'De fosas y desaparecidos'. Francisco Espinosa. Y otras noticias.

Fuente: El País.

'De fosas y desaparecidos'

FRANCISCO ESPINOSA MAESTRE

El movimiento por la memoria no busca castigar sino identificar a las víctimas.

La solicitud de información sobre desaparecidos realizada recientemente por el juez Garzón a diversas instituciones y organismos cierra de alguna forma un largo proceso iniciado hace tres décadas. Se entiende que unos y otros acordaran entonces no reproducir la guerra civil en el período de transición a la democracia, pero no se entiende que al mismo tiempo no decidieran proteger la documentación existente, ponerla en manos de profesionales y abrirla a la investigación y a la consulta en los plazos legales. Especialmente todo lo relativo a la represión del régimen franquista.

Los 130.000 muertos del franquismo son sólo las descubiertas por investigadores particulares
El Gobierno debe asumir que los desaparecidos son cosa del Estado y no de humildes asociaciones

Más bien se hizo lo contrario: destruir documentos, no prestar el cuidado necesario a los que sobrevivieron y poner todo tipo de trabas a la investigación. Por defecto, primaba la restricción. Y esto fue así en los ochenta y en los noventa en todo lo relativo a la cuestión clave del pasado de la España actual: la represión franquista. No debía salir a la luz que bajo la "guerra civil fratricida" se ocultaba un brutal plan de exterminio aplicado allí donde triunfó el golpe de Estado del 18 de julio de 1936, es decir, en más de medio país. Costó mucho trabajo acceder a las fuentes primarias que nos dieron la primera información sobre las víctimas del fascismo español. Bien sabemos esto los que tuvimos que recorrer decenas de juzgados para sacar los nombres de los que llegaron a ser inscritos en los Libros de Defunciones a lo largo de seis décadas.
Luego vinieron las exploraciones en otros fondos: la Causa General, el Archivo de la Guerra Civil de Salamanca, otros archivos militares, los archivos municipales... y, ya a fines de los noventa, los fondos judiciales militares. Todo muy lentamente y no precisamente en las condiciones deseables.

Fruto de este laborioso proceso investigador, realizado en todo momento contra corriente y sin ayuda oficial alguna en la mayoría de los casos, son las numerosas revelaciones que han ido apareciendo desde entonces y que permiten en la actualidad tener una idea aceptable aunque incompleta del proceso represivo. De ahí procede la cifra cercana a las 130.000 personas que refleja el informe, realizado por quien esto escribe, encargado por la dirección jurídica de las diligencias en curso y entregado al juez Garzón.

Sin embargo, la urgencia mediática dificulta los matices y produce simplificaciones de todo tipo. Por ejemplo, en esas 130.000 víctimas se incluyen tanto los asesinados por los bandos ilegales como por las farsas de los consejos de guerra. Son muchos menos estos últimos pero así quedó rastro de su muerte. Lo cierto es que las dificultades de investigación, la diversidad de fuentes y las limitaciones y problemas han sido tantos que estos listados sólo constituyen una base de partida que debe ser depurada (repeticiones, fechas erróneas, casos dudosos...) y, sobre todo, completada. Es lógico que así sea dada la manera en que ha habido que hacerlo.

El problema es que esas 130.000 personas son sólo lo que hemos podido sacar a la luz en tres décadas. Pero sabemos que las víctimas fueron muchas más. Sin embargo, los métodos de investigación que hemos usado parecen ya agotados. Ahora hace falta pasar a otra fase. En este sentido, la iniciativa del juez Garzón de solicitar información a diversas instancias es muy interesante pero no parece muy aventurado afirmar que de ahí no va a sacar mucho. Hay, sin embargo, otras posibilidades que deben tenerse en cuenta. El rastro de la represión hay que buscarlo en tres direcciones, ninguna de las cuales parece que a estas alturas vaya a poner pega alguna a ofrecer la información que se le solicite:

El Ejército.
Los militares golpistas fueron los máximos responsables y organizadores de la represión. La documentación generada por este proceso estuvo primero en los Gobiernos Militares de cada provincia y luego pasó a las Capitanías Generales (también habría que mirar en los llamados Archivos Intermedios). Igualmente habría que tener en cuenta los llamados Archivos de los Tribunales Militares Territoriales (antiguas Auditorías de Guerra), cuya consulta y aprovechamiento, no siempre posible, resulta muy compleja. Se trata de una documentación fundamental, que debería pasar cuanto antes al Archivo de Salamanca (el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica) y puesta de inmediato en manos del Cuerpo Facultativo de Archiveros del Estado.

