COMUNICADO DE LA PVDF sobre la dec isión de la AN de paralizar las exhumaciones.

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La Plataforma por las Victimas de las Desapariciones Forzadas del Franquismo (PVDF) manifiesta su profundo malestar por la actuación del Ministerio Fiscal al instar la paralización de las exhumaciones autorizadas hasta el día de hoy por el Juzgado de instrucción nº 5 en relación con el proceso sumario 53/08. y su honda preocupación por la decisión del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional al suspender cautelarmente
la abertura de las fosas comunes, como solicitaron las partes en el proceso.

Estas actuaciones contradicen la legalidad internacional y ponen en evidencia una vez más el desamparo de los familiares de los desaparecidos en relación con la guerra civil española, como ha constatado recientemente el Comité de Derechos Humanos de la ONU al denunciar los obstáculos con que han tropezado hasta ahora las familias en sus gestiones judiciales y
administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas. A estos obstáculos habrá que añadir ahora la labor del Ministerio fiscal y la última decisión de la Sala de lo penal de la Audiencia Nacional.

Es inaudito que el Ministerio Fiscal, que debe velar por la legalidad, incluida la legalidad internacional, así como los intereses de los ciudadanos, en vez de actuar de oficio se dedique a mantener una situación anómala en cualquier democracia y en un estado de derecho: la de
miles de personas detenidas ilegalmente y ejecutadas extrajudicialmente, enterradas en fosas comunes ilegales, cunetas y pozos, sin que se garantice una investigación imparcial y completa sobre las circunstancias de su desaparición y se ofrezca a sus familias una reparación justa.

Con el auto de instrucción de 16 de octubre los familiares de desaparecidos conseguimos confiar por primera vez en la justicia española al iniciarse la investigación de crímenes contra la humanidad que habían quedado en la más absoluta impunidad aún en democracia.

Paralizando las exhumaciones se trunca esta confianza y se perpetúa la injusticia y la tortura a que se somete a nuestras familias desde hace setenta años.

POR TODO ELLO, MANIFESTAMOS NUESTRA FIRME VOLUNTAD DE RECUPERAR A NUESTROS FAMILIARES DESAPARECIDOS Y BUSCAR LA JUSTICIA QUE SE MERECEN ELLOS Y NOSOTROS MISMOS, AUNQUE HAYA QUE ACUDIR A OTROS TRIBUNALES QUE DEFIENDAN EFECTIVAMENTE LOS DERECHOS DE LAS VÍCTIMAS A LA JUSTICIA, A LA VERDAD Y A LA REPARACIÓN.

7 Noviembre de 2008

Paqui Maqueda ...........................Manuel Perona
Secretaria de la PVDF.............Portavoz de la PVDF
Teléfono: 692 244 104
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Los familiares de desaparecidos alaban el impulso a la ley, pero lo ven insuficiente

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Los familiares de desaparecidos alaban el impulso a la ley, pero ...

Los familiares de desaparecidos alaban el impulso a la ley, pero lo ven insuficiente

Las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y la dictadura franquista han dado la bienvenida al conjunto de medidas que desarrollan la Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura, aunque han criticado su insuficiencia, sus limitaciones y su tardanza. Así lo han dicho a la Agencia Efe tras aprobar el Consejo de Ministros del viernes una serie de medidas como la elaboración de un protocolo para exhumaciones de víctimas y de un mapa de las fosas donde se hallen sus restos, y como la retirada de los símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado.

La secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha acogido con satisfacción las medidas de desarrollo de la ley, que ha estado dos años «parada», sin ningún decreto, aunque ha criticado sus «vacíos» o «lagunas». Maqueda ha reivindicado que el Estado asuma la responsabilidad de las exhumaciones, en vez de dejarlas en manos de las asociaciones de familiares, además de la anulación de las decisiones de los consejos de guerra y de las sentencias franquistas. No obstante, se ha congratulado por la concesión de la nacionalidad española a los hijos y los nietos de los exiliados y a los brigadistas internacionales, y por la retirada de los símbolos franquistas de los edificios propiedad del Estado, todos ellos «gestos muy bonitos que honran» al actual Gobierno.

«Todo esto obedece a la presión de los familiares a través de las asociaciones», ha dicho la representante de la Plataforma, quien ha subrayado que ni el Gobierno ni los colectivos de afectados creían que el tema llegaría a la Audiencia Nacional.
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Y reacciones asociaciones.

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Asociaciones recurrirán la postura de la Fiscalía para defender la competencia de la Audiencia Nacional

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MADRID, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica están estudiando la redacción de un escrito contra el recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional al auto del juez Baltasar Garzón en el que defenderán la competencia del alto tribunal para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo y rechazarán muchos de sus argumentos.

Según explicó a Europa Press el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, los demandantes están estudiando la forma y los argumentos con los que pueden oponerse al recurso presentado ayer contra el auto de Garzón, ya que, como parte en la causa, pueden "opinar judicialmente".

Silva criticó que el recurso del Ministerio Público presenta una parte de argumentos judiciales y otra "política" y aseguró que está en algunos casos lleno de "inexactitudes". De esta forma, rechazó que la ley de la memoria histórica suponga la "solución" para las familias de los fallecidos, como defiende la Fiscalía.

En este sentido, argumentó que desde la aprobación de la ley las familias no han recibido ayudas y, además, no se establece que el Estado deba ser el responsable de los trabajos de apertura de fosas y la elaboración de una lista de desaparecidos. "No puede ser que los derechos humanos dependan de un grupo de voluntarios", enfatizó.

PROMOCIONAR LA LEY DE LA MEMORIA
El presidente de la asociación considera que el objetivo del fiscal es "promocionar" la ley de la memoria. "Está haciendo política --acusó--. Hay una desviación, debería haber reducido sus argumentos a la discusión sobre la competencia del juez Garzón". "Está promocionando una ley que es insatisfactoria para las familias", insistió.

Silva explicó que a juicio de las asociaciones demandantes sí es la Audiencia Nacional el organismo competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y Franquismo "y no el juez de cada pueblecito", ya que se trató de "miles de crímenes" cometidos durante un periodo de tiempo determinado y sobre los que "alguien dio la orden de empezar y de parar".
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El País hoy.

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El fiscal acusa a Garzón de abrir una "causa general" por el franquismo

JOSÉ YOLDI

La competencia nunca sería de la Audiencia Nacional, sino del Tribunal Supremo porque Franco y sus ministros eran aforados

El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, acusó ayer al juez Baltasar Garzón de formar una "causa general" para investigar y enjuiciar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo, circunstancia que, a su entender, violenta las reglas y límites del proceso penal. Zaragoza presentó un recurso de apelación directa contra el auto de Garzón por el que se declaraba competente para investigar las atrocidades cometidas durante la Guerra y primeros años de la dictadura por entender que se trataba de secuestros con desaparición forzosa en el contexto de crímenes contra la humanidad y que era competencia de la Audiencia porque Franco se había sublevado contra el poder legítimo constituido y precisamente ese delito contra la forma de gobierno y contra altos organismos de la nación determinaba que pudiera investigar el caso.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

Los crímenes contra la humanidad no existían en el Código de 1932
Zaragoza cree que el proceso se ha convertido en una "inquisición general"
El juez debería haber aplicado al caso la Ley de Amnistía de 1977

El recurso de la fiscalía, que pide la nulidad del proceso, es un auténtico bombazo contra la línea de flotación de los argumentos del juez y utiliza un lenguaje inusualmente contundente -llega a hablar de que el proceso "quiebra las más elementales reglas del proceso penal y aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución"- si bien fuentes fiscales afirmaron que se había "suavizado mucho".

