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Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las ...
Justicia comienza a entregar en un mes los certificados a las víctimas de Franco
Ya se han presentado 168 solicitudes - Desde hoy se pueden tramitar por Internet
EL PAÍS - Madrid - 27/11/2008
El Gobierno entregará antes de un mes las primeras declaraciones de reparación y reconocimiento personal a las cuales, según establece la Ley de Memoria Histórica, tienen derecho los represaliados del franquismo. El Ministerio de Justicia ha recibido hasta ahora 168 solicitudes. Para facilitar los trámites, Justicia abrió el martes en su página web (http://www.mjusticia.es/ ) un enlace a través del cual los interesados pueden tramitar sus peticiones.
Requisitos para obtener la declaración
IU-ICV critica que Zapatero "abra la puerta a la impunidad"
MÁS DE 100 FOSAS EN EL JUZGADO
La memoria llega a Suiza
El artículo 4 de la Ley de Memoria contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa" a obtener la declaración. Ésta consiste en un título, expedido por el Ministerio de Justicia, que no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través del enlace habilitado en la página web del ministerio, los interesados pueden realizar su solicitud de forma telemática. Para ello deberán acreditar su identidad a través de un certificado digital o por medio del DNI electrónico. En la página web están disponibles los documentos de solicitud.
El interesado deberá aportar una copia impresa del justificante obtenido al realizar la petición y la documentación acreditativa de los hechos. Entre esta última pueden figurar, entre otras, resoluciones de consejos de guerra, del Tribunal de Honor, del Tribunal de Represión de la Masonería y el Comunismo, del Tribunal de Responsabilidades Políticas y del Tribunal de Orden Público. Toda la documentación debe ser enviada al Registro General del Ministerio de Justicia.
La declaración puede ser solicitada por los directamente afectados y, en caso de fallecimiento, por sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y demás parientes colaterales hasta segundo grado, así como por las instituciones públicas en las que hubieran desarrollado un cargo relevante.
También se encuentra disponible en la página web de Justicia la solicitud de nacionalidad para hijos y nietos de emigrantes exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura, que podrá ser tramitada a partir del 28 de diciembre. La web permite descargar el impreso para que los miembros de las Brigadas Internacionales soliciten la nacionalidad española y establece el acceso a la consulta de los libros de defunciones de los registros civiles.
Requisitos para obtener la declaración
- Beneficiarios. La declaración de reparación y reconocimiento personal se entrega a quienes sufrieron represalias durante la Guerra Civil y la dictadura.
- Solicitantes. Los directamente afectados. En caso de fallecimiento de éstos, sus cónyuges o similares, ascendientes, descendientes y colaterales hasta segundo grado. Si no tuvieran familiares, las instituciones públicas en las que los afectados hubieran desempeñado un cargo relevante.
- Documentos. Los solicitantes deben acreditar la identidad del afectado (o de su parentesco con él). En caso de que la solicitud sea formulada por una institución, ésta debe presentar su identificación y la representación del solicitante, entre otras cosas. Además, en todos los casos deben presentarse documentos que acrediten los hechos alegados.
- Efectos. La declaración no supone el reconocimiento de responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas ni da lugar a indemnizaciones.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el reconocimiento del Estado
EcoDiario.es 8:19 - 27/11/2008
El ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo.
Los familiares de las víctimas del franquismo recibirán antes de que finalice el año las primeras declaraciones de reparación y reconomiento personal según queda establecido en la Ley de Memoria Histórica. No obstante, este documento no da derecho a indemnizaciones ni depura responsabilidades.
Hasta el momento el Gobierno ha recibido168 solicitudes de aquellos que padecieron "persecuciones, condenas, sanciones o cualesquiera otras formas de violencia personal por razones políticas, ideológicas o de creencia religiosa". Este reconocimiento es el que queda recogido en el artículo 4 de la Ley de Memoria y que contempla el derecho de quienes durante la Guerra Civil y la dictadura sufrieron algún tipo de violencia.
No obstante, el documento también aclara que el reconocimiento no supone responsabilidad patrimonial alguna del Estado ni de cualquier Administración pública, "ni da lugar a efecto, reparación o indemnización de índole económica o profesional".
A través de www.mjusticia.es se puede acceder tanto a la documentación como comprobar cuáles son los requisitos marcados para obtener el documento de reconocimiento de víctima del Franquismo.
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Las víctimas de Franco tendrán antes de fin de año el ...
ecodiario -
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jueves, 27 de noviembre de 2008
domingo, 26 de octubre de 2008
La justicia no tiene memoria.
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La justicia no tiene memoria
Comentarios: 61 DIEGO BARCALA
La iniciativa del juez Garzón no es la primera que pretende investigar y juzgar una desaparición forzosa a manos de los partidarios del golpe del 17 de julio de 1936.
Las familias de las víctimas de la peor barbarie franquista ya han visto la espalda de la justicia. La iniciativa del juez Baltasar Garzón no es la primera que pretende investigar y juzgar una desaparición forzosa a manos de los partidarios del golpe del 17 de julio de 1936. Apenas tres años después de acabar la guerra, el juzgado de Ferrol, juzgó la muerte de cuatro miembros de una familia de As Pontes (A Coruña). En los años 80, el Ministerio de Justicia respondió al hijo de un fusilado en la cárcel de Guadalajara que la ley de Amnistía ya había perdonado a los verdugos de su padre.
