Andalucía blinda las fosas de la represión franquista

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Andalucía blinda las fosas de la represión franquista

RAÚL BOCANEGRA

Serán declaradas bienes de interés cultural. Gozarán de una protección similar a la de cualquier monumento y quien las dañe se enfrentará a penas de cárcel.

RAÚL BOCANEGRA - Sevilla - 27/10/2008 21:27

Las 630 fosas de la represión franquista localizadas hasta ahora en Andalucía serán declaradas bienes de interés cultural –patrimonio histórico– a partir del año que viene. Quedarán blindadas y gozarán de un grado de protección similar al de cualquier monumento. Nadie podrá dañarlas ni, por supuesto, construir encima, salvo que quiera enfrentarse a una condena de hasta tres años de cárcel o una multa de entre 100.000 y un millón de euros.

El Gobierno autonómico y los ayuntamientos podrán expropiar la zona donde se encuentre la fosa en el caso de que el propietario de los terrenos no cumpla con su deber de protección. Es una medida recogida en el primer plan “estratégico” de recuperación de la memoria histórica de Andalucía, ya en proceso de redacción, según confirmó a Público la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo.

La previsión del Ejecutivo andaluz es que las fosas tengan la consideración legal de sitio histórico: cualquier “lugar vinculado a acontecimientos o recuerdos del pasado [...] que posean un relevante valor histórico”. “Con esto, mañana no puede venir un alcalde y construir una urbanización encima [de una fosa], y si lo hace, tendrá que protegerla”, resume Naranjo.
Cuando se apruebe, la normativa resolverá entre otras la situación de la fosa de la Palma del Condado (Huelva), amenazada por un parque y donde se calcula que están enterrados entre 100 y 200 cadáveres de represaliados. Extremadura también ha iniciado los trámites para proteger de manera parecida el campo de concentración de Castuera (Badajoz), donde fueron represaliados más de 15.000 personas entre 1939 y 1940. Se había intentado usar como cebadero de cerdos, primero, y planta fotovoltaica, después.

Hasta 124 homenajes
Un total de 124 fosas de represaliados en la guerra civil y la posguerra ya tienen levantado un monumento de homenaje a los allí enterrados. “Queremos también homogeneizar el adecentamiento, para que todos los lugares de memoria se identifiquen claramente. Que quien pase por allí, sepa de inmediato que ahí debajo hay lo que hay”, afirma Naranjo. ¿Qué serán? ¿Placas con lista de nombres, con una descripción de lo que allí sucedió? No se sabe aún. “Quizás hagamos un concurso de ideas”, baraja.

No es la única medida. Naranjo pretende convertir la sede en la que ahora trabajan –fue capitanía de la II región militar en la República, luego ocupada como base por el golpista Queipo de Llano– en un centro de documentación de la memoria. Contendrá museo, archivo con fotografías, películas, el proyecto todoslosnombres.org y estará abierto a que la gente entregue la memoria de sus familias. “Ahora está todo desperdigado. Queremos tener un verdadero centro neurálgico”, afirma Naranjo. También se elaborará un censo de edificios construidos por presos políticos.

Por otro lado, el ministro de Cultura, César Antonio Molina, recibió de la Cruz Roja en Salamanca casi 300.000 documentos digitalizados, con información sobre españoles que estuvieron en campos de concentración en Francia y en los de exterminio nazis, informa Justino Sanchón.

Garzón recibe una solicitud para abrir un nicho del Valle de los Caídos
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó este lunes al juez Baltasar Garzón la apertura de un nicho situado en el Valle de los Caídos (Madrid). La agrupación denuncia que en él descansan los restos de siete vecinos de Pajares de Adaja (Ávila) que fueron fusilados en agosto de 1936 por la Falange. Sus restos fueron después trasladados al mausoleo franquista en marzo de 1959, unas semanas antes de su inauguración.

Fausto Canales, promotor de la iniciativa e hijo de uno de los asesinados, explicó a Europa Press que la petición constaba en la denuncia que presentaron en diciembre al juez. Pero ahora solicitan esta medida porque el magistrado no se pronunció al respecto en el auto en el que se declaró competente para investigar los crímenes del franquismo.

Por otra parte, el actual líder de la Falange Española de las JONS, Diego Márquez Horrillo, se ha responsabilizado ante el juez Baltasar Garzón de haber sido “máximo dirigente” de esta organización en la década de 1950 y se ha puesto a su disposición “para desmentir todas las imputaciones que se hacen contra nosotros”, informa Efe.

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Un genocidio perdido en la bruma

La franja litoral entre Málaga y Almería oculta bajo su turística estampa mediterránea las pruebas de una jauría de hombres contra hombres.

ÁNGEL MUNÁRRIZ - SEVILLA - 28/10/2008 07:33

La franja litoral entre Málaga y Almería, 200 kilómetros de recorrido que ofrecen hoy un detallado testimonio de la era del ladrillo y el golf en Andalucía, oculta bajo su turística estampa mediterránea las pruebas de una jauría de hombres contra hombres.

Solo entre los días 7 y 11 de febrero de 1937, varios miles de personas –al menos tantos como los 3.000 chilenos que murieron durante los 17 años de la dictadura de Pinochet, por ejemplo– fueron masacradas en su huida desde Málaga, tomada por los rebeldes, hasta Almería, en un éxodo conocido como la desbandá y que casi 72 años después sigue envuelto en incógnitas y brumas.

“Hay quien dice que fueron 5.000 muertos. Otros, que 10.000. Es muy difícil”, cuenta el presidente de la Asociación contra el Olvido de Málaga, Francisco Espinosa. “No sabemos ni siquiera con detalle qué documentación hay”, añade.

