Traductor on line: Traductor online de català/valencià
http://www10.gencat.net/sac/AppJava/servei_fitxa.jsp?codi=11579
Fosses comunes i persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme
Continuant la tasca iniciada de reconeixement a totes les persones que van patir la repressió del règim franquista amb les indemnitzacions als expresos polítics ( tant majors de 65 anys com, actualment obert el període de sol·licitud, les indemnitzacions a menors d'aquesta mateixa edat l'any 2000), la Generalitat considera necessari recuperar la memòria històrica de totes aquelles persones que varen ser executades i enterrades en fosses comunes, reconeixent-los el dret a la identitat i una sepultura digna.
D'acord amb això, es va acordar la realització d'un estudi de localització de les fosses comunes que hi ha a Catalunya, així com informar i atendre a familiars de desapareguts.Igualment, la Generalitat participa activament amb el Consorci Memorial dels Espais de la Batalla de l'Ebre (COMEBE) que està realitzant un cens de desapareguts durant l'esmentada batalla (juliol - novembre de 1938).
Actualment s'està treballant en un avantprojecte de Llei sobre la localització i identificació de les persones desaparegudes durant la guerra civil i el franquisme.
Per informació i recerca dels desapareguts de guerra, concretament en el front de l'Ebre, cal adreçar-se al Consell Comarcal de la Terra Alta. DESAPAREGUTS I FOSSES COMUNES: per informacions globals del territori català, quant a fosses comunes i recerca de desapareguts de la guerra, cal dirigir-se a la unitat de desapareguts i fosses comunes de la Direcció General de la Memòria Democràtica, per telèfon o per correu electrònic: fossescomunes@gencat.net
Nota: La unitat de desapareguts i fosses comunes de la guerra civil, informa personalment del tema de les fosses comunes i de desapareguts de guerra dins el següent horari: de 9 a 14 hores de dilluns a divendres.
Informació addicional
Exhumació fosses comunes
Desapareguts de guerra
Localització de fosses
Entitat responsableDirecció General de la Memòria DemocràticaPer obtenir informació sobre el servei, cal adreçar-se als punts d'informació detallats al quadre lateral.
martes, 30 de septiembre de 2008
Francia y Alemania homenajean a Companys.
Fuente: www.publico.es
Francia y Alemania homenajean a Companys
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político. Se permanece a la espera de que España anule su jucio
FERRAN CASAS - Barcelona - 29/09/2008 23:02
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político en homenaje a quien, durante seis años, ocupó sus dependencias, el president Companys. Bajo el impulso de la Comissió de la Dignitat y con el apoyo del vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, los cónsules de Francia y Alemania en la capital catalana, Pascal Brice y Christine Gläser, se citaron ante un público que, expectante, tomaba nota de sus palabras estableciendo incómodas comparaciones.
Un proceso grotesco
Companys, que sustituyó en el cargo a Francesc Macià en 1934, fue un político complejo y de carácter difícil, al que guió su "lealtad" a una Catalunya que gobernó como pudo en un momento crítico y a una República por la que se batió el cobre durante su dilatada carrera. En ello coincidieron los oradores que, al glosar su figura, recordaron su trágico final. El president cruzó en febrero del 39 la frontera con el lehendakari Aguirre poco después de la caída de Barcelona. Al cabo de unos meses, la Gestapo lo capturó en la Francia ocupada, de donde no quiso huir obsesionado en no separarse de su hijo deficiente y de los catalanes de los campos de refugiados, y lo entregó a Franco. Después, "interrogatorios, torturas y vejaciones", recordó Carod, en la madrileña Puerta del Sol y en Barcelona, en el Castillo de Montjuic, lo peor. Como tantos otros republicanos y catalanistas, el president tuvo un juicio grotesco y fue fusilado un 15 de octubre de 1940 en una madrugada que heló la ciudad.
Francia y Alemania daban tributo a un político asesinado por ser president de la Generalitat, con el que Franco quiso "dar ejemplo" y que, en boca de la cónsul alemana, encarnaba "la democracia, la humanidad y la solidaridad". El representante francés equiparó a Companys a los resistentes franceses. Evitó, eso sí, pedir perdón de forma explícita por la implicación francesa en el fusilamiento del primer presidente elegido democráticamente. Recordó que en su día la República Francesa ya reconoció su "responsabilidad" por el colaboracionismo.
Brice, que aseguró que cada país tiene sus "ritmos", admitió al final de su parlamento cierta "arrogancia": "No sólo nosotros hemos sido combatientes por la libertad", señaló.
Aceptar la culpa
Su compañera alemana hizo más por agradar al auditorio. "Aceptamos nuestra culpa y intentamos aprender de la historia, pese a que a veces pasan años en reconocer casos concretos", aseguró. Gläser indicó que los ajustes de cuentas con la historia evitan "nuevos totalitarismos".
Carod se felicitó que Alemania y Francia cumplieran y lo hicieran con ese tono, "pero aún no ha hablado todo el mundo en la rehabilitación pública de Companys. Falta la voz última, definitiva y concluyente de la España democrática para anular su proceso judicial sin más dilación".