El crimen de As Barosas fue muy sonado en la comarca de As Pontes. El 22 de agosto de 1936, un grupo de falangistas irrumpió en la casa de la familia Ramos Ferreiro. El padre, Manuel, era el teniente alcalde de la localidad y miembro del Partido Agrario. Los pistoleros entraron con intención de acabar con toda la familia y casi lo consiguieron. Una de las hijas, que tenía entonces 31 años, consiguió huir de la casa sólo con un disparo en la mano. Permaneció un mes oculta en el bosque hasta que fue rescatada por un cura de Somozas. Más tarde se reunió con su hermano mayor que se salvó porque vivía fuera del hogar familiar. El único nieto de la familia también sobrevivió escondido en un baúl de la casa.
Finalizada la guerra, los hijos supervivientes de la sangría, desafiaron al nuevo régimen denunciando a los verdugos de su familia en el juzgado de Ferrol ya Del Caudillo. La causa por homicidio llegó a ser tenida en cuenta por el juez instructor, el capitán de Infantería Francisco Antolínez Merino. Y lo que es mejor, el cabecilla de los falangistas, Narciso Corral, estuvo en prisión preventiva. No llegó a pasar un mes tras los barrotes donde alegó todos los cargos que había ocupado en Falange Española. El juez militar consideró justa la muerte de la familia porque se resistieron a su detención por "desafectos al Glorios Movimiento Nacional".
Contar la verdad algún día
Siete décadas después, el nieto que sobrevivió escondido en un baúl de trigo, pudo ver la exhumación de la fosa de su padre, madre y hermanos. Los recuerdos del crimen los relata Antonio Castro, nieto de un amigo íntimo del padre asesinado que viendo lo que le iba a ocurrir le pidió que contara algún día la verdad.
El esperpéntico juicio al falangista Narciso Corral no ha sido anulado por la justicia actual. Numerosos familiares de víctimas han acudido a las instituciones para pedir revisiones. Es el caso de Ángel Jiménez, de 81 años. Siendo un niño de 11 vio por última vez a su padre en la cárcel de Guadalajara. Siempre ha recordado las últimas palabras que le dijo: "De aquí no voy a salir. Tu padre ha sido un hombre de bien. Defiende el buen nombre de la familia".
En plena democracia, Jiménez esperaba lavar el nombre de su padre detenido en Alicante al tratar de alcanzar el exilio. Ha escrito a todos los ministros de Defensa y Justicia. La única respuesta recibida es que la Amnistía dictada en 1977 es el borrón al pasado. Sólo quiere que alguien le dé un papel que diga que su padre era inocente.
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Marcos Ana: "No hay que confundir la amnistía con la amnesia"
El poeta y comunista Marcos Ana estuvo preso 23 años en las cárceles franquistas
DIEGO BARCALA - MADRID - 25/10/2008 20:13
"En qué se parece Dios a Marcos Ana? Mientras uno está en todas partes, Marcos viene de ellas". Es la descripción que el premio Nobel de Literatura José Saramago hace de Fernando Macarro (Salamanca, 1920), su amigo, poeta y preso comunista durante 23 años. Su seudónimo -Marcos Ana- es un homenaje a sus padres. Marcos murió en un bombardeo franquista en Madrid y Ana en la posguerra.
Marcos Ana prácticamente empezó su vida con 42 años, después de vivir encerrado desde los 19 y haber pasado gran parte de su pena condenado a muerte por su militancia antifascista. Desde entonces, el autor de Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida (editorial Umbriel) no ha parado. Siempre viajando para homenajear a sus "hermanos oscuros", los presos políticos con los que compartió tortura.
Con Pablo Neruda
Cuando salió de la cárcel en 1961, uno de sus objetivos cumplidos fue visitar al poeta chileno Pablo Neruda, con quien mantenía correspondencia. En su casa de Valparaíso, Ana narró una y mil vivencias dentro de las prisiones franquistas. Neruda quedó tan conmocionado que le espetó: "Somos unos insensatos por no haber grabado esto". Décadas después, Marcos Ana se decidió a escribir sus memorias que próximamente Pedro Almodóvar llevará al cine.
En su casa de Madrid, rodeado de recuerdos de sus múltiples homenajes por América latina, recuerda cada detalle del sufrimiento de la represión franquista que eliminó a 50.000 presos políticos sólo en la década posterior al fin de la guerra, según el historiador Julián Casanova.
"La cárcel te obliga a desarrollar ciertas facultades. Conocíamos los pasos de cada guardián, si llevaba marcha rutinaria o eran los pasos de la muerte. Recuerdo que estábamos cuatro condenados a la espera de que llamasen de madrugada a los próximos fusilados y antes de que el guardián abriera la boca sabíamos por la forma de los labios si iba a decir Ricardo o Pedro". En el exilio francés, el poeta, tan acostumbrado a ver solo límites en su campo visual, sufría ansiedad a los espacios abiertos.
El éxito del libro (50.000 ejemplares vendidos en un año) le ha puesto en contacto con jóvenes que desconocían la represión. "Esta página de la historia no se puede arrancar para que se la lleve el viento del olvido, hay que escribirla si hace falta con trazos de sangre para que no se vuelva a repetir". La causa del juez Garzón le parece una buena iniciativa . "No hay que confundir amnistía con amnesia", comenta.
Entre los grandes atractivos de este hombre está la total carencia de rencor en sus palabras. "Yo sé lo que es sufrir la violencia y sería incapaz de aplicarla. La mejor venganza es el triunfo de los ideales por los que he luchado", sentencia. Sus poemas son su mejor biografía: "Mi vida os la puedo contar en dos palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas".
