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Garzón remitirá la causa del franquismo a Palma y Manacor
El juez Balsar Garzón comunicó en un auto conocido ayer que enviará a los juzgados de Palma y Manacor la causa que abrió por los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo.Por otro lado, miembros de asociaciones de familiares de desaparecidos de Balears se reunieron ayer con el Grupo de Desapariciones Forzadas de la ONU
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viernes, 28 de noviembre de 2008
martes, 25 de noviembre de 2008
Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y franquismo
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Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de ...
Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y franquismo
El magistrado se inhibe en favor de los juzgados territoriales
E.E. Madrid.
El juez Baltasar Garzón, que inició el proceso para una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo, se declaró incompetente, una vez que comprobó que Franco y el resto de la cúpula del régimen están muertos, y se inhibió en favor de los juzgados territoriales.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional se adopta cuando aún estaba pendiente la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia acerca de si Baltasar Garzón era o no competente para llevar a cabo este proceso, que incluía la apertura de fosas comunes a lo largo de toda España y que comenzaron a abrirse hasta que se ordenó su paralización provisional, a la espera de que hubiese una pronunciación acerca de la competencia de Garzón. El magistrado, en su auto, critica que con los argumentos que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, da para ir en contra de la investigación que quería llevar a cabo, no se habría llevado a cabo el juicio de Nüremberg, en el que se juzgó el nazismo.
Las distintas asociaciones de recuperación de la memoria histórica lamentaron la decisión de Garzón e incluso algunas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, recurrirán la inhibición y están dispuestas a llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, expresó su sorpresa por el auto de Garzón y pidió al Gobierno que dé a conocer el contenido del conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica. Son 27 los juzgados territoriales de los lugares en los que se localizan las más de sesenta fosas comunes a los que se refiere la investigación los que recibirán el caso.
Niños raptados a sus padres en el extranjero
Garzón considera que la dictadura “pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40”, al arrebatárselos a sus padres para educarlos en la afección al régimen. En el auto, mantiene que una de las razones para sostener que los delitos no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas “que puedan estar vivas”.
Se refiere concretamente a aquellas que, durante su infancia o adolescencia, “fueron sustraídas legal o ilegalmente (...) y los de aquellos menores que fueron ‘recuperados’ contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones, organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange”, informó EFE.
El juez apunta que “se está en la fase inicial de esa investigación” y ésta “debe ir dirigida, precisamente, a demostrar esa actualidad y permanencia” de los delitos perpetrados entonces. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, señaló que es cierto que miles de niños fueron separados de sus madres mientras estaban en cárceles franquistas y, como en Argentina, se les robó su identidad, por lo que la entidad recibiría con satisfacción que se abriera esa vía de investigación.
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Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de ...
Baltasar Garzón deja la investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y franquismo
El magistrado se inhibe en favor de los juzgados territoriales
E.E. Madrid.
El juez Baltasar Garzón, que inició el proceso para una investigación sobre los desaparecidos de la Guerra Civil y del franquismo, se declaró incompetente, una vez que comprobó que Franco y el resto de la cúpula del régimen están muertos, y se inhibió en favor de los juzgados territoriales.
La decisión del magistrado de la Audiencia Nacional se adopta cuando aún estaba pendiente la decisión de la Sala de lo Penal de la Audiencia acerca de si Baltasar Garzón era o no competente para llevar a cabo este proceso, que incluía la apertura de fosas comunes a lo largo de toda España y que comenzaron a abrirse hasta que se ordenó su paralización provisional, a la espera de que hubiese una pronunciación acerca de la competencia de Garzón. El magistrado, en su auto, critica que con los argumentos que el fiscal jefe, Javier Zaragoza, da para ir en contra de la investigación que quería llevar a cabo, no se habría llevado a cabo el juicio de Nüremberg, en el que se juzgó el nazismo.
