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La Generalitat ya ha remitido 2.400 casos de personas ...
La Generalitat ya ha remitido 2.400 casos de personas desaparecidas a Garzón
• Saura asegura que ha acordado la apertura de 19 fosas comunesç
MÁS INFORMACIÓN
Carod Rovira pide a Garzón que anule el juicio que condenó a muerte a Companys
Fraga tacha de "disparate" la decisión de Garzón y considera que "ya hubo leyes de amnistía"
Algunos protagonistas de la manifestación por la amnistía del 1 de febrero de 1976 opinan sobre la recreación hecha durante el homenaje a Lluís Maria Xirinacs
Garzón obliga a la fiscalía a recurrir ante él la causa contra el franquismo
Garzón abre una causa general para resarcir a las víctimas de Franco
Las asociaciones de víctimas aplauden la decisión de Garzón
EFE TARRAGONA
La Generalitat ha remitido al juez Baltasar Garzón 2.400 casos de personas desaparecidas durante la Guerra Civil, después de su decisión de investigar desapariciones y ejecuciones durante la contienda española, y ha acordando la apertura de 19 fosas comunes.
Así lo ha anunciado hoy el conseller de Interior i Relacions Institucionals, Joan Saura, que ha aplaudido la decisión del juez Garzón porque, en su opinión, permitirá "cerrar heridas" y "dignificar" a las víctimas."Nadie se puede oponer"Según el conseller, "nadie se puede oponer" a esta medida, que incluye la apertura de 19 fosas comunes, entre ellas la de Federico García Lorca, porque "no significa abrir heridas, ya que estas heridas se abrieron en una guerra civil que nunca debió haberse producido, sino cerrarlas".
Saura, que hoy ha presentado el despliegue de los Mossos d'Esquadra en Tarragona, ha aplaudido la iniciativa de Garzón, que ha calificado de "importantísima" desde el punto de vista "social e histórico, aunque no sé qué consecuencias tendrá en lo que a la cuestión procesal se refiere".
"Impulso definitivo"
Ha subrayado que la apertura e identificación de las fosas será el "impulso definitivo" para "dignificar a miles de víctimas que todavía hoy están enterradas en la indignidad".
Según Saura, con su decisión Garzón "dice a la Administración central y a algunas comunidades autónomas y ayuntamientos que hagan los deberes, porque están incumpliendo lo que dispone la Ley de Memoria Histórica".
Más allá de la leyHa destacado que Catalunya está a la cabeza en lo que respecta a la aplicación de esta ley, y ya ha remitido al juez Garzón 2.400 casos que la Generalitat tenía identificados como de personas desaparecidas.Además, se encuentra en tramitación parlamentaria una ley de fosas que "va más allá de la ley de memoria histórica", ha remachado.
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Catalunya ya ha presentado 2.400 casos
La Vanguardia -
Memoria.- Saura cree que la iniciativa de Garzón "cierra las ...
Europa Press -
Saura celebra la investigación de Garzón
La Vanguardia -
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sábado, 18 de octubre de 2008
martes, 30 de septiembre de 2008
La Generalitat de Catalunya ayudará a anular 111.000 consejos de guerra.
La Generalitat de Catalunya ayudará a anular 111.000 consejos de guerra
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:02
El proceso iniciado para dignificar la figura de Lluís Companys tendrá continuidad. Ésa es al menos la intención de la Generalitat, que ha anunciado que pondrá los medios para que los casi 111.000 consejos de guerra que tuvieron lugar en Catalunya durante la inmediata posguerra puedan ser anulados.
"Con el proceso iniciado con Companys sentamos un importante precedente", explicó a Público la directora general de Memòria Democràtica, Maria Jesús Bono. Este lunes se celebró en el Palau de la Generalitat un homenaje al ex president con motivo del 68 aniversario de su deportación y fusilamiento. El acto no tuvo solo un carácter simbólico, ya que el propio ministerio de Justicia se sumó al mismo. "Este procedimiento burocrático tiene valor político, pero también supone en sí mismo una prueba más para, en su momento, pedir al Tribunal Supremo la anulación", añadió.
En busca de un reglamento
El recurso de nulidad sólo tiene viabilidad en casos acreditadamente injustos, por lo que en el caso del ex presidente, el hecho de que el Ministerio de Justicia reconociera ayer su dignidad será utilizado como prueba posterior para reclamar la nulidad del tribunal que le condenó. El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, anunciaba este domingo que acompañará a Maria Lluïsa Gally, nieta del ex presidente, cuando deba solicitar la nulidad en el Ministerio de Justicia.
El Govern, por su parte, hacía este lunes pública su voluntad de que el Ministerio de Justicia elabore un reglamento claro que tutele un derecho que se encuentra amparado por la Ley de Memoria Histórica. "Si ofrecemos este servicio a los ciudadanos es precisamente porque es un proceso difícil y porque tras la aprobación de la Ley no se ha desarrollado un reglamento que detalle cómo se deben presentar estas solicitudes", explicó.
Juicios masivos
En Catalunya, que durante la Guerra Civil no llegaba a los tres millones de habitantes, se celebraron casi 111.000 consejos de guerra, algunos de los cuales afectaban a diversos acusados. Bono comentó que será la Unidad de Fosas y Desaparecidos quien lleve a cabo este asesoramiento en un procedimiento que a día de hoy presenta una cierta complejidad y que en su momento propició las duras críticas de asociaciones de víctimas como la Comissió de la Dignitat y llevó a ERC a votar en contra de su aprobación.
