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Recuperan los restos de 2.500 fusilados en las fosas de San Rafael
La cifra total de represaliados que yacen en la zona podría elevarse en los próximos meses. La asociación dispone ya de más de 4.500 nombres de republicanos ejecutados en el antiguo camposanto entre 1937 y 1954
LUCAS MARTÍN. MÁLAGA
La exhumación de las fosas comunes del antiguo cementerio de San Rafael, promovida por la Asociación contra el Silencio y el Olvido, por la Memoria Histórica, ya ha sacado a la luz los restos de 2.500 personas ejecutadas durante la Guerra Civil y las primeras décadas del franquismo.
La cifra, que podría aumentar en los próximos meses, ratifica las conjeturas de los especialistas, que desde hace años, señalan al camposanto como el mayor punto de exterminio del país, por encima, incluso, de los situados en las inmediaciones de las zonas de batalla.Los trabajos, que comenzaron en octubre de 2006, se han centrado, por el momento, en ocho fosas, situadas en la parcela de San Francisco, un enclave en el que únicamente constaba la presencia de dos, datadas al principio de la contienda. Actualmente, los expertos, asistidos por un grupo de voluntarios, escrutan otro nicho en el Patio Civil, por lo que, aún restaría excavar la mitad de las fosas documentadas, que se elevan a dieciocho. Francisco Espinosa, investigador del colectivo, asevera que el trabajo de campo podría concluir a mediados del año que viene, aunque se muestra cauteloso, dado el elevado número de sorpresas que han deparado las excavaciones.
Sin ir más lejos, la información recabada por la asociación alude a la existencia de una treintena de fosas, si bien doce de ellas no corresponden a fusilamientos masivos. "Después de los primeros años de posguerra, las ejecuciones eran, a lo sumo, de diez en diez, por lo que éstas serán pequeños nichos", reseña el experto.Al margen de la especulación permanece la abultada cifra de asesinatos cometidos en el cementerio. El colectivo dispone ya de los nombres de un total de 4.530 personas sepultadas, al menos en primera instancia, en San Rafael. Un número que supera ampliamente las premisas que se manejaban en los primeros meses de trabajo, que hablaban de poco más de tres mil cadáveres.
De los cuerpos extraídos hasta el momento, destaca la preponderancia de muertos que no superaban los cuarenta años, además de un centenar de mujeres y casos especialmente difíciles de asimilar, como el de una joven en avanzado estado de gestación o el de más de medio centenar de bebés. No obstante, la presencia de estos últimos no corresponde a disparos, sino a la inhumación de hijos de republicanos fallecidos por hambruna o epidemia.
Las fosas abiertas en San Francisco se remontan a las ejecuciones de 1937 y los primeros años de la posguerra. Su estructura, recuerda Espinosa, estaba dividida en capas separadas por ingentes cantidades de cal, una sustancia utilizada para facilitar la fragmentación de los huesos. La disposición de los cadáveres, arbitraria y diversa, arrojó nuevos datos sobre algunos de los fusilamientos, que se produjeron junto al talud del nicho y sin atender a ordenaciones posteriores en la fosa. "Parece por la separación que la parcela acoge a víctimas de diferentes épocas", puntualiza Espinosa. Las excavaciones prosiguen.
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sábado, 22 de noviembre de 2008
miércoles, 19 de noviembre de 2008
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“Creo que Garzón se mueve correctamente, inteligentemente, y lo que evita es que la Sala de lo Penal lo declare incompetente”, asegura Rodríguez Gallardo, quien añade que el magistrado “se mueve dentro de los límites que le permite la legislación actual, que es complicada, y evita así la muerte más que probable de la causa desde la Sala de lo Penal”.
“Cierra una vía pero abre otras”, argumenta el portavoz de la Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas,“porque se abre un plazo más amplio porque tienen que pronunciarse los juzgados y se abren nuevas vías como la de los niños secuestrados durante el franquismo, un tema en el que hay mucha jurisprudencia”.
profesor Lourenzo Fernández, autor del estudio “As vítimas, os nomes,as voces,os lugares”, resume en la frase“mucho ruido y pocas nueces” la decisión de Garzón.Para Fernández, se vuelve a situar el asunto en el comienzo: “La única cuestión a la que hay que seguir respondiendo aquí es que aparecen cadáveres en fosas desde el año 200 y ninguna instancia judicial se llama en el asunto”.
A su juicio, esto es resultado de una sociedad que afronta la “paradoja”de la “mala conciencia” y el “pasado oculto”.“Cuanto menos oculto es el pasado, mayor es la mala conciencia”, concluye.
El vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y delegado para la zona Norte, Santiago Macías, cree que la “lectura” es que la conclusión de Garzón, de que, pese a que la responsabilidad está extinguida,se los sigue culpando de crímenes contra la humanidad,lo que define como un “auto para la historia”.
Macías espera que ahora el Gobierno no deje a los familiares “desamparados”,“dando tumbos por todas las instituciones” porque “hay una ley que desarrollar”.
Por otra parte, el presidente de la misma asociación, Emilio Silva, manifestó ayer su“sorpresa” por la decisión del magistrado y explicó que están estudiando la posibilidad de recurrir el auto,en el que además se declara extinguida la responsabilidad penal de Franco y otros 44 altos mandos por fallecimiento.“ Es sorprendente que no se haya seguido adelante por alguna razón, entre las que no hay que descartar las presiones políticas”,subrayó.El dirigente de dirigente de CGT.
A y coordinador de la página web ‘todoslosnombres.org’, Cecilio Gordillo, expresó la “decepción” de las asociaciones y reconoció que había puesto su confianza en que “por primera vez interviniese un poder del Estado”.
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19/Noviembre · 00:53 · Rosa de la Peña
La renuncia de Garzón “retrasará” la apertura de las fosas comunes de Huelva
Presentación del mapa de fosas comunes de la provincia de Huelva.
Las asociaciones que trabajan por la recuperación de la memoria histórica se reunirán el próximo sábado, 22 de noviembre, para buscar el camino a seguir después de que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se inhibiera ayer de la causa en la que investigaba las desapariciones de la Guerra Civil y el régimen franquista y en la que las víctimas pedían que se juzgara a los responsables por delito de lesa humanidad. En un auto de 152 folios, Garzón acuerda extinguir la responsabilidad del dictador Francisco Franco y de otros 44 altos cargos de la dictadura en esta causa, tras comprobar el fallecimiento de todos ellos, motivo por el que un mes después de iniciar la instrucción de un procedimiento que posibilitaría la apertura de las fosas comunes -ahora paralizada por la Fiscalía- el magistrado se declara no competente y traslada el proceso a los tribunales territoriales en los que se cometieron los crímenes.
Este nuevo giro de los acontecimientos ha supuesto un varapalo más para el movimiento de recuperación de la memoria histórica, que casi vuelve al comienzo de un proceso que había costado años de investigación, trabajo y lucha callada. El presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía, Rafael López, lamentó ayer que el traslado del proceso a los tribunales de Huelva “dificulta mucho el trabajo y supondrá un nuevo retraso de la causa y de la posibilidad de abrir las fosas, ya que probablemente habrá que examinar de nuevo la documentación y habrá que trabajar con juzgados y abogados diferentes, por lo que se perderá un tiempo que muchos afectados ya ni siquiera tienen”.
Ante esta certeza, López explica que el próximo día 22 los abogados de las asociaciones de memoria histórica estudiarán las posibilidades legales a las que se puede recurrir para agilizar el proceso, pero “nos tememos que habrá que recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo y, una vez agotadas las vías judiciales en España, se podrá recurrir a la justicia internacional, en concreto, al Tribunal de Estrasbugo, que probablemente sea la única solución” para recuperar el nombre de los represaliados y señalar a los culpables. Por el momento, la Asociación Memoria Histórica seguirá estudiando vías legales para rescribir la historia de miles de olvidados, pero no se descarta salir a la calle para llamar la atención sobre la “injusticia y la desprotección en la que el Estado está dejando a las víctimas”.
El mapa de fosas pasará ahora a la Audiencia Provincial
Hace menos de una semana que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía pedía al Gobierno autonómico la declaración de las fosas comunes como Sitio Histórico para “garantizar su protección”. El mismo día, solicitaba a los ayuntamientos medidas para dignificar unas tumbas colectivas que en la mayoría de los sitios siguen estando olvidadas muchos años después del final de la dictadura. Ahora el movimiento para rescatar las vidas borradas de los represaliados se topa con nuevas trabas judiciales, pero el mapa de fosas comunes de la provincia al menos servirá para agilizar la causa cuando sea recibida por la Audiencia Provincial.
Así, los juzgados tendrán documentación exhaustiva sobre las sepulturas anónimas, un total de 118 repartidas en todas las comarcas del territorio onubense: un total de 22 en el Condado, otras 17 en la Costa y la Campiña, 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se trasladaron a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’, cuyos datos se remitirán ahora, si no hay cambios, a los tribunales de Huelva.
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La ARMH pide al Gobierno que adopte medidas para acabar con el sufrimiento de las familias
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Sheila Brey/Agencias Ponferrada
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de instruir la causa que investiga las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes que él autorizó a abrir al declararse competente para instruir este procedimiento el pasado día 16 de octubre.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cree que la decisión de Baltasar Garzón pone de manifiesto la incapacidad de la democracia española para hacer justicia al tiempo que espera que el Ejecutivo central “tome buena nota” y adopte las medidas que sean necesarias para acabar con el sufrimiento de las familias de las víctimas de la Guerra Civil. “Estamos hartos de que las familias estén completamente desamparadas y tengan que estar dando tumbos por todas las administraciones para encontrar solución a un problema que tienen desde hace muchos años”, lamentó el vicepresidente de la ARMH, el berciano Santiago Macías.
El colectivo también apostó por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el magistrado de la Audiencia Nacional.“Garzón deja al descubierto los defectos de la Ley de la Memoria”, afirmó Macías. “Lo primero que hay que hacer en este país es derogar la Ley de Amnistía porque son crímenes contra la humanidad que no prescriben”, puntualizó.En un auto de 152 folios, el magistrado declaró además extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, en esta causa, así como la de los otros 44 altos cargos de la dictadura, tras certificar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, considera que los delitos “permanecen” y no han prescrito.Baltasar Garzón se adelantó así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia del magistrado para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, que precisamente los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.Además, el magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos, para “evitar solapamientos” con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.
En su resolución también advierte al Estado y a la Fiscalía de que “obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.Los 20 juzgados provinciales a los que Garzón remitirá los expedientes son el A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. A ellos se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
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Ante esta certeza, López explica que el próximo día 22 los abogados de las asociaciones de memoria histórica estudiarán las posibilidades legales a las que se puede recurrir para agilizar el proceso, pero “nos tememos que habrá que recurrir al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo y, una vez agotadas las vías judiciales en España, se podrá recurrir a la justicia internacional, en concreto, al Tribunal de Estrasbugo, que probablemente sea la única solución” para recuperar el nombre de los represaliados y señalar a los culpables. Por el momento, la Asociación Memoria Histórica seguirá estudiando vías legales para rescribir la historia de miles de olvidados, pero no se descarta salir a la calle para llamar la atención sobre la “injusticia y la desprotección en la que el Estado está dejando a las víctimas”.
