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"Los hipócritas y los tardofranquistas esta vez no van a ser los ...
"Los hipócritas y los tardofranquistas esta vez no van a ser los vencedores"
En pleno terremoto sobre memoria histórica, publica '1936: el genocidio franquista en Córdoba' l Ofrecerá a Garzón su libro, donde documenta a 11.561 desaparecidos en la provincia
Actualizado 16.11.2008 - 01:00
Francisco Moreno Gómez en el Cerro de los Ángeles, lugar emblemático de la guerra civil, a escasos minutos de su casa en Getafe.
CUANDO se ha habla o se escribe sobre la guerra civil en Córdoba es casi obligado levantar el teléfono y marcar el número de Francisco Moreno Gómez. Tres décadas de investigación en archivos militares y municipales, partes de guerra, libros de registro de cementerios, cartas de soldados y milicianos y entrevistas a supervivientes de la contienda civil han dado sus frutos en forma de ocho libros dedicados casi en exclusiva a Córdoba. En estos días de intensa polémica por la memoria histórica, a las puertas de las librerías se apilan docenas de ejemplares de 1936: El genocidio franquista en Córdoba, publicado por Crítica.
-El título de su libro es contundente. Son palabras mayores o ¿es llamar a las cosas por su nombre?
-Se trata de llamar a las cosas por su nombre. Cuando se comete una matanza de gran número de personas, como ocurrió en Córdoba, eso es genocidio, al menos sensu lato. No podemos usar estos términos con relación a Argentina, Bosnia, etcétera y caer luego en un tabú con relación a España. En el siglo XXI tenemos que revisar muchos conceptos y terminología. En el pasado hablábamos mucho de guerra civil, y de manera secundaria de represión, como algo colateral. Pero la matanza no fue colateral, sino que fue el programa y el objetivo central con el que se lanzó el golpe militar de 1936. Lo que fue colateral fue la guerra. La matanza fue lo sustancial. El golpe se lanzó para reprimir, para eliminar, para doblegar y para meter en cintura al obrerismo, a la modernidad y a la democracia española.
-¿Su libro es una denuncia, un documento histórico o un acto de justicia?
-Mi libro es un documento histórico, una investigación de 30 años. Responde a dos grandes motivaciones. Una, de tipo intelectual, de aportación al conocimiento y a la ciencia histórica. Yo mismo quise saber lo que pasó. La segunda, de tipo ético, de homenaje a las víctimas, de justicia histórica hacia las víctimas, de devolver la mención histórica a aquéllos a los que se negó su presencia en la Historia, y de contribución al memorial democrático de España. Por eso el libro está dedicado a los mártires de la democracia española en Córdoba.
-Es evidente que tanto su libro como sus declaraciones en esta entrevista crearán polémica.
-No tienen por qué. Y si crean polémica me trae sin cuidado. A estas alturas de la vida, como ya me ocurrió en 1982, 1985 y 1987, sólo me importó investigar la verdad y contarla, reconstruir los hechos y salvarlos del silencio y del olvido. Mi libro obedece a una gran honestidad intelectual y personal. ¿Quién se puede molestar? Los demócratas, no, desde luego, a no ser algún despistado. Sólo los antidemócratas pueden sentirse aludidos, o los verdugos, o los autores de crímenes de guerra. Tales posibles polémicas no me importan en absoluto.
-Usted está considerado como un pionero de la memoria histórica por publicar un libro sobre la guerra civil en Córdoba y la posterior represión franquista a mediados de los 80. Ahora tendrá más puertas abiertas para la investigación que entonces, cuando la democracia despertaba en España.
-Desde luego fui de los primeros en lanzarme, al comienzo de la Transición, a una reconstrucción histórica de este calibre. Nadie entonces se atrevía a esto. Sólo un maestro hacía algo parecido en La Rioja y dos estudiosos en Cataluña. Nadie más. Yo hacía entonces recuperación de la memoria histórica sin saberlo. Fue una especie de travesía del desierto, contra corriente y contra el pacto tácito de silencio de la transición. Mire si iba contra corriente que en el premio Díaz del Moral que me dieron en 1982 tuve dos votos negativos: el de Cuenca Toribio, por la Universidad de Córdoba, y el de Gómez Crespo, por la Real Academia de Córdoba. Estos organismos se cerraron en banda contra la memoria histórica y se escandalizaron. Yo me hice historiador con Tuñón de Lara y en el momento político de UCD. Le confieso que en aquellas fechas se accedía mejor a los archivos que ahora. Todo empezó a retroceder con Felipe González. Ahora los archivos militares de la represión están cerrados a cal y canto, mientras que en los años 90 se podía acceder a ellos relativamente bien.
-¿Por qué un buen día, en plena Transición española, un profesor de Historia como Francisco Moreno Gómez decide investigar sobre la guerra civil en Córdoba?
-Me puse a investigar en el verano de 1978, justo hace 30 años. Y empecé por el Registro Civil de mi pueblo, Villanueva de Córdoba. Y luego, todos los registros de la provincia y el de la capital, y los cementerios, y las prisiones, y todo lo que pude. Viví una experiencia intelectual apasionante. Cada día entonaba el eureka por los hallazgos que encontraba. Y recogía testimonios por doquier, por Córdoba, Madrid, Barcelona, Valencia… Busqué los testimonios por todas partes, puse incluso anuncios en la prensa, y logré unos contactos impresionantes. Hoy, todos mis testigos han muerto ya. Pero su lucha por la democracia española ha quedado en las páginas de este libro. He ahí mi gran satisfacción. Mereció la pena.
-Usted ha sido muy atacado por historiadores que le acusan de tomar partido en sus escritos. ¿Es posible ser objetivo al escribir sobre la guerra civil?
-Mi obra, mis libros, han sido muy valorados por estudiosos solventes: Tuñón de Lara, Josep Fontana, Paul Preston, Jackson, Helen Graham, Julio Aróstegui, Julián Casanova, Alberto Reig, Francisco Espinosa, Arcángel Bedmar, Juan Sisinio Pérez Garzón, etcétera. Sólo me ha protestado un grupito de academicistas y de mentalidades retro, con argumentos peregrinos, como ese Cáceres que me acusa de ser demasiado antifranquista. Todo ridículo. Para mí, lo esencial de la historia no es la objetividad. Lo esencial es la veracidad, el rigor y la documentación. Ésa es la clave. Si el yo del autor aparece o no es irrelevante. Al escribir sobre la guerra civil, lo que hay que ser es verídicos, rigurosos y documentados. Lo demás huelga.
