa ley, por entender que está en contradicción con los tratados internacionales a los que España adhiere.
Presiones.
La decisión de Garzón "deja en evidencia la debilidad de la democracia española a la hora de afrontar la reparación a las víctimas del franquismo", señaló Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). Además, "deja la pelota en el tejado del gobierno", que es contrario a una investigación judicial, al igual que la fiscalía, agregó.
Según la organización, la decisión de Garzón pudo deberse a "presiones políticas".
La ARMH, que agrupa a familiares de víctimas, exhuman los restos de sus parientes desde hace ocho años al margen de las acciones judiciales. Desde 2000 abrieron más de 170 fosas y exhumaron unos 4.000 cuerpos; poseen datos de que existen más de 400 fosas en toda España. Una de ellas, ubicada en la provincia de Granada, sería la que esconde los restos del poeta Federico García Lorca.
En la práctica, la decisión del juez divide el caso en pequeñas causas que irán a jueces diferentes. Además, aleja la posibilidad de que se pueda abrir un proceso judicial único para revisar lo ocurrido durante ese período de la historia española.
No obstante, Garzón defendió con vehemencia en el escrito los argumentos que lo llevaron a iniciar la investigación.
El magistrado aseguró que "las atrocidades" cometidas durante la guerra y la dictadura de Franco constituyen un delito de crímenes contra la humanidad por la desaparición sistemática de miles de opositores al régimen franquista.
"Ante unos hechos como los aquí valorados y, a todos estos efectos, no es lo mismo declarar extinguida la responsabilidad de los principales cabecillas por fallecimiento, que otorgarles la impunidad, el perdón y el olvido judicial, tildando sus acciones como mera represión política", señaló Garzón.
De hecho, Garzón eximió por causa de muerte a Franco y a otros 44 altos cargos de la Falange Española, el partido político en que se apoyó el dictador para respaldar el golpe.
Al mismo tiempo, el magistrado recordó que el hecho de que todavía existan víctimas vivas de aquellos años implica que también podría haber culpables. "La investigación presenta muchas dificultades de prueba por el tiempo transcurrido; es difícil que existan autores vivos. Pero no es válido para impedir que se investigue", aseguró Garzón, en su último intento para que el caso no muera con su renuncia.
El juez explicó que "una vez que se constata la extinción de la responsabilidad por fallecimiento (...), la competencia del Juzgado y de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional desaparecen". Por eso transfiere a los juzgados territoriales la responsabilidad de encargarse de manera "urgente" de la apertura de las fosas.
El magistrado exhortó a "la más rápida y urgente exhumación de los cuerpos de los que existan datos (...) Máxime si se tiene en cuenta que, al tratarse de un crimen de detención ilegal con desaparición forzada de personas, el delito se sigue cometiendo hoy, tanto en el caso de los que aparezcan muertos como en el de los que están vivos", según el texto del auto.
Garzón también instó a investigar el paradero de los niños que en esa época fueron sustraídos de sus familias republicanas y a quienes se les cambió el nombre para ser adoptados por personas relacionadas con el régimen franquista o fueron internados en instituciones estatales.
Defensa. José Antonio Martín Pallín, magistrado del Tribunal Supremo de Justicia salió en defensa del trabajo de Garzón, ante las presiones de ARMH.
El juez subrayó que aunque "jurídicamente se podría discutir la iniciativa de Garzón", éste "prestó un gran servicio histórico a España".
Asimismo añadió que si Garzón no puede continuar la tarea "la seguirán los tribunales internacionales".
Martín Pallín defendió además que "la verdad tiene que salir por madurez democrática, no por vergüenza". Al tiempo que destacó que "hubo ejecuciones extrajudiciales y desapariciones (durante la Guerra Civil) que deberían ser esclarecidas". "Los crímenes contra la humanidad no prescriben", sentenció el magistrado.
Una dura derrota para el juez más famoso de España
Madrid A
Baltasar Garzón, de 53 años, se lo podría definir como "el juez más famoso de España". Su vasta y pública carrera le posibilitó ganarse este lugar.
El magistrado, entre otras cosas, fue decisivo en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En 2002 suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara su legalización aplicando la Ley de Partidos. Algunos lo consideran el primero que disparó fuerte contra el terrorismo islamita ya que en 2003 dictó una orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. El día de la matanza del 11-M, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia.
También comenzó con el caso Augusto Pinochet, en julio de 1996. En un principio el juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renunció a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia. Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa lo guió en el caso sobre los crímenes del franquismo, quizá su mayor derrota.
el país de madrid
El País Digital. Uruguay.
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La renuncia de Garzón desespera a las víctimas del franquismo
Perfil.com -
Sienten gran indignación por la renuncia del juez a investigar los crímenes del franquismo. Los sectores conservadores ya dictaron sentencia.
Por Jorge Vogelsanger (dpa) 20.11.2008 08:21 ç
"Baltasar Garzón es el juez con más cojones de la Audiencia Nacional y para habernos hecho esto tuvo que estar sometido a presiones horrorosas". La frase es de Jesús Gutiérrez, uno de los miles de españoles cuya familia fue víctima de la represión franquista. Y muchos otros confiaban en este magistrado para recuperar los restos de sus seres queridos, que todavía hoy, 33 años después de la dictadura, yacen en fosas comunes a lo largo y ancho del país. Para Gutiérrez y los demás resulta muy dolorosa la sorpresiva decisión de Garzón de renunciar a investigar el paradero de decenas de miles de desaparecidos y de encausar los crímenes de lesa humanidad que atribuye a las fuerzas del general Francisco Franco durante la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura (1939-1975).
"Más que decepcionado, estoy indignado", dijo hoy a dpa Gutiérrez, quien trata de recuperar los cuerpos de sus cuatro tíos, fusilados por los franquistas en agosto de 1936 y enterrados junto con otros ocho hombres en una fosa común en La Serna del Monte, un pequeño pueblo serrano al norte de Madrid. La indignación de este mec nico electricista ya jubilado no se dirige contra el juez sino contra el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, cuyo recurso contra el procedimiento abierto por Garzón hace apenas un mes finalmente obligó a éste a dar marcha atr s, frustrando las esperanzas de los familiares. "No es digno que nos sigan robando a nuestros muertos y que no se me permita recuperar a mis tíos del monte", dice Jesús con exasperación. "Ya est bien de aguantar impertinencias después de tener que mantener la boca cerrada durante 40 años!", agrega. Como él, muchos no entienden cómo es posible que la Justicia española haya podido investigar los crímenes de dictaduras en Argentina, Chile o Guatemala pero que eso no sea posible en España.
"En ningún otro país del mundo son los propios familiares los que se encargan de resarcir el daño causado", denunció hoy a este respecto Santiago Macías, el vicepresidente del la Asociación para la Recuperación de las Memoria Histórica (ARMH), la principal impulsora del procedimiento que había abierto Garzón. Macías, que pide una mayor implicación del gobierno, criticó duramente la, a su juicio, mala aplicación de la Ley de Memoria Histórica aprobada el año pasado. Con ésta, denunció, España se puso al mismo nivel que Mozambique. "Los expertos internacionales que llegan aquí se echan las manos a la cabeza", dijo.
La sensación de las víctimas es de abandono, toda vez que el juez ya había ordenado la exhumación de 25 fosas comunes, entre ellas la de La Serna del Monte. Pero también esa iniciativa fue paralizada a instancias de la fiscalía y, tras la inhibición de Garzón, el asunto queda en manos de los respectivos juzgados provinciales, algo que las víctimas critican como arbitrario, ya que ahora dependen de la voluntad de un juez que quiz s sea contrario a todo este proceso. "Luego de haber estado tan cerca es como si nos hubieran quitado el caramelo de la boca", lamenta por ello Jesús Gutiérrez.
Por su parte, el ex fiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo dijo no entender cómo, apenas un mes después de declararse competente en el caso, Garzón terminó "colocándose en la posición que defendía el fiscal". Además, consideró "inviable" que ahora se encarguen de todo ello los juzgados territoriales. Y en los sectores conservadores, la sentencia contra Garzón ya ha sido dictada.
El opositor Partido Popular (PP), contrario desde el comienzo a su iniciativa, manifestó que el tiempo finalmente les dio la razón. Para el diario "ABC", una vez que el magistrado "se ha dado de bruces con una realidad cuyas consecuencias debió sopesar de antemano, y una vez que ha vuelto a colmar su cíclica cuota de protagonismo, el juez sólo ha conseguido reabrir heridas ya cicatrizadas para la inmensa mayoría de los españoles". En la misma línea, el periódico "El Mundo" habla de una "truculenta garzonada" que empezó como "un puro disparate" y terminó tal cual.
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jueves, 27 de noviembre de 2008
domingo, 19 de octubre de 2008
La prensa internacional analiza la decisión del juez Garzón
Publicaciones como la revista ‘Time’ o la edición on line de la ‘BBC’ reflejan la decisión del magistrado español y toman partido
CADENASER.com 19-10-2008
En el caso de 'Time', se compara el posible enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista con los juicios de Nuremberg y la ejecución de Mussolini.
DOCUMENTO: Consulta el auto del juez Baltasar Garzón
Garzón acepta investigar los crímenes del franquismo que considera delito contra la humanidad
La familia de Lorca califica en la SER de profanación la decisión de Garzón de abrir la tumba del poeta
Las primeras exhumaciones de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura comenzarán en un mes
Las asociaciones para la memoria histórica se reúnen para designar a los expertos de las exhumaciones
En el caso de 'Time', se compara el posible enjuiciamiento de los crímenes cometidos durante la dictadura franquista con los juicios de Nuremberg y la ejecución de Mussolini.
DOCUMENTO: Consulta el auto del juez Baltasar Garzón
Garzón acepta investigar los crímenes del franquismo que considera delito contra la humanidad
La familia de Lorca califica en la SER de profanación la decisión de Garzón de abrir la tumba del poeta
Las primeras exhumaciones de los desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura comenzarán en un mes
Las asociaciones para la memoria histórica se reúnen para designar a los expertos de las exhumaciones
En el ámbito internacional, el procesamiento propuesto por Garzón supone una medida de división entre la sociedad. 'Time' en su artículo además indica una tardanza excesiva de la justicia española a la hora de afrontar los crímenes cometidos durante el periodo de la dictadura y la Guerra Civil del 36.
'Time' toma partido
Según esta publicación "Tras la muerte de Franco en 1975, los españoles firmaron 'pacto de silencio' que abarca las heridas de la Guerra Civil de 1936-39 y la siguiente dictadura, e incluso concedió una amnistía a aquellos que llevaron a cabo la represión franquista".
El titular de la información deja clara la postura de la publicación "Al fin, España se enfrenta a la culpabilidad de Franco".
BBC entrevista a Garzón
Con una visión más aséptica, el medio británico opta por reflejar los motivos del magistrado para iniciar la investigación. Incluso, hablan con el juez, que resalta la abundancia de causas en el mundo en las que se refieren crímenes de lesa humanidad.
El artículo resalta que Garzón es famoso por su persecución de los crímenes contra la humanidad o el proceso iniciado contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet.
La BBC coincide con otros medios en calificar la decisión del magistrado como "controvertida" para España.
Por último, se centra en las exhumaciones de las fosas comunes y detalla la presencia de los restos del poeta Federico García Lorca en una de ellas. El artículo de la 'BBC' se enmarca entre varias informaciones y reportajes que repasan la historia de España y se ilustra con una imagen del Guernica.
sábado, 18 de octubre de 2008
Le juge Garzon enquête sur les crimes franquistes, malgré la loi d'amnistie.