La declaración de reparación y reconocimiento personal está prevista por la ley para todos aquellos que fueron condenados o sancionados por los órganos penales o administrativos de la dictadura franquista por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
El hecho de que la Generalitat quiera asesorar a los ciudadanos que lo deseen en esta materia se debe en parte a las dificultades que presenta el proceso: la nulidad definitiva requiere de un acuerdo del Gobierno, de la comunicación al Fiscal General del Estado y de la decisión final del Tribunal Supremo. Algo que pocos particulares podrían afrontarse y muy alejado del proceso automático que algunos reclamaron cuando se discutió la Ley de memoria histórica.
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Cinco años por delante del juez Garzón
La Generalitat arrancó en 2003 un servicio de búsqueda de desaparecidos.
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:49
Desde la séptima planta de un edificio de la Diagonal de Barcelona, siete personas se encargan de rastrear hechos dramáticos ocurridos hace más de 70 años a lo largo y ancho de España. Teléfonos, fax y conexión a Internet son sus herramientas para buscar cualquier resto documental que pudieran dejar los desaparecidos de ambos bandos durante la Guerra Civil.
Son la Unidad de Fosas y Desaparecidos de la Dirección General de Memoria Democrática, puesta en marcha por la Generalitat de Catalunya en 2003, la única esperanza de muchas familias para saber algo más de los últimos días de sus antepasados y, en algunos casos, llegar a saber dónde están enterrados. Este departamento ha atendido más de 2.300 casos. La mayoría de Catalunya, pero también de España y del extranjero.
«¡Gloriosa Catalunya!»
No hace mucho, los investigadores de este departamento recibieron la visita de una turista polaca que estaba pasando unos días en Barcelona. "Había leído en foros de Internet el trabajo que hacemos, y nos preguntó por el paradero de su abuelo, que había militado en las Brigadas Internacionales y desapareció durante la guerra", explica Juli Cuéllar, integrante de este equipo.
"La gente de fuera nos están muy agradecidos. No tienen la nacionalidad, pero se sienten muy ligados a estos hechos históricos y, en este sentido, se sienten huérfanos", dice Cuéllar, que recuerda con humor el grito "¡Gloriosa Catalunya!", exclamado por un usuario malacitano.
Queralt Solé, responsable del servicio, explica que la primera consigna que dan a los familiares es que necesitan tiempo. "Normalmente tardamos de un año a 18 meses. La mayoría lo entiende; dicen: ‘Después de 70 años, no viene de año y medio". Menos paciencia tienen los familiares más mayores, hermanos o hijos de los desaparecidos. "A menudo nos dicen que un año es mucho, que quieren saberlo antes de morir", apunta Solé.
El porcentaje de éxito de sus pesquisas se mueve en torno al 20%, una cifra discreta a causa de la tremenda falta de documentos escritos de esa época convulsa que han llegado a nuestros días. "Nuestro trabajo consiste en enviar oficios a ayuntamientos, archivos u hospitales para pedir datos. Normalmente colaboran, pero lo habitual es que no existan. Cuesta creerlo, pero hay muchas personas que vivieron y murieron no hace tanto de las que no hay el más mínimo rastro documental, y eso frustra a muchas familias", añade.
Los ejemplos son abundantes: los centros de reclutamiento tenían registros, pero han desaparecido. Lo mismo ocurre con los datos del ejército republicano. Ni siquiera los registros del sueldo que percibían han perdurado, ni la relación de las familias que por haber perdido a un familiar percibieron hasta 1938 una pensión.
Y uno de los pocos archivos que existen de la época, el de Ávila, sigue desclasificando documentos.
La batalla sin tumbas
"Los casos más difíciles que tratamos son los de la Batalla del Ebro. Hubo muchísima mortalidad, con muchas víctimas enterradas de cualquier forma, en una trinchera o en un agujero dejado por una bomba", relata Queralt. "Y tenemos desaparecidos de los que no se sabe nada: si los vieron camino al exilio, si fueron heridos aquí o allí... Nada".
Muchos de los usuarios de este servicio ven por primera vez, gracias a estos siete funcionarios de la Generalitat, la firma de sus abuelos. "Muchos nos dan las gracias, nos traen regalos de sus pueblos cuando vuelven de vacaciones y se emocionan", dice.
Una emoción que, en uno de cada cinco casos, acaba en una tardía visita al cementerio donde el desaparecido esperó visita durante siete décadas.
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:02
El proceso iniciado para dignificar la figura de Lluís Companys tendrá continuidad. Ésa es al menos la intención de la Generalitat, que ha anunciado que pondrá los medios para que los casi 111.000 consejos de guerra que tuvieron lugar en Catalunya durante la inmediata posguerra puedan ser anulados.
"Con el proceso iniciado con Companys sentamos un importante precedente", explicó a Público la directora general de Memòria Democràtica, Maria Jesús Bono. Este lunes se celebró en el Palau de la Generalitat un homenaje al ex president con motivo del 68 aniversario de su deportación y fusilamiento. El acto no tuvo solo un carácter simbólico, ya que el propio ministerio de Justicia se sumó al mismo. "Este procedimiento burocrático tiene valor político, pero también supone en sí mismo una prueba más para, en su momento, pedir al Tribunal Supremo la anulación", añadió.
