Juicio a la memoria.

Juicio a la memoria

El Cultural.es -

Agotado parecía el debate sobre la Memoria Histórica que sacudió la anterior legislatura, cuando el pasado 1 de septiembre volvía a disputarse con virulencia las portadas de los periódicos a raíz de la providencia dictada por el juez Baltasar Garzón. En ella solicitaba a ayuntamientos, parroquias y otras instancias la identificación de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el Franquismo. Seis historiadores, Octavio Ruiz-Manjón, José Álvarez Junco, José Varela Ortega, Julián Casanova, Manuel Álvarez Tardío y Enrique Moradiellos dan su visión de la polémica.

Octavio Ruiz-Manjón: "Los historiadores llevamos tiempo soportando injerencias políticas"

Desde que José María Gironella pusiera en circulación la cifra de un millón de muertos, con su novela de 1961, el interés por las cifras, y los nombres, de las víctimas de la Guerra Civil no ha dejado de servir de acicate para la investigación y el conocimiento de aquellos hechos. La cifra que dio Gironella era más llamativa que ajustada, pero recogía estudios demográficos ya existentes en los que se combinaban las altas cifras de mortalidad de aquellos años con la disminución de nacimientos derivada de la coyuntura bélica. En cualquier caso, tuvo éxito y caló en la imaginación popular.

La muerte de Franco, por supuesto, permitió que de las cifras se pasara a los nombres, y que se conociera con gran detalle las circuns-tancias de la represión en uno y otro bando. Unos gobernantes que toleraron a unos miserables y, en el otro bando, unos miserables alentados por unos gobernantes contribuyeron a un baño de sangre, en el que los más bajos instintos trataron de ser justificados apelando a ideales políticos. Es difícil decidir cuál de esos dos comportamientos resulta más repugnante.

Por lo que hace referencia, más concretamente, a la represión de los partidarios de la República, la investigación de los historiadores ha permitido que hoy día se conozca muy detalladamente ese proceso. Los estudios locales dieron resultados muy significativos desde comienzos de los años ochenta (E. Nicolás, Herrero Balsa, Solé y Sabaté, Villarroya, Reig, Chaves, Gabarda, Sánchez Recio) y resulta, por lo menos, frívolo hablar de una “conspiración del silencio” respecto de estos temas. Más bien cabe asombrarse del elevado número de ignorantes sobre ellos… y de la buena acogida que tienen en algunas instancias políticas.

La ocurrencia que provoca ahora estas líneas parece aunar la frivolidad con la ignorancia, por cuanto parece desconocer lo muchísimo que hay escrito sobre el tema y porque banaliza, hasta límites sonrojantes, una técnica de investigación erizada de dificultades en la que son muchos los historiadores que llevan años trabajando seriamente. Los historiadores llevamos algún tiempo soportando las injerencias de políticos que pretenden determinar el sentido de nuestras refle-xiones por el pasado, tratando de fijar unos contenidos que son, por su propia naturaleza, permanentemente cambiantes, por la misma razón de que tampoco dejan de cambiar las preguntas que nos suscita ese pasado. Este fenómeno de injerencia no es privativo de España. El manifiesto de “Libertad para la Historia”, que firmaron, a comienzos del 2006, 19 reconocidos historiadores franceses, partía de la afirmación de que la historia no es ni una religión, ni una moral, ni es esclava de la actua-lidad, ni se puede reducir a la memoria. De ahí concluía que, en un Estado libre, la Historia no es un objeto jurídico y no le puede corresponder al Parlamento, ni a la autoridad judicial, determinar la verdad histórica. Ocurrencias como la que ahora nos ocupa no podrían tener una respuesta mejor.

