_
"Los hipócritas y los tardofranquistas esta vez no van a ser los ...
"Los hipócritas y los tardofranquistas esta vez no van a ser los vencedores"
En pleno terremoto sobre memoria histórica, publica '1936: el genocidio franquista en Córdoba' l Ofrecerá a Garzón su libro, donde documenta a 11.561 desaparecidos en la provincia
Actualizado 16.11.2008 - 01:00
Francisco Moreno Gómez en el Cerro de los Ángeles, lugar emblemático de la guerra civil, a escasos minutos de su casa en Getafe.
CUANDO se ha habla o se escribe sobre la guerra civil en Córdoba es casi obligado levantar el teléfono y marcar el número de Francisco Moreno Gómez. Tres décadas de investigación en archivos militares y municipales, partes de guerra, libros de registro de cementerios, cartas de soldados y milicianos y entrevistas a supervivientes de la contienda civil han dado sus frutos en forma de ocho libros dedicados casi en exclusiva a Córdoba. En estos días de intensa polémica por la memoria histórica, a las puertas de las librerías se apilan docenas de ejemplares de 1936: El genocidio franquista en Córdoba, publicado por Crítica.
-El título de su libro es contundente. Son palabras mayores o ¿es llamar a las cosas por su nombre?
-Se trata de llamar a las cosas por su nombre. Cuando se comete una matanza de gran número de personas, como ocurrió en Córdoba, eso es genocidio, al menos sensu lato. No podemos usar estos términos con relación a Argentina, Bosnia, etcétera y caer luego en un tabú con relación a España. En el siglo XXI tenemos que revisar muchos conceptos y terminología. En el pasado hablábamos mucho de guerra civil, y de manera secundaria de represión, como algo colateral. Pero la matanza no fue colateral, sino que fue el programa y el objetivo central con el que se lanzó el golpe militar de 1936. Lo que fue colateral fue la guerra. La matanza fue lo sustancial. El golpe se lanzó para reprimir, para eliminar, para doblegar y para meter en cintura al obrerismo, a la modernidad y a la democracia española.
-¿Su libro es una denuncia, un documento histórico o un acto de justicia?
-Mi libro es un documento histórico, una investigación de 30 años. Responde a dos grandes motivaciones. Una, de tipo intelectual, de aportación al conocimiento y a la ciencia histórica. Yo mismo quise saber lo que pasó. La segunda, de tipo ético, de homenaje a las víctimas, de justicia histórica hacia las víctimas, de devolver la mención histórica a aquéllos a los que se negó su presencia en la Historia, y de contribución al memorial democrático de España. Por eso el libro está dedicado a los mártires de la democracia española en Córdoba.
-Es evidente que tanto su libro como sus declaraciones en esta entrevista crearán polémica.
-No tienen por qué. Y si crean polémica me trae sin cuidado. A estas alturas de la vida, como ya me ocurrió en 1982, 1985 y 1987, sólo me importó investigar la verdad y contarla, reconstruir los hechos y salvarlos del silencio y del olvido. Mi libro obedece a una gran honestidad intelectual y personal. ¿Quién se puede molestar? Los demócratas, no, desde luego, a no ser algún despistado. Sólo los antidemócratas pueden sentirse aludidos, o los verdugos, o los autores de crímenes de guerra. Tales posibles polémicas no me importan en absoluto.
-Usted está considerado como un pionero de la memoria histórica por publicar un libro sobre la guerra civil en Córdoba y la posterior represión franquista a mediados de los 80. Ahora tendrá más puertas abiertas para la investigación que entonces, cuando la democracia despertaba en España.
-Desde luego fui de los primeros en lanzarme, al comienzo de la Transición, a una reconstrucción histórica de este calibre. Nadie entonces se atrevía a esto. Sólo un maestro hacía algo parecido en La Rioja y dos estudiosos en Cataluña. Nadie más. Yo hacía entonces recuperación de la memoria histórica sin saberlo. Fue una especie de travesía del desierto, contra corriente y contra el pacto tácito de silencio de la transición. Mire si iba contra corriente que en el premio Díaz del Moral que me dieron en 1982 tuve dos votos negativos: el de Cuenca Toribio, por la Universidad de Córdoba, y el de Gómez Crespo, por la Real Academia de Córdoba. Estos organismos se cerraron en banda contra la memoria histórica y se escandalizaron. Yo me hice historiador con Tuñón de Lara y en el momento político de UCD. Le confieso que en aquellas fechas se accedía mejor a los archivos que ahora. Todo empezó a retroceder con Felipe González. Ahora los archivos militares de la represión están cerrados a cal y canto, mientras que en los años 90 se podía acceder a ellos relativamente bien.
-¿Por qué un buen día, en plena Transición española, un profesor de Historia como Francisco Moreno Gómez decide investigar sobre la guerra civil en Córdoba?
-Me puse a investigar en el verano de 1978, justo hace 30 años. Y empecé por el Registro Civil de mi pueblo, Villanueva de Córdoba. Y luego, todos los registros de la provincia y el de la capital, y los cementerios, y las prisiones, y todo lo que pude. Viví una experiencia intelectual apasionante. Cada día entonaba el eureka por los hallazgos que encontraba. Y recogía testimonios por doquier, por Córdoba, Madrid, Barcelona, Valencia… Busqué los testimonios por todas partes, puse incluso anuncios en la prensa, y logré unos contactos impresionantes. Hoy, todos mis testigos han muerto ya. Pero su lucha por la democracia española ha quedado en las páginas de este libro. He ahí mi gran satisfacción. Mereció la pena.
-Usted ha sido muy atacado por historiadores que le acusan de tomar partido en sus escritos. ¿Es posible ser objetivo al escribir sobre la guerra civil?
-Mi obra, mis libros, han sido muy valorados por estudiosos solventes: Tuñón de Lara, Josep Fontana, Paul Preston, Jackson, Helen Graham, Julio Aróstegui, Julián Casanova, Alberto Reig, Francisco Espinosa, Arcángel Bedmar, Juan Sisinio Pérez Garzón, etcétera. Sólo me ha protestado un grupito de academicistas y de mentalidades retro, con argumentos peregrinos, como ese Cáceres que me acusa de ser demasiado antifranquista. Todo ridículo. Para mí, lo esencial de la historia no es la objetividad. Lo esencial es la veracidad, el rigor y la documentación. Ésa es la clave. Si el yo del autor aparece o no es irrelevante. Al escribir sobre la guerra civil, lo que hay que ser es verídicos, rigurosos y documentados. Lo demás huelga.
-¿Es lo mismo memoria que historia?
-No es lo mismo memoria e historia. La memoria es materia prima para la historia, fuente testimonial. La historia es la elaboración científica de los hechos vividos por los seres humanos.
-Hace apenas un mes, en declaraciones a este periódico, usted le ofrecía su libro al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para documentar de forma concreta el número de desaparecidos en Córdoba durante la guerra. Parece que ahora no le van demasiado bien las cosas al magistrado.
-Mi reciente libro, con los datos del genocidio de Córdoba, constituye un material importante para el sumario iniciado por el juez Garzón sobre los crímenes del franquismo. Tengo audiencia pedida al juez y me acompañará el jurista Carlos Jiménez Villarejo, de la Comisión de Expertos. Es cierto que el juez se ha llevado un revés con la última decisión del plenario de la Audiencia Nacional. Pero la última palabra todavía no está dicha. Y la última palabra será la de las víctimas del franquismo y la de los demócratas españoles. Los hipócritas y los tardofranquistas esta vez no van a ser los vencedores.
-¿Entiende la postura del fiscal para paralizar las exhumaciones al alegar que si se hacen se pueden causar "daños irreversibles"?
-No es en modo alguno comprensible la postura de un fiscal así, ya que es una postura favorable a la impunidad y contraria a la esencia de la democracia. En este país hay muchísimo tardofranquista oculto. Y eso de los "daños irreversibles" es pura hipocresía. Equivale a lo de "reabrir las heridas". Resulta que homenajear a los mártires de la democracia es "daño irreversible" o "se reabren heridas". Creo que este ejercicio de cinismo no se ha dado así en ninguna parte del mundo.
-¿Hablar de la guerra civil significa "reabrir heridas que ya habían cicatrizado"? ¿Hay miedo a hablar sobre estos temas tanto a nivel político, como social o mediático?
-Hablar de la guerra civil no significa "reabrir heridas", argumento absurdo, sino reconstruir los hechos que el franquismo quiso borrar de nuestra historia, rellenar las páginas que el franquismo quiso dejar en blanco, a la vez que deshacer la historia falsa que el franquismo nos quiso legar, o lo que es lo mismo, desatar aquella historia falsa que el franquismo quiso dejar "atada y bien atada". Los historiadores de la democracia hemos derribado el muro de silencio del franquismo y el muro del miedo y la falsedad. Claro que hay todavía miedo, porque esa ha sido una de las grandes victorias de Franco: aniquilar a los demócratas a través del terror, del miedo, del silencio y del olvido.
-En su libro destaca que el negacionismo de la historia es un delito en bastantes países europeos, pero no en España. Si se modificara el Código Penal, ¿habría que condenar a mucha gente por estos hechos?
-Por supuesto que negar los crímenes del fascismo y del nazismo, así como su enaltecimiento, es un delito en varias democracias europeas. Sin embargo, en España se pueden negar las matanzas y se puede elogiar al gran dictador sin ningún tapujo. Son las cosas raras de España.
-¿Fue más cruenta la guerra civil en Córdoba que en otras provincias o es que es una zona muy estudiada?
-El genocidio franquista en Córdoba fue una catástrofe humanitaria. Mi libro lo cuantifica en un mínimo de 11.581 asesinados. Pero esto es un mínimo, porque he tenido que dejar en interrogación a bastantes pueblos. Pienso, sin miedo a equivocarme, que el franquismo se llevó por delante a 15.000 cordobeses, sin contar la mortandad de los frentes, el hambre, el exilio y otras muchas desgracias. Pero otras provincias igualan o superan a la de Córdoba, como Sevilla, Granada, Málaga, Badajoz, Zaragoza... Córdoba no fue una excepción en el genocidio español: fue sólo una pieza más en el programa de exterminio del golpe militar de 1936.
-Ha escuchado y escrito tantísimas historias sobre la guerra civil que su nivel de impacto y conmoción debe haber menguado. Todas estas historias son tristísimas, pero ¿Cuál es la que más le ha afectado?
-Me han impresionado muchísimas de las desgracias que el franquismo trajo a Córdoba, pero sobre todo la descomunal matanza que cayó sobre la capital, bajo el terror de Cascajo, del comandante Zurdo y del teniente coronel Bruno Ibáñez. Y sobre todo, la matanza de intelectuales cordobeses, el asesinato del poeta José María Alvariño, el escultor Enrique Moreno El Fenómeno, el librero Rogelio Luque, el director del Conservatorio Aurelio Pérez Cantero, profesores de la Escuela Normal, de la Veterinaria, maestros de Escuela de Córdoba, médicos como Ruiz Maya, Romera, Isla, Hombría, etcétera. Y entre ellos, el asesinato de un sabio de la épica, figura señera de la lucha antipalúdica entonces en España: el doctor Sadi de Buen Lozano. Sin duda, todo esto fue un crimen de lesa humanidad, una barbarie contra la cultura, la misma barbarie de origen nazi que se llevó por delante a Federico García Lorca.
-Todos los protagonistas de su libro tienen nombres y apellidos, tanto víctimas como verdugos. Hoy es fácil identificarlos, especialmente en los pueblos. ¿Se está encontrando con problemas?
-Nunca he tenido problemas por el hecho de dar nombres, porque los he dado primero con fundamento y segundo con valentía. No me he andado con gazmoñerías ni mojigaterías. La verdad da mucha fuerza al historiador.
-¿Conocemos nuestra historia o estamos condenados a repetirla?
-Todavía no conocemos bien nuestra historia, la de los años 30 y los 40. Falta muchísimo por conocer. Afortunadamente, de Córdoba conocemos ya bastante, pero aún falta. Al menos nos podemos aproximar a la magnitud del genocidio franquista sufrido por los cordobeses, en cifras todavía mínimas: que el franquismo asesinó durante la guerra a un mínimo de 8.545 cordobeses, más otros 1.600 en la posguerra, más 220 maquis o guerrilleros en la sierra, más 160 civiles, enlaces de los guerrilleros, a los que se aplicó la Ley de Fugas, más los 300 cordobeses que se les dejó perecer en los campos nazis, más los 756 cordobeses a los que se exterminó por hambre en la prisión provincial de Córdoba, la mayoría en 1941. El conocimiento de todo esto nos ayuda a valorar lo que significa una democracia y lo que supone un golpe militar o una intentona fascista en un país como el nuestro.
_
lunes, 17 de noviembre de 2008
domingo, 16 de noviembre de 2008
Los nietos de diez mil exiliados podrán tener pasaporte español
_
Los nietos de diez mil exiliados podrán tener pasaporte español
La medida anunciada por la vicepresidenta Fernández de la Vega hace un par de semanas para recuperar la nacionalidad española que muchos perdieron afecta a hijos y nietos de unos diez mil exiliados granadinos.
DIEGO MÁRQUEZ. GRANADA Ω
Las estimaciones de varios historiadores consultados apuntan a que más de diez mil personas tuvieron que exiliarse desde la provincia por la Guerra Civil y la primera posguerra por motivos políticos. Los descendientes de aquellos que tuvieron que dejar su tierra para salvar la vida y la dignidad podrán obtener la nacionalidad española con la nueva norma que aprobará el Gobierno a finales de este año en virtud de la Ley de Memoria Histórica.
A esta "instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española" se podrán acoger personas cuyos padres fueran españoles y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Se podrá solicitar en alcaldías, consulados y en el Ministerio de Justicia y su página web entre 2009 y 2011. Para aproximarse a los posibles beneficiarios de raíces granadinas, hay que recurrir a la historia. Teniendo en cuenta la poca bibliografía científica que existe aún hoy sobre el tema, los expertos hacen sus cálculos con arreglo a la estimación nacional que cifra en medio millón las personas que cruzaron la frontera de los Pirineos.
La mayoría eran del norte, como se puede comprobar si se mira la procedencia de los miembros de la Asociación de Niños de la Guerra de Bélgica: la mayoría son del País Vasco y de Santander. Muchos volvieron desde Francia en los años cuarenta "para que los fusilaran", recuerda Cecilio Gordillo, de la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía. Pero también hay que tener en cuenta que en el sur, y en concreto en la provincia, decenas de miles salieron por el puerto de Almería hacia países llenos de andaluces como Venezuela, amén de las más conocidas Argentina y México. También en África, en Argelia y Túnez, muchas familias de exiliados remontaron sus vidas.
Ahora pueden volver a ser españoles por ley los descendientes de aquellos que dejaron su país y su nacionalidad cuando Franco se la quitaba automáticamente al obtener la del país que les acogía. Ni expertos ni políticos saben calibrar el éxito de esta medida de fuerte contenido político y que entrará en vigor el 29 de diciembre y se centralizará en un ya de por sí saturado Registro Civil de Madrid.
El Ministerio de Justicia aún no ha dado a conocer la lista de requisitos que tendrán que cumplir estos hijos y nietos de exiliados para obtener la nacionalidad. Tendrán que demostrar de algún modo, y el Gobierno ha adelantado que será generoso, que el padre o el abuelo marcharon por motivos políticos entre 1936 y 1955.
Serán los principales beneficiarios de la medida. Los historiadores han tenido serias dificultades hasta ahora para sistematizar la información que existe sobre los exiliados. Los archivos no se han podido consultar hasta hace bien poco. Y ahora sigue habiendo dificultades. Pero los datos están en las embajadas que, una vez que empezaron a funcionar en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, llevaban un recuento exhaustivo para censar a los exiliados.
Para tenerlos controlados políticamente desde los ministerios de Gobernación y Asuntos Exteriores de Franco. Los trabajos por la recuperación de la memoria histórica son los que han empezado a poner el foco sobre estos datos con investigaciones como el documental televisivo que coordinó el vicepresidente de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero, sobre personalidades ilustres de Granada que tuvieron que exiliarse. Son nombres vinculados a la historia política de los años treinta en la provincia. Desde la coordinadora de emigrantes en Francia, recuerdan que la medida no va a afectar a los descendientes de emigrantes económicos de los años sesenta y setenta.
La mayoría de estas familias, por otro lado, regresaron a Granada y han sido siempre españoles, como recuerdan en la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados donde aún no han aparecido personas interesándose por esta nueva medida del Gobierno.
_
Los nietos de diez mil exiliados podrán tener pasaporte español
La medida anunciada por la vicepresidenta Fernández de la Vega hace un par de semanas para recuperar la nacionalidad española que muchos perdieron afecta a hijos y nietos de unos diez mil exiliados granadinos.
DIEGO MÁRQUEZ. GRANADA Ω
Las estimaciones de varios historiadores consultados apuntan a que más de diez mil personas tuvieron que exiliarse desde la provincia por la Guerra Civil y la primera posguerra por motivos políticos. Los descendientes de aquellos que tuvieron que dejar su tierra para salvar la vida y la dignidad podrán obtener la nacionalidad española con la nueva norma que aprobará el Gobierno a finales de este año en virtud de la Ley de Memoria Histórica.
A esta "instrucción sobre el derecho de opción a la nacionalidad española" se podrán acoger personas cuyos padres fueran españoles y los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio. Se podrá solicitar en alcaldías, consulados y en el Ministerio de Justicia y su página web entre 2009 y 2011. Para aproximarse a los posibles beneficiarios de raíces granadinas, hay que recurrir a la historia. Teniendo en cuenta la poca bibliografía científica que existe aún hoy sobre el tema, los expertos hacen sus cálculos con arreglo a la estimación nacional que cifra en medio millón las personas que cruzaron la frontera de los Pirineos.
La mayoría eran del norte, como se puede comprobar si se mira la procedencia de los miembros de la Asociación de Niños de la Guerra de Bélgica: la mayoría son del País Vasco y de Santander. Muchos volvieron desde Francia en los años cuarenta "para que los fusilaran", recuerda Cecilio Gordillo, de la Asociación de Memoria Histórica de Andalucía. Pero también hay que tener en cuenta que en el sur, y en concreto en la provincia, decenas de miles salieron por el puerto de Almería hacia países llenos de andaluces como Venezuela, amén de las más conocidas Argentina y México. También en África, en Argelia y Túnez, muchas familias de exiliados remontaron sus vidas.
Ahora pueden volver a ser españoles por ley los descendientes de aquellos que dejaron su país y su nacionalidad cuando Franco se la quitaba automáticamente al obtener la del país que les acogía. Ni expertos ni políticos saben calibrar el éxito de esta medida de fuerte contenido político y que entrará en vigor el 29 de diciembre y se centralizará en un ya de por sí saturado Registro Civil de Madrid.
El Ministerio de Justicia aún no ha dado a conocer la lista de requisitos que tendrán que cumplir estos hijos y nietos de exiliados para obtener la nacionalidad. Tendrán que demostrar de algún modo, y el Gobierno ha adelantado que será generoso, que el padre o el abuelo marcharon por motivos políticos entre 1936 y 1955.
Serán los principales beneficiarios de la medida. Los historiadores han tenido serias dificultades hasta ahora para sistematizar la información que existe sobre los exiliados. Los archivos no se han podido consultar hasta hace bien poco. Y ahora sigue habiendo dificultades. Pero los datos están en las embajadas que, una vez que empezaron a funcionar en las décadas de los cuarenta y cincuenta del siglo pasado, llevaban un recuento exhaustivo para censar a los exiliados.
Para tenerlos controlados políticamente desde los ministerios de Gobernación y Asuntos Exteriores de Franco. Los trabajos por la recuperación de la memoria histórica son los que han empezado a poner el foco sobre estos datos con investigaciones como el documental televisivo que coordinó el vicepresidente de la asociación granadina, Rafael Gil Bracero, sobre personalidades ilustres de Granada que tuvieron que exiliarse. Son nombres vinculados a la historia política de los años treinta en la provincia. Desde la coordinadora de emigrantes en Francia, recuerdan que la medida no va a afectar a los descendientes de emigrantes económicos de los años sesenta y setenta.
La mayoría de estas familias, por otro lado, regresaron a Granada y han sido siempre españoles, como recuerdan en la Asociación Granadina de Emigrantes Retornados donde aún no han aparecido personas interesándose por esta nueva medida del Gobierno.
_
El Parlamento foral analiza la Guerra Civil
_
El Parlamento foral analiza la Guerra Civil
El Parlamento foral analiza la Guerra Civil
20MINUTOS.ES. 16.11.2008
El sufrimiento de la Guerra Civil española.
Se inicia el ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil.
Asesora la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra.
La primera conferencia es de José Antonio Martín Pallín.
Minuteca todo sobre:
Guerra Civil
Este lunes comienza en el Parlamento de Navarra el ciclo de conferencias sobre 'Víctimas de la Guerra Civil y Memoria Histórica', organizado por el Legislativo, con el asesoramiento académico de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (SEHN), para los días 17, 18 y 19 de noviembre.
El ciclo concluirá el miércoles
La primera conferencia, en torno a 'La Ley de Memoria Histórica y su aplicación', tendrá como ponente a José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, cuya presentación correrá a cargo de Javier Marcotegui, vicepresidente primero de la Cámara.
El programa del martes, día 18, incluye dos conferencias que, bajo el título genérico de 'Víctimas de la Guerra Civil: historias de las dos Españas', tendrá como ponentes a Ángel Pascual Bonís (18.30 horas), doctor en Historia Contemporánea, y Javier Rodrigo (19.30), profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. El primero, presentado por Juan Cruz Alli, portavoz de CDN, centrará la cuestión en 'El frente interior de Navarra', y el segundo, presentado por Ion Erro, portavoz de IUN, en 'La España nacional'.