En busca de un reglamento
El recurso de nulidad sólo tiene viabilidad en casos acreditadamente injustos, por lo que en el caso del ex presidente, el hecho de que el Ministerio de Justicia reconociera ayer su dignidad será utilizado como prueba posterior para reclamar la nulidad del tribunal que le condenó. El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, anunciaba este domingo que acompañará a Maria Lluïsa Gally, nieta del ex presidente, cuando deba solicitar la nulidad en el Ministerio de Justicia.
El Govern, por su parte, hacía este lunes pública su voluntad de que el Ministerio de Justicia elabore un reglamento claro que tutele un derecho que se encuentra amparado por la Ley de Memoria Histórica. "Si ofrecemos este servicio a los ciudadanos es precisamente porque es un proceso difícil y porque tras la aprobación de la Ley no se ha desarrollado un reglamento que detalle cómo se deben presentar estas solicitudes", explicó.
Juicios masivos
En Catalunya, que durante la Guerra Civil no llegaba a los tres millones de habitantes, se celebraron casi 111.000 consejos de guerra, algunos de los cuales afectaban a diversos acusados. Bono comentó que será la Unidad de Fosas y Desaparecidos quien lleve a cabo este asesoramiento en un procedimiento que a día de hoy presenta una cierta complejidad y que en su momento propició las duras críticas de asociaciones de víctimas como la Comissió de la Dignitat y llevó a ERC a votar en contra de su aprobación.
La declaración de reparación y reconocimiento personal está prevista por la ley para todos aquellos que fueron condenados o sancionados por los órganos penales o administrativos de la dictadura franquista por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
El hecho de que la Generalitat quiera asesorar a los ciudadanos que lo deseen en esta materia se debe en parte a las dificultades que presenta el proceso: la nulidad definitiva requiere de un acuerdo del Gobierno, de la comunicación al Fiscal General del Estado y de la decisión final del Tribunal Supremo. Algo que pocos particulares podrían afrontarse y muy alejado del proceso automático que algunos reclamaron cuando se discutió la Ley de memoria histórica.
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Cinco años por delante del juez Garzón
La Generalitat arrancó en 2003 un servicio de búsqueda de desaparecidos.
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:49
Desde la séptima planta de un edificio de la Diagonal de Barcelona, siete personas se encargan de rastrear hechos dramáticos ocurridos hace más de 70 años a lo largo y ancho de España. Teléfonos, fax y conexión a Internet son sus herramientas para buscar cualquier resto documental que pudieran dejar los desaparecidos de ambos bandos durante la Guerra Civil.
Son la Unidad de Fosas y Desaparecidos de la Dirección General de Memoria Democrática, puesta en marcha por la Generalitat de Catalunya en 2003, la única esperanza de muchas familias para saber algo más de los últimos días de sus antepasados y, en algunos casos, llegar a saber dónde están enterrados. Este departamento ha atendido más de 2.300 casos. La mayoría de Catalunya, pero también de España y del extranjero.
«¡Gloriosa Catalunya!»
No hace mucho, los investigadores de este departamento recibieron la visita de una turista polaca que estaba pasando unos días en Barcelona. "Había leído en foros de Internet el trabajo que hacemos, y nos preguntó por el paradero de su abuelo, que había militado en las Brigadas Internacionales y desapareció durante la guerra", explica Juli Cuéllar, integrante de este equipo.
"La gente de fuera nos están muy agradecidos. No tienen la nacionalidad, pero se sienten muy ligados a estos hechos históricos y, en este sentido, se sienten huérfanos", dice Cuéllar, que recuerda con humor el grito "¡Gloriosa Catalunya!", exclamado por un usuario malacitano.
Queralt Solé, responsable del servicio, explica que la primera consigna que dan a los familiares es que necesitan tiempo. "Normalmente tardamos de un año a 18 meses. La mayoría lo entiende; dicen: ‘Después de 70 años, no viene de año y medio". Menos paciencia tienen los familiares más mayores, hermanos o hijos de los desaparecidos. "A menudo nos dicen que un año es mucho, que quieren saberlo antes de morir", apunta Solé.
El porcentaje de éxito de sus pesquisas se mueve en torno al 20%, una cifra discreta a causa de la tremenda falta de documentos escritos de esa época convulsa que han llegado a nuestros días. "Nuestro trabajo consiste en enviar oficios a ayuntamientos, archivos u hospitales para pedir datos. Normalmente colaboran, pero lo habitual es que no existan. Cuesta creerlo, pero hay muchas personas que vivieron y murieron no hace tanto de las que no hay el más mínimo rastro documental, y eso frustra a muchas familias", añade.
Los ejemplos son abundantes: los centros de reclutamiento tenían registros, pero han desaparecido. Lo mismo ocurre con los datos del ejército republicano. Ni siquiera los registros del sueldo que percibían han perdurado, ni la relación de las familias que por haber perdido a un familiar percibieron hasta 1938 una pensión.
Y uno de los pocos archivos que existen de la época, el de Ávila, sigue desclasificando documentos.