Las distintas asociaciones de recuperación de la memoria histórica lamentaron la decisión de Garzón e incluso algunas, como la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, recurrirán la inhibición y están dispuestas a llevar el caso al Tribunal de Estrasburgo.
La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, expresó su sorpresa por el auto de Garzón y pidió al Gobierno que dé a conocer el contenido del conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica. Son 27 los juzgados territoriales de los lugares en los que se localizan las más de sesenta fosas comunes a los que se refiere la investigación los que recibirán el caso.
Niños raptados a sus padres en el extranjero
Garzón considera que la dictadura “pudo haber propiciado la pérdida de identidad de miles de niños en la década de los años 40”, al arrebatárselos a sus padres para educarlos en la afección al régimen. En el auto, mantiene que una de las razones para sostener que los delitos no han prescritos es precisamente la existencia de víctimas “que puedan estar vivas”.
Se refiere concretamente a aquellas que, durante su infancia o adolescencia, “fueron sustraídas legal o ilegalmente (...) y los de aquellos menores que fueron ‘recuperados’ contra la voluntad, o sin ella, de sus progenitores en el extranjero, entre 1939 y 1949, a través de todo un entramado de acciones, organismos, principalmente el Servicio Exterior de Falange”, informó EFE.
El juez apunta que “se está en la fase inicial de esa investigación” y ésta “debe ir dirigida, precisamente, a demostrar esa actualidad y permanencia” de los delitos perpetrados entonces. El presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, señaló que es cierto que miles de niños fueron separados de sus madres mientras estaban en cárceles franquistas y, como en Argentina, se les robó su identidad, por lo que la entidad recibiría con satisfacción que se abriera esa vía de investigación.
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sábado, 22 de noviembre de 2008
El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los jueces para que sigan con la exhumación de fosas
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Memoria.-El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los ...Europa Press -
El Foro de Salamanca confía en el "buen hacer" de los jueces para que sigan con la exhumación de fosas
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Memoria.- Familiares de vecinos de Arándiga (Zaragoza) asesinados en 1936 les rendirán un homenaje el próximo sábado (11/11/2008)
Bedera (PSOE) cree que Garzón es "un gran juez" pero sin competencias en los desaparecidos de la Guerra Civil (31/10/2008)
Memoria.- Asociaciones valencianas pedirán una audiencia al juez Garzón y ampliar las investigaciones a cinco fosas más (12/11/2008)
Memoria-Gibson dice que Garzón ha dado conocimiento internacional a la causa y no descarta la implicación de Estrasburgo (20/11/2008)
SALAMANCA, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Foro por la Memoria de Salamanca hizo hoy un llamamiento al "buen hacer y a la profesionalidad" de los jueces y juezas de la provincia para que pongan los medios necesarios y puedan ser exhumadas las fosas existentes en ella, donde, tal y como apunta, es probable que la cifra de 650 represaliados del franquismo dada por el juez Baltasar Garzón termine siendo más del doble.
El colectivo, a través de un comunicado recogido por Europa Press,instó a los juzgados de instrucción de Ciudad Rodrigo a que intervengan en la exhumación de las fosas de El Rebollar y de otras que hubiera en la zona, donde aún yacen los restos de cientos de asesinados en terraplenes, montes y fosas "que debieran tener un entierro digno".
Además esta asociación lamentó que Garzón haya desistido de continuar con el procedimiento aunque, por otra parte, valoró el proceso de instrucción iniciado porque, a su juicio, han crecido las expectativas de familiares y víctimas y porque "ha elevado la concienciación de la ciudadanía no sólo con el avance en la exhumación de cadáveres de personas que fueron represaliadas durante el franquismo sino con el reconocimiento, de una vez por todas, de que el franquismo no fue más que el producto de un genocidio llevado a cabo por los generales golpistas y quienes les apoyaban".
Por último, el Foro por la Memoria de Salamanca criticó las presiones a que se ha visto sometido Garzón por parte de las más altas instancias del Estado y por la actitud de un PSOE y de un Gobierno que "han dado la espalda a miles de personas que fueron torturadas y asesinadas por defender la libertad".