Pero lo cierto es que Zaragoza acusa a Garzón de predeterminar el resultado y de haber adaptado todo el proceso de aplicación e interpretación de las normas a la consecución de ese resultado predeterminado, el de su propia competencia en el caso, "salvando de esa manera los escollos impeditivos de una aplicación racional del ordenamiento jurídico".
El recurso destaca que Garzón ha diseñado "un singular andamiaje jurídico" vinculando una serie de delitos "mediante una laxa interpretación de las normas de conexión, con un delito contra los altos organismos de la nación y la forma de gobierno -hoy inexistente en el Código Penal vigente- cuando es público y notorio que los posibles responsables [Franco y otros 34 generales y ministros que el juez Garzón menciona en su auto] de ese delito de rebelión han fallecido". Pero Zaragoza todavía va más allá al señalar que incluso siguiendo el razonamiento de Garzón, éste jamás sería competente en el caso, puesto que Franco y sus ministros, por su condición de autoridades y su responsabilidad, eran aforados y, por tanto, el caso no hubiera correspondido a la Audiencia Nacional, sino al Tribunal Supremo.
El fiscal ataca la piedra angular de la construcción jurídica realizada por Garzón, porque el magistrado apreciaba la existencia de miles de secuestros con desaparición forzosa en un contexto de crímenes contra la humanidad y el fiscal considera que no hay secuestros que valgan, sino asesinatos, puesto que es más que evidente que nadie permanece secuestrado desde hace 60 años, sino que las víctimas fueron sacadas de sus casas y ejecutadas en aquel momento.

El fiscal considera que el juez ha construido su proceso sobre la base de ese delito de secuestro con desaparición para evitar la prescripción a hechos ocurridos hace más de 60 años.

También critica duramente que el juez haya eludido la aplicación de la Ley de Amnistía de 1977, que fue aprobada por las primeras Cortes democráticas y que soslaye la aplicación del principio de irretroactividad penal de las leyes penales no favorables, así como la doctrina del Supremo sobre la imposibilidad de aplicar retroactivamente la figura jurídica de los crímenes contra la humanidad. Resulta que en el Código Penal de la República no estaban recogidos los crímenes contra la humanidad y el Supremo ya advirtió del problema al resolver el caso Scilingo, y declaró "la imposibilidad de aplicar retroactivamente la normativa penal".

El fiscal dedica todo un capítulo del recurso a reconocer la justicia de la pretensión de las asociaciones denunciantes para recuperar la memoria y la dignidad de los miles de víctimas de la represión franquista. Sin embargo, Zaragoza considera que las reparaciones morales de víctimas y familiares deben de venir por aplicación de la Ley de la Memoria Histórica y no por aplicación del Derecho Penal, que tiene otras funciones.
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"Plan de exterminio"


EL PAÍS - Madrid - 21/10/2008

Estos son los argumentos del juez Baltasar Garzón recogidos en el auto de admisión a trámite del caso.

- Competencia. Garzón se declara competente en la causa porque Franco encabezó un golpe de Estado contra la República. Se trataría de un delito contra la forma de Gobierno y los altos organismos de la nación, que compete juzgar a la Audiencia.

- Prescripción. El juez considera que los hechos no han prescrito. Los tipifica como detenciones ilegales en un marco de crímenes contra la Humanidad por existir un plan sistemático de exterminio. Al no encontrarse a las víctimas, esas desapariciones no están prescritas.

- Ley de Amnistía. "Parece claro que no pueden considerarse incluidos los hechos y delitos que con arreglo a las normas de derecho penal internacional son catalogados como crímenes contra la Humanidad y por tanto, sin naturaleza de delito político", dice el juez. "Frente a esta naturaleza, ninguna ley de amnistía puede oponerse".

- Causa general. "Con este procedimiento no se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil; ni esa es la intención de los denunciantes ni puede serlo del instructor (...) ya que supondría la formación de una especie de causa general".

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"Disparate jurídico"

EL PAÍS - Madrid - 21/10/2008

Las razones que da el fiscal jefe de la Audiencia para oponerse a la causa abierta por Garzón son las siguientes:

- Competencia. "Aun considerando que los hechos son constitutivos de un delito de rebelión", como hace el juez en su auto, "este delito nunca ha formado parte de los delitos contra la forma de Gobierno, ni en el Código Penal de la República, ni en los códigos posteriores, por lo que es absolutamente injustificado concluir de forma taxativa que la Audiencia Nacional posee competencia para su investigación".

- Prescripción. No se trata de detenciones ilegales en un marco de delitos de lesa humanidad sino de asesinatos. Ese delito prescribía a los 15 años, según el Código Penal de la República, y a los 20, según el que está vigente.

- Ley de Amnistía. Los hechos fueron perdonados por la Ley de Amnistía de 1977, que el juez evita aplicar. "Resultaría un absoluto disparate jurídico cuestionar la legitimidad de esa norma y (...) atribuirle el estigma de 'ley de impunidad", mantiene el fiscal.

- Causa general. La instrucción que Garzón ha iniciado sería, según el recurso, "una suerte de inquisición general incompatible con los principios que inspiran el proceso penal en un Estado de derecho como el que consagra la Constitución".
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El juez nombra sus dos expertos para la búsqueda de fosas

EL PAÍS

Cinco de las siete personas que integrarán el grupo de expertos encargado de búsqueda de fosas y la identificación de las víctimas ya se conocen. Baltasar Garzón redactó ayer un nuevo auto en el que nombra a los dos integrantes que le corresponden, según su auto de admisión a trámite. Se trata del ex fiscal jefe anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo -progresista y partidario de la causa abierta por el juez- y Antonio Doñate, ex presidente de la Audiencia de Barcelona y miembro de la progresista y minoritaria asociación judicial Jueces para la Democracia. Ambos se unirán a otros cinco expertos cuyo nombramiento fue encomendado por Garzón a las partes. Fuentes de las asociaciones de memoria aseguraron ayer que tres de los miembros que les corresponden ya están elegidos.

Se trata del historiador Julián Casanova, coautor del libro Víctimas de la Guerra Civil, coordinado por Santos Juliá; el también académico Francisco Espinosa, coordinador del proyecto andaluz Todos los nombres y autor del informe de víctimas presentado por las asociaciones; y Francisco Etxeberria, antropólogo y forense que ha participado en gran parte de las exhumaciones organizadas por la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica.
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Carta para no perder la amistad
JOSÉ YOLDI

COLUMNISTA: Una melancolía optimista
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Documento: Recurso de la Fiscalía de la Audiencia Nacional - Lee de forma íntegra el escrito presentado por el fiscal de la Audiencia contra el proceso del juez Baltasar Garzón (PDF - 111,5Kb) - 20-10-2008

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Público hoy.

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El procedimiento es la justicia

00:50, por Manolo Saco

Lo bueno de no tener el menor conocimiento, como es mi caso, sobre derecho procesal es que puedes analizar el estado de la justicia desde la lupa del sentido común, sin otras servidumbres ni contaminaciones. Como soy un ignorante, me puede parecer de risa que multen con 1.500 euros al juez Tirado, el del caso de la niña Mari Luz, cuya falta de diligencia acabó en la muerte de la niña, mientras un negrito del África tropical sin papeles puede pasar tres años en la cárcel por vender cedés piratas en la calle. O que, como ya ocurrió, un juez no considere ensañamiento las setenta puñaladas con que el asesino liquidó a su víctima… porque de la primera puñalada ya estaba muerta.

Ocurre algo parecido con la religión. Si estudias teología puedes llegar a comprender la misteriosa transustanciación en el cuerpo de dios que se opera en una hostia consagrada, por más que tu sentido común siga viendo una galleta de pan ácimo.