La batalla sin tumbas
"Los casos más difíciles que tratamos son los de la Batalla del Ebro. Hubo muchísima mortalidad, con muchas víctimas enterradas de cualquier forma, en una trinchera o en un agujero dejado por una bomba", relata Queralt. "Y tenemos desaparecidos de los que no se sabe nada: si los vieron camino al exilio, si fueron heridos aquí o allí... Nada".
Muchos de los usuarios de este servicio ven por primera vez, gracias a estos siete funcionarios de la Generalitat, la firma de sus abuelos. "Muchos nos dan las gracias, nos traen regalos de sus pueblos cuando vuelven de vacaciones y se emocionan", dice.
Una emoción que, en uno de cada cinco casos, acaba en una tardía visita al cementerio donde el desaparecido esperó visita durante siete décadas.
sábado, 6 de septiembre de 2008
Artículos.
Fuente: El Periódico, Levante_EMV.
JOAQUIM MontclúsHistoriador
Tras la petición de la lista de fusilados en la guerra civil que ha hecho el juez Garzón a la Iglesia, los obispos tienen una nueva oportunidad de demostrar que van por el camino de la reconciliación y que la memoria histórica es igual para los vencedores que para los vencidos.Los libros de registros de las parroquias son una buena herramienta para indagar acerca de las personas fusiladas o desaparecidas en los años de la guerra. La Iglesia, aunque sea por caridad cristiana, tiene el deber de colaborar. Ella ha podido beatificar y hacer los homenajes correspondientes a sus mártires, pero muchos de los vencidos no han tenido funerales ni alabanza alguna, porque aún constan como desaparecidos.Son muchos quienes piensan que la Iglesia española debería pedir perdón por su colaboración con los sublevados y la dictadura, aunque lo ven muy difícil, porque también piensan que muchos de sus obispos, como se demuestra cada día, siguen identificándose con el franquismo. Ahora, estos obispos tienen una nueva oportunidad de demostrar lo contrario.
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MATÍAS VALLÉS
Garzón versus Franco
Garzón versus Franco
Un articulista puede hacer votos de no escribir ni una línea más sobre Britney Spears o George Bush. Sin embargo, la destreza en la esquiva no impedirá que su pluma vuelva a cruzarse con Baltasar Garzón «inexorablemente» -por recurrir al adverbio que Fernández de la Vega asocia a la justicia. Sin mediar provocación periodística, ya se encargará el juez de polarizar la atención sobre su persona. El funcionario más controvertido de la España contemporánea obliga a un alineamiento previo, por lo que este texto viene firmado por un admirador del juez que, antes de desafiar a Franco, ya logró que fructificaran iniciativas descabelladas en apariencia. Por no remontarse al GAL, el cerco al entorno de ETA o la detención de Pinochet han marcado irreversiblemente la historia española y mundial. Las resoluciones del magistrado de la Audiencia Nacional surten efecto, aunque no siempre en forma de sentencia.El pleito Garzón versus Franco debería subtitularse España como problema penal. Tras la muerte del dictador en la cama de torturas, el país más inesperado de Europa protagonizó un ejercicio de rehabilitación colectiva sin precedentes. La transición española ha sido imitada con deliberación y distinta suerte en geografías variopintas, entre las que figuran Polonia y Sudáfrica -Mandela invita a sus carceleros a la investidura presidencial-. En los años setenta, se había recorrido la mitad de la distancia que separa hoy a los españoles de los crímenes del franquismo. Pese a ello, los cambios vertiginosos se sucedieron sin demasiadas turbulencias en el retrovisor. El prodigio de la evolución a la democracia supera incluso en magnitud al milagro de la agregación, por el que millones de votos disparatados -algunos de ellos guiados por el irresistible peinado del candidato- orientan a las sociedades democráticas hacia el gobierno ideal.En el lado positivo, el apasionamiento con la memoria histórica demuestra que la crisis económica no debe ser tan grave como se predica. El ansia por la elaboración de un censo de desaparecidos con finalidad punitiva -dado que lo gestiona un juzgado de Instrucción- no se reconcilia fácilmente con la entusiasta participación en los Juegos de Pekín, o con la euforia de ribetes eróticos que ha saludado al estreno del Che de Benicio del Toro. Los familiares de las víctimas merecen reparación e indemnización, aparte del reconocimiento inmenso por la suspensión de sus reivindicaciones legítimas en aras de la convivencia. Sin embargo, los allegados de los culpables a quienes ahora se pretende penalizar también firmaron un pacto, por el que se clausuraba una época con concesiones mutuas. La alianza fue sellada por políticos como Santiago Carrillo o Marcelino Camacho. La democracia abre las puertas de las habitaciones llenas de humo, pero respeta los consensos. Todos los países libres, empezando por Estados Unidos, se asientan sobre una contradicción. No sólo las sociedades, también las personas se hacen trampas constantemente sobre su pasado, si bien, según sentencia el comunista Hobsbawm, una tradición siempre es una invención.Puestos a jugar con fuego, la investigación penal debe extenderse a una cuidadosa revisión del procedimiento seguido para el cambio de régimen, del que no quedará exenta la transición judicial. Adolfo Suárez, el mayor santo laico de la política contemporánea, cuenta en su currículo con el cargo de ministro secretario general del Movimiento, enseña del franquismo paráclito y paralítico. Al primer presidente del Gobierno electo no se le exigieron cuentas, entre otras cosas porque andaba muy ocupado construyendo una democracia.A la postre, el desinterés futbolístico desactivará Garzón vs. Franco con mayor efecto corrosivo que cualquier opinión. Llevando la situación al extremo, es fácil despeñarse hacia la Polonia de los gobernantes gemelos, que se inventaron un certificado de pureza ideológica. El magistrado de la Audiencia es un agitador de conciencias, con una valoración entre la opinión pública que para sí quisieran políticos y periodistas. Esta constatación autoriza la disidencia, porque el mayor error que puede cometer un valiente consiste en equivocarse de enemigo. Volviendo a Mandela, tras casi tres décadas de cautiverio le comentó a Bill Clinton que «si pienso en mi prisión, la sigo llevando conmigo».