LA VIDA
Extracto de un poema escrito en el vigesimosegundo año de su cautiverio
Decidme cómo es un árbol
Decidme el canto del río
cuando se cubre de pájaros.
Habladme del mar, habladme
del olor ancho del campo,
de las estrellas, del aire.
Recitadme un horizonte
sin cerradura y sin llaves,
como la choza de un pobre.
Decidme como es el beso
de una mujer. Dadme el nombre
del amor, no lo recuerdo.[...]
Veintidós años... Ya olvido
la dimisión de las cosas,
su color, su aroma... Escribo
a tientas: «el mar», «el campo»...
Digo «bosque» y he perdido
la geometría del árbol. Hablo,
por hablar, de asuntos
que los años me borraron
(no puedo seguir, escucho
los pasos del funcionario)
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La justicia no tiene memoria
Comentarios: 61 DIEGO BARCALA
La iniciativa del juez Garzón no es la primera que pretende investigar y juzgar una desaparición forzosa a manos de los partidarios del golpe del 17 de julio de 1936.
Las familias de las víctimas de la peor barbarie franquista ya han visto la espalda de la justicia. La iniciativa del juez Baltasar Garzón no es la primera que pretende investigar y juzgar una desaparición forzosa a manos de los partidarios del golpe del 17 de julio de 1936. Apenas tres años después de acabar la guerra, el juzgado de Ferrol, juzgó la muerte de cuatro miembros de una familia de As Pontes (A Coruña). En los años 80, el Ministerio de Justicia respondió al hijo de un fusilado en la cárcel de Guadalajara que la ley de Amnistía ya había perdonado a los verdugos de su padre.
El crimen de As Barosas fue muy sonado en la comarca de As Pontes. El 22 de agosto de 1936, un grupo de falangistas irrumpió en la casa de la familia Ramos Ferreiro. El padre, Manuel, era el teniente alcalde de la localidad y miembro del Partido Agrario. Los pistoleros entraron con intención de acabar con toda la familia y casi lo consiguieron. Una de las hijas, que tenía entonces 31 años, consiguió huir de la casa sólo con un disparo en la mano. Permaneció un mes oculta en el bosque hasta que fue rescatada por un cura de Somozas. Más tarde se reunió con su hermano mayor que se salvó porque vivía fuera del hogar familiar. El único nieto de la familia también sobrevivió escondido en un baúl de la casa.
Finalizada la guerra, los hijos supervivientes de la sangría, desafiaron al nuevo régimen denunciando a los verdugos de su familia en el juzgado de Ferrol ya Del Caudillo. La causa por homicidio llegó a ser tenida en cuenta por el juez instructor, el capitán de Infantería Francisco Antolínez Merino. Y lo que es mejor, el cabecilla de los falangistas, Narciso Corral, estuvo en prisión preventiva. No llegó a pasar un mes tras los barrotes donde alegó todos los cargos que había ocupado en Falange Española. El juez militar consideró justa la muerte de la familia porque se resistieron a su detención por "desafectos al Glorios Movimiento Nacional".
Contar la verdad algún día
Siete décadas después, el nieto que sobrevivió escondido en un baúl de trigo, pudo ver la exhumación de la fosa de su padre, madre y hermanos. Los recuerdos del crimen los relata Antonio Castro, nieto de un amigo íntimo del padre asesinado que viendo lo que le iba a ocurrir le pidió que contara algún día la verdad.
El esperpéntico juicio al falangista Narciso Corral no ha sido anulado por la justicia actual. Numerosos familiares de víctimas han acudido a las instituciones para pedir revisiones. Es el caso de Ángel Jiménez, de 81 años. Siendo un niño de 11 vio por última vez a su padre en la cárcel de Guadalajara. Siempre ha recordado las últimas palabras que le dijo: "De aquí no voy a salir. Tu padre ha sido un hombre de bien. Defiende el buen nombre de la familia".
En plena democracia, Jiménez esperaba lavar el nombre de su padre detenido en Alicante al tratar de alcanzar el exilio. Ha escrito a todos los ministros de Defensa y Justicia. La única respuesta recibida es que la Amnistía dictada en 1977 es el borrón al pasado. Sólo quiere que alguien le dé un papel que diga que su padre era inocente.
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Marcos Ana: "No hay que confundir la amnistía con la amnesia"
El poeta y comunista Marcos Ana estuvo preso 23 años en las cárceles franquistas
DIEGO BARCALA - MADRID - 25/10/2008 20:13
"En qué se parece Dios a Marcos Ana? Mientras uno está en todas partes, Marcos viene de ellas". Es la descripción que el premio Nobel de Literatura José Saramago hace de Fernando Macarro (Salamanca, 1920), su amigo, poeta y preso comunista durante 23 años. Su seudónimo -Marcos Ana- es un homenaje a sus padres. Marcos murió en un bombardeo franquista en Madrid y Ana en la posguerra.
Marcos Ana prácticamente empezó su vida con 42 años, después de vivir encerrado desde los 19 y haber pasado gran parte de su pena condenado a muerte por su militancia antifascista. Desde entonces, el autor de Decidme cómo es un árbol. Memoria de la prisión y la vida (editorial Umbriel) no ha parado. Siempre viajando para homenajear a sus "hermanos oscuros", los presos políticos con los que compartió tortura.