El ciclo concluirá el miércoles, día 19, con una mesa redonda con familiares y asociaciones de fusilados y represaliados, que tendrá como intervinientes a Mirentxu Aguirre, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, a Josefina Campos y a Tomás Dorronsoro. Ioseba Eceolaza, parlamentario de NaBai, actuará como presentador, y Román Felones, parlamentario socialista, miembro de la Junta Directiva de la SEHN y coordinador del ciclo, ejercerá de moderador
Artículos relacionados
Que no nos falle la memoria histórica (12/11/08)
La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas (07/11/08)
La bandera republicana de Manuel Azaña irá al Centro de la Memoria Histórica (03/11/08)
El Centro de la Memoria de Salamanca recibe 300.000 documentos de la Cruz Roja (28/10/08)
Inauguran en Berlín un memorial para los "héroes silenciosos" que salvaron a judíos (27/10/08)
Un monumento recordará la memoria histórica de la cárcel de Carabanchel (22/10/08)
Sobre la memòria històrica (08/10/08)
Listado único para la Memoria Histórica (06/10/08)
_
El Parlamento foral analiza la Guerra Civil
El Parlamento foral analiza la Guerra Civil
20MINUTOS.ES. 16.11.2008
El sufrimiento de la Guerra Civil española.
Se inicia el ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil.
Asesora la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra.
La primera conferencia es de José Antonio Martín Pallín.
Minuteca todo sobre:
Guerra Civil
Este lunes comienza en el Parlamento de Navarra el ciclo de conferencias sobre 'Víctimas de la Guerra Civil y Memoria Histórica', organizado por el Legislativo, con el asesoramiento académico de la Sociedad de Estudios Históricos de Navarra (SEHN), para los días 17, 18 y 19 de noviembre.
El ciclo concluirá el miércoles
La primera conferencia, en torno a 'La Ley de Memoria Histórica y su aplicación', tendrá como ponente a José Antonio Martín Pallín, Magistrado Emérito del Tribunal Supremo, cuya presentación correrá a cargo de Javier Marcotegui, vicepresidente primero de la Cámara.
El programa del martes, día 18, incluye dos conferencias que, bajo el título genérico de 'Víctimas de la Guerra Civil: historias de las dos Españas', tendrá como ponentes a Ángel Pascual Bonís (18.30 horas), doctor en Historia Contemporánea, y Javier Rodrigo (19.30), profesor de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza. El primero, presentado por Juan Cruz Alli, portavoz de CDN, centrará la cuestión en 'El frente interior de Navarra', y el segundo, presentado por Ion Erro, portavoz de IUN, en 'La España nacional'.
El ciclo concluirá el miércoles, día 19, con una mesa redonda con familiares y asociaciones de fusilados y represaliados, que tendrá como intervinientes a Mirentxu Aguirre, presidenta de la Asociación de Familiares de Fusilados de Navarra, a Josefina Campos y a Tomás Dorronsoro. Ioseba Eceolaza, parlamentario de NaBai, actuará como presentador, y Román Felones, parlamentario socialista, miembro de la Junta Directiva de la SEHN y coordinador del ciclo, ejercerá de moderador
Artículos relacionados
Que no nos falle la memoria histórica (12/11/08)
La Asociación de Memoria recurrirá la decisión sobre las fosas (07/11/08)
La bandera republicana de Manuel Azaña irá al Centro de la Memoria Histórica (03/11/08)
El Centro de la Memoria de Salamanca recibe 300.000 documentos de la Cruz Roja (28/10/08)
Inauguran en Berlín un memorial para los "héroes silenciosos" que salvaron a judíos (27/10/08)
Un monumento recordará la memoria histórica de la cárcel de Carabanchel (22/10/08)
Sobre la memòria històrica (08/10/08)
Listado único para la Memoria Histórica (06/10/08)
_
La Asociación de Arucas (Gran Canaria) muestra su solidaridad con los familiares que no pueden abrir las fosas
_
Memoria.- La Asociación de Arucas (Gran Canaria) muestra su ...
La Asociación de Arucas (Gran Canaria) muestra su solidaridad con los familiares que no pueden abrir las fosas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, en Gran Canaria, ha mostrado hoy su solidaridad con las familias que se están encontrando problemas para abrir las fosas comunes y exhumar los restos de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil y primeros años de dictadura franquista, según manifestó a Europa Press la vicepresidenta de la asociación, --que representa a todas las de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la Audiencia Nacional--, Balbina Sosa.
De esta manera, indicó que, solidariamente, están al 100 por 100 con las familias que no pueden abrir las fosas comunes donde están desaparecidos de aquella época porque "tienen todo el derecho", mientras expuso que la excavación de Pozo del Llano de Las Brujas, en Arucas, no tiene nada que ver con la solicitud de la Fiscalía de paralizar algunas excavaciones.
"Esta decisión no nos afecta. A nosotros nos beneficia el auto de Garzón para declararse competente para la investigación, pero la decisión de la Fiscalía no ayuda para nada, puestos que las fosas que están teniendo problemas son las que Garzón autorizó para abrirlas y exhumar esos restos. Son fosas determinadas", manifestó.
De esta manera, explicó que la Asociación de Arucas va por la Ley de la Memoria Histórica, por lo que una decisión judicial "no puede" anular una ley aprobada en el Parlamento.
_
Memoria.- Familiares de desaparecidos en Gran Canaria están ...
Familiares de desaparecidos en Gran Canaria están informados de los avances de la excavación de Pozo del Llano
Se han encontrado restos de 9 personas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y primeros años de Dictadura están informados de los avances y últimas novedades de la excavación de Pozo del Llano de Las Brujas, dentro del término municipal de Arucas, en Gran Canaria, donde se han encontrado ya restos de 9 personas, según manifestó a Europa Press la vicepresidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, --que representa a todas las asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la Audiencia Nacional--, Balbina Sosa.
Así, indicó que los familiares que quieran pueden acudir a la excavación para ver lo que se está haciendo, aunque los están llevando en pequeños grupos para evitar aglomeraciones, debido a las características de la zona, y para preservar su intimidad.
De esta manera, Sosa explicó que es una excavación "bastante difícil", puesto que los restos de las personas se encuentran a 55 metros de profundidad. "Tenemos la suerte de ver a tiempo real lo que están haciendo los arqueólogos porque han puesto una cámara para que podamos verlo", dijo mientras expuso que los profesionales que trabajan ahí "lo tienen bastante difícil". "No es tan fácil como abrir la fosa en cualquier sitio de la península, aunque tampoco será fácil su recuperación", apuntó.
Por su parte, los arqueólogos que trabajan en el interior del Pozo del Llano de Las Brujas, --un lugar donde se cree yacen los cuerpos de desaparecidos durante la Guerra Civil--, encontraron el pasado viernes restos de cabello humano junto a los restos óseos pertenecientes a nueve individuos, lo que facilitará su identificación debido al ADN que contienen.
LABORES ARQUEOLÓGICAS
Desde el pasado 16 de junio, cuando comenzaron las labores arqueológicas, se han encontrado un total de 11 casquillos, 5 corresponden a fusil y 6 de pistolas, mientras que los restos óseos se encuentran en "muy buenas" condiciones a pesar de las múltiples fracturas que presentan.
Así, el pasado 31 de octubre se encontraron diferentes restos humanos, mientras una vez realizado el hallazgo, se dio aviso a la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas y se comunicó lo que se había encontrado al Juzgado de Instrucción de Arucas correspondiente, así como al puesto de la Guardia Civil, según se preceptúa en la Ley.
Ya en la primera fase de los trabajos, a mediados de mes de junio, se encontraron, en el exterior de la excavación diversos materiales, como una medalla, un botón y una bala.
_
_
Memoria.- La Asociación de Arucas (Gran Canaria) muestra su ...
La Asociación de Arucas (Gran Canaria) muestra su solidaridad con los familiares que no pueden abrir las fosas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, en Gran Canaria, ha mostrado hoy su solidaridad con las familias que se están encontrando problemas para abrir las fosas comunes y exhumar los restos de personas que desaparecieron durante la Guerra Civil y primeros años de dictadura franquista, según manifestó a Europa Press la vicepresidenta de la asociación, --que representa a todas las de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la Audiencia Nacional--, Balbina Sosa.
De esta manera, indicó que, solidariamente, están al 100 por 100 con las familias que no pueden abrir las fosas comunes donde están desaparecidos de aquella época porque "tienen todo el derecho", mientras expuso que la excavación de Pozo del Llano de Las Brujas, en Arucas, no tiene nada que ver con la solicitud de la Fiscalía de paralizar algunas excavaciones.
"Esta decisión no nos afecta. A nosotros nos beneficia el auto de Garzón para declararse competente para la investigación, pero la decisión de la Fiscalía no ayuda para nada, puestos que las fosas que están teniendo problemas son las que Garzón autorizó para abrirlas y exhumar esos restos. Son fosas determinadas", manifestó.
De esta manera, explicó que la Asociación de Arucas va por la Ley de la Memoria Histórica, por lo que una decisión judicial "no puede" anular una ley aprobada en el Parlamento.
_
Memoria.- Familiares de desaparecidos en Gran Canaria están ...
Familiares de desaparecidos en Gran Canaria están informados de los avances de la excavación de Pozo del Llano
Se han encontrado restos de 9 personas
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Nov. (EUROPA PRESS) -
Los familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y primeros años de Dictadura están informados de los avances y últimas novedades de la excavación de Pozo del Llano de Las Brujas, dentro del término municipal de Arucas, en Gran Canaria, donde se han encontrado ya restos de 9 personas, según manifestó a Europa Press la vicepresidenta de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Arucas, --que representa a todas las asociaciones de la Comunidad Autónoma de Canarias ante la Audiencia Nacional--, Balbina Sosa.
Así, indicó que los familiares que quieran pueden acudir a la excavación para ver lo que se está haciendo, aunque los están llevando en pequeños grupos para evitar aglomeraciones, debido a las características de la zona, y para preservar su intimidad.
De esta manera, Sosa explicó que es una excavación "bastante difícil", puesto que los restos de las personas se encuentran a 55 metros de profundidad. "Tenemos la suerte de ver a tiempo real lo que están haciendo los arqueólogos porque han puesto una cámara para que podamos verlo", dijo mientras expuso que los profesionales que trabajan ahí "lo tienen bastante difícil". "No es tan fácil como abrir la fosa en cualquier sitio de la península, aunque tampoco será fácil su recuperación", apuntó.
Por su parte, los arqueólogos que trabajan en el interior del Pozo del Llano de Las Brujas, --un lugar donde se cree yacen los cuerpos de desaparecidos durante la Guerra Civil--, encontraron el pasado viernes restos de cabello humano junto a los restos óseos pertenecientes a nueve individuos, lo que facilitará su identificación debido al ADN que contienen.
LABORES ARQUEOLÓGICAS
Desde el pasado 16 de junio, cuando comenzaron las labores arqueológicas, se han encontrado un total de 11 casquillos, 5 corresponden a fusil y 6 de pistolas, mientras que los restos óseos se encuentran en "muy buenas" condiciones a pesar de las múltiples fracturas que presentan.
Así, el pasado 31 de octubre se encontraron diferentes restos humanos, mientras una vez realizado el hallazgo, se dio aviso a la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas y se comunicó lo que se había encontrado al Juzgado de Instrucción de Arucas correspondiente, así como al puesto de la Guardia Civil, según se preceptúa en la Ley.
Ya en la primera fase de los trabajos, a mediados de mes de junio, se encontraron, en el exterior de la excavación diversos materiales, como una medalla, un botón y una bala.
_
_
Benito López de Abajo: ´Cada fosa es una caja de Pandora. Nadie sabe qué nos vamos a encontrar´
_
Benito López de Abajo: ´Cada fosa es una caja de Pandora. Nadie ...
Benito López de Abajo: ´Cada fosa es una caja de Pandora. Nadie sabe qué nos vamos a encontrar´
"En Antropología hay dos formas de hacer las cosas: o rápido o bien. Nosotros vamos a optar por hacerlo bien aunque la identificación de los cadáveres tarde un poco más".
MÓNICA VÁZQUEZ. SANTIAGO.
-La Consellería de Cultura colaborará en la exhumación de fosas del franquismo a petición de los familiares de las víctimas. ¿Cuál será el papel del Imelga en este proceso?
-El Imelga se integrará en un equipo multidiscipinar asumiendo una parte concreta de la investigación. Una vez localizadas las fosas, la parte más callada y anónima del proceso que llevaron a cabo durante mucho tiempo los historiadores dirigidos por el profesor Lorenzo Fernández, el siguiente paso sería la entrada y exhumación de esas fosas en el que vamos a intervenir un equipo de arqueólogos y otro de médicos forenses. Este último va a estar dirigido por el jefe de la Unidad de Antropología Forense del Imelga, el doctor Fernando Serrulla, que será la cabeza visible y el jefe de operaciones del proyecto. ¿Nuestra labor? Pues participar en todas las tareas de exhumación de la fosa porque este proceso inicial para recuperar los esqueletos requiere hacerse con mucha minuciosidad ya que de él dependerá que todas las investigaciones que se hagan posteriormente sean mucho más fáciles.
-¿Se aleja mucho este tipo de trabajo de lo que suele ser el día a día de los médicos del Imelga?
-El Imelga tiene una unidad de Antropología Forense con una gran experiencia en este tipo de trabajos, tanto en el estudio antropológico de restos óseos como en las propias investigaciones en exhumaciones. Y aunque sin ese grado de especialización, todos los médicos forenses en algún momento han tenido experiencias en este tipo de exhumaciones bien sea porque se quería recuperar el cadáver de una persona enterrada en una fosa común porque se desconocía su identidad, o para hacer un estudio de paternidad muchos años después de enterrado. No son pruebas habituales pero sí estamos familiarizados con ellas.
-¿Cuál puede ser el principal obstáculo para poder identificar un cadáver enterrado hace tantos años y en estas circunstancias?
-A priori cada fosa es una caja de Pandora. Nadie puede precisar con exactitud con los que nos vamos a encontrar porque dependerá de múltiples factores. Del número de cadáveres que haya en cada fosa, del terreno en el que está ubicada, de la humedad, de los componentes minerales de la tierra... y todo eso va a variar la conservación de los tejidos óseos, favoreciendo o no el deterioro de los mismos. Ha habido ya alguna fosa en la que el tejido óseo e incluso el textil estaban bastante bien conservados pero en otras, debido incluso a movimientos del terreno, es probable que nos encontremos con muchos restos fragmentados lo que dificultará de gran manera la investigación forense.
-Arqueólogos e historiadores que han colaborado en exhumaciones de fosas de la Guerra Civil insisten en la importancia de la colaboración de vecinos y familiares en la investigación...
-Ese es precisamente el trabajo anónimo previo al que me refería antes. Es un trabajo de investigación que se basa en documentos históricos y en escuchar a testigos, familiares y a toda la gente relacionada con el suceso o que sabía o escuchó algo relacionado con lo que ocurrió allí. Ellos son los que realmente ayudan a identificar dónde está cada fosa y el número de cadáveres que puede haber.
-Y en el momento de la exhumación, ¿ese tipo de ayuda también es importante para el trabajo de identificación forense?
-No. Realmente la tarea de la exhumación es muy lenta por su propia naturaleza. Y si se hace mal esa primera fase, todo el trabajo posterior es un caos. Una vez abierta la fosa se cogen todos los objetos y restos óseos, se agrupan por proximidad de relación, se meten en cajas y en una segunda fase se envían al laboratorio, donde se prepara y se limpia todo el material. En ese momento sí sería apropiado que los familiares más directos viesen todos los objetos recogidos de la fosa para ayudar a la identificación. Pero estar allí, a pie de obra... Hay un momento posterior en el que todo esto se puede hacer con calma y en un contexto mucho más cómodo. El proceso de exhumación es de una emoción realmente intensa y en mi opinión no debería someterse a estas personas a la responsabilidad de identificar un objeto personal.
-Una vez localizada una fosa, ¿cuánto tiempo podrían prolongarse las labores de exhumación e identificación de los cadáveres?
-El trabajo de antropología es por definición lento. Por eso yo siempre digo que hay dos formas de hacer estas cosas: o rápido o bien.La cuestión es que nosotros vamos a optar por hacerlo bien aunque se demore un poco porque es mejor que tardemos dos meses más de lo que teníamos previsto que no que acabemos a tiempo por acelerar el proceso para que las familias tengan respuestas cuanto antes y que después cometamos errores y haya un caos tremendo para volver a identificar los cadáveres. Hay que trabajar sin prisa y sin ningún plazo previo de entrega. Pero la gente tiene que saber que se hará lo antes posible porque vamos a emplear al mayor número de profesionales en los trabajos y las herramientas más sofisticadas.
-En cuanto al análisis genético, ¿sólo se recurrirá a él en los casos más complejos o se utilizará el ADN para corroborar la identificación de todos los cadáveres?
-Pensamos hacer el ADN en la totalidad de los esqueletos como medida de seguridad. Lo que ocurre muchas veces es que dependiendo de cómo encontremos los restos óseos a veces el ADN está tan deteriorado que no se puede realizar. De hecho hay investigadores que exhumaron fosas en el sur de España y dicen que sólo pudieron identificar por ADN al 70% de las víctimas. Debemos tener claro que hay un porcentaje que depende también de la cualificación del laboratorio de genética y de la sofisticación de las técnicas que utilice, pero puede haber algún caso en el que no funcione este tipo de análisis y habrá que identificarlo únicamente con las técnicas antropológicas.{La decisión de la Xunta de ayudar a las familias de las víctimas acabará generalizándose a todas las administraciones
-La implicación de las Administraciones Públicas en este tema era algo que demandaban desde hace tiempo familias y asociaciones que trabajan por su cuenta en la exhumación de fosas de la Guerra Civil. ¿Por qué se ha tardado tanto en dar respuesta pública a esta demanda?
-Yo creo que son temas muy delicados y que necesitan primero una reflexión sobre si es positivo o no meterse en todo esto. Pero hay que pensar también que la ley en la que la Administración, en este caso la Xunta, se basa para actuar es una ley del 26 de diciembre de 2007, prácticamente antes de ayer. Antes de la promulgación de esa norma no había opción. Por eso creo que tampoco se ha tardado tanto en actuar.
-¿Espera que el ejemplo de la Xunta sea imitado por otras administraciones autonómicas?
-Yo me imagino que sí. Esto es como cualquier maquinaria, que tiene una inercia para empezar a moverse y una vez que se activa sirve para que el resto de zonas empiecen también a ponerse en movimiento. Acabará siendo una actitud general por parte de todas las administraciones.
_
Benito López de Abajo: ´Cada fosa es una caja de Pandora. Nadie ...
Benito López de Abajo: ´Cada fosa es una caja de Pandora. Nadie sabe qué nos vamos a encontrar´
"En Antropología hay dos formas de hacer las cosas: o rápido o bien. Nosotros vamos a optar por hacerlo bien aunque la identificación de los cadáveres tarde un poco más".
MÓNICA VÁZQUEZ. SANTIAGO.
-La Consellería de Cultura colaborará en la exhumación de fosas del franquismo a petición de los familiares de las víctimas. ¿Cuál será el papel del Imelga en este proceso?
-El Imelga se integrará en un equipo multidiscipinar asumiendo una parte concreta de la investigación. Una vez localizadas las fosas, la parte más callada y anónima del proceso que llevaron a cabo durante mucho tiempo los historiadores dirigidos por el profesor Lorenzo Fernández, el siguiente paso sería la entrada y exhumación de esas fosas en el que vamos a intervenir un equipo de arqueólogos y otro de médicos forenses. Este último va a estar dirigido por el jefe de la Unidad de Antropología Forense del Imelga, el doctor Fernando Serrulla, que será la cabeza visible y el jefe de operaciones del proyecto. ¿Nuestra labor? Pues participar en todas las tareas de exhumación de la fosa porque este proceso inicial para recuperar los esqueletos requiere hacerse con mucha minuciosidad ya que de él dependerá que todas las investigaciones que se hagan posteriormente sean mucho más fáciles.
-¿Se aleja mucho este tipo de trabajo de lo que suele ser el día a día de los médicos del Imelga?
-El Imelga tiene una unidad de Antropología Forense con una gran experiencia en este tipo de trabajos, tanto en el estudio antropológico de restos óseos como en las propias investigaciones en exhumaciones. Y aunque sin ese grado de especialización, todos los médicos forenses en algún momento han tenido experiencias en este tipo de exhumaciones bien sea porque se quería recuperar el cadáver de una persona enterrada en una fosa común porque se desconocía su identidad, o para hacer un estudio de paternidad muchos años después de enterrado. No son pruebas habituales pero sí estamos familiarizados con ellas.
-¿Cuál puede ser el principal obstáculo para poder identificar un cadáver enterrado hace tantos años y en estas circunstancias?
-A priori cada fosa es una caja de Pandora. Nadie puede precisar con exactitud con los que nos vamos a encontrar porque dependerá de múltiples factores. Del número de cadáveres que haya en cada fosa, del terreno en el que está ubicada, de la humedad, de los componentes minerales de la tierra... y todo eso va a variar la conservación de los tejidos óseos, favoreciendo o no el deterioro de los mismos. Ha habido ya alguna fosa en la que el tejido óseo e incluso el textil estaban bastante bien conservados pero en otras, debido incluso a movimientos del terreno, es probable que nos encontremos con muchos restos fragmentados lo que dificultará de gran manera la investigación forense.
