España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismo.

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España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismo

MEMORIA HISTÓRICA

España ha suscrito un tratado que contempla investigar el franquismoLa ONG Aim for Human Rights afirma que, aunque el fiscal impida que Garzón prosiga con el sumario sobre los represaliados, el texto internacional siempre permitirá reabrir la causa

Ya antes de que Garzón iniciara las investigaciones, muchas asociaciones llevaban a cabo exhumaciones en fosas.

EFE AGENCIAS/MADRID

El juez Garzón, que desde ayer está de baja médica para extirparse un nódulo en las cuerdas vocales, disfrutará sin duda de una placentera estancia hospitalaria, puesto que su pretensión de protagonizar la vida pública a costa del proceso contra los crímenes del régimen anterior parece haber calado definitivamente en la opinión pública, cada día más pendiente de todo cuanto rodea a la cuestión.

Tras las protestas de los vecinos de Carabanchel, movilizados en contra del derribo de la cúpula del antiguo penal madrileño, que consideran un símbolo de la represión franquista, el testigo de las reclamaciones lo recogió ayer la organización no gubernamental pro derechos humanos Aim for Human Rights, que le dio un giro internacional a la polémica al proclamar que la Convención Internacional para la Protección contra las Desapariciones Forzadas, que España ha firmado y deberá ratificar en el futuro, forzará a la Administración, no importa lo que digan los recursos de la Fiscalía, a investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo. «Una vez que este texto sea ratificado, España se verá obligada a crear una ley que penalice las desapariciones forzadas», afirmó un portavoz de la ONG, antes de señalar que, si prospera la queja del Ministerio Público contra la decisión de Garzón de declararse competente para asumir las pesquisas sobre los represaliados y, por tanto, el caso quedara judicialmente en vía muerta, «podría ser abierto de nuevo, tan pronto como el mencionado compromiso internacional sea ratificado y aplicado». Siempre de acuerdo con la citada normativa, Aim for Human Rights explica que el delito de desaparición forzada no prescribe «hasta que las víctimas se encuentran y son identificadas y sus restos devueltos a sus familias». La organización añadió acto seguido que «los casos de desapariciones de españoles durante y después del conflicto militar patrio entran de lleno en la definición de desaparición forzada» que recoge la convención, que comenzó a ser firmada en febrero del 2007 y a la que aún le faltan 15 ratificaciones por parte de Estados para que entre efectivamente en vigor. En ese momento, insiste la ONG, «se creará la obligación de los países de crear un tipo legal que incrimine la desaparición forzada como crimen de Estado, también cuando dichas conductas no son consideradas crímenes contra la Humanidad».

nuevas fosas comunes.
Entretanto, al socaire de argumentos como los expuestos por Aim for Human Rights, continúa el goteo de reclamaciones para exhumar tumbas. La última llegó de la mano de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que ha planteado a Garzón que abra un nicho situado en el Valle de los Caídos en el que supuestamente reposan los restos de siete vecinos del pueblo abulense de Pajares de Adaja que fueron fusilados en agosto de 1936 por la Falange y trasladados al mausoleo franquista en marzo de 1959, unas semanas antes de su inauguración. Asimismo, el colectivo informo de que tratará de que el magistrado incorpore al sumario de la causa otras nuevas fosas comunes, además de las 19 que ya se contemplan, incluida aquella en la que está enterrado García Lorca.

Manifestaciones.
Por si los esfuerzos de Garzón y los supuestos tratados internacionales no fueran suficientes, la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) estudia iniciar movilizaciones populares para hacer valer lo que ellos consideran su derecho a que se investiguen los hechos que el magistrado de la Audiencia «intenta sacar adelante». Además, temerosa de que las razones jurídicas de la Fiscalía se impongan al afán de protagonismo del juez, la ARMH proclamó que ha decidido exhumar «a la mayor brevedad posible» las fosas comunes que han sido autorizadas por el sumario por considerarlas fruto de los «crímenes masivos» cometidos por los militares junto al general Francisco Franco.
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