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Memoria.- El Gobierno ya ha repartido indemnizaciones al 43 por ...
El Gobierno ya ha repartido indemnizaciones al 43 por ciento de los casi 1.500 primeros solicitantes
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MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -
Un total de 648 personas se han beneficiado ya de la conocida como Ley de Memoria Histórica, que entró en vigor el 1 de enero de este año. En concreto, en este periodo han sido atendidas positivamente el 43 por ciento de las 1.480 solicitudes de indemnizaciones recibidas por el Gobierno. Por contra, el Ejecutivo ha denegado 485 peticiones (el 32 por ciento), ha archivado sin tramitarlas 167 y aún no ha resuelto 180.
Así consta en una respuesta parlamentaria que el Gobierno ha enviado al portavoz de IU en el Congreso, Gaspar Llamazares, quien se interesó por el número de personas que se han beneficiado de las prestaciones que establecen distintos artículos de esta norma.
En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno detalla que un total de 797 personas demandaron beneficiarse del artículo 5 de esta ley, que mejora las prestaciones ya reconocidas por otra norma de 1979 que establecía pensiones, asistencia médico-farmacéutica y asistencia social a favor de las viudas, hijos y familiares de los fallecidos como consecuencia o con ocasión de la Guerra Civil.
La Ley de 2007 ampliaba el colectivo de beneficiarios a los familiares de quienes sufrieran heridas, enfermedades o lesiones accidentales como consecuencia de la contienda y de quienes hubieran fallecido como consecuencia de actuaciones u opiniones políticas y sindicales.
MÁS PETICIONES DENEGADAS QUE RECONOCIDAS
De las 797 personas que solicitaron prestaciones por estos motivos, ya las han recibido 265, mientras que 301 han visto denegada su solicitud, 143 se archivaron directamente y 88 siguen en tramitación.
Las peticiones presentadas en virtud del artículo 7 de la Ley de Memoria ascienden a 157. Este apartado permitía contabilizar como tiempo de estancia en prisión para la obtención de indemnizaciones los periodos de permanencia en los denominados batallones disciplinarios y rebajaba en cinco años la edad para percepción de las mismas, permitiendo la inclusión de quienes tuvieran 60 años en 1990.
Desde el 1 de enero de este año se han presentado 157 solicitudes de indemnización por tiempos en prisión y se han beneficiado 29 personas. De ellas 24 han podido percibir esta ayuda por haber estado en batallones disciplinarios y cinco por contar tener entre 60 y 65 años el 31 de diciembre de 1990. Por contra, 83 demandas se han rechazado, 25 aún se están tramitando y 20 se han archivado si más trámite.
En ese mismo artículo se creaba una indemnización específica en favor de aquel cónyuge de quien, habiendo sufrido privación de libertad durante menos de tres años, hubiese sido efectivamente ejecutado y no haya accedido a pensión o indemnización por tal causa. Acogiéndose a ese precepto sólo se ha tramitado una petición de indemnización, por el importe de 9.616,18 euros, que ha sido concedida.
Por último, el Ejecutivo detalla que 525 personas han solicitado las ayudas previstas para compensar el pago de la tributación de las indemnizaciones por tiempos de prisión como consecuencia de los supuestos contemplados en la Ley de Amnistía, tributación que la Ley de Memoria suprimió con efectos desde 2005.
De ese medio millar de peticiones recibidas, 353 ya han sido reconocidas y abonadas al solicitante mientras que cuatro se archivaron sin tramitar, 101 han sido denegadas y 67 siguen hoy en tramitación.
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martes, 2 de diciembre de 2008
jueves, 6 de noviembre de 2008
El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas.
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El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas
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MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno aprobó hoy un paquete de medidas para desarrollar la llamada Ley de Memoria Histórica con las que abre el plazo para que las víctimas de la guerra y el franquismo pidan las indemnizaciones, fija instrucciones para la retirada de símbolos franquistas en edificios de la Administración General del Estado y regula la obtención de la nacionalidad española por parte de los brigadistas internacionales y de hijos y nietos de exiliados.
Además, adoptó un protocolo de actuaciones científicas para las exhumaciones y criterios para la elaboración de un mapa general de lugares donde se localicen restos de víctimas, junto a medidas para facilitar el acceso a libros de defunciones de los registros civiles. Aprobó también el procedimiento para que las víctimas obtengan la "Declaración de reparación y reconocimiento personal", según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros.
De la Vega quiso separar estas medidas del proceso judicial abierto por el juez Garzón para elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo. Evitó sin embargo valorar si con estas actuaciones pierde relevancia la iniciativa de Garzón, en virtud de la cual comenzaron ayer mismo nuevas aperturas de fosas.
Así, reiteró su "respeto y colaboración" hacia la vía judicial abierta por el magistrado de la Audiencia Nacional y añadió que lo que pretende el Gobierno con estas medidas es desarrollar la Ley de Memoria Histórica, aprobada hace un año.