-Arqueólogos e historiadores que han colaborado en exhumaciones de fosas de la Guerra Civil insisten en la importancia de la colaboración de vecinos y familiares en la investigación...
-Ese es precisamente el trabajo anónimo previo al que me refería antes. Es un trabajo de investigación que se basa en documentos históricos y en escuchar a testigos, familiares y a toda la gente relacionada con el suceso o que sabía o escuchó algo relacionado con lo que ocurrió allí. Ellos son los que realmente ayudan a identificar dónde está cada fosa y el número de cadáveres que puede haber.
-Y en el momento de la exhumación, ¿ese tipo de ayuda también es importante para el trabajo de identificación forense?
-No. Realmente la tarea de la exhumación es muy lenta por su propia naturaleza. Y si se hace mal esa primera fase, todo el trabajo posterior es un caos. Una vez abierta la fosa se cogen todos los objetos y restos óseos, se agrupan por proximidad de relación, se meten en cajas y en una segunda fase se envían al laboratorio, donde se prepara y se limpia todo el material. En ese momento sí sería apropiado que los familiares más directos viesen todos los objetos recogidos de la fosa para ayudar a la identificación. Pero estar allí, a pie de obra... Hay un momento posterior en el que todo esto se puede hacer con calma y en un contexto mucho más cómodo. El proceso de exhumación es de una emoción realmente intensa y en mi opinión no debería someterse a estas personas a la responsabilidad de identificar un objeto personal.
-Una vez localizada una fosa, ¿cuánto tiempo podrían prolongarse las labores de exhumación e identificación de los cadáveres?
-El trabajo de antropología es por definición lento. Por eso yo siempre digo que hay dos formas de hacer estas cosas: o rápido o bien.La cuestión es que nosotros vamos a optar por hacerlo bien aunque se demore un poco porque es mejor que tardemos dos meses más de lo que teníamos previsto que no que acabemos a tiempo por acelerar el proceso para que las familias tengan respuestas cuanto antes y que después cometamos errores y haya un caos tremendo para volver a identificar los cadáveres. Hay que trabajar sin prisa y sin ningún plazo previo de entrega. Pero la gente tiene que saber que se hará lo antes posible porque vamos a emplear al mayor número de profesionales en los trabajos y las herramientas más sofisticadas.
-En cuanto al análisis genético, ¿sólo se recurrirá a él en los casos más complejos o se utilizará el ADN para corroborar la identificación de todos los cadáveres?
-Pensamos hacer el ADN en la totalidad de los esqueletos como medida de seguridad. Lo que ocurre muchas veces es que dependiendo de cómo encontremos los restos óseos a veces el ADN está tan deteriorado que no se puede realizar. De hecho hay investigadores que exhumaron fosas en el sur de España y dicen que sólo pudieron identificar por ADN al 70% de las víctimas. Debemos tener claro que hay un porcentaje que depende también de la cualificación del laboratorio de genética y de la sofisticación de las técnicas que utilice, pero puede haber algún caso en el que no funcione este tipo de análisis y habrá que identificarlo únicamente con las técnicas antropológicas.{La decisión de la Xunta de ayudar a las familias de las víctimas acabará generalizándose a todas las administraciones
-La implicación de las Administraciones Públicas en este tema era algo que demandaban desde hace tiempo familias y asociaciones que trabajan por su cuenta en la exhumación de fosas de la Guerra Civil. ¿Por qué se ha tardado tanto en dar respuesta pública a esta demanda?
-Yo creo que son temas muy delicados y que necesitan primero una reflexión sobre si es positivo o no meterse en todo esto. Pero hay que pensar también que la ley en la que la Administración, en este caso la Xunta, se basa para actuar es una ley del 26 de diciembre de 2007, prácticamente antes de ayer. Antes de la promulgación de esa norma no había opción. Por eso creo que tampoco se ha tardado tanto en actuar.
-¿Espera que el ejemplo de la Xunta sea imitado por otras administraciones autonómicas?
-Yo me imagino que sí. Esto es como cualquier maquinaria, que tiene una inercia para empezar a moverse y una vez que se activa sirve para que el resto de zonas empiecen también a ponerse en movimiento. Acabará siendo una actitud general por parte de todas las administraciones.
_
Azaña contra la guerra
_
Azaña contra la guerra
SANTOS JULIÁ
Santos Juliá publica 'Vida y tiempo de Manuel Azaña' (Taurus), una biografía del presidente de la II República, de la que se reproducen extractos sobre sus intentos de paz para España
En agosto de 1936, cuando se hizo patente la crueldad de la guerra; en noviembre, cuando tuvo que aceptar a los sindicalistas en el Gobierno; pero también en mayo de 1937, cuando reconoce que su moral se ha quebrantado; y en marzo, y otra vez en agosto de 1938, cuando es ya evidente la imposibilidad de triunfo, [Azaña] siente la tentación de abandono, pero siempre la rechaza. Y esto es lo que necesita explicación, que haya permanecido en la presidencia; no el abatimiento, la repugnancia, la indignación, el horror o el miedo que le produce ser testigo de la destrucción y la muerte y del derrumbe del Estado republicano, que él había identificado con la libertad y el imperio de la ley, sino que, sintiendo todo eso como una quiebra de lo que él era y representaba, permaneciera en la presidencia.
La decisión franco-británica de no intervenir en la guerra de España fue apuñalar a la democracia
Quedarse no fue lo normal entre quienes pensaron que la guerra había escindido a los españoles en dos bandos irreconciliables y que nada tenían que hacer en esa lucha. Desde septiembre de 1936 era evidente que la República no estaba ante un pronunciamiento tradicional, sino ante una rebelión militar que, adueñándose sólo de una parte del territorio, había desencadenado una contrarrevolución y una revolución e iniciado una guerra larga en el tiempo e incierta en el resultado. Muchos, y muy cercanos a Azaña por su biografía, su formación, sus gustos y su clase social, no se sintieron capaces de optar por la rebelión ni por la defensa de aquella República y abandonaron la partida, algunos con la pretensión de situarse en una ilusoria tercera España que no sería la de los rebeldes ni la de los leales, sino una especie de reserva para el futuro.
Azaña no sólo permanece en su cargo, sino que, cuando oye que España se ha dividido en dos bandos feroces, que ninguno de ellos podrá ganar y que algún día, cuando así se reconozca, se encargarán de gobernar los que se mantienen lejos, siente que le penetra "el espíritu intransigente del miliciano", como dice el médico Lluch a un amigo que encuentra en París.
(...) Con el relato de aquellos días inició Azaña lo que, en el exilio, denominará Cuaderno de La Pobleta, añadiendo el subtítulo: Memorias políticas y de guerra. En realidad, no había tal cuaderno, sino hojas con membrete de la presidencia, en las que fue dejando los testimonios de largas conversaciones con Fernando de los Ríos y Diego Martínez Barrio, con José Díaz y Dolores Ibárruri, con Pedro Corominas, Carles Pi i Sunyer o Lluis Companys; recibe con mucha frecuencia a Negrín, Prieto y Giral, pero habla también largamente con el agustino Isidoro Martín, que le da la ocasión de rememorar el pasado, o con Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo, que le habla de los horribles sucesos de la cárcel Modelo.
Durante estos meses de 1937 es todo lo contrario de un presidente amortizado, como dirá de sí mismo más adelante, aunque su presencia en actos públicos es mínima y no se le ocurre que tal vez un presidente de la República tendría que hacerse más visible a los soldados, a la gente, salir a la calle, ir a los hospitales, visitar los frentes. Lo que escribe, en entradas que a veces ocupan varias páginas, es el diario de un infatigable conversador, de alguien que recuerda el pasado, disecciona el presente y trata de convencer a sus interlocutores de las vías para abrir un futuro; no es ya el diario de un hombre de acción, de alguien que quiere construir un Estado y rehacer una sociedad. Lo que él es ya está echado a las espaldas; ahora ha tocado en el fondo de la nada y quiere únicamente dejar testimonio de la palabra dicha para encontrar un camino de salida a la destrucción que le rodea.
(...) En todo caso, lo que deseaba Azaña era que al nuevo Gobierno [de Negrín], con el que se reunió enseguida, le acompañara el acierto. Para comenzar, insistió en sus dos máximas preocupaciones: defensa en el interior, no perder la guerra en el exterior; consolidar la autoridad en materia de orden público y de guerra y buscar la mediación internacional. Lo primero exigía restablecer en Cataluña la autoridad del Gobierno, respetando y haciendo cumplir el estatuto de autonomía, que en la práctica había dejado de regir las relaciones entre la Generalitat y el Estado; lo segundo exigía establecer como base de la política exterior el axioma de que "la guerra no puede desenlazarse a nuestro favor por la fuerza de las armas". Había que preparar políticamente el desenlace de la guerra, empezando por los medios que pudieran alterar la situación a favor de la República: la retirada de extranjeros, que podría ir acompañada de acuerdos entre las potencias. El Gobierno, sin necesidad de firmar tales acuerdos, permitiría la presencia de comisiones de neutrales para comprobar la retirada y la suspensión de hostilidades. Conseguido este objetivo, el cansancio de la gente haría todo lo demás: sería muy fácil no reanudarlas.
Azaña expresaba así de nuevo el único propósito que le mantenía en la presidencia de la República. Por supuesto, en cuestiones de política internacional, jamás se había hecho ilusiones, y a partir del comienzo de la guerra, menos que nunca: cada cual actuaba según le dictaban sus intereses, y la República, como ya era el caso en 1931, carecía de una poderosa escuadra para que su voz se tuviera en cuenta en la Sociedad de Naciones o en las cancillerías de las grandes potencias. "Como no tenemos una gran escuadra, de poco sirve tener razón", escribe en su diario el 9 de octubre. Desde el primer momento consideró la política de no intervención y la actitud de la Sociedad de Naciones como un crimen, el peor cometido en Europa desde el reparto de Polonia; como una puñalada en la espalda juzgó en varias ocasiones la política franco-británica. "Nuestro mayor enemigo", escribió, es el Gobierno británico. Con todo, nunca cejó en sus iniciativas para que Reino Unido y Francia intervinieran en la guerra española. Y como nunca creyó en la suficiencia de los motivos humanitarios, todo su esfuerzo se dirigió a convencer a los Gobiernos británico y francés de que su propio interés consistía en levantar el embargo de armas, primero, y en imponer un fin negociado, después. Se aferró contra toda esperanza a dos firmes convicciones: la primera, que Francia y Reino Unido no podían permitir en España el triunfo de los rebeldes sostenidos por Italia y Alemania; la segunda, que si Italia y Alemania así lo decidían, Franco no tendría más remedio que suspender las hostilidades. Siempre estimó en poco menos que nada las posibilidades de Franco para continuar la guerra si alemanes e italianos le obligaban a sentarse en una mesa de negociación.
A pesar de los obstáculos con los que muy pronto tropezó su propuesta, llegó a creer que la paz acabaría por abrirse paso y, aprovechando que en círculos católicos y en cancillerías europeas se hablaba de la posibilidad de una "pacificación", tomó de nuevo la palabra para dar unos cuantos aldabonazos ante la Sociedad de Naciones y el Comité de Londres. En su segundo discurso de guerra, pronunciado en la Universidad de Valencia, por indicación del Gobierno, el 18 de julio de 1937, cuando se cumplía el primer aniversario de una rebelión que "se habría agotado" si las "potencias extranjeras" no hubieran sostenido una "invasión clandestina contra la República española". Es este nuevo carácter que ha tomado la guerra, continuación de la serie de invasiones padecidas por España en los dos últimos siglos, lo que Azaña sitúa en el centro de su discurso con el evidente propósito de emplazar a la Sociedad de Naciones al cumplimiento de sus obligaciones y denunciar la idea falsa sobre la que está fundado el Comité de Londres y el equívoco bajo el que funciona: sus resultados no pueden ser otros que el derecho pisoteado y la fuerza satisfecha.
Insistiendo, como siempre, en el alcance internacional de la guerra, Azaña no olvida su origen español ni pasa por alto que España, "cuyas seis letras sonoras restallan hoy en nuestra alma como un grito de guerra y mañana con una exclamación de júbilo y paz", es el territorio en que se lucha. (...) Su discurso de Valencia, en la parte que afecta al interior, además de celebrar que el pueblo español y los Gobiernos de la República hayan puesto en pie un verdadero ejército, prosigue esta permanente meditación: "Ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario". Los españoles, el día en que por fin alumbre la paz, tendrán que habituarse a la idea "que podrá ser tremenda, pero que es inexcusable" de que, por mucho que se maten unos a otros, "siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca". Él, por su parte, se opondrá, dondequiera que esté, a que "nuestro país, el día de la paz, pueda entrar nunca en un rapto de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento desquite".
(...) Es claro que sus amigos en el Gobierno no concedían un interés prioritario a la búsqueda de ocasiones para explorar las posibilidades de un compromiso. La guerra seguía su curso, el ejército se había reconstruido, los enemigos, después de conquistar todo el norte, no avanzaban. En estas circunstancias, Azaña decide emprender "una excursión" a Madrid. En la carretera de Vicálvaro pasa revista a las tropas: "Qué raza", le dice a Negrín. "Es un dolor". Y "con la pesadumbre de Madrid gravitando sobre (su) alma", pronuncia en el Ayuntamiento otro discurso, el tercero en lo que iba de guerra. En el viaje comprueba, para su sorpresa, que Negrín mantiene una "confianza cerrada voluntariamente a toda duda". Esa seguridad le resulta todavía más llamativa en un hombre con formación intelectual. Los intelectuales dudan porque son incapaces de ocultar a su inteligencia aquellos aspectos de la realidad que se resisten a su acción. Pero Negrín, que es un intelectual, rebosa confianza: la tranquila energía que en él percibió y que le movió a confiarle la presidencia del Gobierno se ha convertido en una "tranquila audacia" que se asienta en una manera de enfrentarse a los problemas que a Azaña le parece sorprendente: cerrarse a la duda por un ejercicio de la voluntad. De momento, su observación no va más allá, pero no es casual que contraste esta seguridad con la visión de Madrid como un degolladero por el que la ciudad se desangra; una ciudad en la que se ha instalado la guerra, en la que los pobres combatientes, agazapados en el barro, acechan.
(...) ¿Azaña, prisionero de Negrín? Ciertamente, las relaciones entre los dos presidentes se habían deteriorado hasta un punto inimaginable antes de la caída de Teruel, pero sus posiciones políticas, aunque divergían en sus metas inmediatas, eran cada una a su manera fiel reflejo del callejón sin salida en el que progresivamente se encerraba la política republicana en su conjunto, al necesitar ambas un punto de apoyo exterior que ni Francia ni el Reino Unido estaban dispuestos a proporcionar. Azaña pretendía poner fin inmediato a la guerra en la confianza de que una enérgica acción franco-británica obligaría a alemanes e italianos a retirarse y, de rechazo, a Franco a negociar; confianza siempre ilusoria, pero mucho más tras el reconocimiento de facto por los británicos de la soberanía de Italia sobre Etiopía en abril de 1938. La resistencia preconizada por Negrín descansaba en la confianza, no menos ilusoria, de que una victoria, si era grande, cambiaría el curso de la guerra porque produciría el desistimiento de sus aliados y situaría a Franco en una posición difícil ante alemanes e italianos.
(...) Negrín, que manejaba, porque los servicios de espionaje se los habían entregado, los resúmenes de unas conferencias sostenidas por Azaña con su cuñado y con Prieto, cree que "ése" (el presidente de la República) "no merece ninguna consideración", y estaba decidido a darle una lección: "¿Sabe lo que le digo?", preguntó a Zugazagoitia: "Que vamos a ganar la guerra militarmente". Ésa es la lección que va a dar Negrín y es esa seguridad en el triunfo lo que Azaña no soporta por más tiempo, lo que hace cada más violentos los encuentros entre los dos presidentes.
Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940, de Santos Juliá. Editorial Taurus. 22 euros. En librerías a partir del 26 de noviembre.
_
Azaña contra la guerra
SANTOS JULIÁ
Santos Juliá publica 'Vida y tiempo de Manuel Azaña' (Taurus), una biografía del presidente de la II República, de la que se reproducen extractos sobre sus intentos de paz para España
En agosto de 1936, cuando se hizo patente la crueldad de la guerra; en noviembre, cuando tuvo que aceptar a los sindicalistas en el Gobierno; pero también en mayo de 1937, cuando reconoce que su moral se ha quebrantado; y en marzo, y otra vez en agosto de 1938, cuando es ya evidente la imposibilidad de triunfo, [Azaña] siente la tentación de abandono, pero siempre la rechaza. Y esto es lo que necesita explicación, que haya permanecido en la presidencia; no el abatimiento, la repugnancia, la indignación, el horror o el miedo que le produce ser testigo de la destrucción y la muerte y del derrumbe del Estado republicano, que él había identificado con la libertad y el imperio de la ley, sino que, sintiendo todo eso como una quiebra de lo que él era y representaba, permaneciera en la presidencia.
La decisión franco-británica de no intervenir en la guerra de España fue apuñalar a la democracia
Quedarse no fue lo normal entre quienes pensaron que la guerra había escindido a los españoles en dos bandos irreconciliables y que nada tenían que hacer en esa lucha. Desde septiembre de 1936 era evidente que la República no estaba ante un pronunciamiento tradicional, sino ante una rebelión militar que, adueñándose sólo de una parte del territorio, había desencadenado una contrarrevolución y una revolución e iniciado una guerra larga en el tiempo e incierta en el resultado. Muchos, y muy cercanos a Azaña por su biografía, su formación, sus gustos y su clase social, no se sintieron capaces de optar por la rebelión ni por la defensa de aquella República y abandonaron la partida, algunos con la pretensión de situarse en una ilusoria tercera España que no sería la de los rebeldes ni la de los leales, sino una especie de reserva para el futuro.
Azaña no sólo permanece en su cargo, sino que, cuando oye que España se ha dividido en dos bandos feroces, que ninguno de ellos podrá ganar y que algún día, cuando así se reconozca, se encargarán de gobernar los que se mantienen lejos, siente que le penetra "el espíritu intransigente del miliciano", como dice el médico Lluch a un amigo que encuentra en París.
(...) Con el relato de aquellos días inició Azaña lo que, en el exilio, denominará Cuaderno de La Pobleta, añadiendo el subtítulo: Memorias políticas y de guerra. En realidad, no había tal cuaderno, sino hojas con membrete de la presidencia, en las que fue dejando los testimonios de largas conversaciones con Fernando de los Ríos y Diego Martínez Barrio, con José Díaz y Dolores Ibárruri, con Pedro Corominas, Carles Pi i Sunyer o Lluis Companys; recibe con mucha frecuencia a Negrín, Prieto y Giral, pero habla también largamente con el agustino Isidoro Martín, que le da la ocasión de rememorar el pasado, o con Mariano Gómez, presidente del Tribunal Supremo, que le habla de los horribles sucesos de la cárcel Modelo.
Durante estos meses de 1937 es todo lo contrario de un presidente amortizado, como dirá de sí mismo más adelante, aunque su presencia en actos públicos es mínima y no se le ocurre que tal vez un presidente de la República tendría que hacerse más visible a los soldados, a la gente, salir a la calle, ir a los hospitales, visitar los frentes. Lo que escribe, en entradas que a veces ocupan varias páginas, es el diario de un infatigable conversador, de alguien que recuerda el pasado, disecciona el presente y trata de convencer a sus interlocutores de las vías para abrir un futuro; no es ya el diario de un hombre de acción, de alguien que quiere construir un Estado y rehacer una sociedad. Lo que él es ya está echado a las espaldas; ahora ha tocado en el fondo de la nada y quiere únicamente dejar testimonio de la palabra dicha para encontrar un camino de salida a la destrucción que le rodea.
(...) En todo caso, lo que deseaba Azaña era que al nuevo Gobierno [de Negrín], con el que se reunió enseguida, le acompañara el acierto. Para comenzar, insistió en sus dos máximas preocupaciones: defensa en el interior, no perder la guerra en el exterior; consolidar la autoridad en materia de orden público y de guerra y buscar la mediación internacional. Lo primero exigía restablecer en Cataluña la autoridad del Gobierno, respetando y haciendo cumplir el estatuto de autonomía, que en la práctica había dejado de regir las relaciones entre la Generalitat y el Estado; lo segundo exigía establecer como base de la política exterior el axioma de que "la guerra no puede desenlazarse a nuestro favor por la fuerza de las armas". Había que preparar políticamente el desenlace de la guerra, empezando por los medios que pudieran alterar la situación a favor de la República: la retirada de extranjeros, que podría ir acompañada de acuerdos entre las potencias. El Gobierno, sin necesidad de firmar tales acuerdos, permitiría la presencia de comisiones de neutrales para comprobar la retirada y la suspensión de hostilidades. Conseguido este objetivo, el cansancio de la gente haría todo lo demás: sería muy fácil no reanudarlas.
