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http://www.levante-emv.com/secciones/seccion.jsp?pRef=2008100500_19_0__Comunitat-Valenciana
"El Estado ha fallado, es él y no Garzón quien tenía que haber investigado los desaparecidos de la Guerra Civil"
Ronald Fraser, hispanista y precursor de la historia oral
Rafel Montaner
El hispanista británico Ronald Fraser (Hamburgo, 1930) es uno de los grandes historiadores de la Guerra Civil. Afincado desde hace 20 años en Valencia, ciudad a la que llegó por amor -está casado con la historiadora Aurora Bosch, catedrática de Historia Contemporánea de la Universitat de València-, será homenajeado por el Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona el próximo 16 de octubre por su tarea como precursor de la historia oral. Con sus investigaciones ha dado voz y protagonismo a los testimonios directos de la gente corriente que vivió y sufrió los acontecimientos históricos.
«Siempre, siempre, he intentado escribir la historia desde abajo, cómo la vivieron los de abajo, no los de arriba, porque ellos nunca aparecían en la historia», dice.
-¿Cómo se siente ante el homenaje que le preparan?
-Es muy bonito, pero no lo merezco especialmente. Yo, más bien por casualidad, hace ahora 25 años fui el primero en entregar mis archivos, los casetes con mis entrevistas a más de 300 testimonios de la Guerra Civil a este archivo, que no tenía sección de Fuentes Orales, que fue fundada precisamente con mi entrega. Fue la historiadora Mercedes Vilanova, profesora de la Universitat de Barcelona, a quien yo le había preguntado "¿Qué hago con todas estas cintas, con este material ingente? Yo quisiera, por lo menos, devolverlo al pueblo español". Entonces ella me sugirió crear un archivo de fuentes orales y que mi entrega fuera la base de él. Eso es lo que deberían homenajear de verdad, no tanto a mi personalmente.
-En su libro Recuérdalo tú y recuérdalo a otros mostró la historia de la Guerra Civil, desde abajo, desde el punto de vista de esos más de 300 ciudadanos de a pie de ambos bandos que sufrieron en primera persona aquel conflicto y a los que entrevistó entre 1973 y 1975 ¿Qué recuerda de aquella investigación?
-Pues hace ya 30 años o más, ¿no?...-se pregunta con gesto de asombro- Fue muy intenso. Lo que recuerdo más es la soledad, porque eran los últimos años de Franco y yo sabía que no podía hablar a nadie más de lo que un testigo me había dicho, porque podía perjudicarle. El no poder hablar con nadie durante dos años fue muy difícil y algunas veces tuve pesadillas por lo que me habían contado, los fusilamientos y todas esas cosas muy desagradables
-La última de esas entrevistas la término seis meses antes de la muerte de Franco ¿No debió ser fácil investigar en plena dictadura?
-Yo siempre tomaba mis precauciones. Una de ellas era enviar las cintas al extranjero. Hacía cada dos semanas un paquete y lo remitía a un amigo en Francia por si acaso pasaba algo y me las requisaban. Seguro que el régimen sabía muy bien lo que estaba haciendo, pero no les interesaba, no les preocupaba en aquel entonces.
-Dentro de esa mayoría silenciosa y silenciada a la que dio voz usted por primera vez en España, hizo especial hincapié en el testimonio de las mujeres y niños que sufrieron la guerra ¿Por qué?
-Los niños tienen una visión muy inmediata, viven las cosas de forma muy cercana y expresan sus emociones. Fueron las grandes víctimas de aquella guerra tan cruenta. Y las mujeres, porque tradicionalmente nunca han aparecido en la historia.
- ¿Casi 70 años después del final de la Guerra Civil, usted también piensa que están cerradas todas las heridas?
-No, no... Las heridas de las guerras civiles duran mucho tiempo. Incluso en EE UU se puede decir que aún en el Sur puedes encontrarte, casi 150 años después de su guerra civil, residuos de la misma en actitudes y diferencias con el Norte. Lo que si creo es que esas heridas aquí están suficientemente curadas para que se empiece a entender ese pasado. Bueno, entenderlo, se ha escrito tanto que se puede entender ya. No hay probabilidades de que cualquier investigación abra un resentimiento tal que otra vez pueda haber problemas serios.