-¿Es lo mismo memoria que historia?
-No es lo mismo memoria e historia. La memoria es materia prima para la historia, fuente testimonial. La historia es la elaboración científica de los hechos vividos por los seres humanos.
-Hace apenas un mes, en declaraciones a este periódico, usted le ofrecía su libro al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para documentar de forma concreta el número de desaparecidos en Córdoba durante la guerra. Parece que ahora no le van demasiado bien las cosas al magistrado.
-Mi reciente libro, con los datos del genocidio de Córdoba, constituye un material importante para el sumario iniciado por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Tengo audiencia pedida al juez y me acompañará el jurista Carlos Jiménez Villarejo, de la Comisión de Expertos. Es cierto que el juez se ha llevado un revés con la última decisión del plenario de la Audiencia Nacional. Pero la última palabra todavía no está dicha. Y la última palabra será la de las víctimas del franquismo y la de los demócratas españoles. Los hipócritas y los tardofranquistas esta vez no van a ser los vencedores.
-¿Entiende la postura del fiscal para paralizar las exhumaciones al alegar que si se hacen se pueden causar "daños irreversibles"?
-No es en modo alguno comprensible la postura de un fiscal así, ya que es una postura favorable a la impunidad y contraria a la esencia de la democracia. En este país hay muchísimo tardofranquista oculto. Y eso de los "daños irreversibles" es pura hipocresía. Equivale a lo de "reabrir las heridas". Resulta que homenajear a los mártires de la democracia es "daño irreversible" o "se reabren heridas". Creo que este ejercicio de cinismo no se ha dado así en ninguna parte del mundo.
-¿Hablar de la guerra civil significa "reabrir heridas que ya habían cicatrizado"? ¿Hay miedo a hablar sobre estos temas tanto a nivel político, como social o mediático?
-Hablar de la guerra civil no significa "reabrir heridas", argumento absurdo, sino reconstruir los hechos que el franquismo quiso borrar de nuestra historia, rellenar las páginas que el franquismo quiso dejar en blanco, a la vez que deshacer la historia falsa que el franquismo nos quiso legar, o lo que es lo mismo, desatar aquella historia falsa que el franquismo quiso dejar "atada y bien atada". Los historiadores de la democracia hemos derribado el muro de silencio del franquismo y el muro del miedo y la falsedad. Claro que hay todavía miedo, porque esa ha sido una de las grandes victorias de Franco: aniquilar a los demócratas a través del terror, del miedo, del silencio y del olvido.
-En su libro destaca que el negacionismo de la historia es un delito en bastantes países europeos, pero no en España. Si se modificara el Código Penal, ¿habría que condenar a mucha gente por estos hechos?
-Por supuesto que negar los crímenes del fascismo y del nazismo, así como su enaltecimiento, es un delito en varias democracias europeas. Sin embargo, en España se pueden negar las matanzas y se puede elogiar al gran dictador sin ningún tapujo. Son las cosas raras de España.
-¿Fue más cruenta la guerra civil en Córdoba que en otras provincias o es que es una zona muy estudiada?
-El genocidio franquista en Córdoba fue una catástrofe humanitaria. Mi libro lo cuantifica en un mínimo de 11.581 asesinados. Pero esto es un mínimo, porque he tenido que dejar en interrogación a bastantes pueblos. Pienso, sin miedo a equivocarme, que el franquismo se llevó por delante a 15.000 cordobeses, sin contar la mortandad de los frentes, el hambre, el exilio y otras muchas desgracias. Pero otras provincias igualan o superan a la de Córdoba, como Sevilla, Granada, Málaga, Badajoz, Zaragoza... Córdoba no fue una excepción en el genocidio español: fue sólo una pieza más en el programa de exterminio del golpe militar de 1936.
-Ha escuchado y escrito tantísimas historias sobre la guerra civil que su nivel de impacto y conmoción debe haber menguado. Todas estas historias son tristísimas, pero ¿Cuál es la que más le ha afectado?
-Me han impresionado muchísimas de las desgracias que el franquismo trajo a Córdoba, pero sobre todo la descomunal matanza que cayó sobre la capital, bajo el terror de Cascajo, del comandante Zurdo y del teniente coronel Bruno Ibáñez. Y sobre todo, la matanza de intelectuales cordobeses, el asesinato del poeta José María Alvariño, el escultor Enrique Moreno El Fenómeno, el librero Rogelio Luque, el director del Conservatorio Aurelio Pérez Cantero, profesores de la Escuela Normal, de la Veterinaria, maestros de Escuela de Córdoba, médicos como Ruiz Maya, Romera, Isla, Hombría, etcétera. Y entre ellos, el asesinato de un sabio de la épica, figura señera de la lucha antipalúdica entonces en España: el doctor Sadi de Buen Lozano. Sin duda, todo esto fue un crimen de lesa humanidad, una barbarie contra la cultura, la misma barbarie de origen nazi que se llevó por delante a Federico García Lorca.
-Todos los protagonistas de su libro tienen nombres y apellidos, tanto víctimas como verdugos. Hoy es fácil identificarlos, especialmente en los pueblos. ¿Se está encontrando con problemas?
-Nunca he tenido problemas por el hecho de dar nombres, porque los he dado primero con fundamento y segundo con valentía. No me he andado con gazmoñerías ni mojigaterías. La verdad da mucha fuerza al historiador.
-¿Conocemos nuestra historia o estamos condenados a repetirla?
-Todavía no conocemos bien nuestra historia, la de los años 30 y los 40. Falta muchísimo por conocer. Afortunadamente, de Córdoba conocemos ya bastante, pero aún falta. Al menos nos podemos aproximar a la magnitud del genocidio franquista sufrido por los cordobeses, en cifras todavía mínimas: que el franquismo asesinó durante la guerra a un mínimo de 8.545 cordobeses, más otros 1.600 en la posguerra, más 220 maquis o guerrilleros en la sierra, más 160 civiles, enlaces de los guerrilleros, a los que se aplicó la Ley de Fugas, más los 300 cordobeses que se les dejó perecer en los campos nazis, más los 756 cordobeses a los que se exterminó por hambre en la prisión provincial de Córdoba, la mayoría en 1941. El conocimiento de todo esto nos ayuda a valorar lo que significa una democracia y lo que supone un golpe militar o una intentona fascista en un país como el nuestro.
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lunes, 17 de noviembre de 2008
miércoles, 10 de septiembre de 2008
'De fosas y desaparecidos'. Francisco Espinosa. Y otras noticias.