Si en una plaza de toros sabes distinguir entre un toro noble y otro innoble (¿), si disfrutas con la belleza de esa orgía de sangre mientras el torero marea al animal ensayando posturitas finas, entonces estás perdido, jamás lograrás comprender lo que en realidad está ocurriendo allí abajo en el coso: la tortura de un animal, el espectáculo salvaje de un pueblo que todavía se divierte como en la edad de piedra. Es lo que tiene el exceso de información.

En el caso de las diligencias de Garzón, un número nada desdeñable de jueces y fiscales se opone a que el juez de la Audiencia Nacional se haya declarado competente para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y el franquismo, por un error en el procedimiento.

Todos sabemos de qué van (o vamos) unos y otros. Los puristas esgrimen problemas insalvables de procedimiento, sin salida jurídica, e insisten en que precisamente la rectitud del procedimiento es la salvaguarda de la justicia, como el orden es una categoría superior a la libertad. Gracias a ello, por mala utilización del procedimiento, Eduardo Zaplana se libró en su día de ser procesado por cohecho y prevaricación, por más que la transcripción de sus conversaciones telefónicas vergonzantes hayan ingresado, a su pesar, en los libros de Historia y naveguen libremente por Internet, para vergüenza suya y la de los paladines del sagrado procedimiento.

El sentido común siempre pierde. El fiscal se ha opuesto a Garzón porque según él los asesinatos de la Guerra Civil y del franquismo “son delitos comunes”. Las bandas organizadas de matones falangistas, los juicios sumarísimos, pasan a ser con los años delitos comunes. Quizá también se habría opuesto a los juicios de Nüremberg por considerar como delito común el genocidio y los crímenes de Estado. Así que me temo que el señor fiscal (por cierto, ¿siguiendo órdenes del Fiscal General del Estado?) y yo no tenemos nada en común: él se queda tan ricamente con el delito, y yo con el sentido.

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Esto no hay quien lo pare

21 Oct 2008 10:41

ISAAC ROSA

El pulso a cara de perro entre el juez Garzón y el fiscal Zaragoza tiene, por supuesto, un fondo jurídico importante. Ni siquiera descarto que el jefe de los fiscales tenga la razón de su parte, pues Garzón tiene fama de mal instructor, y no faltan voces autorizadas que ven poco sólida su argumentación. Pero lo de menos son las consideraciones jurídicas.
La hostilidad que la derecha política, mediática y judicial muestra contra Garzón no obedece a ningún prurito legalista: lo importante no es si los asesinatos franquistas son genocidio, crímenes contra la humanidad o delitos comunes; ni si han prescrito o la ley de amnistía los incluye. Lo fundamental es detener a toda costa el proceso iniciado, pararlo antes de que se desmadre.

Reconozco que no me gusta Garzón, ni espero nada de la Audiencia Nacional. Pero por encima de ellos están quienes presentaron las denuncias, los mismos que llevan años impidiendo que se cierre el debate sobre el pasado. Ni la Ley de la Memoria los desmovilizó, ni un revés judicial los detendría ahora. Por eso hay que cortar este intento.

Los que hoy critican a Garzón no están pensando en la Guerra Civil, ni en las fosas comunes. Su miedo es otro: que esto sea solo un comienzo. Porque si aceptamos judicialmente que el franquismo fue criminal, ¿quién garantiza que las denuncias se limiten a la guerra y posguerra? ¿Y los torturados de los años 50 y 60? ¿Y las ejecuciones del tardofranquismo? ¿Y los muertos de la transición? Y en esos casos los responsables sí están vivos. Algunos, hasta coleando.

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El fiscal rechaza una "inquisición general"

La Fiscalía dice estar a favor de la apertura de fosas bajo supervisión judicial, pero considera que Garzón hizo "fraude de ley" para declararse competente

ÁNGELES VÁZQUEZ - MADRID - 20/10/2008 23:15

"Singular andamiaje jurídico". "Inquisitio generalis". "Fraude de ley procesal"... El fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, no escatima calificativos negativos para referirse al auto del juez Baltasar Garzón con el que la semana pasada se declaró competente para investigar los crímenes cometidos por el franquismo entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951.

Pese a la transformación de las diligencias previas en sumario, la Fiscalía presentó el lunes ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional un recurso de 41 páginas contra la decisión de Garzón de investigar el franquismo. Confía en que lo resuelvan con rapidez los 18 magistrados que componen el Pleno de la Sala.

En líneas generales el Ministerio Público no se opone a la apertura de fosas del franquismo bajo supervisión judicial, pero considera inviable la instrucción de una causa penal por estos hechos, por lo que hace una defensa a ultranza de la Ley de Memoria Histórica para reparar lo que él mismo califica en su escrito como una “injusticia histórica”.

Zaragoza explica que "es intrínsecamente injusto sostener que la protección" de las víctimas de ese "periodo negro" de la reciente historia de España dependa exclusivamente de la "investigación penal", porque ésta solo se justifica por el esclarecimiento y la exigencia de responsabilidades a los autores, que "es público y notorio que han fallecido", recuerda el fiscal.
En su opinión, la causa abierta por Garzón "aboca inevitablemente a una inquisición general prohibida en nuestra Constitución", porque intenta "extender su investigación a todos los asesinatos, detenciones ilegales, desapariciones, represalias y demás hechos delictivos cometidos durante la Guerra Civil y la posguerra".

El recurso explica que no se pueden entender esos delitos como crímenes contra la humanidad, porque en nuestro Código Penal no se incluyeron hasta 2004 y sólo se pueden aplicar retroactivamente las leyes beneficiosas para el reo.

Tanto el fiscal como Garzón citan la sentencia que el Tribunal Supremo dictó contra Adolfo Scilingo por los crímenes cometidos en Argentina. El primero dice que es imposible aplicar a nadie crímenes contra la humanidad antes de los juicios de Nuremberg de 1945, y el juez, en cambio, recuerda que el alto tribunal condenó al ex militar por 30 asesinatos y 255 detenciones ilegales en el marco del citado delito de persecución universal, aunque no estaba aún en el Código.

El fiscal concede que de haberse producido este delito debe ser investigado por los jueces del lugar donde se produjeron los crímenes y no por la Audiencia Nacional, que solo es competente por el principio de Justicia universal. Tampoco lo es para ocuparse de la rebelión que, para Zaragoza, fue el alzamiento nacional.

Y la Fiscalía incluye un reproche más: la imputación que el auto hace a Franco y sus ministros, aunque se produzca con el mero objetivo de declarar extinguida su responsabilida penal por fallecimiento, solo le correspondería al Supremo, que es el encargado de investigar a aforados o a quienes lo fueron si cometieron los hechos de los que se les acusa cuando eran jefes de Estado o miembros del Gobierno.

Prescritos y amnistiados
En cualquier caso, según el fiscal, las detenciones ilegales imputadas han prescrito y no se siguen cometiendo porque las víctimas no hayan sido localizadas. A su juicio, es "una ficción el entender que durante casi 70 años ha existido una situación de detención ilegal, por ser pública y notoria la muerte" de los desaparecidos. En su opinión, las detenciones ilegales imputadas habrían prescrito, incluso descontando los 40 años que duró la dictadura, durante la que no pudieron acudir a la Justicia.

En cuanto a la Ley de Amnistía de 1977, el fiscal sostiene que fue pactada por las "fuerzas políticas democráticas" y "ampliamente respaldada por la sociedad española" –a diferencia de la de Punto Final argentina, por ejemplo– y amnistió los delitos imputados por Garzón al igual que los de sangre cometidos por organizaciones terroristas.

