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Garzón: "Lo importante no es quién sea el juez, sino que las cosas se hagan"
El juez cree que las víctimas de la represión y sus familiares "recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda".
EFE - Santiago de Compostela - 02/12/2008 23:36
El juez Baltasar Garzón señaló hoy que "lo importante no es quién sea el juez" que esté a cargo en la investigación de las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, sino "que las cosas se hagan".
En declaraciones a los medios de comunicación, esta tarde en Santiago de Compostela, antes de presentar su libro, Garzón insistió en que la investigación tendrá que realizarse "en los límites establecidos por la propia resolución del juzgado y por la sala de la penal y la Audiencia Nacional".
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decretó la pasada semana que Baltasar Garzón carece de competencias para investigar este caso, por lo que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales.
La mayoría consideró que la Audiencia Nacional no es competente para investigar estos hechos, porque el delito que Garzón imputaba a los responsables del régimen franquista (delito contra altos organismos de la nación) no existía en el momento en que se produjeron las desapariciones.
Garzón se mostró prudente y afirmó no poder opinar todavía sobre ese asunto, y, aunque remarcó que la Audiencia Nacional "ha decidido, no se ha publicado aún una resolución en esa materia", por lo que está pendiente de "conocer los argumentos".
La Ley de Amnistía
El juez aclaró, además, que lo que recogía su auto "no afectaba precisamente a la Ley de Amnistía de 1977", sino que hacía "mención" al Comité de Derechos Humanos, en los que se hace una alusión a la recomendación de derogar esa normativa.
Ante la pregunta de si eso sería factible, matizó que "lo es desde el momento en que se establece la posibilidad de que haya una acción judicial en cada uno de los juzgados competentes" en la materia, siendo cada uno de ellos el que tenga que decidir.
Además, lanzó un mensaje de tranquilidad a las víctimas de la represión y sus familiares, de los que dijo que "tienen que estar tranquilos", porque, en todo caso, "recibirán la respuesta de la Justicia en cada uno de los puntos donde corresponda".
En relación con la recogida de firmas en apoyo a su actuación, manifestó su agradecimiento a los apoyos, si bien puntualizó que "los jueces hacemos lo que debemos, con nuestra obligación y responsabilidad".
Considera Garzón que las resoluciones son fundamentadas y dan respuesta a lo que se ha pedido y, a partir de ahí, "lo más importante no es el juez que lleve esa investigación, sino que la investigación se desarrolle".
Por otra parte, el magistrado respondió a preguntas de los periodistas sobre su postura sobre la investigación del paso por España de vuelos de la CIA con destino a Guantánamo (Cuba), cuya existencia dijo desconocer ayer el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero.
"No es que sea partidario o no -dijo- es que ese asunto ya está investigándose en el Juzgado central de Instrucción número 2" y, a este respecto, manifestó que le parece "muy adecuado" que esa investigación se esté desarrollando y se esclarezca, desde el punto de vista judicial, todo lo que haya sucedido, "porque así debe ser".
"Si hay algún indicio o responsabilidad penal, tendrá que ser el juez el que lo establezca, más allá de las responsabilidades políticas, si es que las hay", apuntó Garzón, quien hizo un llamamiento para que se respeten los tiempos judiciales y los que establezcan, tanto el Ministerio Fiscal como el magistrado encargado de la investigación.
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miércoles, 3 de diciembre de 2008
martes, 2 de diciembre de 2008
Víctimas del terror aún sin voz.
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Víctimas del terror aún sin voz
ADN.es -
Miles de hijos de republicanos fueron presos o arrebatados para robarles la identidad
Marta Rodríguez ADN 01/12/2008
Yo tenía que haber nacido en la prisión". El testimonio es de Antonia Jover, a un paso de los 70 años. A su madre la detuvieron en marzo de 1939, en Alcalá de Henares, a los ocho meses de embarazo. La dejaron dar a luz en libertad y cuando la niña cumplió dos meses, ingresó en la cárcel. Allí estuvo hasta los tres años, cuando vivió con su abuela.
No hay ningún registro oficial que constate el paso de Antonia por la prisión. Su historia no es una excepción, aunque en tres décadas no se ha dado ningún paso para iniciar una investigación oficial sobre la represión franquista. Ni sobre los menores victimizados. Se calcula que la dictadura tuteló a unos 30.000 niños del bando republicano.
Niños "perdidos"
"Al contrario",dice Antonia en el despacho de la Asociación catalana de expresos políticos, "no hemos tenido ni una ayuda ni un perdón, sólo el olvido".
Las condiciones en las prisiones provocaron la muerte de muchos de los niños. El franquismo desoía así la Convención de Ginebra que da a madres y menores una protección especial, señala el profesor del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien lamenta que se silenciara "la represión de género".
Los menores encarcelados no fueron los casos más graves. El magistrado Baltasar Garzón apuntó en el auto en que se inhibió de la causa contra el franquismo a los "niños perdidos" como una gran asignatura pendiente.
El juez afirma que hasta mediados de los años 50, "a través de una andamiaje pseudo jurídico", se dio "cobertura a la sustracción sistemática de niños", hijos de republicanos. Tres son las vías de desaparición infantil durante la dictadura, explica el profesor Rodríguez Arias. A los menores se les arrebata su verdadera identidad y se les otorga una nueva."Son desaparecidos en vida", constata el especialista.
La administración franquista sustraía a los menores de madres republicanas que llegaban a la prisión "embarazadas o que eran violadas allí", de hijos de maquis ,o de "secuestros organizados por el Estado a través de Falange de críos puestos a salvo por la República en colonias infantiles" en el extranjero que eran repatriados al fin de la Guerra Civil.
Garzón recurre a un trabajo de Rodríguez Arias, Los niños perdidos (Tirant lo Blanc), para fundamentar que las desapariciones deben ser investigadas legalmente. El profesor asegura que no hay lugar a dudas de que la desaparición de menores es un "crimen permanente" por el que tarde o temprano España tendrá que rendir cuentas.
EL APUNTE
España incumple los convenios
En países como Argentina, El Salvador o Guatemala, los Gobiernos democráticos han puesto en marcha iniciativas para conocer el paradero de los secuestrados o asesinados. En España ni se ha planteado, lamenta el profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, que sostiene que hay base legal para que los crímenes del franquismo se investiguen. Además, el Ejecutivo incumple la legislación y convenios internacionales de derechos humanos.
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Víctimas del terror aún sin voz
ADN.es -
Miles de hijos de republicanos fueron presos o arrebatados para robarles la identidad
Marta Rodríguez ADN 01/12/2008
Yo tenía que haber nacido en la prisión". El testimonio es de Antonia Jover, a un paso de los 70 años. A su madre la detuvieron en marzo de 1939, en Alcalá de Henares, a los ocho meses de embarazo. La dejaron dar a luz en libertad y cuando la niña cumplió dos meses, ingresó en la cárcel. Allí estuvo hasta los tres años, cuando vivió con su abuela.
No hay ningún registro oficial que constate el paso de Antonia por la prisión. Su historia no es una excepción, aunque en tres décadas no se ha dado ningún paso para iniciar una investigación oficial sobre la represión franquista. Ni sobre los menores victimizados. Se calcula que la dictadura tuteló a unos 30.000 niños del bando republicano.
Niños "perdidos"
"Al contrario",dice Antonia en el despacho de la Asociación catalana de expresos políticos, "no hemos tenido ni una ayuda ni un perdón, sólo el olvido".
Las condiciones en las prisiones provocaron la muerte de muchos de los niños. El franquismo desoía así la Convención de Ginebra que da a madres y menores una protección especial, señala el profesor del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien lamenta que se silenciara "la represión de género".
Los menores encarcelados no fueron los casos más graves. El magistrado Baltasar Garzón apuntó en el auto en que se inhibió de la causa contra el franquismo a los "niños perdidos" como una gran asignatura pendiente.
El juez afirma que hasta mediados de los años 50, "a través de una andamiaje pseudo jurídico", se dio "cobertura a la sustracción sistemática de niños", hijos de republicanos. Tres son las vías de desaparición infantil durante la dictadura, explica el profesor Rodríguez Arias. A los menores se les arrebata su verdadera identidad y se les otorga una nueva."Son desaparecidos en vida", constata el especialista.
La administración franquista sustraía a los menores de madres republicanas que llegaban a la prisión "embarazadas o que eran violadas allí", de hijos de maquis ,o de "secuestros organizados por el Estado a través de Falange de críos puestos a salvo por la República en colonias infantiles" en el extranjero que eran repatriados al fin de la Guerra Civil.
Garzón recurre a un trabajo de Rodríguez Arias, Los niños perdidos (Tirant lo Blanc), para fundamentar que las desapariciones deben ser investigadas legalmente. El profesor asegura que no hay lugar a dudas de que la desaparición de menores es un "crimen permanente" por el que tarde o temprano España tendrá que rendir cuentas.
EL APUNTE
España incumple los convenios
En países como Argentina, El Salvador o Guatemala, los Gobiernos democráticos han puesto en marcha iniciativas para conocer el paradero de los secuestrados o asesinados. En España ni se ha planteado, lamenta el profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, que sostiene que hay base legal para que los crímenes del franquismo se investiguen. Además, el Ejecutivo incumple la legislación y convenios internacionales de derechos humanos.
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jueves, 27 de noviembre de 2008
ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado a las víctimas de Franco
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ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado ...
Mientras el PP lo califica de "broma macabra"
ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado a las víctimas de Franco0
2:35h. del Jueves, 27 de noviembre. elplural.com
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamó el martes por la tarde sin éxito en el Congreso de los Diputados que el Rey pidiera perdón en nombre del Estado español a las víctimas del franquismo. Esta exigencia es uno de los puntos contenidos en la proposición de ley que Joan Tardà defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados para modificar la ley conocida como de memoria histórica.
Sólo se debatía su toma en consideración, es decir, su admisión a trámite, pero únicamente obtuvo para ello el respaldo expreso del PNV, Nafarroa Bai y Bloque Nacionalista Galego, según informa Eco Diario. Tanto el PP como el PSOE, partidos mayoritarios, rechazaron la proposición.
Llenar vacíos
La iniciativa es exigente y pretende llenar los vacíos que, según los republicanos, tiene la ley impulsada por el Ejecutivo socialista, al tiempo que incluye propuestas concretas para ampliar el colectivo de quienes tendrían derecho a ser reconocidos como víctimas. "No hay reconciliación sobre el olvido", proclamó Tardá en contra de las tesis de la Conferencia Episcopal, representada en las declaraciones del lunes por el cardenal Arzobispo Antonio María Rouco Varela.
La República, precursora del presente
La iniciativa de ERC también pretendía que se reconociera a la Segunda República como "precursora" del actual sistema político, por ejemplo designando el 14 de abril, día de su proclamación, como Día de la Memoria Histórica.
Que el Rey pida perdón
Pero quizá el punto más destacado de la proposición es el que afirma que correspondería al Rey "formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana". Tardà recordó que Juan Carlos de Borbón "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional" y por ello "se le debe exigir un acto de honradez y de coherencia para simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado".
Anulación de todas las sentencias
La proposición incluye la anulación de todas las sentencias dictadas por tribunales de la dictadura, no sólo por ilegítimos sino también por ilegales, como única vía para resarcir a quienes fueron víctimas del régimen, ya que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sigue negando las revisiones.
"Bromas macabras"
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz fue el único que tomó la palabra para pronunciarse expresamente en contra de la iniciativa de ERC y lo hizo para denunciar "las bromas macabras y pesadas" que contiene, como "el disparate" de establecer por ley que la República es precusora del actual sistema político.
A pesar de sus duras críticas al texto, Fernández Díaz responsabilizó al PSOE del clima que ha permitido que este tipo de proposiciones se debatan en el Parlamento.
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ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado ...
Mientras el PP lo califica de "broma macabra"
ERC reclama sin éxito que el Rey pida perdón en nombre del Estado a las víctimas de Franco0
2:35h. del Jueves, 27 de noviembre. elplural.com
Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) reclamó el martes por la tarde sin éxito en el Congreso de los Diputados que el Rey pidiera perdón en nombre del Estado español a las víctimas del franquismo. Esta exigencia es uno de los puntos contenidos en la proposición de ley que Joan Tardà defendió ante el pleno del Congreso de los Diputados para modificar la ley conocida como de memoria histórica.
Sólo se debatía su toma en consideración, es decir, su admisión a trámite, pero únicamente obtuvo para ello el respaldo expreso del PNV, Nafarroa Bai y Bloque Nacionalista Galego, según informa Eco Diario. Tanto el PP como el PSOE, partidos mayoritarios, rechazaron la proposición.
Llenar vacíos
La iniciativa es exigente y pretende llenar los vacíos que, según los republicanos, tiene la ley impulsada por el Ejecutivo socialista, al tiempo que incluye propuestas concretas para ampliar el colectivo de quienes tendrían derecho a ser reconocidos como víctimas. "No hay reconciliación sobre el olvido", proclamó Tardá en contra de las tesis de la Conferencia Episcopal, representada en las declaraciones del lunes por el cardenal Arzobispo Antonio María Rouco Varela.
La República, precursora del presente
La iniciativa de ERC también pretendía que se reconociera a la Segunda República como "precursora" del actual sistema político, por ejemplo designando el 14 de abril, día de su proclamación, como Día de la Memoria Histórica.
