La memoria histórica mira a los tribunales internacionales

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La memoria histórica mira a los tribunales internacionales

19/Noviembre · 00:53 · Rosa de la Peña
La renuncia de Garzón “retrasará” la apertura de las fosas comunes de Huelva

Presentación del mapa de fosas comunes de la provincia de Huelva.
Las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica se reunirán el próximo sábado, 22 de noviembre, para buscar el camino a seguir después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibiera ayer de la causa en la que investigaba las desapariciones de la Guerra Civil y el régimen franquista y en la que las víctimas pedían que se juzgara a los responsables por delito de lesa humanidad. En un auto de 152 folios, Garzón acuerda extinguir la responsabilidad del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos cargos de la dictadura en esta causa, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos, motivo por el que un mes después de iniciar la instrucción de un procedimiento que posibilitaría la apertura de las fosas comunes -ahora paralizada por la Fiscalía- el magistrado se declara no competente y traslada el proceso a los tribunales territoriales en los que se cometieron los crímenes.

Este nuevo giro de los acontecimientos ha supuesto un varapalo más para el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que casi vuelve al comienzo de un proceso que había costado años de investigación, trabajo y lucha callada. El presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, lamentó ayer que el traslado del proceso a los tribunales de Huelva “dificulta mucho el trabajo y supondrá un nuevo retraso de la causa y de la posibilidad de abrir las fosas, ya que probablemente habrá que examinar de nuevo la documentación y habrá que trabajar con juzgados y abogados diferentes, por lo que se perderá un tiempo que muchos afectados ya ni siquiera tienen”.

Ante esta certeza, López explica que el próximo día 22 los abogados de las asociaciones de memoria histórica estudiarán las posibilidades legales a las que se puede recurrir para agilizar el proceso, pero “nos tememos que habrá que recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo y, una vez agotadas las vías judiciales en España, se podrá recurrir a la justicia internacional, en concreto, al Tribunal de Estrasbugo, que probablemente sea la única solución” para recuperar el nombre de los represaliados y señalar a los culpables. Por el momento, la Asociación Memoria Histórica seguirá estudiando vías legales para rescribir la historia de miles de olvidados, pero no se descarta salir a la calle para llamar la atención sobre la “injusticia y la desprotección en la que el Estado está dejando a las víctimas”.

El mapa de fosas pasará ahora a la Audiencia Provincial
Hace menos de una semana que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía pedía al Gobierno autonómico la declaración de las fosas comunes como Sitio Histórico para “garantizar su protección”. El mismo día, solicitaba a los ayuntamientos medidas para dignificar unas tumbas colectivas que en la mayoría de los sitios siguen estando olvidadas muchos años después del final de la dictadura. Ahora el movimiento para rescatar las vidas borradas de los represaliados se topa con nuevas trabas judiciales, pero el mapa de fosas comunes de la provincia al menos servirá para agilizar la causa cuando sea recibida por la Audiencia Provincial.

Así, los juzgados tendrán documentación exhaustiva sobre las sepulturas anónimas, un total de 118 repartidas en todas las comarcas del territorio onubense: un total de 22 en el Condado, otras 17 en la Costa y la Campiña, 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se trasladaron a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’, cuyos datos se remitirán ahora, si no hay cambios, a los tribunales de Huelva.
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Garzón deja la causa del franquismo en manos de los juzgados ...
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La ARMH pide al Gobierno que adopte medidas para acabar con el sufrimiento de las familias

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Sheila Brey/Agencias Ponferrada

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de instruir la causa que investiga las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.

El magistrado decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes que él autorizó a abrir al declararse competente para instruir este procedimiento el pasado día 16 de octubre.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cree que la decisión de Baltasar Garzón pone de manifiesto la incapacidad de la democracia española para hacer justicia al tiempo que espera que el Ejecutivo central “tome buena nota” y adopte las medidas que sean necesarias para acabar con el sufrimiento de las familias de las víctimas de la Guerra Civil. “Estamos hartos de que las familias estén completamente desamparadas y tengan que estar dando tumbos por todas las administraciones para encontrar solución a un problema que tienen desde hace muchos años”, lamentó el vicepresidente de la ARMH, el berciano Santiago Macías.

El colectivo también apostó por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el magistrado de la Audiencia Nacional.“Garzón deja al descubierto los defectos de la Ley de la Memoria”, afirmó Macías. “Lo primero que hay que hacer en este país es derogar la Ley de Amnistía porque son crímenes contra la humanidad que no prescriben”, puntualizó.En un auto de 152 folios, el magistrado declaró además extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, en esta causa, así como la de los otros 44 altos cargos de la dictadura, tras certificar el fallecimiento de todos ellos.

No obstante, considera que los delitos “permanecen” y no han prescrito.Baltasar Garzón se adelantó así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia del magistrado para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, que precisamente los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.Además, el magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos, para “evitar solapamientos” con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.

En su resolución también advierte al Estado y a la Fiscalía de que “obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.Los 20 juzgados provinciales a los que Garzón remitirá los expedientes son el A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. A ellos se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
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