Fuente: El País.
'De fosas y desaparecidos'
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE
El movimiento por la memoria no busca castigar sino identificar a las víctimas.
La solicitud de información sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garzón a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el período de transición a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentación existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigación y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represión del régimen franquista.
Los 130.000 muertos del franquismo son sólo las descubiertas por investigadores particulares
El Gobierno debe asumir que los desaparecidos son cosa del Estado y no de humildes asociaciones
Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la "guerra civil fratricida" se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.
Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales... y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.
Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.
Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos...) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.
El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:
El Ejército.
Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
La Guardia Civil.
Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.
La Policía.
La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).
Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.
El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.
Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.
La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.
El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.
Francisco Espinosa Maestre, historiador, es coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del Informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón.
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Hallada una fosa de la guerra con ocho fusilados 'desaparecidos'
Un sobrino de cuatro de los asesinados localiza sus restos en La Serna
RAFAEL FRAGUAS - La Serna del Monte - 10/09/2008
La fosa con los restos de cuatro hermanos, José, Juan, Nicolás y Francisco Gutiérrez Martín, de edades comprendidas entre 18 y 40 años y de cuatro personas más, fusiladas el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), -pero hasta ayer, judicialmente considerados desaparecidos- acaba de ser localizada en una finca particular de ese término, a 80 kilómetros al norte de la capital junto a la carretera de Burgos, cerca de Buitrago del Lozoya. Así lo confirmó ayer un sobrino de los fusilados, Jesús Gutiérrez, de 65 años, mecánico electricista, que ha dedicado su jubilación a informarse sobre el paradero de sus cuerpos.
Pruebas con georradar detectan la existencia de vestigios óseos
La madre de cuatro hijos quedó ciega por la tristeza de su pérdida
Tras realizar numerosas pesquisas, Jesús Gutiérrez se puso en contacto con Marisa Hoyos, filóloga integrada en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a quien informó de sus sospechas, según reveló ayer la cadena SER.
Marisa Hoyos se puso en contacto con Luis Avial, especialista en localizaciones radiológicas de la compañía Cóndor Geo-radar, quien, mediante la aplicación de un instrumental de detección, encontró el pasado lunes en la finca citada un espacio subterráneo de un metro de profundidad y unos cuatro metros de fondo donde Jesús Gutiérrez asegura que sus deudos se hallan enterrados. "De cada metro cuadrado de terreno recibimos 20.000 puntos informativos", explica Avial, "y el vaso de la fosa muestra vestigios óseos". A falta de la confirmación plena, el técnico señala: "Es casi seguro que los restos pertenezcan a los tíos de Gutiérrez, pues la fiabilidad con la que hemos trabajado en otras fosas es del 90%, pero nos queda una confirmación final".
"En la fosa hay cuatro personas más, igualmente fusiladas entonces, de apellidos Lamela, dos de ellas, emparentadas con los cuatro hermanos, otra de apellido García y una más, apellidada Vega", añade Marisa Hoyos.
"Los Gutiérrez Martín eran los cuatro hermanos de mi padre, Severiano", cuenta Jesús Gutiérrez. "Siempre recuerdo su rostro ensombrecido por la pena de haber perdido a sus hermanos en la flor de la vida; por ello, cuando ya he cumplido con mis deberes con mi familia y me he jubilado, me he dedicado a recobrar su memoria", explica. "Algunos de ellos trabajaban en Madrid y en aquel verano de 1936, acudieron a La Serna llamados por mis abuelos, para que les ayudaran en las faenas del campo", relata Jesús.
Pese a permanecer la provincia de Madrid, con la capital incluida, en manos del Gobierno de la República, el pueblo fue tomado por los sublevados con Franco y el frente se estableció entre La Serna y Buitrago, a unos cuatro kilómetros. "Una noche, con una camioneta, vinieron a buscarles, los detuvieron, se los llevaron y les fusilaron. Mi abuela, María Martín, quedó ciega al perder a sus cuatro hijos", relata Jesús, apenado.
"No me pregunte quién los mató, porque yo no lo sé", dice Jesús. "Sin embargo mi abuela María, antes de morir, dijo que sabía quién fue uno de sus asesinos, porque después del fusilamiento reconocía el sonido de su caminar sobre el suelo, que se le había quedado grabado en la memoria aquella fatídica noche..." María Martín y su esposo Mariano abandonaron el pueblo.
Fernando Magán, abogado de esta causa, señala: "El Fiscal de la llamada Causa General, el proceso abierto por Franco tras la Guerra Civil para castigar a los integrantes del bando republicano, abrió a su vez un proceso de persecución contra los cuatro hermanos pese a que ya habían transcurrido cuatro años desde su fusilamiento". Y añade: "El propio fiscal consideró desaparecidos a los fusilados y cerró el caso. Ahora, un juzgado estatal lo toma de nuevo en sus manos".
"Ya estoy más cerca de culminar la tarea que me propuse de rescatar la memoria de mis cuatro tíos. Era una deuda que tenía con mi padre", confiesa con digna entereza Jesús Gutiérrez.
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263 ataúdes
El archivo de Alcalá guarda documentos sobre fusilados entre 1939 y 1941
AMAYA IZQUIERDO - Alcalá de Henares - 10/09/2008
Son documentos oficiales, llenos de palabras vacías. Los mismos sellos, las mismas palabras repetidas decenas de veces como en una tabla de multiplicar. El denominador que cambia es el número de ajusticiados. Tal día de 1939 fueron siete los condenados a muerte. Otro día, un par. Poco después, fueron quince los que cayeron ante el paredón en una sola jornada. Algunos de los caídos están identificados, con nombres y apellidos; otros, los más, son sólo cifras.
Un historiador aficionado se topó con los datos por casualidad
El Archivo Municipal de Alcalá de Henares atesora decenas de estos legajos. Son documentos en los que la Comandancia Militar solicita al alcalde de turno ataúdes para los ajusticiados. Un economista alcalaíno se topó con ellos hace años, como quien encuentra a un viejo amigo, mientras investigaba en el Archivo Municipal sobre otro asunto. "Soy economista, historiador sólo aficionado, de los malos", ríe al autodefinirse José María San Luciano. "También escribo". Una afición que, sumada a una curiosidad insaciable, le permitió sumar 263 ataúdes entre 1939 y 1941. Doscientas sesenta y tres cajas para otras tantas personas condenadas a muerte tras los juicios y consejos de guerra del franquismo en la posguerra.