Que el Rey pida perdón
Pero quizá el punto más destacado de la proposición es el que afirma que correspondería al Rey "formalizar solemnemente en nombre del Estado las demandas de perdón a las víctimas de las consecuencias del levantamiento militar contra la Constitución Republicana". Tardà recordó que Juan Carlos de Borbón "juró los principios fundamentales del Movimiento Nacional" y por ello "se le debe exigir un acto de honradez y de coherencia para simbolizar la plena superación por la democracia del pasado autoritario del Estado".
Anulación de todas las sentencias
La proposición incluye la anulación de todas las sentencias dictadas por tribunales de la dictadura, no sólo por ilegítimos sino también por ilegales, como única vía para resarcir a quienes fueron víctimas del régimen, ya que la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo sigue negando las revisiones.
"Bromas macabras"
El diputado del PP Jorge Fernández Díaz fue el único que tomó la palabra para pronunciarse expresamente en contra de la iniciativa de ERC y lo hizo para denunciar "las bromas macabras y pesadas" que contiene, como "el disparate" de establecer por ley que la República es precusora del actual sistema político.
A pesar de sus duras críticas al texto, Fernández Díaz responsabilizó al PSOE del clima que ha permitido que este tipo de proposiciones se debatan en el Parlamento.
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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las ...
Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (http://www.mjusticia.es/ ) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
Requisitos para obtener la declaración
IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
MÁS DE 100 FOSAS EN EL JUZGADO
La memoria llega a Suiza
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados. En caso de fallecimiento de éstos, sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Si no tuvieran familiares, las instituciones públicas en las que los afectados hubieran desempeñado un cargo relevante.
- Documentos. Los solicitantes deben acreditar la identidad del afectado (o de su parentesco con él). En caso de que la solicitud sea formulada por una institución, ésta debe presentar su identificación y la representación del solicitante, entre otras cosas. Además, en todos los casos deben presentarse documentos que acrediten los hechos alegados.
- Efectos. La declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ni da lugar a indemnizaciones.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el reconocimiento del Estado
EcoDiario.es 8:19 - 27/11/2008
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los familiares de las víctimas del franquismo recibirán antes de que finalice el año las primeras declaraciones de reparación y reconomiento personal según queda establecido en la Ley de Memoria Histórica. No obstante, este documento no da derecho a indemnizaciones ni depura responsabilidades.
Hasta el momento el Gobierno ha recibido168 solicitudes de aquellos que padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa". Este reconocimiento es el que queda recogido en el artículo 4 de la Ley de Memoria y que contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura sufrieron algún tipo de violencia.
No obstante, el documento también aclara que el reconocimiento no supone responsabilidad patrimonial alguna del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través de www.mjusticia.es se puede acceder tanto a la documentación como comprobar cuáles son los requisitos marcados para obtener el documento de reconocimiento de víctima del Franquismo.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
ecodiario -
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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las ...
Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (http://www.mjusticia.es/ ) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
Requisitos para obtener la declaración
IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
MÁS DE 100 FOSAS EN EL JUZGADO
La memoria llega a Suiza
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados. En caso de fallecimiento de éstos, sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Si no tuvieran familiares, las instituciones públicas en las que los afectados hubieran desempeñado un cargo relevante.
- Documentos. Los solicitantes deben acreditar la identidad del afectado (o de su parentesco con él). En caso de que la solicitud sea formulada por una institución, ésta debe presentar su identificación y la representación del solicitante, entre otras cosas. Además, en todos los casos deben presentarse documentos que acrediten los hechos alegados.
- Efectos. La declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ni da lugar a indemnizaciones.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el reconocimiento del Estado
EcoDiario.es 8:19 - 27/11/2008
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los familiares de las víctimas del franquismo recibirán antes de que finalice el año las primeras declaraciones de reparación y reconomiento personal según queda establecido en la Ley de Memoria Histórica. No obstante, este documento no da derecho a indemnizaciones ni depura responsabilidades.
Hasta el momento el Gobierno ha recibido168 solicitudes de aquellos que padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa". Este reconocimiento es el que queda recogido en el artículo 4 de la Ley de Memoria y que contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura sufrieron algún tipo de violencia.
No obstante, el documento también aclara que el reconocimiento no supone responsabilidad patrimonial alguna del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través de www.mjusticia.es se puede acceder tanto a la documentación como comprobar cuáles son los requisitos marcados para obtener el documento de reconocimiento de víctima del Franquismo.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
ecodiario -
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lunes, 17 de noviembre de 2008
No es la sociedad civil. Es el Estado
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No es la sociedad civil. Es el Estado
30 países revisan su pasado más trágico y dejan en evidencia la escasa implicación del Gobierno español - Asociaciones de familiares han desenterrado ya 4.000 víctimas de la Guerra Civil
NATALIA JUNQUERA 17/11/2008
El cazo de la excavadora sacó una de las botas de Emilio Silva Faba, asesinado el 16 de octubre de 1936 en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo. Eran las 11 de la mañana del 28 de octubre del año 2000. Entonces, su nieto, Emilio Silva, aún pensaba que estaba resolviendo un problema familiar, enterrando a su abuelo con su abuela. Pero la imagen de aquel hombre desenterrando a otro fusilado durante la guerra provocó que los familiares de las víctimas comenzaran a perder el miedo a recordar a sus muertos e, inmediatamente después, que despertara en ellos el deseo imparable de imitar a Silva y rescatar también a los suyos de las cunetas donde los habían arrojado sus asesinos. El deseo se convirtió en reivindicación. Así nació el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Las familias ya han recuperado más de 4.000 cadáveres de la Guerra Civil
"Ningún otro país subcontrata la búsqueda de las víctimas"
Mohamed VI pidió perdón a los damnificados del reinado de su padre
"En Chile me decían: 'Garzón se atreve con Pinochet. ¿Y lo vuestro, qué?"
Países con muchos riesgos han sido menos cautos que España
La reparación a las víctimas ha calado en el derecho internacional
Desde entonces, las asociaciones de familiares han recuperado más de 4.000 cuerpos de cerca de 200 fosas comunes de la Guerra Civil. Lo han hecho gracias a un ejército de voluntarios, en el que nunca ha faltado un equipo profesional de forenses, antropólogos y arqueólogos.
La sociedad ha ido por delante de los gobiernos en casi todos los Estados, más de una treintena, que en los últimos años han revisado su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos. Pero aunque el proceso de recuperación de la memoria histórica prende siempre en la sociedad civil, en asociaciones de víctimas o familiares, es el Estado, a través de su autoridad administrativa y judicial, el único que puede llevarlos a cabo. Es el Estado quien acaba asumiendo la tutela del proceso. En España no ha sido así. El Gobierno se mantiene en un segundo plano.
Desde hace dos años, el Ejecutivo concede subvenciones a las asociaciones para realizar exhumaciones tal y como prevé la ley de memoria histórica. En su artículo 12, el texto afirma: "Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore". El Estado facilita, colabora y subvenciona las exhumaciones.
"España es el único país en el que el Estado subcontrata a los familiares de las víctimas para localizar a las víctimas", denunció Esteban Beltrán, presidente en España de Amnistía Internacional, en la presentación del informe La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. "Hemos analizado procesos de este tipo en 30 países y España es una excepción casi mundial. En la inmensa mayoría ha sido la fiscalía quien ha pedido e iniciado la investigación de las violaciones de Derechos Humanos", añadió.
"En A rgentina no se exhuma un cuerpo sin una autorización judicial", explica Mercedes Salado, miembro del equipo argentino de antropología forense, que además de buscar, desenterrar e identificar a las víctimas de la su propia dictadura militar, ha trabajado, a petición de sus gobiernos, en 40 países. "Nos han llamado de las comisiones de la verdad de Suráfrica o Perú. Hemos trabajado para el Tribunal Internacional de La Haya con el caso de Bosnia, Croacia y Kosovo (1997-2000) y también para organizaciones de derechos humanos o asociaciones de familiares. En Ciudad Juárez nos llamaron para investigar las muertes de las mujeres y nos pidieron que no fuera ningún hombre del equipo. También nos llaman de Cruz Roja, de Naciones Unidas (Sudán, Togo), de la comisión presidencial de Uruguay... Hay varias fórmulas para afrontar estos procesos pero en casi todas, aunque no haya una búsqueda de responsabilidades penales, hay una judicialización de los casos", añade.
Salado considera, como experta y como sobrina nieta de un desaparecido de la Guerra Civil, que la Ley de Memoria Histórica "es un inicio". "Emilio [Silva] nos envió una copia del borrador de la ley nacional y de la catalana para que lo revisáramos y pudiéramos hacer enmiendas. La ley de memoria es incompleta, pero abre un marco. No hay, en ella, un papel activo del Estado en el esclarecimiento de esos crímenes, porque el Estado no asume esa responsabilidad, pero creo que abre un espacio para llevar a cabo otros intentos. El primer borrador del memorial democrático catalán era una locura porque había fosas de carácter prioritario: las que tuvieran víctimas nacidas en Cataluña. Que se plantearan abrir una fosa para sacar sólo a catalanes era una aberración".
El equipo de antropología forense en el que trabaja Mercedes Salado ha recuperado 1.100 esqueletos en 24 años, pero sólo ha identificado a 300. En el próximo año esperan poder hacerlo con otros 300. El reciente viaje a España de un grupo de forenses argentinos para recoger muestras de ADN se enmarca dentro de ese objetivo.
Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco, el hombre que ayudó aquel 28 de octubre de 2000 a desenterrar el cuerpo de Emilio Silva Faba, considera que España "ha hecho poco en políticas de la memoria". También ha trabajado en procesos similares en otros países como perito en procedimientos abiertos por vía penal. El Gobierno chileno le llamó para asesorar a la comisión de derechos humanos que investiga los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. De esa experiencia concluye: "En el proceso de Chile hay dos raíles paralelos, el político y judicial, y por ellos transita el tren de los derechos humanos. En España, que tiene muchos más desaparecidos que Chile, no es así. Esto no estaba en el programa de ningún partido político, surgió por la presión de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay tres pilares: derecho a la verdad, justicia y reparación. La ley de memoria histórica se apoya sólo en dos. El segundo, la justicia, no lo toca y es ahí donde irrumpe Garzón", explica Etxeberria, uno de los siete expertos que asesora al juez en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. "En Chile les sorprendía mucho que no hubiera una presencia oficial, de las autoridades en todo esto. Solían preguntarme: 'Garzón se atreve con Pinochet, ¿y lo de España, qué?".
El juez Baltasar Garzón se atrevió finalmente el pasado 16 de octubre con un auto que prometía "el fin de la impunidad" y que en 68 páginas logró satisfacer una espera de 70 años, según declararon los propios familiares de las víctimas. Pero el hecho de que un juez pretendiera abrir, casi una vida después, una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil hizo saltar todas las alarmas. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reunió con una urgencia sin precedentes para paralizar la apertura de fosas autorizadas por Garzón.
Éste es uno de los rasgos que más sorprende a los especialistas que han vivido procesos similares en varios países. "España es un caso peculiar porque podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho sin correr ningún riesgo", explica Pablo de Greiff, director de la Unidad de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que ha asesorado a 33 estados en procesos de este tipo. Los riesgos que han asumido la mayoría de los países que han abordado el problema en regímenes aún tambaleantes, como acto fundacional de la democracia, en un momento todavía muy próximo a la comisión de los delitos y con sus autores todavía vivos, no se dan en España, que arranca el proceso 70 años después, en una democracia estable y con los verdugos ya fallecidos. "En ese contexto, la Ley de Memoria Histórica es una medida ostensiblemente tímida en todos los campos", añade de Greiff. "Ni siquiera anula las sentencias de los tribunales franquistas. Con relación a los riesgos que ha enfrentado cada uno de los países en estos procesos y las medidas que ha llevado a cabo, España es el país más tímido en todos los campos: verdad, reparación y justicia".
Ese miedo a reabrir heridas, a fulminar el espíritu de la Transición, que lleva al Gobierno a declarar ilegítimos a los jueces franquistas pero a no anular sus condenas, convierte a España en una excepción mundial, según Amnistía Internacional. "Es difícil encontrar un país que no haya creado una comisión de la verdad. España está en un momento crucial de su historia y está dando la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad", añadió Esteban Beltrán, presidente de la organización en España.
Esa reivindicación de los familiares ha terminado calando en el derecho internacional y de los derechos humanos, hasta el punto de que ha surgido un "derecho a la reparación". "Nace en el tránsito a la democracia en el Cono Sur y la caída del muro de Berlín. Se incorpora al derecho internacional y de allí salta a las agendas políticas", explica Felipe Gómez Isa, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. En 1985 en el séptimo congreso de la ONU sobre la prevención del crimen, se adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder. Desde entonces, Naciones Unidas lidera un proceso de precisión jurídica y conceptual del derecho a la reparación que pueda servir a los Estados para aportar un marco general de políticas de reparaciones.
El embajador de Marruecos en España y ex ministro de Justicia marroquí, Omar Azziman, uno de los padres de la llamada Instancia Equidad y Reconciliación, que investigó los crímenes cometidos en el reinado de Hassan II, explica: "Son procesos arriesgados. En Marruecos lo hicimos de forma progresiva. En un primer momento (1999-2003) el Estado reconoció que se habían cometido violaciones de los derechos humanos y se creó una comisión que se llamó Instancia Independiente de Arbitraje para indemnizar a las víctimas. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que habíamos hecho no era suficiente y le propusimos al Rey la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación para investigar las desapariciones forzadas, rehabilitar la memoria, restaurar los daños causados, estar en paz. Muchos miembros del Consejo pensaban que se había hecho ya suficiente y que intentar hacer más podía abrir heridas y poner en riesgo la transición democrática. Yo pensaba exactamente lo contrario, que con las secuelas que habían dejado esas violaciones de los derechos humanos, con ese trauma colectivo en la memoria, era imposible avanzar por el camino hacia la democracia y que aquello terminaría explotando tarde o temprano. El rey lo comprendió perfectamente y nombró a los miembros de la comisión. Fue muy audaz".