El mapa de fosas pasará ahora a la Audiencia Provincial
Hace menos de una semana que la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía pedía al Gobierno autonómico la declaración de las fosas comunes como Sitio Histórico para “garantizar su protección”. El mismo día, solicitaba a los ayuntamientos medidas para dignificar unas tumbas colectivas que en la mayoría de los sitios siguen estando olvidadas muchos años después del final de la dictadura. Ahora el movimiento para rescatar las vidas borradas de los represaliados se topa con nuevas trabas judiciales, pero el mapa de fosas comunes de la provincia al menos servirá para agilizar la causa cuando sea recibida por la Audiencia Provincial.
Así, los juzgados tendrán documentación exhaustiva sobre las sepulturas anónimas, un total de 118 repartidas en todas las comarcas del territorio onubense: un total de 22 en el Condado, otras 17 en la Costa y la Campiña, 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se trasladaron a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’, cuyos datos se remitirán ahora, si no hay cambios, a los tribunales de Huelva.
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Garzón deja la causa del franquismo en manos de los juzgados ...
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Sheila Brey/Agencias Ponferrada
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dejó ayer de instruir la causa que investiga las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en los que se encuentran las fosas comunes que él autorizó a abrir al declararse competente para instruir este procedimiento el pasado día 16 de octubre.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) cree que la decisión de Baltasar Garzón pone de manifiesto la incapacidad de la democracia española para hacer justicia al tiempo que espera que el Ejecutivo central “tome buena nota” y adopte las medidas que sean necesarias para acabar con el sufrimiento de las familias de las víctimas de la Guerra Civil. “Estamos hartos de que las familias estén completamente desamparadas y tengan que estar dando tumbos por todas las administraciones para encontrar solución a un problema que tienen desde hace muchos años”, lamentó el vicepresidente de la ARMH, el berciano Santiago Macías.
El colectivo también apostó por la derogación de la Ley de Amnistía de 1977, tal y como ha recomendado el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y el magistrado de la Audiencia Nacional.“Garzón deja al descubierto los defectos de la Ley de la Memoria”, afirmó Macías. “Lo primero que hay que hacer en este país es derogar la Ley de Amnistía porque son crímenes contra la humanidad que no prescriben”, puntualizó.En un auto de 152 folios, el magistrado declaró además extinguida la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, en esta causa, así como la de los otros 44 altos cargos de la dictadura, tras certificar el fallecimiento de todos ellos.
No obstante, considera que los delitos “permanecen” y no han prescrito.Baltasar Garzón se adelantó así a la decisión que el pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar sobre la competencia del magistrado para instruir la causa, al resolver un recurso de la Fiscalía en el que se sostiene, que precisamente los hechos son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.Además, el magistrado ha informado de su decisión tanto a la Sala como al Ministerio de Justicia, al que da cuenta de los grupos de expertos que ya están recopilando datos, para “evitar solapamientos” con otras acciones que pueda llevar a cabo el Estado.
En su resolución también advierte al Estado y a la Fiscalía de que “obstaculizar la investigación, luego de la omisión de la misma durante años, sería contravenir flagrantemente” el Convenio Europeo de Derechos Humanos.Los 20 juzgados provinciales a los que Garzón remitirá los expedientes son el A Coruña, Asturias, Badajoz, Burgos, Castellón, Córdoba, Granada, Huelva, Huesca, León, Lugo, Madrid, Navarra, Palencia, Pontevedra, Salamanca, Soria, Toledo, Zamora y Zaragoza. A ellos se suman los juzgados de instrucción decanos de Barcelona, Burgos, Valencia, Vizcaya, Madrid, Málaga y Zaragoza.
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Las asociaciones de víctimas critican la inhibición de Garzón
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martes, 18 de noviembre de 2008
Memoria histórica: Los jueces advierten que habrá resoluciones contradictorias.
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Garzón se inhibe en el juicio al franquismo: Los jueces advierten ...
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Memoria histórica: Los jueces advierten que habrá resoluciones contradictorias
Las asociaciones de jueces advierten de las posibles contradicciones entre los distintos juzgados territoriales que tendrán que investigar las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo después de que Garzón decidiera inhibirse en su favor.
Por su parte, la clase política ha dejado ver sus profundas discrepancias en materia de memoria histórica.
Las asociaciones de víctimas agradecen al juez su "valentía" pero se muestran "decepcionadas" por esta última decisión.
CNN+.
La decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa que investiga las desapariciones de la Guerra Civil y el franquismo ha hecho florecer las opiniones de todo el sector político y judicial sobre el proceso.
Las principales asociaciones de jueces y magistrados coinciden en destacar que el juez de no necesitaba cuatro autos y una providencia para declarar extinta por fallecimiento la responsabilidad del general Francisco Franco y los altos cargos de su régimen.
Sin embargo, lo más destacable de lo apuntado por las asociaciones judiciales es que la decisión adoptada por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa.
Algunos juristas apuntan a la posibilidad de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviese este problema con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".
Reacciones políticasDesde el sector político ha habido menos acuerdo sobre cómo valorar las actuaciones del juez. El PP considera que el tiempo le ha dado la razón tras conocer que el juez Baltasar Garzón se inhibe, mientras que la decisión no ha satisfecho a IU e ICV.
Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón y su decisión "entra dentro de la toma de posición" del Ministerio Fiscal, en contra de que el juez de la Audiencia Nacional procediera a la investigación.
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, cree que Garzón se ha inhibido en la instrucción ante las "dificultades" y los "obstáculos" a sus pesquisas desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
Las asociaciones de víctimas, dolidasLa secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha mostrado su sorpresa y su dolor por la decisión del juez, mientras que El Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica ha agradecido a Garzón su "valentía" al abordar una "cuestión candente" como es la recuperación de la Memoria Histórica que "hasta la fecha nadie había puesto en primer plano".
Desde la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), se ha considerado "decepcionante" la decisión del juez, que representa la incapacidad de la democracia española para hacer justicia. Su presidente, Emilio Silva, ha afirmado que "la pelota ahora está en el tejado del Gobierno, que no puede consentir que haya familias caminando por las cunetas y los montes buscando a sus seres queridos sin ayuda del Estado".
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Garzón pasa la “patata caliente” de las fosas a los juzgados ...
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Garzón acusa al Franquismo de arrebatar su identidad a miles de niños
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En el auto de 152 páginas hecho público por el juez Baltasar Garzón sobre extinguir la responsabilidad penal del dictador Francisco Franco, también se ha denunciado la "segregación infantil" que alcanzaó unos "límites preocupantes" durante el Franquismo. Esto ha propiciado "la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40".
Según el documento y tras los estudios realizados, durante el Franquismo "se cometió una segregación infantil que alcanzó unos límites preocupantes y que, bajo todo un entramado de normas legales, pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40, situación que, en gran medida, podría haberse prolongado hasta hoy". Es decir, "se habría privado de su identidad a miles de personas en contra de los derechos de las propias víctimas inmediatas y de sus familiares, en aras a una más adecuada preparación ideológica y la afección al régimen".
Además, el documento de Garzón habla también sobre los 'niños perdidos' como "parte de las víctimas del Franquismo: se trata de hijos de presos cuyos apellidos fueron modificados para permitir su adopción por familias adictas al régimen".
Por su parte, Garzón indica además en su auto que "varios miles de hijos de obreros fueron también enviados a instituciones del Estado porque el régimen consideraba su familia republicana como 'inadecuada' para su formación".
En otro de los puntos del documento, el juez de la Audiencia Nacional denuncia que "el régimen Franquista invocaba la 'protección de menores' pero la idea que aplicaba de esta protección no se distinguía de un régimen punitivo. Los niños debían expiar activamente "los pecados de su padre" y se les repetía que ellos también eran irrecuperables".
Por último, indica que "frecuentemente eran separados de las demás categorías de niños internados en las Instituciones del Estado y sometidos a malos tratos físicos y psicológicos".
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El magistrado se inhibe en favor de los juzgados de instrucción para evitar que se le declare incompetente. Las asociaciones de víctimas lo consideran una "marcha atrás intolerable"
Noticias Cuatro - 18/11/2008 - 19:40
El juez Baltasar Garzón se inhibe en favor de los juzgados de instrucción para evitar que se le declare incompetente en la investigación y deja la causa de la memoria histórica. Cada juzgado en cada municipio será el encargado de resolver ahora si abre o no las fosas y si persigue o no a los acusados de crímenes durante el franquismo.
Garzón es quien puso en marcha esta causa, que ha sido calificada como "de justicia" por las víctimas y de "revancha histórica" por quienes la critican. El magistrado sigue convencido de que el delito de desaparición ilegal existe, pero redirige la investigación hacia los tribunales territoriales de los lugares donde se encuentran las fosas, hacia la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y hacia el Ministerio de Justicia.
Por su parte, las asociaciones de víctimas califican hoy lo ocurrido de "marcha atrás intolerable" en un proceso, dicen, que llevan esperando desde hace 70 años.
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Las razones por las que Garzón abandona
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Además de comprobar que los responsables de la represión franquista ya están muertos, el juez busca evitar el varapalo que la Audiencia Nacional podría darle
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 18-11-2008
La decision del juez Garzón se produce después de haber comprobado oficialmente que no están vivos ninguno de los responsables de los que el magistrado califica como "represion franquista".
AUDIOS: Santiago Macías promete buscar otras alternativas para que siga la investigación
Garzón se inhibe en la causa del franquismo en favor de los juzgados territoriales
La Audiencia Nacional decide paralizar las exhumaciones que autorizó Garzón
La ley obliga al juez a archivar las investigaciones si no puede sentar a nadie en el banquillo y el magistrado ha adoptado esta resolución cuando ha tenido los datos objetivos en sus manos.
El juez, en cambio, se adelanta a la decisión que el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional tenía que adoptar en una próxima reunión acerca de la competencia del magistrado para investigar estos hechos, a lo que la Fiscalía se opone por entender que son competencia de los juzgados territoriales donde se cometieron los crímenes.
De forma implícita el juez, reconoce que no es competencia de la Audiencia Nacional investigar este asunto y con su resolucion, Garzón trata de evitar el "varapalo sonoro" de que sus superiores le declaren incompetente.
"Si se declara incompetente, no parece que tenga mucho sentido que la sala de lo penal se reúna para decirle lo mismo", reconocen fuentes jurídicas, aunque todavía está por ver si la sala aplaza su cónclave.
Cabe incluso la posibilidad de que el Pleno de los jueces rectifique a Garzón y le ordene que concluya el sumario porque en esta fase del proceso, el juez no tiene autoridad para archivar la causa y debe ser la sala de lo penal quien lo haga al tratarse de un sumario y no de diligencias previas en las que el juez sí está facultado para ordenar el archivo o el sobreseimiento de la investigación.