-Hay quien opina que para curar estas heridas la mejor receta es el olvido y no remover nada ¿Comparte esa opinión?
-No, al contrario. El olvido es la represión otra vez y la represión nunca es buena, porque lo que se ha reprimido suele volver por otros cauces y puede ser incluso peligroso. Es mejor enfrentarse abiertamente al pasado y, finalmente, entenderlo y asumirlo.
-¿Que opina de la orden de Garzón para que se investiguen los desaparecidos de la Guerra Civil y la dictadura?
-Bueno... todo eso de la Ley de la Memoria Histórica... algo así tenía que tener lugar. Pero hay criticas que se pueden hacer a esta ley. Primero, no puede haber una memoria histórica porque la memoria es subjetiva y por tanto cada uno tiene sus memorias. Por tanto no hay una sola memoria. Por otra parte, creo que estas investigaciones e incluso la que se están haciendo por muchas partes de España se tienen que hacer con un rigor muy grande. Hay que tener equipos muy preparados, con un modelo de investigación que debía de ser igual en todas partes, si no vamos a quedarnos otra vez en este regionalismo en el que uno ha investigado de una forma y otro de otra y del que no se puede sacar una conclusión general. En tercer lugar, no creo que esto incumba a un juez, porque esto no es una investigación que va a llevar a un proceso judicial y los jueces están para eso y no para otra cosa. Esto es el Estado el que tenía que haberlo hecho y ha fallado en este sentido.
-Hay muchos familiares de represaliados que buscan a sus seres queridos que fueron a parar a fosas comunes ¿Es partidario de que se busquen y se abran esas fosas para que puedan recuperar, si es posible, los restos de los suyos?
-Sí, sí, claro ¡Eso es Justicia! Es justo que lo hagan. Cada uno tiene el derecho de saber dónde están enterrados sus antepasados, volver a enterrarlos si quiere o lo que quiera hacer. Eso es un Derecho Humano. Lo que creo que se debiera hacer en este caso es que se investiguen los muertos de ambos bandos no sólo los de uno. Vamos a acabar de una vez con esto, pero con rigor científico.
-Pero, los que ganaron sí que investigaron sus caídos, recuperaron sus cuerpos, los homenajearon... Los vencidos nunca tuvieron nada de esto.
-No, por eso es injusto. Es por eso que hay que empezar con esto que están haciendo ahora. Pero, luego, lo que queremos es que incluso que los nacionales, como así se llamaban, que todos sus muertos también estén registrados y se sepa donde están enterrados. Ya sabemos sus nombres, están en las lápidas de muchos pueblos, etc... Pero hay que asegurarnos que no nos olvidemos de ellos.
-En el homenaje que le harán en Barcelona le presentan cómo un "maestro en el arte de entrevistar" ¿Cómo se plantea una entrevista?
-Con la voluntad de escuchar, eso es lo principal. Paciencia y la voluntad de escuchar y de escuchar muy bien, de no creer que tu vas a enseñar al testigo lo que es la historia. La historia es la del testigo. Y, también, hablar lo menos posible. He aprendido mucho más de la gente que he entrevistado que de los libros de historia
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domingo, 5 de octubre de 2008
lunes, 29 de septiembre de 2008
El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado
Fuente: Público.
El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado
RAÚL BOCANEGRA
España no sabe dónde están enterrados los fusilados y desaparecidos del franquismo
Treinta y tres años después del fin del franquismo, España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los muertos de la guerra civil y la posterior represión del régimen dictatorial. Mientras Franco recuperó con pompa y honor a sus caídos, el Estado democrático ha dejado olvidados en las cunetas y en los cementerios a miles de cadáveres.
