Reacciones hoy.

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Un auto antijurídico e inmoral
La Gaceta de los Negocios -

"Si me llama Garzón, iré. Y le diré que esto es un disparate"
Libertad Digital -

El fiscal jefe del TSJG defiende que la Ley de Memoria Histórica ...
ecodiario -

Trifulca política en torno al franquismo
La Vanguardia -

Garzón-Zaragoza, cuestión de método

La Voz de Galicia -

Las discrepancias entre el juez y el fiscal son más de forma que de fondo, ya que ambos coinciden en la necesidad de hacer efectiva la Ley de Memoria Histórica

El pulso jurídico que han sostenido en los últimos días el juez Baltasar Garzón y el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a cuenta de la investigación judicial abierta por el primero sobre los crímenes de la Guerra Civil y los primeros años del franquismo, ha entrado en los últimos días en una fase de alto al fuego . La tregua fue decretada por la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que es la que puede determinar si el juez es o no competente para seguir adelante con la instrucción de esa causa.
Es por ello el momento oportuno para la recapitulación. ¿Hasta dónde llegan las diferencias entre las tesis sostenidas por el juez en el auto de hace diez días y las del fiscal en su recurso del pasado lunes?
Ambos coinciden en la necesidad de proteger los derechos de las víctimas de la represión franquista y, por tanto, de que se adopten las medidas necesarias para la localización e identificación de sus restos enterrados en fosas comunes. La Fiscalía entiende que eso se puede hacer con la Ley de Memoria Histórica aprobada hace menos de un año. El juez quiere pilotar personalmente ese proceso.
Prescripción
Admite incluso el fiscal que las medidas de localización, identificación y exhumación y traslado de restos de desaparecidos «también pueden ser acordadas en el proceso penal por el juez instructor» y aclara que por eso no recurrió las providencias dictadas el 28 de agosto y el 25 de septiembre. Precisa a continuación que la vía penal no tiene razón de ser cuando, como ocurre en este caso, los crímenes están prescritos y amnistiados. Concluye el fiscal que «es intrínsecamente injusto sostener que los derechos de las víctimas dependen exclusivamente de que el órgano judicial a quo pueda seguir adelante con la investigación penal».
El propio instructor, cuando acuerda solicitar los certificados de defunción de Franco y otros responsables de la represión, reconoce que los necesita para dar por extinguida su responsabilidad penal. A partir de ahí ya anuncia que remitirá el caso a los juzgados territoriales competentes para que sigan instruyendo los procesos y exhumando las cadáveres de las fosas comunes, como prevé la Ley de Memoria Histórica.
Más coincidencias
Otro punto en el que no discrepan ambas partes es en que los crímenes en cuestión nunca han sido investigados. Las divergencias surgen, una vez más, en el método. Garzón aboga claramente por incoar un proceso penal, aunque sea simbólico, al franquismo, y el fiscal se niega tajantemente a ello alegando que los delitos están prescritos y cubiertos por una ley de amnistía del año 1977, que fue fruto de la presión popular y no impuesta por los poderes fácticos, lo que la hubiera asimilado a una Ley de Punto Final como la Argentina. El fiscal sostiene que si alguien está legitimado para hacer un proceso político al franquismo es el Parlamento, no los tribunales de Justicia.
La gran pregunta que sigue sin respuesta es por qué Garzón -que es consciente de que a estas alturas de la historia un proceso político-penal al franquismo es inviable desde el punto de vista jurídico e inaceptable desde el punto de vista político- ha tomado esa iniciativa. Lo que cuestionan incluso quienes aparentan sentirse más identificados con sus planteamientos.
Hay respuestas para todos los gustos. Una de las más sorprendentes es que el magistrado más polémico del país y con mayor proyección internacional está dispuesto a poner en juego su prestigio para pasar a la historia como la última víctima del franquismo.

El inquisidor
La Nueva España -
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