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Sin embargo, lo más destacable de lo apuntado por las asociaciones judiciales es que la decisión adoptada por Garzón puede "frustrar las expectativas" que se habían hecho los familiares de las víctimas y provocar ahora "resoluciones contradictorias" en los juzgados territoriales a los que el juez había remitido la causa.
Algunos juristas apuntan a la posibilidad de que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviese este problema con "un pronunciamiento de cierre y situación que permita marcar los territorios".
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Según la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, "el tiempo ha dado la razón" a quienes sostenían que no era competencia del juez Baltasar Garzón y su decisión "entra dentro de la toma de posición" del Ministerio Fiscal, en contra de que el juez de la Audiencia Nacional procediera a la investigación.
Por su parte, el diputado de IU, Gaspar Llamazares, cree que Garzón se ha inhibido en la instrucción ante las "dificultades" y los "obstáculos" a sus pesquisas desde la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía General del Estado.
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lunes, 17 de noviembre de 2008
Restos de una vida
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Restos de una vida
Tres familias vascas relatan su experiencia tras años de lucha por encontrar los cuerpos de sus allegados fallecidos durante el franquismo. «Todos tienen derecho a enterrar a los suyos»
LORENA GIL BILBAO
Miles de personas perdieron a sus seres queridos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Décadas después de aquel capítulo negro de la historia, sus restos mal descansan hoy en fosas comunes en cunetas o zonas boscosas. Hijos y nietos de fallecidos han luchado durante años por recuperar y dar sepulcro a sus familiares. En definitiva, «devolverles la dignidad». Algunos lo han conseguido. No todos. Pero la mayoría coincide en sostener que «lo peor es no saber nada». EL CORREO ha charlado con tres familias vascas que consiguieron localizar los cuerpos de sus parientes. No dan crédito a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar la apertura de fosas hasta que se resuelva si el juez Baltasar Garzón es competente para investigar la existencia de desaparecidos durante la dictadura. «El caso debería seguir su curso porque los únicos perjudicados con esta pugna son las familias», defienden.
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ
Nieto de víctima (Amorebieta)
«Fue a prisión sin ser acusado de nada»
El abuelo de José María González, residente en la localidad vizcaína de Amorebieta, trabajó como conserje en la casa del pueblo de Torralba de Calatrava hasta que terminó la Guerra. Juan Mari era albañil de profesión. En 1939 la Guardia Civil le detuvo y fue conducido a la cárcel de Ciudad Real, donde permaneció un año, hasta ser trasladado definitivamente a la prisión burgalesa de Valdenoceda. Fue condenado a treinta años de reclusión. «Delito: se ignora», reza el informe del ingreso, ahora en poder de su nieto. El 14 de abril de 1941 falleció, según el parte de defunción, «por una colitis epidémica». Ese día cumplía cincuenta años.
«Mi padre nunca hablaba de él, hasta que un invierno, cuando yo tenía ocho años, mi hermana me ató en una silla. Estábamos jugando y yo era el detenido. Cuando mi padre nos encontró se enfadó mucho, nunca lo habíamos visto así. Entonces, nos contó que así estaba el abuelo la última vez que lo vio», explica José María. Con el paso de los años, este vizcaíno de adopción empezó a preguntar por el paradero de los restos de su abuelo.
En 1995 viajaron por primera vez a Valdenoceda. «En el juzgado correspondiente nos dieron una fotocopia del libro de registro en el que ponía que mi abuelo estaba enterrado en el cementerio de Valdenoceda», que entonces era similar a una fosa enorme repleta de zarzas. «Cuando mi padre vio el sitio, se tuvo que apoyar en una pared», recuerda José María. No fue hasta cinco años más tarde, al escuchar hablar de la Fundación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando retomaron su lucha. «Volvimos y pedimos la lista de fallecidos en la prisión. Habían sido 156», señala.
El problema surgió a la hora de plantear su exhumación. Para encontrar a Juan María había que sacar todos los restos y analizar el ADN. «Nos pusimos en contacto con Aranzadi, que nos hizo un presupuesto. En total, nos salía por 46.000 euros. Y eso era mucho dinero», relata. Aún así, no perdieron la esperanza. En 2002 enviaron cartas al Ministerio de Interior, a la Presidencia e incluso a la Casa Real hasta que, después de contactar con familiares de otros fallecidos en Valdenoceda gracias a una nota que publicaron todos los periódicos del país, lograron constituir la agrupación de familiares y amigos de represaliados en el penal de Valdenoceda. Gracias a ello, recibieron una subvención del Ministerio de Hacienda por valor de 60.000 euros.
Las exhumaciones empezaron en febrero de 2007. «Hemos recuperado a 114 personas, pero en ciertos espacios no podemos actuar porque hay nuevas tumbas encima», reconoce. José María González guardaba la esperanza de poder recuperar los últimos restos a través de la vía judicial. «El de Valdenoceda es uno de los casos de Garzón, pero ahora no sabemos qué va a pasar con la gente que está enterrada aún allí», expresa.
Su progenitor, Abilio González murió al poco tiempo de organizar un funeral por los fallecidos en la prisión burgalesa. «Aguantó hasta saber que había recuperado a su padre. El abrazo que me dio no se me olvidará nunca», evoca José María.
MARI ÁNGELES IBÁÑEZ
Hija de fusilado (San Sebastián)
«Por fin puedo llevar flores a su tumba»
La última vez que Mari Ángeles Ibáñez vio a su padre tenía sólo cinco años. Fue el 7 de noviembre de 1936. Agustín acudió a su puesto de trabajo en la Fábrica municipal de Gas de San Sebastián. Fichó, como todos los días. Pero aquella noche no volvió a casa. Tenía 36 años. Un grupo de agentes le detuvo junto a otros cuatro compañeros y les trasladó hasta la cárcel de Ondarreta. «Les retuvieron allí durante dos días y luego se los llevaron a 'darles el paseo', como se decía entonces cuando iban a fusilar a una persona», relata Mari Ángeles. Ella se encontraba ese día en Bilbao. «La hermana de mi madre estaba enferma y habíamos ido a verla».
Fue en la capital vizcaína donde se enteró de la tragedia. «Cosas de la vida, nos encontramos en la calle a una vecina de San Sebastián, que se acercó a darle el pésame a mi madre. Ella no entendía nada, hasta que le dijo que habían fusilado a mi padre», evoca. Desde aquel día, María Paula Sanz, su 'amatxo', «no volvió a vivir».
Mari Ángeles empezó a escuchar la historia de su padre desde muy pequeña. «Recuerdo que mi madre hablaba del tema en la cocina de casa con mis tías». El único recuerdo que esta donostiarra reconoce guardar de su padre, natural de Zaragoza, es de cuando éste llegaba a casa de trabajar. «No importaba que estuviera cansado, siempre se ponía a cuatro patas y nos llevaba a mis hermanos y a mí a burros hasta la cama», rememora emocionada.
En 1969, tras la muerte de su madre, Mari Ángeles inició la búsqueda de su progenitor. «Encontré una caja con documentos de mi padre y fui consciente de que lo que me contaba mi 'amatxo' era verdad. Lloré de alegría y empecé a investigar», explica. Entre los escritos que halló en su casa, había un pase de la fábrica, un texto firmado por el director de la empresa en el que queda constancia de que Agustín Ibáñez trabajó en las instalaciones hasta el 7 de noviembre de 1936, e incluso una copia del impreso en el que figura la pensión de viudedad que le quedó a María Paula Sanz: una peseta y 47 céntimos. Mari Ángeles envió toda la documentación al Gobierno vasco, que tras verificar todos los datos, remitió el caso a la sociedad Aranzadi.
«En el año 2000 encontraron el parte de defunción de mi padre, ponía que había fallecido por heridas», detalla. Ocho años después, localizaron la fosa en la que debía yacer Ibáñez y sus cuatro compañeros de trabajo. Está ubicada en la ladera de Iragorri, próxima a la carretera de Oiartzun a Artikutza. En ella se recuperaron, asimismo, más de veinte casquillos de bala. Y, a su lado, otra fosa con ocho cadáveres más. «No se pudo hacer la prueba de ADN debido a la situación de los restos, pero el corazón me dice que uno de los cinco es mi padre», confiesa. El Ayuntamiento, propietario del terreno, decidió construir un parque en la zona para evitar cualquier edificación y levantó una sepultura en honor a los desaparecidos. El pasado 5 de octubre se practicó el entierro oficial de Agustín. «Este ha sido el primer año que he podido llevar flores a la tumba de mi padre», sonríe. Mari Ángeles no espera una compensación económica por la tragedia que le tocó vivir. «Si me diesen dinero se lo entregaría a los que trabajan por encontrar los restos de otras personas porque sus familias tienen derecho a enterrar a los suyos», asegura.
RAQUEL ROMERO
Nieta de desaparecido (Vitoria)
«La Justicia debería respetar a las familias»
Habían transcurrido apenas dos semanas desde el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 cuando un grupo de agentes franquistas acudieron a casa de Hermenegildo Martínez de Zabarte para detenerle. El vitoriano, militante socialista de base sin cargo alguno, se encontraba en ese momento en el trabajo, «pero cuando salió se fue al Gobierno Civil de manera voluntaria porque pensaba que no sería nada», comenta su nieta, Raquel Romero. La realidad era otra. Hermenegildo, que entonces tenía 39 años, fue encarcelado en la prisión de Vitoria, en la que permaneció tres meses. «Mi abuela solía ir a visitarle. Hasta el 29 de octubre. Cuando pidió verle esa mañana le dijeron, sin darle explicaciones, que ya no estaba allí». Años después, Romero todavía no se explica cómo su abuela llegó a saber por aquel entonces que su marido había sido fusilado en la localidad burgalesa de Pancorbo la noche del 28 al 29 de octubre junto a un grupo de personas de Labastida, que también permanecían recluidas en la cárcel de Vitoria.
Su abuela «nunca silenció lo ocurrido». Lo transmitió a sus hijas y éstas a las suyas. Así, Raquel conoció la historia de su abuelo desde muy pequeña. «Le dije a mi madre en muchas ocasiones que había que encontrar a su padre, pero ella siempre me decía: 'pero cómo lo vamos a hacer'».
En 2003, con 33 años, Raquel empezó a investigar por su cuenta, hasta que se unió a Aranzadi. «Una mujer de Labastida nos contó que había gente del pueblo que sabía dónde estaban enterrados los fallecidos que provenían de Vitoria. Y la fecha coincidía con la de mi abuelo», explica. La fosa se encontraba en el término de Ameyugo. «Pedimos permiso al propietario del terreno para meter excavadora y nos lo concedió, pero tuvimos muy mala suerte». Tras días de trabajo se percataron de que se habían acometido obras de ampliación en la carretera N-1, que está situada junto a la finca. La fosa se encuentra debajo, lo que hace irrecuperable cualquier resto.
«Fue horroroso. Con la misma intensidad que vives la ilusión de recuperarlo recibes el golpe», se sincera. A pesar de que su búsqueda no tuvo el final esperado, Raquel, que ha colaborado en varias exhumaciones desde entonces, considera que la Justicia debería respetar el deseo de los familiares. «Nadie busca venganza. Si hay una frase que se repite cada vez que se abre una fosa es: 'Por favor, que esto no vuelva a ocurrir», concluye.