Han tenido que ser los familiares de desaparecidos y muertos y las asociaciones de memoria quienes se pusieran manos a la obra para localizar y dignificar las fosas de la guerra, en un olvido forzoso desde 1939.
Sólo la sensibilidad de determinados gobiernos autonómicos de izquierda les ha financiado la búsqueda. En Andalucía se han detectado hasta ahora 668 enterramientos; en Catalunya, otros 179; en Galicia, por ahora, 37.
España sigue sin tener completo el mapa de la memoria. La operación del juez Baltasar Garzón -que trata de forzar la identificación oficial de los desaparecidos bajo el franquismo- alabada por las diversas asociaciones, ha puesto de relieve la inexplicable dejadez con la que los Gobiernos democráticos han tratado la represión del régimen franquista.
La llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura por el Gobierno socialista, prevé en su artículo 12 que las "Administraciones" -no especifica cuáles- elaborarán mapas de fosas en sus ámbitos de competencia. La labor del Gobierno se limita así a recibir los datos de las demás Administraciones y plasmarlos en un mapa de todo el país.
"Es vergonzoso", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto de Emilio Silva, el primer fusilado identificado con una prueba de ADN. Y es un trabajo en el que, cuanto más tarde en hacerse, más datos se perderán, porque no toda la memoria está en los papeles, aseguran las asociaciones.
Dos etapas en la localización
Hubo dos etapas básicas en la localización y recuperación de las tumbas olvidadas, según han constatado Silva, Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica del sindicato CGT y Rafael López, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, entre otros. La primera se inició poco después de la muerte de Franco, entre las primeras elecciones municipales, a finales de los años setenta, y el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981.
En este periodo, las exhumaciones estuvieron promovidas en su mayoría por los familiares de las víctimas -muchas se llevaron a cabo en la intimidad- y, en bastantes casos, "contaron con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos", según consta en un informe de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. No recibieron apenas publicidad en los medios. Sin embargo, su volumen fue muy importante.
En Sevilla, donde hasta ahora se han practicado 32 exhumaciones, 12 se levantaron entre 1975 -año de la muerte de Franco- y 1982, cuando se exhumaron más de 1.500 víctimas de la represión. "Todo eso desapareció" con el 23-F, afirma Silva. Nueve se produjeron durante la dictadura y las otras 11, entre 1982 y estos días.
Además, en la época de la transición se colocaron 14 placas, inscripciones, monumentos o monolitos, los llamados hitos de dignificación, mientras que ahora, cuando la Junta de Andalucía subvenciona los homenajes, sólo se han situado 18.
La labor de las comunidades
La segunda etapa se inició en 2000, cuando las exhumaciones de fosas y cunetas tomaron cuerpo en los medios de comunicación y el debate sobre la represión comenzó a levantar el manto del olvido. Entonces, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, ante las reivindicaciones de las asociaciones, comenzaron a dictar decretos, firmar convenios y tratar de llegar a conclusiones sobre la situación exacta de las fosas, tan importante para conocer el alcance real de la represión
¿Y las gobernadas por el PP? "Ninguna ayuda. En Castilla-León, ni caso, en Galicia, cuando gobernaba Fraga, nos echaron para atrás dos veces", asegura Silva. "En general -agrega- no ha habido políticos" implicados en la recuperación de la memoria. "Hemos pasado siete años excavando sin ayuda del Gobierno", remacha. En esto coinciden la mayoría de asociaciones.
"El País Vasco es quien mejor ha hecho los deberes", añade Silva. El Ejecutivo de Vitoria ha recopilado muchos datos gracias a un convenio firmado con la Sociedad Aranzadi, que desde 2003 ha permitido abrir nueve fosas. Hay más localizadas, pero no se han abierto por no haber solicitud de las familias. La próxima acción del Ejecutivo de Vitoria será enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un total de 8.650 expedientes de personas fusiladas o desaparecidas en el País Vasco durante la Guerra Civil.