José Álvarez Junco: "Para que estas reapariciones no desentierren malos sentimientos, todos deberíamos participar en ellas"

Éste es un tema que interesa a bastantes historiadores, sobre todo jóvenes –se ha dicho que es un rasgo característico de los “nietos de la Guerra”–, que están trabajando desde algunos años y que se han encontrado con muchos obstáculos, a veces por mala voluntad o falta de interés por parte de quienes tienen a su cargo esos fondos y otras simplemente por la mala organización de los archivos. La iniciativa de Garzón les ayudará. Y nos ayudará a todos, porque probablemente hará que la opinión española se entere del problema de la organización de nuestros archivos, que, aunque cada vez haya más excepciones, no es propia de un país de nuestro nivel.

¿Se reabren así las heridas o se da un justo reparo a los familiares de los desaparecidos? ¿Por qué tienen que ser dos alternativas excluyentes? Me parece que las dos cosas no son incompatibles: lo considero un justo reparo; pero eso no excluye que se pueda reabrir alguna herida. Sobre todo en contextos rurales, que son los más delicados, donde siguen viviendo los hijos o nietos de los fusilados quizás a unos cientos de metros de los hijos o nietos de los ejecutores de sus parientes. La familia de los represaliados, el día en que se les entreguen sus restos y puedan enterrarlos dignamente e incluso se les haga algún homenaje público, se sentirán aliviados y, de alguna forma, reivindicados ante el pueblo; pero la familia de los ejecutores, que seguramente lo saben, como lo sabe el resto del pueblo, es fácil que ese día sientan responsa-bilidad, vergüenza, incluso temor. Esto último, el temor, sin motivo alguno, porque repito que nadie piensa en exigir responsabilidades. Por otra parte, el pacto de la Transición consistió en cancelar aquellas responsabilidades y ese pacto sigue en pie. Pero lo que no hubo entonces, aunque a veces se diga lo contrario, fue un pacto de silencio.

Para que este tipo de reparaciones y homenajes no desentierren malos sentimientos, lo mejor sería que todos participáramos en ellos, demostrando así nuestra identificación con el sistema democrático actual por la vía práctica que consiste en distanciarnos de la barbarie de nuestros antepasados. Y esto vale para los dos lados. Ni la derecha ni la izquierda actuales deben conside-rarse herederas, porque no lo son, de aquella derecha fascista ni de aquella izquierda revolucionaria que, en nombre de ideales totalitarios, creyeron que era legítimo exterminar físicamente al adversario. Demostrémoslo. Y recordemos la recomendación del Azaña desengañado del final de la guerra: “Paz, piedad, perdón”.

José Varela Ortega: "Asentemos que la Memoria Histórica, en singular y con mayúsculas, sólo existe en la letra de regímenes autoritarios"

La pregunta –que podemos hacernos todos, en general, y la administración de justicia, en particular– es qué hace un juez revisando causas que han prescrito varias veces, en la medida que no han sido jurídicamente conceptuadas como genocidio –por muy numerosos y tremendos que fueran aquellos asesinatos cometidos hace más de 70 años. Aunque a casi todos también se nos alcanza que todo esto dará titulares en la prensa y en la TV. Si ése es el objetivo de nuestro juez mediático, la idea no es mala. Por fin, en efecto, desenterrará cadáveres, con gran aparato de propaganda y de un pasado remoto y, al tiempo, ayudará a enterrar cifras económicas, afortunadamente menos trágicas pero más actuales.

Mas allá de que ignoraba la competencia del señor Garzón como historiador, experto en métodos arqueológicos, no conozco muchos casos en que la propaganda y el trompeteo mediático haya ayudado a investigación alguna ni a la evaluación serena y ponderada de un trabajo histórico. La Historia no es propaganda ni justicia. Los historiadores no impartimos justicia ni damos clases de ética o de moral. Vemos las cosas desde el punto de vista de aquéllos que las hicieron, cuyos propósitos queremos adivinar y cuyas acciones relatar para comprenderlas, que no es lo mismo que aplaudirlas o denigrarlas. Las valoraciones caen fuera de nuestro negociado profesional. En concreto, los historiadores intentan descubrir, entender y relatar los horrores de la Guerra Civil con una lente ajustada a la exposición y comprensión que no al juicio. Otra cosa es que como personas decentes entendamos muy bien, simpaticemos y apoyemos el que los descendientes de las víctimas quieran recuperar sus restos, como forma de rehabilitar su recuerdo y darles un entierro digno. Pero todo ese ejercicio de reparación piadosa y justa poco tiene que ver con la Historia.