Por aquel entonces, Alcalá de Henares debía de tener unos 15.000 habitantes. "Pero hay que tener en cuenta que aquí estaba la cárcel", apunta San Luciano, "por lo que habría más condenas". Los papeles en sí dicen poco acerca de los condenados republicanos. Pero en el envés de algunos pliegos constan, anotados por mano afanosa, los nombres de los ajusticiados. Tras las primeras decenas de muertos, la mano pierde su afán. Los muertos, tras noviembre de 1939, ya no tienen cara, se quedan en números. Los ataúdes posteriores a esa fecha que van asignados a nombres son raras excepciones.
"¿Qué he hecho con estos documentos?", repite San Luciano. "Nada, bueno, una columna para el Diario de Alcalá...". Se plantea qué ocurriría si el juez Baltasar Garzón pidiese a Alcalá de Henares que identifique a los desaparecidos y enterrados en fosas comunes de la ciudad, como ha solicitado recientemente mediante providencia a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de a otros organismos. "Sería una investigación tediosa", imagina.
José María San Luciano reconoce que no llevó a cabo una investigación exhaustiva al respecto. "Fue curiosidad. Paso mucho tiempo en el Archivo, consultando datos, y me topé con esto", cuenta. "He recogido decenas de documentos, pero quizá no estén todos. Y éstos son sólo los de los dos años posteriores al final de la guerra", explica, mientras revisa el taco de folios. "El archivo es público, lo puede consultar cualquiera".
Según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no hay datos precisos sobre el número de desaparecidos durante el conflicto y en la posguerra en la Comunidad de Madrid. "Bienvenidos sean estos nombres", comentaba ayer Silva. "Esos datos deberían ser inmediatamente puestos a disposición del juez Garzón. Son relevantes, hace falta un listado de ejecutados por la guerra", defiende.
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Muchas puertas por abrir
Madrid indaga en su memoria histórica
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 10/09/2008
El hallazgo, por casualidad, en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares de unos documentos que no dejan lugar a dudas sobre el destino final de al menos 263 personas -la autoridad militar le pide al Ayuntamiento otros tantos ataúdes- da una idea de la magnitud de la barbarie que sucedió al alzamiento militar del 17 de julio de 1936 y la complejidad de la investigación que ha puesto en marcha el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La providencia del pasado 28 de agosto abría la mayor investigación sobre las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco al solicitar datos sobre desaparecidos a cuatro ministerios (Cultura, Justicia, Defensa e Interior), la Conferencia Episcopal, la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos y cuatro ayuntamientos: Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid. Y con todo, no será suficiente. Llamar a todas las puertas resulta muy difícil, pero el hallazgo de José María San Luciano prueba que aún quedan puertas que no han sido abiertas y que ayudarían a localizar a algunos de las decenas de miles de desaparecidos de la guerra y los primeros años del franquismo.
'De fosas y desaparecidos'
FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE
El movimiento por la memoria no busca castigar sino identificar a las víctimas.
La solicitud de información sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garzón a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el período de transición a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentación existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigación y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represión del régimen franquista.
Los 130.000 muertos del franquismo son sólo las descubiertas por investigadores particulares
El Gobierno debe asumir que los desaparecidos son cosa del Estado y no de humildes asociaciones
Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la "guerra civil fratricida" se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.
Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales... y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.
Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.
Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos...) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.
El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:
El Ejército.
Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.
La Guardia Civil.
Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.
La Policía.
La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).
Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.
El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.
Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.
La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.
El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.
Francisco Espinosa Maestre, historiador, es coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del Informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón.
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Hallada una fosa de la guerra con ocho fusilados 'desaparecidos'
Un sobrino de cuatro de los asesinados localiza sus restos en La Serna
RAFAEL FRAGUAS - La Serna del Monte - 10/09/2008
La fosa con los restos de cuatro hermanos, José, Juan, Nicolás y Francisco Gutiérrez Martín, de edades comprendidas entre 18 y 40 años y de cuatro personas más, fusiladas el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), -pero hasta ayer, judicialmente considerados desaparecidos- acaba de ser localizada en una finca particular de ese término, a 80 kilómetros al norte de la capital junto a la carretera de Burgos, cerca de Buitrago del Lozoya. Así lo confirmó ayer un sobrino de los fusilados, Jesús Gutiérrez, de 65 años, mecánico electricista, que ha dedicado su jubilación a informarse sobre el paradero de sus cuerpos.
Pruebas con georradar detectan la existencia de vestigios óseos
La madre de cuatro hijos quedó ciega por la tristeza de su pérdida
Tras realizar numerosas pesquisas, Jesús Gutiérrez se puso en contacto con Marisa Hoyos, filóloga integrada en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a quien informó de sus sospechas, según reveló ayer la cadena SER.
Marisa Hoyos se puso en contacto con Luis Avial, especialista en localizaciones radiológicas de la compañía Cóndor Geo-radar, quien, mediante la aplicación de un instrumental de detección, encontró el pasado lunes en la finca citada un espacio subterráneo de un metro de profundidad y unos cuatro metros de fondo donde Jesús Gutiérrez asegura que sus deudos se hallan enterrados. "De cada metro cuadrado de terreno recibimos 20.000 puntos informativos", explica Avial, "y el vaso de la fosa muestra vestigios óseos". A falta de la confirmación plena, el técnico señala: "Es casi seguro que los restos pertenezcan a los tíos de Gutiérrez, pues la fiabilidad con la que hemos trabajado en otras fosas es del 90%, pero nos queda una confirmación final".
"En la fosa hay cuatro personas más, igualmente fusiladas entonces, de apellidos Lamela, dos de ellas, emparentadas con los cuatro hermanos, otra de apellido García y una más, apellidada Vega", añade Marisa Hoyos.
"Los Gutiérrez Martín eran los cuatro hermanos de mi padre, Severiano", cuenta Jesús Gutiérrez. "Siempre recuerdo su rostro ensombrecido por la pena de haber perdido a sus hermanos en la flor de la vida; por ello, cuando ya he cumplido con mis deberes con mi familia y me he jubilado, me he dedicado a recobrar su memoria", explica. "Algunos de ellos trabajaban en Madrid y en aquel verano de 1936, acudieron a La Serna llamados por mis abuelos, para que les ayudaran en las faenas del campo", relata Jesús.
