Sebastián Fernández: «En Málaga se produjo un absoluto genocidio ...

EXPERTO. Desde hace dos años, Sebastián Fernández dirige los trabajos de exhumación en el cementerio de San Rafael. / YOLANDA MONTIEL

Fuente: Sur.es





Sebastián Fernández: «En Málaga se produjo un absoluto genocidio ...



«Es importante que la ciudadanía comprenda que aquella barbarie no puede volver a repetirse jamás». «A muchos les obligaron a cavar la fosa en los terrenos del camposanto, los pusieron al borde y fueron fusilados»
08.09.08 - GEMA MARTÍNEZ


Desde hace dos años, Sebastián Fernández dirige los trabajos de exhumación en el cementerio de San Rafael. / YOLANDA MONTIEL

Es profesor de Arqueología e Historia de la Universidad de Málaga, y acaba de ser nombrado decano de la Facultad de Filosofía y Letras. Desde hace dos años dirige al equipo que lleva a cabo la exhumación de los restos de los miles de fusilados en Málaga durante la Guerra Civil y el franquismo, y que acabaron en las fosas comunes del cementerio de San Rafael. A Sebastián Fernández, su carrera profesional le ha llevado a realizar excavaciones en necrópolis musulmanas, romanas, prehistóricas y visigodas. Ha desenterrado esqueletos de monjes y restos de 3.500 años antes de Cristo, pero nada puede compararse con lo que ha visto en el camposanto malagueño. Miles y miles de restos de fusilados a pie de fosa, con el tiro de gracia, con las manos atadas con alambres. Bastantes mujeres, algunas embarazadas y muchas con la medalla de la Virgen del Carmen. Invidentes, párrocos... «Una barbarie», recalca.





El juez Baltasar Garzón busca datos para enjuiciar al franquismo por un delito de genocidio. En alguna ocasión, usted ha utilizado esa palabra para referirse a lo que ocurrió en Málaga a partir del año 37.





Una guerra civil no es deseable. Es algo horrible. Pero lo más grave, bajo mi punto de vista, es la persecución y el absoluto genocidio que se realiza después, en la posguerra. Málaga es ocupada por las tropas de Franco en febrero del 37, y hasta el 51 se estuvo fusilando en el cementerio de San Rafael. Cuando iniciamos los trabajos de exhumación (16 de octubre de 2006), teníamos una relación de unas 2.500 personas. Ahora ya hay más de 4.400 documentadas y ya hemos exhumado 2.300.





Al hablar de las exhumaciones, hay voces que alertan de que se están abriendo viejas heridas.Creo que es todo lo contrario: se cierran heridas.





Es importante que la ciudadanía comprenda que la barbarie que ocurrió en la guerra y en la posguerra no se puede repetir jamás. Para mí, lo que he visto en San Rafael, ha supuesto un impacto muy fuerte.¿Por no esperado?





No esperaba esa barbaridad. Cuando he visto la disposición de los cuerpos, el tiro de gracia, las manos amarradas con alambres... Ha sido muy fuerte. He tenido que cambiar a gente del equipo porque se quedaban bloqueados encima de un esqueleto. Bloqueados. Imagínese un día, y otro día...





¿En qué años se producen más fusilamientos?





El 37 fue horrible. Las primeras seis fosas que hemos exhumados corresponden a ese año. Por término medio, en cada fosa -que tiene unas dimensiones de diez metros de longitud por tres de anchura- hay 250 esqueletos. La cifra de fusilamientos es desorbitada. En el caso de Málaga, los peores años fueron el 37 y el 39.





¿Qué revelan los restos?





Su disposición es totalmente dispar. Nunca aparecen bien colocados, pero sí de cúbito supino, de cúbito prono... Hay párrocos. Lo sabemos porque portaban en las manos crucifijos de grandes dimensiones y había restos de sotanas. Sabemos que uno de ellos es el cura de Mijas. Había un caso espeluznante de un esqueleto que parece que se mantuvo con vida, que intentó salir y que ahí le fallaron las fuerzas. Está como de rodillas, agarrado a lo que es el perfil de la fosa. En otro, hemos encontrado en la garganta una especie de pañuelo. Se lo debieron hacer tragar.