Este proceso, iniciado por decenas de asociaciones de recuperación de la memoria e impulsada por ha sido consecuencia, tal y como estima el colectivo, de una mala Ley de la Memoria que no permite que sea el Estado, a través de una dotación suficiente de medios económicos y humanos, quien se haga responsable de las exhumaciones sino que lo deja en manos de víctimas, familiares y asociaciones, "lo cual dificulta la posibilidad de dignificar la memoria de miles de personas anónimas enterradas en los lugares en que fueron ejecutados por defender la democracia y luchar contra el totalitarismo".
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Además esta asociación lamentó que Garzón haya desistido de continuar con el procedimiento aunque, por otra parte, valoró el proceso de instrucción iniciado porque, a su juicio, han crecido las expectativas de familiares y víctimas y porque "ha elevado la concienciación de la ciudadanía no sólo con el avance en la exhumación de cadáveres de personas que fueron represaliadas durante el franquismo sino con el reconocimiento, de una vez por todas, de que el franquismo no fue más que el producto de un genocidio llevado a cabo por los generales golpistas y quienes les apoyaban".
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Este proceso, iniciado por decenas de asociaciones de recuperación de la memoria e impulsada por ha sido consecuencia, tal y como estima el colectivo, de una mala Ley de la Memoria que no permite que sea el Estado, a través de una dotación suficiente de medios económicos y humanos, quien se haga responsable de las exhumaciones sino que lo deja en manos de víctimas, familiares y asociaciones, "lo cual dificulta la posibilidad de dignificar la memoria de miles de personas anónimas enterradas en los lugares en que fueron ejecutados por defender la democracia y luchar contra el totalitarismo".
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jueves, 20 de noviembre de 2008
Los tribunales no son partidarios de la apertura de fosas
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http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20081119ctoultnot_4
Los tribunales anuncian que no son partidarios de la apertura de fosas del franquismo.
Ver video
Las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si es necesario, llegarán hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo
Noticias Cuatro - 19/11/2008 - 19:07
Tras la decisión del juez Baltasar Garzón de retirarse de la persecución de los crímenes del franquismo, algunos tribunales territoriales ya han manifestado que no son partidarios de esas exhumaciones. Los afectados por el cambio de rumbo del magistrado se han puesto en movimiento y las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si fuese necesario, llegarían hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La orden de Garzón aún no ha llegado a los 62 tribunales españoles con exhumaciones pendientes. Que se abran o no las fosas dependerá, en último término, de lo que decida cada juez. Algunos ya se han pronunciado: en Castilla y León, donde se acumulan 37 peticiones de exhumación, el máximo responsable judicial se ha manifestado en contra de abrir las fosas.
El Gobierno, sin embargo, es partidario de que los familiares recuperen a sus muertos. En este sentido ha anunciado que va a poner los medios necesarios para apoyar la búsqueda de los restos de desaparecidos en el franquismo.
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http://www.cuatro.com/articulo.html?type=Tes&xref=20081119ctoultnot_4
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Ver video
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Tras la decisión del juez Baltasar Garzón de retirarse de la persecución de los crímenes del franquismo, algunos tribunales territoriales ya han manifestado que no son partidarios de esas exhumaciones. Los afectados por el cambio de rumbo del magistrado se han puesto en movimiento y las asociaciones de la memoria histórica aseguran que van a recurrir y que, si fuese necesario, llegarían hasta el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
La orden de Garzón aún no ha llegado a los 62 tribunales españoles con exhumaciones pendientes. Que se abran o no las fosas dependerá, en último término, de lo que decida cada juez. Algunos ya se han pronunciado: en Castilla y León, donde se acumulan 37 peticiones de exhumación, el máximo responsable judicial se ha manifestado en contra de abrir las fosas.