La Instancia Equidad y Reconciliación resolvió 742 casos de desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1956 y 1999. Las víctimas recibieron una carta en la que el Estado les pedía perdón por ello. Durante varios días, ocuparon la televisión para relatar el horror vivido.
"España escogió otro camino. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la Transición en que lo importante era el futuro. Redactaron una Constitución muy generosa con todo tipo de garantías para prevenir que aquello no volviera a ocurrir. Pensaron que estaba todo resuelto, pero 30 años después nos damos cuenta de que no. La memoria es una necesidad de la sociedad", añadió Azziman.
El catedrático de psiquiatría y académico de la Real Academia Española Carlos Castilla del Pino, que ha tratado a muchas víctimas de la Guerra Civil asegura: "Un país que no revisa su pasado es menos sano mentalmente. Lo sensato es recordar, que es tanto como evitar repetir errores en el futuro. No es verdad que recordar sea reabrir heridas. No he visto revanchismo. El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que ponerle fin a ese trauma interminable".
Políticas de memoria y reparación a las víctimas
- Argentina. Anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores y convirtió el símbolo del terror practicado por las juntas militares durante la dictadura (1976-1983), la ESMA, en un Museo de la Memoria.
- Chile. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. La presidenta del país fue víctima.
- Guatemala. El estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la iglesia.
- Marruecos. El Rey Mohamed VI creó una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. Pidió perdón a las víctimas y se comprometió a hacer cambios en su Constitución para evitar que lo ocurrido se volviera a repetir.
- Suráfrica. Reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas difíciles de cumplir en el contexto de pobreza que vive el país.
- Alemania.Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial ya habían destruido los símbolos nazis. La cuestión más controvertida era el derecho. En 1998, el Parlamento aprobó una ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos.
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No es la sociedad civil. Es el Estado
30 países revisan su pasado más trágico y dejan en evidencia la escasa implicación del Gobierno español - Asociaciones de familiares han desenterrado ya 4.000 víctimas de la Guerra Civil
NATALIA JUNQUERA 17/11/2008
El cazo de la excavadora sacó una de las botas de Emilio Silva Faba, asesinado el 16 de octubre de 1936 en una cuneta cercana a Priaranza del Bierzo. Eran las 11 de la mañana del 28 de octubre del año 2000. Entonces, su nieto, Emilio Silva, aún pensaba que estaba resolviendo un problema familiar, enterrando a su abuelo con su abuela. Pero la imagen de aquel hombre desenterrando a otro fusilado durante la guerra provocó que los familiares de las víctimas comenzaran a perder el miedo a recordar a sus muertos e, inmediatamente después, que despertara en ellos el deseo imparable de imitar a Silva y rescatar también a los suyos de las cunetas donde los habían arrojado sus asesinos. El deseo se convirtió en reivindicación. Así nació el movimiento para la recuperación de la memoria histórica.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Las familias ya han recuperado más de 4.000 cadáveres de la Guerra Civil
"Ningún otro país subcontrata la búsqueda de las víctimas"
Mohamed VI pidió perdón a los damnificados del reinado de su padre
"En Chile me decían: 'Garzón se atreve con Pinochet. ¿Y lo vuestro, qué?"
Países con muchos riesgos han sido menos cautos que España
La reparación a las víctimas ha calado en el derecho internacional
Desde entonces, las asociaciones de familiares han recuperado más de 4.000 cuerpos de cerca de 200 fosas comunes de la Guerra Civil. Lo han hecho gracias a un ejército de voluntarios, en el que nunca ha faltado un equipo profesional de forenses, antropólogos y arqueólogos.
La sociedad ha ido por delante de los gobiernos en casi todos los Estados, más de una treintena, que en los últimos años han revisado su pasado más trágico para destapar los crímenes cometidos en guerras o dictaduras, reparar a sus víctimas y condenar a sus verdugos. Pero aunque el proceso de recuperación de la memoria histórica prende siempre en la sociedad civil, en asociaciones de víctimas o familiares, es el Estado, a través de su autoridad administrativa y judicial, el único que puede llevarlos a cabo. Es el Estado quien acaba asumiendo la tutela del proceso. En España no ha sido así. El Gobierno se mantiene en un segundo plano.
Desde hace dos años, el Ejecutivo concede subvenciones a las asociaciones para realizar exhumaciones tal y como prevé la ley de memoria histórica. En su artículo 12, el texto afirma: "Las Administraciones públicas, en el marco de sus competencias, facilitarán a los descendientes directos de las víctimas que así lo soliciten las actividades de indagación, localización e identificación de las personas desaparecidas violentamente durante la Guerra Civil o la represión política posterior y cuyo paradero se ignore". El Estado facilita, colabora y subvenciona las exhumaciones.
"España es el único país en el que el Estado subcontrata a los familiares de las víctimas para localizar a las víctimas", denunció Esteban Beltrán, presidente en España de Amnistía Internacional, en la presentación del informe La obligación de investigar los crímenes del pasado y garantizar los derechos de las víctimas de desaparición forzada durante la Guerra Civil y el Franquismo. "Hemos analizado procesos de este tipo en 30 países y España es una excepción casi mundial. En la inmensa mayoría ha sido la fiscalía quien ha pedido e iniciado la investigación de las violaciones de Derechos Humanos", añadió.
"En A rgentina no se exhuma un cuerpo sin una autorización judicial", explica Mercedes Salado, miembro del equipo argentino de antropología forense, que además de buscar, desenterrar e identificar a las víctimas de la su propia dictadura militar, ha trabajado, a petición de sus gobiernos, en 40 países. "Nos han llamado de las comisiones de la verdad de Suráfrica o Perú. Hemos trabajado para el Tribunal Internacional de La Haya con el caso de Bosnia, Croacia y Kosovo (1997-2000) y también para organizaciones de derechos humanos o asociaciones de familiares. En Ciudad Juárez nos llamaron para investigar las muertes de las mujeres y nos pidieron que no fuera ningún hombre del equipo. También nos llaman de Cruz Roja, de Naciones Unidas (Sudán, Togo), de la comisión presidencial de Uruguay... Hay varias fórmulas para afrontar estos procesos pero en casi todas, aunque no haya una búsqueda de responsabilidades penales, hay una judicialización de los casos", añade.
Salado considera, como experta y como sobrina nieta de un desaparecido de la Guerra Civil, que la Ley de Memoria Histórica "es un inicio". "Emilio [Silva] nos envió una copia del borrador de la ley nacional y de la catalana para que lo revisáramos y pudiéramos hacer enmiendas. La ley de memoria es incompleta, pero abre un marco. No hay, en ella, un papel activo del Estado en el esclarecimiento de esos crímenes, porque el Estado no asume esa responsabilidad, pero creo que abre un espacio para llevar a cabo otros intentos. El primer borrador del memorial democrático catalán era una locura porque había fosas de carácter prioritario: las que tuvieran víctimas nacidas en Cataluña. Que se plantearan abrir una fosa para sacar sólo a catalanes era una aberración".
El equipo de antropología forense en el que trabaja Mercedes Salado ha recuperado 1.100 esqueletos en 24 años, pero sólo ha identificado a 300. En el próximo año esperan poder hacerlo con otros 300. El reciente viaje a España de un grupo de forenses argentinos para recoger muestras de ADN se enmarca dentro de ese objetivo.
Francisco Etxeberria, médico forense de la Universidad del País Vasco, el hombre que ayudó aquel 28 de octubre de 2000 a desenterrar el cuerpo de Emilio Silva Faba, considera que España "ha hecho poco en políticas de la memoria". También ha trabajado en procesos similares en otros países como perito en procedimientos abiertos por vía penal. El Gobierno chileno le llamó para asesorar a la comisión de derechos humanos que investiga los crímenes cometidos durante la época de Pinochet. De esa experiencia concluye: "En el proceso de Chile hay dos raíles paralelos, el político y judicial, y por ellos transita el tren de los derechos humanos. En España, que tiene muchos más desaparecidos que Chile, no es así. Esto no estaba en el programa de ningún partido político, surgió por la presión de la sociedad civil. En estos procesos siempre hay tres pilares: derecho a la verdad, justicia y reparación. La ley de memoria histórica se apoya sólo en dos. El segundo, la justicia, no lo toca y es ahí donde irrumpe Garzón", explica Etxeberria, uno de los siete expertos que asesora al juez en el proceso abierto en la Audiencia Nacional. "En Chile les sorprendía mucho que no hubiera una presencia oficial, de las autoridades en todo esto. Solían preguntarme: 'Garzón se atreve con Pinochet, ¿y lo de España, qué?".
El juez Baltasar Garzón se atrevió finalmente el pasado 16 de octubre con un auto que prometía "el fin de la impunidad" y que en 68 páginas logró satisfacer una espera de 70 años, según declararon los propios familiares de las víctimas. Pero el hecho de que un juez pretendiera abrir, casi una vida después, una investigación sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil hizo saltar todas las alarmas. El pleno de la sala de lo penal de la Audiencia Nacional se reunió con una urgencia sin precedentes para paralizar la apertura de fosas autorizadas por Garzón.
Éste es uno de los rasgos que más sorprende a los especialistas que han vivido procesos similares en varios países. "España es un caso peculiar porque podía haber hecho mucho más de lo que ha hecho sin correr ningún riesgo", explica Pablo de Greiff, director de la Unidad de investigación del Centro Internacional para la Justicia Transicional, que ha asesorado a 33 estados en procesos de este tipo. Los riesgos que han asumido la mayoría de los países que han abordado el problema en regímenes aún tambaleantes, como acto fundacional de la democracia, en un momento todavía muy próximo a la comisión de los delitos y con sus autores todavía vivos, no se dan en España, que arranca el proceso 70 años después, en una democracia estable y con los verdugos ya fallecidos. "En ese contexto, la Ley de Memoria Histórica es una medida ostensiblemente tímida en todos los campos", añade de Greiff. "Ni siquiera anula las sentencias de los tribunales franquistas. Con relación a los riesgos que ha enfrentado cada uno de los países en estos procesos y las medidas que ha llevado a cabo, España es el país más tímido en todos los campos: verdad, reparación y justicia".
Ese miedo a reabrir heridas, a fulminar el espíritu de la Transición, que lleva al Gobierno a declarar ilegítimos a los jueces franquistas pero a no anular sus condenas, convierte a España en una excepción mundial, según Amnistía Internacional. "Es difícil encontrar un país que no haya creado una comisión de la verdad. España está en un momento crucial de su historia y está dando la espalda a su obligación de investigar delitos de derecho internacional constitutivos de crímenes contra la humanidad", añadió Esteban Beltrán, presidente de la organización en España.
Esa reivindicación de los familiares ha terminado calando en el derecho internacional y de los derechos humanos, hasta el punto de que ha surgido un "derecho a la reparación". "Nace en el tránsito a la democracia en el Cono Sur y la caída del muro de Berlín. Se incorpora al derecho internacional y de allí salta a las agendas políticas", explica Felipe Gómez Isa, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Deusto. En 1985 en el séptimo congreso de la ONU sobre la prevención del crimen, se adoptó la Declaración sobre los Principios Fundamentales de justicia para víctimas de delitos y del abuso de poder. Desde entonces, Naciones Unidas lidera un proceso de precisión jurídica y conceptual del derecho a la reparación que pueda servir a los Estados para aportar un marco general de políticas de reparaciones.
El embajador de Marruecos en España y ex ministro de Justicia marroquí, Omar Azziman, uno de los padres de la llamada Instancia Equidad y Reconciliación, que investigó los crímenes cometidos en el reinado de Hassan II, explica: "Son procesos arriesgados. En Marruecos lo hicimos de forma progresiva. En un primer momento (1999-2003) el Estado reconoció que se habían cometido violaciones de los derechos humanos y se creó una comisión que se llamó Instancia Independiente de Arbitraje para indemnizar a las víctimas. Pero luego nos dimos cuenta de que lo que habíamos hecho no era suficiente y le propusimos al Rey la creación de la Instancia Equidad y Reconciliación para investigar las desapariciones forzadas, rehabilitar la memoria, restaurar los daños causados, estar en paz. Muchos miembros del Consejo pensaban que se había hecho ya suficiente y que intentar hacer más podía abrir heridas y poner en riesgo la transición democrática. Yo pensaba exactamente lo contrario, que con las secuelas que habían dejado esas violaciones de los derechos humanos, con ese trauma colectivo en la memoria, era imposible avanzar por el camino hacia la democracia y que aquello terminaría explotando tarde o temprano. El rey lo comprendió perfectamente y nombró a los miembros de la comisión. Fue muy audaz".
La Instancia Equidad y Reconciliación resolvió 742 casos de desapariciones forzadas y torturas cometidas entre 1956 y 1999. Las víctimas recibieron una carta en la que el Estado les pedía perdón por ello. Durante varios días, ocuparon la televisión para relatar el horror vivido.
