La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo

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La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo

Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.

EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51

El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.

Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.

La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.

Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.

"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".

En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".

Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal

Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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AI exige que se investiguen los crímenes del Franquismo

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AI exige que se investiguen los crímenes del Franquismo
AI exige que se investiguen los crímenes del FranquismoAmnistía Internacional exige al Estado Español que investigue las “desaparaciones forzadas” durante el Franquismo y la Guerra Civil y recuerda que según el derecho internacional los crímenes contra la humanidad no prescriben.
“España que debe cumplir con sus obligaciones internacionales en relación a los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas”, apunta la ONG en un comunicado.
Amnistía Internacional recuerda que ya el pasado 31 de octubre, el Comité de Derechos Humanos de la ONU instó a las autoridades españolas a tomar medidas para derogar la Ley de Amnistía de 1977 –por la que se perdonaban todos los delitos cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo- y garantizar la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad.
Precisamente, la Fiscalía de la Audiencia Nacional, acaparándose en esa ley, presentó un “recurso de apelación” el pasado 20 de octubre, en el que declaraba “incompetente” al juez Baltasar Garzón para las más de 100.000 desapariciones forzosas producidas entre 1936 y 1951.
Amnistía Internacional, argumenta que la propia Ley establece que “es compatible con el ejercicio de las acciones y el acceso a los procedimientos judiciales ordinarios y extraordinarios establecidos en las leyes o en los tratados y convenios internacionales suscritos por España”.
“Para la comunidad internacional, cualquier Estado que, con desprecio a los derechos de las víctimas, busca establecer la lógica del olvido respecto a este tipo de crímenes, se coloca fuera de la legalidad reconocida internacionalmente. La desaparición forzada se encuentra entre los más graves crímenes, que no pueden prescribir ni ser amnistiados sin socavar la legalidad internacional, que forma parte del ordenamiento jurídico español, concluye la orgnanización.
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"La excepción mundial" se llama España
Público -


YERAY CALVO - Madrid - 12/11/2008 15:37
España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional. Esta es una de la principales conclusiones que se extraen del informe de Amnistía Internacional (AI) que ha presentado hoy su director, Esteban Beltrán. En el documento se subraya la necesidad de investigar los crímenes del pasado y proteger los derechos de las víctimas, que según Beltrán, se encuentran "en una encrucijada".
Beltrán plantea que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", ha subrayado el director de AI.
El caso español es singular respecto al de otros países dado que es un juez y no el Ministerio Público el que ha impulsado la investigación sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. Además, es justamente el propio ministerio el que trata de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los damnificados , ha explicado Beltrán. El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas no ha recibido ninguna información sustantiva por parte del Gobierno español que permita establece el paradero de tres personas cuya desaparición había sido denunciada ante este grupo.En contra de los antecedentes a nivel mundial ocurridos hasta el momento, el Ministerio Fiscal incluye como argumento en su recurso de apelación que los delitos ya han prescrito, invocando la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977 . Según AI, la aplicación de estas alegaciones constituyen el establecimiento de mecanismo de impunidad incompatibles con la legalidad internacional en relación con los crímenes contra la humanidad.
"España no puede presentarse internacionalmente como un Estado que infringe sus obligaciones"
Además, España es uno de los países a los que el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas ha tenido que recordar que no se pueden invocar amnistías ni alegarprescripciones respecto a este tipo de crímenes. Anteriormente, el Comité de Derechos Humanos se había dirigido a Chile, Argentina, Perú, Líbano, Francia (Nueva Caledonia), El Salvador, Haití y Uruguay, para recomendarles que cumplan sus obligaciones internacionales sobre crímenes de desaparición forzada."En España, donde se han impulsado investigaciones de crímenes contra la humanidad cometidos en otros países en numerosas ocasiones, el Ministerio Fiscal no puede ahora poner en duda u oponerse a cumplir con la obligación de investigar los graves crímenes que se cometieron durante la Guerra Civil y el franquismo", ha declarado Esteban Beltrán, "España no puede presentarse ante la comunidad internacional como un Estado que infringe sus obligaciones internacionales".
A este respecto, el historiador Julián Casanova, autor de La Iglesia de Franco, dijo en una entrevista a Público que la reparación será difícil sin que el PP asuma su "trauma franquista" y la Iglesia reconozca su colaboración con los fusilamientos. Además sentenció que "si a Garzón no le dejan, lo hará un juez de fuera" .
Transición
AI destaca que mientras muchos países han utilizado sus procesos de transición para condenar los crímenes del pasado, en España "se han opuesto a sus obligaciones constitucionales e internacionales" y han mirado hacia otro lado. En el listado de países con 'cuentas pendientes' figuran junto a España, Mozambique, Camboya o Colombia. Otros, como Perú o Marruecos, en mayor o menor medida han dado algún paso al respecto para esclarece los crímenes del pasado, asegura AI.Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la dictadura franquista, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en los últimos cuarenta años, por encima de los 30.000 desaparecidos en Argentina o los 45.000 de Guatemala.
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Amnistía Internacional (AI) ha arremetido hoy contra el Ministerio Fiscal por frenar la causa de la Audiencia Nacional sobre los graves crímines perpetrados durante la Guerra Civil y el régimen franquista, y ha exigido al Gobierno garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas en el citado periodo. La ONG pro derechos humanos, en un informe con el pretende reparar el "contexto de desinformación" en torno al proceso abierto por el juez Baltasar Garzón, se ha unido a la recomendación del Comité de Derechos Humanos de la ONU para pedir al Estado que derogue la Ley de Amnistía de 1977.