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Le juge Garzon enquête sur les crimes franquistes, malgré la loi d'amnistie
L'Espagne se déchire à nouveau après la décision du juge d'ouvrir une instruction sur la disparition de 114 266 républicains pendant la guerre civile et les premières années de la dictature franquiste.
MADRID CORRESPONDANT
L'Espagne se déchire à nouveau après la décision du juge Baltasar Garzon, annoncée jeudi 16 octobre, d'ouvrir une instruction sur la disparition de 114 266 républicains pendant la guerre civile et les premières années de la dictature franquiste, c'est-à-dire entre 1936 et 1952. Dans un acte d'une soixantaine de pages, le magistrat vedette de l'Audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole, s'est déclaré compétent pour enquêter sur les exactions du franquisme, ordonnant l'ouverture de 19 fosses communes, dont celle où le poète Federico Garcia Lorca est censé être enterré, près de Grenade (Le Monde du 20 septembre).
SUR LE MÊME SUJET
Les faits En Espagne, le juge Garzon ordonne l'ouverture de la fosse où se trouvent les restes de Garcia Lorca
Les partis de droite ont aussitôt critiqué une initiative qui "rouvre inutilement les blessures du passé", alors que la guerre civile "fut une tragédie collective avec des victimes des deux côtés". Le fondateur du Parti populaire (PP, droite), Manuel Fraga, 86 ans, qui fut ministre de l'information et du tourisme de Franco pendant sept ans, a dénoncé "une erreur très grave, une sottise", personne ne pouvant, selon lui, se déclarer compétent sur ce sujet "puisqu'il y a eu une loi d'amnistie". Voté en 1977, deux ans après la mort du dictateur, le texte, que les associations de familles de victimes ont baptisé "pacte du silence", était censé favoriser la réconciliation et la transition démocratique en cours.
C'est en vertu de cette même loi d'amnistie visant "les crimes politiques" commis avant le 15 décembre 1976 que le parquet, dépendant du gouvernement dirigé par le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, a annoncé son intention de faire appel de la décision du juge Garzon.
Ce dernier anticipe l'argument : "L'Etat ne peut ni ne doit effacer ses propres crimes ni ceux de ses agents quand ils ont été dirigés contre ses propres citoyens", écrit-il dans son acte judiciaire, précisant que " toute loi d'amnistie qui cherche à effacer un crime contre l'humanité, qui ne peut être assimilable à un crime ou délit politique, sera nulle de plein droit."
Certes, la guerre civile espagnole est antérieure à la notion de crime contre l'humanité, admise pour la première fois lors des procès de criminels nazis de Nuremberg après la Libération. Mais le raisonnement juridique de Baltasar Garzon fait valoir que, dans l'esprit de la Convention de Genève, les violences commises après le soulèvement militaire du 17 juillet 1936 "avaient déjà à cette époque la qualité d'actes prohibés par le droit de la guerre". Le fait qu'on ignore encore où se trouvent la plupart des cadavres, jetés dans des fosses communes après leur exécution sommaire, en ferait des délits "continus", donc imprescriptibles.
Témoignages d'historiens à l'appui, M. Garzon considère que la répression obéissait à une volonté d'élimination "planifiée" des républicains. Dans l'impossibilité de poursuivre Francisco Franco et les principaux responsables de son régime, le juge Garzon a demandé au ministère de l'intérieur l'identification d'ex- hauts dirigeants encore en vie de la Phalange aux fins d'éventuelles poursuites.
C'est la première fois que la justice espagnole ouvre une enquête judiciaire sur cette période douloureuse de l'histoire du pays, alors qu'elle s'est reconnue depuis 2005 une compétence universelle pour juger les crimes contre l'humanité et les génocides. Une dizaine de plaintes sont actuellement instruites en Espagne pour des génocides présumés commis en Amérique latine, en Afrique et au Tibet.
Mondialement connu depuis
qu'il a provoqué il y a dix ans, le 18 octobre 1998 à Londres, l'arrestation de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, Baltasar Garzon est plus que jamais la bête noire de la presse espagnole de droite. Tandis que le quotidien conservateur ABC dénonce "les graves contradictions légales et le manque de rigueur technique préoccupant" de son dossier, le magistrat est pour El Mundo (droite ultra libérale) "ni moralement ni mentalement apte à juger quiconque".
"Le lynchage public dont fait l'objet Garzon donne une idée du déficit démocratique dont souffre l'Espagne", écrit El Pais, vendredi 17 octobre. Le quotidien proche de la gauche ajoute que, malgré les soixante-dix années qui se sont écoulées depuis la guerre civile, "le procès virtuel de Franco est indispensable dans un pays qui n'a pas été capable d'affronter les misères de son passé".
jean-jacques bozonnet
Article paru dans l'édition du 19.10.08.
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Les faits En Espagne, le juge Garzon ordonne l'ouverture de la fosse où se trouvent les restes de Garcia Lorca
Après s'être déclaré compétent pour enquêter sur les "disparus" du franquisme, le juge espagnol Baltasar Garzon, de l'Audience nationale, la plus haute autorité pénale du pays, a ordonné, jeudi 16 octobre, l'ouverture de plusieurs fosses communes, dont celle où se trouvent les restes du poète Federico Garcia Lorca, entre les bourgs d'Alfacar et de Viznar, près de Grenade (sud de l'Espagne).
La famille de Garcia Lorca s'était toujours opposée à l'ouverture de cette fosse qui contient également les restes de deux toreros anarchistes. Mais elle avait annoncé, en septembre, au quotidien El Pais, qu'elle ne s'opposerait pas finalement à l'ouverture de la fosse commune. "Même si nous aimerions que cela ne se fasse pas, nous respectons le désir des autres parties impliquées", avait déclaré Laura Garcia Lorca, nièce du poète et porte-parole de la famille.
Le juge Garzon a également décidé d'autoriser l'exhumation de la dépouille mortelle du maître d'école Dioscoro Galindo exécuté en 1936, près de Grenade, par des franquistes en même temps que le poète.
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Le juge Garzon enquête sur les crimes franquistes, malgré la loi d'amnistie
L'Espagne se déchire à nouveau après la décision du juge d'ouvrir une instruction sur la disparition de 114 266 républicains pendant la guerre civile et les premières années de la dictature franquiste.
MADRID CORRESPONDANT
L'Espagne se déchire à nouveau après la décision du juge Baltasar Garzon, annoncée jeudi 16 octobre, d'ouvrir une instruction sur la disparition de 114 266 républicains pendant la guerre civile et les premières années de la dictature franquiste, c'est-à-dire entre 1936 et 1952. Dans un acte d'une soixantaine de pages, le magistrat vedette de l'Audience nationale, la plus haute juridiction pénale espagnole, s'est déclaré compétent pour enquêter sur les exactions du franquisme, ordonnant l'ouverture de 19 fosses communes, dont celle où le poète Federico Garcia Lorca est censé être enterré, près de Grenade (Le Monde du 20 septembre).
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C'est en vertu de cette même loi d'amnistie visant "les crimes politiques" commis avant le 15 décembre 1976 que le parquet, dépendant du gouvernement dirigé par le socialiste José Luis Rodriguez Zapatero, a annoncé son intention de faire appel de la décision du juge Garzon.
Ce dernier anticipe l'argument : "L'Etat ne peut ni ne doit effacer ses propres crimes ni ceux de ses agents quand ils ont été dirigés contre ses propres citoyens", écrit-il dans son acte judiciaire, précisant que " toute loi d'amnistie qui cherche à effacer un crime contre l'humanité, qui ne peut être assimilable à un crime ou délit politique, sera nulle de plein droit."
Certes, la guerre civile espagnole est antérieure à la notion de crime contre l'humanité, admise pour la première fois lors des procès de criminels nazis de Nuremberg après la Libération. Mais le raisonnement juridique de Baltasar Garzon fait valoir que, dans l'esprit de la Convention de Genève, les violences commises après le soulèvement militaire du 17 juillet 1936 "avaient déjà à cette époque la qualité d'actes prohibés par le droit de la guerre". Le fait qu'on ignore encore où se trouvent la plupart des cadavres, jetés dans des fosses communes après leur exécution sommaire, en ferait des délits "continus", donc imprescriptibles.
Témoignages d'historiens à l'appui, M. Garzon considère que la répression obéissait à une volonté d'élimination "planifiée" des républicains. Dans l'impossibilité de poursuivre Francisco Franco et les principaux responsables de son régime, le juge Garzon a demandé au ministère de l'intérieur l'identification d'ex- hauts dirigeants encore en vie de la Phalange aux fins d'éventuelles poursuites.
C'est la première fois que la justice espagnole ouvre une enquête judiciaire sur cette période douloureuse de l'histoire du pays, alors qu'elle s'est reconnue depuis 2005 une compétence universelle pour juger les crimes contre l'humanité et les génocides. Une dizaine de plaintes sont actuellement instruites en Espagne pour des génocides présumés commis en Amérique latine, en Afrique et au Tibet.
Mondialement connu depuis
qu'il a provoqué il y a dix ans, le 18 octobre 1998 à Londres, l'arrestation de l'ancien dictateur chilien Augusto Pinochet, Baltasar Garzon est plus que jamais la bête noire de la presse espagnole de droite. Tandis que le quotidien conservateur ABC dénonce "les graves contradictions légales et le manque de rigueur technique préoccupant" de son dossier, le magistrat est pour El Mundo (droite ultra libérale) "ni moralement ni mentalement apte à juger quiconque".
"Le lynchage public dont fait l'objet Garzon donne une idée du déficit démocratique dont souffre l'Espagne", écrit El Pais, vendredi 17 octobre. Le quotidien proche de la gauche ajoute que, malgré les soixante-dix années qui se sont écoulées depuis la guerre civile, "le procès virtuel de Franco est indispensable dans un pays qui n'a pas été capable d'affronter les misères de son passé".
jean-jacques bozonnet
Article paru dans l'édition du 19.10.08.
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Les faits En Espagne, le juge Garzon ordonne l'ouverture de la fosse où se trouvent les restes de Garcia Lorca
Après s'être déclaré compétent pour enquêter sur les "disparus" du franquisme, le juge espagnol Baltasar Garzon, de l'Audience nationale, la plus haute autorité pénale du pays, a ordonné, jeudi 16 octobre, l'ouverture de plusieurs fosses communes, dont celle où se trouvent les restes du poète Federico Garcia Lorca, entre les bourgs d'Alfacar et de Viznar, près de Grenade (sud de l'Espagne).
La famille de Garcia Lorca s'était toujours opposée à l'ouverture de cette fosse qui contient également les restes de deux toreros anarchistes. Mais elle avait annoncé, en septembre, au quotidien El Pais, qu'elle ne s'opposerait pas finalement à l'ouverture de la fosse commune. "Même si nous aimerions que cela ne se fasse pas, nous respectons le désir des autres parties impliquées", avait déclaré Laura Garcia Lorca, nièce du poète et porte-parole de la famille.
Le juge Garzon a également décidé d'autoriser l'exhumation de la dépouille mortelle du maître d'école Dioscoro Galindo exécuté en 1936, près de Grenade, par des franquistes en même temps que le poète.
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sábado, 6 de septiembre de 2008
En España, el juez garzón reaviva el pasado franquista. Le Figaro.
Fuente: Le Figaro.
La justice a lancé une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile.
Diane Cambon, à Madrid02/09/2008 Mise à jour : 22:26
En lançant une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile et du franquisme, la justice espagnole entrouvre la porte à une enquête sur une période délicate de son histoire.