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Restos de una vida
Tres familias vascas relatan su experiencia tras años de lucha por encontrar los cuerpos de sus allegados fallecidos durante el franquismo. «Todos tienen derecho a enterrar a los suyos»
LORENA GIL BILBAO
Miles de personas perdieron a sus seres queridos durante la Guerra Civil y los primeros años del franquismo. Décadas después de aquel capítulo negro de la historia, sus restos mal descansan hoy en fosas comunes en cunetas o zonas boscosas. Hijos y nietos de fallecidos han luchado durante años por recuperar y dar sepulcro a sus familiares. En definitiva, «devolverles la dignidad». Algunos lo han conseguido. No todos. Pero la mayoría coincide en sostener que «lo peor es no saber nada». EL CORREO ha charlado con tres familias vascas que consiguieron localizar los cuerpos de sus parientes. No dan crédito a la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional de suspender de forma cautelar la apertura de fosas hasta que se resuelva si el juez Baltasar Garzón es competente para investigar la existencia de desaparecidos durante la dictadura. «El caso debería seguir su curso porque los únicos perjudicados con esta pugna son las familias», defienden.
JOSÉ MARÍA GONZÁLEZ
Nieto de víctima (Amorebieta)
«Fue a prisión sin ser acusado de nada»
El abuelo de José María González, residente en la localidad vizcaína de Amorebieta, trabajó como conserje en la casa del pueblo de Torralba de Calatrava hasta que terminó la Guerra. Juan Mari era albañil de profesión. En 1939 la Guardia Civil le detuvo y fue conducido a la cárcel de Ciudad Real, donde permaneció un año, hasta ser trasladado definitivamente a la prisión burgalesa de Valdenoceda. Fue condenado a treinta años de reclusión. «Delito: se ignora», reza el informe del ingreso, ahora en poder de su nieto. El 14 de abril de 1941 falleció, según el parte de defunción, «por una colitis epidémica». Ese día cumplía cincuenta años.
«Mi padre nunca hablaba de él, hasta que un invierno, cuando yo tenía ocho años, mi hermana me ató en una silla. Estábamos jugando y yo era el detenido. Cuando mi padre nos encontró se enfadó mucho, nunca lo habíamos visto así. Entonces, nos contó que así estaba el abuelo la última vez que lo vio», explica José María. Con el paso de los años, este vizcaíno de adopción empezó a preguntar por el paradero de los restos de su abuelo.
En 1995 viajaron por primera vez a Valdenoceda. «En el juzgado correspondiente nos dieron una fotocopia del libro de registro en el que ponía que mi abuelo estaba enterrado en el cementerio de Valdenoceda», que entonces era similar a una fosa enorme repleta de zarzas. «Cuando mi padre vio el sitio, se tuvo que apoyar en una pared», recuerda José María. No fue hasta cinco años más tarde, al escuchar hablar de la Fundación para la Recuperación de la Memoria Histórica, cuando retomaron su lucha. «Volvimos y pedimos la lista de fallecidos en la prisión. Habían sido 156», señala.
El problema surgió a la hora de plantear su exhumación. Para encontrar a Juan María había que sacar todos los restos y analizar el ADN. «Nos pusimos en contacto con Aranzadi, que nos hizo un presupuesto. En total, nos salía por 46.000 euros. Y eso era mucho dinero», relata. Aún así, no perdieron la esperanza. En 2002 enviaron cartas al Ministerio de Interior, a la Presidencia e incluso a la Casa Real hasta que, después de contactar con familiares de otros fallecidos en Valdenoceda gracias a una nota que publicaron todos los periódicos del país, lograron constituir la agrupación de familiares y amigos de represaliados en el penal de Valdenoceda. Gracias a ello, recibieron una subvención del Ministerio de Hacienda por valor de 60.000 euros.
Las exhumaciones empezaron en febrero de 2007. «Hemos recuperado a 114 personas, pero en ciertos espacios no podemos actuar porque hay nuevas tumbas encima», reconoce. José María González guardaba la esperanza de poder recuperar los últimos restos a través de la vía judicial. «El de Valdenoceda es uno de los casos de Garzón, pero ahora no sabemos qué va a pasar con la gente que está enterrada aún allí», expresa.
Su progenitor, Abilio González murió al poco tiempo de organizar un funeral por los fallecidos en la prisión burgalesa. «Aguantó hasta saber que había recuperado a su padre. El abrazo que me dio no se me olvidará nunca», evoca José María.
MARI ÁNGELES IBÁÑEZ
Hija de fusilado (San Sebastián)
«Por fin puedo llevar flores a su tumba»
La última vez que Mari Ángeles Ibáñez vio a su padre tenía sólo cinco años. Fue el 7 de noviembre de 1936. Agustín acudió a su puesto de trabajo en la Fábrica municipal de Gas de San Sebastián. Fichó, como todos los días. Pero aquella noche no volvió a casa. Tenía 36 años. Un grupo de agentes le detuvo junto a otros cuatro compañeros y les trasladó hasta la cárcel de Ondarreta. «Les retuvieron allí durante dos días y luego se los llevaron a 'darles el paseo', como se decía entonces cuando iban a fusilar a una persona», relata Mari Ángeles. Ella se encontraba ese día en Bilbao. «La hermana de mi madre estaba enferma y habíamos ido a verla».
Fue en la capital vizcaína donde se enteró de la tragedia. «Cosas de la vida, nos encontramos en la calle a una vecina de San Sebastián, que se acercó a darle el pésame a mi madre. Ella no entendía nada, hasta que le dijo que habían fusilado a mi padre», evoca. Desde aquel día, María Paula Sanz, su 'amatxo', «no volvió a vivir».
Mari Ángeles empezó a escuchar la historia de su padre desde muy pequeña. «Recuerdo que mi madre hablaba del tema en la cocina de casa con mis tías». El único recuerdo que esta donostiarra reconoce guardar de su padre, natural de Zaragoza, es de cuando éste llegaba a casa de trabajar. «No importaba que estuviera cansado, siempre se ponía a cuatro patas y nos llevaba a mis hermanos y a mí a burros hasta la cama», rememora emocionada.
En 1969, tras la muerte de su madre, Mari Ángeles inició la búsqueda de su progenitor. «Encontré una caja con documentos de mi padre y fui consciente de que lo que me contaba mi 'amatxo' era verdad. Lloré de alegría y empecé a investigar», explica. Entre los escritos que halló en su casa, había un pase de la fábrica, un texto firmado por el director de la empresa en el que queda constancia de que Agustín Ibáñez trabajó en las instalaciones hasta el 7 de noviembre de 1936, e incluso una copia del impreso en el que figura la pensión de viudedad que le quedó a María Paula Sanz: una peseta y 47 céntimos. Mari Ángeles envió toda la documentación al Gobierno vasco, que tras verificar todos los datos, remitió el caso a la sociedad Aranzadi.
«En el año 2000 encontraron el parte de defunción de mi padre, ponía que había fallecido por heridas», detalla. Ocho años después, localizaron la fosa en la que debía yacer Ibáñez y sus cuatro compañeros de trabajo. Está ubicada en la ladera de Iragorri, próxima a la carretera de Oiartzun a Artikutza. En ella se recuperaron, asimismo, más de veinte casquillos de bala. Y, a su lado, otra fosa con ocho cadáveres más. «No se pudo hacer la prueba de ADN debido a la situación de los restos, pero el corazón me dice que uno de los cinco es mi padre», confiesa. El Ayuntamiento, propietario del terreno, decidió construir un parque en la zona para evitar cualquier edificación y levantó una sepultura en honor a los desaparecidos. El pasado 5 de octubre se practicó el entierro oficial de Agustín. «Este ha sido el primer año que he podido llevar flores a la tumba de mi padre», sonríe. Mari Ángeles no espera una compensación económica por la tragedia que le tocó vivir. «Si me diesen dinero se lo entregaría a los que trabajan por encontrar los restos de otras personas porque sus familias tienen derecho a enterrar a los suyos», asegura.
RAQUEL ROMERO
Nieta de desaparecido (Vitoria)
«La Justicia debería respetar a las familias»
Habían transcurrido apenas dos semanas desde el golpe de Estado del 17 de julio de 1936 cuando un grupo de agentes franquistas acudieron a casa de Hermenegildo Martínez de Zabarte para detenerle. El vitoriano, militante socialista de base sin cargo alguno, se encontraba en ese momento en el trabajo, «pero cuando salió se fue al Gobierno Civil de manera voluntaria porque pensaba que no sería nada», comenta su nieta, Raquel Romero. La realidad era otra. Hermenegildo, que entonces tenía 39 años, fue encarcelado en la prisión de Vitoria, en la que permaneció tres meses. «Mi abuela solía ir a visitarle. Hasta el 29 de octubre. Cuando pidió verle esa mañana le dijeron, sin darle explicaciones, que ya no estaba allí». Años después, Romero todavía no se explica cómo su abuela llegó a saber por aquel entonces que su marido había sido fusilado en la localidad burgalesa de Pancorbo la noche del 28 al 29 de octubre junto a un grupo de personas de Labastida, que también permanecían recluidas en la cárcel de Vitoria.
Su abuela «nunca silenció lo ocurrido». Lo transmitió a sus hijas y éstas a las suyas. Así, Raquel conoció la historia de su abuelo desde muy pequeña. «Le dije a mi madre en muchas ocasiones que había que encontrar a su padre, pero ella siempre me decía: 'pero cómo lo vamos a hacer'».
En 2003, con 33 años, Raquel empezó a investigar por su cuenta, hasta que se unió a Aranzadi. «Una mujer de Labastida nos contó que había gente del pueblo que sabía dónde estaban enterrados los fallecidos que provenían de Vitoria. Y la fecha coincidía con la de mi abuelo», explica. La fosa se encontraba en el término de Ameyugo. «Pedimos permiso al propietario del terreno para meter excavadora y nos lo concedió, pero tuvimos muy mala suerte». Tras días de trabajo se percataron de que se habían acometido obras de ampliación en la carretera N-1, que está situada junto a la finca. La fosa se encuentra debajo, lo que hace irrecuperable cualquier resto.
«Fue horroroso. Con la misma intensidad que vives la ilusión de recuperarlo recibes el golpe», se sincera. A pesar de que su búsqueda no tuvo el final esperado, Raquel, que ha colaborado en varias exhumaciones desde entonces, considera que la Justicia debería respetar el deseo de los familiares. «Nadie busca venganza. Si hay una frase que se repite cada vez que se abre una fosa es: 'Por favor, que esto no vuelva a ocurrir», concluye.
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lunes, 3 de noviembre de 2008
La Web 'todoslosnombres' publica lista con 1.594 fusilados en Granada
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La Web 'todoslosnombres' publica lista con 1.594 fusilados en Granada
Radio Granada -
El sindicato CGT Andalucía ha publicado en la web www.todoslosnombres.org una relación con 1.594 nombres de fusilados en Granada, a partir de los datos extraídos por la monografía de Eduardo Molina Fajardo "Los últimos días de García Lorca".