Tremendo.





También entre los familiares hay casos muy especiales, como el de la señora Paca. Su padre llegó muerto al cementerio y el sepulturero era amigo de él. Le dijo al piquete que lo dejara a un lado, que él lo enterraría. Le dio una sepultura 'regular' (con los brazos cruzados) y avisó a su esposa. Desde entonces, la esposa puso un ramito de flores en el lugar. Luego continuó su hija. Por eso sabíamos la localización de una fosa. Su padre medía 1,56 metros y en esos momentos calzaba unos botines buenos. En el momento en el que descubrimos un esqueleto en una posición 'normal' y con esas características supimos que era él.





Es decir, que se pueden identificar ya algunos restos.





Hay que tener en cuenta una cosa: la Asociación Por la Memoria Histórica lleva funcionando años. Son 400 socios y hablamos de 4.500 personas. Estamos esperando a que los familiares pierdan el miedo... Muchos tienen miedo.





¿Miedo a qué?





Miedo a hablar o a ser identificados como nietos de... Hace cinco años, la ciudadanía malagueña desconocía que en el cementerio de San Rafael había 4.500 personas represaliadas por el régimen franquista. No lo sabían. Muchos de los malagueños castizos sabían que en San Rafael habían tenido lugar los fusilamientos, pero de ninguna manera de esa forma masiva. Tenemos en los listados personas de todos los pueblos de Málaga, y gente de Córdoba, de Almería... Aquí en Málaga fue un genocidio absoluto. Yo empleo la palabra porque lo que ocurrió fue una barbaridad. Muchos fueron fusilados a pie de fosa. Les obligaron a cavar la fosa, los pusieron al borde y fueron fusilados. Debió ser algo realmente espeluznante.

Después del ruido, ¿vendrán las nueces?

Fuente: La Voz de Cádiz.



Foto no publicada: Ana Avila (AMHyJA) 28.02.2008/ frente al Teatro de la Maestranza (Sevilla)/ entrega de medalla de Andalucía a Baltasar Garzón. De izquierda a derecha: Juan Pérez Silva (hijo “Libertaria”), Paqui Maqueda (AMHyJA), José L. Gutiérrez y Cecilio Gordillo (RMHSA de CGT.A).

Después del ruido, ¿vendrán las nueces?
La Voz de Cádiz/ OPINION. 04.09.2008 –
José L. Gutiérrez Molina. historiador.

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La que se ha armado a cuenta del requerimiento de información que, sobre el número y circunstancias de las desapariciones realizadas por los golpistas de 1936, ha realizado el juez Baltasar Garzón a diversas instituciones y a los demandantes que se presentaron hace un año ante su juzgado. Páginas enteras en los periódicos, cabeceras de telediarios y opiniones y exabruptos para todos los gustos. Que si es competente o no para ello, que si sólo se quieren reabrir las heridas y cosas peores, que si hay otros problemas más importantes en esta España de los más de dos millones y medio de parados, que si en realidad lo que se busca es dar carpetazo, de una vez por todas, a las demandas tirando por elevación y, además, sin puntería porque a quienes se ha dirigido no son los más adecuados, etc. Seguramente el lector conocerá otras reacciones y puntos de vista que se me escapen. Incluyendo la afición a focos, cámaras y micrófonos del titular de la Sala 5ª de la Audiencia Nacional.
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En la mayoría de los casos cada uno tendrá una parte de razón: los de no reabrir heridas para mantener las cuotas de victoria e impunidad que les regalaron las políticas de olvido y silencio de la Transición; la Iglesia Católica, que no es de este mundo; los que piensan que la vida es fundamentalmente un asunto de juridicidad, porque les pone ante un asunto apasionante donde ejercer sus habilidades; los políticos, porque piensan sacar tajada de un asunto que siempre les ha quemado los dedos, a los de uno y otro signo. Aunque siga siendo impresentable e incomprensible que un partido político niegue a una parte de los ciudadanos de este país a que cumplan siquiera con el derecho y el deber civil y humano de ver inscritos y enterrados dignamente a sus deudos.