Azaña expresaba así de nuevo el único propósito que le mantenía en la presidencia de la República. Por supuesto, en cuestiones de política internacional, jamás se había hecho ilusiones, y a partir del comienzo de la guerra, menos que nunca: cada cual actuaba según le dictaban sus intereses, y la República, como ya era el caso en 1931, carecía de una poderosa escuadra para que su voz se tuviera en cuenta en la Sociedad de Naciones o en las cancillerías de las grandes potencias. "Como no tenemos una gran escuadra, de poco sirve tener razón", escribe en su diario el 9 de octubre. Desde el primer momento consideró la política de no intervención y la actitud de la Sociedad de Naciones como un crimen, el peor cometido en Europa desde el reparto de Polonia; como una puñalada en la espalda juzgó en varias ocasiones la política franco-británica. "Nuestro mayor enemigo", escribió, es el Gobierno británico. Con todo, nunca cejó en sus iniciativas para que Reino Unido y Francia intervinieran en la guerra española. Y como nunca creyó en la suficiencia de los motivos humanitarios, todo su esfuerzo se dirigió a convencer a los Gobiernos británico y francés de que su propio interés consistía en levantar el embargo de armas, primero, y en imponer un fin negociado, después. Se aferró contra toda esperanza a dos firmes convicciones: la primera, que Francia y Reino Unido no podían permitir en España el triunfo de los rebeldes sostenidos por Italia y Alemania; la segunda, que si Italia y Alemania así lo decidían, Franco no tendría más remedio que suspender las hostilidades. Siempre estimó en poco menos que nada las posibilidades de Franco para continuar la guerra si alemanes e italianos le obligaban a sentarse en una mesa de negociación.
A pesar de los obstáculos con los que muy pronto tropezó su propuesta, llegó a creer que la paz acabaría por abrirse paso y, aprovechando que en círculos católicos y en cancillerías europeas se hablaba de la posibilidad de una "pacificación", tomó de nuevo la palabra para dar unos cuantos aldabonazos ante la Sociedad de Naciones y el Comité de Londres. En su segundo discurso de guerra, pronunciado en la Universidad de Valencia, por indicación del Gobierno, el 18 de julio de 1937, cuando se cumplía el primer aniversario de una rebelión que "se habría agotado" si las "potencias extranjeras" no hubieran sostenido una "invasión clandestina contra la República española". Es este nuevo carácter que ha tomado la guerra, continuación de la serie de invasiones padecidas por España en los dos últimos siglos, lo que Azaña sitúa en el centro de su discurso con el evidente propósito de emplazar a la Sociedad de Naciones al cumplimiento de sus obligaciones y denunciar la idea falsa sobre la que está fundado el Comité de Londres y el equívoco bajo el que funciona: sus resultados no pueden ser otros que el derecho pisoteado y la fuerza satisfecha.
Insistiendo, como siempre, en el alcance internacional de la guerra, Azaña no olvida su origen español ni pasa por alto que España, "cuyas seis letras sonoras restallan hoy en nuestra alma como un grito de guerra y mañana con una exclamación de júbilo y paz", es el territorio en que se lucha. (...) Su discurso de Valencia, en la parte que afecta al interior, además de celebrar que el pueblo español y los Gobiernos de la República hayan puesto en pie un verdadero ejército, prosigue esta permanente meditación: "Ninguna política se puede fundar en la decisión de exterminar al adversario". Los españoles, el día en que por fin alumbre la paz, tendrán que habituarse a la idea "que podrá ser tremenda, pero que es inexcusable" de que, por mucho que se maten unos a otros, "siempre quedarán bastantes, y los que queden tienen necesidad y obligación de seguir viviendo juntos para que la nación no perezca". Él, por su parte, se opondrá, dondequiera que esté, a que "nuestro país, el día de la paz, pueda entrar nunca en un rapto de enajenación por las vías del odio, de la venganza, del sangriento desquite".
(...) Es claro que sus amigos en el Gobierno no concedían un interés prioritario a la búsqueda de ocasiones para explorar las posibilidades de un compromiso. La guerra seguía su curso, el ejército se había reconstruido, los enemigos, después de conquistar todo el norte, no avanzaban. En estas circunstancias, Azaña decide emprender "una excursión" a Madrid. En la carretera de Vicálvaro pasa revista a las tropas: "Qué raza", le dice a Negrín. "Es un dolor". Y "con la pesadumbre de Madrid gravitando sobre (su) alma", pronuncia en el Ayuntamiento otro discurso, el tercero en lo que iba de guerra. En el viaje comprueba, para su sorpresa, que Negrín mantiene una "confianza cerrada voluntariamente a toda duda". Esa seguridad le resulta todavía más llamativa en un hombre con formación intelectual. Los intelectuales dudan porque son incapaces de ocultar a su inteligencia aquellos aspectos de la realidad que se resisten a su acción. Pero Negrín, que es un intelectual, rebosa confianza: la tranquila energía que en él percibió y que le movió a confiarle la presidencia del Gobierno se ha convertido en una "tranquila audacia" que se asienta en una manera de enfrentarse a los problemas que a Azaña le parece sorprendente: cerrarse a la duda por un ejercicio de la voluntad. De momento, su observación no va más allá, pero no es casual que contraste esta seguridad con la visión de Madrid como un degolladero por el que la ciudad se desangra; una ciudad en la que se ha instalado la guerra, en la que los pobres combatientes, agazapados en el barro, acechan.
(...) ¿Azaña, prisionero de Negrín? Ciertamente, las relaciones entre los dos presidentes se habían deteriorado hasta un punto inimaginable antes de la caída de Teruel, pero sus posiciones políticas, aunque divergían en sus metas inmediatas, eran cada una a su manera fiel reflejo del callejón sin salida en el que progresivamente se encerraba la política republicana en su conjunto, al necesitar ambas un punto de apoyo exterior que ni Francia ni el Reino Unido estaban dispuestos a proporcionar. Azaña pretendía poner fin inmediato a la guerra en la confianza de que una enérgica acción franco-británica obligaría a alemanes e italianos a retirarse y, de rechazo, a Franco a negociar; confianza siempre ilusoria, pero mucho más tras el reconocimiento de facto por los británicos de la soberanía de Italia sobre Etiopía en abril de 1938. La resistencia preconizada por Negrín descansaba en la confianza, no menos ilusoria, de que una victoria, si era grande, cambiaría el curso de la guerra porque produciría el desistimiento de sus aliados y situaría a Franco en una posición difícil ante alemanes e italianos.
(...) Negrín, que manejaba, porque los servicios de espionaje se los habían entregado, los resúmenes de unas conferencias sostenidas por Azaña con su cuñado y con Prieto, cree que "ése" (el presidente de la República) "no merece ninguna consideración", y estaba decidido a darle una lección: "¿Sabe lo que le digo?", preguntó a Zugazagoitia: "Que vamos a ganar la guerra militarmente". Ésa es la lección que va a dar Negrín y es esa seguridad en el triunfo lo que Azaña no soporta por más tiempo, lo que hace cada más violentos los encuentros entre los dos presidentes.
Vida y tiempo de Manuel Azaña 1880-1940, de Santos Juliá. Editorial Taurus. 22 euros. En librerías a partir del 26 de noviembre.
_
La última palabra de Juan Negrín
_
La última palabra de Juan Negrín
NATALIA JUNQUERA -
EL PAÍS accede a los archivos inéditos del jefe de Gobierno de la II República
Le atacaron los vencedores y también los vencidos. Le llamaron desde el Churchill español a vendido a la URSS. Medio siglo después de su muerte, Juan Negrín habla desde el archivo de quien fue el último jefe de Gobierno de la II República
Hace 52 años murió en París un hombre tan deprimido que pidió que en su lápida no escribieran su nombre. Se llamaba Juan Negrín López y había sido el último jefe de Gobierno de la II República española. Sólo su hijo Rómulo y dos amigos íntimos asistieron al entierro. Nadie más acudió porque aquel hombre derrotado que quiso pasar eternamente desapercibido también había dado instrucciones a su familia para que esperara 48 horas antes de comunicar su fallecimiento. En su casa, el dirigente republicano más controvertido había dejado a medias unas memorias iniciadas muchos años atrás, y decenas de documentos que desmontaban muchas de las leyendas negras que vencedores y vencidos habían vertido sobre él y que provocaron su expulsión del partido socialista. Su nieta, Carmen Negrín, ha enseñado a EL PAÍS ese archivo con dos condiciones: que no se revele la ciudad donde está -"Por razones de seguridad. Podrían venir a robarlo, o a quemarlo, quién sabe"- y que la referencia sea Archivo J. N. L. "Sólo J. N. L.", insistió. Son las tres únicas letras que se leen en la lápida de Juan Negrín López.
En los mapas de guerra que recibía cada día desde el frente leyó la lenta agonía del ejército republicano
Entre la documentación, figuran los juicios a desertores y cartas de sus padres pidiendo que les perdonen la vida
Murió sin terminar un capítulo de sus memorias titulado "La famosa cuestión del envío del oro"
Rechazó un cuadro de Picasso por demasiado moderno, pero quiso aprender chino y árabe, "los idiomas del futuro"
En el sótano de una casa de varios pisos, bajando unas escaleras y al final de unas galerías abovedadas que recuerdan a los refugios de guerra de las películas, cerrado con llave, está el Archivo J. N. L. Hay múltiples paquetes de documentos. Uno atado con un lazo de los colores de la República en el que se lee "Reservado". Otros muchos envueltos en papel de periódico de 1939. Dentro, documentación oficial, correspondencia personal, textos y fotografías que Juan Negrín (Las Palmas, 1892-París, 1956) quiso conservar durante toda su vida. Y cientos de libros: en idiomas muy diferentes -"El abuelo hablaba diez", presume Carmen Negrín. "Cuando murió, en 1956, estaba aprendiendo chino y árabe porque decía que eran los idiomas del porvenir", añade-. Los libros no son novelas. Hay decenas de tomos sobre Política exterior en la prensa franquista, espionaje y manuales para traducir mensajes cifrados -"De pequeños, a mi hermano y a mí nos fascinaban las historias de tinta invisible que nos contaba"-.
Y entre todo eso, documentos que prueban que el envío del oro de la República a Moscú no fue un capricho de Negrín para complacer a los rusos, como le acusó un sector del partido socialista, sino una decisión del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 1936. O que aquel esfuerzo titánico, nunca comprendido por su ministro de Defensa, Indalecio Prieto, de resistir hasta el final de la guerra, obedecía a la información que le transmitían desde Alemania antiguos compañeros de estudios sobre la inminencia de una Segunda Guerra Mundial y su convencimiento de que, en esa lucha de las democracias contra el fascismo, las potencias que no habían querido ayudarle a luchar contra Franco, convertidas en aliadas, les harían vencedores.
Su nieta, Carmen Negrín, se jubiló prematuramente sólo para entrar en ese archivo, empezar a leer y descubrir al hombre de Estado que había sido "el abuelo" -"De pequeña, oía que la gente que venía a casa le decía 'señor presidente', y yo pensaba, ¿presidente de qué?"-. Está decidida a rehabilitar la figura de su abuelo -"Era una persona tan diferente de lo que se ha dicho de él..."- , y concluir la tarea que dejó a medias; recordar, sin elipsis malintencionadas, cada paso que dio como último jefe de Gobierno de la República, y publicar, sin interferencias, de su puño y letra, las memorias en las que Juan Negrín explica los motivos que le llevaron a tomar unas decisiones y descartar otras.
Carmen confiesa que aún no ha sido capaz de ver todos los documentos. No sólo por el volumen del archivo. "Es difícil leer a posteriori, sabiendo el final. Sabiendo que termina mal. Inevitablemente, te pones en el lugar de las personas que le escribían y de él mismo. Y es duro. Hay unas cartas dramáticas del presidente del Gobierno vasco diciéndole que se han quedado aislados y que necesitan gente, armas, dinero, comida... en un momento en que ya era imposible satisfacerle. Hay expedientes a desertores, para los que sólo había un castigo, plagados de notas al margen del abuelo, intentando, estoy segura, salvarles la vida, porque para entonces ya sabría que la guerra iba a terminar y no tenía sentido matar a más gente. Probablemente haya personas que piensen que sus familiares murieron heroicamente en el frente, cuando fueron juzgados como traidores por haber intentado huir. Tendrán que afrontar eso. El abuelo debió de sufrir mucho. Él era médico. Un hombre de vida, no de muerte".
Antes de ingresar en el PSOE, en 1929, y ser diputado durante tres legislaturas, Juan Negrín había sido un brillante científico, maestro del Premio Nobel Severo Ochoa. Le esperaba una prometedora carrera como investigador, una vida cómoda. Pero eligió otra. Nunca tendría tiempo de disfrutar de esa vocación política. Llegó muy lejos en muy poco tiempo: fue ministro de Hacienda, de Defensa y jefe del Gobierno, pero lo fue al principio, durante y al final de la Guerra Civil, lo que convirtió para siempre al doctor Negrín en el retrato del gran perdedor de la contienda.
Su archivo personal es la historia de esa derrota. Contiene los mapas de la guerra que recibía cada día desde los frentes de batalla. Hechos en papel cebolla, a color y con la aplicación de un estudiante de matrícula de honor, son estéticamente tan hermosos como dramáticos, porque en ellos el jefe del Gobierno republicano sólo pudo leer el avance de las tropas franquistas, la evolución de una lenta agonía. En ese archivo, figuran también los telegramas que jamás sirvieron para dar una buena noticia. Como éste: "Resultado de los bombardeos hasta las 17.30. Sitios donde han caído bombas: calle Nueva de la Rambla 98. Paseo de San Juan frente al 104. Hotel Colón. Banco Comercial. Paseo de Gracia. Calle de Talleres. Calle de la Provenza 365 y 380. Plaza de Tetuán. Paseo de Gracia frente al Socorro Rojo, Balmes entre Diputación y Cortes. Cortes entre Rambla de Cataluña y Balmes. Calle de Bárbara Chaflán. San Ramón. Teatro Novedades. Los muertos y heridos, sin contar los del último bombardeo, son 270 muertos y 350 heridos. Posteriormente dicen hasta la hora presente hay 400 muertos. 17 de marzo 1938".
Recibía varias veces al día telegramas con la relación de víctimas. Concretamente, éste venía acompañado por fotografías de los cadáveres de un grupo de niños que murieron en un bombardeo antes de que les terminaran de salir los dientes; una de esas fotos se reproduce en estas páginas.
Hay informes a diario de los bombardeos. En ellos se ve la desproporción de fuerzas entre los dos ejércitos y sus apoyos. "Por eso es tan difícil de leer", explica Carmen Negrín. "Se ve la esperanza que había al principio, la voluntad de resistir... y documento a documento, cómo ese espacio para la resistencia se va achicando y achicando...".
Prieto atribuyó el empecinamiento de Negrín en resistir a toda costa los ataques de un ejército abismalmente superior a una mano negra que le manejaba desde la URSS, y dedicó los años que siguieron a extender esa tesis hasta provocar la expulsión de Negrín del partido socialista en 1946. Hace apenas cuatro meses el PSOE lo reintegró simbólicamente en sus filas en su 37º congreso.
"Prieto promovió la división entre socialistas", asegura Carmen Negrín. "Expulsarle del partido fue una pequeña mezquindad por su parte. [Negrín] nunca habló mal de él, pero sí con dolor. Le hizo muchísimo daño y lo comprendí muchos años después, cuando leí las cartas que intercambiaron, en las que el abuelo intenta explicarle, hacer que entendiera por qué lo destituyó como ministro. No fue posible. Prieto rehuyó siempre el diálogo". "Algunas de esas cartas llegaron a los campos de refugiados y debieron desmoralizar mucho a la gente".
En sus memorias, Juan Negrín dedica varios capítulos a Prieto, su mentor, y a la mentira de la que éste se había convencido. Algunos no llegó a escribirlos, pero los dejó enunciados, en una especie de cuestionario elaborado en tercera persona que él mismo debía ir contestando: "Como presidente del Consejo y ministro de Defensa, cuáles fueron sus relaciones con los rusos", se titula uno. "Relevo de Prieto en el Gobierno", dice otro.
"Esfuerzos para intentar evitar la ruptura con Prieto". "Relación con los comunistas bajo la presidencia...".
En aquellas memorias que no terminó, Juan Negrín quería explicar, ante todo, que sus decisiones, equivocadas o no, habían sido autónomas. Que los rusos fueron, en aquel momento, los únicos dispuestos a ayudar. Que envió a su hombre de confianza, el prestigioso médico Rafael Méndez, a comprar armas a EE UU, sin éxito. Que pidió ayuda a Inglaterra y tampoco se la dieron. Que sólo Francia prestó un poco de ayuda al principio. "Ninguno fue muy valiente", explica su nieta. "Inglaterra pensaba que satisfaciendo a Alemania tendrían tranquilidad, cuando Alemania, como sabemos, era insaciable. Inglaterra sacrificó a España con ese temor. Fue una cobardía que luego les saldría muy cara. México estaba dispuesto a aceptar el oro de la República pero estaba muy lejos y era peligroso. Rusia era la única opción". Hacían falta armas y comida. Se gastó todo. De hecho, el último envío de ayuda de Rusia es ya un préstamo. No fue a cambio de oro. "Y a los rusos también hay mucho que reprocharles porque marcaban un precio muy por encima del mercado a cambio de aviones viejos. El abuelo lo sabía".
Lo sabía y empezó a escribirlo en sus memorias, aunque nunca terminara un capítulo que él mismo había titulado "La famosa cuestión del envío del oro. Destruir la leyenda de que todavía hay en Rusia un tesoro de la República". Y otro que prometía: "Caso Nin, que es el que más se ha explotado para decir que la justicia comunista tenía cheque en blanco del Gobierno". Según su nieta, en él Negrín relata cómo le habían hecho creer que a Nin "ya lo habían liberado cuando ya lo habían asesinado, en contra de su voluntad y de sus órdenes".
En ese índice de temas que Negrín pretendía abordar también se incluye "Viajes, en lo que quepa ser revelado a Moscú, París", "Posibilidades de una política de resistencia en la zona centro después de la pérdida de Cataluña" o "Cómo reconstruir la democracia en España". Negrín tenía ya el visto bueno de una editorial americana para publicarlas, pero quería hacerlo después de su muerte. Será su nieta quien lo haga "próximamente".
De momento, el Archivo J. N. L. ya ha iniciado el viaje de regreso a España, como parte del proceso de rehabilitación de la figura de Negrín. El cabildo de Las Palmas ha cedido un antiguo cuartel militar para convertirlo en un museo dedicado a su memoria. "Hemos empezado a digitalizar todo el material para enviarlo allí y que pueda ser consultado", explica Carmen Negrín. "Me gustaría que el centro tuviera un par de habitaciones para que los investigadores puedan quedarse a dormir mientras trabajan. Son miles de documentos. Necesitarán tiempo". Hasta ahora, sólo historiadores como Gabriel Jackson o Ángel Viñas han podido acceder a algunas partes de ese archivo antes de escribir sus libros sobre la Guerra Civil o la Segunda República.
El archivo revela que la gran preocupación de Juan Negrín era preservar el Estado para que, pasara lo que pasase en el frente, la República no se diluyera. Un Estado se basa en leyes, normas, su historia, y todo eso son papeles. Juan Negrín era muy consciente de ello. Y muy meticuloso. Todo quedó registrado. Hasta el último gasto. En la documentación hay facturas de municiones y de cenas... Tiene muchísimo mérito haber puesto a salvo toda esta documentación, y con ese orden, teniendo en cuenta que perteneció a un Estado cuya capital se desplazaba según avanzaban las tropas franquistas.
La nieta de Negrín explica que a los historiadores suele interesarles la parte del archivo que menos le interesa a ella, y viceversa. Lo dice justo antes de sacar de una maleta vieja que acaricia antes de abrir fotografías inéditas de mutilados acogidos durante la contienda en los castillos que la República había comprando en Francia. En ellas hombres ciegos por la guerra aprenden braille. Un joven sin piernas mira de frente a la cámara. Theodore Fried, el autor de la instantánea, escribe al pie de la fotografía: "García Suárez nos descubre su caja de Pandora: magníficos artilugios de marcha dignos de un ministro. García Suárez, cuando los amigos le ponderan las excelencias de las piernas ortopédicas, en el paroxismo de los elogios asegura que están fabricadas con un material antirreumático que quita las penas". Y es verdad, García Suárez mira de frente al fotógrafo y le sonríe.
En los castillos, que la República compró en Francia o que sus dueños cedieron temporalmente, los mutilados aprendían un oficio, a manejarse de nuevo en la vida. El régimen de Franco se quedó con aquellos castillos.
De la maleta, que Carmen Negrín no posa en el suelo en ningún momento, sale también una colección de dibujos infantiles y listados con nombres de algunos de sus autores. Son relaciones de los niños que acabaron en las colonias republicanas, una especie de orfanatos. "Es un documento terrible", dice Carmen. Y lee: "Teresa y Feli Lorenzo Varel, 8 y 12 años, sin familia. Carmen García Jiménez, 4 años, con madre. Juan Martín Barcena, 12 años, ignórase paradero de la familia. Hay hasta cinco niños de una misma familia, sin padres. Me pregunto muchas veces qué habrá sido de ellos".
Junto a la carta de un padre que se pregunta si Juan Negrín tiene hijos antes de rogarle que entienda su dolor "al sacrificar a mis seres queridos por la Patria, pudiendo quizás rescatarlos de sus garras", hay también en el Archivo J. N. L. un espacio, aunque minúsculo, para otras que provocan casi una sonrisa. Como la de un campesino que en plena guerra le escribe para quejarse de que su vecino le ha robado unas patatas.Negrín la conservó. Quizá porque aquella queja se parecía un poco más a las que reciben los gobernantes en un país en paz; justo lo que él querría haber sido.
En su vida personal también huboalgún error divertido e intrascendente, aunque saliera bastante caro. "Picasso quería regalarle un cuadro y dijo que no porque le parecía muy moderno", confiesa Carmen Negrín entre carcajadas. El mismo hombre que supo ver que el árabe y el chino eran "los idiomas del porvenir", se equivocó de plano con aquel moderno.