En el caso del protocolo sobre exhumaciones, pretende fijar criterios para que estas se hagan "con suficientes garantías para preservar los restos" y "de manera uniforme en todo el territorio nacional". Explicó que esta medida es independiente de las ayudas y subvenciones que el Gobierno concede a las asociaciones implicadas en su recuperación.
Aunque admitió que quedan pendientes algunas medidas, el Ejecutivo aprobó hoy el Real Decreto que prevé el derecho a una indemnización de 135.000 euros a los beneficiarios de quienes fallecieron durante el período comprendido entre el 1 de enero de 1968 y el 6 de octubre de 1977 "en defensa y reivindicación de las libertades y derechos democráticos y que, hasta la fecha, habían quedado fuera de todas las reparaciones previstas en la normativa vigente".
UN AÑO DE PLAZO PARA PEDIR INDEMNIZACIONES
Además, fija indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes sufrieran lesiones incapacitantes "por idénticos hechos y circunstancias", por importe de 35.000 euros para los supuestos de incapacidad permanente absoluta y de 135.000 euros para gran invalidez. El plazo de presentación de solicitudes será de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto de hoy.
No obstante, no tendrán derecho a estas indemnizaciones quienes a causa de estas lesiones ya hayan recibido indemnización con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social, excluida la pensión de invalidez o incapacidad que, en su caso, se estuviera percibiendo.
CULTURA VALORARA LOS SIMBOLOS
El Ejecutivo adoptó un Acuerdo del Ministerio de Cultura en el que dan instrucciones para que se retiren los símbolos franquistas de los edificios de la Administración General del Estado. Se refiere a escudos, insignias, placas o menciones de exaltación, personal o colectiva, de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la Dictadura, pero se exceptúan los calificados Bien de Interés Cultural.
Según el Gobierno, una Comisión Técnica de expertos creada por el Ministerio de Cultura se encargará de valorar cada caso y concluir si los objetos tienen "significado histórico" --incluido el que estuvieran previstos en el proyecto original-- o "valor artístico o artístico-religioso". La tercera excepción serán los "criterios técnicos", es decir, que el símbolo constituya un elemento fundamental de la estructura del inmueble cuya retirada pudiera poner en peligro su estabilidad o conservación.
500.000 DEMANDANTES DE DECLARACIONES REHABILITADORAS
Entre las medidas adoptadas hoy se incluye un segundo real decreto para lograr la "Declaración personal de contenido rehabilitador y reparador", un derecho de todos los perjudicados que, además, pueden ejercer ellos mismos, sus familiares o aquellas instituciones públicas en donde hubiesen desempeñado cargo o actividad relevante. Según estimaciones del Ejecutivo, los posibles demandantes ascienden a unos 500.000.
Esta medida se basa en que la Ley de Memoria Histórica declara "injustas" todas las formas de violencia personal producidas por razones políticas, ideológicas o de creencias religiosas, durante la guerra civil y la Dictadura. Entre esas razones se incluyen la pertenencia, colaboración con partidos políticos, sindicatos, organizaciones religiosas o militares, minorías étnicas, sociedades secretas, logias masónicas y grupos de resistencia, así como el ejercicio de conductas vinculadas con opciones culturales, lingüísticas o de orientación sexual.
Los títulos serán expedidos por el Ministerio de Justicia, a petición de los solicitantes y en un plazo máximo de seis meses a partir de la petición. Si ésta es denegada, el Ministerio debe hacer constar que no se cumplen los requisitos.
NACIONALIDAD PARA BRIGADISTAS Y DESCENDIENTES DE EXILIADOS
El tercer real decreto amplía las posibilidades para que los voluntarios de las Brigadas Internacionales puedan acceder a la nacionalidad española, dado que hasta ahora se han rechazado un 68 por ciento de las solicitudes --fueron archivadas 72 de las 104 peticiones presentadas, en su mayoría, por ciudadanos polacos y alemanes, seguidos por holandeses, búlgaros y cubanos--.
A partir de ahora los brigadistas podrán tener nacionalidad española sin perder la suya de origen y, además, podrán ejercer el derecho sin límite de plazo, frente a los tres años que exigía la legislación anterior. La solicitud se hará al Ministerio de Justicia y, además, los solicitantes podrán recabar informes de los organismos que puedan confirmar que son beneficiarios de este derecho. La Dirección General de Registros será la encargada de calificar y declarar este derecho.
Según el Ejecutivo, esta medida no aumenta el gasto público, ya que todas las solicitudes serán atendidas por el Servicio de Nacionalidad de la Dirección General de los Registros y del Notariado, con arreglo a su funcionamiento ordinario.