Igual de lamentable es que otros de la llamada izquierda sigan mareando la perdiz, hablando con la boca chica y prefiriendo la oscuridad y el silencio a las luces, taquígrafos y pedagogía cívica. Por poner un ejemplo reciente, la exhumación realizada este verano en Grazalema de la llamada fosa de las mujeres. Sin olvidar que, de las más de un centenar de asociaciones, foros, grupos de trabajo, secretarías de la memoria existentes en España surgidas a finales de los 90, sólo se han personado ante Garzón 14. De ellas ni una sola de las organizaciones -partidos y sindicatos- que tienen sus muertos en cunetas y fosas comunes. Aunque muchos de éstos últimos llenan diariamente de opiniones los medios de comunicación.



El movimiento se demuestra andando. Así que lo mejor en estos casos es fijarse en quienes están empeñados en recuperar cuerpos, vidas y memoria sin esperar que otros lo hagan por ellos, incluso supliendo lo que debería ser una obligación para quienes ocupan la pesada responsabilidad de ser un servidor público. En Cádiz tenemos un caso que, por ejemplar y haber sido uno de los denunciados ante Garzón, puede servirnos de piedra de toque para separar el grano de la paja en este tumulto mediático. Me refiero a la desaparición de María Silva Cruz, La Libertaria.



María es una más de las secuestradas y desaparecidas, legal y físicamente, a consecuencia de las acciones de los golpistas de julio de 1936. Como en otros tantos casos, hoy las circunstancias de su muerte se encuentran difuminadas por el tiempo transcurrido, el miedo y el silencio hasta el punto de desconocer el lugar de su asesinato y de su entierro. Así que la mayoría de las instituciones a las que ha pedido información Garzón poco podrán aportar. A no ser que los Ministerios de Interior y Defensa respondan de una manera más convincente de lo que lo han hecho hasta ahora a las peticiones del juez y, como ayer informaba LA VOZ, a los requerimientos de los interesados. A pesar del ruido, la situación para este caso no parece que vaya a cambiar mucho o, por lo menos, hay que mantener la cautela.



Por sus circunstancias, salvó la vida en 1933 durante la Segunda República en la conocida matanza de Casas Viejas y fue asesinada en 1936. La resolución de la desaparición de María serviría de piedra de toque para el nivel de compromiso que la Administración está dispuesta a llegar en estos asuntos. Al igual que en otros que rodean a este lugar simbólico de la Historia social contemporánea española. Baste recordar todavía recientes acontecimientos e iniciativas ciudadanas, sin el menor apoyo institucional y a costa del propio patrimonio, como la publicación del libro sobre el Carnaval del antropólogo Jerome Mintz.Hay quienes dicen que existen otros asuntos más importantes. Así sucede desde 1975. Antes, parece obvio, nadie duda de que poco se podía esperar. Ni los recursos a emplear ni el impacto social, justifica que España siga teniendo miles de ciudadanos desaparecidos ya entrado el siglo XXI. Tampoco parece que esté en el ánimo de familiares y miembros de asociaciones de que se impida la investigación de ningún otro hecho parecido. No es cuestión de nervios ni de gritos sino de entender de una vez que los derechos son para todos, no sólo para unos. Haya pasado el tiempo que haya pasado.





Por las reacciones conocidas no parece que este país, como en tantas otras cosas, vaya a entrar en este asunto por el camino que cabía esperar de una sociedad madura. Precisamente porque tras 30 años de democracia se ha hecho de todo menos crear una ciudadanía consciente y preparada. Ahora, cuando llegan las vacas flacas, los nervios afloran y las carencias se ponen más aún de manifiesto. Independientemente de en lo que queden todos los fuegos artificiales de estos días, estoy seguro de que, aunque sea por hacernos un favor a nosotros mismos, habrán -habremos- ciudadanos que continuaremos solos o acompañados, con mayor o menor apoyo; intentando que el sufrimiento de personas como Juan Pérez Silva o Catalina Silva Cruz, hijo y hermana de María, pueda verse mitigado y que un día puedan, como se ha escrito en el blog Desde la Historia de Casas Viejas, llenar ese hueco que corroe sus entrañas. Las de ellos y otros muchos. Que la cosecha, tras el ruido, sea abundante.