Informe de AI sobre el proceso de Garzón
DOCUMENTO (PDF - 133,37Kb) - 12-11-2008
Lee de forma íntegra el informe elaborado por AI

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

Más desaparecidos que en Latinoamérica
El director de AI en España, Esteban Beltrán, ha asegurado en rueda de prensa que "España debe garantizar una investigación judicial efectiva sobre las desapariciones forzadas cometidas durante la Guerra Civil y el franquismo". En este sentido, Beltrán ha subrayado que "en España hay más víctimas de desapariciones forzadas, documentadas con nombres y apellidos, que en los últimos 40 años en toda Latinoamérica". Por ello, el director de AI ha recalcado que España debe poner fin a esta situación prolongada de injusticia y reparar el daño a las víctimas de los crímenes del pasado.

Por su parte, la responsable de Investigación de AI, Giulia Tamayo, ha reprochado al Ministerio Fiscal que haya apelado a la Ley de Amnistía de 1997 y a la prescripción de los delitos para frenar la investigación abierta por el juez Baltasar Garzón sobre los crímenes cometidos en la contienda nacional del 36 y el régimen franquista. Tamayo ha explicado que esa actuación del Ministerio Fiscal establece "mecanismos de impunidad incompatibles con la legalidad internacional respecto de crímenes contra la humanidad".

Además, esta responsable de AI que no investigar estos crímenes del pasado supone vulnerar cuatro derechos de las víctimas: igualdad, justicia, libertad de conciencia y culto y familia. Finalmente, Hernando Valencia, doctor en Derecho y ex secretario adjunto de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, aseguró que "la postura de la Fiscalía es tan extravagante, que ignora que desde hace más de 250 años en la tradición constitucionalista, se considera que hay crímenes imprescriptibles", como los cometidos contra la Humanidad. Valencia ha concluido que España no puede seguir "renuente y remisa" frente a disposiciones internacionales legales y debe esclarecer los crímenes de su pasado histórico.

AI propone además la creación de una comisión independiente para establecer "la verdad histórica sobre violaciones de derechos humanos cometidas durante la Guerra Civil y el Franquismo".
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Memoria.- Amnistía Internacional recuerda al Estado que "está ...
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Amnistía Internacional: El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

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España: El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

España (16-10-08)
Víctimas de desaparición forzada durante la guerra civil y el franquismo

El Auto Judicial de Admisión a Trámite es un paso imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas

Las autoridades deben colaborar con la justicia sin dilación

Madrid.- Amnistía Internacional (AI) acoge con satisfacción la decisión del Juez Baltasar Garzón de admitir a trámite las denuncias por desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y el Franquismo presentadas por familiares y organizaciones, integradas en la Plataforma de Desapariciones Forzadas (PVDF).