"España escogió otro camino. Las fuerzas políticas se pusieron de acuerdo en la Transición en que lo importante era el futuro. Redactaron una Constitución muy generosa con todo tipo de garantías para prevenir que aquello no volviera a ocurrir. Pensaron que estaba todo resuelto, pero 30 años después nos damos cuenta de que no. La memoria es una necesidad de la sociedad", añadió Azziman.
El catedrático de psiquiatría y académico de la Real Academia Española Carlos Castilla del Pino, que ha tratado a muchas víctimas de la Guerra Civil asegura: "Un país que no revisa su pasado es menos sano mentalmente. Lo sensato es recordar, que es tanto como evitar repetir errores en el futuro. No es verdad que recordar sea reabrir heridas. No he visto revanchismo. El odio muere, se extingue, pero la necesidad de ponerle nombre a los muertos, de honrarlos, no. Siempre llega un momento en que hay que ponerle fin a ese trauma interminable".
Políticas de memoria y reparación a las víctimas
- Argentina. Anuló las leyes de Obediencia Debida y Punto final (similares a una amnistía), juzgó y condenó a los represores y convirtió el símbolo del terror practicado por las juntas militares durante la dictadura (1976-1983), la ESMA, en un Museo de la Memoria.
- Chile. Las primeras excavaciones de fosas comunes comienzan durante la dictadura de Pinochet (1973-1990), lideradas por la Iglesia. Familiares de más de 3.000 ejecutados y de casi 30.000 torturados reciben pensiones económicas y servicios gratuitos. La presidenta del país fue víctima.
- Guatemala. El estado corre con los gastos de las exhumaciones en cementerios clandestinos e indemniza a las víctimas. Cuenta con el apoyo de la iglesia.
- Marruecos. El Rey Mohamed VI creó una comisión de la verdad para investigar las desapariciones, detenciones, torturas, violaciones y ejecuciones cometidas entre 1956-1999. Pidió perdón a las víctimas y se comprometió a hacer cambios en su Constitución para evitar que lo ocurrido se volviera a repetir.
- Suráfrica. Reconoció los terribles crímenes en audiencias públicas. No juzgó a los culpables. Estableció medidas de compensación económica para las víctimas difíciles de cumplir en el contexto de pobreza que vive el país.
- Alemania.Las potencias vencedoras de la Segunda Guerra mundial ya habían destruido los símbolos nazis. La cuestión más controvertida era el derecho. En 1998, el Parlamento aprobó una ley que anulaba las sentencias dictadas por el Tribunal Popular o en juicios militares sumarísimos.
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jueves, 13 de noviembre de 2008
AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la ...
AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
Amnistía Internacional critica a la Fiscalía por "obstaculizar" la causa y dice que indagar las muertes "no es un dilema moral"Agencias / Madrid Actualizado 13.11.2008 - 05:05
La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
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Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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Amnistía ve "obligado" investigar el franquismo
El Periódico de Aragón -
Amnistía Internacional critica que España "obstaculice" la ...
elplural.com -
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la ...
AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
Amnistía Internacional critica a la Fiscalía por "obstaculizar" la causa y dice que indagar las muertes "no es un dilema moral"Agencias / Madrid Actualizado 13.11.2008 - 05:05
La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
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Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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Amnistía ve "obligado" investigar el franquismo
El Periódico de Aragón -
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sábado, 1 de noviembre de 2008
Los derechos de las víctimas, por Hernando Valencia Villa
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Los derechos de las víctimas,
Los derechos de las víctimas
01 Nov 2008
HERNANDO VALENCIA VILLA
Puesto que la historia siempre ha sido escrita por los vencedores, la idea según la cual todas las víctimas tienen derechos resulta todavía muy difícil de aceptar por los partidos políticos conservadores y los sectores sociales privilegiados. En España se advierte hoy esta misma reacción autoritaria y defensiva del antiguo régimen en la virulenta oposición de la Fiscalía y de la derecha a la gestión del juez Baltasar Garzón para esclarecer, castigar y reparar los crímenes atroces e impunes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Pero en estos últimos años se ha consolidado ya la legalidad internacional sobre los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, al punto que puede afirmarse con certeza que tales derechos están codificados en una decisión global de carácter fundamental, y que todos los Estados están obligados a protegerlos y hacerlos efectivos.
El llamado “derecho de las víctimas a la justicia”, en su triple acepción de derecho a la verdad pública y a la memoria histórica, derecho a la justicia o al castigo de los victimarios y derecho a la reparación de los damnificados, tiene su origen en una serie de instrumentos internacionales que se remonta a la primera Convención de Ginebra de 1864 –sobre protección de las víctimas de los conflictos armados– y a las trece Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 –sobre leyes y costumbres de la guerra–, e incluye los principales tratados mundiales y regionales sobre libertades fundamentales, desde la Declaración Universal de 1948 hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.
Dicho complejo normativo recibió un impulso decisivo con las denuncias y discusiones planteadas en la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones en Ginebra a partir de la década de 1970, en torno a las atrocidades imputables a las dictaduras militares del Cono Sur de América y en especial a sus infames amnistías generales, y que se tradujeron en los primeros informes internacionales sobre la impunidad judicial estructural como principal factor de reproducción de las crisis humanitarias en muchas regiones del planeta.Pero la codificación definitiva de los derechos de las víctimas a la justicia se consiguió hace menos de tres años con la Resolución 60/147, del 16 de diciembre de 2005, por la cual la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios y Directrices de la organización mundial en esta materia estratégica. El instrumento consta de 20 artículos recogidos en apenas 10 páginas, pero representa 30 años de investigaciones, reflexiones y negociaciones de gobiernos, agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil, expertos y activistas de muy diversas procedencias y orientaciones, y constituye la última frontera del derecho internacional de los derechos humanos en lo que tiene de más cercano a la gente de la calle que sufre y muere, como que concierne a la justicia debida a todas las víctimas de todas las violencias.
Por la naturaleza normativa de su contenido y por el carácter unánime de su adopción (la Resolución 60/147 fue aprobada sin votación, es decir, por aclamación), esta decisión del órgano parlamentario de las Naciones Unidas constituye opinio juris communitatis (doctrina legal de la comunidad internacional) y es, por tanto, obligatoria para los Estados.
El primer componente del derecho de las víctimas a la justicia es el derecho a la verdad y a la memoria, que en principio garantizan los tribunales del Estado, pero que también puede asegurarse a través de las Comisiones de la Verdad u otros mecanismos de investigación de los hechos luctuosos del pasado, sin cuyo esclarecimiento ningún proceso de transición resulta legítimo o eficaz. Todos los demás objetivos de la llamada “justicia transicional”, como la sanción de los responsables, la reparación de los damnificados, la lustración o depuración de los cargos públicos y la reconciliación entre los antiguos adversarios de la dictadura o de la Guerra Civil, dependen por entero de la verdad pública sobre el horror o el terror que se trata de superar. Y como ha dicho el jurista francés Louis Joinet, padre de la doctrina de Naciones Unidas sobre lucha contra la impunidad, “para pasar página, hay que haberla leído antes”.
El segundo aspecto del derecho de las víctimas a la justicia es el derecho al castigo de los victimarios. Es evidente que ningún proceso de transición, por exitoso que sea, puede aspirar a sancionar a todos los culpables de todos los crímenes del pasado. Pero sin un esfuerzo serio en esta dirección, para procesar por lo menos a los altos responsables políticos y militares de la barbarie bélica o dictatorial e imponerles el castigo civilizado que prevé la democracia para quienes quebrantan el pacto constitucional, el nuevo régimen resultante de la transición estará aquejado de un grave déficit de legitimidad y la impunidad seguirá siendo la ley de la tierra.
Y el tercer elemento constitutivo del derecho de las víctimas a la justicia es el derecho a la reparación integral de los afectados, que es tal vez la parte más avanzada de la nueva jurisprudencia internacional vigente y aplicable. La reparación adecuada, efectiva y rápida del daño causado comprende cinco tipos de prestaciones: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, cada una de las cuales incluye medidas específicas a favor de las víctimas. Se trata, en últimas, de pagar la deuda que toda sociedad dividida tiene con la más vulnerable de sus minorías: las víctimas de la barbarie y de la impunidad, protagonistas secretas de la historia.
Hernando Valencia Villa es profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Syracuse
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Los derechos de las víctimas,
Los derechos de las víctimas
01 Nov 2008
HERNANDO VALENCIA VILLA
Puesto que la historia siempre ha sido escrita por los vencedores, la idea según la cual todas las víctimas tienen derechos resulta todavía muy difícil de aceptar por los partidos políticos conservadores y los sectores sociales privilegiados. En España se advierte hoy esta misma reacción autoritaria y defensiva del antiguo régimen en la virulenta oposición de la Fiscalía y de la derecha a la gestión del juez Baltasar Garzón para esclarecer, castigar y reparar los crímenes atroces e impunes de la Guerra Civil y de la dictadura franquista.
Pero en estos últimos años se ha consolidado ya la legalidad internacional sobre los derechos de las víctimas de violaciones de los derechos humanos e infracciones del derecho humanitario, al punto que puede afirmarse con certeza que tales derechos están codificados en una decisión global de carácter fundamental, y que todos los Estados están obligados a protegerlos y hacerlos efectivos.
El llamado “derecho de las víctimas a la justicia”, en su triple acepción de derecho a la verdad pública y a la memoria histórica, derecho a la justicia o al castigo de los victimarios y derecho a la reparación de los damnificados, tiene su origen en una serie de instrumentos internacionales que se remonta a la primera Convención de Ginebra de 1864 –sobre protección de las víctimas de los conflictos armados– y a las trece Convenciones de La Haya de 1899 y 1907 –sobre leyes y costumbres de la guerra–, e incluye los principales tratados mundiales y regionales sobre libertades fundamentales, desde la Declaración Universal de 1948 hasta el Estatuto de la Corte Penal Internacional de 1998.
Dicho complejo normativo recibió un impulso decisivo con las denuncias y discusiones planteadas en la antigua Comisión de Derechos Humanos de las Naciones en Ginebra a partir de la década de 1970, en torno a las atrocidades imputables a las dictaduras militares del Cono Sur de América y en especial a sus infames amnistías generales, y que se tradujeron en los primeros informes internacionales sobre la impunidad judicial estructural como principal factor de reproducción de las crisis humanitarias en muchas regiones del planeta.Pero la codificación definitiva de los derechos de las víctimas a la justicia se consiguió hace menos de tres años con la Resolución 60/147, del 16 de diciembre de 2005, por la cual la Asamblea General de la ONU aprobó los Principios y Directrices de la organización mundial en esta materia estratégica. El instrumento consta de 20 artículos recogidos en apenas 10 páginas, pero representa 30 años de investigaciones, reflexiones y negociaciones de gobiernos, agencias internacionales, organizaciones de la sociedad civil, expertos y activistas de muy diversas procedencias y orientaciones, y constituye la última frontera del derecho internacional de los derechos humanos en lo que tiene de más cercano a la gente de la calle que sufre y muere, como que concierne a la justicia debida a todas las víctimas de todas las violencias.
Por la naturaleza normativa de su contenido y por el carácter unánime de su adopción (la Resolución 60/147 fue aprobada sin votación, es decir, por aclamación), esta decisión del órgano parlamentario de las Naciones Unidas constituye opinio juris communitatis (doctrina legal de la comunidad internacional) y es, por tanto, obligatoria para los Estados.
El primer componente del derecho de las víctimas a la justicia es el derecho a la verdad y a la memoria, que en principio garantizan los tribunales del Estado, pero que también puede asegurarse a través de las Comisiones de la Verdad u otros mecanismos de investigación de los hechos luctuosos del pasado, sin cuyo esclarecimiento ningún proceso de transición resulta legítimo o eficaz. Todos los demás objetivos de la llamada “justicia transicional”, como la sanción de los responsables, la reparación de los damnificados, la lustración o depuración de los cargos públicos y la reconciliación entre los antiguos adversarios de la dictadura o de la Guerra Civil, dependen por entero de la verdad pública sobre el horror o el terror que se trata de superar. Y como ha dicho el jurista francés Louis Joinet, padre de la doctrina de Naciones Unidas sobre lucha contra la impunidad, “para pasar página, hay que haberla leído antes”.
El segundo aspecto del derecho de las víctimas a la justicia es el derecho al castigo de los victimarios. Es evidente que ningún proceso de transición, por exitoso que sea, puede aspirar a sancionar a todos los culpables de todos los crímenes del pasado. Pero sin un esfuerzo serio en esta dirección, para procesar por lo menos a los altos responsables políticos y militares de la barbarie bélica o dictatorial e imponerles el castigo civilizado que prevé la democracia para quienes quebrantan el pacto constitucional, el nuevo régimen resultante de la transición estará aquejado de un grave déficit de legitimidad y la impunidad seguirá siendo la ley de la tierra.
Y el tercer elemento constitutivo del derecho de las víctimas a la justicia es el derecho a la reparación integral de los afectados, que es tal vez la parte más avanzada de la nueva jurisprudencia internacional vigente y aplicable. La reparación adecuada, efectiva y rápida del daño causado comprende cinco tipos de prestaciones: la restitución, la indemnización, la rehabilitación, la satisfacción y las garantías de no repetición, cada una de las cuales incluye medidas específicas a favor de las víctimas. Se trata, en últimas, de pagar la deuda que toda sociedad dividida tiene con la más vulnerable de sus minorías: las víctimas de la barbarie y de la impunidad, protagonistas secretas de la historia.