Josep Cruanyes, de la Comissió, cargó contra la Ley de la Memoria y pidió al Govern que se ocupe directamente de que el Estado resuelva el asunto "sin hacerlo recaer sobre su familia o provocar que estos se vean sometidos a la humillante circunstancia de pedir para un presidente democrático un certificado ministerial". Lo mismo exigió para Joan Peiró, Manuel Carrasco, Federic Rahola, Domènec Latorre y tantos otros.
El sobrio acto contó con la lectura de la oda a Companys del polifacético Joan Brossa a cargo del actor Jordi Dauder. "... i obrirà solcs l'esquerra catalana" ("abrirá zanjas la izquierda catalana") rezan sus últimos versos. Su vergonzante y ejemplar caso lo intenta ante el muro del olvido de la Transición.
¿Por qué fusilaron a Lluís Companys?, por David Miró
DAVID MIRÓ - 30/09/2008 08:25
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de octubre fusilado en el castillo de Montjuïc.
El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra.
La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.
Francia y Alemania homenajean a Companys
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político. Se permanece a la espera de que España anule su jucio
FERRAN CASAS - Barcelona - 29/09/2008 23:02
Un abarrotado auditorio del Palau de la Generalitat vivió ayer un acto cargado de simbolismo y sentido político en homenaje a quien, durante seis años, ocupó sus dependencias, el president Companys. Bajo el impulso de la Comissió de la Dignitat y con el apoyo del vicepresidente Josep-Lluís Carod-Rovira, los cónsules de Francia y Alemania en la capital catalana, Pascal Brice y Christine Gläser, se citaron ante un público que, expectante, tomaba nota de sus palabras estableciendo incómodas comparaciones.
Un proceso grotesco
Companys, que sustituyó en el cargo a Francesc Macià en 1934, fue un político complejo y de carácter difícil, al que guió su "lealtad" a una Catalunya que gobernó como pudo en un momento crítico y a una República por la que se batió el cobre durante su dilatada carrera. En ello coincidieron los oradores que, al glosar su figura, recordaron su trágico final. El president cruzó en febrero del 39 la frontera con el lehendakari Aguirre poco después de la caída de Barcelona. Al cabo de unos meses, la Gestapo lo capturó en la Francia ocupada, de donde no quiso huir obsesionado en no separarse de su hijo deficiente y de los catalanes de los campos de refugiados, y lo entregó a Franco. Después, "interrogatorios, torturas y vejaciones", recordó Carod, en la madrileña Puerta del Sol y en Barcelona, en el Castillo de Montjuic, lo peor. Como tantos otros republicanos y catalanistas, el president tuvo un juicio grotesco y fue fusilado un 15 de octubre de 1940 en una madrugada que heló la ciudad.
Francia y Alemania daban tributo a un político asesinado por ser president de la Generalitat, con el que Franco quiso "dar ejemplo" y que, en boca de la cónsul alemana, encarnaba "la democracia, la humanidad y la solidaridad". El representante francés equiparó a Companys a los resistentes franceses. Evitó, eso sí, pedir perdón de forma explícita por la implicación francesa en el fusilamiento del primer presidente elegido democráticamente. Recordó que en su día la República Francesa ya reconoció su "responsabilidad" por el colaboracionismo.
Brice, que aseguró que cada país tiene sus "ritmos", admitió al final de su parlamento cierta "arrogancia": "No sólo nosotros hemos sido combatientes por la libertad", señaló.
Aceptar la culpa
Su compañera alemana hizo más por agradar al auditorio. "Aceptamos nuestra culpa y intentamos aprender de la historia, pese a que a veces pasan años en reconocer casos concretos", aseguró. Gläser indicó que los ajustes de cuentas con la historia evitan "nuevos totalitarismos".
Carod se felicitó que Alemania y Francia cumplieran y lo hicieran con ese tono, "pero aún no ha hablado todo el mundo en la rehabilitación pública de Companys. Falta la voz última, definitiva y concluyente de la España democrática para anular su proceso judicial sin más dilación".
Josep Cruanyes, de la Comissió, cargó contra la Ley de la Memoria y pidió al Govern que se ocupe directamente de que el Estado resuelva el asunto "sin hacerlo recaer sobre su familia o provocar que estos se vean sometidos a la humillante circunstancia de pedir para un presidente democrático un certificado ministerial". Lo mismo exigió para Joan Peiró, Manuel Carrasco, Federic Rahola, Domènec Latorre y tantos otros.
El sobrio acto contó con la lectura de la oda a Companys del polifacético Joan Brossa a cargo del actor Jordi Dauder. "... i obrirà solcs l'esquerra catalana" ("abrirá zanjas la izquierda catalana") rezan sus últimos versos. Su vergonzante y ejemplar caso lo intenta ante el muro del olvido de la Transición.
¿Por qué fusilaron a Lluís Companys?, por David Miró
DAVID MIRÓ - 30/09/2008 08:25
El president de la Generalitat, Lluís Companys, fue cazado como un perro por la Gestapo y la policía franquista en el norte de Francia el 13 de agosto de 1940. El 29 de septiembre fue entregado a las autoridades del régimen y el 15 de octubre fusilado en el castillo de Montjuïc.