Después de haber mostrado el archivo, Carmen Negrín confiesa que su abuelo, en realidad, se resume en una frase de Albert Camus: "Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y aun así sufrir la derrota. Que la fuerza puede vencer al espíritu y que hay momentos en que el coraje no tiene recompensa. Esto es sin duda lo que explica por qué tantos hombres en el mundo consideran el drama español como su drama personal".
El médico keynesiano
Para el historiador Gabriel Jackson, Juan Negrín fue "el más capacitado de los jefes republicanos socialistas. Sabía de economía. Era keynesiano, no marxista, y creo que fue el primer suscriptor que la revista The Economist tuvo en España. En los años 20 era ya un médico fisiólogo de fama internacional", explica. Con un pero: "No era buen orador".
Jackson asegura que indagar en la figura del último jefe de Gobierno de la República ha sido "la mayor aventura de su vida" y por eso su último libro, publicado esta semana, se titula Juan Negrín, médico, socialista y jefe del Gobierno de la II República española. "Me ha costado seis años terminarlo porque en el medio he sufrido varias enfermedades. Es mi último libro. ¡Los ojos no dan para más!", aclara el historiador, de 87 años, quien considera que el 90% de lo que se ha dicho sobre Negrín "es leyenda". "Creo que en sus últimos años tenía la sensación de haber fallado, de ser el jefe de Gobierno que había perdido la guerra y al que habían denostado incluso en su propio partido. Por eso no quiso estatuas ni que escribieran su nombre en su tumba", añadió.
Negrín también pidió que no le llevaran flores, una petición que su nieta desobedece cada año. "Cuando llego, siempre hay un ramo artificial con los colores de la bandera republicana sobre su lápida. Yo lo quito todos los años para poner las mías y al año siguiente, el ramo republicano vuelve a estar allí. No sé quién las pone, pero nunca falla. Es muy curioso porque encontrar la tumba es muy difícil". Su nombre no está en ella.
_
Fotogalería: Los archivos de Juan Negrín
La última palabra de Juan Negrín
NATALIA JUNQUERA -
EL PAÍS accede a los archivos inéditos del jefe de Gobierno de la II República
Le atacaron los vencedores y también los vencidos. Le llamaron desde el Churchill español a vendido a la URSS. Medio siglo después de su muerte, Juan Negrín habla desde el archivo de quien fue el último jefe de Gobierno de la II República
Hace 52 años murió en París un hombre tan deprimido que pidió que en su lápida no escribieran su nombre. Se llamaba Juan Negrín López y había sido el último jefe de Gobierno de la II República española. Sólo su hijo Rómulo y dos amigos íntimos asistieron al entierro. Nadie más acudió porque aquel hombre derrotado que quiso pasar eternamente desapercibido también había dado instrucciones a su familia para que esperara 48 horas antes de comunicar su fallecimiento. En su casa, el dirigente republicano más controvertido había dejado a medias unas memorias iniciadas muchos años atrás, y decenas de documentos que desmontaban muchas de las leyendas negras que vencedores y vencidos habían vertido sobre él y que provocaron su expulsión del partido socialista. Su nieta, Carmen Negrín, ha enseñado a EL PAÍS ese archivo con dos condiciones: que no se revele la ciudad donde está -"Por razones de seguridad. Podrían venir a robarlo, o a quemarlo, quién sabe"- y que la referencia sea Archivo J. N. L. "Sólo J. N. L.", insistió. Son las tres únicas letras que se leen en la lápida de Juan Negrín López.
En los mapas de guerra que recibía cada día desde el frente leyó la lenta agonía del ejército republicano
Entre la documentación, figuran los juicios a desertores y cartas de sus padres pidiendo que les perdonen la vida
Murió sin terminar un capítulo de sus memorias titulado "La famosa cuestión del envío del oro"
Rechazó un cuadro de Picasso por demasiado moderno, pero quiso aprender chino y árabe, "los idiomas del futuro"
En el sótano de una casa de varios pisos, bajando unas escaleras y al final de unas galerías abovedadas que recuerdan a los refugios de guerra de las películas, cerrado con llave, está el Archivo J. N. L. Hay múltiples paquetes de documentos. Uno atado con un lazo de los colores de la República en el que se lee "Reservado". Otros muchos envueltos en papel de periódico de 1939. Dentro, documentación oficial, correspondencia personal, textos y fotografías que Juan Negrín (Las Palmas, 1892-París, 1956) quiso conservar durante toda su vida. Y cientos de libros: en idiomas muy diferentes -"El abuelo hablaba diez", presume Carmen Negrín. "Cuando murió, en 1956, estaba aprendiendo chino y árabe porque decía que eran los idiomas del porvenir", añade-. Los libros no son novelas. Hay decenas de tomos sobre Política exterior en la prensa franquista, espionaje y manuales para traducir mensajes cifrados -"De pequeños, a mi hermano y a mí nos fascinaban las historias de tinta invisible que nos contaba"-.
Y entre todo eso, documentos que prueban que el envío del oro de la República a Moscú no fue un capricho de Negrín para complacer a los rusos, como le acusó un sector del partido socialista, sino una decisión del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 1936. O que aquel esfuerzo titánico, nunca comprendido por su ministro de Defensa, Indalecio Prieto, de resistir hasta el final de la guerra, obedecía a la información que le transmitían desde Alemania antiguos compañeros de estudios sobre la inminencia de una Segunda Guerra Mundial y su convencimiento de que, en esa lucha de las democracias contra el fascismo, las potencias que no habían querido ayudarle a luchar contra Franco, convertidas en aliadas, les harían vencedores.
Su nieta, Carmen Negrín, se jubiló prematuramente sólo para entrar en ese archivo, empezar a leer y descubrir al hombre de Estado que había sido "el abuelo" -"De pequeña, oía que la gente que venía a casa le decía 'señor presidente', y yo pensaba, ¿presidente de qué?"-. Está decidida a rehabilitar la figura de su abuelo -"Era una persona tan diferente de lo que se ha dicho de él..."- , y concluir la tarea que dejó a medias; recordar, sin elipsis malintencionadas, cada paso que dio como último jefe de Gobierno de la República, y publicar, sin interferencias, de su puño y letra, las memorias en las que Juan Negrín explica los motivos que le llevaron a tomar unas decisiones y descartar otras.
Carmen confiesa que aún no ha sido capaz de ver todos los documentos. No sólo por el volumen del archivo. "Es difícil leer a posteriori, sabiendo el final. Sabiendo que termina mal. Inevitablemente, te pones en el lugar de las personas que le escribían y de él mismo. Y es duro. Hay unas cartas dramáticas del presidente del Gobierno vasco diciéndole que se han quedado aislados y que necesitan gente, armas, dinero, comida... en un momento en que ya era imposible satisfacerle. Hay expedientes a desertores, para los que sólo había un castigo, plagados de notas al margen del abuelo, intentando, estoy segura, salvarles la vida, porque para entonces ya sabría que la guerra iba a terminar y no tenía sentido matar a más gente. Probablemente haya personas que piensen que sus familiares murieron heroicamente en el frente, cuando fueron juzgados como traidores por haber intentado huir. Tendrán que afrontar eso. El abuelo debió de sufrir mucho. Él era médico. Un hombre de vida, no de muerte".
Antes de ingresar en el PSOE, en 1929, y ser diputado durante tres legislaturas, Juan Negrín había sido un brillante científico, maestro del Premio Nobel Severo Ochoa. Le esperaba una prometedora carrera como investigador, una vida cómoda. Pero eligió otra. Nunca tendría tiempo de disfrutar de esa vocación política. Llegó muy lejos en muy poco tiempo: fue ministro de Hacienda, de Defensa y jefe del Gobierno, pero lo fue al principio, durante y al final de la Guerra Civil, lo que convirtió para siempre al doctor Negrín en el retrato del gran perdedor de la contienda.
Su archivo personal es la historia de esa derrota. Contiene los mapas de la guerra que recibía cada día desde los frentes de batalla. Hechos en papel cebolla, a color y con la aplicación de un estudiante de matrícula de honor, son estéticamente tan hermosos como dramáticos, porque en ellos el jefe del Gobierno republicano sólo pudo leer el avance de las tropas franquistas, la evolución de una lenta agonía. En ese archivo, figuran también los telegramas que jamás sirvieron para dar una buena noticia. Como éste: "Resultado de los bombardeos hasta las 17.30. Sitios donde han caído bombas: calle Nueva de la Rambla 98. Paseo de San Juan frente al 104. Hotel Colón. Banco Comercial. Paseo de Gracia. Calle de Talleres. Calle de la Provenza 365 y 380. Plaza de Tetuán. Paseo de Gracia frente al Socorro Rojo, Balmes entre Diputación y Cortes. Cortes entre Rambla de Cataluña y Balmes. Calle de Bárbara Chaflán. San Ramón. Teatro Novedades. Los muertos y heridos, sin contar los del último bombardeo, son 270 muertos y 350 heridos. Posteriormente dicen hasta la hora presente hay 400 muertos. 17 de marzo 1938".
Recibía varias veces al día telegramas con la relación de víctimas. Concretamente, éste venía acompañado por fotografías de los cadáveres de un grupo de niños que murieron en un bombardeo antes de que les terminaran de salir los dientes; una de esas fotos se reproduce en estas páginas.
Hay informes a diario de los bombardeos. En ellos se ve la desproporción de fuerzas entre los dos ejércitos y sus apoyos. "Por eso es tan difícil de leer", explica Carmen Negrín. "Se ve la esperanza que había al principio, la voluntad de resistir... y documento a documento, cómo ese espacio para la resistencia se va achicando y achicando...".
Prieto atribuyó el empecinamiento de Negrín en resistir a toda costa los ataques de un ejército abismalmente superior a una mano negra que le manejaba desde la URSS, y dedicó los años que siguieron a extender esa tesis hasta provocar la expulsión de Negrín del partido socialista en 1946. Hace apenas cuatro meses el PSOE lo reintegró simbólicamente en sus filas en su 37º congreso.
"Prieto promovió la división entre socialistas", asegura Carmen Negrín. "Expulsarle del partido fue una pequeña mezquindad por su parte. [Negrín] nunca habló mal de él, pero sí con dolor. Le hizo muchísimo daño y lo comprendí muchos años después, cuando leí las cartas que intercambiaron, en las que el abuelo intenta explicarle, hacer que entendiera por qué lo destituyó como ministro. No fue posible. Prieto rehuyó siempre el diálogo". "Algunas de esas cartas llegaron a los campos de refugiados y debieron desmoralizar mucho a la gente".
En sus memorias, Juan Negrín dedica varios capítulos a Prieto, su mentor, y a la mentira de la que éste se había convencido. Algunos no llegó a escribirlos, pero los dejó enunciados, en una especie de cuestionario elaborado en tercera persona que él mismo debía ir contestando: "Como presidente del Consejo y ministro de Defensa, cuáles fueron sus relaciones con los rusos", se titula uno. "Relevo de Prieto en el Gobierno", dice otro.
"Esfuerzos para intentar evitar la ruptura con Prieto". "Relación con los comunistas bajo la presidencia...".
En aquellas memorias que no terminó, Juan Negrín quería explicar, ante todo, que sus decisiones, equivocadas o no, habían sido autónomas. Que los rusos fueron, en aquel momento, los únicos dispuestos a ayudar. Que envió a su hombre de confianza, el prestigioso médico Rafael Méndez, a comprar armas a EE UU, sin éxito. Que pidió ayuda a Inglaterra y tampoco se la dieron. Que sólo Francia prestó un poco de ayuda al principio. "Ninguno fue muy valiente", explica su nieta. "Inglaterra pensaba que satisfaciendo a Alemania tendrían tranquilidad, cuando Alemania, como sabemos, era insaciable. Inglaterra sacrificó a España con ese temor. Fue una cobardía que luego les saldría muy cara. México estaba dispuesto a aceptar el oro de la República pero estaba muy lejos y era peligroso. Rusia era la única opción". Hacían falta armas y comida. Se gastó todo. De hecho, el último envío de ayuda de Rusia es ya un préstamo. No fue a cambio de oro. "Y a los rusos también hay mucho que reprocharles porque marcaban un precio muy por encima del mercado a cambio de aviones viejos. El abuelo lo sabía".
Lo sabía y empezó a escribirlo en sus memorias, aunque nunca terminara un capítulo que él mismo había titulado "La famosa cuestión del envío del oro. Destruir la leyenda de que todavía hay en Rusia un tesoro de la República". Y otro que prometía: "Caso Nin, que es el que más se ha explotado para decir que la justicia comunista tenía cheque en blanco del Gobierno". Según su nieta, en él Negrín relata cómo le habían hecho creer que a Nin "ya lo habían liberado cuando ya lo habían asesinado, en contra de su voluntad y de sus órdenes".
En ese índice de temas que Negrín pretendía abordar también se incluye "Viajes, en lo que quepa ser revelado a Moscú, París", "Posibilidades de una política de resistencia en la zona centro después de la pérdida de Cataluña" o "Cómo reconstruir la democracia en España". Negrín tenía ya el visto bueno de una editorial americana para publicarlas, pero quería hacerlo después de su muerte. Será su nieta quien lo haga "próximamente".
De momento, el Archivo J. N. L. ya ha iniciado el viaje de regreso a España, como parte del proceso de rehabilitación de la figura de Negrín. El cabildo de Las Palmas ha cedido un antiguo cuartel militar para convertirlo en un museo dedicado a su memoria. "Hemos empezado a digitalizar todo el material para enviarlo allí y que pueda ser consultado", explica Carmen Negrín. "Me gustaría que el centro tuviera un par de habitaciones para que los investigadores puedan quedarse a dormir mientras trabajan. Son miles de documentos. Necesitarán tiempo". Hasta ahora, sólo historiadores como Gabriel Jackson o Ángel Viñas han podido acceder a algunas partes de ese archivo antes de escribir sus libros sobre la Guerra Civil o la Segunda República.
El archivo revela que la gran preocupación de Juan Negrín era preservar el Estado para que, pasara lo que pasase en el frente, la República no se diluyera. Un Estado se basa en leyes, normas, su historia, y todo eso son papeles. Juan Negrín era muy consciente de ello. Y muy meticuloso. Todo quedó registrado. Hasta el último gasto. En la documentación hay facturas de municiones y de cenas... Tiene muchísimo mérito haber puesto a salvo toda esta documentación, y con ese orden, teniendo en cuenta que perteneció a un Estado cuya capital se desplazaba según avanzaban las tropas franquistas.
La nieta de Negrín explica que a los historiadores suele interesarles la parte del archivo que menos le interesa a ella, y viceversa. Lo dice justo antes de sacar de una maleta vieja que acaricia antes de abrir fotografías inéditas de mutilados acogidos durante la contienda en los castillos que la República había comprando en Francia. En ellas hombres ciegos por la guerra aprenden braille. Un joven sin piernas mira de frente a la cámara. Theodore Fried, el autor de la instantánea, escribe al pie de la fotografía: "García Suárez nos descubre su caja de Pandora: magníficos artilugios de marcha dignos de un ministro. García Suárez, cuando los amigos le ponderan las excelencias de las piernas ortopédicas, en el paroxismo de los elogios asegura que están fabricadas con un material antirreumático que quita las penas". Y es verdad, García Suárez mira de frente al fotógrafo y le sonríe.
En los castillos, que la República compró en Francia o que sus dueños cedieron temporalmente, los mutilados aprendían un oficio, a manejarse de nuevo en la vida. El régimen de Franco se quedó con aquellos castillos.
De la maleta, que Carmen Negrín no posa en el suelo en ningún momento, sale también una colección de dibujos infantiles y listados con nombres de algunos de sus autores. Son relaciones de los niños que acabaron en las colonias republicanas, una especie de orfanatos. "Es un documento terrible", dice Carmen. Y lee: "Teresa y Feli Lorenzo Varel, 8 y 12 años, sin familia. Carmen García Jiménez, 4 años, con madre. Juan Martín Barcena, 12 años, ignórase paradero de la familia. Hay hasta cinco niños de una misma familia, sin padres. Me pregunto muchas veces qué habrá sido de ellos".
Junto a la carta de un padre que se pregunta si Juan Negrín tiene hijos antes de rogarle que entienda su dolor "al sacrificar a mis seres queridos por la Patria, pudiendo quizás rescatarlos de sus garras", hay también en el Archivo J. N. L. un espacio, aunque minúsculo, para otras que provocan casi una sonrisa. Como la de un campesino que en plena guerra le escribe para quejarse de que su vecino le ha robado unas patatas.Negrín la conservó. Quizá porque aquella queja se parecía un poco más a las que reciben los gobernantes en un país en paz; justo lo que él querría haber sido.
En su vida personal también huboalgún error divertido e intrascendente, aunque saliera bastante caro. "Picasso quería regalarle un cuadro y dijo que no porque le parecía muy moderno", confiesa Carmen Negrín entre carcajadas. El mismo hombre que supo ver que el árabe y el chino eran "los idiomas del porvenir", se equivocó de plano con aquel moderno.
Después de haber mostrado el archivo, Carmen Negrín confiesa que su abuelo, en realidad, se resume en una frase de Albert Camus: "Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y aun así sufrir la derrota. Que la fuerza puede vencer al espíritu y que hay momentos en que el coraje no tiene recompensa. Esto es sin duda lo que explica por qué tantos hombres en el mundo consideran el drama español como su drama personal".
El médico keynesiano
Para el historiador Gabriel Jackson, Juan Negrín fue "el más capacitado de los jefes republicanos socialistas. Sabía de economía. Era keynesiano, no marxista, y creo que fue el primer suscriptor que la revista The Economist tuvo en España. En los años 20 era ya un médico fisiólogo de fama internacional", explica. Con un pero: "No era buen orador".
Jackson asegura que indagar en la figura del último jefe de Gobierno de la República ha sido "la mayor aventura de su vida" y por eso su último libro, publicado esta semana, se titula Juan Negrín, médico, socialista y jefe del Gobierno de la II República española. "Me ha costado seis años terminarlo porque en el medio he sufrido varias enfermedades. Es mi último libro. ¡Los ojos no dan para más!", aclara el historiador, de 87 años, quien considera que el 90% de lo que se ha dicho sobre Negrín "es leyenda". "Creo que en sus últimos años tenía la sensación de haber fallado, de ser el jefe de Gobierno que había perdido la guerra y al que habían denostado incluso en su propio partido. Por eso no quiso estatuas ni que escribieran su nombre en su tumba", añadió.
Negrín también pidió que no le llevaran flores, una petición que su nieta desobedece cada año. "Cuando llego, siempre hay un ramo artificial con los colores de la bandera republicana sobre su lápida. Yo lo quito todos los años para poner las mías y al año siguiente, el ramo republicano vuelve a estar allí. No sé quién las pone, pero nunca falla. Es muy curioso porque encontrar la tumba es muy difícil". Su nombre no está en ella.
_
Fotogalería: Los archivos de Juan Negrín
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de abrir fosas»
_
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de ...
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de abrir fosas»
El edil de Cultura presenta en el PSOE el estudio sobre las represalias de la Guerra
L. M. A.
El concejal de Educación y Cultura, Román Antonio Álvarez, aseguró ayer que el estudio sobre las represalias que se produjeron durante y después de la Guerra Civil en Avilés, y que impulsa el Ayuntamiento, no tiene como fin abrir fosas. «Se trata de una investigación y su objeto tampoco es señalar a nadie», dijo. Álvarez y la ex senadora socialista Nelly Fernández Arias, que se ha dedicado en los últimos años a defender las iniciativas sobre la llamada «memoria histórica», presentaron en la Casa del Pueblo el estudio que está llevando a cabo la asociación Todos los nombres, que se ha presentado como acusación particular en la causa que el juez Baltasar Garzón ha abierto contra el franquismo. Román Antonio Álvarez aseguró, no obstante, que el estudio persigue conocer los excesos que se produjeron en los dos bandos contendientes. «No se hace con ánimo sectario», precisó. De hecho, el concejal de Cultura puso como ejemplo uno de los casos que se incluye en la investigación: la saca del Batallón Trabanco, que el 13 de agosto de 1937 asesinó por su cuenta y sin juicio previo a 29 personas detenidas en cárceles de la República. Posteriormente, las tropas nacionales se tomarían su venganza en distintos episodios de represión y muerte tras su entrada en Avilés. «Fueron superiores, aunque no se trata de tener menos culpa por haber matado a menos. Los crímenes existieron en ambos bandos por motivos de rencor, venganza y miedo. A veces se mataba por el simple testimonio de una persona, otras sin él. La única diferencia que existió entre los excesos de unos y otros, fue que en la parte republicana los asesinatos eran por parte de elementos incontrolados, mientras que los nacionales ya habían ganado la guerra cuando emprendieron una represión que no tenían necesidad de haber llevado a cabo», explicó Román Antonio Álvarez. Para el concejal, este tipo de investigaciones pueden contribuir a un proceso de catarsis positivo en la sociedad y que lo que pasó no vuelva a ocurrir. «La paz es muy frágil. La prueba de ello está en lo que pasó en la antigua Yugoslavia. De repente, la gente se vuelve loca y se dedica a matar al vecino. Eso es lo que hay que evitar por todos los medios que se reproduzca. De manera que este tipo de estudios hechos de manera rigurosa con el objeto de saber lo qué paso son positivos», resumió Román Antonio Álvarez.
_
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de ...