Hernando Valencia Villa es profesor de Derechos Humanos en la Universidad de Syracuse
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jueves, 30 de octubre de 2008
El sábado se celebra un acto en Mérida para la Recuperación de la Memoria Histórica
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El sábado se celebra un acto en Mérida para la Recuperación de la ...
El sábado se celebra un acto en Mérida para la Recuperación de la Memoria Histórica
27/10/2008 PEDRO VICENTE ROMERO DE CASTILLA RAMOS
Edición impresa en PDF
Esta noticia pertenece a la edición en papel.
Ver archivo (pdf)
El espacio para la Recuperación de la Memoria Histórica va a celebrar el sábado 1 de noviembre un acto delante de la tapia del cementerio de Mérida a las 12.00 horas al que convoca a todas las personas que quieran participar, bien sea en esta ciudad o en otra, "delante de la tapia de un cementerio o en los lugares marcados por fosas comunes".
"La intención es que la cara visible de estas manifestaciones sea el rostro de cada una de nuestras víctimas". La asociación pide que los asistentes lleven fotos de sus familiares y, si es posible, que sea en tamaño A4 (fotocopia o reproducción digital) con los nombres y edades de las víctimas, su profesión y la fecha en la que desaparecieron.
Voy a intentar que ese tipo de actos se multiplique por toda España este 1 de noviembre y pediré a cada asociación o grupo de participantes que recojan el acto en una fotografía del grupo con las fotos de las victimas. Esto, una vez recopilado, puede ser el arranque estructural de la campaña que quiero hacer constituyendo así un mosaico de nuestro territorio nacional. Si esto cuaja nos permitiría pensar que una concentración en Madrid que pueda tener éxito.
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El sábado se celebra un acto en Mérida para la Recuperación de la ...
El sábado se celebra un acto en Mérida para la Recuperación de la Memoria Histórica
27/10/2008 PEDRO VICENTE ROMERO DE CASTILLA RAMOS
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Esta noticia pertenece a la edición en papel.
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El espacio para la Recuperación de la Memoria Histórica va a celebrar el sábado 1 de noviembre un acto delante de la tapia del cementerio de Mérida a las 12.00 horas al que convoca a todas las personas que quieran participar, bien sea en esta ciudad o en otra, "delante de la tapia de un cementerio o en los lugares marcados por fosas comunes".
"La intención es que la cara visible de estas manifestaciones sea el rostro de cada una de nuestras víctimas". La asociación pide que los asistentes lleven fotos de sus familiares y, si es posible, que sea en tamaño A4 (fotocopia o reproducción digital) con los nombres y edades de las víctimas, su profesión y la fecha en la que desaparecieron.
Voy a intentar que ese tipo de actos se multiplique por toda España este 1 de noviembre y pediré a cada asociación o grupo de participantes que recojan el acto en una fotografía del grupo con las fotos de las victimas. Esto, una vez recopilado, puede ser el arranque estructural de la campaña que quiero hacer constituyendo así un mosaico de nuestro territorio nacional. Si esto cuaja nos permitiría pensar que una concentración en Madrid que pueda tener éxito.
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miércoles, 15 de octubre de 2008
España apoya una pesquisa sobre víctimas del franquismo
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España apoya una pesquisa sobre víctimas del franquismo
Miércoles 15 de Octubre de 2008
Mundo
MEMORIA HISTORICA - COMPETENCIA EN DUDA
España apoya una pesquisa sobre víctimas del franquismo
Presentan una lista con más de 100.000 nombres de desaparecidos.
IMPULSOR. Juez Baltasar Garzón.
MADRID.- El Estado español anunció que se implicará en el proceso de identificación de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco (1936-1975), en momentos en que está en duda si el juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar sobre esos desaparecidos.El gobierno pondrá a disposición de la causa los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de víctimas. Este ofrecimiento de parte del gobierno está previsto en la ley de Memoria Histórica, aprobada a fines de 2007 para rehabilitar a las víctimas de ese período.RepublicanosAsociaciones de familias de víctimas del bando republicano le han solicitado a Garzón que se investiguen esas desapariciones. Se trata de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que se encuentran enterradas en fosas comunes. En setiembre, Garzón requirió al gobierno, a cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, como también a la Conferencia Episcopal, toda la información que obre en su poder para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes.Hace dos semanas, Garzón recibió varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones civiles querellantes. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar a principios de mes una cifra final de 133.708 desaparecidos.Oposición de la FiscalíaLa investigación del juez Garzón sería el primer paso de la Justicia española para investigar sobre el franquismo, ya que en 1977 se aprobó una ley de amnistía por la cual prescribían los crímenes consecutivos a “actos políticos” cometidos antes de ese año. La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencia para investigar estos hechos. Asimismo, sostiene que sólo corresponde tal procedimiento a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995). (AFP-NA)
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España apoya una pesquisa sobre víctimas del franquismo
Miércoles 15 de Octubre de 2008
Mundo
MEMORIA HISTORICA - COMPETENCIA EN DUDA
España apoya una pesquisa sobre víctimas del franquismo
Presentan una lista con más de 100.000 nombres de desaparecidos.
IMPULSOR. Juez Baltasar Garzón.
MADRID.- El Estado español anunció que se implicará en el proceso de identificación de las víctimas de la Guerra Civil española y la dictadura de Franco (1936-1975), en momentos en que está en duda si el juez Baltasar Garzón se declara competente para investigar sobre esos desaparecidos.El gobierno pondrá a disposición de la causa los servicios del Instituto Nacional de Toxicología para la identificación de víctimas. Este ofrecimiento de parte del gobierno está previsto en la ley de Memoria Histórica, aprobada a fines de 2007 para rehabilitar a las víctimas de ese período.RepublicanosAsociaciones de familias de víctimas del bando republicano le han solicitado a Garzón que se investiguen esas desapariciones. Se trata de decenas de miles de víctimas de la Guerra Civil y del franquismo que se encuentran enterradas en fosas comunes. En setiembre, Garzón requirió al gobierno, a cuatro ayuntamientos -Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid-, como también a la Conferencia Episcopal, toda la información que obre en su poder para elaborar un censo de desaparecidos, fusilados y enterrados en fosas comunes.Hace dos semanas, Garzón recibió varios listados de víctimas procedentes de las asociaciones civiles querellantes. El magistrado solicitó un listado único y digitalizado para evitar que se duplicaran nombres, que finalmente se le hizo llegar a principios de mes una cifra final de 133.708 desaparecidos.Oposición de la FiscalíaLa investigación del juez Garzón sería el primer paso de la Justicia española para investigar sobre el franquismo, ya que en 1977 se aprobó una ley de amnistía por la cual prescribían los crímenes consecutivos a “actos políticos” cometidos antes de ese año. La Fiscalía considera que Garzón no tiene competencia para investigar estos hechos. Asimismo, sostiene que sólo corresponde tal procedimiento a los juzgados de los municipios donde existan pruebas de los enterramientos. Andalucía es la comunidad que incluye más identidades (29.091), seguida de Valencia (28.892), Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla-La Mancha (7.885), Galicia (4.396), Navarra (3.431) y Madrid (2.995). (AFP-NA)
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martes, 14 de octubre de 2008
Garzón se declarará competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo
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Garzón se declarará competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo
Tras determinar que los delitos, denunciados por la Asociación de la Memoria Histórica, se ajustan a la competencia de la Audiencia Nacional
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 13-10-2008
El juez Baltasar Garzón se declarará este martes competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. La resolución, que se ha aprobado esta misma tarde, contesta a la denuncia hecha por la Asociación de la Memoria Histórica.
El juez Garzón va a notificar el auto por el que se declara competente para investigar la denuncia presentada por la Asociación de la Memoria Histórica el pasado mes de diciembre de 2006.
Después de varias semanas de intensa actividad judicial en la que el magistrado requirió documentos e informes oficiales sobre las desapariciones del franquismo, Garzón ha decidido finalmente aceptar la investigación y continuar con el procedimiento penal.
En principio, por tratarse de un delito permanente por las desapariciones forzadas cuyas víctimas todavía no han aparecido.
El juez acepta por tanto la investigación al ajustarse a las competencias que tiene marcada por ley la Audiencia Nacional; aunque la Fiscalía de este organismo dice todo lo contrario, que no se pueden investigar estas denuncias y que, en todo caso, deberían hacerlo los juzgados de cada localidad donde existan evidencias y pruebas de estos enterramientos franquistas.
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Garzón se declara hoy competente para investigar el franquismo
La Fiscalía sostiene que la Audiencia Nacional no tiene competencia para admitir a trámite las denuncias presentadas por distintas asociaciones.
PÚBLICO - Madrid - 14/10/2008 00:09
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá hoy que es competente para identificar a los más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo y enterrados en fosas comunes, según informó anoche la cadena Ser. Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica han ido presentando a partir de 2007 en la Audiencia Nacional.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
El magistrado considera que la Audiencia Nacional tiene potestad para investigar el genocidio franquista tal como le ha solicitado la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, la Fiscalía del alto tribunal, que dirige Javier Zaragoza, ya ha avanzado que recurrirá el auto. El Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. Será la Sala de lo Penal, compuesta por tres magistrados, la que deberá dirimir el recurso del fiscal.
Garzón se declarará competente para investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo
Tras determinar que los delitos, denunciados por la Asociación de la Memoria Histórica, se ajustan a la competencia de la Audiencia Nacional
JAVIER ÁLVAREZ / CADENA SER 13-10-2008
El juez Baltasar Garzón se declarará este martes competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo. La resolución, que se ha aprobado esta misma tarde, contesta a la denuncia hecha por la Asociación de la Memoria Histórica.
El juez Garzón va a notificar el auto por el que se declara competente para investigar la denuncia presentada por la Asociación de la Memoria Histórica el pasado mes de diciembre de 2006.
Después de varias semanas de intensa actividad judicial en la que el magistrado requirió documentos e informes oficiales sobre las desapariciones del franquismo, Garzón ha decidido finalmente aceptar la investigación y continuar con el procedimiento penal.
En principio, por tratarse de un delito permanente por las desapariciones forzadas cuyas víctimas todavía no han aparecido.
El juez acepta por tanto la investigación al ajustarse a las competencias que tiene marcada por ley la Audiencia Nacional; aunque la Fiscalía de este organismo dice todo lo contrario, que no se pueden investigar estas denuncias y que, en todo caso, deberían hacerlo los juzgados de cada localidad donde existan evidencias y pruebas de estos enterramientos franquistas.
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Garzón se declara hoy competente para investigar el franquismo
La Fiscalía sostiene que la Audiencia Nacional no tiene competencia para admitir a trámite las denuncias presentadas por distintas asociaciones.
PÚBLICO - Madrid - 14/10/2008 00:09
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón decidirá hoy que es competente para identificar a los más de 130.000 desaparecidos durante el franquismo y enterrados en fosas comunes, según informó anoche la cadena Ser. Así, el magistrado admitirá a trámite las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica han ido presentando a partir de 2007 en la Audiencia Nacional.
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
El magistrado considera que la Audiencia Nacional tiene potestad para investigar el genocidio franquista tal como le ha solicitado la Asociación Para la Recuperación de la Memoria Histórica. Sin embargo, la Fiscalía del alto tribunal, que dirige Javier Zaragoza, ya ha avanzado que recurrirá el auto. El Ministerio Público sostiene que la competencia en el presente caso no corresponde a la Audiencia Nacional debido a que los crímenes deberían ser perseguidos por los juzgados de los lugares en los que se cometieron los hechos. Será la Sala de lo Penal, compuesta por tres magistrados, la que deberá dirimir el recurso del fiscal.
lunes, 13 de octubre de 2008
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra civil.
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El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de ...
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra civil
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados.
Bilbao.
El Gobierno vasco ya ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo registradas en Euskadi, tras recibir el requerimiento del juez para que facilitase los datos de que disponía el Departamento de Justicia, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería dirigida por Joseba Azkarraga.
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Junto con estos expedientes, el Departamento de Justicia también ha remitido a Garzón un informe sindical realizado en 1939, en el que consta el nombre de "desaparecidos forzosos" desde el año 1936.
La Consejería de Azkarraga ha abierto en Euskadi nueve fosas en las que se han encontrado restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares, y otras tres han sido encontradas vacías.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación para presentar estos datos a finales del pasado mes de septiembre, el consejero de Justicia destacó la importancia de la actuación del juez Baltasar Garzón, que investiga el número de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, y confió en que sirva para que se revise la Ley de Memoria Histórica aprobada por las Cortes Generales, porque, en su opinión, adolece de "clamorosas carencias".Para Joseba Azkarraga, es necesario que "se individualicen las responsabilidades", porque los fusilamientos y desapariciones "fueron delitos, lo siguen siendo, y son imprescriptibles". (Ep)
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de ...
El Gobierno vasco facilita a Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra civil
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados.
Bilbao.
El Gobierno vasco ya ha remitido al magistrado de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón los datos de 8.650 víctimas de la Guerra Civil y del franquismo registradas en Euskadi, tras recibir el requerimiento del juez para que facilitase los datos de que disponía el Departamento de Justicia, según confirmaron a Europa Press fuentes de la Consejería dirigida por Joseba Azkarraga.
El Ejecutivo autonómico ha enviado a la Audiencia Nacional los informes referentes a los fallecidos entre 1936 y 1942, de los cuales 2.352 se registran como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Junto con estos expedientes, el Departamento de Justicia también ha remitido a Garzón un informe sindical realizado en 1939, en el que consta el nombre de "desaparecidos forzosos" desde el año 1936.