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Más de 50.000 personas fueron asesinadas durante la posguerra

Las asociaciones de víctimas siguen buscando los restos de maquis muertos tras la Guerra Civil

SUSANA HIDALGO - MADRID - 20/10/2008 22:06

No hay una cifra exacta de cuántas personas contrarias a Franco murieron a partir de 1939 y hasta mediados de la década de 1950, cuando fueron asesinados los últimos maquis. La Asociación de Ex Presos Antifranquistas señala que perdieron la vida más de 50.000 personas. Historiadores como Alberto Reig Tapia o Mirta Núñez hablan de en torno a 125.000. "Las cifras se están elaborando constantemente y aunque no se puede dar un número exacto, son apabullantes", explica Núñez.

Esta historiadora está al lado de la tesis del juez Baltasar Garzón y considera que lo ocurrido durante y después de la Guerra Civil fue "un crimen contra la humanidad".De la misma opinión es Julio Aróstegui, catedrático de Historiador de la Universidad Complutense de Madrid. "Estoy con Garzón. El fiscal no puede hablar de que lo que pasó en España fue un delito común. Hubo un propósito firme de eliminar a gente con unas características comunes", afirma Aróstegui.

La historia de Serafín
Miembros de la Asociación para la Memoria Histórica, por ejemplo, se hallan en estos momentos inmersos en la búsqueda de los restos del maquis Serafín Fernández Ramón, alias El Santeiro, asesinado en 1947. "En estos momentos estamos buscando sus restos en la zona del cementerio de Vega de Espinareda, en León", explica en conversación telefónica Concha Hernández, su sobrina-nieta. Él es uno de los que perdieron la vida por causas políticas después de la Guerra Civil.

Serafín Fernández, El Santeiro, jornalero, minero y miembro del sindicato CNT, luchó contra el bando nacional en el frente asturiano, hasta la caída de los republicanos. Después, en 1937, regresó a su pueblo, Guimara (León), y allí inició una postura de rebeldía contra el régimen de Franco. "Sufría una enfermedad pulmonar y eso le condicionó su vida", recuerda su sobrina-nieta. Su declive empieza precisamente cuando el médico que le curaba de su dolencia es asesinado por los fascistas.

La madrugada del 5 de diciembre de 1947, bajo una intensa nevada, El Santeiro y otros dos guerrilleros se refugian del temporal en una casa. La Guardia Civil les vigila de cerca. Los tres huyen de la zona entre los disparos de los agentes y llegan a la aldea de Fresnedelo. Allí murió Serafín Fernández, en circunstancias no aclaradas. Los represores encontraron su cadáver y, aun así, un falangista disparó varias veces contra el cuerpo inerte. Le quitaron sus pertenencias y entre los mayores del pueblo circula la historia de que un falangista lució durante un tiempo las botas arrebatadas al muerto.

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Garzón designa al fiscal Villarejo y al juez Doñate para la comisión que investigará el franquismo

Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica proponen, por su lado, a Francisco Etxeberria y a los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova

20 de octubre de 2008 - EUROPA PRESS - Madrid - España

EUROPA PRESS - Madrid - 20/10/2008 16:58

El fiscal Carlos Jiménez Villarejo y el juez Antonio Doñate Martín han sido nomrbrados miembros de la comisión de expertos creada en el marco de la investigación abierta por el magistrado para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.

En un auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón considera "procedente" la designación de los dos juristas y les requiere para que "en el menor breve plazo de tiempo posible" se personen en el Juzgado Central de Instrucción número 5 para "la aceptación y juramento o promesa del cargo".

La comisión de estudio, creada a partir del auto en el que Garzón se declaró competente para investigar los "crímenes contra la Humanidad" cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo, estará formada por siete expertos que se encargarán de "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas".

La comisión deberá "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas"

Carlos Jiménez Villarejo, miembro de la Unión Progresista de Fiscales (UPF), fue fiscal Anticorrupción entre 1987 y 2003. Antonio Doñate Martín, por su parte, es experto en asuntos de Justicia Universal y ha sido presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona y juez de Vigilancia Penitenciaria de Cataluña.

Tres nombres más
Las 22 asociaciones de recuperación de la Memoria Histórica que han impulsado esta causa también presentaron hoy ante el juzgado de Garzón los nombres de tres de los cinco expertos que deben proponer para integrarse en esta comisión, tal y como consta en la citada resolución judicial.

Las personas propuestas por esta parte son el médico forense perteneciente a la Sociedad de Ciencias Aranzadi Francisco Etxeberria, que ha participado desde un inicio en las labores de exhumación y dispone de inventarios completos sobre el número de fosas y de cuerpos localizados en ellos; y los historiadores Fernando Espinosa y Julián Casanova.

Espinosa es el firmante del informe pericial presentado por los denunciantes en el Juzgado de Garzón sobre las tumbas colectivas.
En cuanto a Casanova, es uno de los coautores del libro Víctimas de la Guerra Civil, que en opinión de las asociaciones constituyó la base para las labores de búsqueda y exhumación desarrolladas en los últimos años.

Tareas
Esta comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951, las cuales serán englobadas en tres grupos. El primero contemplaría a las personas detenidas y desaparecidas sobre las que consta una propuesta de localización y métodos de recuperación e identificción de restos; el segundo abarcaría a cuerpos ya recuperados pero aún sin identificar; y el tercero a víctimas que ya han sido identificadas.

Los denunciantes tienen ya casi cerrados los otros dos nombres de expertos que formarán parte del grupo y avanzó que uno de ellos procederá de forma directa del movimiento asociativo.

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Garzón designa al fiscal Villarejo y al juez Doñate para la comisión que investigará el franquismo

El recurso del fiscal aprueba que la comisión de expertos busque las fosas

DIEGOEl BARCALA - MADRID - 20/10/2008 22:36

El fiscal de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, critica y censura en su recurso, hecho público el lunes, los argumentos del juez Baltasar Garzón para abrir un proceso contra los crímenes del franquismo. Sin embargo, considera a la vez "justa" la pretensión de miles de personas de "recuperar la memoria y la dignidad” de "miles de víctimas". Esa aparente contradicción tolera a la comisión de expertos –que debe formarse antes del viernes– elaborar el censo de víctimas y fosas que la Ley de la Memoria no ha elaborado en casi un año de recorrido.

El fiscal dice que cuatro artículos de la ley 52/2007 (del 11 al 14) ya garantizan la reparación de las víctimas. Pero las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica discrepan. Casi la totalidad de estas asociaciones rechazaron esa ley por insuficiente. El texto aprobado en diciembre del año pasado delega en las asociaciones la tarea de investigación, búsqueda, exhumación e identificación de los restos de los más de 114.000 fusilados por las órdenes de los militares sublevados en 1936.

Censo definitivo
El sumario abierto por el juez el pasado jueves permitirá a una comisión de siete expertos, junto con un equipo de 10 agentes judiciales, elaborar el ansiado censo definitivo de víctimas. Este organismo estará compuesto por especialistas en historia, antropología forense y juristas como garantía del rigor en la investigación.

Los posibles miembros del equipo, cuya composición se conocerá el próximo viernes, aseguran que el trabajo puede durar meses. Los agentes judiciales investigarán con órdenes judiciales archivos hasta ahora vetados a los investigadores del franquismo y la guerra civil. El primer paso será examinar 19 fosas designadas por Garzón, entre ellas, la de Federico García Lorca.

Dos juristas comprometidos contra la dictadura
El compromiso por la democracia de los dos expertos propuestos por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para completar la investigación de los crímenes del franquismo está fuera de toda duda. Carlos Jioménez Villarejo (Ex fiscal anticorrupción) y Antonio Doñate (ex presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona) comenzaron su carrera juntos en el juzgado de Manresa

Carlos Jiménez Villarejo, ex fiscal
Sin avisar

Garzón le designa, pero no se lo ha comunicado. El ex fiscal anticorrupción, ahora jubilado, declaró ayer no saber nada de su nombramiento como miembro de la comisión de expertos del juez Garzón. "No quiero expresar ninguna opinión hasta que no se me comunique personalmente el nombramiento", afirmó a ‘Público’.