Dejemos sentado que la Memoria Histórica, así en singular y con mayúsculas, no existe mas que en la letra de regímenes autoritarios. La memoria es una facultad reservada a los individuos de nuestra especie. Sujetos colectivos y entes de razón carecen de ella. Recordamos sólo lo que hemos vivido personalmente. En la medida que son individuales, las memorias son múltiples y diversas. Hay, pues, miles o millones de “memorias”. Si hablamos de un suceso como la Guerra, lo que pueden recordar hoy los poquísimos que la padecieron y aún viven es lo que parcialmente sucedió en un lugar muy determinado, fruto de experiencias personales muy reducidas. La gente no se paseaba de un lado al otro del frente con un interés académico para evaluar objetivamente lo que sucedía. Bastante tenían con salvar la vida. 70 años después, el recuerdo ni siquiera es ya lo que vivieron, sino otro producto reelaborado, entreverado de vivencias y distorsionado por experiencias posteriores. En mi opinión, reflectores, tambores mediáticos y televisivos tienen un objetivo político que poco tiene que ver con la ayuda y reparación debida de lo que son tragedias personales y familiares.

Julián Casanova: "Lo que se plantea es compensar a las víctimas, no perseguir a los verdugos"

Yo siempre me he opuesto a abrir causas de culpabilidad criminal, tantos años después, y no creo que las peticiones de Garzón vayan por ese camino. Lo que se plantea es una justicia correctiva, de compensación a las víctimas, y no punitiva, que significaría perseguir a los verdugos. Al final, se desenterrarán menos cadáveres de los que se buscan –porque muchas de aquellas fosas han desaparecido para siempre, enterradas por el crecimiento urbano y el paso del tiempo– y si la tolerancia se antepone al conflicto, no tendría por qué haber problemas en esta recuperación del pasado.Todo lo que sea abrir caminos a la investigación ayuda al trabajo de los historiadores y, lo que es más importante, puede contribuir a ampliar los conocimientos que tenemos sobre el pasado.

En este caso, los más novedoso sería poder iniciar una investigación coordinada sobre los desaparecidos, es decir, sobre las personas que habiendo sido ase-sinadas no fueron nunca registradas o no fueron juzgadas ni ha quedado rastro de ellas. Eso incluye, evidentemente, el apoyo institucional a la búsqueda y apertura de fosas –también de los asesinados en el bando republicano sobre los que se conoce su identidad pero no el paradero–. Sobre las decenas de miles de personas ya registradas por numerosos estudios de historiadores, la petición de Garzón aportará pocas cosas. Y la parte más fácil de ejecutar es todo lo relacionado con el Valle de los Caídos. Allí hay muertos de los dos bandos, aunque la cantidad, proporción e identidad sólo será posible saberlas con un examen minucioso de esos libros de registros.

Los pasados traumáticos, de guerras y dictaduras, suelen provocar conflictos entre diferentes memorias, individuales y de grupos, entre distintas maneras de mirar a la Historia. Aunque a muchos españoles les parece que eso de tener memorias divididas y enfrentadas sólo nos pasa a nosotros, en realidad esa fractura ha ocurrido y ocurre en todos los países que sufrieron regímenes políticos criminales, como la Alemania nazi, la Rusia estalinista, las dictaduras militares del Cono Sur o la España de Franco. En esos casos, como declaró hace ya dos décadas el historiador conservador alemán Ernst Nolte a propósito del nazismo, el pasado no quiere irse. Y la memoria histórica, lejos de ser un terreno neutro, se convierte en un campo de batalla cultural, de apropiación de símbolos, y político. En ello estamos ahora en España, más de treinta años después de la muerte de Franco.