El Gobierno, sin embargo, es partidario de que los familiares recuperen a sus muertos. En este sentido ha anunciado que va a poner los medios necesarios para apoyar la búsqueda de los restos de desaparecidos en el franquismo.
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Asociaciones de memoria avisan de que estarán "muy atentas" para que los juzgados no "humillen" a las víctimas
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Memoria.- Asociaciones de memoria avisan de que estarán "muy ...
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Armhex dice que la inhibición de Garzón rompe la "unidad" del proceso judicial (19/11/2008)
MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Representantes de asociaciones que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo avisaron hoy de que estarán "muy atentas" para que los juzgados provinciales, a los que el juez Baltasar Garzón ha remitido su causa contra el franquismo, no vuelvan a "humillar" a las víctimas y para que atiendan sus demandas, tras la investigación iniciada en la Audiencia Nacional.
Así lo anunciaron en el Congreso Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, quienes ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso junto con el diputado de ERC Joan Tardà.
"NO ES UN VARAPALO"
Pedreño admitió que su deseo era que Garzón fuera declarado competente para investigar los hechos ocurridos durante la contienda civil y la dictadura, pero quiso dejar claro que la inhibición del juez no ha supuesto "ningún varapalo" para entidades como la suya. Por su parte, Sánchez se quejó del "espectáculo judicial absolutamente vergonzoso" que, en su opinión, se ha producido por este caso por la actitud obstruccionista de la Fiscalía.
En cualquier caso, ambos dejaron claro que continuarán exigiendo que se respeten los derechos de las víctimas del franquismo y mostraron su deseo de que los juzgados territoriales cambien de criterio. En este punto, Sánchez recordó que hasta ahora los juzgados provinciales, alegando principalmente motivos de prescripción, siempre habían archivado las denuncias presentadas por las víctimas o sus familiares "humillándolas y atentando contra sus derechos".
Además, tanto Sánchez como Pedreño y el propio Tardà, se congratularon de que la causa iniciada por Garzón haya abierto aún más el debate sobre este asunto, incrementando la "concienciación social" sobre el mismo. "Esto va a cambiar muchas cosas", resumió Pedreño, quien instó al fiscal general del Estado, Cándido Conde Pumpido, a opinar públicamente sobre la investigación que ha intentado impulsar Garzón desde la Audiencia Nacional.
LLEGARA A TRIBUNALES INTERNACIONALES
Es más el diputado de ERC se mostró convencido de que estos casos "tarde o temprano van a llegar a los tribunales internacionales", porque al movimiento memorialista "ya no hay que le pare". También destacó que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas" que, a su juicio, están "ganando la batalla".
Tardà agregó que, en su intento de poner "puertas al campo" el Gobierno y la Fiscalía han tenido que "sacrificar a uno de los suyos", en relación a Garzón, cuya frustrada causa "ni siquiera han sido capaces de metabolizar".
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MADRID, 20 Nov. (EUROPA PRESS) -
Representantes de asociaciones que trabajan en el ámbito de la recuperación de la memoria histórica de la Guerra Civil y el franquismo avisaron hoy de que estarán "muy atentas" para que los juzgados provinciales, a los que el juez Baltasar Garzón ha remitido su causa contra el franquismo, no vuelvan a "humillar" a las víctimas y para que atiendan sus demandas, tras la investigación iniciada en la Audiencia Nacional.
Así lo anunciaron en el Congreso Fermín Sánchez, miembro de la Junta Directiva del Archivo Guerra y Exilio, y José María Pedreño, presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria, quienes ofrecieron una rueda de prensa en el Congreso junto con el diputado de ERC Joan Tardà.
"NO ES UN VARAPALO"
Pedreño admitió que su deseo era que Garzón fuera declarado competente para investigar los hechos ocurridos durante la contienda civil y la dictadura, pero quiso dejar claro que la inhibición del juez no ha supuesto "ningún varapalo" para entidades como la suya. Por su parte, Sánchez se quejó del "espectáculo judicial absolutamente vergonzoso" que, en su opinión, se ha producido por este caso por la actitud obstruccionista de la Fiscalía.
