"Estos dos meses no han sido tiempo perdido"

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"Estos dos meses no han sido tiempo perdido"

Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. No tira la toalla y evalúa con cautela el proceso iniciado por el juez Garzón.

MIGUEL ÁNGEL MARFULL - MADRID - 18/11/2008 23:00

En marzo de 2000, Emilio Silva localizó en un pueblo de León la fosa común en la que fue enterrado su abuelo, asesinado en 1936 por un grupo de falangistas. Su memoria y sus restos fueron recuperados. Gestos como aquel se han convertido, ocho años después, “en un deber con la sociedad”, según califica Silva al proceso de la memoria histórica.

¿Qué opina del auto de ayer del juez Garzón?
Supone una cierta desilusión. Sabíamos que cuando llegara a la Sala [de la Audiencia Nacional], y más después de la votación del pasado 7 de octubre, lo tumbarían ahí, aunque el equipo de expertos podría seguir trabajando. No me ha sorprendido el contenido, pero sí la inhibición del juez, que el auto no haya llegado hasta la Sala de la Audiencia.

¿Cree que Garzón ha sucumbido ante la presión?
Le ha llovido mucho, de todas partes y de todos los colores. Se han hecho realidad algunas frases, como la del presidente del Gobierno, cuando dijo que a Franco ya lo había juzgado la Historia.

¿Esto es un punto final?
No. Es el reflejo de la situación de este país, que en la Transición dio impunidad a los franquistas y no se responsabilizó de las víctimas. Pero el auto de ayer abre la puerta a otras investigaciones, como la de los niños que fueron secuestrados a las presas republicanas.

¿No va a haber más desenterramientos?
Nosotros empezamos una exhumación mañana jueves. No vamos a parar. Lo mas urgente son las familias que están buscando desaparecidos y eso no lo vamos a frenar.

¿Qué pasará con el grupo de expertos que convocó el juez Garzón?
Lo ofrece al Ministerio de Justicia. El auto contiene la orientación de que el trabajo de estos meses no se quede ahí; distribuye responsabilidades.

¿Han sido tiempo perdido estos dos meses y medio?
No, en absoluto. Socialmente, ayuda. Había gente muy desi-lusionada... O que no se atrevía a hablar de sus familiares desaparecidos... Esta causa les ha dado confianza. Nosotros hemos recibido 2.500 solicitudes en dos meses por parte de familiares de desaparecidos, es la cuarta parte de lo que habíamos recibido en ocho años.

¿El auto da la razón a los que cuestionaban el procedimiento de Garzón, como defiende el PP?
Las opiniones que he oído al PP sobre este proceso han sido bastante lamentables. En concreto, una de Rajoy diciendo que se alegraba de la detención de las exhumaciones.

Garzón se inhibe en favor de los juzgados provinciales, ¿pueden lavarse las manos?
No lo sé. Dependerá de las indicaciones que les haga el Consejo General del Poder Judicial. Nosotros ya hemos acudido a esos juzgados y casi nunca nos han hecho caso. El Ministerio de Justicia o el CGPJ deberían indicar a los jueces qué hacer cuando se les denuncie la existencia de una fosa común.

Algunas asociaciones dicen que los juzgados ordinarios “no van a hacer nada”...
Las cosas cambian. Han pasado muchas cosas en ocho años. Este ha sido un paso. Ahora se ha cerrado una puerta, pero lo que ha pasado en estos dos meses ha sido muy importante y tendrá repercusiones. Estoy seguro de que este proceso puede ayudar a que muchos jueces sean conscientes de que hay que abrir diligencias en estos casos.

Es optimista, por tanto...
Siempre soy optimista. Entiendo que esos Juzgados harán caso. Si no, tendremos que reclamar ante el CGPJ para que ponga en su sitio al juez que no quiera hacerlo.
¿Han pensado en acudir a instancias internacionales?El proceso va hacia arriba. No descartamos esa vía. Incluso hay gente dentro de la demanda que opinaba que, cuanto antes se archivara, mejor, porque así podrían sacarlo de España. Esa opción la hemos estudiado desde el principio, aunque tenemos que agotar vías aquí y ver qué pasa.

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"Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa",

GONZALO BOYE TUSET, abogado - 18/11/2008 23:01

Los 152 folios con los que Garzón rellenó su auto no hacen más que acrecentar la frustración de las víctimas del franquismo; las consecuencias jurídicas son varias: la de ponerse el parche antes de la herida, evitando el varapalo jurídico que le iba a dar la Sala de lo Penal el jueves y, también, intentar condicionar el trabajo que realizarán los jueces competentes para investigar estos hechos.

Garzón dedica un quinto de su resolución a defender su actuación y a atacar al fiscal, con algunos de cuyos planteamientos tampoco concordamos en su día; una resolución judicial no debe ser campo para las discusiones personales ni para las descalificaciones entre juristas.