Pese a permanecer la provincia de Madrid, con la capital incluida, en manos del Gobierno de la República, el pueblo fue tomado por los sublevados con Franco y el frente se estableció entre La Serna y Buitrago, a unos cuatro kilómetros. "Una noche, con una camioneta, vinieron a buscarles, los detuvieron, se los llevaron y les fusilaron. Mi abuela, María Martín, quedó ciega al perder a sus cuatro hijos", relata Jesús, apenado.
"No me pregunte quién los mató, porque yo no lo sé", dice Jesús. "Sin embargo mi abuela María, antes de morir, dijo que sabía quién fue uno de sus asesinos, porque después del fusilamiento reconocía el sonido de su caminar sobre el suelo, que se le había quedado grabado en la memoria aquella fatídica noche..." María Martín y su esposo Mariano abandonaron el pueblo.
Fernando Magán, abogado de esta causa, señala: "El Fiscal de la llamada Causa General, el proceso abierto por Franco tras la Guerra Civil para castigar a los integrantes del bando republicano, abrió a su vez un proceso de persecución contra los cuatro hermanos pese a que ya habían transcurrido cuatro años desde su fusilamiento". Y añade: "El propio fiscal consideró desaparecidos a los fusilados y cerró el caso. Ahora, un juzgado estatal lo toma de nuevo en sus manos".
"Ya estoy más cerca de culminar la tarea que me propuse de rescatar la memoria de mis cuatro tíos. Era una deuda que tenía con mi padre", confiesa con digna entereza Jesús Gutiérrez.
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263 ataúdes
El archivo de Alcalá guarda documentos sobre fusilados entre 1939 y 1941
AMAYA IZQUIERDO - Alcalá de Henares - 10/09/2008
Son documentos oficiales, llenos de palabras vacías. Los mismos sellos, las mismas palabras repetidas decenas de veces como en una tabla de multiplicar. El denominador que cambia es el número de ajusticiados. Tal día de 1939 fueron siete los condenados a muerte. Otro día, un par. Poco después, fueron quince los que cayeron ante el paredón en una sola jornada. Algunos de los caídos están identificados, con nombres y apellidos; otros, los más, son sólo cifras.
Un historiador aficionado se topó con los datos por casualidad
El Archivo Municipal de Alcalá de Henares atesora decenas de estos legajos. Son documentos en los que la Comandancia Militar solicita al alcalde de turno ataúdes para los ajusticiados. Un economista alcalaíno se topó con ellos hace años, como quien encuentra a un viejo amigo, mientras investigaba en el Archivo Municipal sobre otro asunto. "Soy economista, historiador sólo aficionado, de los malos", ríe al autodefinirse José María San Luciano. "También escribo". Una afición que, sumada a una curiosidad insaciable, le permitió sumar 263 ataúdes entre 1939 y 1941. Doscientas sesenta y tres cajas para otras tantas personas condenadas a muerte tras los juicios y consejos de guerra del franquismo en la posguerra.
Por aquel entonces, Alcalá de Henares debía de tener unos 15.000 habitantes. "Pero hay que tener en cuenta que aquí estaba la cárcel", apunta San Luciano, "por lo que habría más condenas". Los papeles en sí dicen poco acerca de los condenados republicanos. Pero en el envés de algunos pliegos constan, anotados por mano afanosa, los nombres de los ajusticiados. Tras las primeras decenas de muertos, la mano pierde su afán. Los muertos, tras noviembre de 1939, ya no tienen cara, se quedan en números. Los ataúdes posteriores a esa fecha que van asignados a nombres son raras excepciones.
"¿Qué he hecho con estos documentos?", repite San Luciano. "Nada, bueno, una columna para el Diario de Alcalá...". Se plantea qué ocurriría si el juez Baltasar Garzón pidiese a Alcalá de Henares que identifique a los desaparecidos y enterrados en fosas comunes de la ciudad, como ha solicitado recientemente mediante providencia a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de a otros organismos. "Sería una investigación tediosa", imagina.
José María San Luciano reconoce que no llevó a cabo una investigación exhaustiva al respecto. "Fue curiosidad. Paso mucho tiempo en el Archivo, consultando datos, y me topé con esto", cuenta. "He recogido decenas de documentos, pero quizá no estén todos. Y éstos son sólo los de los dos años posteriores al final de la guerra", explica, mientras revisa el taco de folios. "El archivo es público, lo puede consultar cualquiera".
Según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no hay datos precisos sobre el número de desaparecidos durante el conflicto y en la posguerra en la Comunidad de Madrid. "Bienvenidos sean estos nombres", comentaba ayer Silva. "Esos datos deberían ser inmediatamente puestos a disposición del juez Garzón. Son relevantes, hace falta un listado de ejecutados por la guerra", defiende.
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Muchas puertas por abrir
Madrid indaga en su memoria histórica
NATALIA JUNQUERA - Madrid - 10/09/2008
El hallazgo, por casualidad, en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares de unos documentos que no dejan lugar a dudas sobre el destino final de al menos 263 personas -la autoridad militar le pide al Ayuntamiento otros tantos ataúdes- da una idea de la magnitud de la barbarie que sucedió al alzamiento militar del 17 de julio de 1936 y la complejidad de la investigación que ha puesto en marcha el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
La providencia del pasado 28 de agosto abría la mayor investigación sobre las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco al solicitar datos sobre desaparecidos a cuatro ministerios (Cultura, Justicia, Defensa e Interior), la Conferencia Episcopal, la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos y cuatro ayuntamientos: Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid. Y con todo, no será suficiente. Llamar a todas las puertas resulta muy difícil, pero el hallazgo de José María San Luciano prueba que aún quedan puertas que no han sido abiertas y que ayudarían a localizar a algunos de las decenas de miles de desaparecidos de la guerra y los primeros años del franquismo.
lunes, 8 de septiembre de 2008
Diario de Mallorca: Reparación histórica
Fuente: Diario de Mallorca.