Plus de trente ans après le retour à la démocratie, la justice espagnole pourrait se pencher sur les crimes de la dictature franquiste. Le juge madrilène Baltasar Garzon, célèbre hors des frontières espagnoles pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet, a demandé, lundi, à plusieurs institutions espagnoles des renseignements sur les personnes disparues pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme (1939-1975). Un préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sur cette délicate période de l'histoire espagnole.
L'Espagne, qui se veut à l'avant-garde d'une justice universelle, avec l'arrestation de Pinochet et le jugement des crimes de la dictature argentine, n'a jamais tenu le moindre procès du franquisme. «L'Espagne a vécu une transition démocratique amnésique», assure Jesus de Andreu, professeur de sciences politiques à l'université à distance Uned.
Au moment de bâtir la démocratie, les dirigeants ont estimé que pour y parvenir il fallait pardonner les fautes du passé, bannir toute chasse aux sorcières et ne pas exiger de responsabilités. L'oubli était aux yeux des Espagnols la condition de la réussite d'une démocratie fragile qu'en 1981 encore, le lieutenant-colonel Tejero tenta de renverser par un putsch avorté de justesse grâce à l'intervention du roi Juan Carlos.
Travail de catharsis
«Aujourd'hui, on peut considérer que l'Espagne, pays européen depuis 1986, jouit d'une solide démocratie, il est donc temps de solder la dette du pays envers les victimes du franquisme», assure Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH). Et d'ajouter : «Contrairement à l'Allemagne nazie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, le pays n'a pas fait son travail de catharsis.» C'est sur son initiative que le magistrat Garzon a accepté de se lancer dans cette collecte titanesque d'informations.
L'an dernier, l'ARMH a déposé une dizaine de plaintes à Madrid, pour des demandes d'enquêtes concernant la disparition de quelque 30 000 Espagnols. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts. La dictature franquiste qui a suivi fit fusiller sommairement entre 1939 et 1945, quelque 50 000 sympathisants de gauche, francs-maçons et tout autre opposant au régime franquiste.
Avant de commencer son enquête, Garzon entend rassembler le maximum d'informations sur ces milliers de disparus. La tâche est des plus ardues : une bonne partie des archives a été détruite par les franquistes et la grande majorité des exécutions n'a été précédée d'aucun procès. Le juge de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, va dans un premier temps s'adresser aux institutions les plus significatives. Ainsi, il a demandé au mausolée du dictateur Franco du Valle de los Caidos, géré par le Patrimoine national et les moines bénédictins, la liste des 33 000 personnes enterrées sous ce vaste monument construit par 20 000 travailleurs forcés républicains.
Ouverture des registres paroissiaux
Garzon souhaite également obtenir des informations sur les personnes jetées dans les fosses communes au début de la guerre civile. Il a envoyé une requête aux maires de Madrid, Cordoue, Séville et Grenade pour qu'ils recherchent dans leurs archives «les circonstances de la mort de ces quelques milliers de personnes».
L'autre interlocuteur privilégié de Garzon pour ses recherches n'est autre que l'Église, qui fut une fervente alliée de Franco durant les quarante ans de dictature. Le magistrat a demandé à la Conférence épiscopale espagnole l'ouverture par les quelque 22 000 paroisses du pays de leurs registres à la police judiciaire. Grâce à ces registres paroissiaux, le juge espère recueillir des données sur les républicains disparus au lendemain du coup d'État, le 18 juillet 1936. Enfin, le magistrat entend se pencher sur les victimes du Tribunal spécial pour la répression de la franc-maçonnerie et du communisme, mis en place en 1939.
L'initiative du juge Garzon ne va sans doute pas passer inaperçue. Même si le sujet n'est plus tabou, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en mars 2004 du socialiste José Luis Zapatero, la réhabilitation des victimes du franquisme suscite encore de vifs débats historico-politiques au sein de la société espagnole. L'entrée en vigueur de la loi sur la mémoire historique en juillet 2007 a été décriée par les conservateurs, tout comme l'éradication des symboles franquistes. Le Parti populaire accuse la gauche de «rouvrir les blessures du passé». Et déjà, certains barons de la droite regrettent que «Garzon réveille les fantômes du passé».
Au sud de Burgos, une fosse commune contenant les squelettes de républicains fusillés en 1936 a été mise au jour en mai 2007. La justice veut désormais rouvrir les archives des heures noires de la guerre civile (1936-1939) et du franquisme (1939-1975). Crédits photo : Mario FOURMY/REA
Le juge Garzon se penche sur les disparus du franquisme .
En Espagne, le juge Garzonravive le passé franquisteLa justice a lancé une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile.
Diane Cambon, à Madrid02/09/2008 Mise à jour : 22:26
En lançant une demande d'information préliminaire sur les victimes de la guerre civile et du franquisme, la justice espagnole entrouvre la porte à une enquête sur une période délicate de son histoire.
Plus de trente ans après le retour à la démocratie, la justice espagnole pourrait se pencher sur les crimes de la dictature franquiste. Le juge madrilène Baltasar Garzon, célèbre hors des frontières espagnoles pour avoir lancé un mandat d'arrêt contre le général chilien Augusto Pinochet, a demandé, lundi, à plusieurs institutions espagnoles des renseignements sur les personnes disparues pendant la guerre civile espagnole (1936-1939) et le franquisme (1939-1975). Un préalable à l'ouverture éventuelle d'une enquête judiciaire sur cette délicate période de l'histoire espagnole.
L'Espagne, qui se veut à l'avant-garde d'une justice universelle, avec l'arrestation de Pinochet et le jugement des crimes de la dictature argentine, n'a jamais tenu le moindre procès du franquisme. «L'Espagne a vécu une transition démocratique amnésique», assure Jesus de Andreu, professeur de sciences politiques à l'université à distance Uned.
Au moment de bâtir la démocratie, les dirigeants ont estimé que pour y parvenir il fallait pardonner les fautes du passé, bannir toute chasse aux sorcières et ne pas exiger de responsabilités. L'oubli était aux yeux des Espagnols la condition de la réussite d'une démocratie fragile qu'en 1981 encore, le lieutenant-colonel Tejero tenta de renverser par un putsch avorté de justesse grâce à l'intervention du roi Juan Carlos.
Travail de catharsis
«Aujourd'hui, on peut considérer que l'Espagne, pays européen depuis 1986, jouit d'une solide démocratie, il est donc temps de solder la dette du pays envers les victimes du franquisme», assure Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique (ARMH). Et d'ajouter : «Contrairement à l'Allemagne nazie, l'Afrique du Sud ou l'Argentine, le pays n'a pas fait son travail de catharsis.» C'est sur son initiative que le magistrat Garzon a accepté de se lancer dans cette collecte titanesque d'informations.
L'an dernier, l'ARMH a déposé une dizaine de plaintes à Madrid, pour des demandes d'enquêtes concernant la disparition de quelque 30 000 Espagnols. La guerre civile a fait plus de 500 000 morts. La dictature franquiste qui a suivi fit fusiller sommairement entre 1939 et 1945, quelque 50 000 sympathisants de gauche, francs-maçons et tout autre opposant au régime franquiste.
Avant de commencer son enquête, Garzon entend rassembler le maximum d'informations sur ces milliers de disparus. La tâche est des plus ardues : une bonne partie des archives a été détruite par les franquistes et la grande majorité des exécutions n'a été précédée d'aucun procès. Le juge de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, va dans un premier temps s'adresser aux institutions les plus significatives. Ainsi, il a demandé au mausolée du dictateur Franco du Valle de los Caidos, géré par le Patrimoine national et les moines bénédictins, la liste des 33 000 personnes enterrées sous ce vaste monument construit par 20 000 travailleurs forcés républicains.
Ouverture des registres paroissiaux
Garzon souhaite également obtenir des informations sur les personnes jetées dans les fosses communes au début de la guerre civile. Il a envoyé une requête aux maires de Madrid, Cordoue, Séville et Grenade pour qu'ils recherchent dans leurs archives «les circonstances de la mort de ces quelques milliers de personnes».
L'autre interlocuteur privilégié de Garzon pour ses recherches n'est autre que l'Église, qui fut une fervente alliée de Franco durant les quarante ans de dictature. Le magistrat a demandé à la Conférence épiscopale espagnole l'ouverture par les quelque 22 000 paroisses du pays de leurs registres à la police judiciaire. Grâce à ces registres paroissiaux, le juge espère recueillir des données sur les républicains disparus au lendemain du coup d'État, le 18 juillet 1936. Enfin, le magistrat entend se pencher sur les victimes du Tribunal spécial pour la répression de la franc-maçonnerie et du communisme, mis en place en 1939.
L'initiative du juge Garzon ne va sans doute pas passer inaperçue. Même si le sujet n'est plus tabou, notamment depuis l'arrivée au pouvoir en mars 2004 du socialiste José Luis Zapatero, la réhabilitation des victimes du franquisme suscite encore de vifs débats historico-politiques au sein de la société espagnole. L'entrée en vigueur de la loi sur la mémoire historique en juillet 2007 a été décriée par les conservateurs, tout comme l'éradication des symboles franquistes. Le Parti populaire accuse la gauche de «rouvrir les blessures du passé». Et déjà, certains barons de la droite regrettent que «Garzon réveille les fantômes du passé».
miércoles, 3 de septiembre de 2008
La desaparición de represaliados en la prensa internacional.
Fuentes: Le Monde, The Guardian, etc.
MEMORIA HISTÓRICA: INICIATIVA JUEZ GARZÓN
The Guardian (Reino Unido). Crónica de Mike Elkin: “Un juez intenta aclarar el destino de las víctimas de Franco”. Subtítulo: “Primer paso para identificar a los ‘desaparecidos’ en la Guerra Civil. El número de personas enterradas en fosas comunes podría ascender a 100.000”.
“Por primera vez desde que murió el dictador español, Francisco Franco, en 1975, las autoridades españolas han tomado medidas en lo referente a las víctimas del régimen enterradas en miles de tumbas sin identificar por todo el país. El juez del Tribunal Supremo, Baltasar Garzón, ha enviado una petición oficial a varios archivos del Gobierno, a la Iglesia Católica, a los conservadores de la tumba de Franco y a los ayuntamientos de Madrid, Granada y Córdoba para obtener documentación sobre las fosas comunes de la Guerra Civil española entre 1936 y 1939 y los siguientes 35 años de dictadura. Garzón solicita los nombres de las víctimas, así como las fechas y las circunstancias de sus muertes”.
“La investigación del juez es el resultado de las cerca de 1.200 peticiones de familiares y asociaciones que solicitan información sobre los ‘desaparecidos’ entre julio de 1936 y noviembre de 1975. El año pasado, el Parlamento aprobó la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas del régimen de Franco y retirar los símbolos franquistas de los lugares públicos. No obstante, la ley no es demasiado explícita en lo referente a la identificación y exhumación de las tumbas”.
BBC News (Reino Unido). Artículo firmado por Danny Wood: “España investiga las desapariciones del franquismo”. Entradilla: “España ha emprendido la mayor investigación sobre el destino de miles de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil de 1936-1939 y durante el franquismo”.
“El juez Baltasar Garzón ha solicitado a la Iglesia católica y a los ayuntamientos locales que le envíen los registros que tengan sobre las personas desaparecidas. El objetivo del censo es el de determinar si el Tribunal Supremo tiene competencia para juzgar a los asesinos que aún vivan. Durante la transición a la democracia de los años setenta, los partidos políticos españoles acordaron no juzgar a nadie por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el periodo posterior. El conservador Partido Popular sigue tan preocupado por este pasado reciente que se opuso a la legislación que pretende ayudar a las familias a localizar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, muchos de ellos muertos hace más de 70 años”.