El consejo de guerra fue una auténtica farsa, tal como demuestra el escaso tiempo que pasó entre la detención y su ajusticiamiento. Se trató de una venganza de Franco contra los catalanes en la figura de su president. Ese fue su delito.
Ahora, la Generalitat pretende traer a su nieta, que vive en México, para que pida personalmente ante el Ministerio de Justicia un certificado de reparación, paso previo necesario para poder iniciar el proceso judicial que culmine con la anulación del consejo de guerra.
La iniciativa resulta cuanto menos decepcionante. ¿No debería ser la propia Generalitat la que iniciase todo el proceso en nombre de todos los catalanes? ¿Por qué hay que trasladar esa responsabilidad al ámbito familiar? ¿Y qué pasará con las víctimas que no tengan a nadie para iniciar un farragoso proceso judicial?
Si Companys fue asesinado por ser president, debe ser la Generalitat la que encabece la causa ante la justicia española. Y no esconderse tras la nieta de nadie.
La Generalitat de Catalunya ayudará a anular 111.000 consejos de guerra.
La Generalitat de Catalunya ayudará a anular 111.000 consejos de guerra
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:02
El proceso iniciado para dignificar la figura de Lluís Companys tendrá continuidad. Ésa es al menos la intención de la Generalitat, que ha anunciado que pondrá los medios para que los casi 111.000 consejos de guerra que tuvieron lugar en Catalunya durante la inmediata posguerra puedan ser anulados.
"Con el proceso iniciado con Companys sentamos un importante precedente", explicó a Público la directora general de Memòria Democràtica, Maria Jesús Bono. Este lunes se celebró en el Palau de la Generalitat un homenaje al ex president con motivo del 68 aniversario de su deportación y fusilamiento. El acto no tuvo solo un carácter simbólico, ya que el propio ministerio de Justicia se sumó al mismo. "Este procedimiento burocrático tiene valor político, pero también supone en sí mismo una prueba más para, en su momento, pedir al Tribunal Supremo la anulación", añadió.
En busca de un reglamento
El recurso de nulidad sólo tiene viabilidad en casos acreditadamente injustos, por lo que en el caso del ex presidente, el hecho de que el Ministerio de Justicia reconociera ayer su dignidad será utilizado como prueba posterior para reclamar la nulidad del tribunal que le condenó. El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, anunciaba este domingo que acompañará a Maria Lluïsa Gally, nieta del ex presidente, cuando deba solicitar la nulidad en el Ministerio de Justicia.
El Govern, por su parte, hacía este lunes pública su voluntad de que el Ministerio de Justicia elabore un reglamento claro que tutele un derecho que se encuentra amparado por la Ley de Memoria Histórica. "Si ofrecemos este servicio a los ciudadanos es precisamente porque es un proceso difícil y porque tras la aprobación de la Ley no se ha desarrollado un reglamento que detalle cómo se deben presentar estas solicitudes", explicó.
Juicios masivos
En Catalunya, que durante la Guerra Civil no llegaba a los tres millones de habitantes, se celebraron casi 111.000 consejos de guerra, algunos de los cuales afectaban a diversos acusados. Bono comentó que será la Unidad de Fosas y Desaparecidos quien lleve a cabo este asesoramiento en un procedimiento que a día de hoy presenta una cierta complejidad y que en su momento propició las duras críticas de asociaciones de víctimas como la Comissió de la Dignitat y llevó a ERC a votar en contra de su aprobación.
La declaración de reparación y reconocimiento personal está prevista por la ley para todos aquellos que fueron condenados o sancionados por los órganos penales o administrativos de la dictadura franquista por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
El hecho de que la Generalitat quiera asesorar a los ciudadanos que lo deseen en esta materia se debe en parte a las dificultades que presenta el proceso: la nulidad definitiva requiere de un acuerdo del Gobierno, de la comunicación al Fiscal General del Estado y de la decisión final del Tribunal Supremo. Algo que pocos particulares podrían afrontarse y muy alejado del proceso automático que algunos reclamaron cuando se discutió la Ley de memoria histórica.
__
Cinco años por delante del juez Garzón
La Generalitat arrancó en 2003 un servicio de búsqueda de desaparecidos.
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:49
Desde la séptima planta de un edificio de la Diagonal de Barcelona, siete personas se encargan de rastrear hechos dramáticos ocurridos hace más de 70 años a lo largo y ancho de España. Teléfonos, fax y conexión a Internet son sus herramientas para buscar cualquier resto documental que pudieran dejar los desaparecidos de ambos bandos durante la Guerra Civil.
Son la Unidad de Fosas y Desaparecidos de la Dirección General de Memoria Democrática, puesta en marcha por la Generalitat de Catalunya en 2003, la única esperanza de muchas familias para saber algo más de los últimos días de sus antepasados y, en algunos casos, llegar a saber dónde están enterrados. Este departamento ha atendido más de 2.300 casos. La mayoría de Catalunya, pero también de España y del extranjero.
«¡Gloriosa Catalunya!»