Compromiso a favor de juzgar los crímenes del franquismoEn un artículo publicado en la revista Hispania Nova, titulado 'La destrucción del orden republicano' Jiménez Villarejo considera que el golpe militar de 1936 tenía como objetivo "acabar violentamente con los valores y la democracia republicana". Según el ex fiscal, los militares practicaron una “durísima represión política a través de órganos constituidos a la medida de los rebeldes”, según explica en el mencionado texto.

Antonio Doñate, ex juez
ExperienciaEl otro experto designado por garzón es experto en justicia universal. Antonio Doñate, juez jubilado, fue presidente de la Audiencia Provincial de Barcelona, juez de Vigilancia Penitenciaria y miembro de Jueces para la Democracia. En su carrera colaboró en las causas contra Augusto Pinochet y Alberto Fujimori.

Comprometido contra la dictaduraEn el discurso que pronunció el pasado diciembre, cuando le fue entregado el Premio Justicia Catalunya, Doñate destacó el dilema que sufrió en su último año de oposición: "¿Merecía la pena ser juez para aplicar las leyes franquistas? ". Villarejo ya trabajó con él, en su primer destino, en el Juzgado de Manresa coincidió con Jiménez Villarejo, el otro miembro de la comisión.

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Agentes judiciales para la memoria

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El PP suscribe "plenamente" el recurso del fiscal contra el auto de Garzón

Aguirre: "Garzón debería reflexionar el porqué no investiga Paracuellos"

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"Hay que buscar a los asesinos"

El presidente de la Asociación de Ex Presos Antifranquistas tiene muy claro que hay que recuperar la memoria

Xalok - 21/10/2008 08:00

1-¿Cuántos años pasó usted en la cárcel?
Estuve dos veces: de 1946 a 1450 y de 1961 a 1965. Pasé por las cárceles de Sevilla, Burgos y Carabanchel. Tengo bastante experiencia en el tema y toda mala. Además, estuve en el exilio, en Francia, hasta 1943, organizando la rebelión desde la clandestinidad. Ahora tengo 87 años.

2-Usted es el presidente de la Asociación de Ex Presos y Represaliados Antifranquistas. ¿A cuánta gente representa?
En 1990 éramos 102.000 miembros, de los que solo unos 70.000 han podido cobrar las ayudas públicas a los ex presos. La gente se ha ido muriendo y ahora, oficialmente, no somos más de 600, aunque tenemos muchos simpatizantes.

3-¿Cree que hay que buscar a los asesinos fascistas que aún siguen vivos?
Desde mi punto de vista, es totalmente necesario. No se va a juzgar a nadie, se trata de recuperar la memoria de todos los que fueron enterrados ilegalmente. Los fascistas pudieron hacer durante años homenajes a sus víctimas y nosotros no hemos protestado en absoluto.

4-¿Ha podido olvidar su estancia en la cárcel?
Eso es imposible. He visto a muchos hombres perder la razón durante su estancia en la celda. Lo único que podíamos hacer era coger fuerzas para aguantar la situación. Fueron momentos muy difíciles y crudos que, por mucho que te lo cuenten, no se pueden imaginar, salvo que lo hayas pasado.

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Familiares rechazan el recurso del fiscal y anuncian medidas legales

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Familiares rechazan el recurso del fiscal y anuncian medidas legales

Terra España

memoria historica 20-10-2008

Familiares rechazan el recurso del fiscal y anuncian medidas legales

Las asociaciones de familiares de desaparecidos en la Guerra Civil y la dictadura franquista han rechazado hoy el recurso de la Fiscalía contra la decisión del juez Baltasar Garzón de investigar estas desapariciones y han anunciado medidas legales en apoyo del magistrado de la Audiencia Nacional.

En declaraciones a Efe, la secretaria de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo, Paqui Maqueda, ha mostrado su oposición a los argumentos de la Fiscalía, basados en la Ley de Amnistía de 1977 y la Ley de Memoria Histórica.

'No hay ninguna Ley de Amnistía que indulte crímenes de lesa humanidad', ha resaltado Maqueda, quien ha mostrado su esperanza en el derecho internacional y ha añadido que 'ningún fiscal de ninguna Audiencia va a romper el proceso de reconocimiento de las víctimas del franquismo que tarde o temprano se va a abrir en este país'.

Ha instado al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, a 'leerse la Ley de Memoria Histórica, que establece que los gobiernos tienen que apoyar a las asociaciones de familiares, pero el movimiento de memoria histórica quiere que esta responsabilidad recaiga en el Estado'.

'Nadie nos va a quitar de la boca el sabor dulce que tenemos de la joya histórica y el triunfo que supone el auto del juez Garzón', ha dicho Maqueda, quien ha anunciado que las asociaciones emprenderán las acciones legales que correspondan en apoyo de Garzón.

Por su parte, el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, Emilio Silva, ha señalado que la Guerra Civil y el franquismo actuaron como una verdadera 'inquisición' y ha reclamado 'justicia' para los miles de asesinatos cometidos.

Para Silva, la Ley de Amnistía fue una norma anterior a la Constitución, fue 'forzada' por los responsables de las desapariciones y supuso la impunidad de los crímenes perpetrados.

Ha calificado de 'insuficiente' la Ley de Memoria Histórica porque, a su juicio, 'no soluciona los problemas de localización de los desaparecidos y hace que las víctimas tengan que buscar la reparación ellas mismas'.

El presidente de la Federación Estatal de Foros de la Memoria Histórica, José María Pedreño, ha indicado que esta organización decidirá esta semana las acciones que adoptará para conseguir que el auto del juez Garzón se haga firme.

Ha vaticinado que la 'batalla jurídica' será complicada, tras el recurso de la Fiscalía y las 'elocuentes' declaraciones del presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, cuando afirmó que el franquismo 'está absolutamente juzgado por la historia'.

La presidenta de la Asociación de Descendientes del Exilio Español, Ludivina García, ha reconocido la importancia de la Ley de Memoria Histórica, que supone 'un primer paso', pero 'no es un punto final'.

Ha estimado que es bueno que haya una reflexión penal y jurídica para conocer la verdad sobre la represión, tras manifestar que las víctimas esperan una declaración de condena del franquismo, como se hizo con Adolf Hitler o Benito Mussolini.
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Comunicado de la PVDF.

Víctimas del franquismo piden a la Fiscalía del Estado que no recurra la decisión de Garzón.

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Víctimas del franquismo piden a la Fiscalía del Estado que no ...

Víctimas del franquismo piden a la Fiscalía del Estado que no recurra la decisión de Garzón

MADRID, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una veintena de asociaciones para la Recuperación de la Memoria Histórica reunidas hoy en Madrid hicieron "un llamamiento" a la Fiscalía del Estado para que no recurra la decisión del juez Baltasar Garzón de declararse competente para investigar crímenes de la Guerra Civil y del franquismo.

En este sentido, el portavoz de esta plataforma, Manel Perona, argumentó que "la justicia, por primera vez en España, ha empezado a funcionar como tal con las victimas de desapariciones forzadas del franquismo".

Por este motivo, solicitó a la Fiscalía su adhesión "a este acto de justicia" al mismo tiempo que dio "las gracias" al juez Garzón en nombre de todas las familias afectadas.

Por otro lado, las asociaciones están trabajando a lo largo de la jornada de hoy para designar a las cinco personas que integrarán el grupo de expertos que se ocuparán de realizar las exhumaciones de los fusilados de la Guerra Civil y del franquismo. Las asociaciones tendrán que presentar sus nombres antes del próximo sábado.