Según los informes del Departamento vasco de Justicia, el número de desaparecidos en Euskadi entre 1936 y 1942 asciende a 8.650 personas, de las que 2.352 está registrados como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Mapas en elaboración
El Gobierno de Galicia y el de Catalunya ya han enviado al juez Garzón sus respectivas investigaciones sobre la represión. Son las únicas comunidades que, como tales, han enviado documentación al magistrado. La Generalitat catalana tiene un mapa elaborado, en el que se han podido localizar 179 fosas. 88 de ellas están certificadas a través de diversa documentación.
Y el resto se ha encontrado gracias fundamentalmente a los testimonios de los ancianos, a sus recuerdos. "Da respuesta a un mandato político y a un compromiso ético", aseguró el conseller de Interior, Joan Saura (ICV), en la presentación.
Mientras, el gobierno gallego ha financiado la investigación Las víctimas, los nombres, las voces y los lugares. Sin embargo, el mapa que prevé aún no está concluido. Por ahora, han localizado 26 fosas y 11 puntos en la costa en los que se hundieron cadáveres. Esta investigación le ha permitido a la Xunta disponer de un primer censo de víctimas que han enviado a Garzón.
Andalucía, que fue de las primeras comunidades en elaborar un decreto, y que tiene prácticamente terminado su mapa de fosas -elaborado por las asociaciones- con la escalofriante cifra de 668, no se lo ha remitido hasta ahora al juez. España tiene aún una memoria incompleta.
"No se puede hablar de genocidio. Fue un ‘politicidio' ejecutado a través del terror"
Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.
¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista?
Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes.
¿Fue un genocidio la represión franquista?
Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas.
Entonces, ¿qué fue?
Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad.
¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama ‘politicidio'?
Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad.
¿Franco recuperó a todos sus muertos?
Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse.
¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes?
Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria.
¿Qué debe hacer ahora el Estado?
Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.
El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado
RAÚL BOCANEGRA
España no sabe dónde están enterrados los fusilados y desaparecidos del franquismo
Treinta y tres años después del fin del franquismo, España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los muertos de la guerra civil y la posterior represión del régimen dictatorial. Mientras Franco recuperó con pompa y honor a sus caídos, el Estado democrático ha dejado olvidados en las cunetas y en los cementerios a miles de cadáveres.
Han tenido que ser los familiares de desaparecidos y muertos y las asociaciones de memoria quienes se pusieran manos a la obra para localizar y dignificar las fosas de la guerra, en un olvido forzoso desde 1939.
Sólo la sensibilidad de determinados gobiernos autonómicos de izquierda les ha financiado la búsqueda. En Andalucía se han detectado hasta ahora 668 enterramientos; en Catalunya, otros 179; en Galicia, por ahora, 37.
España sigue sin tener completo el mapa de la memoria. La operación del juez Baltasar Garzón -que trata de forzar la identificación oficial de los desaparecidos bajo el franquismo- alabada por las diversas asociaciones, ha puesto de relieve la inexplicable dejadez con la que los Gobiernos democráticos han tratado la represión del régimen franquista.
La llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura por el Gobierno socialista, prevé en su artículo 12 que las "Administraciones" -no especifica cuáles- elaborarán mapas de fosas en sus ámbitos de competencia. La labor del Gobierno se limita así a recibir los datos de las demás Administraciones y plasmarlos en un mapa de todo el país.
"Es vergonzoso", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto de Emilio Silva, el primer fusilado identificado con una prueba de ADN. Y es un trabajo en el que, cuanto más tarde en hacerse, más datos se perderán, porque no toda la memoria está en los papeles, aseguran las asociaciones.
Dos etapas en la localización
Hubo dos etapas básicas en la localización y recuperación de las tumbas olvidadas, según han constatado Silva, Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica del sindicato CGT y Rafael López, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, entre otros. La primera se inició poco después de la muerte de Franco, entre las primeras elecciones municipales, a finales de los años setenta, y el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981.
En este periodo, las exhumaciones estuvieron promovidas en su mayoría por los familiares de las víctimas -muchas se llevaron a cabo en la intimidad- y, en bastantes casos, "contaron con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos", según consta en un informe de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. No recibieron apenas publicidad en los medios. Sin embargo, su volumen fue muy importante.