Susana aviva la memoria de los políticos.

Fuente: Correo de Andalucía.

Susana aviva la memoria de los políticos

Sevilla Carmen Rengel 08/09/2008

Susana tenía cinco años cuando mataron a su padre. No sabe si acabaron con él a golpes o si lo fusilaron. No sabe dónde está enterrado, si es que lo está. Por eso lleva años batallando con el Ayuntamiento, pidiendo reuniones y entrevistándose con políticos “que se hacen los sordos”. Tras el impulso de Garzón a la investigación, espera, todo va a cambiar.

“Digo yo que si lo ordena un juez, y más un juez como éste, el Ayuntamiento tendrá que ayudar de una vez, ¿no?”. La voz de Susana Vecino suena entre triste e indignada, entre ilusionada y escéptica, entre cansada y fuerte. Lleva toda la vida aguardando el momento de devolver la dignidad a su padre, Antonio, muerto en los primeros meses de la Guerra Civil. Nunca supo cómo moverse, a qué puerta llamar, qué tecla tocar.

Sólo hace unos cinco años, a través de los medios de comunicación, conoció el trabajo de la Asociación Andaluza Memoria Histórica y Justicia, contactó con uno de sus portavoces, Cecilio Gordillo, y comenzó su lucha. “He escrito mil veces al Ayuntamiento, he asistido a reuniones en las que todo el mundo nos sonríe y nos pone buena cara pero nadie nos da soluciones... Y estoy cansada. Ha llegado el momento de que hagan algo”, añade.

Cuando Susana escucha que el Gobierno local ha dado orden ya al Archivo Histórico para que rescate las fichas de unos 8.000 represaliados de la contienda y su posguerra, guarda silencio, suspira y responde: “No me fío de las buenas palabras. Quiero ver la lista y quiero saber qué pasó con mi padre”. Dice que nunca ha recibido respuesta a su petición de un censo de víctimas. Que “hay mucha gente perdida y muchas cuentas que ajustar”. Que necesita “irse” sabiendo lo que pasó.

Su caso es un ejemplo, otro más, de pasado amargo y heridas por cerrar. Otra pregunta sobre la guerra que ha pasado de generación en generación y todavía sigue sin respuesta. Emocionada, relata que a su padre lo sacaron de su casa, en Ciudad Jardín, porque un policía retirado lo denunció a las autoridades de la ciudad tras el alzamiento nacional. Antonio Vecino, de 30 años, simpatizaba con el Partido Comunista, pero “nunca” fue un dirigente político.

“Mi padre se dedicaba a su oficio y pensaba como pensaba. Ya está”, apuntilla su hija. Afirma que el vecino que lo delató le tenía “envidia” porque Antonio siempre encontraba trabajo, siempre sobrevivía, pese a los malos tiempos. “Mi padre era mecánico en una fábrica de corcho y, cuando cerró por la guerra, montó un kiosco de chucherías. No nos iba mal y eso hay quien no lo perdonaba”, explica Susana.

Desde su casa de Miraflores, a sus 77 años, la mujer asegura que su progenitor estuvo unos dos meses preso, tiempo en el que su madre o su abuela, sin falta, le llevaron cada día su desayuno, su comida y su cena a Capitanía, el cuartel general donde lo retenían. Era lo único que podían hacer por él. Susana pudo verlo allí gracias a una vecina. “Era muy risueña, muy simpática; se acercó a los soldados, con su uniforme de criada, y los convenció para que me dejaran ver a mi padre. Yo entré y estuve con él unos minutos. Fue la última vez que lo vi”, recuerda. Ella era entonces la mayor de tres hermanos, y apenas tenía cinco años.