Con Pablo Neruda
Cuando salió de la cárcel en 1961, uno de sus objetivos cumplidos fue visitar al poeta chileno Pablo Neruda, con quien mantenía correspondencia. En su casa de Valparaíso, Ana narró una y mil vivencias dentro de las prisiones franquistas. Neruda quedó tan conmocionado que le espetó: "Somos unos insensatos por no haber grabado esto". Décadas después, Marcos Ana se decidió a escribir sus memorias que próximamente Pedro Almodóvar llevará al cine.
En su casa de Madrid, rodeado de recuerdos de sus múltiples homenajes por América latina, recuerda cada detalle del sufrimiento de la represión franquista que eliminó a 50.000 presos políticos sólo en la década posterior al fin de la guerra, según el historiador Julián Casanova.
"La cárcel te obliga a desarrollar ciertas facultades. Conocíamos los pasos de cada guardián, si llevaba marcha rutinaria o eran los pasos de la muerte. Recuerdo que estábamos cuatro condenados a la espera de que llamasen de madrugada a los próximos fusilados y antes de que el guardián abriera la boca sabíamos por la forma de los labios si iba a decir Ricardo o Pedro". En el exilio francés, el poeta, tan acostumbrado a ver solo límites en su campo visual, sufría ansiedad a los espacios abiertos.
El éxito del libro (50.000 ejemplares vendidos en un año) le ha puesto en contacto con jóvenes que desconocían la represión. "Esta página de la historia no se puede arrancar para que se la lleve el viento del olvido, hay que escribirla si hace falta con trazos de sangre para que no se vuelva a repetir". La causa del juez Garzón le parece una buena iniciativa . "No hay que confundir amnistía con amnesia", comenta.
Entre los grandes atractivos de este hombre está la total carencia de rencor en sus palabras. "Yo sé lo que es sufrir la violencia y sería incapaz de aplicarla. La mejor venganza es el triunfo de los ideales por los que he luchado", sentencia. Sus poemas son su mejor biografía: "Mi vida os la puedo contar en dos palabras. Un patio y un trocito de cielo por donde a veces pasan una nube perdida y algún pájaro huyendo de sus alas".
LA VIDA
Extracto de un poema escrito en el vigesimosegundo año de su cautiverio
Decidme cómo es un árbol
Decidme el canto del río
cuando se cubre de pájaros.
Habladme del mar, habladme
del olor ancho del campo,
de las estrellas, del aire.
Recitadme un horizonte
sin cerradura y sin llaves,
como la choza de un pobre.
Decidme como es el beso
de una mujer. Dadme el nombre
del amor, no lo recuerdo.[...]
Veintidós años... Ya olvido
la dimisión de las cosas,
su color, su aroma... Escribo
a tientas: «el mar», «el campo»...
Digo «bosque» y he perdido
la geometría del árbol. Hablo,
por hablar, de asuntos
que los años me borraron
(no puedo seguir, escucho
los pasos del funcionario)
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domingo, 12 de octubre de 2008
Inscripción fuera de plazao.
Siguen los problemas, con los jueces, a la hora de las inscripciones fuera de plazo por parte de las familias de los fusilados por el franquismo. Vicente vive en Sevilla, lo han hecho ir, en más de una ocasión, a su pueblo (Segura de León -Badajoz-) todo ello para intentar inscribir a su hermano -desaparecido- de 'la Columna de los 8.000', cerca de Llerena (Badajoz) tras una emboscada de los franquistas.
Os envio (PDF) el último caso documentado que nos ha entregado una familia, a pesar de las personas que han intervenido y están presentes en este caso (Comisario Memoria Histórica de Extremadura). Más datos sobre esta familia en www.todoslosnombres.org / Microbiografias.
Nunca está de más, manifestarse públicamente, por estos hechos demasiadas veces repetidos. ¿con estas actitudes -en la mayoría de los casos personales- como vamos a conseguir que los fusilados del franquismo consten oficialmente?.
Cecilio Gordillo, Coord. RMHSA' de CGT.A.
Os envio (PDF) el último caso documentado que nos ha entregado una familia, a pesar de las personas que han intervenido y están presentes en este caso (Comisario Memoria Histórica de Extremadura). Más datos sobre esta familia en www.todoslosnombres.org / Microbiografias.
Nunca está de más, manifestarse públicamente, por estos hechos demasiadas veces repetidos. ¿con estas actitudes -en la mayoría de los casos personales- como vamos a conseguir que los fusilados del franquismo consten oficialmente?.
Cecilio Gordillo, Coord. RMHSA' de CGT.A.
lunes, 6 de octubre de 2008
Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
http://www.elpais.com/espana/
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Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
CARLOS E. CUÉ
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación
Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica
Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.
El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.
Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.
Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.
Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.
Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista.
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Murió por pedir el Estatuto
ROSA BIOT
Un ladrillazo mató a Miquel Grau en octubre de 1977
Un ladrillazo lo derribó la noche del 6 de octubre de 1977. Miquel Grau militaba en el Moviment Comunista del País Valencià y se encontraba pegando carteles a favor del Estatuto de Autonomía en Alicante. Un ultra, cuya familia vivía en el edificio donde Miquel y otros tres compañeros estaban pegando los carteles, lanzó el objeto sobre los rojos que vio en la calle. Grau murió diez días después. Tenía 22 años.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"Fueron diez días en que vives como en una nube. Quieres creer que no es así, pero lo es", recuerda, como una pesadilla, José Ramón Grau, uno de los tres hermanos del joven asesinado, que sólo tenía entonces 17 años. Luego vino el multitudinario entierro, sin precedentes en Alicante, al que acudieron el 18 de octubre alrededor de 18.000 personas. La policía no dejó que el impresionante cortejo llegara hasta el cementerio, como recuerda el grupo valenciano Al Tall en una canción homenaje al joven asesinado, que se convirtió en una de las piezas más conocidas de la veterana formación folk y cuyo estribillo reza: "Per cridar 'vull l'Estatut', a Miquel assassinaren" ("Por gritar 'quiero el Estatuto', a Miquel asesinaron"). Eran tiempos muy tensos. También de compromiso, recuerda José Ramón, que al igual que su hermano participó desde pronto en manifestaciones, primero en defensa de la democracia y después para tomar posición por otros muchos motivos.