Reparación histórica
La providencia que el juez Garzón ha dirigido a diversos ayuntamientos, organismos e instituciones, entre ellas la Abadía del Valle de los Caídos y la Conferencia Episcopal, para que pongan a disposición de la policía judicial sus archivos y obtener así un censo completo de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, es un paso decisivo para lo que se ha venido a llamar la recuperación de la memoria histórica. Hasta ahora, a pesar de la recién aprobada Ley de Memoria Histórica, quienes han llevado el peso de las investigaciones han sido asociaciones privadas y de familiares de los desaparecidos, excavando en fosas comunes y rebuscando en archivos, pero sin poder ir más allá. Por tanto, de lo que se trata es que sean las propias instituciones del Estado las que se hagan cargo de este proceso y puedan proceder en consecuencia. Eso es al menos lo que pretenden ocho de estas asociaciones - entre las que se encuentra la de Mallorca- que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional y que ha motivado esta intervención judicial. Ha pasado ya muchísimo tiempo y tanto la guerra civil como las causas que la provocaron han dejado de ser motivo de enfrentamiento político en la sociedad española. Tras la muerte del dictador, algunos decidieron enterrar con él parte de la memoria, a fin de pactar el tránsito hacia la democracia sin revanchismos de ningún género. La ley de amnistía de 1977 supuso la prescripción de los delitos políticos que indiscutiblemente se cometieron durante y después de la guerra civil. Pero ahora, treinta años después, no queda más remedio que reconocer que la transición, cuyas virtudes nadie discute, cerró en falso uno de los períodos más oscuros de nuestra historia: los responsables no fueron juzgados y, lo peor, las víctimas - infinidad de ellas - condenadas al olvido. Hasta que sus nietos decidieron que había llegado el momento de pasar a la acción y buscar en la tierra y en los papeles los restos o un rastro de quienes fueron "desaparecidos" por el franquismo.
Sin embargo, el impagable trabajo llevado a cabo por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica no se centra exclusivamente en la búsqueda de desaparecidos sino, con ellos, en la recuperación de la dignidad colectiva. Quizás ya no se pueda juzgar a quienes asesinaron u ordenaron asesinar por razones políticas y escondieron los cadáveres, pero sí hacer justicia con los desaparecidos, devolviéndoles su identidad ante sus familias, la sociedad y la historia. Parecía un contrasentido, y lo es, que la Audiencia Nacional, a la que la Fiscalía aconsejó archivar las denuncias por afectar a delitos que ya prescribieron, no investigue en España y sí trate de esclarecer desapariciones ocurridas en Argentina o Chile. La providencia de Garzón tiene la virtud de exigir del Estado la confección de un listado de las víctimas y de los desaparecidos del franquismo, algo que incomprensiblemente aún no existe y que ha de servir para poder cerrar con la mayor dignidad posible el capítulo más trágico y amargo de la historia española del siglo XX. No se trata de reabrir heridas del pasado, ni de animar revanchismos, sino de llenar los espacios de la memoria que la dictadura hizo invisibles. Lo que Garzón pretende es que el olvido no afecte a la justicia y, haciendo caso a las asociaciones denunciantes, conocer exactamente hasta dónde llegó la tragedia humana y mantener viva la memoria histórica sobre unos hechos que jamás debieron producirse.
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La excusa se llama Paracuellos del Jarama - Opinión - Diario de ...
JOSÉ JAUME
Paracuellos se ha convertido en el gran argumento de la derecha para oponerse a que se desentierren a los asesinados por los golpistas durante y después de la Guerra Civil, porque esa es otra: en la década de los cuarenta el general Franco despachó ante los pelotones de fusilamiento a miles y miles de desgraciados en farsas de consejos de guerra o simplemente prescindiendo de cualquier formalidad. Los asesinatos de Paracuellos son, para la derecha, la coartada perfecta: ellos no dicen nada sobre el asunto y los demás se quedan sin saber dónde están los huesos de sus padres y abuelos. La exhibición de cinismo es espeluznante.Resulta que en Paracuellos del Jarama hay un cementerio en el que, al traspasar su umbral, puede leerse: "Cementerio de los Mártires de Paracuellos". Los allí salvajemente asesinados en 1936 -Santiago Carrillo podría explicar algunas cosas que sigue indecentemente callando- están identificados, han recibido sepultura y han sido honrados por sus familiares y por todos quienes han querido hacerlo a lo largo de décadas. La pregunta es muy sencilla: ¿por qué no puede hacerse lo mismo con los asesinados por los militares golpistas, los falangistas y demás escuadrones de la muerte?
La iniciativa del juez Garzón no es la de perseguir a los asesinos -no creo que quede ninguno en este mundo- ni criminalizar a nadie sino algo mucho más íntimo: que los que llevan esperando toda la vida puedan, por fin, enterrar a sus muertos, después de averiguar dónde están, y que quienes sí lo saben, como los que se hallan en el despreciable mamotreto del Valle de los Caídos, tengan la alternativa, si lo desean, como hay casos, de sepultarlos junto a los suyos, porque esa es su inviolable voluntad.
Pero, a lo que se ve, la derecha no quiere permitirlo. Rajoy, cada vez más perdido, dice que hay que mirar al futuro y no reabrir heridas. No se entera de que está abierta y supura, que nunca cicatrizó y que no lo hará hasta que la postrera reparación se consume. Quienes insultan a Garzón y aseguran que su actuación obedece a un intento de desviar la atención de la crisis económica para ayudar al Gobierno, lo que de verdad temen es que la recuperación de la memoria explique a muchos, que siguen ignorando casi todo, lo que pasó y cómo sucedió. En ellos parece estar asentado un poso de mala conciencia que no consiguen disipar.
Entre las reacciones que ha suscitado el auto del juez Garzón destaca, como siempre, la de nuestros inefables obispos. La Iglesia católica se ha apresurado a quitarse del centro de atención. La cosa no va con ella. Seguro que no dará ninguna facilidad al juez para que pueda investigarse en sus archivos. Lo hizo todo para que se elevara a los altares a sus "mártires", también asesinados. Los ha glorificado. ¿Por qué no demuestra un poco de humanidad y colabora para que los otros muertos sean dignamente sepultados? Una última mentira que conviene desmontar: tanto el PP, con Rajoy al frente, como quienes se oponen a que se haga una simple reparación, señalan que la Constitución de 1978 consagró el olvido de tan trágica época. Mentira: la Constitución establece una reglas de juego. Nada más, y no es poco. Enterrar a los muertos -precepto que la Iglesia católica siempre ha exigido salvo con los republicanos de la Guerra Civil y la cruel posguerra- y conocer cuál ha sido nuestra historia no forma parte de ningún pacto. Sería una no ya irresponsabilidad sino una gran locura que así fuera.