La Consejería de Azkarraga ha abierto en Euskadi nueve fosas en las que se han encontrado restos humanos. Otras permanecen cerradas porque se desconoce quiénes fueron enterrados en ellas o por no existir solicitud de familiares, y otras tres han sido encontradas vacías.
Durante la comparecencia ante los medios de comunicación para presentar estos datos a finales del pasado mes de septiembre, el consejero de Justicia destacó la importancia de la actuación del juez Baltasar Garzón, que investiga el número de desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, y confió en que sirva para que se revise la Ley de Memoria Histórica aprobada por las Cortes Generales, porque, en su opinión, adolece de "clamorosas carencias".Para Joseba Azkarraga, es necesario que "se individualicen las responsabilidades", porque los fusilamientos y desapariciones "fueron delitos, lo siguen siendo, y son imprescriptibles". (Ep)
domingo, 12 de octubre de 2008
La represión en Euskadi y Navarra durante la Dictadura.
http://www.elcorreodigital.com/vizcaya/prensa/20081012/pvasco-espana/gobierno-vasco-ofrecera-familias-20081012.html
La represión durante la Dictadura
El Gobierno vasco ofrecerá a las familias datos de 60.000 víctimas del franquismo
La información podrá solicitarse desde diciembre por correo o a través de una nueva 'web' dedicada a los represaliados por la consejería de Madrazo
12.10.2008 -
J. MUÑOZ BILBAO
El Gobierno vasco está ultimando un proyecto para facilitar a las familias de las víctimas del franquismo, a través de una página 'web' de la Administración autónoma, toda la información que la sociedad Aranzadi ha podido encontrar en el archivo militar de Ferrol y en el registro de penados de Alcalá de Henares sobre más de 60.000 ciudadanos nacidos o residentes en Euskadi y Navarra que sufrieron la represión de la Dictadura.
El propósito del Ejecutivo de Vitoria es que, a partir de diciembre, los propios represaliados o sus cónyuges, hijos y nietos puedan recibir, si lo solicitan expresamente, copias de las sentencias condenatorias que fueron impuestas a los primeros, y de las fichas penitenciarias y los números de referencia de los expedientes militares, aunque siempre en las condiciones que establece la Ley de Protección de Datos.
La 'web' en la que se podrá solicitar la información se encuentra actualmente en periodo de pruebas, aunque estará lista a finales de este año en el portal del Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, al que se puede acceder a través de la dirección www.euskadi.net. Se trata de una nueva página digital que se dedicará de forma genérica a las víctimas del franquismo y que tendrá una música de fondo compuesta por Kepa Junkera.
Entrando en ella, los interesados podrán preguntar si existe documentación sobre un pariente que fue víctima de la represión entre el material reunido por los investigadores de Aranzadi. Para ello deberán 'pinchar' sobre un acceso de la 'web' y utilizar la clave de la tarjeta Ona de Osakidetza, una herramienta informática que se está distribuyendo entre los usuarios y que en el futuro será la llave para las comunicaciones del ciudadano con la Administración autónoma.
Edades muy avanzadas
No obstante, el Gobierno vasco ha preparado un formulario en papel para que las solicitudes puedan presentarse igualmente por escrito en las delegaciones territoriales, una posibilidad que se mantiene porque lo exige la ley y porque, a fin de cuentas, los supervivientes de la represión franquista tienen edades muy avanzadas y sus hijos también son bastante mayores. Sea cual fuere la vía de contacto que se elija, la informática o la tradicional, quienes demanden documentos sobre una víctima de la dictadura deberán aportar los datos básicos sobre ella y acreditar que son familiares directos, enviando para ello los documentos por correo o entregándolos en una delegación territorial del Gobierno vasco.
A continuación, la Administración vasca repasará sus archivos, y si el nombre del individuo buscado aparece en ellos, remitirá las copias de la condena y de la ficha penitenciaria, esta última si está disponible, así como el número del expediente conservado en la ciudad de Ferrol, por si los parientes quieren pedírselo a las autoridades militares. El envío se realizará siempre por correo, por motivos legales.
El procedimiento ha sido diseñado por el Gobierno vasco de tal manera que los usuarios no tengan que apresurarse. Una vez planteada la solicitud, la respuesta llegará en un plazo razonable, sin más propósito que dar a conocer a las familias los documentos disponibles para que los utilicen como les parezca conveniente.
Fuentes próximas al proyecto explicaron que se trata simplemente de informar al público, «de reconocer el derecho a la verdad». Insistieron en que la iniciativa no tiene nada que ver con las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, una tarea que la consejería de Madrazo afirma haber dejado concluida en lo esencial, tras haber entregado 33 millones de euros a los familiares de 4.700 personas represaliadas.
En un disco duro
La documentación que el Gobierno vasco ofrecerá a los ciudadanos -que incluye más de 150.000 fotografías- fue catalogada de forma exhaustiva por una decena de historiadores y documentalistas de la sociedad Aranzadi entre mayo de 2005 y noviembre de 2006. El ingente material historiográfico reunido a lo largo de ese tiempo cabe en un disco duro.
Los investigadores recopilaron los documentos, precisamente, a raíz de un convenio que firmaron con la consejería de Madrazo para buscar en Ferrol datos de casi 5.000 personas que habían solicitado las ayudas a las víctimas del franquismo y necesitaban acreditar que habían sufrido represalias políticas. Aranzadi propuso aprovechar la ocasión para rastrear a todos los vascos que pudieran figurar en aquellos archivos militares.
Tras examinar los fondos correspondientes a las tres provincias vascas y Navarra, más Santander, Logroño, Asturias y Burgos, los expertos llegados desde Euskadi fotografiaron documentos y reunieron información sobre 55.546 individuos nacidos o con residencia en el País Vasco que fueron víctimas de la represión entre 1936 y 1945.
De forma paralela, los investigadores también revisaron los fondos de las antiguas prisiones de Larrinaga (Bilbao) y Ondarreta (San Sebastián), que se conservan hoy en las penitenciarías de Basauri y Martutene. Y sobre todo analizaron el archivo general de Alcalá de Henares, donde se conservan los historiales penitenciarios de todos los reclusos españoles.
Allí existía un fondo sin catalogar con decenas de miles de fichas relativas al periodo 1938-1958. Las de los años posteriores no son accesibles todavía porque tienen menos de cincuenta años, que es el plazo exigido por la legislación para hacer públicos los documentos. Tras realizar una detenida selección, Aranzadi inventarió en Alcalá 12.902 historiales correspondientes a presos del País Vasco en los que figuran, junto a sus datos personales, los itinerarios que siguieron por las cárceles. La mayoría de esas personas aparecen también en los archivos de Ferrol, de modo que, en conjunto, los datos en poder del Gobierno vasco corresponden a grandes rasgos a algo más de 60.000 individuos, un balance aproximado de lo que pudo representar la represión franquista entre la población vasca.
La sociedad Aranzadi también ha investigado a los desaparecidos de la Guerra Civil, algo más de 8.000 entre 1936 y 1942, según sus estimaciones. Esa lista es la que el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se ha mostrado dispuesto a enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero sólo cuando reciba un requerimiento oficial, para cumplir así los requisitos de la Ley de Proteción de Datos.
La represión durante la Dictadura
El Gobierno vasco ofrecerá a las familias datos de 60.000 víctimas del franquismo
La información podrá solicitarse desde diciembre por correo o a través de una nueva 'web' dedicada a los represaliados por la consejería de Madrazo
12.10.2008 -
J. MUÑOZ BILBAO
El Gobierno vasco está ultimando un proyecto para facilitar a las familias de las víctimas del franquismo, a través de una página 'web' de la Administración autónoma, toda la información que la sociedad Aranzadi ha podido encontrar en el archivo militar de Ferrol y en el registro de penados de Alcalá de Henares sobre más de 60.000 ciudadanos nacidos o residentes en Euskadi y Navarra que sufrieron la represión de la Dictadura.
El propósito del Ejecutivo de Vitoria es que, a partir de diciembre, los propios represaliados o sus cónyuges, hijos y nietos puedan recibir, si lo solicitan expresamente, copias de las sentencias condenatorias que fueron impuestas a los primeros, y de las fichas penitenciarias y los números de referencia de los expedientes militares, aunque siempre en las condiciones que establece la Ley de Protección de Datos.
La 'web' en la que se podrá solicitar la información se encuentra actualmente en periodo de pruebas, aunque estará lista a finales de este año en el portal del Departamento vasco de Vivienda y Asuntos Sociales, al que se puede acceder a través de la dirección www.euskadi.net. Se trata de una nueva página digital que se dedicará de forma genérica a las víctimas del franquismo y que tendrá una música de fondo compuesta por Kepa Junkera.
Entrando en ella, los interesados podrán preguntar si existe documentación sobre un pariente que fue víctima de la represión entre el material reunido por los investigadores de Aranzadi. Para ello deberán 'pinchar' sobre un acceso de la 'web' y utilizar la clave de la tarjeta Ona de Osakidetza, una herramienta informática que se está distribuyendo entre los usuarios y que en el futuro será la llave para las comunicaciones del ciudadano con la Administración autónoma.
Edades muy avanzadas
No obstante, el Gobierno vasco ha preparado un formulario en papel para que las solicitudes puedan presentarse igualmente por escrito en las delegaciones territoriales, una posibilidad que se mantiene porque lo exige la ley y porque, a fin de cuentas, los supervivientes de la represión franquista tienen edades muy avanzadas y sus hijos también son bastante mayores. Sea cual fuere la vía de contacto que se elija, la informática o la tradicional, quienes demanden documentos sobre una víctima de la dictadura deberán aportar los datos básicos sobre ella y acreditar que son familiares directos, enviando para ello los documentos por correo o entregándolos en una delegación territorial del Gobierno vasco.
A continuación, la Administración vasca repasará sus archivos, y si el nombre del individuo buscado aparece en ellos, remitirá las copias de la condena y de la ficha penitenciaria, esta última si está disponible, así como el número del expediente conservado en la ciudad de Ferrol, por si los parientes quieren pedírselo a las autoridades militares. El envío se realizará siempre por correo, por motivos legales.
El procedimiento ha sido diseñado por el Gobierno vasco de tal manera que los usuarios no tengan que apresurarse. Una vez planteada la solicitud, la respuesta llegará en un plazo razonable, sin más propósito que dar a conocer a las familias los documentos disponibles para que los utilicen como les parezca conveniente.
Fuentes próximas al proyecto explicaron que se trata simplemente de informar al público, «de reconocer el derecho a la verdad». Insistieron en que la iniciativa no tiene nada que ver con las indemnizaciones a las víctimas del franquismo, una tarea que la consejería de Madrazo afirma haber dejado concluida en lo esencial, tras haber entregado 33 millones de euros a los familiares de 4.700 personas represaliadas.
En un disco duro
La documentación que el Gobierno vasco ofrecerá a los ciudadanos -que incluye más de 150.000 fotografías- fue catalogada de forma exhaustiva por una decena de historiadores y documentalistas de la sociedad Aranzadi entre mayo de 2005 y noviembre de 2006. El ingente material historiográfico reunido a lo largo de ese tiempo cabe en un disco duro.
Los investigadores recopilaron los documentos, precisamente, a raíz de un convenio que firmaron con la consejería de Madrazo para buscar en Ferrol datos de casi 5.000 personas que habían solicitado las ayudas a las víctimas del franquismo y necesitaban acreditar que habían sufrido represalias políticas. Aranzadi propuso aprovechar la ocasión para rastrear a todos los vascos que pudieran figurar en aquellos archivos militares.
Tras examinar los fondos correspondientes a las tres provincias vascas y Navarra, más Santander, Logroño, Asturias y Burgos, los expertos llegados desde Euskadi fotografiaron documentos y reunieron información sobre 55.546 individuos nacidos o con residencia en el País Vasco que fueron víctimas de la represión entre 1936 y 1945.
De forma paralela, los investigadores también revisaron los fondos de las antiguas prisiones de Larrinaga (Bilbao) y Ondarreta (San Sebastián), que se conservan hoy en las penitenciarías de Basauri y Martutene. Y sobre todo analizaron el archivo general de Alcalá de Henares, donde se conservan los historiales penitenciarios de todos los reclusos españoles.
Allí existía un fondo sin catalogar con decenas de miles de fichas relativas al periodo 1938-1958. Las de los años posteriores no son accesibles todavía porque tienen menos de cincuenta años, que es el plazo exigido por la legislación para hacer públicos los documentos. Tras realizar una detenida selección, Aranzadi inventarió en Alcalá 12.902 historiales correspondientes a presos del País Vasco en los que figuran, junto a sus datos personales, los itinerarios que siguieron por las cárceles. La mayoría de esas personas aparecen también en los archivos de Ferrol, de modo que, en conjunto, los datos en poder del Gobierno vasco corresponden a grandes rasgos a algo más de 60.000 individuos, un balance aproximado de lo que pudo representar la represión franquista entre la población vasca.
La sociedad Aranzadi también ha investigado a los desaparecidos de la Guerra Civil, algo más de 8.000 entre 1936 y 1942, según sus estimaciones. Esa lista es la que el consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, se ha mostrado dispuesto a enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, pero sólo cuando reciba un requerimiento oficial, para cumplir así los requisitos de la Ley de Proteción de Datos.