Le Figaro (Francia). Crónica firmada por Diane Cambon: “El juez Garzón investiga los desaparecidos del franquismo”. Entradilla: “Con una solicitud de información preliminar sobre las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, la justicia española entreabre la puerta a una investigación sobre un periodo delicado de su Historia”
“La iniciativa del juez Garzón, sin duda, no pasará desapercibida. Aunque el tema ya no sea un tabú, especialmente tras la llegada al poder en marzo de 2004 del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la rehabilitación de las víctimas del franquismo sigue suscitando vivos debates histórico-políticos en el seno de la sociedad española. La entrada en vigor de la Ley Sobre la Memoria Histórica en julio de 2007 fue criticada por los conservadores, la igual que la erradicación de los símbolos franquistas. El partido Popular acusa a la izquierda de ‘reabrir heridas del pasado’. Y ya hay barones de la derecha que lamentan que ‘Garzón despierte los fantasmas del pasado’”.
Le Figaro (Francia) Crónica firmada por Diane Cambon: “Un magistrado madrileño que está acostumbrado a los golpes de efecto mediáticos”.
“El Juez Baltasar Garzón arremete esta vez contra uno de los asuntos más complicados y delicados de su carrera: ejercer la justicia universal en su propio país. Próximo a los socialistas, Garzón también se hizo famoso por su lucha contra ETA, siendo uno de los primeros magistrados españoles en considerar que el campo de acción de la organización separatista vasca sobrepasa la actividad puramente terrorista. Con la clausura de periódicos y de asociaciones a favor de ETA, está en el origen de la asfixia del entorno de los simpatizantes independentistas”.
Liberation (Francia). Breve : “Baltasar Garzón vuelve a convocar el franquismo ante el tribunal”. “España, campeona en las persecuciones contra dictadores extranjeros pero timorata sobre su propio pasado, ha entreabierto la puerta a la investigación sobre los desaparecidos durante el franquismo. El Juez Baltasar Garzón solicitó el lunes a varias instituciones españolas informaciones sobre los millares de desaparecidos en tiempos del franquismo (1939-1975). Una Ley de Amnistía de 1977 impidió cualquier tipo de acto jurídico, prescribiendo que los crímenes cometidos antes de 1976 derivaban en ‘actos políticos’. La ley denominada de Memoria Histórica, adoptada el año pasado, ha hecho aumentar los derechos de las familias”.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania) Crónica de Leo Wieland: “Búsqueda de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura” (Subtítulo: “El juez Garzón de Madrid: la Iglesia y las autoridades deberán ofrecer información sobre sus registros”)
“El juez español Baltasar Garzón ha iniciado la que hasta la fecha es la búsqueda más amplia de tumbas de muertos y ‘desaparecidos’ aún no identificados de la época de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. Los historiadores estiman que después del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado del general, perdieron la vida hasta cien mil republicanos y fueron enterrados sin identificar en fosas comunes o en cementerios regulares. Los familiares de las víctimas exigen un esclarecimiento apoyándose en la “Ley de la Memoria Historia” aprobada recientemente por el Gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que obliga al Estado a ofrecer información en este sentido. El juez Garzón, simpatizante del Partido Socialista, aborda este intento de superación del pasado en España en contra de las objeciones de políticos conservadores que ven en ello fundamentalmente una operación partidista con el objetivo de abrir heridas históricas y de profundizar la zanja entre los descendientes de las ‘dos Españas’.”
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Crónica a cuatro columnas en página 33, de Paul Ingendaay: “Un brindis al sol” (Subtítulo: “El juez Garzón repasa la Guerra Civil”):
“Hace muy poco que una serie de asociaciones españolas, en particular la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hacían un llamamiento en público al juez de instrucción Baltasar Garzón para que abordase el tema de los asesinados durante la Guerra Civil, quienes llevan setenta años en fosas comunes españolas. Ahora, el mismo Garzón ha dejado boquiabierta a la opinión pública anunciando que ya ha puesto todo el proceso en marcha. ¿Por qué no ha ocurrido antes? De eso no se nos informa. En todo caso, el juez de instrucción más famoso de España pretende establecer un censo de aquellas personas que a partir del 17 de julio de 1936, fecha que marca el comienzo de la Guerra Civil, fueron asesinadas, enterradas o hechas desaparecer del modo que fuese en suelo español”.
“Las asociaciones de familiares de los desaparecidos han acogido positivamente la iniciativa de Garzón, manifestando un optimismo reservado. Ni siquiera está claro si a Garzón y al Tribunal Supremo les compete llevar a cabo un repaso de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Por ello, en los próximos tiempos se someterá a debate si la Ley de Amnistía de 1977, que después de finalizar la dictadura de Franco hizo posible el nuevo comienzo democrático, no se encuentra en contradicción con estas investigaciones”.
“La primera toma de posición de la Iglesia al respecto hace referencia a que, por el momento, únicamente se ha oído hablar de las intenciones de Garzón, pero que aún no se ha obtenido nada por escrito. Además, se ha indicado que la decisión de concederle a las autoridades acceso a las actas eclesiásticas competería individualmente a cada obispo. Según un acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal, las actas de la Iglesia son intocables. Por lo tanto, un representante de la Iglesia ha declarado que las preguntas del juez de instrucción son incontestables. Garzón habría hecho ‘un brindis al sol’”.
Süddeutsche Zeitung. Crónica a cuatro columnas en página 10, de Javier Cáceres: “Garzón pone orden en su propia casa” (Subtítulo: “El juez de instrucción español, famoso por la orden de detención de Pinochet, quiere repasar ahora la dictadura de Franco”)
“Los historiadores estiman que en la trastienda de las tropas franquistas y en los primeros años de la represión posterior al fin de la Guerra Civil en 1939, entre 90.000 y 180.000 personas perdieron la vida; sin contar las innumerables víctimas que se cobró la propia guerra. Garzón quiere aclarar si es competencia del Tribunal Supremo español perseguir todo tipo de crímenes posibles, lo que jurídicamente resulta controvertido y se considera dudoso. Remitiéndose a la ley de amnistía de 1997, la fiscalía española ha rechazado estas investigaciones, a lo que cabe añadir los plazos de prescripción de todo tipo de procesos”.
“También por este motivo, los efectos secundarios de la decisión de Garzón podrían ser de enorme importancia: por un lado, la Audiencia Nacional ya no tendría que dejarse atribuir un mayor miedo a Franco, ya fallecido, que a un Pinochet –aún vivo cuando fue procesado– o a los verdugos guatemaltecas o ruandeses. Por otro lado, la investigación de Garzón podría llevar a que por fin se establezca un censo estatal de las víctimas de los años más sangrientos del franquismo.”
Trouw (Holanda) Redacción en el extranjero: “El juez más famoso en España se vuelca ahora en la Guerra Civil”
“Después de perseguir a dictadores latinoamericanos, el juez investigador español, Baltasar Garzón, quiere abrir ahora una investigación para esclarecer los crímenes que sucedieron durante la Guerra Civil española y en la posguerra bajo la dictadura de Franco. Garzón ha pedido a todos los ayuntamientos y a la Iglesia Católica la lista con los nombres de las personas que en la Guerra Civil (1936-1939) desaparecieron en fosas comunes o que fueron víctimas después de la dictadura de Franco…Garzón es muy criticado ahora por los seguidores del ‘espíritu de la transición’. Así el líder de la oposición, Mariano Rajoy, está en contra de ‘abrir viejas heridas ’”.
”El presidente José Rodríguez Zapatero, nieto de un capitán del ejército asesinado por un seguidor de Franco, mantiene una postura de prudencia. En la anterior legislatura de Zapatero, se aprobó la ‘Ley de Memoria Histórica’, una ley que ofrece, entre otras cosas, ayuda de la Administración a las personas que quieren saber que sucedió con su padre o abuelo. El propósito es también que desaparezcan los nombres de calles que recuerden a Franco.”
The Irish Times (Reino Unido). Crónica de Jane Walker: “España desentierra su pasado franquista con la excavación de tumbas”.
“El prominente juez Baltasar Garzón ha ordenado la investigación de cientos de tumbas comunes que, se cree, contienen los restos de miles de víctimas de la guerra civil de 1936-39 y la sangrienta represión que le siguió. Ha pedido a los ministros de Interior y Cultura, a la Iglesia, a los concejos parroquiales y a los gobiernos locales y regionales de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba que recopilen listas sobre desaparecidos y, cuando sea posible, el lugar donde están enterrados. Les ha dado 15 días para confeccionar listas preliminares para determinar si hay lugar para abrir un sumario. El año pasado, el Parlamento aprobó la ley de la Memoria Histórica, cuyo fin es confeccionar un mapa de lugares de enterramientos desconocidos pero, hasta ahora, se han hecho pocos progresos. La Asociación de la Memoria Histórica estima que el número de muertos y desaparecidos podría ascender a 94.000”.
RBK Daily (Rusia). Crónica de Anatoli Pomortsev: “Madrid será demandado”. Subtítulo: “El País Vasco exige que se permita celebrar un referéndum de independencia”.
“Las autoridades de la autonomía vasca presentarán una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Gobierno de España prosigue impidiendo la celebración de un referéndum de independencia en la provincia. Semejante declaración fue efectuada el pasado lunes por el jefe de la autonomía del País Vasco, Juan José Ibarretxe. Debido a la peculiaridad de las leyes, la demanda será interpuesta no por las instituciones oficiales, sino por los miembros del gabinete de ministros de la autonomía”.
“En la actualidad, en el Tribunal Constitucional ya se hay una demanda interpuesta por Madrid con la exigencia de prohibir un plebiscito fijado para el 25 de octubre a causa de su inconstitucionalidad. Los vascos podrían actuar siguiendo la receta kosovar; en 1991 los separatistas albaneses celebraron un referéndum para salirse de Serbia y sus resultados no fueron entonces reconocidos por nadie”.
La justice espagnole ouvre le dossier des disparus du franquisme
LEMONDE.FR 2 septembre 2008 Le Monde.fr
C'est un pas "historique", selon les associations des familles des victimes, qu'a franchi le juge espagnol Balthasar Garzon en ouvrant la voie à une possible enquête judiciaire sur les disparus du franquisme.
C'est un pas "historique", selon les associations des familles des victimes, qu'a franchi le juge espagnol Balthasar Garzon en ouvrant la voie à une possible enquête judiciaire sur les disparus du franquisme. Le juge d'instruction de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, a en effet enjoint, par un arrêt publié lundi 1er septembre, à quatre grandes villes – Madrid, Grenade, Séville et Cordoue – d'établir la liste des disparus de la guerre civile et de la dictature de Franco. Il a également demandé à l'épiscopat espagnol l'accès aux registres des défunts des paroisses, afin de décider si la justice espagnole est compétente pour juger les crimes de cette période.
Le magistrat veut établir précisément le nombre et l'identité des personnes mortes après le 17 juillet 1936, jour du soulèvement des franquistes ; ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont décédées. Selon l'historien britannique Paul Preston, le nombre de victimes s'élèverait à quelque 180 000 morts ; l'Espagnol Santos Julia évoque quant à lui un chiffre minimum de 90 000 morts, en s'appuyant sur des enquêtes réalisées dans trente-six provinces.