jueves, 4 de septiembre de 2008
PSOE y PNV salen en apoyo de Garzón por su iniciativa
Fuente: El Periódico.
Fosa común en Manresa, donde se enterró a varios republicanos. Foto: ARCHIVO / MARC VILA
PSOE y PNV salen en apoyo de Garzón por su iniciativa
EL PERIÓDICOMADRID
El PSOE y el PNV prestaron ayer apoyo al juez Baltasar Garzón tras el seísmo judicial y político causado por su iniciativa de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, en una jornada en la que siguió el goteo de declaraciones a favor y en contra del magistrado.Antonio Hernando, secretario general de política municipal del PSOE, calificó de "injustas y desmedidas" las críticas lanzadas contra el magistrado por Mariano Rajoy y su partido en el sentido de que se pretende reabrir heridas. "No sé dónde llegará el proceso; lo que sí comprendo es a las familias, que quieren saber dónde están sus seres queridos, sin contraprestación", afirmó.Emilio Olabarria, portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, criticó las voces que, "de manera brutal", atacan a Garzón y a una investigación previa de "algo que sí podría ser calificado como delito imprescriptible contra la humanidad".
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3/9/2008 10:21 Las reacciones
La causa de Garzón sobre la guerra civil enfrenta a políticos y a jueces
• Zapatero afirma que respeta la iniciativa y Rajoy vuelve a oponerse a reabrir "heridas del pasado"
• Asociaciones de magistrados y de militares opinan que el caso no compete a los tribunales
MANEL MANCHÓNMADRID
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo causó ayer un alud de reacciones encontradas en el ámbito político y en el judicial.Si bien el Gobierno se mantuvo a la expectativa, respetando la decisión, como afirmó José Luis Rodríguez Zapatero, el PP mostró su rechazo con contundencia. Mariano Rajoy se mostró partidario de "no reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga". El líder popular no quiso entrar en el detalle de la pretensión de Garzón ni en sus motivos y añadió que su decisión "no conduce a nada". La Generalitat apoyó la "muy positiva iniciativa", porque permitirá trabajar "en la misma dirección" a la justicia y al Govern. Las asociaciones judiciales y de militares, en cambio, cuestionaron que la investigación deba ser llevada a cabo por los tribunales.DEMANDAFue Zapatero quien quiso proporcionar contexto a la decisión de Garzón al recordar que trata de responder a una demanda de ciudadanos que acudieron a la justicia. Varios colectivos piden la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos o torturas que se cometieron a partir de 1936. Y Garzón ha respondido con una providencia en la que pide a instituciones como la Abadía del Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de cuatro municipios que ofrezcan relaciones y datos de los desaparecidos.Rajoy fue preguntado ayer en dos ocasiones sobre la decisión del magistrado. Y cuando se le sugirió que el juez responde a una petición ciudadana, el líder popular se limitó a responder del mismo modo, incidiendo en que no es necesario "reabrir heridas". Más contundente se mostró el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja al calificar la providencia de "disparate" y "un enorme error", vinculándola a la ley de memoria histórica aprobada en la anterior legislatura. Pero la petición de Garzón afecta también a diversos alcaldes, de distinto color. El de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se mostró raudo al asegurar que su consistorio "acatará siempre cualquier decisión judicial".LA UPN, A FAVOREn Navarra también se pronunció Alberto Catalán, el secretario general de UPN, el partido con el que se identifica el PP en esa comunidad foral. Catalán precisó que la decisión de Garzón no debería constituir ningún problema. "Todos debemos entender que los ciudadanos de este país quieran saber donde están los restos mortales de sus antepasados y que no debiera plantearse ningún problema", aseguró. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, precisó que su ministerio "cumplirá fielmente" con las peticiones judiciales a Interior.En el flanco judicial la cuestión se planteó de forma más fría y con diversas dudas. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, afirmó que el órgano judicial mantiene "el respeto y el interés" de una decisión que le es ajena y que compete a un juez de instrucción. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) consideró que es difícil que prospere la iniciativa de Garzón y que esta pueda concluir en una acusación por delito. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, entiende que las investigaciones penales no están previstas para poder abrir causas generales. En esa línea se pronunció también la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que no ve necesario abrir una vía penal, cuando "podría hacerse desde el ámbito político".Las asociaciones de militares AME y AUME defendieron igualmente que no sea "perseguido" nadie por lo ocurrido en la guerra y la dictadura.