No hace mucho, los investigadores de este departamento recibieron la visita de una turista polaca que estaba pasando unos días en Barcelona. "Había leído en foros de Internet el trabajo que hacemos, y nos preguntó por el paradero de su abuelo, que había militado en las Brigadas Internacionales y desapareció durante la guerra", explica Juli Cuéllar, integrante de este equipo.
"La gente de fuera nos están muy agradecidos. No tienen la nacionalidad, pero se sienten muy ligados a estos hechos históricos y, en este sentido, se sienten huérfanos", dice Cuéllar, que recuerda con humor el grito "¡Gloriosa Catalunya!", exclamado por un usuario malacitano.
Queralt Solé, responsable del servicio, explica que la primera consigna que dan a los familiares es que necesitan tiempo. "Normalmente tardamos de un año a 18 meses. La mayoría lo entiende; dicen: ‘Después de 70 años, no viene de año y medio". Menos paciencia tienen los familiares más mayores, hermanos o hijos de los desaparecidos. "A menudo nos dicen que un año es mucho, que quieren saberlo antes de morir", apunta Solé.
El porcentaje de éxito de sus pesquisas se mueve en torno al 20%, una cifra discreta a causa de la tremenda falta de documentos escritos de esa época convulsa que han llegado a nuestros días. "Nuestro trabajo consiste en enviar oficios a ayuntamientos, archivos u hospitales para pedir datos. Normalmente colaboran, pero lo habitual es que no existan. Cuesta creerlo, pero hay muchas personas que vivieron y murieron no hace tanto de las que no hay el más mínimo rastro documental, y eso frustra a muchas familias", añade.
Los ejemplos son abundantes: los centros de reclutamiento tenían registros, pero han desaparecido. Lo mismo ocurre con los datos del ejército republicano. Ni siquiera los registros del sueldo que percibían han perdurado, ni la relación de las familias que por haber perdido a un familiar percibieron hasta 1938 una pensión.
Y uno de los pocos archivos que existen de la época, el de Ávila, sigue desclasificando documentos.
La batalla sin tumbas
"Los casos más difíciles que tratamos son los de la Batalla del Ebro. Hubo muchísima mortalidad, con muchas víctimas enterradas de cualquier forma, en una trinchera o en un agujero dejado por una bomba", relata Queralt. "Y tenemos desaparecidos de los que no se sabe nada: si los vieron camino al exilio, si fueron heridos aquí o allí... Nada".
Muchos de los usuarios de este servicio ven por primera vez, gracias a estos siete funcionarios de la Generalitat, la firma de sus abuelos. "Muchos nos dan las gracias, nos traen regalos de sus pueblos cuando vuelven de vacaciones y se emocionan", dice.
Una emoción que, en uno de cada cinco casos, acaba en una tardía visita al cementerio donde el desaparecido esperó visita durante siete décadas.
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:02
El proceso iniciado para dignificar la figura de Lluís Companys tendrá continuidad. Ésa es al menos la intención de la Generalitat, que ha anunciado que pondrá los medios para que los casi 111.000 consejos de guerra que tuvieron lugar en Catalunya durante la inmediata posguerra puedan ser anulados.
"Con el proceso iniciado con Companys sentamos un importante precedente", explicó a Público la directora general de Memòria Democràtica, Maria Jesús Bono. Este lunes se celebró en el Palau de la Generalitat un homenaje al ex president con motivo del 68 aniversario de su deportación y fusilamiento. El acto no tuvo solo un carácter simbólico, ya que el propio ministerio de Justicia se sumó al mismo. "Este procedimiento burocrático tiene valor político, pero también supone en sí mismo una prueba más para, en su momento, pedir al Tribunal Supremo la anulación", añadió.
En busca de un reglamento
El recurso de nulidad sólo tiene viabilidad en casos acreditadamente injustos, por lo que en el caso del ex presidente, el hecho de que el Ministerio de Justicia reconociera ayer su dignidad será utilizado como prueba posterior para reclamar la nulidad del tribunal que le condenó. El conseller de Interior, Relaciones Institucionales y Participación, Joan Saura, anunciaba este domingo que acompañará a Maria Lluïsa Gally, nieta del ex presidente, cuando deba solicitar la nulidad en el Ministerio de Justicia.
El Govern, por su parte, hacía este lunes pública su voluntad de que el Ministerio de Justicia elabore un reglamento claro que tutele un derecho que se encuentra amparado por la Ley de Memoria Histórica. "Si ofrecemos este servicio a los ciudadanos es precisamente porque es un proceso difícil y porque tras la aprobación de la Ley no se ha desarrollado un reglamento que detalle cómo se deben presentar estas solicitudes", explicó.
Juicios masivos
En Catalunya, que durante la Guerra Civil no llegaba a los tres millones de habitantes, se celebraron casi 111.000 consejos de guerra, algunos de los cuales afectaban a diversos acusados. Bono comentó que será la Unidad de Fosas y Desaparecidos quien lleve a cabo este asesoramiento en un procedimiento que a día de hoy presenta una cierta complejidad y que en su momento propició las duras críticas de asociaciones de víctimas como la Comissió de la Dignitat y llevó a ERC a votar en contra de su aprobación.