Junto a estos tres reales decretos, el Gobierno adoptó hoy un acuerdo con cinco medidas de diferentes ministerios --una de ellas la relativa a los símbolos--, empezando por las medidas para que puedan acceder a la nacionalidad española de origen los hijos de personas que fueron originalmente españolas y los nietos que, a causa del exilio, no la pudieron obtener.
En el caso de los primeros, bastará con una nueva petición, sin que tengan que volver a aportar la documentación con la que obtuvieron la nacionalidad española "no originaria" y, en el caso de los nietos de exiliados, para acreditar la condición del abuelo se admitirá el justificante beneficiario de pensiones concedidas a exiliados; documentos expedidos por Oficinas de refugiados o por instituciones vinculadas con el exilio, e incluso la participación en actividades de defensa y protección de los exiliados españoles o por trabajar actualmente en la reparación de las víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura.
El resto de las medidas adoptadas hoy son para facilitar el acceso a los libros de defunciones de los registros civiles, elaborar un protocolo de actuación científica para las exhumaciones de restos y un mapa general donde se localicen estos restos con los datos precisos para su identificación geográfica.
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El Consejo de Ministros aprobó más medidas de desarrollo de la Ley ...
España Exterior - 4 Nov 2008
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Además, adoptó un protocolo de actuaciones científicas para las exhumaciones y criterios para la elaboración de un mapa general de lugares donde se localicen restos de víctimas, junto a medidas para facilitar el acceso a libros de defunciones de los registros civiles. Aprobó también el procedimiento para que las víctimas obtengan la "Declaración de reparación y reconocimiento personal", según explicó la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, tras el Consejo de Ministros.
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En el caso del protocolo sobre exhumaciones, pretende fijar criterios para que estas se hagan "con suficientes garantías para preservar los restos" y "de manera uniforme en todo el territorio nacional". Explicó que esta medida es independiente de las ayudas y subvenciones que el Gobierno concede a las asociaciones implicadas en su recuperación.
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UN AÑO DE PLAZO PARA PEDIR INDEMNIZACIONES
Además, fija indemnizaciones extraordinarias en favor de quienes sufrieran lesiones incapacitantes "por idénticos hechos y circunstancias", por importe de 35.000 euros para los supuestos de incapacidad permanente absoluta y de 135.000 euros para gran invalidez. El plazo de presentación de solicitudes será de un año a contar desde la fecha de entrada en vigor del Real Decreto de hoy.
No obstante, no tendrán derecho a estas indemnizaciones quienes a causa de estas lesiones ya hayan recibido indemnización con cargo a alguno de los sistemas públicos de protección social, excluida la pensión de invalidez o incapacidad que, en su caso, se estuviera percibiendo.
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Los títulos serán expedidos por el Ministerio de Justicia, a petición de los solicitantes y en un plazo máximo de seis meses a partir de la petición. Si ésta es denegada, el Ministerio debe hacer constar que no se cumplen los requisitos.
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sábado, 18 de octubre de 2008
Los represaliados del franquismo piden al PSOE que mejore las indemnizaciones.
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Los represaliados del franquismo piden al PSOE que mejore las indemnizaciones
Efe, Valencia
La Asociación de Ex-Presos Sociales del franquismo se reunió ayer en el Congreso con diputados del PSOE y ERC para pedir que en los Presupuestos de 2009 aumente la cuantía de sus indemnizaciones por la represión sufrida y para que éstas no se basen sólo en el tiempo pasado en prisión sino en los daños morales.
Así lo explicó Antoni Ruiz, presidente de esta asociación que engloba a homosexuales, lesbianas y transexuales represaliados durante la dictadura franquista.
Ruiz señaló que las indemnizaciones previstas por el Gobierno son "injustas, ridículas y casi ofensivas". Según explicó, se pagaría dos mil euros a todas aquellas personas que hubieran ingresado en prisión por su condición sexual, seis mil para quienes hubieran estado más de tres años presos y otros mil cien euros por cada tres años adicionales recluidos en la cárcel.
Daños moralesEsta diferencia es, a juicio de Ruiz, "totalmente injusta", ya que desde la asociación se considera que no se debe medir sólo el tiempo pasado en prisión, sino valorar "cómo se les destrozó la vida, la homofobia que sufrieron, los daños y perjuicios creados, o la imposibilidad de desarrollarse personal, laboral o culturalmente".
Por su parte, el diputado socialista Juan José Pérez Tapias dijo que la reunión con los miembros de la Asociación fue "muy satisfactoria y fructífera", y señaló que su grupo parlamentario estudiará las enmiendas propuestas para mejorar las indemnizaciones.
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Daños moralesEsta diferencia es, a juicio de Ruiz, "totalmente injusta", ya que desde la asociación se considera que no se debe medir sólo el tiempo pasado en prisión, sino valorar "cómo se les destrozó la vida, la homofobia que sufrieron, los daños y perjuicios creados, o la imposibilidad de desarrollarse personal, laboral o culturalmente".
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