Un día, cuando su madre, Josefa, fue hasta los calabozos, se encontró con la temida respuesta. Que se fuera, que se marchara, que su esposo no estaba allí. Es como si hubiera desaparecido. Eso, en aquellos días, significaba lo que significaba. Nada bueno.

Ahí comenzó la búsqueda que aún no ha acabado. “Mi abuelo –explica Susana– se fue corriendo al cementerio, a ver si lo encontraba en la tapia de San Fernando en que se hacían los fusilamientos. Lo hizo muchos días, vio muchas fosas, pero siempre lo echaban de allí y no podía ver si mi padre estaba entre los muertos”. Por eso nadie de los suyos supo nunca, ni sabe hoy, dónde está.

Represalias

Eso es lo que escuchaba en todos los colegios de Sevilla. No había sitio para los hijos de un muerto que no estaba legalmente muerto. Mientras, mantenía a los suyos cosiendo lo que podía. Todo se complicó cuando su abuela, que trabajaba en Aviación, fue despedida. “Toda la vida penando”, resume Susana. Ahora, rozando los 80, reconoce que sólo quiere “un poco de justicia y de paz”. “A ver si este juez me lo da de una vez”.

El Episcopado se lava las manos.

Fuente: Público.


El Episcopado se lava las manos
JESÚS BASTANTE - Madrid - 03/09/2008 20:39

La Conferencia Episcopal se declarará “incompetente” para cumplir la orden del juez Garzón de facilitar el acceso de la Policía Judicial a los archivos de las 22.827 parroquias españolas relacionados con los fallecidos y represaliados del franquismo. Aducirá que la responsabilidad corresponde a cada una de las iglesias o, llegado el caso, a cada uno de los obispos de las 70 diócesis españolas.
El requerimiento judicial llegó el martes por la tarde a la sede del Episcopado. “La estamos estudiando y habrá una respuesta”, apuntaron fuentes oficiales, quienes señalaron que el secretario general de la Conferencia, Juan Antonio Martínez Camino, dirige el proceso. No se descarta que los obispos debatan la cuestión el próximo 11 de septiembre, reunidos en el primer Comité Ejecutivo del nuevo curso.La respuesta al magistrado se producirá “en los próximos días”. La cúpula de la Iglesia católica española se limitará a dar acuse de recibo de la petición, y a manifestar su incompetencia, sin entrar en la viabilidad o no de una petición de este tipo en función de los Acuerdos Iglesia–Estado de 1979.
No obstante, es más que probable que el Episcopado se ponga en contacto con Garzón para informarle de que el cauce correcto es el requerimiento concreto a cada parroquia u obispado, indicando los datos personales de cada fallecido en cuestión.
En todo caso, expertos en la materia consultados por Público manifestaron que “la Conferencia Episcopal no es organismo competente para ordenar, o siquiera indicar a parroquias o diócesis qué es lo que tienen que hacer con sus archivos”. Del mismo modo, apuntaron que los archivos parroquiales “se limitan a consignar los datos referidos a la vida religiosa de cada cristiano” y, en el caso de los fallecidos, “a dejar constancia de su muerte. En ningún caso habría un listado de desaparecidos, cuyo paradero parece ser el objeto del procedimiento. Las parroquias no albergan fosas comunes”.

Asturias y Andalucía
Aunque la providencia de Garzón ha llegado únicamente a la sede de la Conferencia Episcopal, y no a los obispados, algunas diócesis ya se han manifestado acerca de la orden del magistrado. De formas muy diferentes. Así, según Europa Press, los obispos de Andalucía y de Canarias manifestaron estar “aún a la espera” de que llegue a sus manos la orden de Garzón, momento en que comenzarán a actuar “conforme a su contenido”.
Por el contrario, el Arzobispado de Oviedo manifestó a través de su portavoz sus reparos ante la decisión de Garzón. A su juicio, la resolución “no debe servir para la confrontación y el enfrentamiento”.