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3/9/2008 La investigación judicial
El magistrado acucia ahora a los familiares de los desaparecidos
• Garzón solicita más información a las asociaciones para ratificar su iniciativa
• El fiscal recuerda que el delito de genocidio no estaba tipificado durante el franquismo
MARGARITA BATALLASMADRID
El juez Baltasar Garzón quiere decidir cuanto antes si es competente para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Por ello, pidió ayer a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que le faciliten, en un plazo de 15 días, relaciones de personas desaparecidas y la posible ubicación de sus restos.Esta petición se suma a la emitida el lunes por el magistrado. Garzón resolvió reclamar a la Iglesia, a cuatro ayuntamientos, a Defensa, a la Abadía del Valle de los Caídos, a la Dirección de Registros y Notariado, y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le facilitaran una relación del número de desaparecidos "a partir del 17 de julio de 1936, como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional".EL OBJETOEsta decisión responde a la petición planteada por varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que quieren exhumar fosas comunes para enterrar luego a sus familiares. Por ello, el juez les instó a comunicarle dichas exhumaciones para que puedan ser "controladas judicialmente".Garzón se pronunciará sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo a finales de este mes. En el caso, casi probable, de que asuma la investigación, esta daría respuesta al paradero de casi 30.000 perdedores de la contienda. Además, se podría abrir la vía para que los herederos de los desaparecidos puedan recuperar los bienes que les fueron incautados durante la dictadura.La fiscalía se opone frontalmente a esta investigación. En un escrito presentado el pasado mes de enero, el ministerio público instó el archivo de las denuncias. El fiscal explicaba que los delitos denunciados no pueden encuadrarse en genocidio, porque este delito no estaba tipificado como tal cuando se cometieron los hechos.LAS TRABASPor ello, sostenía que se debía aplicar a los hechos denunciados la categoría de delitos comunes como asesinato, lesiones o detención ilegal. Y que estos delitos han prescrito, ya que fueron amnistiados en 1977. En cualquier caso, la fiscalía es partidaria de que, en el caso de que se investiguen, la competencia corresponde a los juzgados donde se cometieron los hechos.Fuentes jurídicas han admitido la dificultad para armar jurídicamente esta investigación por la complejidad del caso. Son hechos cometidos hace 70 años y la mayoría de los autores han fallecido. A pesar de ello, Garzón ha mantenido abierta la investigación desde el 2006.
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3/9/2008 El debate de la memoria histórica
La Iglesia dice que no dispone de las causas de las muertes
ANTONIO M. YAGÜEMADRID
La Iglesia católica, una vez más, trata de lavarse las manos ante el requerimiento de Garzón para que facilite el acceso a los archivos de las 22.827 parroquias donde pueden estar recogidos los nombres de personas secuestradas y fusiladas al acabar la guerra sin informar a sus familias. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron que no se ha recibido la petición y consideraron que la notificación debería remitirse directamente a los arzobispados, competentes en esta materia, ya que la CEE es un órgano colegiado. No obstante, la providencia judicial podría ser objeto de análisis en la próxima reunión del comité ejecutivo, prevista para el 11 de septiembre.Medios eclesiásticos apuntaron que en los libros de difuntos, secretos e inviolables, no constan las desapariciones ni las causas de la muerte de las personas. Este dato, o al menos la fecha, sí puede figurar en registros civiles.VALLE DE LOS CAÍDOSAnselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, aseguró que allí existe un registro de 34.000 fallecidos, pero matizó que todos "de uno y otro bando" perecieron "durante la guerra y en acción de guerra". Álvarez dudó de que sea de utilidad para Garzón, cuya solicitud no ha recibido. Dos familiares de muertos en ese periodo denunciaron ayer que sus antepasados fueron llevados al Valle en 1959 desde fosas comunes y figuran en columbarios sin nombre.
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EDITORIAL: 'Garzón y las fosas'
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de recabar información de la Iglesia y de varias administraciones para elaborar un censo de fusilados y desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista cuyos restos fueron a parar a fosas comunes, debe servir, al menos, para obligar a las administraciones a cumplir la ley de la memoria. Esta ley, aprobada en diciembre del 2007, daba un mandato a las distintas administraciones (locales, autonómicas y del Estado) para que elaboraran y pusieran a disposición de las familias de fusilados y desaparecidos mapas en los que consten las fosas comunes que se conocen o cuya existencia se sospecha. Pero solo Andalucía y Catalunya han hecho los deberes.El juez ha pedido estos datos antes de decidir si admite a trámite las denuncias presentadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, algún sindicato y varios particulares, para que investigue lo sucedido desde el 17 de julio de 1936. Pero parece difícil que el juez pueda actuar penalmente contra los responsables de crímenes en el caso de que alguno siga vivo, según opinan expertos juristas. Por un lado, está la ley de amnistía de 1977, y, por otro, la difícil aplicación retroactiva de la tipificación del delito de genocidio, incorporado al Código español en 1995. Aunque el genocidio no prescribe, los expertos no se ponen de acuerdo en si esto es así únicamente para los delitos cometidos a partir de 1995.Lo que es indiscutible es el derecho de los deudos a conocer el destino de los restos de sus familiares, y la obligación del Estado de correr con los gastos. Aunque la causa penal no prospere, Gar- zón ha removido las aguas.
