«Los jueces zamoranos deben demostrar que quieren hacer justicia en Maire y Santa Marta»

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«Los jueces zamoranos deben demostrar que quieren hacer justicia ...

«Los jueces zamoranos deben demostrar que quieren hacer justicia en Maire y Santa Marta»
Santiago Macías PérezVicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica

El escritor, delineante y vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica Santiago Macías.

«El juez Garzón ha abierto la puerta de veinticuatro provincias»

J. A. G. Santiago Macías Pérez (Ponferrada, 1972), investigador, delineante y escritor, es fundador y vicepresidente de la primera Asociación de Recuperación para la Memoria Histórica de ámbito nacional que se creó en España en el año 2000. La ARNH auspició con las demandas de los familiares la investigación del juez Garzón que ahora se ha trasladado a los juzgados provinciales. En esta entrevista aporta su visión de lo ocurrido y del papel que están jugando la justicia y del Gobierno.

- ¿La inhibición de Baltasar Garzón en la causa ha multiplicado los efectos de la investigación?
- Yo creo que el caso ha sido trasladado a 24 provincias para que otros tantos jueces se pongan a trabajar. Pienso que antes de que le cierren una puerta a él, porque por las declaraciones de ciertas personas está claro lo que se busca, el ha abierto veinticuatro. De todas las formas queda para la historia un auto que supone una condena al franquismo, lo que nadie en la clase política se ha atrevido a hacer nunca.

- ¿La Ley de Amnistía es a su juicio revisable?
- Yo pienso que debería ser derogada. La Ley de Amnistía se firma en España en el año 77. España no estaba en libertad. La Constitución entra en vigor el 6 de diciembre de 1978 y es una ley (la de Amnistías) que como en otros países que han sufrido dictaduras es redactada por los mismos que se quieren autoamnistiar, y eso no debería valer. Yo creo que es seguir perpetuando todos esos crímenes contra la humanidad que además Garzón en el primer auto demuestra perfectamente.

- ¿Qué papel ha jugado el Gobierno en todo este proceso?
- El Gobierno al redactar la Ley de la Memoria está dando pie a que Garzón haga esto. La Ley de la Memoria es incompleta, está sin desarrollar y no garantiza a los familiares que van a tener el derecho o que les van a asistir para llevarse a sus familiares a un lugar digno. Para que deje de haber muertos en las cuentas. La ley lo que dice es que se garantiza a las asociaciones la colaboración y en cualquier país democrático lo que se suele hacer es que el propio estado garantiza el cumplimiento de los derechos humanos y que los familiares puedan recuperar a sus muertos, no una asociación.

- ¿Qué carencias le encuentran entonces a la ley?
-En España la Ley de Memoria dice textualmente que serán las asociaciones y los familiares los que se encarguen del tema. Una víctima no puede resarcirse a sí misma del delito que han cometido contra ella. En esto cojea principalmente la Ley de la Memoria. Y bueno es lo que hace además que este recorrido siga adelante, porque si hubiera una ley bien hecha no hubiéramos llegado hasta aquí. Hay que añadir una cosa: los políticos a los que se les llena la boca y que piensan que con esta ley todo está solucionado, me gustaría que me contestasen una cosa. ¿A qué teléfono tienen que llamar los familiares o a que dirección se tienen que dirigir para que alguien les garantice este derecho?

- ¿Para ustedes la Fiscalía y el Gobierno han sido vasos comunicantes en el asunto del auto de Garzón?
- No lo sé, pero el fiscal Zaragoza, los mismos medios de comunicación informaron de su nombramiento a instancias del Gobierno. No sé si es un mandato o no, pero si aquí lo que se ha querido es cerrar esta puerta aludiendo a la Ley de la Memoria que sepan que esto no es así. La ley no ha solucionado prácticamente nada.