Miquel Grau se ha convertido, tres décadas después, en la última víctima de la Transición, de acuerdo con uno de los cuatro decretos que el Gobierno envió el pasado viernes al Consejo de Estado para iniciar el desarrollo de la Ley de Memoria y que contempla indemnizaciones para "personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)".
Se ha fijado una fecha tan precisa porque el Ejecutivo ha acudido a un elemento "objetivo" para marcar el período. Es la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Aquella norma amnistió los delitos políticos anteriores al 6 de octubre de ese año, el día del atentado contra Miquel; es decir, puso un límite a la Transición.
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Justicia tendrá tres meses para reparar a víctimas de Franco
CARLOS E. CUÉ
Todos los ayuntamientos deberán ayudar al Gobierno en la investigación
Obtener la declaración de reparación y reconocimiento personal de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil será muy fácil. El documento, que podrán solicitar los familiares de más de un millón de represaliados -de los dos bandos durante la guerra y de uno sólo en los casi 40 años de dictadura- será expedido por el Ministerio de Justicia en un máximo de tres meses desde que se presente la solicitud.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
El decreto que desarrolla la Ley de Memoria no obliga a la Iglesia católica
Se hará una pequeña investigación para comprobar los datos, pero el silencio administrativo -ausencia de respuesta- será entendido de forma positiva para el solicitante. Éstas son algunas de las novedades que contiene el proyecto de real decreto que regula este procedimiento y que, después de ser analizado el viernes por el Consejo de Ministros, será enviado al Consejo de Estado. En cuanto regrese al Gobierno podrá ser aprobado definitivamente.
El documento deja claro, en su artículo 9b, que "el plazo de resolución y notificación de este procedimiento será de tres meses transcurridos los cuales sin que se dicte resolución expresa se entenderá estimada la solicitud". "En caso de resolución firme estimatoria, se entregará al peticionario un título expedido por el Ministerio de Justicia en el que constará la declaración de reparación y reconocimiento personal", aclara.
Los solicitantes podrán ser las personas afectadas, esto es las víctimas, o, en el caso de que hayan fallecido, "el cónyuge o la persona ligada por análoga relación de afectividad, sus ascendientes, sus descendientes y sus colaterales hasta el segundo grado" y también instituciones públicas en las que las víctimas hubieran tenido un papel destacado. Deberán aportar los datos de los que dispongan sobre lo que le sucedió a la víctima -asesinato, cárcel, tortura, trabajos forzados, exilio- pero será el instructor del expediente, esto es un funcionario miembro de la División de Tramitación de Derechos de Gracia y Otros Derechos, dependiente de Justicia, quien se encargue de investigar la documentación oficial. Y es ahí donde todas las administraciones, incluidos los ayuntamientos -algunos en manos del PP se han mostrado reacios a este tipo de procesos, y las asociaciones también han encontrado resistencia en algunos archivos militares- están obligadas por este decreto a colaborar con Justicia para llevar a cabo la investigación. El texto señala que deberán entregar lo que les pidan antes de un mes. Para facilitar aún más las cosas, el decreto faculta a Justicia para habilitar una fórmula de solicitud electrónica de la declaración de reparación.
Lo que no hace el decreto es solicitar la colaboración de la Iglesia, en cuyos archivos se conservan algunos datos relevantes de la represión, como ha podido comprobar el juez Garzón.
Esta resolución, que venía fijada en el artículo 4 de la Ley de Memoria pero no ha sido desarrollada hasta ahora, nueve meses después de la entrada en vigor de esa polémica norma aprobada en diciembre de 2007, tiene un carácter meramente simbólico y no da derecho a ninguna reparación económica. Éstas fueron fijadas en los 80, cuando el primer Gobierno socialista fijó compensaciones a los militares republicanos -pensiones para ellos y sus viudas- y pequeños pagos por los años de cárcel por motivos políticos.
Las asociaciones de memoria histórica y de derechos humanos exigen al Ejecutivo que, como han realizado otros países como Alemania, anule judicialmente las sentencias franquistas, pero el Gobierno ha optado por esta fórmula simbólica con la que la democracia honra a los represaliados sin necesidad de declarar nula la justicia franquista.
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Murió por pedir el Estatuto
ROSA BIOT
Un ladrillazo mató a Miquel Grau en octubre de 1977
Un ladrillazo lo derribó la noche del 6 de octubre de 1977. Miquel Grau militaba en el Moviment Comunista del País Valencià y se encontraba pegando carteles a favor del Estatuto de Autonomía en Alicante. Un ultra, cuya familia vivía en el edificio donde Miquel y otros tres compañeros estaban pegando los carteles, lanzó el objeto sobre los rojos que vio en la calle. Grau murió diez días después. Tenía 22 años.