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Es más el diputado de ERC se mostró convencido de que estos casos "tarde o temprano van a llegar a los tribunales internacionales", porque al movimiento memorialista "ya no hay que le pare". También destacó que la causa de Garzón ha dado la razón a los "antifascistas" que, a su juicio, están "ganando la batalla".
Tardà agregó que, en su intento de poner "puertas al campo" el Gobierno y la Fiscalía han tenido que "sacrificar a uno de los suyos", en relación a Garzón, cuya frustrada causa "ni siquiera han sido capaces de metabolizar".
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¿Es aún posible el juicio al franquismo?
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¿Es aún posible el juicio al franquismo?
¿Es aún posible el juicio al franquismo?
20 Nov 2008
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
El auto de 18 de noviembre del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, esto es, por mejor entendernos, el último auto de Garzón sobre la Memoria Histórica, en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales, pudiera considerarse como el desenlace de la compleja, intensa y, a mi juicio, nada edificante trama que en el seno de la Audiencia hemos padecido a lo largo del mes pasado. Un desenlace que entraba en las quinielas de muchos, pero que no debiera ser valorado más que como un punto y seguido. La clave va a estar ahora en quién y cómo se escriba la siguiente frase; ya sea con la pluma del ejecutivo, el legislativo y/o el poder judicial. Si bien, que debamos seguir en esta tensa espera tras casi siete decenios desde el fin de la Guerra Civil, y más de tres décadas después del inicio de nuestra transición, no deja de ser un primer desenlace a lamentar.
A pesar de todo, tras hacerse público el auto, no hemos debido esperar ni un minuto para asistir al regocijo o la chanza de algunos que han considerado que “todo acabó”, que “Garzón no se ha salido con la suya”. Debiendo entenderse el término “suya”, aclaro, no como el intento de atender las denuncias para que se investiguen miles de crímenes de los que sólo podría ser responsable la más repugnante ralea criminal, sino que cuando dicen “suya” se refieren a lo que han caracterizado como un “esperpento del vanidoso juez estrella” (sic). Descalificaciones ad hóminem de este cariz han sido afortunadamente minoritarias, siendo lo común encontrar voces que, bien han sostenido que este auto sólo ha constatado que la Audiencia Nacional no era competente –como ha mantenido, con dureza inusitada, el fiscal jefe–, bien han considerado que la decisión de Garzón no ha sido más que una (forzada) salida por la tangente ante la probable respuesta que la Sala/Pleno iba a dar a su auto aceptando la competencia. Mientras, el mismo Garzón sostiene que no ha hecho más que cumplir lo que (parcialmente) anunciaba en su auto de 16 de octubre, una vez constatada la extinción de la responsabilidad por fallecimiento de los presuntos responsables del delito contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno; es decir, el crimen sobre el que ancló la competencia de la Audiencia.
Yo, desde luego, voy a evitar entrar en la fúnebre tentación de atribuir intenciones (aviesas) a unos u otros y también quiero evitarle ahora al lector tediosas polémicas jurídicas que rozarían lo críptico para el lego en los muchos laberintos del Derecho. Si bien, no me resigno a no dejar constancia de mi malestar ante la tan agria como inédita polémica abierta entre el fiscal Zaragoza y el magistrado-juez Garzón; en la que, entre los diversos tecnicismos jurídicos, se han intercalado gruesos calificativos, valoraciones personales y ataques, defensas y contraataques de toda índole. Todo ello, recordémoslo, ante los anhelantes ojos de los familiares-víctimas, que esperaban todo menos una batalla campal de esta naturaleza.