El usuario de dicha página puede, introduciendo el nombre o los apellidos de quién desee buscar, acceder a una ficha con más datos sobre su identidad, como su profesión, su fecha de nacimiento, su foto o el lugar en el que se cree que falleció.Los responsables de la web -que incluye otros contenidos relacionados con investigaciones sobre los represaliados del franquismo- han indicado en un comunicado que, de los 1.594 nombres de represaliados del franquismo que recoge, 1.147 fueron asesinados en la ciudad de Granada y 142 en Víznar.
También han lamentado que los listados entregados a la Audiencia Nacional por parte de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHA), la Universidad y el Ayuntamiento de Granada no estén disponibles públicamente, "pues esto provoca confusiones y desinformación entre los familiares de los represaliados".
Por su parte, el presidente de la ARMHA de Granada, Francisco González, ha manifestado que los responsables de la página "nunca han investigado en realidad lo que ha pasado en Víznar", si bien no ha querido manifestarse en ningún sentido sobre su contenido al desconocerlo.
González ha informado de que esta tarde los miembros de la asociación mantendrán una reunión para debatir, entre otras cosas, cuándo se hará público el mapa de fosas que han elaborado y que remitirán al juez Baltasar Garzón.
Publicada el Lunes, 3 de Noviembre de 2008 por Redaccion
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La Web 'todoslosnombres' publica lista con 1.594 fusilados en Granada
Radio Granada -
El sindicato CGT Andalucía ha publicado en la web www.todoslosnombres.org una relación con 1.594 nombres de fusilados en Granada, a partir de los datos extraídos por la monografía de Eduardo Molina Fajardo "Los últimos días de García Lorca".
El usuario de dicha página puede, introduciendo el nombre o los apellidos de quién desee buscar, acceder a una ficha con más datos sobre su identidad, como su profesión, su fecha de nacimiento, su foto o el lugar en el que se cree que falleció.Los responsables de la web -que incluye otros contenidos relacionados con investigaciones sobre los represaliados del franquismo- han indicado en un comunicado que, de los 1.594 nombres de represaliados del franquismo que recoge, 1.147 fueron asesinados en la ciudad de Granada y 142 en Víznar.
También han lamentado que los listados entregados a la Audiencia Nacional por parte de la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMHA), la Universidad y el Ayuntamiento de Granada no estén disponibles públicamente, "pues esto provoca confusiones y desinformación entre los familiares de los represaliados".
Por su parte, el presidente de la ARMHA de Granada, Francisco González, ha manifestado que los responsables de la página "nunca han investigado en realidad lo que ha pasado en Víznar", si bien no ha querido manifestarse en ningún sentido sobre su contenido al desconocerlo.
González ha informado de que esta tarde los miembros de la asociación mantendrán una reunión para debatir, entre otras cosas, cuándo se hará público el mapa de fosas que han elaborado y que remitirán al juez Baltasar Garzón.
Publicada el Lunes, 3 de Noviembre de 2008 por Redaccion
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martes, 28 de octubre de 2008
Gracias, juez. Enrique Curiel.
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Gracias, juez
ENRIQUE CURIEL
El pasado jueves 23 de octubre, los sobrinos de Eugenio Curiel Curiel –fusilado y desaparecido junto con un sacerdote amigo de la familia el 19 de septiembre de 1936 entre León y Astorga– presentamos una querella en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con los miles de españoles represaliados en las mismas circunstancias y silenciadas hasta hoy. Con la ayuda desinteresada del bufete de José María Mohedano, amigo y compañero de fatigas, hemos podido dar un paso inexcusable con muchas familias de españoles desaparecidos.Gracias, Baltasar Garzón, juez Baltasar Garzón. Porque, con independencia del desenlace procesal que tenga la causa 399/06, sobre lo que no me pronunciaré porque “doctores tiene la Iglesia”, nos has reconfortado, nos has devuelto la dignidad, la voz y la palabra y la esperanza.En nuestro caso, mi madre, con 92 años, es el único testigo de lo ocurrido y, aunque prestará declaración ante el juez, somos conscientes de la dificultad de recuperar los restos de nuestro tío y del sacerdote. Aun así, has serenado nuestros espíritus y, frente a tanta hipocresía movilizada en las últimas semanas, te apoyaremos públicamente hasta donde sea necesario; es decir, hasta el final. Y ese final no puede ser otro que abrir todas las malditas cunetas de España para enterrar a nuestros familiares con toda la entereza, cariño y honorabilidad que merecen y que podamos expresar. Nadie podrá evitartal objetivo. Ni los viejos fantasmas del franquismo que perviven, ni los franquistas sobrevenidos que, para sorpresa de algunos, han llamado a rebato, podrán neutralizar la marea incontenible, el relámpago de honestidad y de verdad querecorre nuestro país. Algunos, entre risas, ironías y bromas, nos han sugerido desde alguna radio que nos dediquemos a buscar los restos de los sioux o de los apaches masacrados por los yanquis. La indignidad, cuando desenfunda, no tiene límites. Lo diré con claridad: no quedará ni una sola cuneta sin abrir. La España democrática es incompatiblecon los desaparecidos y con el olvido. No podemos dejarle a las generaciones futuras una España con cadáveres en las cunetas. Nos pedirían cuentas. Y tendrán razón. Yo, al menos, no cederé ni un milímetro. Y si hay que tirar de la manta, tiraré, aunque me quede solo. La reconciliación no puede ser sólo de una parte. Los que ganaron tienen que ceder su parte como nosotros cedimos la nuestra. Enrique Ruano (con el que estuve en la DGS), Pedro Patiño, Julián Grimau, SalvadorAntich, los fusilados por Franco un mes antes de morir y los asesinados después de muerto Franco están vivos en nuestra memoria, como los abogados de la calle Atocha del PCE y de Comisiones Obreras, o los trabajadores de Vitoria… Ni media broma con este asunto porque, si es preciso, volvemos a la calle, que ya es hora, como dice Celaya. Repito. Ni media broma, ni un chiste más.
Lo hechos son tan simples como brutales y, es cierto, similares en ambas retaguardias. Nuestro padre fue detenido en Vigo a principios de agosto de 1936. Catedrático de Lengua y Literatura Francesa del Instituto de Santander, estaba en la ciudad gallega donde residía la familia de mi madre, que procedía del País Vasco. Ya había sido detenido y encarcelado en 1929 y 1930 en Valladolid por su oposición a Primo de Rivera y a la monarquía. Ingresó en el Socorro Rojo Internacional en 1929 y trabajó en Madrid con Vittorio Vidali, el que más tarde sería el Comandante Carlos. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid con Marino Vela.
Con su hermano Eugenio, que era el mayor de los cuatro, se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. En el momento de ser detenido y fusilado Eugenio Curiel Curiel era director, catedrático del Instituto de Astorga y concejal de Ayuntamiento de Valladolid por Izquierda Republicana.
En cuanto tienen noticias en Valladolid de la detención de nuestro padre en Vigo, se trasladan allí mi tío Eugenio y un sacerdote, también catedrático del Instituto de Astorga y muy amigo de la familia, para ayudar en todas las gestiones posibles para lograr la liberación de su hermano y acompañar a nuestra madre. A pesar de las gestiones que hemos hecho, lamentablemente, desconocemos el nombre del sacerdote, y así lo hemos puesto en conocimiento del juez Garzón. Pero seguiremos indagando. Nuestra madre, con 92 años, lo ha olvidado, y con mi padre, fallecido hace cinco años, no debíamos hablar de este asunto porque le resultaba imposible evitar una intensa emoción.
Mi tío y el sacerdote consiguen demostrar que nuestro padre había sido expulsado del PCE en el Congreso celebrado en Sevilla en 1932 con su compañero y amigo del alma Marino Vela, con el que había leído y traducido del alemán obras deLenin y de Karl Liebknecht. La aparición de la expulsión de ambos en Mundo Obrero salvó la vida de Luis Curiel, pero, lamentablemente, no la de Marino Vela, que fue fusilado en Valladolid por esas fechas.
Con su hermano en libertad, Eugenio decide volver a Astorga para iniciar los preparativos del curso y, aunque nuestro padre le aconseja que se quede en Vigo, Eugenio se niega. El día 18 emprende junto con el sacerdote el viaje hacia Astorga, donde son detenidos al llegar y trasladados a la prisión de San Marcos de León, hoy convertida en Gran Hotel San Marcos de León y que no pisaré jamás en mi vida. Lo único que sabemos es que, en un traslado el 19 de septiembre entre León y Astorga, el responsable de la camioneta ordena parar porque “va muy cargada”. Bajan siete u ocho detenidos, entre ellos Eugenio y el sacerdote, que son fusilados y abandonados en una cuneta. No sabemos nada más. A partir de ese momento un manto de silencio y de dolor lo cubrió todo.
Enrique Curiel es ex vicesecretario general del Partido Comunista de España
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Gracias, juez
ENRIQUE CURIEL
El pasado jueves 23 de octubre, los sobrinos de Eugenio Curiel Curiel –fusilado y desaparecido junto con un sacerdote amigo de la familia el 19 de septiembre de 1936 entre León y Astorga– presentamos una querella en la causa abierta por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en relación con los miles de españoles represaliados en las mismas circunstancias y silenciadas hasta hoy. Con la ayuda desinteresada del bufete de José María Mohedano, amigo y compañero de fatigas, hemos podido dar un paso inexcusable con muchas familias de españoles desaparecidos.Gracias, Baltasar Garzón, juez Baltasar Garzón. Porque, con independencia del desenlace procesal que tenga la causa 399/06, sobre lo que no me pronunciaré porque “doctores tiene la Iglesia”, nos has reconfortado, nos has devuelto la dignidad, la voz y la palabra y la esperanza.En nuestro caso, mi madre, con 92 años, es el único testigo de lo ocurrido y, aunque prestará declaración ante el juez, somos conscientes de la dificultad de recuperar los restos de nuestro tío y del sacerdote. Aun así, has serenado nuestros espíritus y, frente a tanta hipocresía movilizada en las últimas semanas, te apoyaremos públicamente hasta donde sea necesario; es decir, hasta el final. Y ese final no puede ser otro que abrir todas las malditas cunetas de España para enterrar a nuestros familiares con toda la entereza, cariño y honorabilidad que merecen y que podamos expresar. Nadie podrá evitartal objetivo. Ni los viejos fantasmas del franquismo que perviven, ni los franquistas sobrevenidos que, para sorpresa de algunos, han llamado a rebato, podrán neutralizar la marea incontenible, el relámpago de honestidad y de verdad querecorre nuestro país. Algunos, entre risas, ironías y bromas, nos han sugerido desde alguna radio que nos dediquemos a buscar los restos de los sioux o de los apaches masacrados por los yanquis. La indignidad, cuando desenfunda, no tiene límites. Lo diré con claridad: no quedará ni una sola cuneta sin abrir. La España democrática es incompatiblecon los desaparecidos y con el olvido. No podemos dejarle a las generaciones futuras una España con cadáveres en las cunetas. Nos pedirían cuentas. Y tendrán razón. Yo, al menos, no cederé ni un milímetro. Y si hay que tirar de la manta, tiraré, aunque me quede solo. La reconciliación no puede ser sólo de una parte. Los que ganaron tienen que ceder su parte como nosotros cedimos la nuestra. Enrique Ruano (con el que estuve en la DGS), Pedro Patiño, Julián Grimau, SalvadorAntich, los fusilados por Franco un mes antes de morir y los asesinados después de muerto Franco están vivos en nuestra memoria, como los abogados de la calle Atocha del PCE y de Comisiones Obreras, o los trabajadores de Vitoria… Ni media broma con este asunto porque, si es preciso, volvemos a la calle, que ya es hora, como dice Celaya. Repito. Ni media broma, ni un chiste más.