- Muchas asociaciones se han visto decepcionadas con lo ocurrido. Alguna sin embargo ha visto el traslado de la causa a los juzgados provinciales en positivo. ¿Usted que opina?
- Yo pienso lo mismo. La vía judicial tienen muchos caminos, pero en este caso todo el mundo sabe lo que ha sucedido desde el auto de Garzón. Hubo el recurso inmediato e incluso reuniones de urgencia para paralizar exhumaciones, cosa que nunca se había producido en la historia judicial de este país. Si Garzón ha elegido este camino es porque era la única opción que tenía. Si el tema hubiese seguido en la Audiencia Nacional posiblemente le habrían dado carpetazo inmediato. Hubieran buscado el mejor argumento para hacerlo. Abriendo veinticuatro puertas ha evitado que le cierren una.

- El presidente del TSJ de Castilla y León ha venido a decir que el hecho de que el auto llegue a los juzgados territoriales no quiere decir que la investigación siga adelante. ¿Qué creen ustedes?
- Declaraciones de este tipo demuestran la escasa cultura en cuanto al cumplimiento de los derechos humanos que existen en este país. Que más da que sea la Audiencia Nacional o un juzgado territorial. Si hay una fosa común al lado de una carretera cómo no se va a investigar. Cómo garantiza la justicia que ese enterramiento no es de hace veinte años. Nosotros hemos estado abriendo fosas comunes en muchos lugares y nadie se ha acercado por allí, pero ni a decirnos, ustedes qué hacen. Imaginemos que se trata de alguna persona desaparecida en la actualidad, Plubio Cordón, por ejemplo. Imaginemos que hemos abierto un enterramiento individual en medio del campo. Quién le dice a la justicia que no es él. Cómo puede haber esa delación de funciones tan tremenda, y como pueden creerse, porque nosotros se lo decimos, que se trata de alguien asesinado en el 36. ¿Y si resulta que es una persona asesinada hace quince años?- ¿Han recibido ayudas económicas para aplicar la Ley de la Memoria, bien del Gobierno, bien de las Comunidades Autónomas?- Esto es falso. Desde hace dos años el Ministerio de Presidencia da unas subvenciones a varias asociaciones, para muchas cosas. Para realizar un homenaje, para escribir un libro, para hacer un documental, para entrar en un archivo o para hacer una exhumación.

- ¿Y en el caso de las exhumaciones?
- En el caso de las exhumaciones esta ayuda no cubre una exhumación entera. Porque se está dando por hecho que la va a hacer una asociación que no tiene ánimo de lucro, que está formada por voluntarios. Con el dinero que nos costaría una exhumación estamos haciendo veinte. Todo el trabajo de campo, los desplazamientos y otros conceptos, son gastos que seguimos teniendo nosotros. El dinero que nos han dado lo hemos invertido en laboratorios, en poder contratar a un arqueólogo que pueda trabajar de lunes a domingo, pero es completamente insuficiente. Nuestro trabajo está apoyado en la disponibilidad de cada uno. Si ahora resulta que uno no tiene vacaciones o no tiene el fin de semana, tenemos que retrasar y retrasar. No puede quedar supeditado el cumplimiento de los derechos humanos a la disponibilidad de una asociación.

- ¿Recuperar la memoria histórica es hacerlo en los dos bandos, o incluso en bandos dentro de los bandos, como ocurrió en el caso de las izquierdas? ¿La memoria histórica es para todos?
- Bueno hay que partir de la base de que la gente que está en las cunetas es la que Franco no sacó. A partir de 1939, el final de la guerra, se dictan normas y leyes publicadas en el BOE. Nosotros hemos hecho un informe del BOEde los diez años posteriores a la guerra en los que hay todo tipo de medidas para exhumación, financiación, pagas a viudas, becas a los hijos, plazas en la administración, taxis, estancos, administraciones de lotería, incluso vacunas de la poliomielitis solamente para hijos de caídos por Dios y por España. Hasta ahí llegó la dictadura. En las cunetas sólo queda la gente que Franco no quiso sacar.

- ¿También es el caso de Paracuellos de Jarama?
- Paracuellos no es una fosa olvidada. Desde 1939 cada 1 de noviembre se hace un homenaje, se construye aquello con dinero público, se levanta aquel cementerio, se exhuman muchos cuerpos y si no se exhuman es porque los familiares no quieren hacerlo. Hay una serie de medidas que marcan una diferencia entre lo que nosotros estamos haciendo y lo que se hizo en la dictadura.