La Guardia Civil.
Esta institución fue, junto con los militares sublevados y los grupos paramilitares, el brazo ejecutor de la represión en cada localidad a través de las Comandancias Militares locales, en contacto constante con los Gobiernos Militares respectivos. La documentación que pudo generarse quedó tras la guerra en los puestos de la Guardia Civil, de donde más tarde pasó a las Comandancias de Zona. Luego se le pierde el rastro.

La Policía.
La represión fue canalizada desde el primer momento a través de las Delegaciones Militares Gubernativas de Orden Público, cuyos archivos pasaron tras la guerra a las Jefaturas Provinciales de Policía, en cuyo poder estuvieron hasta los años ochenta (hasta 1984 en el caso de Sevilla).

Así que no basta con preguntar a Defensa, a la Dirección General de la Guardia Civil y a la Jefatura Nacional de Policía si tienen documentación sobre las víctimas de la represión. Y no basta porque nosotros sabemos que la tuvieron. Así lo demuestran numerosos documentos. Y tal como marcan las leyes, Ejército, Guardia Civil y Policía tienen la obligación de poner a disposición de la sociedad toda la documentación que posean sobre aquellos hechos ocurridos hace siete décadas. No cabe plantear que no la tengan. Su obligación es tenerla e informar detalladamente sobre su contenido, características, vicisitudes y ubicación.

El objetivo de este llamado movimiento por la memoria no es descubrir ni mucho menos castigar a los responsables de los crímenes cometidos, ni tampoco montar otra Causa General, ahora de signo contrario. En realidad se persiguen tres fines: identificar a todas las personas desaparecidas a consecuencia de la represión franquista, facilitar a sus familiares el acceso a la información que exista sobre sus avatares y paradero y permitirles que les den digna sepultura.
Con ello se cerraría de veras un proceso abierto por el golpe militar de julio de 1936 y que aún sigue pendiente por las peculiaridades del proceso de transición, por las políticas de olvido de los años posteriores y por la actitud cerrada de una derecha que, pese a ser democrática, no acaba de romper amarras con el pasado franquista. Resulta inconcebible que, siguiendo con la práctica habitual de la dictadura, haya quien niegue a los familiares de las víctimas el derecho a saber qué fue de ellas y la posibilidad de celebrar por fin los ritos negados y aplazados por el terror.
La Ley de Memoria, sin desarrollar aún, parece ya cosa antigua. De hecho, la iniciativa del juez Garzón la supera notablemente. En este sentido, llama la atención que el Gobierno, tan remiso a afrontar estos problemas, apoye ahora públicamente la providencia de Garzón. Algo no cuadra: no parece muy lógico que quienes han aprobado una Ley de Memoria tan timorata y raquítica ahora estén a favor de la petición de información exhaustiva sobre las víctimas de la represión.
El Gobierno debe asumir de una vez que las fosas y los desaparecidos del franquismo, como en su momento las víctimas del terror en zona republicana, son cosa del Estado y no de las humildes asociaciones de familiares que luchan hace años para que se dé solución a ese escandaloso vacío. Parece que ya es tiempo de que se alcance un acuerdo general para solucionar un problema que dura mucho.

Francisco Espinosa Maestre, historiador, es coordinador del proyecto Todos los nombres y autor del Informe sobre la represión franquista enviado al juez Garzón.

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Hallada una fosa de la guerra con ocho fusilados 'desaparecidos'

Un sobrino de cuatro de los asesinados localiza sus restos en La Serna
RAFAEL FRAGUAS - La Serna del Monte - 10/09/2008

La fosa con los restos de cuatro hermanos, José, Juan, Nicolás y Francisco Gutiérrez Martín, de edades comprendidas entre 18 y 40 años y de cuatro personas más, fusiladas el 14 de agosto de 1936 en La Serna (Madrid), -pero hasta ayer, judicialmente considerados desaparecidos- acaba de ser localizada en una finca particular de ese término, a 80 kilómetros al norte de la capital junto a la carretera de Burgos, cerca de Buitrago del Lozoya. Así lo confirmó ayer un sobrino de los fusilados, Jesús Gutiérrez, de 65 años, mecánico electricista, que ha dedicado su jubilación a informarse sobre el paradero de sus cuerpos.