Los radicales cambios urbanísticos de la zona en los últimos 70 años añaden una dificultad casi insalvable para el hallazgo de cadáveres. Andrés Fernández, arqueólogo del proyecto del cementerio de San Rafael, en Málaga, que ha recuperado 2.400 cadáveres, asume que buscar rastros de la desbandá “sería muy complicado”.

Encarnación Barranquero, autora junto a Lucía Prieto de la investigación Población y guerra civil en Málaga, afirma que “decir 3.000 podría ser pasarse, pero también quedarse cortos”, al tiempo que señala que un buen número de muertos de la fosa de Órgiva (Granada) salieron de Málaga aquel infausto 7 de febrero.

10.000 personas huyeron de Málaga
Al margen de la cifra de fallecidos, lo que ningún historiador que haya abordado la desbandá discute es que al menos 100.000 personas huyeron de Málaga. En la ciudad, que había acogido a miles de refugiados de Sevilla, Cádiz, Córdoba y Granada, reinaba el terror ante la inminente llegada de las tropas de Queipo de Llano.

Ayudado por moros e italianos, un rumor de violaciones y matanzas masivas precedía su aliento. “Los informes internos de la República dicen que llegaron a Almería 60.000. Es más que prudente pensar que salió de Málaga al menos el doble”, explica Jesús Majada.

Este profesor reunió y expuso en Málaga en 2004 las fotografías de la desbandá realizadas por el doctor canadiense Norman Bethune y sus ayudantes, contribuyendo a la toma de conciencia de la población sobre las dimensiones de la tragedia. “Unas 10.000 personas fueron a la exposición. Nunca se habían visto imágenes de aquello”, recuerda.

Doble vergüenza
La historiadora Barranquero cree que el espeso silencio que durante años ha rodeado estos hechos se fundamenta en que era “vergonzoso” tanto para los nacionales, por motivos obvios, como para la República, “que no pudo proteger” a esos miles de personas indefensas, entre ellos gran cantidad de mujeres y niños expuestos en la serpenteante carretera de la costa al bombardeo de buques y aviones alemanes; ametrallados desde las laderas, con los italianos pisándoles los talones.

Los testimonios recogidos por los supervivientes dan fe de escenas terribles, como las recogidas por el historiador británico Anthony Beevor. La propia Barranquero y el historiador Antonio Nadal publicaron en la revista Jábega, ya en 1987, párrafos sobrecogedores.

Miguel Escalona, que tenía 10 años en 1937, contaba 50 años después: “Nunca he olvidado a aquella mujer que, herida por un obús, en medio de un charco de sangre, amamantaba y abrazaba a su hijo de dos meses”. Ese era, hace siete décadas, el paisaje hoy cubierto por el asfalto del progreso andaluz.
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"Exhumaciones sí, pero todas no podrán ser"

La titular de Justicia de Andalucía explica que, antes de pensar en exhumaciones, es necesario que llegue el protocolo a tal efecto que prepara el Gobierno. Y precisa que habrá fosas que no se podrán exhumar, por su ubicación.


R. B. - SEVILLA - 28/10/2008 07:36
La titular de Justicia de Andalucía explica que, antes de pensar en exhumaciones, es necesario que llegue el protocolo a tal efecto que prepara el Gobierno. Y precisa que habrá fosas que no se podrán exhumar, por su ubicación. “Hay muchos camposantos donde hay ya nichos arriba. Vamos a ver cuáles se pueden exhumar. Y luego veremos, porque habrá familiares que no quieran”. No todas las exhumaciones, pues, serán posibles.

Las asociaciones y familiares reclaman ayudas públicas para exhumar...
La exhumación de una fosa no es un: “Que ahí está mi padre, deme usted dinero”. Están protegidas judicialmente. Eso no es “yo meto la pala y saco un cofre”. Hay que hacerlo con cuidado, requiere una técnica. De momento, las entidades con las que he hablado reconocen que no tienen capacidad administrativa ni organizativa para hacerse cargo de una exhumación.

Claro, pero con apoyo público, sí podrían...
No. Ni siquiera con dinero.

Bueno, depende de cuánto dinero, ¿no?
Claro, tienen que intervenir equipos forenses, arqueólogos; y algunas exhumaciones vendrán de la mano de la autoridad judicial. Entonces, ¿qué pasa? Lo que queremos es programar una vez que llegue el protocolo del Gobierno, el dónde, el cuándo, el cómo y el quién de la exhumación de fosas.

¿Va a existir un impulso de la Junta de Andalucía o se va a esperar a que sean los familiares quienes soliciten y luego el Gobierno decida?
Esto será a demanda de los familiares y habrá algunas que no se puedan cumplir.

¿Habrá un fondo para exhumaciones?
Un fondo tendrá que haber, porque si llega un juez y nos dice hay que abrir, tenemos que hacerlo. Pero el impulso de decir “vamos a abrir” nunca va a ser del Gobierno. El Gobierno regula y pone un dinero para indemnizaciones. Ya veremos como Gobierno si corresponde en función de la norma. El Gobierno no va a poner un plan que diga: vamos a abrir las 600 fosas. No somos los dueños del sentimiento. Hay familiares que no quieren abrir.

¿Y la apertura de la fosa de Lorca, qué le parece?
Con Lorca hay muchísimas incógnitas. No se sabe si está, si no está, si se lo llevaron…

Eso se puede saber abriendo.
Es un proceso sub iudice.
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