L'AUDIENCE NATIONALE INCOMPÉTENTE
Par sa décision, le juge Garzon ouvre "la plus grande enquête sur les disparus du régime de Franco", estime El Pais. Le quotidien explique également pourquoi l'Audience estimait jusque-là n'avoir pas de compétence pour juger ces crimes. En vertu de la loi d'amnistie de 1977, l'instance estimait en effet que les morts de la guerre civile et de la dictature ont été la conséquence de délits communs, qu'elle ne peut juger.
L'initiative de Garzon conduira-t-il à un procès des crimes du franquisme ? Pour que l'Audience se déclare compétente, "elle devra déterminer si les disparitions enregistrées en Espagne furent forcées et si elles obéissaient à un objectif politique commun, rappelle Publico. Il s'agit donc de réunir toutes les victimes des fusillades dans un même procès". Jusqu'alors, tous les juges auxquels des familles de victimes avaient fait appel ponctuellement, considéraient qu'au-delà de trente ans, une disparition individuelle était une affaire classée.
PARADOXE JURIDIQUE
L'arrêt Garzon ne mènera donc pas forcément à un procès, mais pour la première fois, les autorités espagnoles recenseront les morts de la dictature. Les associations de familles de disparus ne demandent d'ailleurs pas forcément des suites judiciaires. Elles veulent avant tout que soit reconnue la responsabilité de l'Etat, en matière de recherche et de récupération des corps des victimes, alors que la loi passée en octobre 2007 dite de "la mémoire historique", "laisse cette responsabilité aux seules familles", a expliqué Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique, à la radio Cadena Ser.
In fine, l'arrêt de Garzon "met donc fin au paradoxe dans lequel se trouvait l'Audience nationale, qui enquête sur des disparitions en Amérique latine, mais qui en Espagne, semblait occulter la répression menée par le franquisme", estime El Pais. Le fondateur du quotidien Publico, Ignacio Escolar, constate cette même ambiguïté sur son blog : "Depuis que le tribunal constitutionnel a décidé en 2005 que l'Espagne pouvait juger des cas de génocide et crimes contre l'humanité, elle est devenue la cour internationale la plus diligente en matière de défense des droits de l'homme. L'Audience nationale enquête sur les abus des tyrannies en Chine, au Guatemala, au Rwanda, en Argentine, au Chili. (...) Elle n'a peur de rien, sauf des crimes dits 'nationaux'". Ignacio Escolar salue donc l'initiative du juge Garzon, qui lève partiellement cette ambiguïté, bien qu'il la juge "tardive", "après trente années d'amnésie démocratique".
Le Monde.fr
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http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/03/spain
Spain: Judge seeks to clarify fate of Franco victims
· First move to identify civil war 'disappearances' · Number buried in mass graves could be 100,000
Mike Elkin in Madrid
The Guardian,
Wednesday September 3 2008
Article history
For the first time since the Spanish dictator, Francisco Franco, died in 1975, Spanish authorities are taking action regarding the victims of the regime who still linger in thousands of unmarked graves throughout the country.
The high court judge Baltasar Garzón, who tried to extradite former Chilean dictator Augusto Pinochet from Britain and has pursued former Argentine military officers for human rights crimes during its "dirty war", has sent an official request to various government archives, the Catholic church, the keepers of Franco's tomb and the Madrid, Granada, Cordoba and Seville city halls for documentation on mass graves from the 1936-1939 Spanish civil war and the subsequent 36-year dictatorship. Garzón is asking for victims' names, and the dates and circumstances of their deaths.
"I'm ecstatic," said Emilio Silva, founder and head of the non-profit Association for the Recovery of Historical Memory (ARMH), whose volunteer forensics, archaeologists and anthropologists have excavated 120 mass graves containing around 1,200 people over the past eight years. "This is the first time Spanish authorities have done something like this and it could be the first step towards a truth commission," he said
The judge's investigation stems from around 1,200 petitions from families and associations asking for information on those who "disappeared" between July 1936 and November 1975, when Franco's soldiers often dispatched dissidents during a paseo, a "stroll" that ended with a bullet in the head and an unmarked grave.
Historians estimate that from the beginning of the civil war between Franco's Nationalists and supporters of the Republic to the dictator's death, Franco's forces killed around 150,000 people and Republicans killed around 60,000, mostly during the war. The regime recovered almost all of the Nationalist dead, but Franco's victims have never received the same treatment. Silva said the people in mass graves could number at least 100,000.
Nieves Galindo will join the petitioning Spaniards this week and ask the high court to locate the unmarked grave of her grandfather, Dióscoro Galindo, a one-legged teacher who was shot by Franco's forces on August 18 1936. Galindo is thought to have been killed and buried alongside the Spanish poet Federico García Lorca. To date, Lorca's family have opposed his exhumation, but Galindo's request will no doubt prompt a public debate about the mass graves in general.
Nevertheless, Garzón can assume jurisdiction over the cases only if he finds proof of a nationwide, systematic plan to eliminate the regime's enemies. Individual crimes are handled at a lower court level. Groups such as ARMH have criticised Garzón and the government for leaving the work to grassroots organisations.
Last year, parliament passed the Historical Memory Law to recognise victims of the Franco regime and to remove Francoist symbols from public places. However, the law offers only vague support concerning the identification and exhumation of graves.
Silva said he hopes Garzón's investigation forces the government to take responsibility: "It's shameless that they delegate human rights issues to volunteers."
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http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/21/spain
A painful past uncovered
For decades, the whereabouts of thousands executed in Spain under Franco's rule have remained a mystery. Now the exhumation of mass graves is reuniting relatives with their loved ones' remains - and revealing the country's dark history. Graham Keeley reports
Graham Keeley
The Guardian,
Thursday August 21 2008
Article history
Republicans fighting in a Spanish village in the late 1930s. Photograph: AFP/Getty Images
Driving past fields of sunflowers in the August sunshine, you see what at first appears to be a campsite with lots of cars and people milling around. They might be on holiday, enjoying a few days' peace in this quiet pine forest in northern Spain. Look a little closer, though, and this clearing throws up something distinctly darker. A small group is peering into a hole the size of a bomb crater, about a metre deep. At the bottom are young archaeologists, dusting off the bones of five mangled skeletons. One skull looks up to the sky, its open-mouthed expression like a cry for help. Between what were the eyes, there is a hole. This is where a 9mm bullet entered.
In this wretched hole in the ground, near the tiny village of San Juan del Monte, in Castilla y León, are the remains of five more of Spain's "disappeared". Julio Maroto San José, his father Roman Maroto Rico, Rogelito Tello, and the brothers Marcos Parra Barberra and Salvador Parra Barberra were shot by supporters of General Francisco Franco on August 25 1936. The four youngest were all in their 20s; most had children. One night they were hauled off by civil guard officers in a lorry, made to dig their own graves and shot in the head. They were not condemned by a court. Their "crime" was to belong to the Spanish equivalent of the General Workers Union. Now, 72 years later, a small band of volunteers has arrived in San Juan del Monte to exhume the bodies of these five and give them a decent burial.
Historians believe there could be as many as 100,000 others like them, buried across the country. During the Spanish civil war, between 1936-1939, and afterwards while General Franco ruled Spain, his supporters, as well as the Republicans on the other side, carried out summary executions, dumping the innocent victims in hundreds of mass graves. Many of these have remained untraced until now.
Campaigners whose fathers, grandfathers or uncles disappeared into the night a lifetime ago have painstakingly traced them, by checking old prison records, yellowing council documents and speaking to those whose fading memories recall something of what happened to these people and where they might be buried. Often local people knew where the graves were but, until now, were too afraid to say. Spain preferred to pretend the killings never happened, but the volunteers are determined that the dead will not lie unremembered in ditches or pine forests. Almost every weekend, ageing relatives and members of groups such as the Association for the Recuperation of the Historical Memory (ARHM) carry out exhumations like the one at San Juan del Monte.
The Spanish state had offered little help before, but now Spain's campaigning judge Baltasar Garzón has become involved. He is the first investigating magistrate to trace his own country's disappeared. In the past, Garzón has investigated the crimes of dictators and their henchmen in foreign countries, notably Argentina and Chile. He is best known in Britain for his unsuccessful attempt in 1998 to extradite the late Chilean dictator General Pinochet while he was in London for medical treatment. After legal pressure from campaigners, Garzón has demanded that the official archives be opened to reveal just how many Spaniards were shot by firing squad - and where they might be buried.
What he is trying to establish is if there is any proof, as campaigners claim, that these murders were carried out on a systematic basis under orders from above. If a case can be made, the judge could decide to call for a Spanish version of the South African Truth and Reconciliation Commission, though this seems unlikely. The response to Garzón's demand for information from the defence and interior ministries was disappointing, both directing the judge to the archives of the civil guard held near Madrid. The archive is officially open to researchers, but campaigners suspect that much within it has been kept secret. Whatever the outcome, it will be a long and torturous process before the Spanish state opens up and reveals what it knows about those who went missing.
But these matters are far from the thoughts of the relatives whose loved ones died in the ignominious pit at San Juan del Monte so long ago. Rafino Tello Alonso, 75, watches as the bones of what could be his father Rogelio are carried piece by piece from the grave by archaeologists and catalogued in bags. Rogelio and the other victims all worked extracting resin from the pine trees that grow all over this part of Castilla y Léon.
"I was three when they took my father away so I don't remember much about him at all. But all my life my mother and my family said I was like him. It has been very hard. I have felt angry all my life because I never had a father," he says, tears welling up. "We were from Arauza de Miel [Arauza of Honey] nearby. It is a sweet name but this is a bitter story."
Julia Maroto Velasco, 71, peers into the grave trying to guess which one of the skeletons might have belonged to her father Julio or her grandfather Roman. Her mother, Ana Velasco, 93, was two months' pregnant with her when the men were called by civil guard officers who arrived on a lorry in Arauza de Miel. Roman protested when his son Julio was dragged off, so the civil guard took him too. They disappeared into the night and never came back.
"When they said they had found my father's body, it was the best thing that happened to me," says Julia, a retired servant. "Of course it makes me angry to think of these injustices. Growing up without a father or a grandfather was terrible. But I never thought I would get this happiness and sadness at the same time."
Her cousin, Carlos Maroto Mate, 46, a lift mechanic from Barcelona, has brought his family to the exhumation. His sons Ruben, 19, and Raul, 13, watch quietly as the investigators go methodically about their business. At one point they find buttons, a belt buckle, then finally a 9mm bullet from a pistol.
"I wanted my sons to see this. It may be a little morbid, but it is real life and I want them to tell their friends about this." Carlos says that his father never wanted to talk about how his brother Julio and father Ramon disappeared. "I think we should be talking about this now, not forgetting. What happens here today may only be a drop of water in the ocean, but it is important. I always said that this happened because of ignorance and fanaticism between families and neighbours."
Other exhumations have been carried out in the Burgos region and across Spain in recent years. Now others like Julia are waiting to see if DNA tests will prove for once and for all where their relatives' bodies lie. When these digs take place, researchers have to rely on old records that show the names of who went missing on certain dates. They cannot be certain they are digging up the people they believe lie in the mass graves. Sometimes they never discover the identities of the bodies.
The day after the exhumation at San Juan del Monte, scores of grey-haired relatives, mostly in their 80s or 90s, line up at the grandly named House of Culture, a council office in the nearby city of Aranda de Duero, to give their DNA samples. The building is more accustomed to putting on art shows than hosting this unusual reminder of Spain's painful past, in which people wait patiently to have swabs of saliva taken. It can take up to a year for the team of investigators to match samples to fragments of bones. The defence minister, Carme Chacón, who hit the headlines earlier this year for being Spain's first pregnant minister, is among those waiting to discover the fate of her great-grandfather. The body of Gonzalo Liras Cerezo is believed to lie in one of the mass graves in Burgos.