De cualquier modo, lo que ha de quedar claro es que en este último auto, Garzón, sin privarse ni por un momento de responder, con más que notable severidad, a los postulados del fiscal Zaragoza, mantiene todos sus argumentos anteriores, los desarrolla y amplía su sustento jurídico, incluyendo menciones singulares a hechos tan tenebroso como el de los “niños [perdidos] del franquismo”, o los experimentos médicos a los que se sometió a algunos presos republicanos. En esta labor, se sirve en parte de un destacable despliegue de normativa internacional, poniendo sobre la mesa cuestiones y tesis de gran interés, algunas de las cuales comparto y otros muchos discuten; pero que, en cualquier caso, deberían ser objeto de un debate sosegado, en el que, a mi juicio, habría de ser una buena guía la búsqueda de una más completa aplicación e interpretación del Derecho Internacional en nuestro país. Con todo, desde los parámetros del auto anterior y ante la deficiente legislación española, que prevé que la Audiencia Nacional sea competente sobre ciertos crímenes de derecho internacional, pero sólo si se han cometido en el extranjero –quizás en la mente del legislador nunca estuvo que se pudieran cometer o haber cometido en España–, Garzón no hace más que inhibirse a favor de los juzgados territoriales para que, y cito, continúe “la investigación [de la] desaparición de personas a través de las detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de crímenes contra la humanidad y como resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República”.
Llegados a este punto, la cuestión inmediata es si todos estos juzgados acogerán esta construcción y, en consecuencia, continuarán la senda que la actuación de Garzón ha abierto, y si la Sala/Pleno de la Audiencia así lo permitirá. Pero no sólo deberíamos concentrar nuestra atención en los órganos jurisdiccionales, pues todo lo acaecido también puede haber sido –esperemos que haya sido– un acicate para nuestro Ejecutivo y/o Legislativo. Y ahora que precisamente la actuación de Garzón ha logrado, al fin, el debido consenso acerca de la necesidad y justicia de atender las demandas de los familiares-víctimas de recuperar y dignificar los restos de sus seres amados, se termine por cambiar la bochornosa decisión política de que sigan siendo ellos los que arrostren con esta labor fundamental. Y es que, no debemos olvidarlo nunca, ninguno de los familiares-víctimas busca nada parecido al castigo, a la venganza, sólo reclaman la dignidad que todos debemos a los que hoy siguen desaparecidos en nuestra España de 2008.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
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¿Es aún posible el juicio al franquismo?
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20 Nov 2008
JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ
El auto de 18 de noviembre del Juzgado Central de Instrucción Nº 5 de la Audiencia Nacional, esto es, por mejor entendernos, el último auto de Garzón sobre la Memoria Histórica, en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales, pudiera considerarse como el desenlace de la compleja, intensa y, a mi juicio, nada edificante trama que en el seno de la Audiencia hemos padecido a lo largo del mes pasado. Un desenlace que entraba en las quinielas de muchos, pero que no debiera ser valorado más que como un punto y seguido. La clave va a estar ahora en quién y cómo se escriba la siguiente frase; ya sea con la pluma del ejecutivo, el legislativo y/o el poder judicial. Si bien, que debamos seguir en esta tensa espera tras casi siete decenios desde el fin de la Guerra Civil, y más de tres décadas después del inicio de nuestra transición, no deja de ser un primer desenlace a lamentar.
A pesar de todo, tras hacerse público el auto, no hemos debido esperar ni un minuto para asistir al regocijo o la chanza de algunos que han considerado que “todo acabó”, que “Garzón no se ha salido con la suya”. Debiendo entenderse el término “suya”, aclaro, no como el intento de atender las denuncias para que se investiguen miles de crímenes de los que sólo podría ser responsable la más repugnante ralea criminal, sino que cuando dicen “suya” se refieren a lo que han caracterizado como un “esperpento del vanidoso juez estrella” (sic). Descalificaciones ad hóminem de este cariz han sido afortunadamente minoritarias, siendo lo común encontrar voces que, bien han sostenido que este auto sólo ha constatado que la Audiencia Nacional no era competente –como ha mantenido, con dureza inusitada, el fiscal jefe–, bien han considerado que la decisión de Garzón no ha sido más que una (forzada) salida por la tangente ante la probable respuesta que la Sala/Pleno iba a dar a su auto aceptando la competencia. Mientras, el mismo Garzón sostiene que no ha hecho más que cumplir lo que (parcialmente) anunciaba en su auto de 16 de octubre, una vez constatada la extinción de la responsabilidad por fallecimiento de los presuntos responsables del delito contra altos organismos de la Nación y la forma de Gobierno; es decir, el crimen sobre el que ancló la competencia de la Audiencia.