Lo hechos son tan simples como brutales y, es cierto, similares en ambas retaguardias. Nuestro padre fue detenido en Vigo a principios de agosto de 1936. Catedrático de Lengua y Literatura Francesa del Instituto de Santander, estaba en la ciudad gallega donde residía la familia de mi madre, que procedía del País Vasco. Ya había sido detenido y encarcelado en 1929 y 1930 en Valladolid por su oposición a Primo de Rivera y a la monarquía. Ingresó en el Socorro Rojo Internacional en 1929 y trabajó en Madrid con Vittorio Vidali, el que más tarde sería el Comandante Carlos. Ingresó en el Partido Comunista de España (PCE) en Valladolid con Marino Vela.
Con su hermano Eugenio, que era el mayor de los cuatro, se licenció en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de Valladolid. En el momento de ser detenido y fusilado Eugenio Curiel Curiel era director, catedrático del Instituto de Astorga y concejal de Ayuntamiento de Valladolid por Izquierda Republicana.
En cuanto tienen noticias en Valladolid de la detención de nuestro padre en Vigo, se trasladan allí mi tío Eugenio y un sacerdote, también catedrático del Instituto de Astorga y muy amigo de la familia, para ayudar en todas las gestiones posibles para lograr la liberación de su hermano y acompañar a nuestra madre. A pesar de las gestiones que hemos hecho, lamentablemente, desconocemos el nombre del sacerdote, y así lo hemos puesto en conocimiento del juez Garzón. Pero seguiremos indagando. Nuestra madre, con 92 años, lo ha olvidado, y con mi padre, fallecido hace cinco años, no debíamos hablar de este asunto porque le resultaba imposible evitar una intensa emoción.
Mi tío y el sacerdote consiguen demostrar que nuestro padre había sido expulsado del PCE en el Congreso celebrado en Sevilla en 1932 con su compañero y amigo del alma Marino Vela, con el que había leído y traducido del alemán obras deLenin y de Karl Liebknecht. La aparición de la expulsión de ambos en Mundo Obrero salvó la vida de Luis Curiel, pero, lamentablemente, no la de Marino Vela, que fue fusilado en Valladolid por esas fechas.
Con su hermano en libertad, Eugenio decide volver a Astorga para iniciar los preparativos del curso y, aunque nuestro padre le aconseja que se quede en Vigo, Eugenio se niega. El día 18 emprende junto con el sacerdote el viaje hacia Astorga, donde son detenidos al llegar y trasladados a la prisión de San Marcos de León, hoy convertida en Gran Hotel San Marcos de León y que no pisaré jamás en mi vida. Lo único que sabemos es que, en un traslado el 19 de septiembre entre León y Astorga, el responsable de la camioneta ordena parar porque “va muy cargada”. Bajan siete u ocho detenidos, entre ellos Eugenio y el sacerdote, que son fusilados y abandonados en una cuneta. No sabemos nada más. A partir de ese momento un manto de silencio y de dolor lo cubrió todo.
Enrique Curiel es ex vicesecretario general del Partido Comunista de España
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domingo, 26 de octubre de 2008
Aremehisa extiende la búsqueda de fusilados a Puente Genil y La Rambla
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Aremehisa extiende la búsqueda de fusilados a Puente Genil y La Rambla
El colectivo ya tiene el apoyo de ambos ayuntamientos para iniciar los trabajos en unos meses · El presidente de la asociación adelanta que hay fosas comunes en los cementerios de las dos localidades
M. Ángeles Costa Actualizado 26.10.2008 - 05:01
Miembros de la asociación buscan restos con georradar en el cementerio de Aguilar de la Frontera.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha confirmado que ampliará su radio de acción en la comarca. El colectivo comenzará también en unos meses trabajos de búsqueda y localización de fosas comunes de fusilados de la Guerra Civil en otros municipios de la Campiña Sur como son Puente Genil y La Rambla. Así lo subrayó a El Día el propio presidente del colectivo, Rafael Espino, quien señaló que esta iniciativa "es un mandato de nuestros estatutos" que se debe llevar a cabo "siempre y cuando nuestros socios nos lo reclamen".
La iniciativa surge después de que asociados de Aremehisa de estas localidades hayan demandado que se inicien estos trabajos de localización. Y es que la asociación, a pesar de estar promovida desde Aguilar, cuenta, según asegura el presidente, con integrantes de otros pueblos de la comarca así como de otros lugares de la geografía nacional y de fuera de ella, "debido a la emigración de los años 60 y 70", explicó Espino. De hecho, desde Aremehisa ya se han comenzado a hacer gestiones para poder llevar a cabo las labores de búsqueda de fosas en ambas localidades.
Así, uno de los primeros pasos ha consistido en mantener sendas reuniones con los alcaldes de los dos municipios: Manuel Baena -de Puente Genil- y Manuel Fernández -de la Rambla-. Según Espino, de ambos regidores "hemos obtenido el compromiso de colaboración del Ayuntamiento así como su completo apoyo tanto personal como corporativo". Según le consta al presidente de Aremehisa, en Puente Genil "las fosas" están ubicadas en el interior del cementerio, aunque hasta que no se realicen las prospecciones con georradar no se averiguará el número existente. Además, en el camino de Las Vigas, en el límite geográfico entre Aguilar y Puente Genil, también podrían localizarse enterramientos.
Con respecto a La Rambla, parece que las zanjas con cadáveres se emplazarían en el antiguo cementerio y en algunos otros puntos del extrarradio del término municipal rambleño. En Aguilar, Aremehisa ya tiene localizadas en el interior del camposanto hasta tres fosas comunes en las que se prevé que se encuentren entre 100 y 150 fusilados en total. En esta localidad, los esfuerzos de la asociación se centran ahora en conseguir los recursos económicos necesarios para excavar los enterramientos y exhumar los cadáveres para poder darles una digna sepultura por parte de los familiares descendientes.
Precisamente, este colectivo, como integrante de la Coordinadora de Asociaciones Andaluzas para la Recuperación de la Memoria Histórica ha participado este fin de semana en un acto de protesta en Sevilla ante las puertas de la Consejería de Justicia para reclamar los fondos prometidos por la administración andaluza para llevar a cabo las exhumaciones.
Aremehisa obtuvo el compromiso del dimisionario comisario de Memoria Histórica de la Junta, Fernando Soto, de obtener ayuda económica para la exhumación de las fosas aguilarenses. Según Espino, es urgente que se puedan extraer los cuerpos de las fosas ya que entre los asociados hay personas de avanzada edad y, algunas de ellas, que "llevaban toda la vida esperando este proyecto", ya han fallecido este año "sin ver cumplido su
Aremehisa extiende la búsqueda de fusilados a Puente Genil y La Rambla
El colectivo ya tiene el apoyo de ambos ayuntamientos para iniciar los trabajos en unos meses · El presidente de la asociación adelanta que hay fosas comunes en los cementerios de las dos localidades
M. Ángeles Costa Actualizado 26.10.2008 - 05:01
Miembros de la asociación buscan restos con georradar en el cementerio de Aguilar de la Frontera.
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aguilar de la Frontera (Aremehisa) ha confirmado que ampliará su radio de acción en la comarca. El colectivo comenzará también en unos meses trabajos de búsqueda y localización de fosas comunes de fusilados de la Guerra Civil en otros municipios de la Campiña Sur como son Puente Genil y La Rambla. Así lo subrayó a El Día el propio presidente del colectivo, Rafael Espino, quien señaló que esta iniciativa "es un mandato de nuestros estatutos" que se debe llevar a cabo "siempre y cuando nuestros socios nos lo reclamen".
La iniciativa surge después de que asociados de Aremehisa de estas localidades hayan demandado que se inicien estos trabajos de localización. Y es que la asociación, a pesar de estar promovida desde Aguilar, cuenta, según asegura el presidente, con integrantes de otros pueblos de la comarca así como de otros lugares de la geografía nacional y de fuera de ella, "debido a la emigración de los años 60 y 70", explicó Espino. De hecho, desde Aremehisa ya se han comenzado a hacer gestiones para poder llevar a cabo las labores de búsqueda de fosas en ambas localidades.
Así, uno de los primeros pasos ha consistido en mantener sendas reuniones con los alcaldes de los dos municipios: Manuel Baena -de Puente Genil- y Manuel Fernández -de la Rambla-. Según Espino, de ambos regidores "hemos obtenido el compromiso de colaboración del Ayuntamiento así como su completo apoyo tanto personal como corporativo". Según le consta al presidente de Aremehisa, en Puente Genil "las fosas" están ubicadas en el interior del cementerio, aunque hasta que no se realicen las prospecciones con georradar no se averiguará el número existente. Además, en el camino de Las Vigas, en el límite geográfico entre Aguilar y Puente Genil, también podrían localizarse enterramientos.
Con respecto a La Rambla, parece que las zanjas con cadáveres se emplazarían en el antiguo cementerio y en algunos otros puntos del extrarradio del término municipal rambleño. En Aguilar, Aremehisa ya tiene localizadas en el interior del camposanto hasta tres fosas comunes en las que se prevé que se encuentren entre 100 y 150 fusilados en total. En esta localidad, los esfuerzos de la asociación se centran ahora en conseguir los recursos económicos necesarios para excavar los enterramientos y exhumar los cadáveres para poder darles una digna sepultura por parte de los familiares descendientes.
Precisamente, este colectivo, como integrante de la Coordinadora de Asociaciones Andaluzas para la Recuperación de la Memoria Histórica ha participado este fin de semana en un acto de protesta en Sevilla ante las puertas de la Consejería de Justicia para reclamar los fondos prometidos por la administración andaluza para llevar a cabo las exhumaciones.