Paracuellos
Ante la posibilidad de abrir los despachos de las parroquias asturianas a los investigadores, tal como plantea el magistrado de la Audiencia Nacional, el Arzobispado es partidario de “mantenerse a la espera”, para comprobar “si es un signo más de protagonismo que queda en nada”. El Arzobispado destacó que Garzón rechazó en su día una querella presentada ante la Audiencia Nacional sobre los fusilamientos de Paracuellos del Jarama, que hubiera supuesto el procesamiento, por ejemplo, de Santiago Carrillo, con el argumento de que “cualquier posibilidad de delito había prescrito al pasar más de veinte años desde que se cometió”.

Acuerdos Iglesia-Estado
El blindaje de la memoria: registros inviolables
“El Estado respeta y protege la inviolabilidad de los archivos, registros y demás documentos pertenecientes a la Conferencia Episcopal Española, a las Curias episcopales, a las Curias de los superiores mayores de las Órdenes y Congregaciones religiosas, a las parroquias y a otras instituciones y entidades eclesiásticas”. Así reza el punto 6 del artículo I de los Acuerdos sobre Asuntos Jurídicos suscritos el 3 de enero de 1979 entre el Estado español y la Santa Sede.
Aunque la respuesta episcopal abundará en la incompetencia del Episcopado para cumplir el requerimiento de Garzón, diversos expertos en Derecho Eclesiástico han manifestado a Público que “la Iglesia podría negarse, amparándose en la legislación vigente, a ceder cualquier información relativa a sus archivos”. Más si cabe en este caso, “porque lo que se pretende es determinar si el juez es o no competente para abrir causa judicial”.
En todo caso, responsables de algunas diócesis subrayaron su intención de “colaborar, en la medida de lo posible, con la Justicia, sea en éste u otro asunto”, incidiendo en que, “si se dan casos concretos de desaparecidos en algún archivo, cosa harto improbable, no habrá problema en ofrecer la información necesaria”.

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Ibarra no se fia de la iniciativa de Garzón
Rubalcaba: "Si le molesta a Pedro J. la decisión de Garzón, lo siento"
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Un monumento más para los 'mártires'
BELÉN TOLEDO
Valencia evita honrar a los represaliados republicanos mientras construye una iglesia en memoria de los religiosos asesinados.
BELÉN TOLEDO - Valencia - 03/09/2008 23:21
Junto a la Ciudad de las Artes y las Ciencias, en una de las mejores zonas de Valencia, se construye en estos momentos una inmensa iglesia que honrará la memoria de los religiosos asesinados durante la Guerra Civil. El Ayuntamiento ha sido uno de los principales benefactores de esta obra, ya que cedió el solar al Arzobispado tras una permuta cuya rentabilidad para las arcas públicas ha sido muy cuestionada por la oposición socialista.
La Iglesia no escatimará en gastos para el santuario de los mártires valencianos. En la memoria descriptiva del proyecto, se detallan sus características: ocupará una superficie de 2.880 metros cuadrados y el templo se instalará en el interior de una antigua fábrica, edificio catalogado y protegido por su valor patrimonial. Tendrá un sagrario monumental, pavimentos de mármol y podrá albergar a 1.300 fieles, pero su capacidad será ampliable en acontecimientos extraordinarios. Pretende ser un centro de referencia para el Arzobispado.
Al otro lado de la ciudad, en las fosas comunes del cementerio, reposan los huesos de los represaliados del otro bando, el republicano. Son muertos incómodos, incontables, que no tienen lápida ni indicación alguna porque sobre ellos se han construido miles de nichos a lo largo de la dictadura. Lejos de organizar cualquier reconocimiento u homenaje, el Consistorio trató hace dos años de cubrir uno de los pocos espacios libres de cemento con nuevos panteones.
Fusilados sin reconocimiento
El Forum per la Memoria del Pais Valencià denunció al Ayuntamiento y consiguió evitar las obras a costa de establecer una batalla legal que todavía continúa. La asociación ganó la primera sentencia, que prohibía cualquier edificación. El Ayuntamiento no reculó: presentó un recurso al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. Esta vez ganó: los magistrados consideraron que los miembros del Forum no estaban legitimados para defender el honor de los enterrados porque no eran familiares directos. La reacción del colectivo fue poner el caso en manos del Tribunal Constitucional. Mientras no se conozca su veredicto, la fosa, llamada la siete por el lugar que ocupa en el cementerio, está abandonada y cubierta de malas hierbas.
“Es un inmenso agravio comparativo”, lamenta Amparo Salvador, portavoz del Forum. Los religiosos asesinados “llevan 70 años de honores y reconocimientos y sus familiares saben dónde están enterrados. Mientras, la única fosa que queda sin tapar en el cementerio no está señalizada y hay que luchar en los tribunales contra el Ayuntamiento para que no la llenen de nichos”. Las asociaciones valencianas por la memoria piden que se conserve el lugar y se haga un reconocimiento oficial de los enterramientos.
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No hay balas en la cañada de las mujeres
RAÚL BOCANEGRA
Grazalema, en Cádiz, recupera la memoria del asesinato de 15 vecinas en el verano de 1936.