Francois Parra, 51, has come all the way from Lyon in France to have a swab taken. His grandfather, Pablo Parra Rincon, was arrested in Aranda de Duero, then disappeared in July 1936. His father, Bonifacio Parra, now 85, was forced into exile in France. He would have come to give DNA himself but was prevented by ill health.
In poor Spanish, Francois says: "My father said there is not a day that goes past that he doesn't think about this. That's why he was determined that I should come and do this."
Others find it too difficult to talk about fathers, brothers or uncles who disappeared. One elderly woman is about to tell me about her brother when she stops mid-sentence and begins to cry quietly. It may have all happened over 70 years ago, but many of these people have not had the chance to address their pain until now.
The day after the exhumation at San Juan del Monte, relatives gather for a quiet service at the church in Arauza de Miel to finally lay them to rest. There are tears but above all relief. Nuria Polo, 34, a film-maker from Barcelona who is making a documentary about the relatives of the disappeared, has studied their reactions.
"You will notice that they are not afraid to talk a lot. They are sad but also glad. For them it is closure, a kind of relief," she observes.
Over the past five years, volunteers such as Emilio Silva, whose grandfather, also called Emilio, was killed and his body dumped, have tried to trace the disappeared. Silva, president of ARHM, believes Garzón's intervention could prove a turning point.
"He is the first judge to ask for the official archives to be opened. We believe this could produce information which proves that these killings were systematic. If that can be shown to be the case, perhaps we could see a commission set up to find the real truth or even call those who carried out these crimes to answer."
Historians struggle to agree on how many bodies may lie in mass graves, as it is an impossible question to answer with certainty. Francisco Espinosa, a historian who carried out the most comprehensive research of mass graves in Andalusia and Extremadura in the west of Spain, believes as many as 100,000 people could have gone missing, their remains lying across the country.
"It is difficult to say though, as no national research has been done - just on a province by province basis - and records have been destroyed," he cautions.
Professor Paul Preston, a British historian from the London School of Economics, is writing a book on the slaughter of innocents called The Spanish Holocaust.
"There were at least 101,000 people whose names we know - perhaps more. But of those lying in mass graves, I would estimate that there are at least as many as 30,000 across Spain."
He is amazed at the lack of awareness outside Spain of the crimes committed by Franco and efforts to trace his victims. "I don't think people have the slightest idea. It is big news to them. Franco still has an amazingly good press in the Anglo-Saxon world."
Since the first graves were exhumed, it has proved hard work for the small but dedicated band of volunteers who battle with bureau-cracy to trace the disappeared. They often face obstruction from conservative officials or those who would rather not go into the subject. The mass grave at San Juan del Monte was only found after help from Emilio del Cura, a local man whose father witnessed the shootings but remained silent until years later.
A documentary about the issue, called San Cruz por Ejemplo [Santa Cruz for Example], tells the story of how this village in Burgos reacts to a team who come to exhume the bodies of a group of men killed by Franco's supporters. There is one telling scene when the Austrian film-maker, Gunter Schwaiger, asks four old men sitting on a bench if they want to talk about it. There is silence. It perhaps symbolises the Spanish attitude to dealing with these horrors. But the mood is slowly changing. In 2007, Spain's prime minister José Luis Rodríguez Zapatero brought in a law to offer justice to victims of Franco. The Law of Historical Memory - although tame compared with South Africa's Truth and Reconciliation Commission - makes it easier to find and dig up graves, has ordered Francoist plaques and statues to be withdrawn from public buildings and opened up archives.
The conservative opposition Popular Party and others on the right, opposed the law, claiming that it would mean raking over the ashes of the dead. After Franco died in 1975 and democracy returned following 36 years of dictatorship, a 1977 amnesty law ensured that no one could be held to account for the crimes committed during El Caudillo's regime. So it is still up to dogged volunteers such as José Ignacío Casado Ovejero, to honour the memory of those like the five who were shot at San Juan del Monte.
The 48-year-old civil servant brandishes a thick file with copies of grim prison and council documents detailing the names of scores of men and women who were from the Burgos area. Beside many of the names, a note reads: "Shot dead by firing squad."
"Why do I bother?" he asks. "Like most others, my grandfather Alejo Ovejero was shot by Franco's people. I want to find him and others like him."
MEMORIA HISTÓRICA: INICIATIVA JUEZ GARZÓN
The Guardian (Reino Unido). Crónica de Mike Elkin: “Un juez intenta aclarar el destino de las víctimas de Franco”. Subtítulo: “Primer paso para identificar a los ‘desaparecidos’ en la Guerra Civil. El número de personas enterradas en fosas comunes podría ascender a 100.000”.
“Por primera vez desde que murió el dictador español, Francisco Franco, en 1975, las autoridades españolas han tomado medidas en lo referente a las víctimas del régimen enterradas en miles de tumbas sin identificar por todo el país. El juez del Tribunal Supremo, Baltasar Garzón, ha enviado una petición oficial a varios archivos del Gobierno, a la Iglesia Católica, a los conservadores de la tumba de Franco y a los ayuntamientos de Madrid, Granada y Córdoba para obtener documentación sobre las fosas comunes de la Guerra Civil española entre 1936 y 1939 y los siguientes 35 años de dictadura. Garzón solicita los nombres de las víctimas, así como las fechas y las circunstancias de sus muertes”.
“La investigación del juez es el resultado de las cerca de 1.200 peticiones de familiares y asociaciones que solicitan información sobre los ‘desaparecidos’ entre julio de 1936 y noviembre de 1975. El año pasado, el Parlamento aprobó la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas del régimen de Franco y retirar los símbolos franquistas de los lugares públicos. No obstante, la ley no es demasiado explícita en lo referente a la identificación y exhumación de las tumbas”.
BBC News (Reino Unido). Artículo firmado por Danny Wood: “España investiga las desapariciones del franquismo”. Entradilla: “España ha emprendido la mayor investigación sobre el destino de miles de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil de 1936-1939 y durante el franquismo”.
“El juez Baltasar Garzón ha solicitado a la Iglesia católica y a los ayuntamientos locales que le envíen los registros que tengan sobre las personas desaparecidas. El objetivo del censo es el de determinar si el Tribunal Supremo tiene competencia para juzgar a los asesinos que aún vivan. Durante la transición a la democracia de los años setenta, los partidos políticos españoles acordaron no juzgar a nadie por los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el periodo posterior. El conservador Partido Popular sigue tan preocupado por este pasado reciente que se opuso a la legislación que pretende ayudar a las familias a localizar los cuerpos de sus familiares desaparecidos, muchos de ellos muertos hace más de 70 años”.
Le Figaro (Francia). Crónica firmada por Diane Cambon: “El juez Garzón investiga los desaparecidos del franquismo”. Entradilla: “Con una solicitud de información preliminar sobre las víctimas de la Guerra Civil y del franquismo, la justicia española entreabre la puerta a una investigación sobre un periodo delicado de su Historia”
“La iniciativa del juez Garzón, sin duda, no pasará desapercibida. Aunque el tema ya no sea un tabú, especialmente tras la llegada al poder en marzo de 2004 del socialista José Luis Rodríguez Zapatero, la rehabilitación de las víctimas del franquismo sigue suscitando vivos debates histórico-políticos en el seno de la sociedad española. La entrada en vigor de la Ley Sobre la Memoria Histórica en julio de 2007 fue criticada por los conservadores, la igual que la erradicación de los símbolos franquistas. El partido Popular acusa a la izquierda de ‘reabrir heridas del pasado’. Y ya hay barones de la derecha que lamentan que ‘Garzón despierte los fantasmas del pasado’”.
Le Figaro (Francia) Crónica firmada por Diane Cambon: “Un magistrado madrileño que está acostumbrado a los golpes de efecto mediáticos”.
“El Juez Baltasar Garzón arremete esta vez contra uno de los asuntos más complicados y delicados de su carrera: ejercer la justicia universal en su propio país. Próximo a los socialistas, Garzón también se hizo famoso por su lucha contra ETA, siendo uno de los primeros magistrados españoles en considerar que el campo de acción de la organización separatista vasca sobrepasa la actividad puramente terrorista. Con la clausura de periódicos y de asociaciones a favor de ETA, está en el origen de la asfixia del entorno de los simpatizantes independentistas”.
Liberation (Francia). Breve : “Baltasar Garzón vuelve a convocar el franquismo ante el tribunal”. “España, campeona en las persecuciones contra dictadores extranjeros pero timorata sobre su propio pasado, ha entreabierto la puerta a la investigación sobre los desaparecidos durante el franquismo. El Juez Baltasar Garzón solicitó el lunes a varias instituciones españolas informaciones sobre los millares de desaparecidos en tiempos del franquismo (1939-1975). Una Ley de Amnistía de 1977 impidió cualquier tipo de acto jurídico, prescribiendo que los crímenes cometidos antes de 1976 derivaban en ‘actos políticos’. La ley denominada de Memoria Histórica, adoptada el año pasado, ha hecho aumentar los derechos de las familias”.
Frankfurter Allgemeine Zeitung (Alemania) Crónica de Leo Wieland: “Búsqueda de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura” (Subtítulo: “El juez Garzón de Madrid: la Iglesia y las autoridades deberán ofrecer información sobre sus registros”)
“El juez español Baltasar Garzón ha iniciado la que hasta la fecha es la búsqueda más amplia de tumbas de muertos y ‘desaparecidos’ aún no identificados de la época de la Guerra Civil y de la dictadura de Franco. Los historiadores estiman que después del 17 de julio de 1936, día del golpe de Estado del general, perdieron la vida hasta cien mil republicanos y fueron enterrados sin identificar en fosas comunes o en cementerios regulares. Los familiares de las víctimas exigen un esclarecimiento apoyándose en la “Ley de la Memoria Historia” aprobada recientemente por el Gobierno del presidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, que obliga al Estado a ofrecer información en este sentido. El juez Garzón, simpatizante del Partido Socialista, aborda este intento de superación del pasado en España en contra de las objeciones de políticos conservadores que ven en ello fundamentalmente una operación partidista con el objetivo de abrir heridas históricas y de profundizar la zanja entre los descendientes de las ‘dos Españas’.”
Frankfurter Allgemeine Zeitung. Crónica a cuatro columnas en página 33, de Paul Ingendaay: “Un brindis al sol” (Subtítulo: “El juez Garzón repasa la Guerra Civil”):
“Hace muy poco que una serie de asociaciones españolas, en particular la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, hacían un llamamiento en público al juez de instrucción Baltasar Garzón para que abordase el tema de los asesinados durante la Guerra Civil, quienes llevan setenta años en fosas comunes españolas. Ahora, el mismo Garzón ha dejado boquiabierta a la opinión pública anunciando que ya ha puesto todo el proceso en marcha. ¿Por qué no ha ocurrido antes? De eso no se nos informa. En todo caso, el juez de instrucción más famoso de España pretende establecer un censo de aquellas personas que a partir del 17 de julio de 1936, fecha que marca el comienzo de la Guerra Civil, fueron asesinadas, enterradas o hechas desaparecer del modo que fuese en suelo español”.