Yo, desde luego, voy a evitar entrar en la fúnebre tentación de atribuir intenciones (aviesas) a unos u otros y también quiero evitarle ahora al lector tediosas polémicas jurídicas que rozarían lo críptico para el lego en los muchos laberintos del Derecho. Si bien, no me resigno a no dejar constancia de mi malestar ante la tan agria como inédita polémica abierta entre el fiscal Zaragoza y el magistrado-juez Garzón; en la que, entre los diversos tecnicismos jurídicos, se han intercalado gruesos calificativos, valoraciones personales y ataques, defensas y contraataques de toda índole. Todo ello, recordémoslo, ante los anhelantes ojos de los familiares-víctimas, que esperaban todo menos una batalla campal de esta naturaleza.
De cualquier modo, lo que ha de quedar claro es que en este último auto, Garzón, sin privarse ni por un momento de responder, con más que notable severidad, a los postulados del fiscal Zaragoza, mantiene todos sus argumentos anteriores, los desarrolla y amplía su sustento jurídico, incluyendo menciones singulares a hechos tan tenebroso como el de los “niños [perdidos] del franquismo”, o los experimentos médicos a los que se sometió a algunos presos republicanos. En esta labor, se sirve en parte de un destacable despliegue de normativa internacional, poniendo sobre la mesa cuestiones y tesis de gran interés, algunas de las cuales comparto y otros muchos discuten; pero que, en cualquier caso, deberían ser objeto de un debate sosegado, en el que, a mi juicio, habría de ser una buena guía la búsqueda de una más completa aplicación e interpretación del Derecho Internacional en nuestro país. Con todo, desde los parámetros del auto anterior y ante la deficiente legislación española, que prevé que la Audiencia Nacional sea competente sobre ciertos crímenes de derecho internacional, pero sólo si se han cometido en el extranjero –quizás en la mente del legislador nunca estuvo que se pudieran cometer o haber cometido en España–, Garzón no hace más que inhibirse a favor de los juzgados territoriales para que, y cito, continúe “la investigación [de la] desaparición de personas a través de las detenciones ilegales sin dar razón del paradero de las víctimas, de sus cuerpos o de su identidad, en el contexto de crímenes contra la humanidad y como resultado de un plan sistemático de exterminio propiciado o favorecido por el alzamiento contra la República”.
Llegados a este punto, la cuestión inmediata es si todos estos juzgados acogerán esta construcción y, en consecuencia, continuarán la senda que la actuación de Garzón ha abierto, y si la Sala/Pleno de la Audiencia así lo permitirá. Pero no sólo deberíamos concentrar nuestra atención en los órganos jurisdiccionales, pues todo lo acaecido también puede haber sido –esperemos que haya sido– un acicate para nuestro Ejecutivo y/o Legislativo. Y ahora que precisamente la actuación de Garzón ha logrado, al fin, el debido consenso acerca de la necesidad y justicia de atender las demandas de los familiares-víctimas de recuperar y dignificar los restos de sus seres amados, se termine por cambiar la bochornosa decisión política de que sigan siendo ellos los que arrostren con esta labor fundamental. Y es que, no debemos olvidarlo nunca, ninguno de los familiares-víctimas busca nada parecido al castigo, a la venganza, sólo reclaman la dignidad que todos debemos a los que hoy siguen desaparecidos en nuestra España de 2008.
Javier Chinchón Álvarez es profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales
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miércoles, 19 de noviembre de 2008
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