La sociedad que salió del franquismo y la que creció en las dos primeras décadas de la democracia mostró índices elevados de indiferencia hacia la causa de las víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura. La llegada al Gobierno de Zapatero abrió un nuevo ciclo. Por primera vez en la historia de una democracia que cumplía ya treinta años, el poder político tomaba la iniciativa para reparar esa injusticia histórica. Ése era el principal significado del Proyecto de Ley presentado a finales de julio de 2006, conocido como Ley de Memoria Histórica, y aprobado en el Congreso el otoño pasado. La Ley no entra en las diferentes interpretaciones del pasado, no intenta delimitar responsabilidades ni decidir sobre los culpables. Y tampoco ha creado una Comisión de la Verdad que, como en otros países, registre los mecanismos de muerte, violencia y tortura e identifique a las víctimas y a sus verdugos. Aún así, ha encontrado airadas reacciones políticas de la derecha –Rajoy declaró que anularía la Ley cuando el PP llegara al Gobierno–, de la Iglesia y de sus medios de comunicación. Y Esquerra Republicana tampoco la apoyó porque exige la anulación de los juicios del franquismo.

La democracia española necesita que esa Ley se aplique. Una Ley que integre las diversas memorias, pero que asuma que sólo las víctimas de la represión de los militares sublevados contra la República y de la violencia de la dictadura de Franco necesitan la reparación moral y el reconocimiento jurídico y político después de tantos años de vergonzosa marginación.El olvido no hará desaparecer el recuerdo de las víctimas, porque nadie ha encontrado todavía la fórmula para borrar los pasados traumáticos, que vuelven a la superficie una y otra vez. El futuro de la memoria pasa por transmitir, hacer conocer, esas experiencias de violencia política y de violación de los derechos humanos a nuestros jóvenes, a quienes no formaron parte de esa historia.

Manuel Álvarez Tardío: "Si alguien piensa que todo es tan sencillo como abrir fosas y poner nombres, me temo que se equivoca"

Las transiciones a la democracia desde regímenes autoritarios nunca son procesos indoloros. Y menos cuando, como ocurrió en España, la dictadura no se hunde por sí sola y el camino a la democracia exige concesiones recíprocas. En ese caso, la Historia es positiva si se utiliza en la vida política para facilitar el pacto, esto es, como argamasa para levantar una conciencia colectiva que facilite la reconciliación. Lo peculiar del caso español no es que unos perdonaran a otros sino que todos admitieran implícitamente que las responsabilidades por un pasado traumático estaban ampliamente repartidas.

En España no se ha constituido en todo este tiempo una “comisión de la verdad” o algo parecido, pero los historiadores sí han hecho su trabajo, aunque no siempre en las mejores condiciones. No tenemos una única verdad, pero disponemos de resultados muy positivos en el tema de la represión, como demuestran algunas investigaciones recientes.

Sin embargo, la teoría de que una transición pactada, con una oposición débil, impidió hacer justicia a quienes murieron defendiendo la democracia en los años treinta, ha llevado en los últimos años a un afán por construir una verdad oficial que vincule la Constitución del 78 a la ideología de los vencidos. En la pasada legislatura pudimos comprobar el impacto negativo de una política que pretendía oficializar una verdad histórica basada en una descarada simplificación del problema político de la España republicana, utilizando sin escrúpulos a las víctimas de la represión franquista en la posguerra.

Ahora, cuando el temporal parecía amainar, un juez asume una tarea que, más allá de su dudosa viabilidad, presupone que la sociedad española ha sido anestesiada para no saber y que los políticos son incapaces de ofrecer soluciones a las demandas de los familiares de las víctimas. Pero nuestra Historia no necesita jueces sino historiadores con ganas de acercarse a la verdad, archivos mejor organizados y dotados y políticos dispuestos a facilitar la tarea investigadora sin que medie interés partidista. Son los historiadores y no los jueces los que pueden debatir sobre las razones de la quiebra de la democracia sin necesidad de publicar sentencias. Lo vienen haciendo desde hace mucho. Ellos saben que la cuestión de las víctimas, con independencia de su sufrimiento personal y el de sus familiares, está embarullada por la dificultad de clasificar a nuestros abuelos como demócratas y antidemócratas. Si algún juez piensa que todo es tan sencillo como abrir fosas y poner nombres y apellidos a los muertos y a sus verdugos, me temo que se equivoca.