“Las asociaciones de familiares de los desaparecidos han acogido positivamente la iniciativa de Garzón, manifestando un optimismo reservado. Ni siquiera está claro si a Garzón y al Tribunal Supremo les compete llevar a cabo un repaso de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil. Por ello, en los próximos tiempos se someterá a debate si la Ley de Amnistía de 1977, que después de finalizar la dictadura de Franco hizo posible el nuevo comienzo democrático, no se encuentra en contradicción con estas investigaciones”.
“La primera toma de posición de la Iglesia al respecto hace referencia a que, por el momento, únicamente se ha oído hablar de las intenciones de Garzón, pero que aún no se ha obtenido nada por escrito. Además, se ha indicado que la decisión de concederle a las autoridades acceso a las actas eclesiásticas competería individualmente a cada obispo. Según un acuerdo entre el Estado y la Conferencia Episcopal, las actas de la Iglesia son intocables. Por lo tanto, un representante de la Iglesia ha declarado que las preguntas del juez de instrucción son incontestables. Garzón habría hecho ‘un brindis al sol’”.
Süddeutsche Zeitung. Crónica a cuatro columnas en página 10, de Javier Cáceres: “Garzón pone orden en su propia casa” (Subtítulo: “El juez de instrucción español, famoso por la orden de detención de Pinochet, quiere repasar ahora la dictadura de Franco”)
“Los historiadores estiman que en la trastienda de las tropas franquistas y en los primeros años de la represión posterior al fin de la Guerra Civil en 1939, entre 90.000 y 180.000 personas perdieron la vida; sin contar las innumerables víctimas que se cobró la propia guerra. Garzón quiere aclarar si es competencia del Tribunal Supremo español perseguir todo tipo de crímenes posibles, lo que jurídicamente resulta controvertido y se considera dudoso. Remitiéndose a la ley de amnistía de 1997, la fiscalía española ha rechazado estas investigaciones, a lo que cabe añadir los plazos de prescripción de todo tipo de procesos”.
“También por este motivo, los efectos secundarios de la decisión de Garzón podrían ser de enorme importancia: por un lado, la Audiencia Nacional ya no tendría que dejarse atribuir un mayor miedo a Franco, ya fallecido, que a un Pinochet –aún vivo cuando fue procesado– o a los verdugos guatemaltecas o ruandeses. Por otro lado, la investigación de Garzón podría llevar a que por fin se establezca un censo estatal de las víctimas de los años más sangrientos del franquismo.”
Trouw (Holanda) Redacción en el extranjero: “El juez más famoso en España se vuelca ahora en la Guerra Civil”
“Después de perseguir a dictadores latinoamericanos, el juez investigador español, Baltasar Garzón, quiere abrir ahora una investigación para esclarecer los crímenes que sucedieron durante la Guerra Civil española y en la posguerra bajo la dictadura de Franco. Garzón ha pedido a todos los ayuntamientos y a la Iglesia Católica la lista con los nombres de las personas que en la Guerra Civil (1936-1939) desaparecieron en fosas comunes o que fueron víctimas después de la dictadura de Franco…Garzón es muy criticado ahora por los seguidores del ‘espíritu de la transición’. Así el líder de la oposición, Mariano Rajoy, está en contra de ‘abrir viejas heridas ’”.
”El presidente José Rodríguez Zapatero, nieto de un capitán del ejército asesinado por un seguidor de Franco, mantiene una postura de prudencia. En la anterior legislatura de Zapatero, se aprobó la ‘Ley de Memoria Histórica’, una ley que ofrece, entre otras cosas, ayuda de la Administración a las personas que quieren saber que sucedió con su padre o abuelo. El propósito es también que desaparezcan los nombres de calles que recuerden a Franco.”
The Irish Times (Reino Unido). Crónica de Jane Walker: “España desentierra su pasado franquista con la excavación de tumbas”.
“El prominente juez Baltasar Garzón ha ordenado la investigación de cientos de tumbas comunes que, se cree, contienen los restos de miles de víctimas de la guerra civil de 1936-39 y la sangrienta represión que le siguió. Ha pedido a los ministros de Interior y Cultura, a la Iglesia, a los concejos parroquiales y a los gobiernos locales y regionales de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba que recopilen listas sobre desaparecidos y, cuando sea posible, el lugar donde están enterrados. Les ha dado 15 días para confeccionar listas preliminares para determinar si hay lugar para abrir un sumario. El año pasado, el Parlamento aprobó la ley de la Memoria Histórica, cuyo fin es confeccionar un mapa de lugares de enterramientos desconocidos pero, hasta ahora, se han hecho pocos progresos. La Asociación de la Memoria Histórica estima que el número de muertos y desaparecidos podría ascender a 94.000”.
RBK Daily (Rusia). Crónica de Anatoli Pomortsev: “Madrid será demandado”. Subtítulo: “El País Vasco exige que se permita celebrar un referéndum de independencia”.
“Las autoridades de la autonomía vasca presentarán una demanda en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos si el Gobierno de España prosigue impidiendo la celebración de un referéndum de independencia en la provincia. Semejante declaración fue efectuada el pasado lunes por el jefe de la autonomía del País Vasco, Juan José Ibarretxe. Debido a la peculiaridad de las leyes, la demanda será interpuesta no por las instituciones oficiales, sino por los miembros del gabinete de ministros de la autonomía”.
“En la actualidad, en el Tribunal Constitucional ya se hay una demanda interpuesta por Madrid con la exigencia de prohibir un plebiscito fijado para el 25 de octubre a causa de su inconstitucionalidad. Los vascos podrían actuar siguiendo la receta kosovar; en 1991 los separatistas albaneses celebraron un referéndum para salirse de Serbia y sus resultados no fueron entonces reconocidos por nadie”.
La justice espagnole ouvre le dossier des disparus du franquisme
LEMONDE.FR 2 septembre 2008 Le Monde.fr
C'est un pas "historique", selon les associations des familles des victimes, qu'a franchi le juge espagnol Balthasar Garzon en ouvrant la voie à une possible enquête judiciaire sur les disparus du franquisme.
C'est un pas "historique", selon les associations des familles des victimes, qu'a franchi le juge espagnol Balthasar Garzon en ouvrant la voie à une possible enquête judiciaire sur les disparus du franquisme. Le juge d'instruction de l'Audience nationale, principale instance pénale espagnole, a en effet enjoint, par un arrêt publié lundi 1er septembre, à quatre grandes villes – Madrid, Grenade, Séville et Cordoue – d'établir la liste des disparus de la guerre civile et de la dictature de Franco. Il a également demandé à l'épiscopat espagnol l'accès aux registres des défunts des paroisses, afin de décider si la justice espagnole est compétente pour juger les crimes de cette période.
Le magistrat veut établir précisément le nombre et l'identité des personnes mortes après le 17 juillet 1936, jour du soulèvement des franquistes ; ainsi que les circonstances dans lesquelles elles sont décédées. Selon l'historien britannique Paul Preston, le nombre de victimes s'élèverait à quelque 180 000 morts ; l'Espagnol Santos Julia évoque quant à lui un chiffre minimum de 90 000 morts, en s'appuyant sur des enquêtes réalisées dans trente-six provinces.
L'AUDIENCE NATIONALE INCOMPÉTENTE
Par sa décision, le juge Garzon ouvre "la plus grande enquête sur les disparus du régime de Franco", estime El Pais. Le quotidien explique également pourquoi l'Audience estimait jusque-là n'avoir pas de compétence pour juger ces crimes. En vertu de la loi d'amnistie de 1977, l'instance estimait en effet que les morts de la guerre civile et de la dictature ont été la conséquence de délits communs, qu'elle ne peut juger.
L'initiative de Garzon conduira-t-il à un procès des crimes du franquisme ? Pour que l'Audience se déclare compétente, "elle devra déterminer si les disparitions enregistrées en Espagne furent forcées et si elles obéissaient à un objectif politique commun, rappelle Publico. Il s'agit donc de réunir toutes les victimes des fusillades dans un même procès". Jusqu'alors, tous les juges auxquels des familles de victimes avaient fait appel ponctuellement, considéraient qu'au-delà de trente ans, une disparition individuelle était une affaire classée.
PARADOXE JURIDIQUE
L'arrêt Garzon ne mènera donc pas forcément à un procès, mais pour la première fois, les autorités espagnoles recenseront les morts de la dictature. Les associations de familles de disparus ne demandent d'ailleurs pas forcément des suites judiciaires. Elles veulent avant tout que soit reconnue la responsabilité de l'Etat, en matière de recherche et de récupération des corps des victimes, alors que la loi passée en octobre 2007 dite de "la mémoire historique", "laisse cette responsabilité aux seules familles", a expliqué Emilio Silva, président de l'Association pour la récupération de la mémoire historique, à la radio Cadena Ser.
In fine, l'arrêt de Garzon "met donc fin au paradoxe dans lequel se trouvait l'Audience nationale, qui enquête sur des disparitions en Amérique latine, mais qui en Espagne, semblait occulter la répression menée par le franquisme", estime El Pais. Le fondateur du quotidien Publico, Ignacio Escolar, constate cette même ambiguïté sur son blog : "Depuis que le tribunal constitutionnel a décidé en 2005 que l'Espagne pouvait juger des cas de génocide et crimes contre l'humanité, elle est devenue la cour internationale la plus diligente en matière de défense des droits de l'homme. L'Audience nationale enquête sur les abus des tyrannies en Chine, au Guatemala, au Rwanda, en Argentine, au Chili. (...) Elle n'a peur de rien, sauf des crimes dits 'nationaux'". Ignacio Escolar salue donc l'initiative du juge Garzon, qui lève partiellement cette ambiguïté, bien qu'il la juge "tardive", "après trente années d'amnésie démocratique".
Le Monde.fr
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http://www.guardian.co.uk/world/2008/sep/03/spain
Spain: Judge seeks to clarify fate of Franco victims
· First move to identify civil war 'disappearances' · Number buried in mass graves could be 100,000
Mike Elkin in Madrid
The Guardian,
Wednesday September 3 2008
Article history
For the first time since the Spanish dictator, Francisco Franco, died in 1975, Spanish authorities are taking action regarding the victims of the regime who still linger in thousands of unmarked graves throughout the country.
The high court judge Baltasar Garzón, who tried to extradite former Chilean dictator Augusto Pinochet from Britain and has pursued former Argentine military officers for human rights crimes during its "dirty war", has sent an official request to various government archives, the Catholic church, the keepers of Franco's tomb and the Madrid, Granada, Cordoba and Seville city halls for documentation on mass graves from the 1936-1939 Spanish civil war and the subsequent 36-year dictatorship. Garzón is asking for victims' names, and the dates and circumstances of their deaths.
"I'm ecstatic," said Emilio Silva, founder and head of the non-profit Association for the Recovery of Historical Memory (ARMH), whose volunteer forensics, archaeologists and anthropologists have excavated 120 mass graves containing around 1,200 people over the past eight years. "This is the first time Spanish authorities have done something like this and it could be the first step towards a truth commission," he said
The judge's investigation stems from around 1,200 petitions from families and associations asking for information on those who "disappeared" between July 1936 and November 1975, when Franco's soldiers often dispatched dissidents during a paseo, a "stroll" that ended with a bullet in the head and an unmarked grave.
Historians estimate that from the beginning of the civil war between Franco's Nationalists and supporters of the Republic to the dictator's death, Franco's forces killed around 150,000 people and Republicans killed around 60,000, mostly during the war. The regime recovered almost all of the Nationalist dead, but Franco's victims have never received the same treatment. Silva said the people in mass graves could number at least 100,000.