En el ataque a la Fiscalía, Garzón se desorientó alejándose de la investigación inicial para, ex novo, adentrarse en el problema de los “niños perdidos del franquismo” cometiendo errores jurídicos de bulto; una resolución judicial es tal cuando se ajusta a derecho y no se aparta de lo que son las funciones jurisdiccionales contrarias a las arengas políticas como las contenidas en la página 75 del auto.

Lo que se ha visto desde fuera en este procedimiento es una mera actuación estratégica que sólo generará más desconfianza hacia la función jurisdiccional, erosionando la figura de los jueces instructores y ratificando en su razón a quienes sostienen que la instrucción ha de encomendarse a Fiscalía, como se hace en muchos países de nuestro entorno.

Un juez de instrucción no puede ni deber tener estrategia, ha de limitarse a investigar unos hechos con apariencia de delito y tratar de determinar al o a los responsables de los mismos; en este caso, ha pasado de todo menos eso.En cualquier caso, lo relevante es que esta resolución carece de un rigor jurídico suficiente como para alcanzar los fines que las víctimas esperaban, viéndose sus expectativas nuevamente frustradas y, sobre todo, postergadas, vaya uno a saber por cuánto tiempo. En mi tierra (Chile) a esto se le llama: “Capitán Araya, embarca a su gente y se queda en la playa”.
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Garzón contra el atado y el bien atado,

Ignacio Escolar

Han hecho falta 33 años desde la muerte del tirano para que un juez se atreviese a acusar a su régimen en papel timbrado de crímenes contra la humanidad. Ha bastado apenas un mes para descarrilar el intento. Baltasar Garzón ha preferido dinamitar el caso días antes de que el fiscal Zaragoza y la Sala de lo Penal lo enterrasen para siempre. Es una voladura controlada.
Garzón evita así no sólo pasar el mal trago de convertirse en el primer juez de la Audiencia Nacional al que la Fiscalía arrebata un caso para darle carpetazo, sino también que ese cierre bloquee posteriores intentos de sentar el franquismo ante un tribunal. Antes de que la Fiscalía atrape el balón para sacarlo del campo, Garzón lo parte en veinticuatro trozos y se lo pasa a los tribunales provinciales.

¿Servirá para algo su jugada? Está por ver. Las denuncias vuelven a las mismas manos que antes las rechazaron, los mismos tribunales ordinarios contra los que se han estrellado tantas veces las asociaciones que reivindican la memoria. Tal vez ahora, tras el debate creado, alguno de estos jueces preste oídos a la justicia histórica y ayude a unas víctimas que no olvidan que aquí, en la España orgullosa que se sienta en el G-20, hubo no hace tanto un genocidio que aún sigue impune: 130.000 muertos, miles de niños robados, un millón de exiliados. Si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera.
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"Los niños perdidos son víctimas del franquismo"

M. Á. M.

El auto pide que se repare a los hijos de republicanos arrebatados a sus padres.

Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por el régimen "no aptos para asumir su cuidado". El juez Baltasar Garzón reclama en su último auto "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura.
"El régimen franquista invocaba la protección de menores", pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente los pecados de su padre y se les repetía que ellos también eran irrecuperables.

Frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos", según describe el magistrado en su auto.

Para Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no ha prescrito, ya que muchas víctimas los hijos y algunos padres podrían estar vivas. Por eso, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad robada.

El juez incluye en su escrito algunas cifras, basadas en fuentes históricas, que elevan, por ejemplo, a más de 30.000 el número de hijos de presas republicanas tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954.

Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los niños cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.
"Los niños perdidos son también parte de las víctimas del franquismo", concluye el juez Garzón en su auto.

El juez acusa al franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños
Durante la dictadura franquista se estableció un "plan sistemático" de recuperación de niños cuyos padres fueron considerados "no aptos para asumir su cuidado" por su ideología opuesta al régimen de Franco. El juez Garzón reclama ahora "la obligación" de investigar estas desapariciones, sustracciones y cambios de identidad registradas durante la dictadura. Según Garzón, este delito constituye un crimen contra la Humanidad que no está prescrito, ya que muchas de las víctimas los hijos y algunos padres podrían estar aún vivas. Por esa razón, el magistrado insta a las instituciones, al Ministerio Fiscal y a los jueces a que investiguen, sancionen a los culpables y "se repare a las víctimas", de manera que puedan recuperar su identidad real. El juez incluye en su auto algunas cifras basadas en fuentes históricas que elevan a 30.000 el número de niños que fueron arrebatados a sus padres entre 1944 y 1955. Garzón especifica cuáles fueron las principales formas de sustracción de menores. El juez recuerda a los hijos de presas republicanas cuyos apellidos fueron modificados para entregarlos a familias adictas al régimen franquista. "Muchos de aquellos hijos les fueron retirados a las madres y nunca fueron devueltos a sus familiares de origen, ni tampoco se intentó hacerlo", denuncia el magistrado.
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