Fosa común en Manresa, donde se enterró a varios republicanos. Foto: ARCHIVO / MARC VILAPSOE y PNV salen en apoyo de Garzón por su iniciativa
EL PERIÓDICOMADRID
El PSOE y el PNV prestaron ayer apoyo al juez Baltasar Garzón tras el seísmo judicial y político causado por su iniciativa de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, en una jornada en la que siguió el goteo de declaraciones a favor y en contra del magistrado.Antonio Hernando, secretario general de política municipal del PSOE, calificó de "injustas y desmedidas" las críticas lanzadas contra el magistrado por Mariano Rajoy y su partido en el sentido de que se pretende reabrir heridas. "No sé dónde llegará el proceso; lo que sí comprendo es a las familias, que quieren saber dónde están sus seres queridos, sin contraprestación", afirmó.Emilio Olabarria, portavoz del PNV en la Comisión de Justicia del Congreso, criticó las voces que, "de manera brutal", atacan a Garzón y a una investigación previa de "algo que sí podría ser calificado como delito imprescriptible contra la humanidad".
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3/9/2008 10:21 Las reacciones
La causa de Garzón sobre la guerra civil enfrenta a políticos y a jueces
• Zapatero afirma que respeta la iniciativa y Rajoy vuelve a oponerse a reabrir "heridas del pasado"
• Asociaciones de magistrados y de militares opinan que el caso no compete a los tribunales
MANEL MANCHÓNMADRID
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón de abrir una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo causó ayer un alud de reacciones encontradas en el ámbito político y en el judicial.Si bien el Gobierno se mantuvo a la expectativa, respetando la decisión, como afirmó José Luis Rodríguez Zapatero, el PP mostró su rechazo con contundencia. Mariano Rajoy se mostró partidario de "no reabrir las heridas del pasado, lo haga quien lo haga". El líder popular no quiso entrar en el detalle de la pretensión de Garzón ni en sus motivos y añadió que su decisión "no conduce a nada". La Generalitat apoyó la "muy positiva iniciativa", porque permitirá trabajar "en la misma dirección" a la justicia y al Govern. Las asociaciones judiciales y de militares, en cambio, cuestionaron que la investigación deba ser llevada a cabo por los tribunales.DEMANDAFue Zapatero quien quiso proporcionar contexto a la decisión de Garzón al recordar que trata de responder a una demanda de ciudadanos que acudieron a la justicia. Varios colectivos piden la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, asesinatos o torturas que se cometieron a partir de 1936. Y Garzón ha respondido con una providencia en la que pide a instituciones como la Abadía del Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española, el Centro Documental de Memoria Histórica o alcaldes de cuatro municipios que ofrezcan relaciones y datos de los desaparecidos.Rajoy fue preguntado ayer en dos ocasiones sobre la decisión del magistrado. Y cuando se le sugirió que el juez responde a una petición ciudadana, el líder popular se limitó a responder del mismo modo, incidiendo en que no es necesario "reabrir heridas". Más contundente se mostró el eurodiputado del PP Jaime Mayor Oreja al calificar la providencia de "disparate" y "un enorme error", vinculándola a la ley de memoria histórica aprobada en la anterior legislatura. Pero la petición de Garzón afecta también a diversos alcaldes, de distinto color. El de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón (PP), se mostró raudo al asegurar que su consistorio "acatará siempre cualquier decisión judicial".LA UPN, A FAVOREn Navarra también se pronunció Alberto Catalán, el secretario general de UPN, el partido con el que se identifica el PP en esa comunidad foral. Catalán precisó que la decisión de Garzón no debería constituir ningún problema. "Todos debemos entender que los ciudadanos de este país quieran saber donde están los restos mortales de sus antepasados y que no debiera plantearse ningún problema", aseguró. El ministro de Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, precisó que su ministerio "cumplirá fielmente" con las peticiones judiciales a Interior.En el flanco judicial la cuestión se planteó de forma más fría y con diversas dudas. El portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Enrique López, afirmó que el órgano judicial mantiene "el respeto y el interés" de una decisión que le es ajena y que compete a un juez de instrucción. La asociación Jueces para la Democracia (JpD) consideró que es difícil que prospere la iniciativa de Garzón y que esta pueda concluir en una acusación por delito. La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), mayoritaria en la carrera judicial, entiende que las investigaciones penales no están previstas para poder abrir causas generales. En esa línea se pronunció también la Asociación de Jueces y Magistrados Francisco de Vitoria, que no ve necesario abrir una vía penal, cuando "podría hacerse desde el ámbito político".Las asociaciones de militares AME y AUME defendieron igualmente que no sea "perseguido" nadie por lo ocurrido en la guerra y la dictadura.