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de abrir fosas»
El edil de Cultura presenta en el PSOE el estudio sobre las represalias de la Guerra
L. M. A.
El concejal de Educación y Cultura, Román Antonio Álvarez, aseguró ayer que el estudio sobre las represalias que se produjeron durante y después de la Guerra Civil en Avilés, y que impulsa el Ayuntamiento, no tiene como fin abrir fosas. «Se trata de una investigación y su objeto tampoco es señalar a nadie», dijo. Álvarez y la ex senadora socialista Nelly Fernández Arias, que se ha dedicado en los últimos años a defender las iniciativas sobre la llamada «memoria histórica», presentaron en la Casa del Pueblo el estudio que está llevando a cabo la asociación Todos los nombres, que se ha presentado como acusación particular en la causa que el juez Baltasar Garzón ha abierto contra el franquismo. Román Antonio Álvarez aseguró, no obstante, que el estudio persigue conocer los excesos que se produjeron en los dos bandos contendientes. «No se hace con ánimo sectario», precisó. De hecho, el concejal de Cultura puso como ejemplo uno de los casos que se incluye en la investigación: la saca del Batallón Trabanco, que el 13 de agosto de 1937 asesinó por su cuenta y sin juicio previo a 29 personas detenidas en cárceles de la República. Posteriormente, las tropas nacionales se tomarían su venganza en distintos episodios de represión y muerte tras su entrada en Avilés. «Fueron superiores, aunque no se trata de tener menos culpa por haber matado a menos. Los crímenes existieron en ambos bandos por motivos de rencor, venganza y miedo. A veces se mataba por el simple testimonio de una persona, otras sin él. La única diferencia que existió entre los excesos de unos y otros, fue que en la parte republicana los asesinatos eran por parte de elementos incontrolados, mientras que los nacionales ya habían ganado la guerra cuando emprendieron una represión que no tenían necesidad de haber llevado a cabo», explicó Román Antonio Álvarez. Para el concejal, este tipo de investigaciones pueden contribuir a un proceso de catarsis positivo en la sociedad y que lo que pasó no vuelva a ocurrir. «La paz es muy frágil. La prueba de ello está en lo que pasó en la antigua Yugoslavia. De repente, la gente se vuelve loca y se dedica a matar al vecino. Eso es lo que hay que evitar por todos los medios que se reproduzca. De manera que este tipo de estudios hechos de manera rigurosa con el objeto de saber lo qué paso son positivos», resumió Román Antonio Álvarez.
_
Un fontanero y 285 fusilados más
_
Un fontanero y 285 fusilados más
Escrito por José María San Luciano y Pilar Lledó Collada
Según el censo de 1940, en los tres centros penitenciarios de la ciudad había cerca de 4.000 reclusos. La población de Alcalá no llegaba a los 18.000 habitantes
Entre el mes de abril de 1939 y diciembre de 1948 fueron fusiladas 286 personas en la ciudad
Los fusilamientos de Alcalá son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado tras la contienda
Los fusilamientos se llevaban a cabo en las tapias del cementerio o en los alrededores de la ermita del Val
Sólo haberse significado públicamente en favor del Frente Popular ya era motivo para ir ante el tribunal militar
El pasado 9 de septiembre el investigador local José María San Luciano publicaba en estas páginas la tribuna titulada ‘Si Garzón preguntara en Alcalá...’ en la que daba cuenta de los fusilamientos que se produjeron en la ciudad en los tres años siguientes al final de la guerra civil. Aquel artículo tuvo una gran repercusión local y regional y el autor decidió emprender una investigación más precisa y detallada de los modos y el alcance de la “represión legal” que llevó a cabo la justicia militar del Régimen franquista en la ciudad entre los años 1939 y 1948. Para ello, San Luciano ha contado con la colaboración de la historiadora Pilar Lledó Collada. Juntos han elaborado la lista de las 286 personas fusiladas en aquel periodo que se publicará en nuestra edición de mañana. Hoy se ofrece una introducción de este concienzudo trabajo de investigación.
La polémica surgida a raíz de las ultimas actuaciones del juez Garzón continúa, y en la actualidad la discusión se mantiene entre el propio juez y la fiscalía, ambas de la Audiencia Nacional, para dilucidar si el magistrado es competente para juzgar los hechos acaecidos en España desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y con posterioridad a éste, en lo referente a fusilamientos y personas desaparecidas, considerando a la vez si estos hechos pudieran ser calificados o no como delitos contra la humanidad.
Al mismo tiempo, y al amparo de la no menos polémica Ley sobre la Memoria Histórica, han sido presentadas en la misma Audiencia Nacional relación de personas fusiladas y/o desaparecidas en el periodo antes considerado, con idea de contribuir al proceso iniciado por el juez Garzón y que el número, en verdad abultado, contribuya por la vía de la cantidad a la calificación de la actuación del Franquismo como delitos contra la humanidad.
En las páginas de este mismo Diario, el pasado 9 de septiembre, uno de los firmantes de este trabajo publicaba un articulo en el que se hacía eco de la documentación existente en el Archivo Municipal alcalaíno, de la que no era difícil deducir que en el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre del año 1939 y los periodos completos de los años 1940 y 1941 habían sido ejecutadas en Alcalá de Henares, una vez juzgadas y sentenciadas por Tribunales Militares, más de 250 personas. Al coincidir su aparición con noticias de ámbito nacional acerca de fosas de personas desaparecidas, el mencionado artículo creó una cierta polémica, superior a la propia intención del autor, la cual no se extendía más allá de dar a conocer unos hechos constatados en una documentación al alcance de cualquier persona interesada, al ser el archivo municipal de público acceso.
Ahora, con la intención de aclarar lo entonces comentado, se avanza un paso más y se publica relación detallada de personas fusiladas en Alcalá de Henares durante el periodo de tiempo comprendido entre abril de 1939 y diciembre de 1948. No se trata de una lista definitiva, pues existe la posibilidad de que pudieran aparecer nombres de desaparecidos no inscritos en los registros oficiales, pero los autores del presente artículo se han basado en la información proporcionada por las fuentes documentales, donde se registraba la llamada “represión legal", es decir, los condenados eran fusilados en cumplimiento de la pena de muerte sentenciada por Consejo Militar. Se ha contrastado y conciliado la información proporcionada por estas fuentes, que han sido las siguientes:
a) Registro Civil. Libros registro de inscripción de defunciones, numerados entre el 75 y el 85, y que comprenden las fechas objeto de este estudio, es decir, entre abril de 1939 y diciembre de 1948 conservadas en el Juzgado Municipal de esta ciudad.
b) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Libro registro diario de enterramientos del cementerio alcalaíno, actualmente con la signatura “leg. 1146/2" del archivo municipal; y por último
c) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. La documentación que originó el artículo del día 9 de septiembre. Los oficios de la autoridad militar al alcalde alcalaíno comunicándole las ejecuciones previstas para los años 1939, 1940 y 1941.
Se presenta en esta ocasión una relación de 286 personas, en la que constan nombre y apellidos, fecha de ejecución, profesión, localidad en la que se encontraban domiciliados, edad que tenían en el momento de su muerte por arma de fuego y referencia del lugar exacto de enterramiento en el cementerio alcalaíno, siguiendo la nomenclatura utilizada por éste. En la relación hay una mayoría aplastante de hombres, existiendo en el listado tres mujeres.
El hecho más importante es que en casi todos los casos relacionados, excepto en 18, ha sido inscrito el fallecimiento en el Registro Civil. Los nombres de ocho de los fallecidos de estos dieciocho casos no registrados oficialmente, figuran en el libro registro del cementerio, desconociéndose la razón por la que no fueron inscritos en el Registro Civil. Se han registrado en el listado todas aquellas personas cuyo fallecimiento constaba en alguna de las fuentes documentales consultadas, y que a través de ellas se pudiera deducir la identidad del represaliado. Se ha decidido no incluir cinco casos de los que teníamos constancia por los oficios de la Comandancia Militar, pero de los que nos fue imposible averiguar su identidad, al haberse perdido su rastro en los registros oficiales y desconocer si finalmente se llevó a cabo su ejecución.
Con la publicación de estos datos, los autores pretenden identificar y rescatar del olvido, con independencia de la actualidad existente en la Audiencia Nacional y en los distintos foros y asociaciones de la Memoria Histórica, a las personas fallecidas en la ciudad de Alcalá de Henares entre 1939 y 1948, en virtud de la ejecución de sentencia de la autoridad militar, competente en aquellos momentos para juzgar los hechos imputados a esas personas. Los autores, de momento, no entran a valorar los hechos en los que se basaron los tribunales militares para tomar la decisión de condenar a muerte a cerca de trescientas personas, al no haber sido posible consultar la documentación de los diferentes Consejos de Guerra que juzgaron a estas personas. Por tanto, no entramos a valorar si los que aquí figuran fueron condenados por su participación en delitos de sangre durante o con posterioridad a la guerra civil, por haber sido miembros de partidos políticos y/o sindicatos legales en el momento del golpe militar del 18 de julio de 1936, o sencillamente objeto de denuncia por terceros. Sin embargo, sí nos parece interesante explicar cómo funcionaban esos Consejos de Guerra, responsables de las muertes aquí relacionadas en el listado adjunto.
Unida a la relación detallada de todos los ejecutados se presentan dos cuadros, por meses y años, que identifican y facilitan el detalle de la magnitud de la represión durante la primera década de la posguerra en la ciudad de Alcalá de Henares.
El procedimiento de los Consejos de Guerra
Hay que preguntarse cómo estas 286 personas acabaron fusiladas en las tapias del cementerio o en la llamada “playa de los alemanes" en la zona de la Virgen del Val. Está claro que responde al fenómeno de la represión franquista, pero vamos a intentar explicar cómo fue el procedimiento de la llamada “represión legal", es decir, las penas de muerte que se ejecutaban en virtud de sentencia de Consejo de Guerra, aplicando el código de justicia militar, y no las producidas sin dejar rastro por partidas incontroladas de falangistas, y cuyas fosas improvisadas tratan ahora de ser localizadas gracias a la promulgación de la polémica Ley de la Memoria Histórica y a las justas reivindicaciones de sus familiares.
Los fusilamientos de Alcalá de Henares son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado. Durante la Guerra Civil, un Decreto de 28 de julio de 1936 establecía en la zona sublevada que “cualquier actuación política podía ser sometida a la jurisdicción de guerra, y, en todo caso, era la autoridad militar, previo informe del Auditor, a quien competía convertir el procedimiento sumarísimo en ordinario...". Esto demuestra que tras la victoria, el Estado quedaba en manos de los militares y su jurisdicción imperaría en todos los ámbitos. Se aplicaba el Código de Justicia Militar en su artículo 237, que castigaba la “rebelión militar" contra el gobierno de la República. Esto constituía un puro contrasentido, la “justicia al revés". Con ello el nuevo Régimen violaba varios principios básicos del derecho. El principal era que se aplicaba la ley de forma retroactiva: se les imputaba a los reos republicanos el delito de “adhesión a la rebelión", cuando habían sido los militares franquistas los que se habían sublevado contra el gobierno constitucional el 18 de julio de 1936. Se catalogaban como delitos aquellos que anteriormente no estaban penados y se les aplicaban penas extremas, sobre todo la pena de muerte, por estar afiliados a partidos políticos y sindicatos que habían sido plenamente legales durante la etapa republicana.
La primera ley represiva del nuevo Estado, la llamada “Ley de responsabilidades Políticas" de 9 de febrero de 1939, poco antes de terminar la contienda, establecía en su artículo 1 que “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave." Y en su Capítulo II, donde se establecían las causas de responsabilidad, se establecía que quedaban incursas en causas de responsabilidad las personas individuales que estuvieran en alguno de los siguientes supuestos:
1. Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma.
2. Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones que se mencionaban en el artículo 2, y que comprendían todas las existentes durante la República excepto los de derechas, así como las logias masónicas, y también se sancionaba haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones u organismos, tanto públicos como privados.
3. Haber figurado, antes del 18 de julio de 1936 como afiliado a los partidos, agrupaciones y asociaciones mencionadas.
4. Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil o calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, o haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular.
5. Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes de febrero de 1936, formando parte del gobierno que las convocó o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular.
6. Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería. Se consideraba agravante haber obtenido grados entre el 18 y el 33.
7. Haber excitado o inducido a la realización de algún acto contrario al Movimiento Nacional, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta o de la radio o de cualquier medio de comunicación, o bien en escritos.
Únicamente estaban exentos de responsabilidades los menores de 14 años, y había una serie de circunstancias atenuantes, como haber prestado servicios al Movimiento Nacional, haber sido herido en campaña en defensa de España (por supuesto, España sólo se defendía en el bando de los franquistas), haberse alistado voluntario en ese mismo patriótico bando, o haber perdido a un hijo o un padre en campaña, por supuesto en defensa del Movimiento, o haber sido éstos asesinados en “zona roja". Semejante aberración jurídica estuvo vigente hasta el 13 de abril de 1945.
El nuevo aparato jurídico que se crea se articula a través de los Consejos de Guerra de los tribunales de justicia militar, justicia extralimitada en sus funciones que había absorbido casi en su totalidad a la justicia ordinaria. Las leyes posteriores y hasta 1948, en que es suprimida la declaración del estado de guerra, insisten en los procedimientos de urgencia. Las irregularidades jurídicas se mantienen, pues, en la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, y en el decreto sobre bandidaje y terrorismo de 18 de abril de 1947.
Esta aplicación de bandos de guerra a civiles y militares llevaba aparejada la profusa celebración de Consejos de Guerra sumarísimos y de urgencia en los que el modelo básico de aplicación se repite: la máquina se solía poner en marcha como consecuencia de la presentación de denuncias provenientes de cualquier persona que podía conocer o no al acusado, a quien se le podía atribuir, sin prueba alguna, haber profesado unas ideas, haber votado, haber dado un subsidio para cualquiera de las organizaciones republicanas malditas. El denunciante podía ser anónimo y no necesitaba probar sus acusaciones, y nunca se le pedían cuentas por su acción, que le podía valer para hacer méritos de cara a su futuro o para ocultar su actuación en zona roja, o para saldar viejas cuentas económicas, sentimentales o personales con la persona acusada.
Una vez puesta la denuncia, se procedía a la detención del denunciado y se le conducía a comisaría o a alguno de los centros irregulares de detención que tanto proliferaron en el año 1939, y allí se iniciaba la etapa de “diligencias", que se llevaba a cabo sin asistencia letrada, sin saber el detenido el periodo de estancia, y sin saber los cargos que se le imputaban. En Alcalá de Henares, ciudad tradicionalmente penitenciaria, se amontonaban los presos en esos primeros meses de la posguerra, tanto en el centro penitenciario que había funcionado desde el siglo XIX como en el llamado “Manicomio", en la carretera de Meco, conjunto de edificaciones que nunca funcionaron como centro psiquiátrico y que actualmente alberga el acuartelamiento Primo de Rivera. Según el censo de población de 1940 (legajo 1159/1] del Archivo Municipal), en la ciudad complutense había los siguientes centros de internamiento con sus correspondientes internos:
a) Talleres Penitenciarios, antigua escuela de Reforma, 541 reclusos.
b) Talleres Penitenciarios, sección Casa de Trabajo, 2.739 reclusos.
c) Campo de concentración ‘Manicomio’, hoy prisión habilitada", según señala la inscripción del propio censo, 2.113 reclusos.
Estamos hablando de casi 4.000 presos en una ciudad que no llegaba a los 18.000 habitantes, y en la cual había otro contingente importante de casi 4.000 militares. Las mujeres no estaban excluidas de la condición de reclusas, y en la prisión del partido, habilitada para ellas, había 404 internas.
Tras esta declaración en comisaría, las pesquisas las llevaba a cabo el juez instructor, perteneciente al Juzgado Militar permanente, o bien la Comandancia Militar, organismos que se dirigían a las autoridades municipales y jefaturas locales de Falange, para que les remitiesen, con la mayor urgencia, informe de conducta social y política de las personas encausadas. Al acusado se le permitía contar con un defensor, cargo que tenía que ser desempeñado por un militar, al que ni siquiera se le exigía ser jurista, lo que agravaba las posibilidades de defensa, por lo que en muchas ocasiones este defensor se limitaba a solicitar clemencia y misericordia para su defendido.
Una vez redactado el auto de acusación, éste se elevaba a plenario, se realizaba la petición fiscal procediéndose a las diligencias de lectura de cargos al procesado y por último se fijaba fecha del Consejo de Guerra. Éstos eran habitualmente colectivos, y solían condenar también de la misma forma conjunta a la pena de muerte. Estos Consejos estaban compuestos por siete miembros, la mayoría militares: Presidente, tres vocales, ponente, fiscal y el ineficaz defensor, que muchas veces ni siquiera había visto o hablado con su defendido.
En las cárceles, las galerías de los condenados a muerte estaban repletas y durante meses o incluso años esperaban la llegada de la conmutación o de su “saca". Como puede comprobarse en el listado, los condenados a la máxima pena eran bastantes, cumpliéndose ésta sin mayor problema, sobre todo en los primeros meses. Contra esa sentencia no cabía recurso ni alegaciones. El último peldaño en el macabro trámite jurídico era el “enterado" del jefe del Estado, el general Franco. Por sus manos y las del asesor jurídico del Ministerio del Ejército, teniente coronel Martínez Fuset, pasaron todas las sentencias de muerte, decenas de miles en la posguerra. Las anotaciones que Franco ponía en las sentencias, mientras tomaba el café de sobremesa, eran la E, de enterado, o la C de conmutado. Para conocer el porcentaje de conmutaciones de pena faltan estudios precisos, pero por los estudios locales conocidos se desprende que fue aumentando a partir de 1939, y, de manera inversa, fue descendiendo el porcentaje de condenas a muerte. Los familiares desempeñaban un papel primordial en esta búsqueda de recomendaciones y avales que hiciera cambiar de opinión al Caudillo. Padres, esposas e hijos peregrinaron en una lucha contra reloj en busca de amigos o conocidos que quisieran interceder por ellos. Como siempre, los anónimos y analfabetos jornaleros tenían muy poco que hacer en ese sentido.
Una vez recibido el “Enterado", el procedimiento seguía su curso: el Consejo de Guerra ponía en práctica las diligencias de ejecución, debiendo el instructor comunicar al Gobernador Militar de la ciudad correspondiente el día y la hora en que sería cumplida la sentencia, para que éste designe juez a los efectos de notificación, contratación del vehículo correspondiente para trasladar a los presos al lugar de ejecución, nombramiento de piquete, así como otra farragosa burocracia gracias a la cual ha salido a la luz esta macabra historia en el archivo municipal alcalaíno: escritos y telegramas del Gobierno Militar de la plaza a la Alcaldía pidiendo féretros, así como la presencia en el acto final de dos personajes clave: el juez municipal y el médico forense. En el caso de la ciudad complutense los testigos habituales de los fusilamientos eran el Alcalde D. José Félix Huerta Calopa, hasta su cese en enero de 1941, siendo sustituido por D. Cayo del Campo, el Juez D. Lucas del Campo hasta 1941 en que fue sustituido por D. José Casado Moreno, y el médico forense D. Francisco Marcos Cazorla.
De 1939 a 1948
En primer lugar se han revisado los diferentes libros del Registro Civil en el que constan los fallecidos del periodo 1939-1948 y se han seleccionado los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio de todas aquellas personas cuya causa de muerte aparece reseñada como cualquiera de las siguientes: “shock traumático producido por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en cumplimiento de sentencia", “heridas mortales de necesidad por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en las tapias del cementerio", “por heridas recibidas en la ejecución de la sentencia de muerte que le fue impuesta".
A continuación han sido cruzados los datos de filiación con los proporcionados por las otras dos fuentes documentales consultadas, constatándose el hecho de que 18 personas no aparecen inscritas en el Registro Civil. En el caso de los comprendidos entre los números de orden 34 (Palacios González, Segundo) y 44 (Martínez Monge, Mariano), ambos inclusive, todos figuran en el Oficio de la Comandancia Militar al Alcalde alcalaíno fechado el 11 de junio de 1939 con nombre y apellidos, señalando el 13 de junio como fecha de la ejecución. Sólo uno de esta relación de once personas, aparece enterrado en el cementerio local. Se desconoce qué ocurrió con los demás, pudiendo contemplar varias posibilidades, desde un improbable indulto, un negligente olvido por parte de los funcionarios tanto del registro como del cementerio, hasta una auténtica “desaparición no legal", existiendo la remota posibilidad, no investigada hasta ahora, de que al ser diez de ellos de la localidad de Meco fueran enterrados en ésta, o en una fosa desconocida en la cuneta de la carretera. Difícil, pero no imposible, que tengamos algún caso en Alcalá de las polémicas fosas ilegales de republicanos desaparecidos. Otro caso, el de los comprendidos entre los números 270 (Jesús Carreras Olascoaga) y 277 (Manuel Lozar Félix) tampoco aparecen inscritos en el Registro Civil, pero sí figuran todos ellos en el libro registro diario de enterramientos municipal, y en fuentes escritas, como son los libros de memorias de dos compañeros que estuvieron presos con ellos en la cárcel de Alcalá: Manuel Amblard, en su Muerte después de Reyes, y Melque Rodríguez Chaos en 24 años de cárcel.