La declaración de reparación y reconocimiento personal está prevista por la ley para todos aquellos que fueron condenados o sancionados por los órganos penales o administrativos de la dictadura franquista por motivos políticos, ideológicos o de creencia.
El hecho de que la Generalitat quiera asesorar a los ciudadanos que lo deseen en esta materia se debe en parte a las dificultades que presenta el proceso: la nulidad definitiva requiere de un acuerdo del Gobierno, de la comunicación al Fiscal General del Estado y de la decisión final del Tribunal Supremo. Algo que pocos particulares podrían afrontarse y muy alejado del proceso automático que algunos reclamaron cuando se discutió la Ley de memoria histórica.
__
Cinco años por delante del juez Garzón
La Generalitat arrancó en 2003 un servicio de búsqueda de desaparecidos.
ALBERT MARTÍN VIDAL - Barcelona - 29/09/2008 22:49
Desde la séptima planta de un edificio de la Diagonal de Barcelona, siete personas se encargan de rastrear hechos dramáticos ocurridos hace más de 70 años a lo largo y ancho de España. Teléfonos, fax y conexión a Internet son sus herramientas para buscar cualquier resto documental que pudieran dejar los desaparecidos de ambos bandos durante la Guerra Civil.
Son la Unidad de Fosas y Desaparecidos de la Dirección General de Memoria Democrática, puesta en marcha por la Generalitat de Catalunya en 2003, la única esperanza de muchas familias para saber algo más de los últimos días de sus antepasados y, en algunos casos, llegar a saber dónde están enterrados. Este departamento ha atendido más de 2.300 casos. La mayoría de Catalunya, pero también de España y del extranjero.
«¡Gloriosa Catalunya!»
No hace mucho, los investigadores de este departamento recibieron la visita de una turista polaca que estaba pasando unos días en Barcelona. "Había leído en foros de Internet el trabajo que hacemos, y nos preguntó por el paradero de su abuelo, que había militado en las Brigadas Internacionales y desapareció durante la guerra", explica Juli Cuéllar, integrante de este equipo.
"La gente de fuera nos están muy agradecidos. No tienen la nacionalidad, pero se sienten muy ligados a estos hechos históricos y, en este sentido, se sienten huérfanos", dice Cuéllar, que recuerda con humor el grito "¡Gloriosa Catalunya!", exclamado por un usuario malacitano.
Queralt Solé, responsable del servicio, explica que la primera consigna que dan a los familiares es que necesitan tiempo. "Normalmente tardamos de un año a 18 meses. La mayoría lo entiende; dicen: ‘Después de 70 años, no viene de año y medio". Menos paciencia tienen los familiares más mayores, hermanos o hijos de los desaparecidos. "A menudo nos dicen que un año es mucho, que quieren saberlo antes de morir", apunta Solé.
El porcentaje de éxito de sus pesquisas se mueve en torno al 20%, una cifra discreta a causa de la tremenda falta de documentos escritos de esa época convulsa que han llegado a nuestros días. "Nuestro trabajo consiste en enviar oficios a ayuntamientos, archivos u hospitales para pedir datos. Normalmente colaboran, pero lo habitual es que no existan. Cuesta creerlo, pero hay muchas personas que vivieron y murieron no hace tanto de las que no hay el más mínimo rastro documental, y eso frustra a muchas familias", añade.
Los ejemplos son abundantes: los centros de reclutamiento tenían registros, pero han desaparecido. Lo mismo ocurre con los datos del ejército republicano. Ni siquiera los registros del sueldo que percibían han perdurado, ni la relación de las familias que por haber perdido a un familiar percibieron hasta 1938 una pensión.
Y uno de los pocos archivos que existen de la época, el de Ávila, sigue desclasificando documentos.
La batalla sin tumbas
"Los casos más difíciles que tratamos son los de la Batalla del Ebro. Hubo muchísima mortalidad, con muchas víctimas enterradas de cualquier forma, en una trinchera o en un agujero dejado por una bomba", relata Queralt. "Y tenemos desaparecidos de los que no se sabe nada: si los vieron camino al exilio, si fueron heridos aquí o allí... Nada".
Muchos de los usuarios de este servicio ven por primera vez, gracias a estos siete funcionarios de la Generalitat, la firma de sus abuelos. "Muchos nos dan las gracias, nos traen regalos de sus pueblos cuando vuelven de vacaciones y se emocionan", dice.
Una emoción que, en uno de cada cinco casos, acaba en una tardía visita al cementerio donde el desaparecido esperó visita durante siete décadas.
¿Torturaron a García Lorca antes de fusilarlo? (y II)
Fuente: El Plural.
Hipótesis y rumores sobre el asesinato del poeta granadino
¿Torturaron a García Lorca antes de fusilarlo? (y II)
MARINA MONTES/ANDALUCÍA
¿Torturaron al poeta antes de morir? ¿Realmente sigue el cuerpo enterrado en el barranco de Víznar? Tan sólo dos meses de trabajos en la fosa común en la que están enterrados Dióscoro Galindo, Juan Arcolla, Francisco Galadí y el poeta Federico García Lorca serán suficientes para revelar datos esclarecedores sobre los fusilamientos. Una vez que se autorice por parte del juez Garzón la realización de los trabajos de exhumación, los rumores en torno a los últimos momentos de García Lorca obtendrán una respuesta.