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3/9/2008 La investigación judicial
El magistrado acucia ahora a los familiares de los desaparecidos
• Garzón solicita más información a las asociaciones para ratificar su iniciativa
• El fiscal recuerda que el delito de genocidio no estaba tipificado durante el franquismo
MARGARITA BATALLASMADRID
El juez Baltasar Garzón quiere decidir cuanto antes si es competente para investigar los crímenes cometidos durante la guerra civil y la dictadura franquista. Por ello, pidió ayer a las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que le faciliten, en un plazo de 15 días, relaciones de personas desaparecidas y la posible ubicación de sus restos.Esta petición se suma a la emitida el lunes por el magistrado. Garzón resolvió reclamar a la Iglesia, a cuatro ayuntamientos, a Defensa, a la Abadía del Valle de los Caídos, a la Dirección de Registros y Notariado, y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le facilitaran una relación del número de desaparecidos "a partir del 17 de julio de 1936, como consecuencia directa del denominado alzamiento nacional".EL OBJETOEsta decisión responde a la petición planteada por varias asociaciones para la recuperación de la memoria histórica que quieren exhumar fosas comunes para enterrar luego a sus familiares. Por ello, el juez les instó a comunicarle dichas exhumaciones para que puedan ser "controladas judicialmente".Garzón se pronunciará sobre la competencia de la Audiencia Nacional para investigar los delitos cometidos durante la guerra civil y el franquismo a finales de este mes. En el caso, casi probable, de que asuma la investigación, esta daría respuesta al paradero de casi 30.000 perdedores de la contienda. Además, se podría abrir la vía para que los herederos de los desaparecidos puedan recuperar los bienes que les fueron incautados durante la dictadura.La fiscalía se opone frontalmente a esta investigación. En un escrito presentado el pasado mes de enero, el ministerio público instó el archivo de las denuncias. El fiscal explicaba que los delitos denunciados no pueden encuadrarse en genocidio, porque este delito no estaba tipificado como tal cuando se cometieron los hechos.LAS TRABASPor ello, sostenía que se debía aplicar a los hechos denunciados la categoría de delitos comunes como asesinato, lesiones o detención ilegal. Y que estos delitos han prescrito, ya que fueron amnistiados en 1977. En cualquier caso, la fiscalía es partidaria de que, en el caso de que se investiguen, la competencia corresponde a los juzgados donde se cometieron los hechos.Fuentes jurídicas han admitido la dificultad para armar jurídicamente esta investigación por la complejidad del caso. Son hechos cometidos hace 70 años y la mayoría de los autores han fallecido. A pesar de ello, Garzón ha mantenido abierta la investigación desde el 2006.
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3/9/2008 El debate de la memoria histórica
La Iglesia dice que no dispone de las causas de las muertes
ANTONIO M. YAGÜEMADRID
La Iglesia católica, una vez más, trata de lavarse las manos ante el requerimiento de Garzón para que facilite el acceso a los archivos de las 22.827 parroquias donde pueden estar recogidos los nombres de personas secuestradas y fusiladas al acabar la guerra sin informar a sus familias. Fuentes de la Conferencia Episcopal Española (CEE) aseguraron que no se ha recibido la petición y consideraron que la notificación debería remitirse directamente a los arzobispados, competentes en esta materia, ya que la CEE es un órgano colegiado. No obstante, la providencia judicial podría ser objeto de análisis en la próxima reunión del comité ejecutivo, prevista para el 11 de septiembre.Medios eclesiásticos apuntaron que en los libros de difuntos, secretos e inviolables, no constan las desapariciones ni las causas de la muerte de las personas. Este dato, o al menos la fecha, sí puede figurar en registros civiles.VALLE DE LOS CAÍDOSAnselmo Álvarez, abad del Valle de los Caídos, aseguró que allí existe un registro de 34.000 fallecidos, pero matizó que todos "de uno y otro bando" perecieron "durante la guerra y en acción de guerra". Álvarez dudó de que sea de utilidad para Garzón, cuya solicitud no ha recibido. Dos familiares de muertos en ese periodo denunciaron ayer que sus antepasados fueron llevados al Valle en 1959 desde fosas comunes y figuran en columbarios sin nombre.
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EDITORIAL: 'Garzón y las fosas'
La opinión del diario se expresa solo en los editoriales. Los artículos exponen posturas personales.
La iniciativa del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, de recabar información de la Iglesia y de varias administraciones para elaborar un censo de fusilados y desaparecidos durante la guerra civil y la dictadura franquista cuyos restos fueron a parar a fosas comunes, debe servir, al menos, para obligar a las administraciones a cumplir la ley de la memoria. Esta ley, aprobada en diciembre del 2007, daba un mandato a las distintas administraciones (locales, autonómicas y del Estado) para que elaboraran y pusieran a disposición de las familias de fusilados y desaparecidos mapas en los que consten las fosas comunes que se conocen o cuya existencia se sospecha. Pero solo Andalucía y Catalunya han hecho los deberes.El juez ha pedido estos datos antes de decidir si admite a trámite las denuncias presentadas por asociaciones para la recuperación de la memoria histórica, algún sindicato y varios particulares, para que investigue lo sucedido desde el 17 de julio de 1936. Pero parece difícil que el juez pueda actuar penalmente contra los responsables de crímenes en el caso de que alguno siga vivo, según opinan expertos juristas. Por un lado, está la ley de amnistía de 1977, y, por otro, la difícil aplicación retroactiva de la tipificación del delito de genocidio, incorporado al Código español en 1995. Aunque el genocidio no prescribe, los expertos no se ponen de acuerdo en si esto es así únicamente para los delitos cometidos a partir de 1995.Lo que es indiscutible es el derecho de los deudos a conocer el destino de los restos de sus familiares, y la obligación del Estado de correr con los gastos. Aunque la causa penal no prospere, Gar- zón ha removido las aguas.
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