Se han estudiado los distintos Oficios de la Comandancia Militar dirigidos a los Alcaldes de Alcalá, D. José Félix Huerta Calopa y D. Cayo del Campo, principalmente, (el segundo estaría en su puesto hasta bien entrado 1945) en los que se les ordenaba que una vez notificados de la decisión del Tribunal sobre las ejecuciones a efectuar, hicieran todo lo que les correspondía para que fueran enterrados los cadáveres, además de proveer los oportunos ataúdes. Examinada la documentación correspondiente a los años 1939, 1940 y 1941, da un resultado de 254 personas ejecutadas, de un total de 286 del listado definitivo. Por consiguiente, ha sido comprobado, con esta documentación, un porcentaje cercano al 90%. Es necesario hacer notar que sólo en los documentos relativos a 1939 y a dos personas de 1941 se consignaba la identidad de los ejecutados. En los demás, a partir de 1939 únicamente aparece el número de ejecuciones a realizar. Se ha constatado la ausencia de algunos de los oficios de la Comandancia en estos años, a través del caso de 11 personas que están inscritas en los registros, pero de cuya ejecución no existe orden militar, seguramente por pérdida del documento que hacía referencia al hecho.
Por último, ha sido consultado el libro registro diario del cementerio municipal correspondiente a la década examinada. Han sido conciliados nombres y fechas que en él aparecen con la información obtenida en los documentos citados en los párrafos precedentes. En algunas ocasiones la pista sobre la posible condición de ejecutado la daba la anotación “O.C.M.", que suponemos hace relación a “orden de la Comandancia Militar", pero estas siglas no aparecen en todos los casos de ejecutados, sino únicamente en los casos en los que el muerto era indigente y no podía pagarse el entierro, en cuyo caso aparece precedido de la letra G, de gratis. Esto quiere decir que un investigador que hubiese consultado en primer lugar esta fuente documental no hubiera podido sacar el nombre de todos los represaliados, pues no todos aparecen con la anotación militar. En el caso de las personas cuyas familias pudieron pagar el entierro no hay ningún rastro que permita deducir la causa de su muerte. Pero una vez cruzados los datos de afiliación de los dos libros registro, tanto el del civil como el del cementerio, y como puede apreciarse en la relación adjunta, la concordancia en la mayoría de los casos es total. En este sentido el libro diario aporta datos, en ocasiones vagos, como es el caso de Mariano Iglesias Lorente quien aparece enterrado el 26 de junio “junto con dos más", así como el de Apolonio Romero de Lucas que figurando su enterramiento el 15 de junio, añade el comentario “junto con otros". En otros casos pudiera dar la impresión que el escribiente encargado de las inscripciones pudiera haber padecido algún tipo de olvido o confusión en las fechas. Tal es el caso de Eduardo Morales Blanco (n. 21) que fallecido el 2 de junio figura enterrado el 9 del mismo mes. Igual caso es el Ezequiel Gallego Martínez (n. 22), enterrado junto a Félix López Álvarez (n. 10) y Eugenio Mendieta (n. 11) el 4 de junio. Por otro lado, existen casos, no excesivos, pero sí superiores a la decena en los que en el libro del cementerio figuran enterrados dos días después de la ejecución y otros tantos, dato curioso, cuya fecha de enterramiento es anterior, en un día, a la de ejecución e inscripción en el Registro Civil.
Es digno de mención que en esos años y hasta el Concilio Vaticano II, concluido en 1965, existía arancel en los servicios eclesiásticos. Esto quería decir que éstos eran de diferentes clases, por los que se cobraban igualmente distintos importes. En todos los correspondientes a los fusilados figura la mención “3a" seguida de una G mayúscula, que identifica claramente la gratuidad del servicio, diferenciándolos de aquellos que reclamados por la familia eran enterrados en sepulturas determinadas, diferentes de la fosa común y por los que se solía pagar la cantidad de 15 ó 45 pesetas en éste último caso incluyendo enterramiento y féretro. Las personas que podían pagar sepultura solían coincidir con aquellos que tenían la familia en Alcalá o pueblos muy cercanos, o con aquellos cuyas profesiones les permitían mayor dispendio, como el caso del que fuera médico de Daganzo, Manuel Romero Mestas. Dato de contraste en lo referente a diferentes tasas municipales por diferentes servicios es la comparación en el mes de julio de 1939 entre los enterrados de forma gratuita, con las 100 pesetas con que figura el entierro de primera categoría de D. Francisco Huerta Calopa, hermano del entonces alcalde de la ciudad , muerto de forma repentina en ese mes.
La investigación ha concluido con una visita al cementerio local. La fosa común, más conocida en esos años como “el zanjón", estaba situada junto a la tapia sur, a la izquierda de la puerta de entrada. Allí fueron enterrados la mayoría de los fusilados en esta época que ahora se analiza. Hace algunos años, hacia finales de la década de los 50 o a principios de los 60, los fondos allí recogidos fueron removidos y trasladados al osario general situado en la zona norte. Por tanto resultaría imposible la pretensión de identificar los restos de los fusilados y allí enterrados, aunque sería una cuestión de humanidad hacer un reconocimiento público a esas personas anónimamente sepultadas en algún lugar del cementerio alcalaíno, poniendo una placa con sus nombres. De esta manera muchas familias tendrían un sitio donde poder honrar a sus muertos aunque fuera un poco tarde, tras más de 70 años de olvido. En esta misma zona sur del cementerio están ubicadas una serie de siete tumbas en las que en sus lápidas figuran escritos nombres de personas que a su vez aparecen en la lista que hoy se publica. Se trata de fusilados que, recogidos por sus familias, recibieron sepultura. Unos metros más adelante existe otro grupo de tumbas, no excesivamente numeroso, del mismo tipo de personas que el anterior. En conjunto son los menos, del total de casi trescientos que hoy se conocen con nombres y apellidos.
Cuadro mensual y anual de ejecuciones de la década
Con ánimo de facilitar una visión mas completa de los hechos que aquí se presentan, se muestran dos gráficos. Uno de ellos representa el número de ejecuciones anuales a lo largo del periodo y el otro el número mensual de las mismas, igualmente en esos diez años. Ambos dibujos son por sí solos representativos, pudiéndose obtener certeras conclusiones de los dos. La primera de ellas es clara y manifiesta. Existen dos grupos temporales de ejecuciones, claramente diferenciados. El primero cubre el periodo 1939-1942, en él se llevan a cabo el 89% de las mismas y corresponden en su mayor parte a sentencias por hechos ocurridos durante la guerra. El año 1943, al no existir ninguna ejecución puede considerarse como línea divisoria, para diferenciarle del segundo, mucho menos efectivo que el primero y en los que se juzgan hechos subversivos realizados contra el Estado franquista con posterioridad al final de la contienda. Como apunta el conjunto de autores de la obra Víctimas de la guerra civil, “Alcalá de Henares se especializó en la represión de la actividad política clandestina. Allí tenían lugar los consejos de guerra y las ejecuciones, bajo la batuta del instructor coronel Eymar. Uno de los incursos en aquellos sumarios, Melquesidez Rodríguez, ha escrito sobre una de las sacas, la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1944. Hubo once victimas". El dato no sólo es cierto sino que puede comprobarse la exactitud en su totalidad, simplemente contando las victimas de esa fecha en la lista adjunta.
Más complicado resulta el análisis de las ejecuciones llevadas a cabo por meses durante la década. ¿Por qué sobresalen los meses de junio y noviembre muy por encima de los demás? Difícil de responder. Los autores comprometen su postura y opinan lo siguiente:
a. En junio de los dos primeros años, sumando ambos, tiene lugar el mayor número de ejecuciones (70) de la década. En 1939, la mayoría (22 de 34, el 64%) corresponden a la localidad de Meco. Encontrar una lógica de este mes en los dos años, “a priori" resulta complicado. Pudiera haber existido algún tipo de influencia entre los meses de abril y mayo de ese año, por parte de las nuevas autoridades de Meco, para tratar de resolver cuanto antes los casos de los detenidos de esta localidad y presentar como caso ejemplarizante su rápida y pronta, además de satisfactoria para los fines de los nuevos gobernantes, solución. De seguir con el mismo tipo de razonamiento para el año siguiente habría que pensar de la misma manera pero ahora en las localidades de Campo Real (9 sobre 31, 29%), Torres de la Alameda (5 sobre 31, 16%), y Pozuelo del Rey (4 sobre 31, 12%), lo que explicaría un colectivo cercano al 60%, de ser cierta la apreciación aquí mostrada, la cual no pasa de ser algo gratuita al no estar soportada por ningún tipo de documentación.
b. El mes siguiente en número de ejecuciones es noviembre. En este caso pudiera haber existido una explicación, más documentada que la anterior, según la cual, noviembre era el mes en el que se cumplía el tercer aniversario del fusilamiento en Alicante del Fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera (la fecha exacta como es conocido fue la del día 20) y en el que fueron trasladados sus restos a pie, desde esa ciudad hasta el monasterio de El Escorial. Era conocido que coincidiendo con el paso de la comitiva fúnebre, los fusilamientos se acrecentaban. Pudiera ser una razón, pero en el caso de Alcalá no coinciden con exactitud las fechas. El traslado se inicia el día 20 en Alicante, llegando a Madrid el 28 del mismo mes de noviembre, siendo el entierro en el monasterio escurialense el día 30.
Sorprende, de todos modos, el número de ejecuciones en un solo mes y más todavía que se llevan a cabo en solo tres días. El resumen no puede dejar frío a nadie: 13 de noviembre, 12 ejecuciones; 17 de noviembre, 19 ejecuciones; 22 de noviembre, 20 ejecuciones; en total del mes, 51 ejecuciones.
c. Igualmente sorprende que en 1939 no hubiera ejecuciones durante los meses de agosto y septiembre. Una razón pudiera ser la de su coincidencia con el incendio del Archivo General Central, sito en el Palacio Arzobispal y en aquellos meses ocupado por tropas del ejército. En el suceso intervino la justicia militar, como no podía ser de otra forma y quizás por esta razón, unida a las enormes dudas surgidas acerca de los auténticos autores del incendio, podría haber sido la causa de que por este hecho, la justicia militar estuviera ocupada en otros menesteres y aplazara la continuidad de los consejos de guerra. La primera autoridad militar alcalaína era D. José Ma. Calvo Jiménez quien a su vez sería el firmante de las comunicaciones de la Comandancia Militar, sobre el asunto de los fusilamientos, hasta agosto de 1939, fecha en la que sería sustituido, presumiblemente a causa del incendio, pero sin que conste en su hoja de servicios ninguna mención al mismo, a pesar de ser el máximo responsable militar y haberse incendiado un edificio de uso estrictamente militar.
d. Durante el mes de diciembre, únicamente el primer año, 1939, se llevaron a cabo ejecuciones. Era común y además conocido que por Navidad no se fusilaba. De ahí que la última del año se efectuara el 19 de diciembre y la siguiente un mes después, el 18 de enero.
Conclusiones
Con independencia de posteriores análisis, que sin duda se efectuarán en próximas fechas y que versarán sobre lugares de procedencia, sucesos acaecidos en ellos, profesión y edad de los presentes en la relación ahora presentada, los autores consideran lo siguiente:
a. Los datos aquí expuestos quieren y pretenden contribuir a un mayor y especifico conocimiento de lo que fue el final de la guerra civil en Alcalá de Henares y el inicio de la larga posguerra.
b. Se trata, por otro lado, de un reconocimiento a personas que en su mayor parte no debieron tener ninguna relación con delitos de sangre, nunca tuvieron el más mínimo reconocimiento, habiendo sufrido el mismo o peor trato que los asesinados del lado franquista, sin que por supuesto fueran recordadas de la misma manera que éstos.
c. No existe ánimo ninguno de comparar cifras de ambos lados. La existencia de un solo asesinato por cualquiera de los lados contendientes, debería haber constituido un acto vergonzante del modo de ser de los españoles del primer tercio del siglo XX.
d. Por último, es necesario reconocer que en ambos casos, tanto en el colectivo de personas que figuran desde hace mas de 70 años en lápidas expuestas en las iglesias alcalaínas como en el listado que ahora sale a la luz, hay nombres de personas que sin ser naturales o estar domiciliadas en esta ciudad, fueron aquí asesinadas y enterradas, pasando a formar parte del acervo histórico complutense, del que en ninguno de los dos casos podemos sentirnos orgullosos, pero que es obligación dar a conocer para que actos tan irracionales no se repitan jamás.
_
Un fontanero y 285 fusilados más
Escrito por José María San Luciano y Pilar Lledó Collada
Según el censo de 1940, en los tres centros penitenciarios de la ciudad había cerca de 4.000 reclusos. La población de Alcalá no llegaba a los 18.000 habitantes
Entre el mes de abril de 1939 y diciembre de 1948 fueron fusiladas 286 personas en la ciudad
Los fusilamientos de Alcalá son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado tras la contienda
Los fusilamientos se llevaban a cabo en las tapias del cementerio o en los alrededores de la ermita del Val
Sólo haberse significado públicamente en favor del Frente Popular ya era motivo para ir ante el tribunal militar
El pasado 9 de septiembre el investigador local José María San Luciano publicaba en estas páginas la tribuna titulada ‘Si Garzón preguntara en Alcalá...’ en la que daba cuenta de los fusilamientos que se produjeron en la ciudad en los tres años siguientes al final de la guerra civil. Aquel artículo tuvo una gran repercusión local y regional y el autor decidió emprender una investigación más precisa y detallada de los modos y el alcance de la “represión legal” que llevó a cabo la justicia militar del Régimen franquista en la ciudad entre los años 1939 y 1948. Para ello, San Luciano ha contado con la colaboración de la historiadora Pilar Lledó Collada. Juntos han elaborado la lista de las 286 personas fusiladas en aquel periodo que se publicará en nuestra edición de mañana. Hoy se ofrece una introducción de este concienzudo trabajo de investigación.
La polémica surgida a raíz de las ultimas actuaciones del juez Garzón continúa, y en la actualidad la discusión se mantiene entre el propio juez y la fiscalía, ambas de la Audiencia Nacional, para dilucidar si el magistrado es competente para juzgar los hechos acaecidos en España desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y con posterioridad a éste, en lo referente a fusilamientos y personas desaparecidas, considerando a la vez si estos hechos pudieran ser calificados o no como delitos contra la humanidad.
Al mismo tiempo, y al amparo de la no menos polémica Ley sobre la Memoria Histórica, han sido presentadas en la misma Audiencia Nacional relación de personas fusiladas y/o desaparecidas en el periodo antes considerado, con idea de contribuir al proceso iniciado por el juez Garzón y que el número, en verdad abultado, contribuya por la vía de la cantidad a la calificación de la actuación del Franquismo como delitos contra la humanidad.
En las páginas de este mismo Diario, el pasado 9 de septiembre, uno de los firmantes de este trabajo publicaba un articulo en el que se hacía eco de la documentación existente en el Archivo Municipal alcalaíno, de la que no era difícil deducir que en el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre del año 1939 y los periodos completos de los años 1940 y 1941 habían sido ejecutadas en Alcalá de Henares, una vez juzgadas y sentenciadas por Tribunales Militares, más de 250 personas. Al coincidir su aparición con noticias de ámbito nacional acerca de fosas de personas desaparecidas, el mencionado artículo creó una cierta polémica, superior a la propia intención del autor, la cual no se extendía más allá de dar a conocer unos hechos constatados en una documentación al alcance de cualquier persona interesada, al ser el archivo municipal de público acceso.
Ahora, con la intención de aclarar lo entonces comentado, se avanza un paso más y se publica relación detallada de personas fusiladas en Alcalá de Henares durante el periodo de tiempo comprendido entre abril de 1939 y diciembre de 1948. No se trata de una lista definitiva, pues existe la posibilidad de que pudieran aparecer nombres de desaparecidos no inscritos en los registros oficiales, pero los autores del presente artículo se han basado en la información proporcionada por las fuentes documentales, donde se registraba la llamada “represión legal", es decir, los condenados eran fusilados en cumplimiento de la pena de muerte sentenciada por Consejo Militar. Se ha contrastado y conciliado la información proporcionada por estas fuentes, que han sido las siguientes:
a) Registro Civil. Libros registro de inscripción de defunciones, numerados entre el 75 y el 85, y que comprenden las fechas objeto de este estudio, es decir, entre abril de 1939 y diciembre de 1948 conservadas en el Juzgado Municipal de esta ciudad.
b) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Libro registro diario de enterramientos del cementerio alcalaíno, actualmente con la signatura “leg. 1146/2" del archivo municipal; y por último
c) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. La documentación que originó el artículo del día 9 de septiembre. Los oficios de la autoridad militar al alcalde alcalaíno comunicándole las ejecuciones previstas para los años 1939, 1940 y 1941.
Se presenta en esta ocasión una relación de 286 personas, en la que constan nombre y apellidos, fecha de ejecución, profesión, localidad en la que se encontraban domiciliados, edad que tenían en el momento de su muerte por arma de fuego y referencia del lugar exacto de enterramiento en el cementerio alcalaíno, siguiendo la nomenclatura utilizada por éste. En la relación hay una mayoría aplastante de hombres, existiendo en el listado tres mujeres.
El hecho más importante es que en casi todos los casos relacionados, excepto en 18, ha sido inscrito el fallecimiento en el Registro Civil. Los nombres de ocho de los fallecidos de estos dieciocho casos no registrados oficialmente, figuran en el libro registro del cementerio, desconociéndose la razón por la que no fueron inscritos en el Registro Civil. Se han registrado en el listado todas aquellas personas cuyo fallecimiento constaba en alguna de las fuentes documentales consultadas, y que a través de ellas se pudiera deducir la identidad del represaliado. Se ha decidido no incluir cinco casos de los que teníamos constancia por los oficios de la Comandancia Militar, pero de los que nos fue imposible averiguar su identidad, al haberse perdido su rastro en los registros oficiales y desconocer si finalmente se llevó a cabo su ejecución.
Con la publicación de estos datos, los autores pretenden identificar y rescatar del olvido, con independencia de la actualidad existente en la Audiencia Nacional y en los distintos foros y asociaciones de la Memoria Histórica, a las personas fallecidas en la ciudad de Alcalá de Henares entre 1939 y 1948, en virtud de la ejecución de sentencia de la autoridad militar, competente en aquellos momentos para juzgar los hechos imputados a esas personas. Los autores, de momento, no entran a valorar los hechos en los que se basaron los tribunales militares para tomar la decisión de condenar a muerte a cerca de trescientas personas, al no haber sido posible consultar la documentación de los diferentes Consejos de Guerra que juzgaron a estas personas. Por tanto, no entramos a valorar si los que aquí figuran fueron condenados por su participación en delitos de sangre durante o con posterioridad a la guerra civil, por haber sido miembros de partidos políticos y/o sindicatos legales en el momento del golpe militar del 18 de julio de 1936, o sencillamente objeto de denuncia por terceros. Sin embargo, sí nos parece interesante explicar cómo funcionaban esos Consejos de Guerra, responsables de las muertes aquí relacionadas en el listado adjunto.
Unida a la relación detallada de todos los ejecutados se presentan dos cuadros, por meses y años, que identifican y facilitan el detalle de la magnitud de la represión durante la primera década de la posguerra en la ciudad de Alcalá de Henares.
El procedimiento de los Consejos de Guerra
Hay que preguntarse cómo estas 286 personas acabaron fusiladas en las tapias del cementerio o en la llamada “playa de los alemanes" en la zona de la Virgen del Val. Está claro que responde al fenómeno de la represión franquista, pero vamos a intentar explicar cómo fue el procedimiento de la llamada “represión legal", es decir, las penas de muerte que se ejecutaban en virtud de sentencia de Consejo de Guerra, aplicando el código de justicia militar, y no las producidas sin dejar rastro por partidas incontroladas de falangistas, y cuyas fosas improvisadas tratan ahora de ser localizadas gracias a la promulgación de la polémica Ley de la Memoria Histórica y a las justas reivindicaciones de sus familiares.
Los fusilamientos de Alcalá de Henares son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado. Durante la Guerra Civil, un Decreto de 28 de julio de 1936 establecía en la zona sublevada que “cualquier actuación política podía ser sometida a la jurisdicción de guerra, y, en todo caso, era la autoridad militar, previo informe del Auditor, a quien competía convertir el procedimiento sumarísimo en ordinario...". Esto demuestra que tras la victoria, el Estado quedaba en manos de los militares y su jurisdicción imperaría en todos los ámbitos. Se aplicaba el Código de Justicia Militar en su artículo 237, que castigaba la “rebelión militar" contra el gobierno de la República. Esto constituía un puro contrasentido, la “justicia al revés". Con ello el nuevo Régimen violaba varios principios básicos del derecho. El principal era que se aplicaba la ley de forma retroactiva: se les imputaba a los reos republicanos el delito de “adhesión a la rebelión", cuando habían sido los militares franquistas los que se habían sublevado contra el gobierno constitucional el 18 de julio de 1936. Se catalogaban como delitos aquellos que anteriormente no estaban penados y se les aplicaban penas extremas, sobre todo la pena de muerte, por estar afiliados a partidos políticos y sindicatos que habían sido plenamente legales durante la etapa republicana.
La primera ley represiva del nuevo Estado, la llamada “Ley de responsabilidades Políticas" de 9 de febrero de 1939, poco antes de terminar la contienda, establecía en su artículo 1 que “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave." Y en su Capítulo II, donde se establecían las causas de responsabilidad, se establecía que quedaban incursas en causas de responsabilidad las personas individuales que estuvieran en alguno de los siguientes supuestos:
1. Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma.
2. Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones que se mencionaban en el artículo 2, y que comprendían todas las existentes durante la República excepto los de derechas, así como las logias masónicas, y también se sancionaba haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones u organismos, tanto públicos como privados.
3. Haber figurado, antes del 18 de julio de 1936 como afiliado a los partidos, agrupaciones y asociaciones mencionadas.
4. Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil o calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, o haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular.
5. Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes de febrero de 1936, formando parte del gobierno que las convocó o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular.
6. Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería. Se consideraba agravante haber obtenido grados entre el 18 y el 33.
7. Haber excitado o inducido a la realización de algún acto contrario al Movimiento Nacional, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta o de la radio o de cualquier medio de comunicación, o bien en escritos.
Únicamente estaban exentos de responsabilidades los menores de 14 años, y había una serie de circunstancias atenuantes, como haber prestado servicios al Movimiento Nacional, haber sido herido en campaña en defensa de España (por supuesto, España sólo se defendía en el bando de los franquistas), haberse alistado voluntario en ese mismo patriótico bando, o haber perdido a un hijo o un padre en campaña, por supuesto en defensa del Movimiento, o haber sido éstos asesinados en “zona roja". Semejante aberración jurídica estuvo vigente hasta el 13 de abril de 1945.
El nuevo aparato jurídico que se crea se articula a través de los Consejos de Guerra de los tribunales de justicia militar, justicia extralimitada en sus funciones que había absorbido casi en su totalidad a la justicia ordinaria. Las leyes posteriores y hasta 1948, en que es suprimida la declaración del estado de guerra, insisten en los procedimientos de urgencia. Las irregularidades jurídicas se mantienen, pues, en la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, y en el decreto sobre bandidaje y terrorismo de 18 de abril de 1947.
Esta aplicación de bandos de guerra a civiles y militares llevaba aparejada la profusa celebración de Consejos de Guerra sumarísimos y de urgencia en los que el modelo básico de aplicación se repite: la máquina se solía poner en marcha como consecuencia de la presentación de denuncias provenientes de cualquier persona que podía conocer o no al acusado, a quien se le podía atribuir, sin prueba alguna, haber profesado unas ideas, haber votado, haber dado un subsidio para cualquiera de las organizaciones republicanas malditas. El denunciante podía ser anónimo y no necesitaba probar sus acusaciones, y nunca se le pedían cuentas por su acción, que le podía valer para hacer méritos de cara a su futuro o para ocultar su actuación en zona roja, o para saldar viejas cuentas económicas, sentimentales o personales con la persona acusada.
Una vez puesta la denuncia, se procedía a la detención del denunciado y se le conducía a comisaría o a alguno de los centros irregulares de detención que tanto proliferaron en el año 1939, y allí se iniciaba la etapa de “diligencias", que se llevaba a cabo sin asistencia letrada, sin saber el detenido el periodo de estancia, y sin saber los cargos que se le imputaban. En Alcalá de Henares, ciudad tradicionalmente penitenciaria, se amontonaban los presos en esos primeros meses de la posguerra, tanto en el centro penitenciario que había funcionado desde el siglo XIX como en el llamado “Manicomio", en la carretera de Meco, conjunto de edificaciones que nunca funcionaron como centro psiquiátrico y que actualmente alberga el acuartelamiento Primo de Rivera. Según el censo de población de 1940 (legajo 1159/1] del Archivo Municipal), en la ciudad complutense había los siguientes centros de internamiento con sus correspondientes internos:
a) Talleres Penitenciarios, antigua escuela de Reforma, 541 reclusos.
b) Talleres Penitenciarios, sección Casa de Trabajo, 2.739 reclusos.
c) Campo de concentración ‘Manicomio’, hoy prisión habilitada", según señala la inscripción del propio censo, 2.113 reclusos.
Estamos hablando de casi 4.000 presos en una ciudad que no llegaba a los 18.000 habitantes, y en la cual había otro contingente importante de casi 4.000 militares. Las mujeres no estaban excluidas de la condición de reclusas, y en la prisión del partido, habilitada para ellas, había 404 internas.
Tras esta declaración en comisaría, las pesquisas las llevaba a cabo el juez instructor, perteneciente al Juzgado Militar permanente, o bien la Comandancia Militar, organismos que se dirigían a las autoridades municipales y jefaturas locales de Falange, para que les remitiesen, con la mayor urgencia, informe de conducta social y política de las personas encausadas. Al acusado se le permitía contar con un defensor, cargo que tenía que ser desempeñado por un militar, al que ni siquiera se le exigía ser jurista, lo que agravaba las posibilidades de defensa, por lo que en muchas ocasiones este defensor se limitaba a solicitar clemencia y misericordia para su defendido.
Una vez redactado el auto de acusación, éste se elevaba a plenario, se realizaba la petición fiscal procediéndose a las diligencias de lectura de cargos al procesado y por último se fijaba fecha del Consejo de Guerra. Éstos eran habitualmente colectivos, y solían condenar también de la misma forma conjunta a la pena de muerte. Estos Consejos estaban compuestos por siete miembros, la mayoría militares: Presidente, tres vocales, ponente, fiscal y el ineficaz defensor, que muchas veces ni siquiera había visto o hablado con su defendido.
En las cárceles, las galerías de los condenados a muerte estaban repletas y durante meses o incluso años esperaban la llegada de la conmutación o de su “saca". Como puede comprobarse en el listado, los condenados a la máxima pena eran bastantes, cumpliéndose ésta sin mayor problema, sobre todo en los primeros meses. Contra esa sentencia no cabía recurso ni alegaciones. El último peldaño en el macabro trámite jurídico era el “enterado" del jefe del Estado, el general Franco. Por sus manos y las del asesor jurídico del Ministerio del Ejército, teniente coronel Martínez Fuset, pasaron todas las sentencias de muerte, decenas de miles en la posguerra. Las anotaciones que Franco ponía en las sentencias, mientras tomaba el café de sobremesa, eran la E, de enterado, o la C de conmutado. Para conocer el porcentaje de conmutaciones de pena faltan estudios precisos, pero por los estudios locales conocidos se desprende que fue aumentando a partir de 1939, y, de manera inversa, fue descendiendo el porcentaje de condenas a muerte. Los familiares desempeñaban un papel primordial en esta búsqueda de recomendaciones y avales que hiciera cambiar de opinión al Caudillo. Padres, esposas e hijos peregrinaron en una lucha contra reloj en busca de amigos o conocidos que quisieran interceder por ellos. Como siempre, los anónimos y analfabetos jornaleros tenían muy poco que hacer en ese sentido.
Una vez recibido el “Enterado", el procedimiento seguía su curso: el Consejo de Guerra ponía en práctica las diligencias de ejecución, debiendo el instructor comunicar al Gobernador Militar de la ciudad correspondiente el día y la hora en que sería cumplida la sentencia, para que éste designe juez a los efectos de notificación, contratación del vehículo correspondiente para trasladar a los presos al lugar de ejecución, nombramiento de piquete, así como otra farragosa burocracia gracias a la cual ha salido a la luz esta macabra historia en el archivo municipal alcalaíno: escritos y telegramas del Gobierno Militar de la plaza a la Alcaldía pidiendo féretros, así como la presencia en el acto final de dos personajes clave: el juez municipal y el médico forense. En el caso de la ciudad complutense los testigos habituales de los fusilamientos eran el Alcalde D. José Félix Huerta Calopa, hasta su cese en enero de 1941, siendo sustituido por D. Cayo del Campo, el Juez D. Lucas del Campo hasta 1941 en que fue sustituido por D. José Casado Moreno, y el médico forense D. Francisco Marcos Cazorla.
De 1939 a 1948
En primer lugar se han revisado los diferentes libros del Registro Civil en el que constan los fallecidos del periodo 1939-1948 y se han seleccionado los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio de todas aquellas personas cuya causa de muerte aparece reseñada como cualquiera de las siguientes: “shock traumático producido por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en cumplimiento de sentencia", “heridas mortales de necesidad por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en las tapias del cementerio", “por heridas recibidas en la ejecución de la sentencia de muerte que le fue impuesta".
A continuación han sido cruzados los datos de filiación con los proporcionados por las otras dos fuentes documentales consultadas, constatándose el hecho de que 18 personas no aparecen inscritas en el Registro Civil. En el caso de los comprendidos entre los números de orden 34 (Palacios González, Segundo) y 44 (Martínez Monge, Mariano), ambos inclusive, todos figuran en el Oficio de la Comandancia Militar al Alcalde alcalaíno fechado el 11 de junio de 1939 con nombre y apellidos, señalando el 13 de junio como fecha de la ejecución. Sólo uno de esta relación de once personas, aparece enterrado en el cementerio local. Se desconoce qué ocurrió con los demás, pudiendo contemplar varias posibilidades, desde un improbable indulto, un negligente olvido por parte de los funcionarios tanto del registro como del cementerio, hasta una auténtica “desaparición no legal", existiendo la remota posibilidad, no investigada hasta ahora, de que al ser diez de ellos de la localidad de Meco fueran enterrados en ésta, o en una fosa desconocida en la cuneta de la carretera. Difícil, pero no imposible, que tengamos algún caso en Alcalá de las polémicas fosas ilegales de republicanos desaparecidos. Otro caso, el de los comprendidos entre los números 270 (Jesús Carreras Olascoaga) y 277 (Manuel Lozar Félix) tampoco aparecen inscritos en el Registro Civil, pero sí figuran todos ellos en el libro registro diario de enterramientos municipal, y en fuentes escritas, como son los libros de memorias de dos compañeros que estuvieron presos con ellos en la cárcel de Alcalá: Manuel Amblard, en su Muerte después de Reyes, y Melque Rodríguez Chaos en 24 años de cárcel.
Se han estudiado los distintos Oficios de la Comandancia Militar dirigidos a los Alcaldes de Alcalá, D. José Félix Huerta Calopa y D. Cayo del Campo, principalmente, (el segundo estaría en su puesto hasta bien entrado 1945) en los que se les ordenaba que una vez notificados de la decisión del Tribunal sobre las ejecuciones a efectuar, hicieran todo lo que les correspondía para que fueran enterrados los cadáveres, además de proveer los oportunos ataúdes. Examinada la documentación correspondiente a los años 1939, 1940 y 1941, da un resultado de 254 personas ejecutadas, de un total de 286 del listado definitivo. Por consiguiente, ha sido comprobado, con esta documentación, un porcentaje cercano al 90%. Es necesario hacer notar que sólo en los documentos relativos a 1939 y a dos personas de 1941 se consignaba la identidad de los ejecutados. En los demás, a partir de 1939 únicamente aparece el número de ejecuciones a realizar. Se ha constatado la ausencia de algunos de los oficios de la Comandancia en estos años, a través del caso de 11 personas que están inscritas en los registros, pero de cuya ejecución no existe orden militar, seguramente por pérdida del documento que hacía referencia al hecho.
Por último, ha sido consultado el libro registro diario del cementerio municipal correspondiente a la década examinada. Han sido conciliados nombres y fechas que en él aparecen con la información obtenida en los documentos citados en los párrafos precedentes. En algunas ocasiones la pista sobre la posible condición de ejecutado la daba la anotación “O.C.M.", que suponemos hace relación a “orden de la Comandancia Militar", pero estas siglas no aparecen en todos los casos de ejecutados, sino únicamente en los casos en los que el muerto era indigente y no podía pagarse el entierro, en cuyo caso aparece precedido de la letra G, de gratis. Esto quiere decir que un investigador que hubiese consultado en primer lugar esta fuente documental no hubiera podido sacar el nombre de todos los represaliados, pues no todos aparecen con la anotación militar. En el caso de las personas cuyas familias pudieron pagar el entierro no hay ningún rastro que permita deducir la causa de su muerte. Pero una vez cruzados los datos de afiliación de los dos libros registro, tanto el del civil como el del cementerio, y como puede apreciarse en la relación adjunta, la concordancia en la mayoría de los casos es total. En este sentido el libro diario aporta datos, en ocasiones vagos, como es el caso de Mariano Iglesias Lorente quien aparece enterrado el 26 de junio “junto con dos más", así como el de Apolonio Romero de Lucas que figurando su enterramiento el 15 de junio, añade el comentario “junto con otros". En otros casos pudiera dar la impresión que el escribiente encargado de las inscripciones pudiera haber padecido algún tipo de olvido o confusión en las fechas. Tal es el caso de Eduardo Morales Blanco (n. 21) que fallecido el 2 de junio figura enterrado el 9 del mismo mes. Igual caso es el Ezequiel Gallego Martínez (n. 22), enterrado junto a Félix López Álvarez (n. 10) y Eugenio Mendieta (n. 11) el 4 de junio. Por otro lado, existen casos, no excesivos, pero sí superiores a la decena en los que en el libro del cementerio figuran enterrados dos días después de la ejecución y otros tantos, dato curioso, cuya fecha de enterramiento es anterior, en un día, a la de ejecución e inscripción en el Registro Civil.
Es digno de mención que en esos años y hasta el Concilio Vaticano II, concluido en 1965, existía arancel en los servicios eclesiásticos. Esto quería decir que éstos eran de diferentes clases, por los que se cobraban igualmente distintos importes. En todos los correspondientes a los fusilados figura la mención “3a" seguida de una G mayúscula, que identifica claramente la gratuidad del servicio, diferenciándolos de aquellos que reclamados por la familia eran enterrados en sepulturas determinadas, diferentes de la fosa común y por los que se solía pagar la cantidad de 15 ó 45 pesetas en éste último caso incluyendo enterramiento y féretro. Las personas que podían pagar sepultura solían coincidir con aquellos que tenían la familia en Alcalá o pueblos muy cercanos, o con aquellos cuyas profesiones les permitían mayor dispendio, como el caso del que fuera médico de Daganzo, Manuel Romero Mestas. Dato de contraste en lo referente a diferentes tasas municipales por diferentes servicios es la comparación en el mes de julio de 1939 entre los enterrados de forma gratuita, con las 100 pesetas con que figura el entierro de primera categoría de D. Francisco Huerta Calopa, hermano del entonces alcalde de la ciudad , muerto de forma repentina en ese mes.
La investigación ha concluido con una visita al cementerio local. La fosa común, más conocida en esos años como “el zanjón", estaba situada junto a la tapia sur, a la izquierda de la puerta de entrada. Allí fueron enterrados la mayoría de los fusilados en esta época que ahora se analiza. Hace algunos años, hacia finales de la década de los 50 o a principios de los 60, los fondos allí recogidos fueron removidos y trasladados al osario general situado en la zona norte. Por tanto resultaría imposible la pretensión de identificar los restos de los fusilados y allí enterrados, aunque sería una cuestión de humanidad hacer un reconocimiento público a esas personas anónimamente sepultadas en algún lugar del cementerio alcalaíno, poniendo una placa con sus nombres. De esta manera muchas familias tendrían un sitio donde poder honrar a sus muertos aunque fuera un poco tarde, tras más de 70 años de olvido. En esta misma zona sur del cementerio están ubicadas una serie de siete tumbas en las que en sus lápidas figuran escritos nombres de personas que a su vez aparecen en la lista que hoy se publica. Se trata de fusilados que, recogidos por sus familias, recibieron sepultura. Unos metros más adelante existe otro grupo de tumbas, no excesivamente numeroso, del mismo tipo de personas que el anterior. En conjunto son los menos, del total de casi trescientos que hoy se conocen con nombres y apellidos.
Cuadro mensual y anual de ejecuciones de la década
Con ánimo de facilitar una visión mas completa de los hechos que aquí se presentan, se muestran dos gráficos. Uno de ellos representa el número de ejecuciones anuales a lo largo del periodo y el otro el número mensual de las mismas, igualmente en esos diez años. Ambos dibujos son por sí solos representativos, pudiéndose obtener certeras conclusiones de los dos. La primera de ellas es clara y manifiesta. Existen dos grupos temporales de ejecuciones, claramente diferenciados. El primero cubre el periodo 1939-1942, en él se llevan a cabo el 89% de las mismas y corresponden en su mayor parte a sentencias por hechos ocurridos durante la guerra. El año 1943, al no existir ninguna ejecución puede considerarse como línea divisoria, para diferenciarle del segundo, mucho menos efectivo que el primero y en los que se juzgan hechos subversivos realizados contra el Estado franquista con posterioridad al final de la contienda. Como apunta el conjunto de autores de la obra Víctimas de la guerra civil, “Alcalá de Henares se especializó en la represión de la actividad política clandestina. Allí tenían lugar los consejos de guerra y las ejecuciones, bajo la batuta del instructor coronel Eymar. Uno de los incursos en aquellos sumarios, Melquesidez Rodríguez, ha escrito sobre una de las sacas, la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1944. Hubo once victimas". El dato no sólo es cierto sino que puede comprobarse la exactitud en su totalidad, simplemente contando las victimas de esa fecha en la lista adjunta.
Más complicado resulta el análisis de las ejecuciones llevadas a cabo por meses durante la década. ¿Por qué sobresalen los meses de junio y noviembre muy por encima de los demás? Difícil de responder. Los autores comprometen su postura y opinan lo siguiente:
a. En junio de los dos primeros años, sumando ambos, tiene lugar el mayor número de ejecuciones (70) de la década. En 1939, la mayoría (22 de 34, el 64%) corresponden a la localidad de Meco. Encontrar una lógica de este mes en los dos años, “a priori" resulta complicado. Pudiera haber existido algún tipo de influencia entre los meses de abril y mayo de ese año, por parte de las nuevas autoridades de Meco, para tratar de resolver cuanto antes los casos de los detenidos de esta localidad y presentar como caso ejemplarizante su rápida y pronta, además de satisfactoria para los fines de los nuevos gobernantes, solución. De seguir con el mismo tipo de razonamiento para el año siguiente habría que pensar de la misma manera pero ahora en las localidades de Campo Real (9 sobre 31, 29%), Torres de la Alameda (5 sobre 31, 16%), y Pozuelo del Rey (4 sobre 31, 12%), lo que explicaría un colectivo cercano al 60%, de ser cierta la apreciación aquí mostrada, la cual no pasa de ser algo gratuita al no estar soportada por ningún tipo de documentación.
b. El mes siguiente en número de ejecuciones es noviembre. En este caso pudiera haber existido una explicación, más documentada que la anterior, según la cual, noviembre era el mes en el que se cumplía el tercer aniversario del fusilamiento en Alicante del Fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera (la fecha exacta como es conocido fue la del día 20) y en el que fueron trasladados sus restos a pie, desde esa ciudad hasta el monasterio de El Escorial. Era conocido que coincidiendo con el paso de la comitiva fúnebre, los fusilamientos se acrecentaban. Pudiera ser una razón, pero en el caso de Alcalá no coinciden con exactitud las fechas. El traslado se inicia el día 20 en Alicante, llegando a Madrid el 28 del mismo mes de noviembre, siendo el entierro en el monasterio escurialense el día 30.
Sorprende, de todos modos, el número de ejecuciones en un solo mes y más todavía que se llevan a cabo en solo tres días. El resumen no puede dejar frío a nadie: 13 de noviembre, 12 ejecuciones; 17 de noviembre, 19 ejecuciones; 22 de noviembre, 20 ejecuciones; en total del mes, 51 ejecuciones.
c. Igualmente sorprende que en 1939 no hubiera ejecuciones durante los meses de agosto y septiembre. Una razón pudiera ser la de su coincidencia con el incendio del Archivo General Central, sito en el Palacio Arzobispal y en aquellos meses ocupado por tropas del ejército. En el suceso intervino la justicia militar, como no podía ser de otra forma y quizás por esta razón, unida a las enormes dudas surgidas acerca de los auténticos autores del incendio, podría haber sido la causa de que por este hecho, la justicia militar estuviera ocupada en otros menesteres y aplazara la continuidad de los consejos de guerra. La primera autoridad militar alcalaína era D. José Ma. Calvo Jiménez quien a su vez sería el firmante de las comunicaciones de la Comandancia Militar, sobre el asunto de los fusilamientos, hasta agosto de 1939, fecha en la que sería sustituido, presumiblemente a causa del incendio, pero sin que conste en su hoja de servicios ninguna mención al mismo, a pesar de ser el máximo responsable militar y haberse incendiado un edificio de uso estrictamente militar.
d. Durante el mes de diciembre, únicamente el primer año, 1939, se llevaron a cabo ejecuciones. Era común y además conocido que por Navidad no se fusilaba. De ahí que la última del año se efectuara el 19 de diciembre y la siguiente un mes después, el 18 de enero.
Conclusiones
Con independencia de posteriores análisis, que sin duda se efectuarán en próximas fechas y que versarán sobre lugares de procedencia, sucesos acaecidos en ellos, profesión y edad de los presentes en la relación ahora presentada, los autores consideran lo siguiente:
a. Los datos aquí expuestos quieren y pretenden contribuir a un mayor y especifico conocimiento de lo que fue el final de la guerra civil en Alcalá de Henares y el inicio de la larga posguerra.
b. Se trata, por otro lado, de un reconocimiento a personas que en su mayor parte no debieron tener ninguna relación con delitos de sangre, nunca tuvieron el más mínimo reconocimiento, habiendo sufrido el mismo o peor trato que los asesinados del lado franquista, sin que por supuesto fueran recordadas de la misma manera que éstos.
c. No existe ánimo ninguno de comparar cifras de ambos lados. La existencia de un solo asesinato por cualquiera de los lados contendientes, debería haber constituido un acto vergonzante del modo de ser de los españoles del primer tercio del siglo XX.
d. Por último, es necesario reconocer que en ambos casos, tanto en el colectivo de personas que figuran desde hace mas de 70 años en lápidas expuestas en las iglesias alcalaínas como en el listado que ahora sale a la luz, hay nombres de personas que sin ser naturales o estar domiciliadas en esta ciudad, fueron aquí asesinadas y enterradas, pasando a formar parte del acervo histórico complutense, del que en ninguno de los dos casos podemos sentirnos orgullosos, pero que es obligación dar a conocer para que actos tan irracionales no se repitan jamás.
_
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
¿DONDE ESTA?
IN MEMORIAN
Entradas