La noticia en otros webs
webs en español
en otros idiomas
"Fueron diez días en que vives como en una nube. Quieres creer que no es así, pero lo es", recuerda, como una pesadilla, José Ramón Grau, uno de los tres hermanos del joven asesinado, que sólo tenía entonces 17 años. Luego vino el multitudinario entierro, sin precedentes en Alicante, al que acudieron el 18 de octubre alrededor de 18.000 personas. La policía no dejó que el impresionante cortejo llegara hasta el cementerio, como recuerda el grupo valenciano Al Tall en una canción homenaje al joven asesinado, que se convirtió en una de las piezas más conocidas de la veterana formación folk y cuyo estribillo reza: "Per cridar 'vull l'Estatut', a Miquel assassinaren" ("Por gritar 'quiero el Estatuto', a Miquel asesinaron"). Eran tiempos muy tensos. También de compromiso, recuerda José Ramón, que al igual que su hermano participó desde pronto en manifestaciones, primero en defensa de la democracia y después para tomar posición por otros muchos motivos.
Miquel Grau se ha convertido, tres décadas después, en la última víctima de la Transición, de acuerdo con uno de los cuatro decretos que el Gobierno envió el pasado viernes al Consejo de Estado para iniciar el desarrollo de la Ley de Memoria y que contempla indemnizaciones para "personas fallecidas en defensa de la democracia o que hubiesen sufrido lesiones incapacitantes durante la Transición (del 1 de enero de 1968 al 6 de octubre de 1977)".
Se ha fijado una fecha tan precisa porque el Ejecutivo ha acudido a un elemento "objetivo" para marcar el período. Es la Ley de Amnistía del 15 de octubre de 1977. Aquella norma amnistió los delitos políticos anteriores al 6 de octubre de ese año, el día del atentado contra Miquel; es decir, puso un límite a la Transición.
martes, 16 de septiembre de 2008
Ni olvido ni perdón. Justicia.
Fuente: La Comunidad de Blogs de El País.
Ni olvido ni perdón: Justicia
Escrito por: antoniomarinseg el 15 Sep 2008 - URL Permanente
Hace algunos días el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, atendiendo las peticiones de ocho Asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, ha cursado una providencia solicitando toda la información sobre los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Para elaborar este censo, Garzón, se ha dirigido principalmente a los archivos de los ministerios de Defensa, Cultura e Interior, así como a los ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada. Inexplicablemente, quedan fuera de la investigación el resto de ayuntamientos más pequeños (tanto peninsulares como insulares) pero no por ello con menos indicios de alojar en sus archivos espeluznantes cifras de ejecuciones y enterramientos en fosas comunes.
Para dar un pequeño ejemplo (y esto los historiadores honestos lo saben muy bien) podríamos acompañar a la columna del Coronel Yagüe, que, al mando de tropas legionarias, afianzó la sublevación fascista en Sevilla y se dirigió, vía Extremadura, (cuyas dos provincias quedaron convertidas en gigantescos cementerios) hacia Madrid. Entrevistado por el periodista estadounidense, John T. Whitaker, sobre la masacre que iba dejando a su paso tuvo una respuesta harto expresiva sobre los prisioneros: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrareloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”. Esta era la ética militar de este personaje laureado por el golpista Franco.
También, la providencia del juez Garzón pide la “colaboración” de la Conferencia Episcopal Española solicitando el acceso a los libros de difuntos en las casi 23.000 parroquias españolas y, en primer lugar, la apertura del registro de muertos republicanos en el Valle de los Caídos donde, según su abad, están registrados 34.000 muertos.
Otro olvido de Garzón para elaborar este doloroso censo ha sido, en mi opinión, no hurgar en los archivos tanto de la Dirección General de la Policía como de la Guardia Civil. Es seguro que de las diferentes comandancias o comisarías centrales de estos cuerpos pudieran salir muchísimos datos o “indicios” de lo que se hizo con los “adeptos a la rebelión” (así denominados quienes defendieron la legalidad republicana) y del paradero de los miles y miles de luchadores por el restablecimiento de las libertades democráticas, masacrados durante 40 años de dictadura. Luchadores tildados de “desafectos al régimen” y, por lo tanto, víctimas de la brutal represión franquista. Y es que España suda sangre. Sigue sudando sangre y asesinatos impunes…
Ante esta decisión de Baltasar Garzón se han levantado muchas voces críticas. Y nos dicen los “críticos” que esta medida no ayuda a “cerrar las heridas” de la Guerra Civil y la dictadura asesina. Como si esos “críticos”, herederos políticos del genocida, no supieran que las heridas no se cierran con una capa de olvido. Para cerrar heridas primero hay que desinfectarlas y sajar hasta donde sea necesario; sacar a la luz pública la pus de la historia de este país que se encuentra enterrada de la manera más abyecta y vil.
Una vez se haya sajado hasta la profundidad necesaria, una vez se hayan destapado todas las fosas comunes, una vez salgan los muertos con la dignidad y el reconocimiento merecido, una vez se hayan señalado responsabilidades y responsables del genocidio… podremos hablar de “cerrar heridas”.
Es tremendamente obsceno e indecente que se quieran “cerrar heridas” taponándolas con la desmemoria, con toneladas de tierra que cubren tantas miradas de espanto, tantos gritos de dolor y tantos gestos de impotencia apagados, sofocados por el impacto seco de unos fusiles asesinos.