Vecinos recogen datos de víctimas del franquismo para el juez Garzón
Vecinos recogen datos de víctimas del franquismo para el juez Garzón Diario de Mallorca -
B. NOGUERA. ALARÓ.
Las personas interesadas en aportar información sobre las víctimas que la Guerra Civil dejó en Alaró con el objetivo que estos datos lleguen a la Audiencia Nacional podrán hacerlo en las oficinas municipales del Ayuntamiento hasta el próximo viernes 12 de septiembre. La asociación local de memoria histórica, en colaboración con el colectivo Memòria de Mallorca, ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular que permita esta presentación de documentos durante los próximos días para que puedan ser recopilados y enviados a Madrid antes del día fijado por el juez Baltasar Garzón.
La providencia dictada recientemente por el magistrado solicitó a algunas instituciones que remitieran información sobre las identidades de personas fusiladas, desaparecidas o enterradas a consecuencia de la Guerra Civil española y del franquismo. Aunque Garzón sólo citó a cuatro ayuntamientos de España (Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla), estos días otras instituciones han optado por mandar de oficio los listados de víctimas de su territorio. El alcalde de la localidad, Joan Simonet (PP), asegura mostrarse partidario de la iniciativa porque "independientemente de cuestiones sobre la Guerra Civil y temas políticos" le parece "justo y razonable que una persona pueda saber dónde están enterrados sus familiares". Simonet recuerda que no es la primera ocasión que colabora con colectivos de memoria histórica, con anterioridad votó a favor de la condena al franquismo durante un pleno y el pasado mes de diciembre participó en un debate sobre la ley de Memoria aprobada por el Gobierno. El alcalde explica que esta vez simplemente ha aceptado que las oficinas municipales sirvan de registro oficial hasta el próximo viernes para recoger las hojas de aportación voluntaria con los datos de las víctimas del franquismo. En ellas, los familiares interesados deberán aportar el nombre y apellidos de la persona que deseen hallar, el lugar donde desapareció y las causas, la fecha aproximada, y si el cuerpo fue exhumado en caso de entierro.Impulsora de la investigación
El colectivo Memòria de Mallorca está legalmente representado ante la Audiencia Nacional puesto que fue una de las asociaciones de memoria histórica que presentó la denuncia que ha provocado la citada providencia. Un representante de este grupo recogerá los documentos presentados en Alaró y los entregará la próxima semana en Madrid. Desde esta asociación consideraron ayer "positiva" esta iniciativa local, al tiempo que invitaron a todos los ayuntamientos de la isla a poner en marcha medidas similares, con el objetivo de que "el juez Garzón tenga el máximo de información posible sobre la planificación y ejecución de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista". El magistrado ha solicitado, igualmente, a las parroquias de la isla que faciliten los libros de difuntos para obtener la información necesaria para crear un censo. Cabe recordar que el golpe de estado de julio de 1936 y la posterior represión supuso el asesinato de 18 personas del municipio, entre ellos el alcalde, Pere Rosselló. Además, fueron ejecutados en Alaró y enterrados en la fosa común del cementerio el alcalde de Mancor, Pau Crespí, y su hijo.
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Cort retira la Cruz de los Caídos elmundo.es - 9 Oct 2008 PALMA.-
El Ayuntamiento de Palma retira la 'Cruz de los Caídos' en ... Europa Press - 9 Oct __
B. NOGUERA. ALARÓ.
Las personas interesadas en aportar información sobre las víctimas que la Guerra Civil dejó en Alaró con el objetivo que estos datos lleguen a la Audiencia Nacional podrán hacerlo en las oficinas municipales del Ayuntamiento hasta el próximo viernes 12 de septiembre. La asociación local de memoria histórica, en colaboración con el colectivo Memòria de Mallorca, ha solicitado al equipo de gobierno del Partido Popular que permita esta presentación de documentos durante los próximos días para que puedan ser recopilados y enviados a Madrid antes del día fijado por el juez Baltasar Garzón.
La providencia dictada recientemente por el magistrado solicitó a algunas instituciones que remitieran información sobre las identidades de personas fusiladas, desaparecidas o enterradas a consecuencia de la Guerra Civil española y del franquismo. Aunque Garzón sólo citó a cuatro ayuntamientos de España (Madrid, Córdoba, Granada y Sevilla), estos días otras instituciones han optado por mandar de oficio los listados de víctimas de su territorio. El alcalde de la localidad, Joan Simonet (PP), asegura mostrarse partidario de la iniciativa porque "independientemente de cuestiones sobre la Guerra Civil y temas políticos" le parece "justo y razonable que una persona pueda saber dónde están enterrados sus familiares". Simonet recuerda que no es la primera ocasión que colabora con colectivos de memoria histórica, con anterioridad votó a favor de la condena al franquismo durante un pleno y el pasado mes de diciembre participó en un debate sobre la ley de Memoria aprobada por el Gobierno. El alcalde explica que esta vez simplemente ha aceptado que las oficinas municipales sirvan de registro oficial hasta el próximo viernes para recoger las hojas de aportación voluntaria con los datos de las víctimas del franquismo. En ellas, los familiares interesados deberán aportar el nombre y apellidos de la persona que deseen hallar, el lugar donde desapareció y las causas, la fecha aproximada, y si el cuerpo fue exhumado en caso de entierro.Impulsora de la investigación
El colectivo Memòria de Mallorca está legalmente representado ante la Audiencia Nacional puesto que fue una de las asociaciones de memoria histórica que presentó la denuncia que ha provocado la citada providencia. Un representante de este grupo recogerá los documentos presentados en Alaró y los entregará la próxima semana en Madrid. Desde esta asociación consideraron ayer "positiva" esta iniciativa local, al tiempo que invitaron a todos los ayuntamientos de la isla a poner en marcha medidas similares, con el objetivo de que "el juez Garzón tenga el máximo de información posible sobre la planificación y ejecución de los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista". El magistrado ha solicitado, igualmente, a las parroquias de la isla que faciliten los libros de difuntos para obtener la información necesaria para crear un censo. Cabe recordar que el golpe de estado de julio de 1936 y la posterior represión supuso el asesinato de 18 personas del municipio, entre ellos el alcalde, Pere Rosselló. Además, fueron ejecutados en Alaró y enterrados en la fosa común del cementerio el alcalde de Mancor, Pau Crespí, y su hijo.
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Cort retira la Cruz de los Caídos elmundo.es - 9 Oct 2008 PALMA.-
El Ayuntamiento de Palma retira la 'Cruz de los Caídos' en ... Europa Press - 9 Oct __
Víctimas de la dictadura franquista aún aguardan una sepultura digna.
Víctimas de la dictadura franquista aún aguardan una sepultura digna La Capital (Rosario) -
La Serna del Monte, España. — La noche del 14 de agosto de 1936, José, Juan, Nicolás y Francisco Gutiérrez dormían en casa de sus padres en La Serna del Monte, un pequeño pueblo de la Sierra del Guadarrama, al norte de Madrid. España vivía tiempos tormentosos: un escaso mes antes, el 17 de julio, el golpe de estado encabezado por el general Francisco Franco contra el gobierno republicano había desatado la Guerra Civil.
Pero la cosecha no podía esperar, y los cuatro hermanos, de 18, 27, 35 y 38 años, llegaron desde la capital para ayudar a su padre, Mariano, en las faenas del campo. El pueblo había sido tomado por los sublevados con Francisco Franco, y aquel viernes, hasta hoy no se sabe exactamente por qué, los falangistas fueron en busca de José, Juan, Nicolás y Francisco.
Este último pertenecía al sindicato socialista UGT y quizás eso fuera suficiente para que alguien los condenara a morir. Como a otros 150.000 que fueron víctimas de la represión franquista o los 60.000 que se calcula murieron a manos del bando republicano. "Unos hombres los sacaron de la cama, los subieron en una camioneta y los fusilaron sin más en un descampado en las afueras del pueblo", relata con amargura Jesús Gutiérrez, el sobrino de los asesinados. "Qué tragedia, encontrarse con la muerte sin haber vivido la vida", agrega este mecánico electricista jubilado que tras años de pesquisas está seguro de haber hallado la fosa en la que sus tíos fueron malamente enterrados.
Sin ideales políticos. "No entiendo por qué se ensañaron con ellos, unos simples jornaleros sin ningún ideal político", continúa. "Quizás sólo los mataron para meter miedo a la gente". "Mi abuela María sufrió tanto que enfermó y quedó ciega por el dolor", cuenta Jesús, de 65 años. Tras la masacre, ella, su esposo y las tres hermanas de los fusilados se fueron de La Serna, un pueblo de hoy poco más de 100 habitantes en el que resulta difícil encontrar a alguien que hable "de aquello".
El único hijo varón que quedó con vida fue Severiano, el padre de Jesús. El estaba casado y no podía abandonar Madrid, donde trabajaba en la construcción de carreteras. "Siempre recuerdo su rictus de tristeza cuando hablaba de sus hermanos", cuenta.
Severiano, quien luchó en el frente republicano y estuvo en un campo de prisioneros en Santiago de Compostela, falleció en 1953, en plena dictadura franquista. Murió con la amargura de no saber dónde fueron enterrados sus hermanos y sin poder brindarles una sepultura digna. Todavía hoy están considerados oficialmente como "desaparecidos".
Pero, 72 años después de aquella masacre, eso puede dejar de ser así. Jesús, su hijo, está seguro de haber hallado los restos, en una fosa común que según sus averiguaciones se encuentra en un terreno perteneciente a la iglesia, en las afueras de La Serna, en medio de un idílico paisaje de encinas, arbustos de zarzamoras y campos en los que pastan vacas.
Para ello contó con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que hace ocho años empezó con la búsqueda de los alrededor de 40.000 desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975) que todavía yacen en tumbas sin nombre y cunetas a lo largo y ancho del país. Más de 4.000 cuerpos de 171 fosas anónimas han sido exhumados desde entonces por distintas asociaciones de particulares.
Trabas. Con la ayuda de un georradar, un aparato utilizado por la Guardia Civil para localizar cuerpos, arsenales de armas o escondites de droga bajo la tierra, los expertos de la asociación encontraron en el terreno señalado por Jesús un espacio subterráneo que, afirman, con casi toda seguridad es la fosa en la que están los restos de sus tíos así como de otros cuatro habitantes de La Serna también fusilados aquel día. "Hay que rescatar toda esta historia, para que no vuelva a suceder", dice Jesús. Cuenta que por ello envió cartas al alcalde del pueblo y al cura pidiendo autorización para abrir la fosa. Pero no recibió ninguna respuesta.
El alcalde, Francisco González Alvarez, pertenece al Partido Popular (PP), el cual se opone a las iniciativas de la ARMH o a la ley de la memoria histórica, impulsada desde el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por el Parlamento a finales del año pasado. También rechaza la investigación ordenada a comienzos de septiembre por el juez Baltasar Garzón para elaborar un censo de los desaparecidos, argumentando que todo eso sólo abre viejas heridas y pone en peligro el espíritu de la transición.
El regidor afirma no tener constancia de la existencia de una posible fosa en la localidad. "Aquí nadie sabe nada todavía. Son cosas que han sacado los medios de comunicación", manifestó tras hacerse público el caso de Jesús. "No tengo idea si hay alguien allí", agregó. De momento, señala, se está a la espera "de instrucciones del organismo competente".
Tampoco el párroco quiere hablar del asunto. "Yo no sé nada de esto", se limitó a decir. El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, a la vez presidente de la Conferencia Episcopal, dejó en claro justo en estos días que la ley de la memoria histórica le parece innecesaria. "La generación que nació cuando la Guerra Civil no debería trasladar ese problema a otras generaciones", sentenció. El propio Rouco Varela nació en 1936, a comienzos de la guerra.
Cansado de esperar una respuesta de la Iglesia, criticada desde siempre por la izquierda por haber apoyado la dictadura, Jesús Gutiérrez acudió al juez Garzón, para que le solicite al arzobispado que autorice la exhumación. "Sería la primera fosa del franquismo que se abre en Madrid", explica la filóloga Marisa Hoyos, de la ARMH. En la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, se calcula que hay unos 3.000 desaparecidos en fosas anónimas.
Una deuda moral. Si la autorización finalmente llega, los restos tendrían que ser cotejados con el ADN de Jesús, para identificar los cuerpos. Y entonces, su intención es darles una sepultura digna, en el mismo cementerio de La Serna donde reposan sus abuelos. "Tengo una fotografía de mi padre en la mesita de luz. Muchas veces he hablando con él y le prometí encontrar a José, Juan, Nicolás y Francisco. Es una deuda que tengo con él", dice.
Guerra civil
Unas 150 mil personas murieron víctimas del franquismo y 60 mil en manos del bando republicano.
La Serna del Monte, España. — La noche del 14 de agosto de 1936, José, Juan, Nicolás y Francisco Gutiérrez dormían en casa de sus padres en La Serna del Monte, un pequeño pueblo de la Sierra del Guadarrama, al norte de Madrid. España vivía tiempos tormentosos: un escaso mes antes, el 17 de julio, el golpe de estado encabezado por el general Francisco Franco contra el gobierno republicano había desatado la Guerra Civil.
Pero la cosecha no podía esperar, y los cuatro hermanos, de 18, 27, 35 y 38 años, llegaron desde la capital para ayudar a su padre, Mariano, en las faenas del campo. El pueblo había sido tomado por los sublevados con Francisco Franco, y aquel viernes, hasta hoy no se sabe exactamente por qué, los falangistas fueron en busca de José, Juan, Nicolás y Francisco.