En una fosa común en el municipio de Grazalema (Cádiz), donde yacen desde el verano de 1936 los cuerpos de 15 mujeres (cuatro de ellas embarazadas) y un niño de once años, no ha aparecido ninguna bala… “Murieron de forma muy violenta”, aporta por todo detalle Joaquín Ramón Gómez Calvillo, vicepresidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. “Vulnera todos los derechos”, añade.
Por ahora es una historia incompleta. Se impone, argumenta Gómez Calvillo, un velo de silencio por respeto a los familiares de las víctimas, a quienes la asociación, el Ayuntamiento de Grazalema y la Diputación de Cádiz han tratado de cazar con lazo por toda la geografía española desde que decidieron abrir la fosa, hace dos meses. El próximo día 17 se reunirán con ellos y pretenden explicarles con pelos y señales el asesinato. En Grazalema hay ocho fosas de la Guerra Civil documentadas con unos 250 cuerpos en ellas, calculan las asociaciones.
La memoria recuperada
Antonio Mateos, alcalde de Grazalema en 1978, escucha el río sonar e indaga lo sucedido. Le cuentan qué ocurrió y lo esconde, precavido, hasta que llegue el momento. 26 años después la memoria resurge. La refresca la exhumación de la fosa de El Bosque, en el municipio vecino, con 17 muertos. Eso lleva a la Diputación de Cádiz y al Ayuntamiento de Grazalema y la pedanía de Benamahoma a preparar un ambicioso proyecto de recuperación de la memoria (recuperación de testimonios, nombres, asesoramiento, señalización de las fosas, reconocimiento de las víctimas). En ello, aparecen los testimonios. “Una y otra vez la fosa de las mujeres, la cañada de las mujeres por aquí y por allá. Algo sucedía”, dice Gómez Calvillo. La memoria de los mayores indicó el lugar exacto. Entonces, Antonio Mateos cuenta la historia.
Lo que la memoria de Grazalema recuperó es que las autoridades falangistas detienen a 15 mujeres en el verano de 1936. En la zona mandaba con mano de hierro Fernando Zamacola, militar franquista, cuya actuación se dice que fue mala, según escribe el historiador Francisco Espinosa en el libro La Justicia de Queipo. La memoria dice que se les rapa el pelo y se las pasea por el pueblo durante dos días para escarnio público. “Se busca un escarmiento y un castigo ejemplar”, dice Gómez Calvillo. Luego, se las traslada a un monte y se las mata. Sin balas. Y, por ahora, sin más detalles. Hay silencio aún y hay precaución también.
Ellas son María Rincón Barea, Jerónima Rincón Barea, Teresa Menacho, María Nogales Castro, Salud Alberto Zarzuela, Antonia Pérez Vega, Ana Fernández Ramírez, Cristina Carillo Franco, Teresa Castro Ramírez, Natividad Vilchez, Isabel Román Montes, Isabel Gómez, Josefa Gómez, Lolita Gómez, Catalina Alcaraz y el nieto de La Bizarra, el niño.
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