En Sevilla, donde hasta ahora se han practicado 32 exhumaciones, 12 se levantaron entre 1975 -año de la muerte de Franco- y 1982, cuando se exhumaron más de 1.500 víctimas de la represión. "Todo eso desapareció" con el 23-F, afirma Silva. Nueve se produjeron durante la dictadura y las otras 11, entre 1982 y estos días.
Además, en la época de la transición se colocaron 14 placas, inscripciones, monumentos o monolitos, los llamados hitos de dignificación, mientras que ahora, cuando la Junta de Andalucía subvenciona los homenajes, sólo se han situado 18.
La labor de las comunidades
La segunda etapa se inició en 2000, cuando las exhumaciones de fosas y cunetas tomaron cuerpo en los medios de comunicación y el debate sobre la represión comenzó a levantar el manto del olvido. Entonces, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, ante las reivindicaciones de las asociaciones, comenzaron a dictar decretos, firmar convenios y tratar de llegar a conclusiones sobre la situación exacta de las fosas, tan importante para conocer el alcance real de la represión
¿Y las gobernadas por el PP? "Ninguna ayuda. En Castilla-León, ni caso, en Galicia, cuando gobernaba Fraga, nos echaron para atrás dos veces", asegura Silva. "En general -agrega- no ha habido políticos" implicados en la recuperación de la memoria. "Hemos pasado siete años excavando sin ayuda del Gobierno", remacha. En esto coinciden la mayoría de asociaciones.
"El País Vasco es quien mejor ha hecho los deberes", añade Silva. El Ejecutivo de Vitoria ha recopilado muchos datos gracias a un convenio firmado con la Sociedad Aranzadi, que desde 2003 ha permitido abrir nueve fosas. Hay más localizadas, pero no se han abierto por no haber solicitud de las familias. La próxima acción del Ejecutivo de Vitoria será enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un total de 8.650 expedientes de personas fusiladas o desaparecidas en el País Vasco durante la Guerra Civil.
Según los informes del Departamento vasco de Justicia, el número de desaparecidos en Euskadi entre 1936 y 1942 asciende a 8.650 personas, de las que 2.352 está registrados como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Mapas en elaboración
El Gobierno de Galicia y el de Catalunya ya han enviado al juez Garzón sus respectivas investigaciones sobre la represión. Son las únicas comunidades que, como tales, han enviado documentación al magistrado. La Generalitat catalana tiene un mapa elaborado, en el que se han podido localizar 179 fosas. 88 de ellas están certificadas a través de diversa documentación.
Y el resto se ha encontrado gracias fundamentalmente a los testimonios de los ancianos, a sus recuerdos. "Da respuesta a un mandato político y a un compromiso ético", aseguró el conseller de Interior, Joan Saura (ICV), en la presentación.
Mientras, el gobierno gallego ha financiado la investigación Las víctimas, los nombres, las voces y los lugares. Sin embargo, el mapa que prevé aún no está concluido. Por ahora, han localizado 26 fosas y 11 puntos en la costa en los que se hundieron cadáveres. Esta investigación le ha permitido a la Xunta disponer de un primer censo de víctimas que han enviado a Garzón.
Andalucía, que fue de las primeras comunidades en elaborar un decreto, y que tiene prácticamente terminado su mapa de fosas -elaborado por las asociaciones- con la escalofriante cifra de 668, no se lo ha remitido hasta ahora al juez. España tiene aún una memoria incompleta.
"No se puede hablar de genocidio. Fue un ‘politicidio' ejecutado a través del terror"
Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.
¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista?
Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes.
¿Fue un genocidio la represión franquista?
Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas.
Entonces, ¿qué fue?
Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad.
¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama ‘politicidio'?
Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad.
¿Franco recuperó a todos sus muertos?
Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse.
¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes?
Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria.
¿Qué debe hacer ahora el Estado?
Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.
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