Nieves Galindo will join the petitioning Spaniards this week and ask the high court to locate the unmarked grave of her grandfather, Dióscoro Galindo, a one-legged teacher who was shot by Franco's forces on August 18 1936. Galindo is thought to have been killed and buried alongside the Spanish poet Federico García Lorca. To date, Lorca's family have opposed his exhumation, but Galindo's request will no doubt prompt a public debate about the mass graves in general.
Nevertheless, Garzón can assume jurisdiction over the cases only if he finds proof of a nationwide, systematic plan to eliminate the regime's enemies. Individual crimes are handled at a lower court level. Groups such as ARMH have criticised Garzón and the government for leaving the work to grassroots organisations.
Last year, parliament passed the Historical Memory Law to recognise victims of the Franco regime and to remove Francoist symbols from public places. However, the law offers only vague support concerning the identification and exhumation of graves.
Silva said he hopes Garzón's investigation forces the government to take responsibility: "It's shameless that they delegate human rights issues to volunteers."
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http://www.guardian.co.uk/world/2008/aug/21/spain
A painful past uncovered
For decades, the whereabouts of thousands executed in Spain under Franco's rule have remained a mystery. Now the exhumation of mass graves is reuniting relatives with their loved ones' remains - and revealing the country's dark history. Graham Keeley reports
Graham Keeley
The Guardian,
Thursday August 21 2008
Article history
Republicans fighting in a Spanish village in the late 1930s. Photograph: AFP/Getty Images
Driving past fields of sunflowers in the August sunshine, you see what at first appears to be a campsite with lots of cars and people milling around. They might be on holiday, enjoying a few days' peace in this quiet pine forest in northern Spain. Look a little closer, though, and this clearing throws up something distinctly darker. A small group is peering into a hole the size of a bomb crater, about a metre deep. At the bottom are young archaeologists, dusting off the bones of five mangled skeletons. One skull looks up to the sky, its open-mouthed expression like a cry for help. Between what were the eyes, there is a hole. This is where a 9mm bullet entered.
In this wretched hole in the ground, near the tiny village of San Juan del Monte, in Castilla y León, are the remains of five more of Spain's "disappeared". Julio Maroto San José, his father Roman Maroto Rico, Rogelito Tello, and the brothers Marcos Parra Barberra and Salvador Parra Barberra were shot by supporters of General Francisco Franco on August 25 1936. The four youngest were all in their 20s; most had children. One night they were hauled off by civil guard officers in a lorry, made to dig their own graves and shot in the head. They were not condemned by a court. Their "crime" was to belong to the Spanish equivalent of the General Workers Union. Now, 72 years later, a small band of volunteers has arrived in San Juan del Monte to exhume the bodies of these five and give them a decent burial.
Historians believe there could be as many as 100,000 others like them, buried across the country. During the Spanish civil war, between 1936-1939, and afterwards while General Franco ruled Spain, his supporters, as well as the Republicans on the other side, carried out summary executions, dumping the innocent victims in hundreds of mass graves. Many of these have remained untraced until now.
Campaigners whose fathers, grandfathers or uncles disappeared into the night a lifetime ago have painstakingly traced them, by checking old prison records, yellowing council documents and speaking to those whose fading memories recall something of what happened to these people and where they might be buried. Often local people knew where the graves were but, until now, were too afraid to say. Spain preferred to pretend the killings never happened, but the volunteers are determined that the dead will not lie unremembered in ditches or pine forests. Almost every weekend, ageing relatives and members of groups such as the Association for the Recuperation of the Historical Memory (ARHM) carry out exhumations like the one at San Juan del Monte.
The Spanish state had offered little help before, but now Spain's campaigning judge Baltasar Garzón has become involved. He is the first investigating magistrate to trace his own country's disappeared. In the past, Garzón has investigated the crimes of dictators and their henchmen in foreign countries, notably Argentina and Chile. He is best known in Britain for his unsuccessful attempt in 1998 to extradite the late Chilean dictator General Pinochet while he was in London for medical treatment. After legal pressure from campaigners, Garzón has demanded that the official archives be opened to reveal just how many Spaniards were shot by firing squad - and where they might be buried.
What he is trying to establish is if there is any proof, as campaigners claim, that these murders were carried out on a systematic basis under orders from above. If a case can be made, the judge could decide to call for a Spanish version of the South African Truth and Reconciliation Commission, though this seems unlikely. The response to Garzón's demand for information from the defence and interior ministries was disappointing, both directing the judge to the archives of the civil guard held near Madrid. The archive is officially open to researchers, but campaigners suspect that much within it has been kept secret. Whatever the outcome, it will be a long and torturous process before the Spanish state opens up and reveals what it knows about those who went missing.
But these matters are far from the thoughts of the relatives whose loved ones died in the ignominious pit at San Juan del Monte so long ago. Rafino Tello Alonso, 75, watches as the bones of what could be his father Rogelio are carried piece by piece from the grave by archaeologists and catalogued in bags. Rogelio and the other victims all worked extracting resin from the pine trees that grow all over this part of Castilla y Léon.
"I was three when they took my father away so I don't remember much about him at all. But all my life my mother and my family said I was like him. It has been very hard. I have felt angry all my life because I never had a father," he says, tears welling up. "We were from Arauza de Miel [Arauza of Honey] nearby. It is a sweet name but this is a bitter story."
Julia Maroto Velasco, 71, peers into the grave trying to guess which one of the skeletons might have belonged to her father Julio or her grandfather Roman. Her mother, Ana Velasco, 93, was two months' pregnant with her when the men were called by civil guard officers who arrived on a lorry in Arauza de Miel. Roman protested when his son Julio was dragged off, so the civil guard took him too. They disappeared into the night and never came back.
"When they said they had found my father's body, it was the best thing that happened to me," says Julia, a retired servant. "Of course it makes me angry to think of these injustices. Growing up without a father or a grandfather was terrible. But I never thought I would get this happiness and sadness at the same time."
Her cousin, Carlos Maroto Mate, 46, a lift mechanic from Barcelona, has brought his family to the exhumation. His sons Ruben, 19, and Raul, 13, watch quietly as the investigators go methodically about their business. At one point they find buttons, a belt buckle, then finally a 9mm bullet from a pistol.
"I wanted my sons to see this. It may be a little morbid, but it is real life and I want them to tell their friends about this." Carlos says that his father never wanted to talk about how his brother Julio and father Ramon disappeared. "I think we should be talking about this now, not forgetting. What happens here today may only be a drop of water in the ocean, but it is important. I always said that this happened because of ignorance and fanaticism between families and neighbours."
Other exhumations have been carried out in the Burgos region and across Spain in recent years. Now others like Julia are waiting to see if DNA tests will prove for once and for all where their relatives' bodies lie. When these digs take place, researchers have to rely on old records that show the names of who went missing on certain dates. They cannot be certain they are digging up the people they believe lie in the mass graves. Sometimes they never discover the identities of the bodies.
The day after the exhumation at San Juan del Monte, scores of grey-haired relatives, mostly in their 80s or 90s, line up at the grandly named House of Culture, a council office in the nearby city of Aranda de Duero, to give their DNA samples. The building is more accustomed to putting on art shows than hosting this unusual reminder of Spain's painful past, in which people wait patiently to have swabs of saliva taken. It can take up to a year for the team of investigators to match samples to fragments of bones. The defence minister, Carme Chacón, who hit the headlines earlier this year for being Spain's first pregnant minister, is among those waiting to discover the fate of her great-grandfather. The body of Gonzalo Liras Cerezo is believed to lie in one of the mass graves in Burgos.
Francois Parra, 51, has come all the way from Lyon in France to have a swab taken. His grandfather, Pablo Parra Rincon, was arrested in Aranda de Duero, then disappeared in July 1936. His father, Bonifacio Parra, now 85, was forced into exile in France. He would have come to give DNA himself but was prevented by ill health.
In poor Spanish, Francois says: "My father said there is not a day that goes past that he doesn't think about this. That's why he was determined that I should come and do this."
Others find it too difficult to talk about fathers, brothers or uncles who disappeared. One elderly woman is about to tell me about her brother when she stops mid-sentence and begins to cry quietly. It may have all happened over 70 years ago, but many of these people have not had the chance to address their pain until now.
The day after the exhumation at San Juan del Monte, relatives gather for a quiet service at the church in Arauza de Miel to finally lay them to rest. There are tears but above all relief. Nuria Polo, 34, a film-maker from Barcelona who is making a documentary about the relatives of the disappeared, has studied their reactions.
"You will notice that they are not afraid to talk a lot. They are sad but also glad. For them it is closure, a kind of relief," she observes.
Over the past five years, volunteers such as Emilio Silva, whose grandfather, also called Emilio, was killed and his body dumped, have tried to trace the disappeared. Silva, president of ARHM, believes Garzón's intervention could prove a turning point.
"He is the first judge to ask for the official archives to be opened. We believe this could produce information which proves that these killings were systematic. If that can be shown to be the case, perhaps we could see a commission set up to find the real truth or even call those who carried out these crimes to answer."
Historians struggle to agree on how many bodies may lie in mass graves, as it is an impossible question to answer with certainty. Francisco Espinosa, a historian who carried out the most comprehensive research of mass graves in Andalusia and Extremadura in the west of Spain, believes as many as 100,000 people could have gone missing, their remains lying across the country.
"It is difficult to say though, as no national research has been done - just on a province by province basis - and records have been destroyed," he cautions.
Professor Paul Preston, a British historian from the London School of Economics, is writing a book on the slaughter of innocents called The Spanish Holocaust.
"There were at least 101,000 people whose names we know - perhaps more. But of those lying in mass graves, I would estimate that there are at least as many as 30,000 across Spain."
He is amazed at the lack of awareness outside Spain of the crimes committed by Franco and efforts to trace his victims. "I don't think people have the slightest idea. It is big news to them. Franco still has an amazingly good press in the Anglo-Saxon world."
Since the first graves were exhumed, it has proved hard work for the small but dedicated band of volunteers who battle with bureau-cracy to trace the disappeared. They often face obstruction from conservative officials or those who would rather not go into the subject. The mass grave at San Juan del Monte was only found after help from Emilio del Cura, a local man whose father witnessed the shootings but remained silent until years later.
A documentary about the issue, called San Cruz por Ejemplo [Santa Cruz for Example], tells the story of how this village in Burgos reacts to a team who come to exhume the bodies of a group of men killed by Franco's supporters. There is one telling scene when the Austrian film-maker, Gunter Schwaiger, asks four old men sitting on a bench if they want to talk about it. There is silence. It perhaps symbolises the Spanish attitude to dealing with these horrors. But the mood is slowly changing. In 2007, Spain's prime minister José Luis Rodríguez Zapatero brought in a law to offer justice to victims of Franco. The Law of Historical Memory - although tame compared with South Africa's Truth and Reconciliation Commission - makes it easier to find and dig up graves, has ordered Francoist plaques and statues to be withdrawn from public buildings and opened up archives.
The conservative opposition Popular Party and others on the right, opposed the law, claiming that it would mean raking over the ashes of the dead. After Franco died in 1975 and democracy returned following 36 years of dictatorship, a 1977 amnesty law ensured that no one could be held to account for the crimes committed during El Caudillo's regime. So it is still up to dogged volunteers such as José Ignacío Casado Ovejero, to honour the memory of those like the five who were shot at San Juan del Monte.
The 48-year-old civil servant brandishes a thick file with copies of grim prison and council documents detailing the names of scores of men and women who were from the Burgos area. Beside many of the names, a note reads: "Shot dead by firing squad."
"Why do I bother?" he asks. "Like most others, my grandfather Alejo Ovejero was shot by Franco's people. I want to find him and others like him."
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