Reparación histórica
La providencia que el juez Garzón ha dirigido a diversos ayuntamientos, organismos e instituciones, entre ellas la Abadía del Valle de los Caídos y la Conferencia Episcopal, para que pongan a disposición de la policía judicial sus archivos y obtener así un censo completo de los desaparecidos durante la guerra civil y el franquismo, es un paso decisivo para lo que se ha venido a llamar la recuperación de la memoria histórica. Hasta ahora, a pesar de la recién aprobada Ley de Memoria Histórica, quienes han llevado el peso de las investigaciones han sido asociaciones privadas y de familiares de los desaparecidos, excavando en fosas comunes y rebuscando en archivos, pero sin poder ir más allá. Por tanto, de lo que se trata es que sean las propias instituciones del Estado las que se hagan cargo de este proceso y puedan proceder en consecuencia. Eso es al menos lo que pretenden ocho de estas asociaciones - entre las que se encuentra la de Mallorca- que presentaron la denuncia ante la Audiencia Nacional y que ha motivado esta intervención judicial. Ha pasado ya muchísimo tiempo y tanto la guerra civil como las causas que la provocaron han dejado de ser motivo de enfrentamiento político en la sociedad española. Tras la muerte del dictador, algunos decidieron enterrar con él parte de la memoria, a fin de pactar el tránsito hacia la democracia sin revanchismos de ningún género. La ley de amnistía de 1977 supuso la prescripción de los delitos políticos que indiscutiblemente se cometieron durante y después de la guerra civil. Pero ahora, treinta años después, no queda más remedio que reconocer que la transición, cuyas virtudes nadie discute, cerró en falso uno de los períodos más oscuros de nuestra historia: los responsables no fueron juzgados y, lo peor, las víctimas - infinidad de ellas - condenadas al olvido. Hasta que sus nietos decidieron que había llegado el momento de pasar a la acción y buscar en la tierra y en los papeles los restos o un rastro de quienes fueron "desaparecidos" por el franquismo.
Sin embargo, el impagable trabajo llevado a cabo por las Asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica no se centra exclusivamente en la búsqueda de desaparecidos sino, con ellos, en la recuperación de la dignidad colectiva. Quizás ya no se pueda juzgar a quienes asesinaron u ordenaron asesinar por razones políticas y escondieron los cadáveres, pero sí hacer justicia con los desaparecidos, devolviéndoles su identidad ante sus familias, la sociedad y la historia. Parecía un contrasentido, y lo es, que la Audiencia Nacional, a la que la Fiscalía aconsejó archivar las denuncias por afectar a delitos que ya prescribieron, no investigue en España y sí trate de esclarecer desapariciones ocurridas en Argentina o Chile. La providencia de Garzón tiene la virtud de exigir del Estado la confección de un listado de las víctimas y de los desaparecidos del franquismo, algo que incomprensiblemente aún no existe y que ha de servir para poder cerrar con la mayor dignidad posible el capítulo más trágico y amargo de la historia española del siglo XX. No se trata de reabrir heridas del pasado, ni de animar revanchismos, sino de llenar los espacios de la memoria que la dictadura hizo invisibles. Lo que Garzón pretende es que el olvido no afecte a la justicia y, haciendo caso a las asociaciones denunciantes, conocer exactamente hasta dónde llegó la tragedia humana y mantener viva la memoria histórica sobre unos hechos que jamás debieron producirse.
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La excusa se llama Paracuellos del Jarama - Opinión - Diario de ...
JOSÉ JAUME
Paracuellos se ha convertido en el gran argumento de la derecha para oponerse a que se desentierren a los asesinados por los golpistas durante y después de la Guerra Civil, porque esa es otra: en la década de los cuarenta el general Franco despachó ante los pelotones de fusilamiento a miles y miles de desgraciados en farsas de consejos de guerra o simplemente prescindiendo de cualquier formalidad. Los asesinatos de Paracuellos son, para la derecha, la coartada perfecta: ellos no dicen nada sobre el asunto y los demás se quedan sin saber dónde están los huesos de sus padres y abuelos. La exhibición de cinismo es espeluznante.Resulta que en Paracuellos del Jarama hay un cementerio en el que, al traspasar su umbral, puede leerse: "Cementerio de los Mártires de Paracuellos". Los allí salvajemente asesinados en 1936 -Santiago Carrillo podría explicar algunas cosas que sigue indecentemente callando- están identificados, han recibido sepultura y han sido honrados por sus familiares y por todos quienes han querido hacerlo a lo largo de décadas. La pregunta es muy sencilla: ¿por qué no puede hacerse lo mismo con los asesinados por los militares golpistas, los falangistas y demás escuadrones de la muerte?
La iniciativa del juez Garzón no es la de perseguir a los asesinos -no creo que quede ninguno en este mundo- ni criminalizar a nadie sino algo mucho más íntimo: que los que llevan esperando toda la vida puedan, por fin, enterrar a sus muertos, después de averiguar dónde están, y que quienes sí lo saben, como los que se hallan en el despreciable mamotreto del Valle de los Caídos, tengan la alternativa, si lo desean, como hay casos, de sepultarlos junto a los suyos, porque esa es su inviolable voluntad.
Pero, a lo que se ve, la derecha no quiere permitirlo. Rajoy, cada vez más perdido, dice que hay que mirar al futuro y no reabrir heridas. No se entera de que está abierta y supura, que nunca cicatrizó y que no lo hará hasta que la postrera reparación se consume. Quienes insultan a Garzón y aseguran que su actuación obedece a un intento de desviar la atención de la crisis económica para ayudar al Gobierno, lo que de verdad temen es que la recuperación de la memoria explique a muchos, que siguen ignorando casi todo, lo que pasó y cómo sucedió. En ellos parece estar asentado un poso de mala conciencia que no consiguen disipar.
Entre las reacciones que ha suscitado el auto del juez Garzón destaca, como siempre, la de nuestros inefables obispos. La Iglesia católica se ha apresurado a quitarse del centro de atención. La cosa no va con ella. Seguro que no dará ninguna facilidad al juez para que pueda investigarse en sus archivos. Lo hizo todo para que se elevara a los altares a sus "mártires", también asesinados. Los ha glorificado. ¿Por qué no demuestra un poco de humanidad y colabora para que los otros muertos sean dignamente sepultados? Una última mentira que conviene desmontar: tanto el PP, con Rajoy al frente, como quienes se oponen a que se haga una simple reparación, señalan que la Constitución de 1978 consagró el olvido de tan trágica época. Mentira: la Constitución establece una reglas de juego. Nada más, y no es poco. Enterrar a los muertos -precepto que la Iglesia católica siempre ha exigido salvo con los republicanos de la Guerra Civil y la cruel posguerra- y conocer cuál ha sido nuestra historia no forma parte de ningún pacto. Sería una no ya irresponsabilidad sino una gran locura que así fuera.
lunes, 1 de septiembre de 2008
Garzón pide a cuatro alcaldes los nombres de los enterrados en fosas durante la Guerra Civil
Fuente: El Mundo.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/01/espana/1220280686.html
PASO PREVIO A UNA INVESTIGACIÓN
Garzón pide a cuatro alcaldes los nombres de los enterrados en fosas durante la Guerra Civil
La petición se extiende a los alcaldes de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla
El juez reclama el nombre de esas personas, su fecha de nacimiento y su filiación
La Conferencia Episcopal deberá dejar que la Policía Judicial acceda a las parroquias
Pide al Valle de los Caídos cifra de enterrados durante el franquismo
Actualizado lunes 01/09/2008 17:11
EFE
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado un paso más de cara a la elaboración de un censo de desaparecidos desde el golpe de Estado con el que se inició la guerra civil española (1936-1939) y, posteriormente, dio lugar a 40 años de dictadura franquista en España.