- ¿Y en el caso de gentes de izquierdas asesinadas por sus propios compañeros?
- Nosotros hemos exhumado a algunos de ellos. Cuando una persona está en una cuneta hay que sacarla. Se llame Roberto o se llame Juan.

- ¿Sin importar el bando?
- El cumplimento de los derechos humanos que yo sepa no tiene bandera política. Lo que pasa en este país es que lo que queda en las cunetas es lo que Franco no quiso sacar. Ni a los que asesinaron sus propios compañeros ni a los que asesinó el régimen. Pero tenemos ejemplos de ambos casos.

- ¿Por ejemplo?
- Gente de derechas asesinada por la izquierda, por ejemplo, en Villasana de Mena, en Burgos, dónde había gente enterrada en las obras de una iglesia y al hacer obras se descubrió la fosa en la que se encontraban. Se sabía que estaban allí, aunque no el sitio exacto. Nosotros ayudamos a hacer esa exhumación. Eran ocho personas de derechas asesinadas por la izquierda. Miguel Cárdeñas Lozano, guerrillero en la provincia de Orense. Le asesinaron sus propios compañeros. Nosotros le recuperamos también.

- Usted tiene 35 años. ¿Cree que España está madura para abordar esta parte de su pasado? ¿Hay miedo todavía?
- Muchísimo miedo, aunque la gente que pasea por la Gran Vía en Madrid seguramente no lo tiene o los que están en el Congreso de los Diputados. Pero que vayan a pueblos como los dos que has publicado en tus noticias, Maire y Santa Marta, donde el propio alcalde niega la existencia de algo, seguramente para evitar problemas y cuando podría cubrirse gloria facilitando que siete personas recuperen a los suyos y demostrar que es un demócrata de verdad y que por lo menos tiene sensibilidad. Pero en este país, el miedo produce reacciones como la de este alcalde, como la de familiares que no quieren hablar con los medios de comunicación y que nos piden a nosotros confidencialidad con sus datos. Cómo no va a haber miedo. Muchísimo miedo. Cuando no habido respaldo de la justicia, cuando no ha habido respaldo del propio Estado, qué va a tener la gente: miedo.

- Concluida la Segunda Guerra Mundial, el presidente demócrata Harry Truman saludó el ingreso de España en la Sociedad de Naciones elogiando a un general que había logrado meter en cintura a un pueblo degenerado. ¿La sociedad española ha superado aquel enfrentamiento?
- Yo pienso que no. Aquí hay por una parte gente que está malintencionadamente desinformando. Está clarísimo. Cualquier persona que quiere saber lo que pasa con este tema y se ha acercado a nosotros, se ha ido pensando: esto es tremendo y una injusticia. Vivimos en un país donde determinada gente tiene mucho peso todavía; dónde se informa al gusto de cada parte de la sociedad y hay mucha gente que se cree los bulos que aparecen todos los días.

- ¿Cuáles?
- Pues desde que ha sido el Gobierno el que ha tirado de este tema, que es mentira. Ha sido la sociedad, el movimiento social que significa por ejemplo esta asociación. O incluso que es el Partido Popular el que se niega a abrir las fosas y está detrás de la Fiscalía, que también es falso. La Fiscalía no es un órgano del PP sino un órgano nombrado por el Gobierno. Hay una serie de clichés que no son reales.