Noticias relacionadas
72 veranos sin García Lorca
¿Tiene que ver la conducta de los familiares de Lorca con que el Ayuntamiento pepero de Granada...
Las hipótesis en torno al asesinato de García Lorca, como les adelantamos ayer, no pueden afirmarse con certeza. Los exhaustivos estudios realizados hasta el momento por hispanistas, historiadores y antropólogos podrán confirmar las tesis que barajan y descartar otras una vez se encuentren los cuerpos. Las últimas horas de Lorca están llenas de misterio y rumores transmitidos de boca en boca y distorsionados por el silencio y el temor de los vecinos a hablar en tiempos en los que cualquiera podría delatarlos. El paso del tiempo y los rumores hacen que muchas de las hipótesis pierdan fuerza.
"Que le den café"
La orden de asesinato fue dada por el propio Queipo de Llano. El sanguinario militar no dudó en ordenar el asesinato del poeta cuando se enteró de que estaba preso. El comandante Valdés, quien se cree que dio la orden de detener a Lorca en casa de los Rosales, preguntó al militar sobre la suerte del poeta, y el alto mando contestó inmediatamente: "que le den café, mucho café", según recogen los testigos del momento.
¿Torturas?
Sobre las últimas horas de García Lorca, desde el momento de su prendimiento en la casa de los Rosales, donde el poeta se había refugiado, hasta su muerte, se ha especulado mucho. Y se ha hablado de una posible tortura que nadie ha confirmado. El hallazgo del cadáver del poeta descubriría por fin, después de un análisis forense de los restos, si realmente Lorca fue torturado. Según Ian Gibson, “todavía hay dudas de si fue torturado antes de ser disparado”. Tiros de graciaEn su libro, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, el hispanista irlandés reconstruye, después de un gran trabajo de documentación, las que pudieron ser las últimas horas del poeta. Según los testigos a los que llegó a entrevistar, que habrían sido necesarios varios tiros de gracia para rematar al poeta ya que llegó a incorporarse tras la ráfaga del pelotón de fusilamiento. Además, el autor material del crimen, Juan Luis Trescantos, primo lejano del poeta, se vanagloriaba de haberle disparado “dos tiros en el culo por maricón”, algo que no se ha podido confirmar completamente.
La “otra muerte”
Durante algún tiempo, se levantó leyenda urbana que especuló con la posibilidad de que García Lorca no hubiese muerto. Todo surgió a raíz de la emisión en Televisión Española de un documental titulado La otra muerte de Federico García Lorca. En él se especuló con una idea ficticia novelada por Fernando Marías, encargado también del guión del documental creativo. La idea recreada por Marías sugiere que el poeta no llegaba a morir, sino que era recogido por un campesino que pasaba por la zona. El poeta quedó incapacitado para hablar y escribir y pasó sus últimos días en un convento cuidado por las monjas. La publicación en la revista Enigmas de un reportaje “de investigación” basándose en esta hipótesis contribuyó a crear la leyenda. Sin embargo, todo formaba parte de una ficción recreada por Marías y Juan Blas para una serie de documentales ficticios emitidos en TVE.
¿Dónde está García Lorca?
Sin embargo, las hipótesis sobre Lorca no sólo afectan a su persona. El lugar donde yacen los restos del poeta aún no está definitivamente situado. El historiador Gerald Brenan fue el primero que afirmó que Lorca no yacía en el cementerio granadino, sino en una fosa común entre Víznar y Alfácar, cercano a la Fuente de Aynadamar o Fuente de las Lágrimas, lugar que indicó posteriormente Gibson.
¿Rescatado durante la guerra?
La negativa de la familia de García Lorca a la exhumación de los restos levantó las suspicacias de la opinión pública y alentó el rumor que señalaba que la familia habría podido recuperar el cadáver del poeta para darle una sepultura digna en su propio terreno. Sin embargo, señala Antonio Ramos, otro experto en la biografía lorquiana, ahora han quedado desmentidos “los bulos sobre si está o no enterrado en la Huerta de San Vicente, propiedad de la familia en Granada o en el jardín de la casa de los García Lorca en Nerja” con el consentimiento de los familiares. No obstante, la familia ha declarado que aunque sea exhumado, el cadáver quedará en el barranco de Víznar para la posteridad.
mmontes@elplural.com
"Si lo fusilaron, pues peor para él"
Hipótesis y rumores sobre el asesinato del poeta granadino
¿Torturaron a García Lorca antes de fusilarlo? (y II)
MARINA MONTES/ANDALUCÍA
¿Torturaron al poeta antes de morir? ¿Realmente sigue el cuerpo enterrado en el barranco de Víznar? Tan sólo dos meses de trabajos en la fosa común en la que están enterrados Dióscoro Galindo, Juan Arcolla, Francisco Galadí y el poeta Federico García Lorca serán suficientes para revelar datos esclarecedores sobre los fusilamientos. Una vez que se autorice por parte del juez Garzón la realización de los trabajos de exhumación, los rumores en torno a los últimos momentos de García Lorca obtendrán una respuesta.