Con esta decisión, comienza a cobrar forma la obligación del Estado español de investigar la suerte que corrieron numerosas personas y el paradero de sus restos, y representa para muchas familias y organizaciones una señal esperanzadora tras décadas de haber sido privadas del derecho a contar con un recurso efectivo. “Más allá de los actos de homenaje y reparación moral, es tiempo de rehabilitar los derechos de las víctimas. Los familiares de quienes fueron objeto de desaparición forzada no pueden continuar viendo postergado su derecho a saber. Ni el paso del tiempo ni actos políticos de perdón u olvido cancelan la responsabilidad del Estado hacia las víctimas de crímenes atroces como la desaparición forzada”, afirma Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España. Amnistía Internacional pide a todos los poderes públicos que colaboren con la justicia sin dilación. Como consecuencia de esto, las autoridades españolas deben llevar adelante de la manera más diligente todas las actuaciones necesarias en materia de localización de fosas, exhumaciones, identificación de restos y restitución a sus familiares para su inhumación de acuerdo a la voluntad presunta de la persona fallecida o en su defecto de acuerdo a lo que la familia disponga. La organización insta una vez más a las autoridades españolas a dar respuesta a la deuda pendiente hacia las víctimas de la guerra civil y el franquismo, y a hacerlo conforme a las normas internacionales de derechos humanos. Las desapariciones forzadas, como reafirma en su Auto el Juez Baltasar Garzón, son un crimen contra el derecho internacional respecto al cual España tiene obligaciones en materia de verdad, justicia y reparación.

Más informaciónGabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.
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España / Justicia Universal: 10 años de avances importantes, riesgo de retroceso en la actualidad

España / Justicia Universal (15-10-08)

X Aniversario de la detención de Pinochet, hito en la lucha contra la impunidad de las violaciones de los derechos humanos

10 años de avances importantes, riesgo de retroceso en la actualidad

Nuevo Informe de Amnistía Internacional: “España, Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad “

Madrid- La víspera del X Aniversario de la detención de Augusto Pinochet en Londres, Amnistía Internacional conmemora este hito en la lucha contra la impunidad instando a todos los países del mundo, incluida España, a asegurarse de que no se convierten en refugio seguro para quienes violan los derechos humanos.

La detención de Pinochet marcó una nueva era para los derechos humanos. Por un lado, en Chile llevó la esperanza de la justicia a las víctimas de violaciones de derechos humanos cometidas durante el régimen militar y a sus familias. Y por otro, en todo el mundo, los principios jurídicos afirmados por los tribunales en ejercicio de la jurisdicción universal se han convertido en piedras angulares de la lucha de miles de víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familias.
El procesamiento de Pinochet ha inspirado toda una serie de causas judiciales contra violaciones de los derechos humanos durante la década transcurrida desde la detención del ex presidente chileno. Varios presuntos responsables de violaciones de derechos humanos han sido o están siendo investigados o procesados sobre la base de la jurisdicción universal en países como Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Francia, Noruega, Países Bajos, Reino Unido, Senegal, Suecia y Suiza.

“Antes del procedimiento judicial contra Pinochet, los responsables de abusos contra los derechos humanos se sentían a salvo bajo la protección de leyes de amnistía, disposiciones de prescripción o concesiones de inmunidad. Diez años después, delitos como la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales ya no se consideran un problema político que debe ser resuelto por los diplomáticos”, ha manifestado Esteban Beltrán, director de la Sección Española de Amnistía Internacional.