Mediante una providencia, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y a los de Granada, Córdoba y Sevilla, que le notifique los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo.
En concreto, les ha solicitado los datos tanto del nombre, como su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación.
Garzón ha pedido también al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante esos dos periodos de la historia de España, con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
En concreto, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.
Por su parte, la Conferencia Episcopal deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.
Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".
A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron.
Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
http://www.elmundo.es/elmundo/2008/09/01/espana/1220280686.html
PASO PREVIO A UNA INVESTIGACIÓN
Garzón pide a cuatro alcaldes los nombres de los enterrados en fosas durante la Guerra Civil
La petición se extiende a los alcaldes de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla
El juez reclama el nombre de esas personas, su fecha de nacimiento y su filiación
La Conferencia Episcopal deberá dejar que la Policía Judicial acceda a las parroquias
Pide al Valle de los Caídos cifra de enterrados durante el franquismo
Actualizado lunes 01/09/2008 17:11
EFE
MADRID.- El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha dado un paso más de cara a la elaboración de un censo de desaparecidos desde el golpe de Estado con el que se inició la guerra civil española (1936-1939) y, posteriormente, dio lugar a 40 años de dictadura franquista en España.
Mediante una providencia, ha pedido al alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y a los de Granada, Córdoba y Sevilla, que le notifique los nombres de las personas que fueron enterradas en fosas comunes durante la guerra civil y el franquismo.
En concreto, les ha solicitado los datos tanto del nombre, como su fecha y lugar de nacimiento, residencia y filiación.
Garzón ha pedido también al abad del Valle de los Caídos, al Archivo General de la Administración, a la Conferencia Episcopal y al Centro Documental de la Memoria Histórica que le informen sobre el número de desaparecidos durante esos dos periodos de la historia de España, con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
En concreto, a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial les reclama que le proporcionen los nombres de las personas que están enterradas en este lugar.
Por su parte, la Conferencia Episcopal deberá permitir que la Policía Judicial acceda a todas las parroquias de España (un total de 22.827) para que les faciliten los libros de difuntos de los que disponen con el fin de identificar a las posibles víctimas desaparecidas a partir de aquella época.
Se dirige también al Archivo General de la Administración para que le emita un informe o le identifique el organismo que pueda dictaminar sobre la cifra de desaparecidos, y al Centro Documental de la Memoria Histórica le pide que le haga llegar los ficheros del Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo de los que disponga.
Otro de los organismos a los que se remite es la Dirección General de los Registros y del Notariado.
Garzón requiere a una de las partes personadas -hay un total de ocho asociaciones de familiares de desaparecidos- que aporte los datos que tenga sobre las personas que estén realizando exhumaciones de víctimas de desapariciones forzadas con el fin de que estas actuaciones puedan ser controladas por su juzgado "tanto en su ejecución como en su resultado una vez que se resuelva sobre la competencia".
A finales del mes de junio, el magistrado ya pidió informes a los Ministerios del Interior y de Defensa sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo con el fin de determinar si es competente para investigar estos hechos.
Entonces también solicitó a los denunciantes de estos casos que aporten las identificaciones correspondientes a estas personas de cuyo paradero aún no se sabe nada y las circunstancias, si se puede, en que se produjeron.
Asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo han presentado hasta ahora ocho denuncias en el juzgado de Garzón por diferentes casos en Navarra, Baleares, Canarias, Cataluña, Galicia, Andalucía y un caso individual de un diputado socialista, y, de forma genérica, han denunciado la desaparición de unas 30.000 personas durante esa época.
Garzón está preparando un listado con los desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo
Garzón está preparando un listado con los desaparecidos en la Guerra Civil y el Franquismo
01.09.08 15:50. Archivado en Justicia, Análisis
(PD).- De nuevo Garzón se pone en medio de la actualidad y pide focos. El Juez ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etc, para que le identifiquen a las posibles víctimas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936.
Garzón anuncia en esta providencia que quiere controlar él las exhumaciones que se estén realizando o que se vayan a realizar pero de momento exige a estos organismos y sociedades los datos que tengan de desapariciones forzadas, tal y como informa la Cadena SER.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, ''sacas'', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento".
Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
© 2008 Europa Press.
01.09.08 15:50. Archivado en Justicia, Análisis
(PD).- De nuevo Garzón se pone en medio de la actualidad y pide focos. El Juez ha tomado una iniciativa basada en la Ley de Memoria Histórica sobre los desaparecidos en la Guerra Civil española. Se trata de una petición de documentación que desborda todo lo conocido hasta ahora: Garzón quiere entrar en los archivos de los ayuntamientos, parroquias, etc, para que le identifiquen a las posibles víctimas desaparecidas a partir del 17 de julio de 1936.
Garzón anuncia en esta providencia que quiere controlar él las exhumaciones que se estén realizando o que se vayan a realizar pero de momento exige a estos organismos y sociedades los datos que tengan de desapariciones forzadas, tal y como informa la Cadena SER.
El magistrado ha tomado esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que varias asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional. Estos colectivos solicitaban la persecución penal por delitos de lesa humanidad de los autores de las desapariciones, ''sacas'', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936.
En una providencia hecha pública hoy, el magistrado solicita a la Abadía de Benedictina de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y a la Delegación del Patrimonio Nacional en San Lorenzo del Escorial para que proporcione la información sobre "el nombre de las personas enterradas en este lugar, procedencia geográfica de los restos y causas de enterramiento".
Además, pide a los alcaldes de Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid así como al rector de la Universidad de Granada el nombre de las personas enterradas en la fosas comunes a partir del llamado "alzamiento nacional" de 1936 y la situación de Guerra Civil que éste provocó.
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