- ¿Qué mensaje trasladaría a los jueces que ahora recibirán el auto de Garzón. A los jueces que, en el caso de Zamora, tienen que pronunciarse sobre las fosas de Maire de Castroponce y de Santa Marta de Tera?
- El mensaje que nosotros queremos lanzar a todos los jueces, a los de Zamora o Benavente en este caso, es sencillo. Que demuestren que tienen ganas de hacer justicia, que demuestren sensibilidad y que piensen que este problema ante el que nos encontramos no es una broma. Es un problema que afecta a muchísima gente que cree en la justicia y que además espera que esa justicia se cumpla en su caso.
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Localizada en Faramontanos una fosa común con doce asesinados en la Guerra Civil

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http://www.elmundo.es/elmundo/2008/10/13/castillayleon/1223926900.html

ZAMORA MEMORIA HISTÓRICA

Localizada en Faramontanos una fosa común con doce asesinados en la Guerra Civil

ZAMORA.-

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que desde el pasado viernes trabaja en las labores de exhumación de una fosa común en la localidad zamorana de Faramontanos de Tábara, ha localizado a los doce cuerpos que, según sus informaciones, estaban enterrados allí.

El vicepresidente nacional de esta asociación, Santiago Macías, explicó que se trabaja "poco a poco". "Ahora mismo ya tenemos a la vista los doce cuerpos, todavía no están todos sacados, pero sí al menos diferenciados".

Las 14 personas que desde primera hora de la mañana de lunes se encuentran trabajando en estas labores deberán seguir una metodología distinta a la habitual en estos casos, puesto que los cuerpos se encuentran amontonados unos encima de otros. "Nos gusta tenerlos uno a uno a la vista, para poder documentarlos mejor, pero, en este caso, es imposible", apunta Macías. De esta manera, hasta la tarde del lunes, hay cinco cuerpos sacados ya totalmente de la tierra y se espera que en dos días más se puedan finalizar estos trabajos.

La localización de esta fosa común fue posible gracias a la información facilitada a la asociación por parte de los vecinos de la zona. Según la documentación de Defensa para la Memoria Histórica, allí se encontrarían los restos de seis hombres y seis mujeres jóvenes, que podrían formar parte de un grupo de maestros asesinados en el verano de 1936 y podrían ser naturales de la localidad leonesa de Valderas. "Lo más seguro es que ni sus propios familiares sepan que están aquí exactamente", reconoció el vicepresidente de la asociación.

Todavía se desconoce la identidad de estas personas, que podrían haber formado parte de un grupo que se presentó a unas pruebas de oposición a magisterio que se realizaron en León entre los días 14 y 16 de julio de 1936.
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El hijo de un represaliado de Corrales pide a la Alcaldía ayuda para recuperar a sus familiares.

http://www.laopiniondezamora.es/secciones/seccion.jsp?pRef=2008100500_5_0__Comarcas

El hijo de un represaliado de Corrales pide a la Alcaldía ayuda para recuperar a sus familiares