Aremehisa obtuvo el compromiso del dimisionario comisario de Memoria Histórica de la Junta, Fernando Soto, de obtener ayuda económica para la exhumación de las fosas aguilarenses. Según Espino, es urgente que se puedan extraer los cuerpos de las fosas ya que entre los asociados hay personas de avanzada edad y, algunas de ellas, que "llevaban toda la vida esperando este proyecto", ya han fallecido este año "sin ver cumplido su
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Historia del juez que nunca descansa
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Historia del juez que nunca descansa
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
LOLA GALÁN
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
Baltasar Garzón, el juez más famoso de España, festejará hoy su 53º cumpleaños con el ánimo más bien bajo. No sólo porque está en capilla (mañana será intervenido quirúrgicamente para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales), sino por el destino incierto de su última criatura judicial. El auto por el que reclama las competencias para abrir una causa contra los perpetradores de los crímenes del franquismo ha sido vapuleado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Nadie esperaba tanta contundencia, porque a fin de cuentas "el Derecho no es matemático, permite interpretaciones variadas", dice un compañero del juez. En la Audiencia Nacional los ánimos están caldeados, y las espadas en alto entre juez y fiscal, hasta hace poco, muy amigos. Garzón -traje azul oscuro, camisa a rayas rosas, zapatos negros con suela de goma- se mueve por el edificio con una guardia permanente de periodistas. De estatura media, con algo de sobrepeso, ojos atentos detrás de las sempiternas gafas, el pelo con grandes mechones blancos, peinado hacia atrás, su persona no pasa desapercibida en ningún sitio. Pero el juez guarda silencio. Sus amigos hablan por él de la soledad del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez que ha sentado en el banquillo a banqueros, policías, políticos, terroristas, malhechores y defraudadores como un verdadero espadachín de la justicia. Franco, aunque lleve muerto 28 años, encajaría perfectamente en su galería.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Bajo la toga del juez, un hiperactivo que duerme cuatro horas, se adivinan el misionero que quiso ser y el político fallido
Garzón ha ido cambiando de objetivos. Ahora le motivan sobre todo las grandes causas humanitarias
"Garzón interviene en este tema porque muchas asociaciones por la memoria le piden que intervenga", precisa un viejo colaborador del magistrado. "La Ley de la Memoria Histórica no ha servido para nada. Saben que él es el único que puede ayudarles". Toda una responsabilidad para el magistrado, que ha hecho otras veces este papel de catalizador social. Las víctimas saben que al juez se le puede pedir más que a los demás. Su pretensión, él mismo lo ha dicho, es cambiar el mundo a golpe de sumario judicial. O pretender que lo cambia. Bajo su toga de juez se adivina el misionero que quiso ser. Y debajo de éste, la piel del político fallido. Es como si el juez, un tipo hiperactivo desde pequeño, que duerme sólo cuatro horas, fuera incapaz de renunciar a esas identidades latentes.
Por no hablar de la dificultad de acomodar su vida personal a la del magistrado, siempre con escolta y con servicio de vigilancia sobre el terreno cada vez que asiste a algún acto o a una cita. "El hombre y el juez no tienen nada que ver. Son como el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Una cosa es el juez de la Audiencia, el que ha sufrido montones de faenas y el que también las ha hecho, y otra muy distinta es el hombre privado. Un tipo humano, sencillo, próximo", dice el mismo colaborador del magistrado que le conoce desde 1988.
Garzón, el juez, se presenta ante el mundo como un ejemplo de integridad profesional, arropado por frases de este tipo: "Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer". "Si no vas hasta el fondo en una investigación, puedes vivir cómodamente, pero este servicio público exige ir hasta el fondo".
En sus 20 años como instructor de la Audiencia, el magistrado ha estado en muchas cosas, todas de primera página. ¿Quién no recuerda la Operación Nécora, en junio de 1990, que inauguró una época de grandes despliegues policiales y posteriores macrojuicios? ¿O el sumario, por un delito de narcotráfico, contra agentes de la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil -Ucifa-? ¿O la larga y contundente batalla contra ETA y su entorno? Por no hablar de los GAL, el grupo que desarrolló la guerra sucia contra ETA entre 1983 y 1987, y cuyo proceso acarreó el encarcelamiento del ex ministro de Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado Rafael Vera. Con el tiempo, el caso GAL se convertirá en uno de los grandes escándalos de la democracia.
Garzón sigue siendo el mismo de entonces, el juez que adora los golpes de efecto, los grandes despliegues policiales, pero sus objetivos han ido cambiando poco a poco. El joven intrépido de los inicios, cautivado por el ejemplo de Giovanni Falcone (juez antimafia italiano asesinado por la Cosa Nostra en 1992), se ha transformado en un magistrado más reposado. Ahora son las grandes causas las que le motivan: los derechos de los pueblos indígenas, el resarcimiento de las víctimas de las dictaduras argentina o chilena, el castigo de los responsables de las guerras que considera injustas. Ha colaborado con el periodista Vicente Romero en documentales sobre la represión de la dictadura argentina y sobre el horror de las prisiones semisecretas como Abu Ghraib o Guantánamo, además de publicar un libro de denuncia, El alma de los verdugos. En junio pasado, presenció en Colombia la exhumación de 25 cadáveres de víctimas de los paramilitares. Garzón vino impresionado, pensando, quizás, en los cadáveres por exhumar en España. Dándole vueltas a la posibilidad de abrir causa al franquismo.
El juez, próximo a Izquierda Unida, ha criticado siempre al franquismo en sus libros. El rechazo no le viene de familia. "Su madre es de derechas. Y habrá sido la primera en decirle, 'pero hijo, ¿qué estás haciendo con esta historia del franquismo otra vez?", comenta un amigo íntimo del magistrado. Pero Garzón es mucho Garzón como para que nadie le haga torcer su voluntad cuando cree que debe actuar.
El segundo de los cinco hijos de Ildefonso Garzón y María Real, nacido el 26 de octubre de 1955, en Torres (Jaén), no vino al mundo para llevar una vida discreta. Él mismo ha contado que siempre tuvo madera de líder, pero el destino le ha alejado de algunos momentos clave en la historia del pasado siglo. Las convulsiones del Mayo francés le pillaron, con 13 años, en el seminario de Baeza. El final del franquismo, que le sorprendió en la universidad, le permitió comprobar los malos modales de los grises. Su sueño no era ser cura, sino misionero en África. Lo malo es que le gustan las chicas y, además, el seminario es opresivo. Garzón no está dispuesto a recibir órdenes ni de Dios. Así es que abandona el centro a los 16 años (ingresó a los 10) para estudiar Derecho en Sevilla. Ha encontrado su vocación, será juez. Aprueba las oposiciones e ingresa en la carrera judicial en 1981.
Garzón se ha descrito a sí mismo en su libro Un mundo sin miedo, redactado a modo de cartas a sus tres hijos, como un adolescente tímido, y, con "miedo a llamar la atención". Estudia con ahínco y se casa, a los 25 años, con Rosario, Yayo, 15 meses mayor que él, su novia de toda la vida. Pilar Urbano que conoce a la pareja desde que escribiera en 2000 Garzón, el hombre que veía amanecer, una especie de biografía autorizada, cuenta que el juez es algo machista en casa, aunque las relaciones de la pareja son óptimas. "Tienen una gran complicidad. Garzón no toma decisiones sin consultar a Yayo". Lo hizo antes de aceptar, en 1993, la oferta de Felipe González para concurrir a las elecciones como número dos por Madrid en las listas del PSOE. Garzón, nombrado delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, se marchó del Gobierno dando un portazo al año siguiente. "González me ha utilizado como un muñeco", dijo el juez entonces, dolido porque no le nombraran coordinador de los servicios de inteligencia. Más tarde ajustaría cuentas con los socialistas.
El episodio, de enorme dureza, parece hoy absolutamente cerrado. Y en su libro La línea del horizonte, de 2008, el juez incluye un educado coloquio mantenido con José Luis Rodríguez Zapatero en Nueva York durante el año largo que pasó en Estados Unidos, entre 2005 y 2006. ¿Busca apoyos para nuevas tareas internacionales? Quizás para el Tribunal Penal Internacional. El interesado lo niega. "Hay que estar al ciento por ciento en lo que se está", suele repetir.
Esta entrega ha dado sus frutos desde el punto de vista del respeto internacional, cree la fiscal Lola Delgado, que lleva quince años trabajando con el juez en la Audiencia. "Es cierto que en Latinoamérica hay que quitar al Santísimo, como quien dice, para ponerlo a él, hasta ese punto le veneran, pero en ambientes europeos no gusta tanto su protagonismo", opina, en cambio, un juez del Tribunal Supremo que pide anonimato. El alto Tribunal ha desbaratado algunos de los juicios sobre causas instruidas por Garzón. Otros se desinflaron en la propia Audiencia. La Operación Nécora, por ejemplo, tuvo un resultado magro, y hasta Garzón ha reconocido que la instrucción tuvo fallos. "Ha aprendido mucho desde entonces. La instrucción la hace ahora perfecta", opina Ángela Murillo, juez de la sala cuarta de la Audiencia Nacional que juzgó aquel caso.
Es más fácil equivocarse cuando se abre camino. "Y Garzón ha sido pionero en muchas cosas", dice la fiscal Delgado. "Por ejemplo, en crimen organizado, ha sido el primero en utilizar los convenios internacionales para llevar más lejos la investigación". El magistrado ha sido decisivo también en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En el plazo de unos años, Garzón le hinca el diente a la kale borroka, cierra el diario Egin, declara ilegal a la coordinadora KAS y a su sucesora EKIN, y pone contra las cuerdas al aparato internacional de ETA. En 2002, y en otro golpe de efecto típico del estilo Garzón, suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara la ilegalización del partido abertzale aplicando la Ley de Partidos. El juez ha recibido premios del Foro de Ermua y de la Fundación Gregorio Ordóñez por esta labor.
Garzón se aplicó también el primero contra el terrorismo islamista y, en 2003, dictó incluso orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. "Él es de los que cargan la suerte, por usar un símil taurino", explica el anónimo magistrado del Supremo. Este estilo judicial cautivó desde el principio a la policía. Los investigadores han encontrado en el juez un aliado, en muchos casos, un amigo. "A Garzón no le asustan las causas, y no le importa que se le llame a las tres de la mañana porque se ha sabido de una entrega de droga, o hay algo en marcha. Al final le caen los casos más gordos porque es el único que se atreve", dice un policía que ha trabajado con él.
Y cuando no le caen, él mismo procura atraerlos. Algunos colegas reconocen en privado que le hubiera encantado llevar la instrucción del 11-M. El día de la matanza, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia. Otro ejemplo podría ser el caso Pinochet. El propio juez ha contado que fue el juzgado número 6 el que admitió a trámite la denuncia contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, en julio de 1996. El juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renuncia a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia.
Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa le ha guiado, dicen, en el caso del juicio sobre los crímenes del franquismo. Y le guiará en el futuro. El cambio climático ha entrado ya en su carpeta de prioridades. Este año abordó el problema en un curso de verano en la Universidad de Jaén, en Torres. Que se preparen los contaminadores, el juez que no descansa está dispuesto a lanzarse en cualquier momento contra ellos.