Noticias relacionadas
72 veranos sin García Lorca
¿Tiene que ver la conducta de los familiares de Lorca con que el Ayuntamiento pepero de Granada...
Las hipótesis en torno al asesinato de García Lorca, como les adelantamos ayer, no pueden afirmarse con certeza. Los exhaustivos estudios realizados hasta el momento por hispanistas, historiadores y antropólogos podrán confirmar las tesis que barajan y descartar otras una vez se encuentren los cuerpos. Las últimas horas de Lorca están llenas de misterio y rumores transmitidos de boca en boca y distorsionados por el silencio y el temor de los vecinos a hablar en tiempos en los que cualquiera podría delatarlos. El paso del tiempo y los rumores hacen que muchas de las hipótesis pierdan fuerza.
"Que le den café"
La orden de asesinato fue dada por el propio Queipo de Llano. El sanguinario militar no dudó en ordenar el asesinato del poeta cuando se enteró de que estaba preso. El comandante Valdés, quien se cree que dio la orden de detener a Lorca en casa de los Rosales, preguntó al militar sobre la suerte del poeta, y el alto mando contestó inmediatamente: "que le den café, mucho café", según recogen los testigos del momento.
¿Torturas?
Sobre las últimas horas de García Lorca, desde el momento de su prendimiento en la casa de los Rosales, donde el poeta se había refugiado, hasta su muerte, se ha especulado mucho. Y se ha hablado de una posible tortura que nadie ha confirmado. El hallazgo del cadáver del poeta descubriría por fin, después de un análisis forense de los restos, si realmente Lorca fue torturado. Según Ian Gibson, “todavía hay dudas de si fue torturado antes de ser disparado”. Tiros de graciaEn su libro, Vida, pasión y muerte de Federico García Lorca, el hispanista irlandés reconstruye, después de un gran trabajo de documentación, las que pudieron ser las últimas horas del poeta. Según los testigos a los que llegó a entrevistar, que habrían sido necesarios varios tiros de gracia para rematar al poeta ya que llegó a incorporarse tras la ráfaga del pelotón de fusilamiento. Además, el autor material del crimen, Juan Luis Trescantos, primo lejano del poeta, se vanagloriaba de haberle disparado “dos tiros en el culo por maricón”, algo que no se ha podido confirmar completamente.
La “otra muerte”
Durante algún tiempo, se levantó leyenda urbana que especuló con la posibilidad de que García Lorca no hubiese muerto. Todo surgió a raíz de la emisión en Televisión Española de un documental titulado La otra muerte de Federico García Lorca. En él se especuló con una idea ficticia novelada por Fernando Marías, encargado también del guión del documental creativo. La idea recreada por Marías sugiere que el poeta no llegaba a morir, sino que era recogido por un campesino que pasaba por la zona. El poeta quedó incapacitado para hablar y escribir y pasó sus últimos días en un convento cuidado por las monjas. La publicación en la revista Enigmas de un reportaje “de investigación” basándose en esta hipótesis contribuyó a crear la leyenda. Sin embargo, todo formaba parte de una ficción recreada por Marías y Juan Blas para una serie de documentales ficticios emitidos en TVE.
¿Dónde está García Lorca?
Sin embargo, las hipótesis sobre Lorca no sólo afectan a su persona. El lugar donde yacen los restos del poeta aún no está definitivamente situado. El historiador Gerald Brenan fue el primero que afirmó que Lorca no yacía en el cementerio granadino, sino en una fosa común entre Víznar y Alfácar, cercano a la Fuente de Aynadamar o Fuente de las Lágrimas, lugar que indicó posteriormente Gibson.
¿Rescatado durante la guerra?
La negativa de la familia de García Lorca a la exhumación de los restos levantó las suspicacias de la opinión pública y alentó el rumor que señalaba que la familia habría podido recuperar el cadáver del poeta para darle una sepultura digna en su propio terreno. Sin embargo, señala Antonio Ramos, otro experto en la biografía lorquiana, ahora han quedado desmentidos “los bulos sobre si está o no enterrado en la Huerta de San Vicente, propiedad de la familia en Granada o en el jardín de la casa de los García Lorca en Nerja” con el consentimiento de los familiares. No obstante, la familia ha declarado que aunque sea exhumado, el cadáver quedará en el barranco de Víznar para la posteridad.
mmontes@elplural.com
"Si lo fusilaron, pues peor para él"
lunes, 29 de septiembre de 2008
Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Fuente: http://www.lamanyana.es/web/index.html
Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Lleida - L.A. Pérez de la Pinta 2008-09-30
Los obispados de Lleida y Urgell están dispuestos a colaborar con el juez Baltasar Garzón en su recién emprendida labor de recopilación de datos sobre las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos. Por el momento, señalan uno y otro obispado, el juez no se ha puesto en contacto con ellos, pero ambos están dispuestos a colaborar si lo que se solicita no entra en conflicto con la legislación que regula el uso de datos de particulares. El dato se facilitó ayer, el mismo día en que el cementerio de Lleida acogía una misa en honor del beato Francesc Castelló, fusilado en setiembre de 1936, tras ser condenado a muerte por el Tribunal Popular entonces constituido en la capital del Segrià.