S. RAMOS. Corrales,

La decisión por parte del juez Baltasar Garzón de reclamar a las Administraciones y la Iglesia un censo de desaparecidos en la Guerra Civil, y años posteriores, ha sido determinante para que Francisco Álvarez Santos, natural de Corrales del Vino, nieto de Ángel Alvarez y sobrino de Lorenzo Alvarez, ambos fusilados en julio de 1936, se movilice y solicite colaboración al Ayuntamiento de Corrales para localizar el lugar donde fueron enterrados sus familiares, amparándose en la Ley de la Memoria Histórica aprobada por el Gobierno a finales de diciembre de 2007. «Mi padre, junto a mi abuelo y mi tío, formaban parte de la gestora socialista que surgió tras las elecciones municipales que dieron lugar a la Segunda República». Fue precisamente su padre, Alfonso Álvarez el primer detenido el 23 de julio de 1936, «por un cabo sargento del Ejército, tras convencerle de que se entregara ante la acusación que llegaba del ejercito sublevado de un delito de excitación a la rebelión». El militar prometió responder por él. «Eso le salvó la vida, pues le mandaron a la prisión de Zamora, en la que estuvo un año». A los pocos días del ingreso, su abuelo paterno y su tío Lorenzo con 20 años fueron fusilados «por falangistas» cuando se dirigían al centro penitenciario a llevarle ropa al detenido. Su progenitor, fue trasladado de la cárcel de Zamora a la prisión de Toro, en la que permaneció otros doce meses trabajando en el canal de riego. De ahí pasaría al penal de Santa Isabel, en Santiago de Compostela, donde le otorgan la libertad condicional tras la aplicación de reducción de condena por los trabajos realizados. «Le habían condenado a seis años y cumplió cuatro, relata su hijo. Han pasado más de setenta años para que Francisco se decida ahora a «recuperar a los míos y poder así, ofrecerles un entierro digno en su nombre y en el de mi familia afectada por las repercusiones de aquellos tremendo hechos propiciados por la Guerra Civil Española y la Dictadura». Desde la Asociación de familiares y amigos de represaliados de la Segunda República por el franquismo en Ponferrada y otras localidades se han puesto en contacto con Francisco para ofrecerle colaboración. En Corrales, según describe Francisco, no sólo fueron su abuelo y su tío los fusilados, sino que hubo otras seis personas, con nombres y apellidos. Una zona de la provincia donde se cebó la represión, como en San Miguel de la Ribera, El Perdigón o Moraleja del Vino, entre otros. En Peleas de Arriba «hay un pago El Cubeto, que era donde llevaban a fusilar a los extremeños». La familia de Francisco, de albañiles y picapedreros, era conocida por su buen hacer en el oficio. Un trabajo del que siguió viviendo su padre, una vez recobrada la libertad. «Yo tendría diez años y recuerdo perfectamente cuando Juan Pintas, un vecino de Santa Clara de Avedillo, contrató a mi padre para hacer una casa en este pueblo. Era el primer trabajo que obtenía y hasta ahí nos trasladamos a vivir un año». El Gobierno, tal y como ha anunciado a principios de octubre, desarrollará el cuerpo normativo de la Ley de Memoria Histórica, en el que se contempla la posibilidad de elaborar un mapa de fosas para el que se ha pedido la colaboración de ayuntamientos y comunidades antes de proceder a la exhumación de los restos. La premisa es, máxima colaboración y compromiso, ante el derecho que tienen familiares de fusilados, desaparecidos y enterrados a partir del 18 de julio de 1936, fecha del alzamiento nacional, a cerrar heridas y recuperar parte de su memoria individual y colectiva Francisco ha dado los primeros pasos ante el Ayuntamiento de Corrales, si bien él cree que sus familiares fueron llevados al cementerio de San Atilano en la capital. «Un día hablando con el sargento que le salvó la vida a mi padre, fue lo que me dio a entender. Y además me reveló que mi abuelo se enfrentó a sus verdugos dando un mitin cuando le fueron a fusilar». El mismo, muestra otro escrito, por el que solicita al Ayuntamiento de Corrales el cambio de denominación de las calles que tienen relación con la dictadura franquista. «A mi me nacieron en Corrales del Vino, el pueblo donde todavía se conserva una casa de mi familia, entre la calle Primo de Rivera y la calle la Cruz». Francisco Álvarez , que vive actualmente en Avilés, sufrió las consecuencias de las represalias del régimen cuando con 22 años solicitó el pasaporte para irse a Alemania a trabajar, documento que le fue denegado por no ser afín al régimen. Esta circunstancia le llevó a emigrar a la ciudad asturiana donde ha trabajado en oficios de montaje y construcción metalúrgica. «A Corrales ya casi nunca voy, pero todavía me quedan algunos buenos amigos, entre ellos el hermano de mi primera mujer, que es socialista y ha estado como concejal en alguno de los ayuntamientos democráticos».

Por su parte, desde el Ayuntamiento de Corrales y dentro de sus competencias, se ha ofrecido colaboración para la indagación, localización e identificación a aquellos descendientes directos de las personas implicadas en la represión de la dictadura franquista. Además su alcalde, José Alfonso Martín, ha asegurado que desde el equipo de Gobierno se está trabajando para cambiar la nomenclatura actual de determinadas calles del pueblo relacionadas con esa etapa. Corrales mantiene aún en su callejero los nombres de José Antonio Primo de Rivera, Generalísimo o General Mola, entre otros. «Pero todo lleva su tiempo, porque tratamos de rescatar los nombres tradicionales de estas calles y no es fácil».