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Historia del juez que nunca descansa
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
LOLA GALÁN
Baltasar Garzón, magistrado de la Audiencia Nacional, lucha por incorporar la causa sobre los crímenes del franquismo a su impresionante historial de casos célebres
Baltasar Garzón, el juez más famoso de España, festejará hoy su 53º cumpleaños con el ánimo más bien bajo. No sólo porque está en capilla (mañana será intervenido quirúrgicamente para extirparle unos nódulos en las cuerdas vocales), sino por el destino incierto de su última criatura judicial. El auto por el que reclama las competencias para abrir una causa contra los perpetradores de los crímenes del franquismo ha sido vapuleado por el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza. Nadie esperaba tanta contundencia, porque a fin de cuentas "el Derecho no es matemático, permite interpretaciones variadas", dice un compañero del juez. En la Audiencia Nacional los ánimos están caldeados, y las espadas en alto entre juez y fiscal, hasta hace poco, muy amigos. Garzón -traje azul oscuro, camisa a rayas rosas, zapatos negros con suela de goma- se mueve por el edificio con una guardia permanente de periodistas. De estatura media, con algo de sobrepeso, ojos atentos detrás de las sempiternas gafas, el pelo con grandes mechones blancos, peinado hacia atrás, su persona no pasa desapercibida en ningún sitio. Pero el juez guarda silencio. Sus amigos hablan por él de la soledad del titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, el juez que ha sentado en el banquillo a banqueros, policías, políticos, terroristas, malhechores y defraudadores como un verdadero espadachín de la justicia. Franco, aunque lleve muerto 28 años, encajaría perfectamente en su galería.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Bajo la toga del juez, un hiperactivo que duerme cuatro horas, se adivinan el misionero que quiso ser y el político fallido
Garzón ha ido cambiando de objetivos. Ahora le motivan sobre todo las grandes causas humanitarias
"Garzón interviene en este tema porque muchas asociaciones por la memoria le piden que intervenga", precisa un viejo colaborador del magistrado. "La Ley de la Memoria Histórica no ha servido para nada. Saben que él es el único que puede ayudarles". Toda una responsabilidad para el magistrado, que ha hecho otras veces este papel de catalizador social. Las víctimas saben que al juez se le puede pedir más que a los demás. Su pretensión, él mismo lo ha dicho, es cambiar el mundo a golpe de sumario judicial. O pretender que lo cambia. Bajo su toga de juez se adivina el misionero que quiso ser. Y debajo de éste, la piel del político fallido. Es como si el juez, un tipo hiperactivo desde pequeño, que duerme sólo cuatro horas, fuera incapaz de renunciar a esas identidades latentes.
Por no hablar de la dificultad de acomodar su vida personal a la del magistrado, siempre con escolta y con servicio de vigilancia sobre el terreno cada vez que asiste a algún acto o a una cita. "El hombre y el juez no tienen nada que ver. Son como el Doctor Jekyll y Míster Hyde. Una cosa es el juez de la Audiencia, el que ha sufrido montones de faenas y el que también las ha hecho, y otra muy distinta es el hombre privado. Un tipo humano, sencillo, próximo", dice el mismo colaborador del magistrado que le conoce desde 1988.
Garzón, el juez, se presenta ante el mundo como un ejemplo de integridad profesional, arropado por frases de este tipo: "Hay que hacer lo que uno cree que debe hacer". "Si no vas hasta el fondo en una investigación, puedes vivir cómodamente, pero este servicio público exige ir hasta el fondo".
En sus 20 años como instructor de la Audiencia, el magistrado ha estado en muchas cosas, todas de primera página. ¿Quién no recuerda la Operación Nécora, en junio de 1990, que inauguró una época de grandes despliegues policiales y posteriores macrojuicios? ¿O el sumario, por un delito de narcotráfico, contra agentes de la Unidad Central Antidroga de la Guardia Civil -Ucifa-? ¿O la larga y contundente batalla contra ETA y su entorno? Por no hablar de los GAL, el grupo que desarrolló la guerra sucia contra ETA entre 1983 y 1987, y cuyo proceso acarreó el encarcelamiento del ex ministro de Interior José Barrionuevo y del ex secretario de Estado Rafael Vera. Con el tiempo, el caso GAL se convertirá en uno de los grandes escándalos de la democracia.
Garzón sigue siendo el mismo de entonces, el juez que adora los golpes de efecto, los grandes despliegues policiales, pero sus objetivos han ido cambiando poco a poco. El joven intrépido de los inicios, cautivado por el ejemplo de Giovanni Falcone (juez antimafia italiano asesinado por la Cosa Nostra en 1992), se ha transformado en un magistrado más reposado. Ahora son las grandes causas las que le motivan: los derechos de los pueblos indígenas, el resarcimiento de las víctimas de las dictaduras argentina o chilena, el castigo de los responsables de las guerras que considera injustas. Ha colaborado con el periodista Vicente Romero en documentales sobre la represión de la dictadura argentina y sobre el horror de las prisiones semisecretas como Abu Ghraib o Guantánamo, además de publicar un libro de denuncia, El alma de los verdugos. En junio pasado, presenció en Colombia la exhumación de 25 cadáveres de víctimas de los paramilitares. Garzón vino impresionado, pensando, quizás, en los cadáveres por exhumar en España. Dándole vueltas a la posibilidad de abrir causa al franquismo.
El juez, próximo a Izquierda Unida, ha criticado siempre al franquismo en sus libros. El rechazo no le viene de familia. "Su madre es de derechas. Y habrá sido la primera en decirle, 'pero hijo, ¿qué estás haciendo con esta historia del franquismo otra vez?", comenta un amigo íntimo del magistrado. Pero Garzón es mucho Garzón como para que nadie le haga torcer su voluntad cuando cree que debe actuar.
El segundo de los cinco hijos de Ildefonso Garzón y María Real, nacido el 26 de octubre de 1955, en Torres (Jaén), no vino al mundo para llevar una vida discreta. Él mismo ha contado que siempre tuvo madera de líder, pero el destino le ha alejado de algunos momentos clave en la historia del pasado siglo. Las convulsiones del Mayo francés le pillaron, con 13 años, en el seminario de Baeza. El final del franquismo, que le sorprendió en la universidad, le permitió comprobar los malos modales de los grises. Su sueño no era ser cura, sino misionero en África. Lo malo es que le gustan las chicas y, además, el seminario es opresivo. Garzón no está dispuesto a recibir órdenes ni de Dios. Así es que abandona el centro a los 16 años (ingresó a los 10) para estudiar Derecho en Sevilla. Ha encontrado su vocación, será juez. Aprueba las oposiciones e ingresa en la carrera judicial en 1981.
Garzón se ha descrito a sí mismo en su libro Un mundo sin miedo, redactado a modo de cartas a sus tres hijos, como un adolescente tímido, y, con "miedo a llamar la atención". Estudia con ahínco y se casa, a los 25 años, con Rosario, Yayo, 15 meses mayor que él, su novia de toda la vida. Pilar Urbano que conoce a la pareja desde que escribiera en 2000 Garzón, el hombre que veía amanecer, una especie de biografía autorizada, cuenta que el juez es algo machista en casa, aunque las relaciones de la pareja son óptimas. "Tienen una gran complicidad. Garzón no toma decisiones sin consultar a Yayo". Lo hizo antes de aceptar, en 1993, la oferta de Felipe González para concurrir a las elecciones como número dos por Madrid en las listas del PSOE. Garzón, nombrado delegado para el Plan Nacional sobre Drogas, se marchó del Gobierno dando un portazo al año siguiente. "González me ha utilizado como un muñeco", dijo el juez entonces, dolido porque no le nombraran coordinador de los servicios de inteligencia. Más tarde ajustaría cuentas con los socialistas.
El episodio, de enorme dureza, parece hoy absolutamente cerrado. Y en su libro La línea del horizonte, de 2008, el juez incluye un educado coloquio mantenido con José Luis Rodríguez Zapatero en Nueva York durante el año largo que pasó en Estados Unidos, entre 2005 y 2006. ¿Busca apoyos para nuevas tareas internacionales? Quizás para el Tribunal Penal Internacional. El interesado lo niega. "Hay que estar al ciento por ciento en lo que se está", suele repetir.
Esta entrega ha dado sus frutos desde el punto de vista del respeto internacional, cree la fiscal Lola Delgado, que lleva quince años trabajando con el juez en la Audiencia. "Es cierto que en Latinoamérica hay que quitar al Santísimo, como quien dice, para ponerlo a él, hasta ese punto le veneran, pero en ambientes europeos no gusta tanto su protagonismo", opina, en cambio, un juez del Tribunal Supremo que pide anonimato. El alto Tribunal ha desbaratado algunos de los juicios sobre causas instruidas por Garzón. Otros se desinflaron en la propia Audiencia. La Operación Nécora, por ejemplo, tuvo un resultado magro, y hasta Garzón ha reconocido que la instrucción tuvo fallos. "Ha aprendido mucho desde entonces. La instrucción la hace ahora perfecta", opina Ángela Murillo, juez de la sala cuarta de la Audiencia Nacional que juzgó aquel caso.
Es más fácil equivocarse cuando se abre camino. "Y Garzón ha sido pionero en muchas cosas", dice la fiscal Delgado. "Por ejemplo, en crimen organizado, ha sido el primero en utilizar los convenios internacionales para llevar más lejos la investigación". El magistrado ha sido decisivo también en la lucha contra ETA, golpeando a la trama financiera y al entorno de la banda. En el plazo de unos años, Garzón le hinca el diente a la kale borroka, cierra el diario Egin, declara ilegal a la coordinadora KAS y a su sucesora EKIN, y pone contra las cuerdas al aparato internacional de ETA. En 2002, y en otro golpe de efecto típico del estilo Garzón, suspende las actividades de Batasuna, adelantándose al Supremo, que prepara la ilegalización del partido abertzale aplicando la Ley de Partidos. El juez ha recibido premios del Foro de Ermua y de la Fundación Gregorio Ordóñez por esta labor.
Garzón se aplicó también el primero contra el terrorismo islamista y, en 2003, dictó incluso orden de detención contra Osama Bin Laden, último responsable de Al Qaeda, dejando boquiabierto a todo el mundo. "Él es de los que cargan la suerte, por usar un símil taurino", explica el anónimo magistrado del Supremo. Este estilo judicial cautivó desde el principio a la policía. Los investigadores han encontrado en el juez un aliado, en muchos casos, un amigo. "A Garzón no le asustan las causas, y no le importa que se le llame a las tres de la mañana porque se ha sabido de una entrega de droga, o hay algo en marcha. Al final le caen los casos más gordos porque es el único que se atreve", dice un policía que ha trabajado con él.
Y cuando no le caen, él mismo procura atraerlos. Algunos colegas reconocen en privado que le hubiera encantado llevar la instrucción del 11-M. El día de la matanza, Garzón se presentó en uno de los escenarios del atentado aunque no estaba de guardia. Otro ejemplo podría ser el caso Pinochet. El propio juez ha contado que fue el juzgado número 6 el que admitió a trámite la denuncia contra el dictador chileno, Augusto Pinochet, en julio de 1996. El juez competente era Manuel García Castellón, pero Garzón no renuncia a la causa y dos años después, valiéndose de otra querella contra el dictador, se la apropia.
Esta perseverancia en la persecución de lo que le interesa le ha guiado, dicen, en el caso del juicio sobre los crímenes del franquismo. Y le guiará en el futuro. El cambio climático ha entrado ya en su carpeta de prioridades. Este año abordó el problema en un curso de verano en la Universidad de Jaén, en Torres. Que se preparen los contaminadores, el juez que no descansa está dispuesto a lanzarse en cualquier momento contra ellos.
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