A este grupo se unirán otras dos personas nombradas directamente por el juzgado de Garzón, que ordenó la creación de otro grupo de trabajo compuesto por policías judiciales.
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Las familias de los desaparecidos en el Franquismo piden a la ...

Las familias de los desaparecidos en el Franquismo piden a la Fiscalía que no recurra el sumario de Garzón

El colectivo muestra su apoyo y agradecimiento al magistrado de la Audiencia Nacional por lo que definen como "un acto de justicia"

18.10.08 - 17:47 -
AGENCIAS MADRID

La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo ha pedido a la Fiscalía del Estado que no recurra la decisión del juez Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura ya que la Justicia "ha comenzado a funcionar con estas víctimas". El portavoz de la plataforma, Manel Perona, ha apoyado a Garzón y ha añadido que el juez contará con la ayuda de esta organización "para cualquier cosa que necesite".

Las asociaciones que forman la plataforma se han reunido esta mañana en Madrid para debatir el auto del juez sobre este asunto y su conversión en sumario. Perona ha anunciado que las familias podrán seguir aportando datos de desaparecidos y de fosas porque el sumario "continúa abierto".

"Un acto de justicia"
El portavoz también ha querido "refutar" todo lo que se ha transmitido estos días contra el juez como forma de reivindicar justicia para las familias. "Queremos dar las gracias al juez Garzón por el auxilio que está prestando a las familias y queremos explicitar que, en todo momento, desde el inicio y hasta el final (...), contará con nuestra ayuda para cualquier cosa que necesite", ha recalcado Perona.

En relación con la Fiscalía, ha reiterado un llamamiento para que "no presente ningún tipo de recurso" y que, por el contrario, "se una a este acto de justicia". La plataforma informará próximamente sobre las personas que designe para integrar, junto a otras dos elegidas por el Juzgado, el comité de expertos que colaborará en las exhumaciones según ha decidido Garzón.

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Las asociaciones de desaparecidos analizan el auto de Garzón

Deben designar a los expertos que practicarán las exhumaciones

Dan las gracias a Garzón pro su auto

18.10.08 11:18 h. INFORMATIVOS TELECINCO/AGENCIAS

La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas por el Franquismo ha pedido a la Fiscalía del Estado que no recurra la decisión del juez Garzón de investigar las desapariciones durante la Guerra Civil y la dictadura ya que la Justicia "ha comenzado a funcionar con estas víctimas".

Las asociaciones ya presentaron ante Garzón la lista de desaparecidos.

Los familiares de desaparecidos, con Garzón
Garzón se declara competente para investigar los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo
Auto de la Audiencia Nacional
Zapatero muestra su respeto a la decisión de Garzón
Fraga considera "un disparate" y un "error gravísimo" la investigación de Garzón
Garzón recibe 143.353 nombres de desaparecidos en la guerra y el franquismo
La historia de los fusilados de Alcañizo
Cientos de cadáveres de la Batalla del Ebro permanecen a la intemperie

En declaraciones a la prensa, el portavoz de la plataforma, Manel Perona, ha apoyado a Garzón y ha añadido que el juez contará con la ayuda de esta organización "para cualquier cosa que necesite". Las asociaciones que forman la plataforma se han reunido esta mañana en Madrid para debatir el auto del juez sobre este asunto y su conversión en sumario.

Perona ha anunciado que las familias podrán seguir aportando datos de desaparecidos y de fosas porque el sumario "continúa abierto". "Queremos dar las gracias al juez Garzón por el auxilio que está prestando a las familias y queremos explicitar que, en todo momento, desde el inicio y hasta el final (...), contará con nuestra ayuda para cualquier cosa que necesite", ha recalcado Perona.
El portavoz también ha querido "refutar" todo lo que se ha transmitido estos días en los medios de comunicación contra el juez como forma de reivindicar justicia para las familias. En relación con la Fiscalía, ha reiterado un llamamiento para que "no presente ningún tipo de recurso" y que, por el contrario, "se una a este acto de justicia".

La plataforma informará próximamente sobre las personas que designe para integrar, junto a otras dos elegidas por el Juzgado, el comité de expertos que colaborará en las exhumaciones según ha decidido Garzón.
KOD
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Memoria.- La ARMHE considera que el auto de Garzón pone en ...Europa Press -

La ARMHE considera que el auto de Garzón pone en evidencia las "insuficiencias" de la Ley de Memoria Histórica

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Extremadura ha sido una de las regiones donde más víctimas se han contabilizado y ya adelantan que aún serán más

BADAJOZ, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura (ARMHE) cree que el auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, en el que se declara competente para investigar los crímenes cometidos durante la represión franquista, pone en evidencia "las insuficiencias" de la Ley de la Memoria Histórica.

Así lo expuso hoy a Europa Press Televisión el abogado y presidente de esta asociación en Extremadura, Juan Manuel Corbacho, tras subrayar que para las asociaciones que "durante años" han estado trabajando en el país para la "reparación" de la memoria histórica de las víctimas caídas entre julio de 1936 y diciembre de 1951, la actuación del magistrado ha sido acogida "con gran satisfacción".

Al respecto, resaltó que la importancia de esta decisión radica en que "es la primera vez" que la Justicia española "reconoce algo sobre este tema" desde que se instaurara la democracia hace 33 años, por lo que, a su juicio "supone un antes y un después" para todos aquellos que desde diversas organizaciones vienen "luchando" por este reconocimiento.

También destacó el hecho de que el magistrado se haya basado en la misma "doctrina" en la que se ha "venido asentando" la Audiencia Nacional para examinar "supuestos de violaciones sistemáticas de derechos humanos en países como Chile, Argentina, e incluso el Tíbet", según apreció.

Por ello, confió en que "el recorrido final" de esta causa implique el "amparo para la justicia, las familias y las víctimas" represaliadas en la Guerra Civil y la dictadura franquista.
MÁS DE 10.000 CASOS EN EXTREMADURA.

Respecto a la comunidad extremeña, adelantó que aún "existen datos" de más desaparecidos y asesinados que "están en fase de depuración final", los cuales, según indicó, han sido recogidos por la propia Administración extremeña, que dispone de cifras "que superan los 10.000" casos que le han sido comunicados al juez Garzón.
Así, aprovechó para pedir rapidez en la tramitación de estos nuevos documentos para que "ningún desaparecido extremeño quede fuera" de este proceso.

Por otra parte, el historiador y también miembro de la ARMHE, Ángel Olmedo, valoró "muy positivamente" la decisión del magistrado de la Audiencia Nacional porque "viene a respaldar el trabajo de las asociaciones" de la memoria histórica y "pone en el punto de mira el respaldo" que debe existir "por parte del "Estado" a estas agrupaciones.

CUATRO FOSAS EN MÉRIDA.
Asimismo, explicó, junto a las fosas localizadas en el entorno del cementerio de Mérida que, desde el comienzo de la represión que ejercieron los sublevados, "se producen ejecuciones que se prolongan hasta los años 40", algunas de las cuales tuvieron lugar en el camposanto, donde fueron localizadas "cuatro fosas".

El resto de los cuerpos fusilados en la capital extremeña venían desde El Convento de Santo Domingo, emplazado en el centro de la ciudad y que por aquellos tiempos sirvió de presidio franquista.

Para concluir, este historiador manifestó su deseo de que "por fin" las víctimas "tengan reconocimiento público" porque, según apostilló, "es cuestión de derechos humanos", ya que a su parecer "no es lógico que haya personas tiradas por los campos".
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Las asociaciones se reunirán el sábado para elegir a sus cinco representantes en el grupo de expertos

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Las asociaciones se reunirán el sábado para elegir a sus cinco ...