“En varios países, -continúa Beltrán,- se está investigando y procesando a ex jefes de Estado. Los responsables de violaciones de derechos humanos que gozan de protección en su propio país pueden ser procesados en otros países, que actúan en nombre de la comunidad internacional.”
Pese a lo conseguido, queda mucho camino por recorrer para acabar con la impunidad. La Corte Penal Internacional y otros tribunales internacionales sólo pueden hacer rendir cuentas de sus actos a algunos de los responsables de violaciones de los derechos humanos. En opinión de Amnistía Internacional, los Estados, como agentes de la comunidad internacional, deben hacer valer el régimen de derecho construido internacionalmente y en consecuencia perseguir e investigar los delitos y crímenes contra el derecho internacional.

Nuevo Informe
“ESPAÑA: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad”España exhibe una experiencia acumulada en el ejercicio de la jurisdicción universal que la distingue respecto de otros países. En la última década, hasta donde llega el conocimiento de Amnistía Internacional, se han presentado en nuestro país 17 demandas judiciales basadas en jurisdicción universal. De ellas, once han sido admitidas a trámite, sea en fase de instrucción o con auto de procesamiento: Chile (Pinochet y otros), Argentina (solicitud de extradición de 40 personas y caso Cavallo), Guatemala, China (Tibet y Falun Gong), Sahara Occidental, caso Couso, Ruanda, campos de concentración nazis y Palestina / Israel. En un caso –Scilingo, Argentina-, se ha llegado a celebrar un juicio oral que ha terminado en un sentencia condenatoria.El camino recorrido permite identificar obstáculos y amenazas. Estas son las cuestiones que se abordan en el informe ESPAÑA: Ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad, perteneciente a la serie de documentos de investigación “Estrechando el cerco” que Amnistía Internacional inicia con este informe.

Este documento analiza los obstáculos que a nivel legislativo, judicial y de acción del Gobierno que dificultan una efectiva aplicación del principio de jurisdicción universal en España y hasta amenazan con poner en riesgo el futuro mismo de dicho principio. Los obstáculos identificados son incompatibles con las normas internacionales y por tanto pueden comprometer la responsabilidad internacional de España.

Entre los obstáculos más importantes se encuentran la interpretación restrictiva del principio de jurisdicción universal legalmente previsto, la prescripción de algunos delitos de derecho internacional, la falta de voluntad política de cooperar con los tribunales de justicia que ejercen su jurisdicción de conformidad al derecho interno y al derecho internacional, y la injerencia de criterios políticos que pueden afectar las decisiones de la justicia.

Para superar estos obstáculos, Amnistía Internacional ha incluido varias recomendaciones a las autoridades españolas, como la derogación de los apartados 2 y 3 del artículo 7 de la Ley Orgánica 18/2003 de Cooperación con la Corte Penal Internacional (CPI) y una reforma del Código Penal que garantice que todo delito de derecho internacional sea correctamente tipificado de acuerdo a las normas internacionales y sancionado de acuerdo a su gravedad.

Para la organización, los citados artículos de la Ley de Cooperación con la CPI, son contrarios al principio de complementariedad, base del funcionamiento de la Corte Penal Internacional. Dicho principio consagra que, de cometerse alguno de los crímenes competencia de la CPI –genocidio, crímenes de lesa humanidad o crímenes de guerra- en el territorio de un Estado parte o por algunos de sus nacionales, no corresponderá a la CPI intervenir en primera instancia, sino que es un deber de los Estados parte ejercer en primer término su propia jurisdicción penal. Los artículos citados consagran, sin embargo, la regla opuesta.En cuanto a la reforma del Código Penal, Amnistía Internacional estima que es necesaria debido a la práctica de los tribunales españoles de recurrir al derecho internacional sólo como fuente de interpretación -mostrándose reacios a la aplicación directa del mismo.