Quienes piden “cerrar heridas” están pidiendo cerrar la historia, su propia historia cómplice en la masacre de la Guerra Civil y el horror de la dictadura. Y lo peor de todo es que están amparados por una Iglesia con tanta vigencia y poder como aquella que bendecía los fusilamientos en las tapias de los cementerios. Eso les da fortaleza para justificar sus crímenes pero les niega la paz de sus propias conciencias, si es que alguna vez la tuvieron.
En estos días de atrás, una de esas voces “críticas” con la medida del juez Garzón ha sido la del superviviente “tiranosaurio” de nuestra historia más negra y reciente. La voz de un mequetrefe camaleón que ha visto como su colaboración con un régimen tiránico era lavada por la pusilanimidad política del postfranquismo.
Hablamos de Fraga. El “ilustre” mayordomo del fascismo español, el que compartió Consejo de Ministros con Carrero Blanco (felizmente elevado al cielo como mártir de su propia cruzada), con Muñoz Grandes (otro militar africanista), con Camilo Alonso Vega, etc. Este “Rasputín”, experto en confeccionar “dossiers de la muerte” como el de Julián Grimau (miembro del PCE ejecutado gracias al “historial” que le preparó Fraga) o los de los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado, también asesinados.
Este Fraga, “demócrata de toda la vida” y Ministro de la Gobernación en el último gobierno de Arias Navarro, el “carnicerito de Málaga”, y, por tanto, responsable de las tragedias que sufrió el pueblo español, y muy especialmente el País Vasco, en el año 1976. Este “demócrata falangista” por devoción que ordenó disparar fuego real contra los trabajadores en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, con el resultado de cuatro obreros y un estudiante asesinados; con otro obrero muerto más, unos días después en Basauri y otros dos muertos más, que no cesan, en los sucesos de Montejurra (Navarra) en ese fatídico año de 1976. Este tétrico personaje que se rodeó para su custodia personal de un equipo de matones, comandados por un prófugo argentino, Roberto Almirón, uno de los jefes de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), acusado de asesinato en su país.
Este personaje siniestro, Fraga, critica al juez Garzón por su decisión de elaborar un censo de los fusilados y desaparecidos. Aduce que “del otro lado hubo muchas más barrabasadas, como es obvio…”. Y nos está llamando imbéciles, está insultando la memoria colectiva de un pueblo que aún clama por sus desaparecidos. Y habla con la chulería propia del falangista que se sabe protegido por la tela de araña que su mentor, Franco, tejió para que los crímenes quedaran en la más absoluta impunidad.
¿De que va este trilero de la política cuando nos habla de “barrabasadas”? La primera y única barrabasada que se cometió en este país fue el propio golpe de estado contra un gobierno legítimo y democrático, la II República. Una barrabasada que costó un millón de muertos en una Guerra Civil que durante tres años desangró al pueblo español y al que siguió una largo noche de 40 años de dictadura en la que este falangista tuvo un destacado papel. Un papel que se tradujo en muertes, represión, torturas, cárcel y exilio.
La providencia del juez Baltasar Garzón está perfecta para devolver a las víctimas su dignidad y reconocimiento y a sus familiares la tranquilidad y sosiego de reencontrarse con ellos aunque sólo sea a través de una lápida, de una tumba familiar.
Garzón ya ha intervenido en casos de genocidio similares al español (Argentina, Chile, Guatemala, etc.) con la diferencia de que en estos casos la exigencia judicial también ha buscado responsables (con nombre y apellido) de los asesinos. ¿Por qué esta “ley de punto final” en España?
Ni olvido ni perdón. Justicia.
Agustín Mora.
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Ni olvido ni perdón: Justicia
Escrito por: antoniomarinseg el 15 Sep 2008 - URL Permanente
Hace algunos días el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, atendiendo las peticiones de ocho Asociaciones por la Recuperación de la Memoria Histórica, ha cursado una providencia solicitando toda la información sobre los fusilados y desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista.
Para elaborar este censo, Garzón, se ha dirigido principalmente a los archivos de los ministerios de Defensa, Cultura e Interior, así como a los ayuntamientos de Madrid, Córdoba, Sevilla y Granada. Inexplicablemente, quedan fuera de la investigación el resto de ayuntamientos más pequeños (tanto peninsulares como insulares) pero no por ello con menos indicios de alojar en sus archivos espeluznantes cifras de ejecuciones y enterramientos en fosas comunes.
Para dar un pequeño ejemplo (y esto los historiadores honestos lo saben muy bien) podríamos acompañar a la columna del Coronel Yagüe, que, al mando de tropas legionarias, afianzó la sublevación fascista en Sevilla y se dirigió, vía Extremadura, (cuyas dos provincias quedaron convertidas en gigantescos cementerios) hacia Madrid. Entrevistado por el periodista estadounidense, John T. Whitaker, sobre la masacre que iba dejando a su paso tuvo una respuesta harto expresiva sobre los prisioneros: “Claro que los fusilamos. ¿Qué esperaba? ¿Suponía que iba a llevar 4.000 rojos conmigo mientras mi columna avanzaba contrareloj? ¿Suponía que iba a dejarles sueltos a mi espalda y dejar que volvieran a edificar una Badajoz roja?”. Esta era la ética militar de este personaje laureado por el golpista Franco.
También, la providencia del juez Garzón pide la “colaboración” de la Conferencia Episcopal Española solicitando el acceso a los libros de difuntos en las casi 23.000 parroquias españolas y, en primer lugar, la apertura del registro de muertos republicanos en el Valle de los Caídos donde, según su abad, están registrados 34.000 muertos.