Pruebas con georradar detectan la existencia de vestigios óseos
La madre de cuatro hijos quedó ciega por la tristeza de su pérdida

Tras realizar numerosas pesquisas, Jesús Gutiérrez se puso en contacto con Marisa Hoyos, filóloga integrada en la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica a quien informó de sus sospechas, según reveló ayer la cadena SER.

Marisa Hoyos se puso en contacto con Luis Avial, especialista en localizaciones radiológicas de la compañía Cóndor Geo-radar, quien, mediante la aplicación de un instrumental de detección, encontró el pasado lunes en la finca citada un espacio subterráneo de un metro de profundidad y unos cuatro metros de fondo donde Jesús Gutiérrez asegura que sus deudos se hallan enterrados. "De cada metro cuadrado de terreno recibimos 20.000 puntos informativos", explica Avial, "y el vaso de la fosa muestra vestigios óseos". A falta de la confirmación plena, el técnico señala: "Es casi seguro que los restos pertenezcan a los tíos de Gutiérrez, pues la fiabilidad con la que hemos trabajado en otras fosas es del 90%, pero nos queda una confirmación final".
"En la fosa hay cuatro personas más, igualmente fusiladas entonces, de apellidos Lamela, dos de ellas, emparentadas con los cuatro hermanos, otra de apellido García y una más, apellidada Vega", añade Marisa Hoyos.

"Los Gutiérrez Martín eran los cuatro hermanos de mi padre, Severiano", cuenta Jesús Gutiérrez. "Siempre recuerdo su rostro ensombrecido por la pena de haber perdido a sus hermanos en la flor de la vida; por ello, cuando ya he cumplido con mis deberes con mi familia y me he jubilado, me he dedicado a recobrar su memoria", explica. "Algunos de ellos trabajaban en Madrid y en aquel verano de 1936, acudieron a La Serna llamados por mis abuelos, para que les ayudaran en las faenas del campo", relata Jesús.

Pese a permanecer la provincia de Madrid, con la capital incluida, en manos del Gobierno de la República, el pueblo fue tomado por los sublevados con Franco y el frente se estableció entre La Serna y Buitrago, a unos cuatro kilómetros. "Una noche, con una camioneta, vinieron a buscarles, los detuvieron, se los llevaron y les fusilaron. Mi abuela, María Martín, quedó ciega al perder a sus cuatro hijos", relata Jesús, apenado.

"No me pregunte quién los mató, porque yo no lo sé", dice Jesús. "Sin embargo mi abuela María, antes de morir, dijo que sabía quién fue uno de sus asesinos, porque después del fusilamiento reconocía el sonido de su caminar sobre el suelo, que se le había quedado grabado en la memoria aquella fatídica noche..." María Martín y su esposo Mariano abandonaron el pueblo.
Fernando Magán, abogado de esta causa, señala: "El Fiscal de la llamada Causa General, el proceso abierto por Franco tras la Guerra Civil para castigar a los integrantes del bando republicano, abrió a su vez un proceso de persecución contra los cuatro hermanos pese a que ya habían transcurrido cuatro años desde su fusilamiento". Y añade: "El propio fiscal consideró desaparecidos a los fusilados y cerró el caso. Ahora, un juzgado estatal lo toma de nuevo en sus manos".

"Ya estoy más cerca de culminar la tarea que me propuse de rescatar la memoria de mis cuatro tíos. Era una deuda que tenía con mi padre", confiesa con digna entereza Jesús Gutiérrez.
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263 ataúdes

El archivo de Alcalá guarda documentos sobre fusilados entre 1939 y 1941
AMAYA IZQUIERDO - Alcalá de Henares - 10/09/2008

Son documentos oficiales, llenos de palabras vacías. Los mismos sellos, las mismas palabras repetidas decenas de veces como en una tabla de multiplicar. El denominador que cambia es el número de ajusticiados. Tal día de 1939 fueron siete los condenados a muerte. Otro día, un par. Poco después, fueron quince los que cayeron ante el paredón en una sola jornada. Algunos de los caídos están identificados, con nombres y apellidos; otros, los más, son sólo cifras.