Todo esto hace que mientras el derecho nacional no tipifique como delito las conductas prohibidas por el derecho internacional, las misma podría quedar impunes. La organización considera especialmente grave el hecho de que el ordenamiento jurídico español no haya definido conforme al derecho internacional el delito de tortura y no haya tipificado adecuadamente los delitos de desaparición forzada de personas, las ejecuciones extralegales y sumarias y los crímenes de índole sexual. Una ciberacción para actuar a favor de la jurisdicción universalAmnistía Internacional también lanza hoy una ciberacción dirigida a las autoridades españolas con el objetivo de asegurar el ejercicio eficaz de la jurisdicción universal por sus tribunales y la colaboración efectiva con otros tribunales nacionales e internacionales en la lucha contra la impunidad. Esta acción, accesible en Internet en http://www.actuaconamnistia.org/, consiste en el envío de mensajes al Ministerio de Justicia apoyando las reformas legislativas citadas.

Amnistía Internacional anima a la ciudadanía a sumarse a esta inicitativa.
Información complementaria sobre el caso Pinochet e impactos de la jurisdicción universal en la lucha contra la impunidadMás de 1.100 personas desaparecieron, más de 2.000 fueron ejecutadas extrajudicialmente y varios miles fueron torturadas durante las casi dos décadas de gobierno militar en Chile.

El general Augusto Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998, sobre la base de una solicitud de extradición presentada por un juez español. La Cámara de los Lores británica resolvió que Pinochet no gozaba de inmunidad procesal como ex jefe de Estado. Además, en este proceso se afirmaron otros importantes principios jurídicos, como el alcance de la jurisdicción universal. Aunque Pinochet pudo regresar a Chile por motivos de salud en el año 2000 y el procedimiento de su extradición se anuló, las decisiones recientes de los tribunales chilenos han posibilitado la reapertura de casos de “desaparición” y ejecución extrajudicial.

Desde entonces, algunos ex jefes de Estado, como Alberto Fujimori en Perú y Hissène Habré en Senegal, están siendo juzgados por tribunales nacionales, mientras otros, como el ex presidente liberiano Charles Taylor, están siendo procesados en tribunales internacionales.

Consulta el informe "España, ejercer la jurisdicción universal para acabar con la impunidad"

Ficheros:
Cronologia_01.pdf
Dossier_Informativo.pdf

Más información
Gabinete de prensa de la Sección Española de Amnistía Internacional, Telf., 91 310 12 77
Centro de Documentación de AI: web.amnesty.org/library/eslindex.
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MADRID, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El consejero jurídico de Amnistía Internacional Hugo Relva calificó hoy de "acertada y positiva" la decisión del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de declararse competente para investigar los crímenes con la humanidad cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo y enfatizó que "ya era hora" de que España investigara "su propio pasado".

En declaraciones a Europa Press, Relva aseguró que la decisión de Garzón se orienta "en la dirección correcta" y recordó que Amnistía Internacional ha pedido durante los últimos años la investigación de "las graves violaciones a los derechos humanos" cometidas durante los años de la Guerra Civil y el Franquismo.

"Así como España ha puesto tanto empeño, por fortuna, en investigar graves violaciones a derechos humanos cometidas en otros países en base al principio de jurisdicción universal, ya era hora de que investigara su propio pasado", defendió.

Además, advirtió de que si todavía quedan personas vivas responsables de alguno de esos crímenes tendrán que comparecer ante los tribunales, aunque reconoció que dependerá de su estado de salud. Garzón reclama en su auto al Ministerio del Interior los datos que identifiquen al máximo número posible de dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio de 1936 hasta el 31 de diciembre de 1951 para que una vez identificados acuerde "lo necesario sobre la imputación y extinción en caso de fallecimiento de su responsabilidad penal".

INDISPENSABLE LA APERTURA DE FOSAS
El consejero jurídico de Amnistía Internacional apuntó además como "absolutamente indispensable" la apertura de las fosas comunes y lamentó que sólo en España se mantengan cerradas. "En todos los demás países se abren, se investiga a quien pertenecen los restos y se les entregan a sus familias", argumentó.

"Lo contrario es impensable --continuó--. No es admisible, no es aceptable que España continúe teniendo fosas comunes que se sabe dónde están y permanecen cerradas sin que las familias puedan averiguar el destino de sus familiares". "Además, no es algo que compete sólo a las familias, hay una obligación del Estado de dilucidar la suerte de las personas allí enterradas", enfatizó.

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