Otro olvido de Garzón para elaborar este doloroso censo ha sido, en mi opinión, no hurgar en los archivos tanto de la Dirección General de la Policía como de la Guardia Civil. Es seguro que de las diferentes comandancias o comisarías centrales de estos cuerpos pudieran salir muchísimos datos o “indicios” de lo que se hizo con los “adeptos a la rebelión” (así denominados quienes defendieron la legalidad republicana) y del paradero de los miles y miles de luchadores por el restablecimiento de las libertades democráticas, masacrados durante 40 años de dictadura. Luchadores tildados de “desafectos al régimen” y, por lo tanto, víctimas de la brutal represión franquista. Y es que España suda sangre. Sigue sudando sangre y asesinatos impunes…
Ante esta decisión de Baltasar Garzón se han levantado muchas voces críticas. Y nos dicen los “críticos” que esta medida no ayuda a “cerrar las heridas” de la Guerra Civil y la dictadura asesina. Como si esos “críticos”, herederos políticos del genocida, no supieran que las heridas no se cierran con una capa de olvido. Para cerrar heridas primero hay que desinfectarlas y sajar hasta donde sea necesario; sacar a la luz pública la pus de la historia de este país que se encuentra enterrada de la manera más abyecta y vil.
Una vez se haya sajado hasta la profundidad necesaria, una vez se hayan destapado todas las fosas comunes, una vez salgan los muertos con la dignidad y el reconocimiento merecido, una vez se hayan señalado responsabilidades y responsables del genocidio… podremos hablar de “cerrar heridas”.
Es tremendamente obsceno e indecente que se quieran “cerrar heridas” taponándolas con la desmemoria, con toneladas de tierra que cubren tantas miradas de espanto, tantos gritos de dolor y tantos gestos de impotencia apagados, sofocados por el impacto seco de unos fusiles asesinos.
Quienes piden “cerrar heridas” están pidiendo cerrar la historia, su propia historia cómplice en la masacre de la Guerra Civil y el horror de la dictadura. Y lo peor de todo es que están amparados por una Iglesia con tanta vigencia y poder como aquella que bendecía los fusilamientos en las tapias de los cementerios. Eso les da fortaleza para justificar sus crímenes pero les niega la paz de sus propias conciencias, si es que alguna vez la tuvieron.
En estos días de atrás, una de esas voces “críticas” con la medida del juez Garzón ha sido la del superviviente “tiranosaurio” de nuestra historia más negra y reciente. La voz de un mequetrefe camaleón que ha visto como su colaboración con un régimen tiránico era lavada por la pusilanimidad política del postfranquismo.
Hablamos de Fraga. El “ilustre” mayordomo del fascismo español, el que compartió Consejo de Ministros con Carrero Blanco (felizmente elevado al cielo como mártir de su propia cruzada), con Muñoz Grandes (otro militar africanista), con Camilo Alonso Vega, etc. Este “Rasputín”, experto en confeccionar “dossiers de la muerte” como el de Julián Grimau (miembro del PCE ejecutado gracias al “historial” que le preparó Fraga) o los de los anarquistas Francisco Granados y Joaquín Delgado, también asesinados.
Este Fraga, “demócrata de toda la vida” y Ministro de la Gobernación en el último gobierno de Arias Navarro, el “carnicerito de Málaga”, y, por tanto, responsable de las tragedias que sufrió el pueblo español, y muy especialmente el País Vasco, en el año 1976. Este “demócrata falangista” por devoción que ordenó disparar fuego real contra los trabajadores en Vitoria, el 3 de marzo de 1976, con el resultado de cuatro obreros y un estudiante asesinados; con otro obrero muerto más, unos días después en Basauri y otros dos muertos más, que no cesan, en los sucesos de Montejurra (Navarra) en ese fatídico año de 1976. Este tétrico personaje que se rodeó para su custodia personal de un equipo de matones, comandados por un prófugo argentino, Roberto Almirón, uno de los jefes de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina), acusado de asesinato en su país.
Este personaje siniestro, Fraga, critica al juez Garzón por su decisión de elaborar un censo de los fusilados y desaparecidos. Aduce que “del otro lado hubo muchas más barrabasadas, como es obvio…”. Y nos está llamando imbéciles, está insultando la memoria colectiva de un pueblo que aún clama por sus desaparecidos. Y habla con la chulería propia del falangista que se sabe protegido por la tela de araña que su mentor, Franco, tejió para que los crímenes quedaran en la más absoluta impunidad.
¿De que va este trilero de la política cuando nos habla de “barrabasadas”? La primera y única barrabasada que se cometió en este país fue el propio golpe de estado contra un gobierno legítimo y democrático, la II República. Una barrabasada que costó un millón de muertos en una Guerra Civil que durante tres años desangró al pueblo español y al que siguió una largo noche de 40 años de dictadura en la que este falangista tuvo un destacado papel. Un papel que se tradujo en muertes, represión, torturas, cárcel y exilio.
La providencia del juez Baltasar Garzón está perfecta para devolver a las víctimas su dignidad y reconocimiento y a sus familiares la tranquilidad y sosiego de reencontrarse con ellos aunque sólo sea a través de una lápida, de una tumba familiar.
Garzón ya ha intervenido en casos de genocidio similares al español (Argentina, Chile, Guatemala, etc.) con la diferencia de que en estos casos la exigencia judicial también ha buscado responsables (con nombre y apellido) de los asesinos. ¿Por qué esta “ley de punto final” en España?
Ni olvido ni perdón. Justicia.
Agustín Mora.
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