Las asociaciones se reunirán el sábado para elegir a sus cinco representantes en el grupo de expertos

Redacción / EP

Las 22 asociaciones de Recuperación de la Memoria Histórica firmantes de las denuncias presentadas en la Audiencia Nacional se reunirán en Madrid el próximo sábado para iniciar el proceso de elección de los cinco representantes de los que dispondrán en el grupo de expertos que se creará, por orden del juez Baltasar Garzón, para localizar a los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo. El juez ordenó hoy --en el auto en el que se declara competente para investigar estos crímenes-- la creación de un grupo de expertos que deberán "estudiar, analizar, valorar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas". Garzón ha solicitado a las asociaciones que designen de común acuerdo el nombre de cinco personas, a las que se unirán otras dos nombradas por su Juzgado. La comisión tendrá que presentar al magistrado un informe único que incluya el número total de personas que perdieron la vida entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951.

Según indicó en declaraciones a Europa Press el abogado de las agrupaciones, Fernando Magán, la designación de este grupo constituye "la prioridad" para los denunciantes. "A través de ella se canalizará la investigación y se fijarán bien los hechos", indicó Magán. EXHUMACIÓN EN 19 FOSAS En cuanto a las labores de exhumación de los restos mortales distribuidos en fosas comunes, Magán puso de manifiesto que los trabajos en las tumbas colectivas localizadas en La Serna (Madrid), Parrillas (Toledo) y Viznar y Alfacar (Granada) comenzarán "de inmediato".

Además anunció que en los próximos días las asociaciones podrían presentar al magistrado solicitudes para la autorización de apertura de nuevas fosas comunes, localizadas recientemente. Garzón autorizó hoy la exhumación de los restos mortales que se hallan en 19 fosas comunes, entre las que se encuentra la del barranco de Viznar, en Granada, en la que se cree que puedan encontrarse los restos mortales del poeta Federico García Lorca. Las otras son las situadas en Parrillas (Toledo), Adrada de Aza, Valdenoceda y San Juan del Monte (Burgos), La Robla, Ponferrada, Balboa, Dehesas, Camponaraya, Magaz de Abajo, Tejedo del Sil y Carucedo (León), Córdoba, Alfacar (Granada), La Palma del Condado, Bonares y Niebla (Huelva), Fuerte San Cristobal (Navarra) y La Serna (Madrid).

Magán anticipó también que las asociaciones denunciantes pedirán a la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que la decisión sobre el recurso de Fiscalía contra la admisión a trámite sea estudiado por el Pleno y no por una única Sección. Fuentes fiscales indicaron hoy que el Ministerio Público recurrirá la próxima semana a Sala de lo Penal el auto dictado hoy por el juez Garzón al considerar que estos delitos prescribieron en 1977 con la aprobación de la Ley de Amnistía.

La Plataforma de Desaparecidos cree que es el juez quien debe depurar las listas.

Fuente: http://www.abc.es/

La Plataforma de Desaparecidos cree que es el juez quien debe depurar las listas

ABC MADRID Domingo, 28-09-08

La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF) por el Franquismo cree que es el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien debe encargarse de depurar de posibles errores y duplicidades los listados de desaparecidos de la dictadura franquista que ya han sido entregados a la Audiencia Nacional. En declaraciones a Servimedia, la secretaria general de la PVDF, Paqui Maqueda, dijo que las víctimas «han hecho los deberes» con la elaboración de los listados y quien debería ahora hacer el trabajo de depuración de posibles errores es «el juez» encargado del caso.

Unificar en una lista
Maqueda respondió así a la petición que les ha hecho Garzón para que, en el plazo de una semana, unifiquen en una sola lista los nombres de desaparecidos que han hecho llegar a su juzgado. Maqueda argumentó que no disponen de medios ni de «fuerzas» para realizar esa tarea, ya que los listados que han entregado proceden de muchas asociaciones diferentes y también de distintas regiones, lo que conlleva, y así admitieron cuando presentaron los listados al juez Garzón, que puede haber nombres duplicados y hasta triplicados.

Asimismo, Cecilio Gordillo, representante de la Confederación General de Trabajo (CGT) y colaborador de la PVDF, manifestó que «es imposible» cumplir lo que ha pedido el juez porque «no se puede hacer un filtro» en una semana.

No es la única queja que se produce tras la petición de Garzón, deseoso de despachar en pocas semanas lo que requeriría un trabajo de meses y hasta de años. Las pegas no las ha puesto sólo la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz y secretario general del Episcopado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó, que los archivos parroquiales son públicos y negó que les hubiera llegado ningún requerimiento de la Audiencia.

Y es que hasta el Ministerio de Cultura se declara desbordado por las pretensiones del juez Garzón. La documentación solicitada a Cultura en relación con el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil, es «cuantiosísima» y representa «cifras extraordinarias», millones de fichas y documentos que fueron realizados en su momento «con criterios represores» por lo que toda esa información debe ser cotejada, según ha indicado el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco. En declaraciones a Ep, explicó que Garzón ha pedido información que afecta a tres archivos.

Al final, una historia aséptica. Octavio Alberola.

Fuente: http://www.kaosenlared.net/

Al final, una historia aséptica

Octavio Alberola

Sí, señor Julián Casanova, la historia no debe ser parcial, reivindicativa; pero tampoco aséptica.

No sé si Garzón tiene de verdad la intención de llevar adelante la investigación sobre el paradero de miles de desaparecidos y fusilados por los franquistas, pero mucho me temo que detrás del enorme ruido mediático “generado” por el juez estrella de la Audiencia Nacional haya la intención de seguir imponiendo la historia aséptica propiciada por la Transición.

De las intenciones de Garzón podremos hablar cuando se pronuncie sobre si es o no competente para seguir la instrucción de la denuncia presentada por diversas Asociaciones de memoria; pero de las intenciones de la mayoría de los que se han pronunciado ya, sobre la oportunidad y los límites del Auto del Juez, sí que podemos hablar. Y, por todo lo que hemos leído y escuchado podemos concluir que la intención de la mayoría es coincidente con la expresada por el Jefe del Ejecutivo delante los socialistas madrileños. Para Zapatero, miles de españoles "tienen derecho a identificar y saber dónde están sus familiares muertos". Es decir: los miles de españoles que hasta ahora no han podido hacerlo, por la cobardía moral y política de los que pactaron una Transición de borrón y cuenta nueva, deben tener ahora el derecho de saber eso. Pero, eso y nada más.

Todo parece indicar pues que el Gobierno y el PSOE se proponen aprovechar la denuncia presentada el 14 de diciembre de 2006 y el 18 de julio de 2007 ante la Audiencia Nacional, por las Asociaciones de Memoria Histórica integradas hoy en la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF), para aparentar solidarizarse con su reclamo y utilizarlo para dar el cerrojazo final, intentado ya con la Ley de “Memoria Hoistórica”, al proceso de recuperación de esa memoria.

Por eso se sigue con la equiparación de las víctimas y se pone todo el énfasis en el “derecho a identificar y saber dónde están sus familiares muertos”. Además, claro está de seguir manteniendo en el imaginario colectivo la idea de que aquellos trágicos y terribles acontecimientos sólo fueron una “guerra civil” (sin que en ella se enfrentaran concepciones de la sociedad diametralmente opuestas) y que en los dos bandos se cometieron horrores. De ahí que desde las instancias mediáticas se oriente la actual polémica sobre los “hechos” para enterrar definitivamente el por qué de esos hechos; pues es a ese por qué al que temen todos, ya que su conocimiento pondría al descubierto la falacia de la España reconciliada en la Democracia.
Desgraciadamente, a consolidar esta orientación concurren también historiadores prestigiosos cuya trayectoria profesional parecía preservarlos de toda dependencia al Poder imperante.

No es de extrañar pues que el periódico EL PAÍS, abanderado esta vez de “cerrar las heridas para siempre”, no haya publicado la carta que sigue:

¿Una historia aséptica?