Un historiador aficionado se topó con los datos por casualidad

El Archivo Municipal de Alcalá de Henares atesora decenas de estos legajos. Son documentos en los que la Comandancia Militar solicita al alcalde de turno ataúdes para los ajusticiados. Un economista alcalaíno se topó con ellos hace años, como quien encuentra a un viejo amigo, mientras investigaba en el Archivo Municipal sobre otro asunto. "Soy economista, historiador sólo aficionado, de los malos", ríe al autodefinirse José María San Luciano. "También escribo". Una afición que, sumada a una curiosidad insaciable, le permitió sumar 263 ataúdes entre 1939 y 1941. Doscientas sesenta y tres cajas para otras tantas personas condenadas a muerte tras los juicios y consejos de guerra del franquismo en la posguerra.

Por aquel entonces, Alcalá de Henares debía de tener unos 15.000 habitantes. "Pero hay que tener en cuenta que aquí estaba la cárcel", apunta San Luciano, "por lo que habría más condenas". Los papeles en sí dicen poco acerca de los condenados republicanos. Pero en el envés de algunos pliegos constan, anotados por mano afanosa, los nombres de los ajusticiados. Tras las primeras decenas de muertos, la mano pierde su afán. Los muertos, tras noviembre de 1939, ya no tienen cara, se quedan en números. Los ataúdes posteriores a esa fecha que van asignados a nombres son raras excepciones.

"¿Qué he hecho con estos documentos?", repite San Luciano. "Nada, bueno, una columna para el Diario de Alcalá...". Se plantea qué ocurriría si el juez Baltasar Garzón pidiese a Alcalá de Henares que identifique a los desaparecidos y enterrados en fosas comunes de la ciudad, como ha solicitado recientemente mediante providencia a los ayuntamientos de Madrid, Granada, Córdoba y Sevilla, además de a otros organismos. "Sería una investigación tediosa", imagina.
José María San Luciano reconoce que no llevó a cabo una investigación exhaustiva al respecto. "Fue curiosidad. Paso mucho tiempo en el Archivo, consultando datos, y me topé con esto", cuenta. "He recogido decenas de documentos, pero quizá no estén todos. Y éstos son sólo los de los dos años posteriores al final de la guerra", explica, mientras revisa el taco de folios. "El archivo es público, lo puede consultar cualquiera".

Según Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, no hay datos precisos sobre el número de desaparecidos durante el conflicto y en la posguerra en la Comunidad de Madrid. "Bienvenidos sean estos nombres", comentaba ayer Silva. "Esos datos deberían ser inmediatamente puestos a disposición del juez Garzón. Son relevantes, hace falta un listado de ejecutados por la guerra", defiende.
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Muchas puertas por abrir

Madrid indaga en su memoria histórica

NATALIA JUNQUERA - Madrid - 10/09/2008

El hallazgo, por casualidad, en el Archivo Municipal de Alcalá de Henares de unos documentos que no dejan lugar a dudas sobre el destino final de al menos 263 personas -la autoridad militar le pide al Ayuntamiento otros tantos ataúdes- da una idea de la magnitud de la barbarie que sucedió al alzamiento militar del 17 de julio de 1936 y la complejidad de la investigación que ha puesto en marcha el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.

La providencia del pasado 28 de agosto abría la mayor investigación sobre las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura de Franco al solicitar datos sobre desaparecidos a cuatro ministerios (Cultura, Justicia, Defensa e Interior), la Conferencia Episcopal, la Abadía Benedictina del Valle de los Caídos y cuatro ayuntamientos: Córdoba, Sevilla, Granada y Madrid. Y con todo, no será suficiente. Llamar a todas las puertas resulta muy difícil, pero el hallazgo de José María San Luciano prueba que aún quedan puertas que no han sido abiertas y que ayudarían a localizar a algunos de las decenas de miles de desaparecidos de la guerra y los primeros años del franquismo.