Este último pertenecía al sindicato socialista UGT y quizás eso fuera suficiente para que alguien los condenara a morir. Como a otros 150.000 que fueron víctimas de la represión franquista o los 60.000 que se calcula murieron a manos del bando republicano. "Unos hombres los sacaron de la cama, los subieron en una camioneta y los fusilaron sin más en un descampado en las afueras del pueblo", relata con amargura Jesús Gutiérrez, el sobrino de los asesinados. "Qué tragedia, encontrarse con la muerte sin haber vivido la vida", agrega este mecánico electricista jubilado que tras años de pesquisas está seguro de haber hallado la fosa en la que sus tíos fueron malamente enterrados.
Sin ideales políticos. "No entiendo por qué se ensañaron con ellos, unos simples jornaleros sin ningún ideal político", continúa. "Quizás sólo los mataron para meter miedo a la gente". "Mi abuela María sufrió tanto que enfermó y quedó ciega por el dolor", cuenta Jesús, de 65 años. Tras la masacre, ella, su esposo y las tres hermanas de los fusilados se fueron de La Serna, un pueblo de hoy poco más de 100 habitantes en el que resulta difícil encontrar a alguien que hable "de aquello".
El único hijo varón que quedó con vida fue Severiano, el padre de Jesús. El estaba casado y no podía abandonar Madrid, donde trabajaba en la construcción de carreteras. "Siempre recuerdo su rictus de tristeza cuando hablaba de sus hermanos", cuenta.
Severiano, quien luchó en el frente republicano y estuvo en un campo de prisioneros en Santiago de Compostela, falleció en 1953, en plena dictadura franquista. Murió con la amargura de no saber dónde fueron enterrados sus hermanos y sin poder brindarles una sepultura digna. Todavía hoy están considerados oficialmente como "desaparecidos".
Pero, 72 años después de aquella masacre, eso puede dejar de ser así. Jesús, su hijo, está seguro de haber hallado los restos, en una fosa común que según sus averiguaciones se encuentra en un terreno perteneciente a la iglesia, en las afueras de La Serna, en medio de un idílico paisaje de encinas, arbustos de zarzamoras y campos en los que pastan vacas.
Para ello contó con la colaboración de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que hace ocho años empezó con la búsqueda de los alrededor de 40.000 desaparecidos de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura de Franco (1939-1975) que todavía yacen en tumbas sin nombre y cunetas a lo largo y ancho del país. Más de 4.000 cuerpos de 171 fosas anónimas han sido exhumados desde entonces por distintas asociaciones de particulares.
Trabas. Con la ayuda de un georradar, un aparato utilizado por la Guardia Civil para localizar cuerpos, arsenales de armas o escondites de droga bajo la tierra, los expertos de la asociación encontraron en el terreno señalado por Jesús un espacio subterráneo que, afirman, con casi toda seguridad es la fosa en la que están los restos de sus tíos así como de otros cuatro habitantes de La Serna también fusilados aquel día. "Hay que rescatar toda esta historia, para que no vuelva a suceder", dice Jesús. Cuenta que por ello envió cartas al alcalde del pueblo y al cura pidiendo autorización para abrir la fosa. Pero no recibió ninguna respuesta.
El alcalde, Francisco González Alvarez, pertenece al Partido Popular (PP), el cual se opone a las iniciativas de la ARMH o a la ley de la memoria histórica, impulsada desde el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero y aprobada por el Parlamento a finales del año pasado. También rechaza la investigación ordenada a comienzos de septiembre por el juez Baltasar Garzón para elaborar un censo de los desaparecidos, argumentando que todo eso sólo abre viejas heridas y pone en peligro el espíritu de la transición.
El regidor afirma no tener constancia de la existencia de una posible fosa en la localidad. "Aquí nadie sabe nada todavía. Son cosas que han sacado los medios de comunicación", manifestó tras hacerse público el caso de Jesús. "No tengo idea si hay alguien allí", agregó. De momento, señala, se está a la espera "de instrucciones del organismo competente".
Tampoco el párroco quiere hablar del asunto. "Yo no sé nada de esto", se limitó a decir. El arzobispo de Madrid, cardenal Antonio María Rouco Varela, a la vez presidente de la Conferencia Episcopal, dejó en claro justo en estos días que la ley de la memoria histórica le parece innecesaria. "La generación que nació cuando la Guerra Civil no debería trasladar ese problema a otras generaciones", sentenció. El propio Rouco Varela nació en 1936, a comienzos de la guerra.
Cansado de esperar una respuesta de la Iglesia, criticada desde siempre por la izquierda por haber apoyado la dictadura, Jesús Gutiérrez acudió al juez Garzón, para que le solicite al arzobispado que autorice la exhumación. "Sería la primera fosa del franquismo que se abre en Madrid", explica la filóloga Marisa Hoyos, de la ARMH. En la Comunidad de Madrid, gobernada por el PP, se calcula que hay unos 3.000 desaparecidos en fosas anónimas.
Una deuda moral. Si la autorización finalmente llega, los restos tendrían que ser cotejados con el ADN de Jesús, para identificar los cuerpos. Y entonces, su intención es darles una sepultura digna, en el mismo cementerio de La Serna donde reposan sus abuelos. "Tengo una fotografía de mi padre en la mesita de luz. Muchas veces he hablando con él y le prometí encontrar a José, Juan, Nicolás y Francisco. Es una deuda que tengo con él", dice.
Guerra civil
Unas 150 mil personas murieron víctimas del franquismo y 60 mil en manos del bando republicano.
jueves, 2 de octubre de 2008
¿Hasta cuando seguirán jugando, en Andalucía, con las víctimas del franquismo?.
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¿Hasta cuando seguirán jugando, en Andalucía, con las víctimas del franquismo?.
No es la “derechona”, son los que gobiernan en Andalucía los que desde hace años vienen jugando, cuando no “entreteniendo” a las víctimas –familiares de los asesinados / fusilados- por el franquismo cuando plantean la ne-cesidad, de una vez por todas, de me-terle mano, de verdad, justa y responsablemente al tema de las fosas comunes. No se habla aquí de actitudes personales, ni tampoco de Castilla-León (donde más exhumaciones se han realizado en los últimos años), hablamos de Andalucía.
Foto: 28 Febrero 2008. Frente al Teatro de la Mestranza (Sevilla)
El Gobierno Andaluz ha colaborado, por inacción, para que se vuelvan a “enterrar” los restos de los fusilados en la Puebla de Cazalla (exhumación parcial financiada por el Gobierno Central). Algo inaudito –por utilizar un término flojo- que dudamos que otros gobiernos (locales o autonómicos) se atrevieran sin que ello provocara una reacción social o política. ¿Hasta donde controlan los movimientos sociales?.
Las “fosas comunes” del franquismo, que en un principio (año 2003) iba a ser uno de los argumentos fundamentales en la política progresista -en materia de memoria histórica- que se ponía en marcha en España, desde Andalucía, se quedó paralizada a raíz de la primera actuación (El Bosque 2004), propiciada por la intervención de los familiares (se arrojaron a la fosa y paralizó –de hecho- la expoliación prevista por el Ayuntamiento para la construcción de nuevos nichos. Ver documental “señalados” de Pau Savall) lo que provocó que una política, Bibiana Aido, entonces Delegada de Cultura en Cádiz y hoy Ministra de Igualdad, mandara a los funcionarios –arqueólogos- a trabajar, aunque no llegaron a terminar su trabajo, sino a resolver el problema del Ayuntamiento. ¿Realizaron el informe de la exhumación?, ¿Se ha enviado –si lo realizaron- al juez Garzón?. Costó un año de trabajo reanudar, hasta terminar, la exhumación de la fosa común.
Después de aquello, solo una excepción –muy especial, en todos los sentidos, también en el político: la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Málaga para comenzar las tareas de exhumación del Cementerio de San Rafael en dicha ciudad. Actuación que aún continua dada las dimensiones.
Al margen de esto, el apoyo “personal” y simbólico a actuaciones en Guillena (buscando al Concejal Botella), o simplemente “las declaraciones y compromisos públicos” de los Comisarios (dos por ahora y dimitidos a causa de su cambio de actitud en el tema de las fosas comunes, tras escuchar a las familias) en Zalamea la Real, La Palma de Condado, Aguilar de la Frontera, Puebla de Cazalla, El Marrufo, Grazalema .... han puesto sobre la mesa hasta que punto los gobernantes de la Junta están dispuesto a intervenir. Y eso sin entrar a analizar, con todo lo que lo rodea, el caso de Orgiva.
Tampoco –aunque sería necesario el análisis- vamos a entrar en el tema de los mapas de fosas, y como se han elaborado. Lo que sí ha conseguido la Junta es tener a las asociaciones y colaboradores durante dos años pateándose los pueblos y dedicándole cientos de horas de reuniones, para que en estos momentos no se sepa que se va a hacer con esa información, aparte de ocupar algún titular en los medios de comunicación, y un cajón en algún despacho oficial.
Entendemos que ya es hora de presentarse, físicamente, y acompañados por “nuestros muertos” ante el Presidente de la Junta exigiéndole intervenciones inmediatas, al menos, para hacer realidad la exhumación de las fosas donde existen compromisos adquiridos y una “garantía jurídica” que proteja aquellas que se encuentran en cementerios o fuera de ellos.
Cecilio Gordillo, Coordinador “RMHSA” de CGT.A
Alcalde Isacio Contreras 2b. Local 8 * 41003 Sevilla. spcgta@cgt.es
¿Hasta cuando seguirán jugando, en Andalucía, con las víctimas del franquismo?.
No es la “derechona”, son los que gobiernan en Andalucía los que desde hace años vienen jugando, cuando no “entreteniendo” a las víctimas –familiares de los asesinados / fusilados- por el franquismo cuando plantean la ne-cesidad, de una vez por todas, de me-terle mano, de verdad, justa y responsablemente al tema de las fosas comunes. No se habla aquí de actitudes personales, ni tampoco de Castilla-León (donde más exhumaciones se han realizado en los últimos años), hablamos de Andalucía.
Foto: 28 Febrero 2008. Frente al Teatro de la Mestranza (Sevilla)
El Gobierno Andaluz ha colaborado, por inacción, para que se vuelvan a “enterrar” los restos de los fusilados en la Puebla de Cazalla (exhumación parcial financiada por el Gobierno Central). Algo inaudito –por utilizar un término flojo- que dudamos que otros gobiernos (locales o autonómicos) se atrevieran sin que ello provocara una reacción social o política. ¿Hasta donde controlan los movimientos sociales?.
Las “fosas comunes” del franquismo, que en un principio (año 2003) iba a ser uno de los argumentos fundamentales en la política progresista -en materia de memoria histórica- que se ponía en marcha en España, desde Andalucía, se quedó paralizada a raíz de la primera actuación (El Bosque 2004), propiciada por la intervención de los familiares (se arrojaron a la fosa y paralizó –de hecho- la expoliación prevista por el Ayuntamiento para la construcción de nuevos nichos. Ver documental “señalados” de Pau Savall) lo que provocó que una política, Bibiana Aido, entonces Delegada de Cultura en Cádiz y hoy Ministra de Igualdad, mandara a los funcionarios –arqueólogos- a trabajar, aunque no llegaron a terminar su trabajo, sino a resolver el problema del Ayuntamiento. ¿Realizaron el informe de la exhumación?, ¿Se ha enviado –si lo realizaron- al juez Garzón?. Costó un año de trabajo reanudar, hasta terminar, la exhumación de la fosa común.
Después de aquello, solo una excepción –muy especial, en todos los sentidos, también en el político: la firma de un convenio de colaboración con el Gobierno de España y el Ayuntamiento de Málaga para comenzar las tareas de exhumación del Cementerio de San Rafael en dicha ciudad. Actuación que aún continua dada las dimensiones.
Al margen de esto, el apoyo “personal” y simbólico a actuaciones en Guillena (buscando al Concejal Botella), o simplemente “las declaraciones y compromisos públicos” de los Comisarios (dos por ahora y dimitidos a causa de su cambio de actitud en el tema de las fosas comunes, tras escuchar a las familias) en Zalamea la Real, La Palma de Condado, Aguilar de la Frontera, Puebla de Cazalla, El Marrufo, Grazalema .... han puesto sobre la mesa hasta que punto los gobernantes de la Junta están dispuesto a intervenir. Y eso sin entrar a analizar, con todo lo que lo rodea, el caso de Orgiva.
Tampoco –aunque sería necesario el análisis- vamos a entrar en el tema de los mapas de fosas, y como se han elaborado. Lo que sí ha conseguido la Junta es tener a las asociaciones y colaboradores durante dos años pateándose los pueblos y dedicándole cientos de horas de reuniones, para que en estos momentos no se sepa que se va a hacer con esa información, aparte de ocupar algún titular en los medios de comunicación, y un cajón en algún despacho oficial.
Entendemos que ya es hora de presentarse, físicamente, y acompañados por “nuestros muertos” ante el Presidente de la Junta exigiéndole intervenciones inmediatas, al menos, para hacer realidad la exhumación de las fosas donde existen compromisos adquiridos y una “garantía jurídica” que proteja aquellas que se encuentran en cementerios o fuera de ellos.
Cecilio Gordillo, Coordinador “RMHSA” de CGT.A
Alcalde Isacio Contreras 2b. Local 8 * 41003 Sevilla. spcgta@cgt.es
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