Tras afirmar que el cine no debe ser “sólo un instrumento de denuncia” sino que debe aportar también “una voluntad de conocimiento, que convierta al pasado en lección de tolerancia para los jóvenes”, el historiador Julián Casanova termina su artículo Guerra y dictadura en el cine español (El País, 8-9-08) afirmando que es “el momento de dejar de lado el impulso reivindicativo, la memoria testimonial de los vencidos, para adentrarse en visiones más críticas y plurales de los horrores que la guerra y la dictadura generaron”.

Cuando el juez Garzón agudiza la tensión entre diferentes memorias, no deja de ser sorprendente esta recomendación de una historia aséptica.

Efectivamente, “no hay historia sin reconstrucción fidedigna de los hechos”; pero la historia no es sólo eso, también es el “conocimiento” de las causas que los provocaron.
Sí, “visiones más críticas y plurales”; pero conocimiento también del por qué de “los horrores cometidos durante la guerra y la dictadura” y del por qué de las dos.

Casanova sabe que no fue un enfrentamiento irracional sino ideológico. Unos, para preservar privilegios e imponer un régimen fascista. Otros, para poner fin a esos privilegios y algunos más para defender la democracia parlamentaria que los vencedores desterraron de España durante más de 40 años. Y eso se debe saber, agrade o no a las personas que, “aunque agradecidas a Franco y a su dictadura”, se han “acomodado a la Democracia” y han “ajustado su memoria a los nuevos tiempos”.

Sí, señor Julián Casanova, la historia no debe ser parcial, reivindicativa; pero tampoco aséptica.
Octavio Alberola

NOTA DE PRENSA de la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF).

5 de septiembre de 2008 – Para su difusión inmediata

NOTA DE PRENSA

Ante la confusión creada en algunos medios de comunicación en relación con la solicitud de información del Juez Garzón para identificar a las personas desaparecidas en la Guerra Civil y el Franquismo, la Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF) integrada por las Asociaciones de Memoria Histórica que presentaron el 14 de diciembre de 2006 y el 18 de julio de 2007 denuncia ante la Audiencia Nacional española, desean aclarar lo siguiente:

1. El objeto de la denuncia es pedir la INTERVENCIÓN JUDICIAL en la localización del paradero o destino final de decenas de miles de víctimas de desapariciones forzadas durante la Guerra Civil y la represión franquista. La demanda solicita a la Audiencia Nacional que declare la responsabilidad del Estado en esta materia y que ésta asuma la investigación y localización de las víctimas de desapareciones forzadas ante la inexistencia de un mecanismo administrativo ni judicial efectivo en España para investigar las desapariciones, de acuerdo con el derecho internacional.

2.- Según el derecho internacional, el Estado tiene la obligación de investigar y localizar el paradero de las personas desaparecidas. Los familiares de desaparecidos también son víctimas de desaparición forzada y de tortura hasta que se esclarezca la suerte o el paradero de los desaparecidos. Este deber del Estado no puede delegarse en los particulares ni en los familiares de desaparecidos, como se viene haciendo en España. Se trata de garantizar el derecho a un recurso efectivo de las víctimas para invocar la investigación de las desapariciones a cargo del Estado, como es su obligación.

3.- Ante las críticas a la denuncia presentada, queremos aclarar que los hechos denunciados por las asociaciones eran constitutivos de delito en el momento de su comisión, tanto de acuerdo con el Código penal vigente de 1932, como de conformidad con el Derecho internacional humanitario aplicable a los conflictos armados en aquel momento y en la actualidad (obligación de buscar a las víctimas de desapariciones forzadas durante un conflicto). Se trata de crímenes contra la humanidad, por el contexto en que se cometieron (masivos y sistemáticos) que, por su carácter internacional, continuado e imprescriptible, deben ser investigados y perseguidos hasta esclarecer el paradero y la suerte de las víctimas de desapariciones forzadas.

4. No es conforme al Derecho internacional la invocación de leyes de amnistía o al principio de prescriptibilidad para no investigar crímenes internacionales como la desaparición forzada, tal como han señalado repetidamente organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch o la Comisión Internacional de Juristas.

5.- Las normas internacionales de derechos relativas a las víctimas de graves y masivas violaciones de derechos humanos establecen el derecho a la VERDAD, LA JUSTICIA y la REPARACIÓN de las víctimas. El derecho a la reparación incluye el derecho a interponer recursos y a obtener unha reparación efectiva ante la justicia e incluye los principios básicos de Restitución, Indemnización, Rehabilitación, Garantías de no repetición de los abusos, y la Satisfacción, entre ellas medidas para la verificación de los hechos y revelación pública y completa de la verdad, la búsqueda de desaparecidos y los cadáveres de los asesinados, ayuda para recuperarlos, identificarlos e inhumarlos según los deseos de la familia; una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, reputación y derechos de la víctima; y una disculpa pública que incluya el reconocimiento de los hechos y la aceptación de responsabilidades.
6.- Las asociaciones denunciantes confían en que la Audiencia Nacional pueda analizar lo antes posible la información solicitada y decida admitir la trámite la denuncia. En relación con la aportación de datos para la denuncia, la PVDF hace un llamamiento a los organismos, asociaciones y particulares que tengan listados de desaparecidos o represaliados para que remitan a la dirección de e-mail: memoriadesaparecidos@gmail.com a los abogados de las asociaciones denunciantes un listado sencillo, a ser posible en soporte informático, y que contengan los siguientes datos: nombre de la víctima, lugar, fecha y causa de la desaparición cualquier otro dato relevante.

7.- La Ley de la Memoria Histórica de 2007 ignora a decenas de miles de víctimas de graves crímenes de derecho internacional, como víctimas de desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales: ni se nombran, ni se aborda la responsabilidad del Estado, dejando a estas víctimas sin indemnizaciones ni vías de acceso a la justicia. La Ley establece la obligación de elaborar un mapa de fosas en todo el territorio o la elaboración de un protocolo para la exhumación de cadáveres, además de poner en conocimiento de las autoridades judiciales las fosas encontradas. Sin embargo, casi un año luego de la aprobación de la Ley, el gobierno no ha hecho ningún avance sobre estas cuestiones y sigue obviando la responsabilidad del Estado de investigar estas graves violaciones de derechos humanos y garantizar justicia y reparación a las víctimas. Con este alejamiento de las normas internacionales en la cuestión de las fosas comunes, España ofrece un pésimo precedente a otros países que se enfrenten a procesos similares.

8.- En conclusión, pedimos la intervención de la justicia en la localización del paradero o destino final de las víctimas de desapareciones forzadas en España durante la Guerra Civil y la represión franquista y manifestamos nuestra resolución a agotar todos los recursos internos existentes ante la Justicia española y, en caso de no encontrar una respuesta confirme a Derecho, acudir a las instancias internacionales competentes en busca de la tutela de los legítimos derechos que corresponden a estas víctimas de la Guerra Civil y de la represión franquista.
FIN

La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas está integrada por las siguientes asociaciones:
Memòria de Mallorca
Asociación para la Recuperación de la Memoria y la Justicia de Andalucía
Nuestra Memoria (Sierra de Gredos y Toledo)
Comisión pola Memoria Histórica de Ponteareas
Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón
Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Arucas
Asociación para la Recuperación de Memoria Histórica de Valladolid
Associació per la Recuperació de la Memoria Històrica de Catalunya
Fórum per la Memòria del País Valenciá
Confederación General de Trabajadores (CGT)

Para entrevistas: Paqui Maqueda 657.85.82.57, Manel Perona 692 244 104.
Para Información jurídica: Fernando Magán 654084155 - Margalida Capellà 637716842.
Para más información y contactos http://memoriadesaparecidos.blogspot.com/