Enrique Moradiellos: "¿Alguien podría negar a los familiares el derecho a enterrar dignamente a sus muertos?"

Hace tiempo que asistimos a ese conflicto de lecturas interpretativas sobre la Guerra Civil en el plano mediático y político, en gran medida creo que como efecto de la aguda crispación que ha dominado la dinámica del país en los últimos años. Basta comparar la diferencia que hubo entre la declaración de contenido histórico aprobada por unanimidad en el Congreso en noviembre de 2002 y la controversia que suscitó la aprobación de la Ley de Memoria Histórica de 2007. La iniciativa de Garzón no creo que provoque mayor discusión que la ya existente durante la tramitación de la ley de 2007. Incluso pudiera servir para terminar de una vez por todas con la anomalía evidente que significa la existencia de fosas comunes con cadáveres de la Guerra Civil. ¿Alguien con sentido común –no ya político– podría negar a los familiares de los represaliados el derecho a localizar los cuerpos de sus antepasados? ¿Acaso enterrar dignamente a los últimos muertos de la Guerra no sería la mejor manera de cerrar simbólicamente una página trágica de la historia española?

No cabe duda de que la iniciativa podría facilitar el trabajo futuro de los historiadores si prosperase y consiguiera la apertura a la consulta pública de fondos documentales relevantes y hasta ahora inaccesibles, tanto de archivos oficiales como de archivos particulares. No en vano, quien dice Historia dice documento probatorio y el trabajo historiográfico se guía por una máxima indecli-nable: Quod non est in actis non est in mundo –De lo que no queda constancia física probatoria no cabe hablar con rigor y propiedad–. Por eso mismo el acceso libre a fondos documentales de interés para su crítica, cotejo y ponderación es una tarea primordial y básica para la historiografía.

Aunque sea casi inútil, quiero dejar constancia de mi rechazo profesional al uso del término Memoria Histórica en singular y en mayúscula. No hay tal cosa. Hay “memorias” sobre el pasado que son siempre plurales y en minúscula porque cada uno recuerda lo que vivió en primera persona o lo que le han contado. La Historia, como conoci-miento riguroso, surge de la criba de esos testimonios en conflicto y del cotejo de los mismos con la documentación material. Dicho esto, creo que ese pseudo-concepto evoca un conflicto de lecturas sobre la Guerra Civil virtualmente insoluble porque la contienda escindió al país en dos bandos, provocó una hemorragia de sangre de víctimas en ambas retaguardias y sus heridas quedaron oficializadas por un régimen basado en la división entre vencedores y vencidos que duró 40 años. Con un resultado final que hace tiempo ha empezado a ser cuestionado. Los familiares de unas víctimas –las ocasionadas por el bando republicano vencido– tuvieron la fortuna de ver sus cadáveres recuperados, honrados sus lugares de reposo y gratificados sus deudos y herederos. Otros familiares de víctimas –las ocasionadas por el bando franquista vencedor–, tuvieron que sufrir el oprobio de la vergüenza, hubieron de renunciar a recuperar sus cadáveres de las fosas comunes y carecieron de cualquier amparo oficial para sus deudos. Compensar esas situaciones no debería reabrir las viejas heridas, sino que debería contribuir a cicatrizarlas definitivamente. Pero es competencia de los agentes sociales y políticos que sea así y no de otro modo. Al fin y al cabo, hubo víctimas y verdugos en ambos bandos y no parece que tratar equitativamente a las víctimas suponga ninguna afrenta para nadie sensato a estas alturas.