La semana pasada Garzón amplió su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la posguerra a los represaliados por el bando republicano al requerir al Archivo General de la Administración los fondos de los tribunales populares que actuaron durante la guerra en Madrid. Estos fondos figuran en la llamada Causa General franquista, un proceso que el régimen dictatorial instruyó, según indicaron en su día fuentes del régimen, contra “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Sobre el asunto, y desde el obispado de Lleida, el vicario general Joan Ramon Ezquerra aseguraba ayer estar a la espera de instrucciones de la Conferencia Episcopal para proceder si alguien requiere datos sobre los desaparecidos en Lleida. El obispado de Urgell se manifestó de modo idéntico y desde Solsona no hubo declaraciones.
La semana pasada, el portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martínez Camino aseguró acerca de las peticiones de Garzón, estar dispuesto a “hacer todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la ley”. Camino indicó además que los archivos que el juez quiere consultar son públicos y, por tanto, todo el que quiera acceder a ellos “puede hacerlo de acuerdo con la reglamentación dictada para proteger esas informaciones”. Pese a eso, el portavoz remarcó que no existe ningún pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal acerca de la Ley de Memoria Histórica. Tras conocer sus palabras, Garzón reclamó a la Conferencia que haga llegar su requerimiento a las diferentes diócesis españolas para que éstas lo remitan después a cada una de las más de 23.000 parroquias que funcionan actualmente en España.
Lo indicado por Martínez Camino la semana pasada fue prácticamente lo mismo que señalaron ayer el obispado de Lleida y el de Urgell. El vicario general de la primera de ambas diócesis recordó así de nuevo el carácter público de los archivos y aseguró que su obispado no tiene nada que ocultar: “En estos archivos sólo hay nombres y fechas de funerales y no habrá ningún problema si se nos solicita que los facilitemos a quien sea. Lo que no sé muy bien es para qué pueden servir estas listas, porque la información que contienen es muy limitada”. El obispado de Urgell mostró ayer también su predisposición a colaborar con Garzón o “con quien sea necesario”, aunque indicaron que toda colaboración deberá producirse respetando la normativa de protección de datos. “En estos archivos aparece información relativa a particulares y en algún caso estos datos pueden facilitarse sólo con el consentimiento de los familiares de la persona a la que se refieren. Si esta normativa se respeta, facilitaremos lo que convenga”.
La Ley de Memoria Histórica no fue valorada por ninguno de los dos obispados leridanos con los que ayer se pudo contactar. Unos y otros se remitieron a lo señalado por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, que pedía el viernes que la Ley de Memoria Histórica no se convierta “en un enfrentamiento ideológico y político”.
Los obispados de Lleida y Urgell, dispuestos a colaborar con el juez Garzón
Lleida - L.A. Pérez de la Pinta 2008-09-30
Los obispados de Lleida y Urgell están dispuestos a colaborar con el juez Baltasar Garzón en su recién emprendida labor de recopilación de datos sobre las víctimas de la Guerra Civil de ambos bandos. Por el momento, señalan uno y otro obispado, el juez no se ha puesto en contacto con ellos, pero ambos están dispuestos a colaborar si lo que se solicita no entra en conflicto con la legislación que regula el uso de datos de particulares. El dato se facilitó ayer, el mismo día en que el cementerio de Lleida acogía una misa en honor del beato Francesc Castelló, fusilado en setiembre de 1936, tras ser condenado a muerte por el Tribunal Popular entonces constituido en la capital del Segrià.
La semana pasada Garzón amplió su investigación sobre los desaparecidos en la Guerra Civil y la posguerra a los represaliados por el bando republicano al requerir al Archivo General de la Administración los fondos de los tribunales populares que actuaron durante la guerra en Madrid. Estos fondos figuran en la llamada Causa General franquista, un proceso que el régimen dictatorial instruyó, según indicaron en su día fuentes del régimen, contra “los hechos delictivos cometidos en todo el territorio nacional durante la dominación roja”. Sobre el asunto, y desde el obispado de Lleida, el vicario general Joan Ramon Ezquerra aseguraba ayer estar a la espera de instrucciones de la Conferencia Episcopal para proceder si alguien requiere datos sobre los desaparecidos en Lleida. El obispado de Urgell se manifestó de modo idéntico y desde Solsona no hubo declaraciones.
La semana pasada, el portavoz de la Conferencia Episcopal Juan Antonio Martínez Camino aseguró acerca de las peticiones de Garzón, estar dispuesto a “hacer todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la ley”. Camino indicó además que los archivos que el juez quiere consultar son públicos y, por tanto, todo el que quiera acceder a ellos “puede hacerlo de acuerdo con la reglamentación dictada para proteger esas informaciones”. Pese a eso, el portavoz remarcó que no existe ningún pronunciamiento oficial de la Conferencia Episcopal acerca de la Ley de Memoria Histórica. Tras conocer sus palabras, Garzón reclamó a la Conferencia que haga llegar su requerimiento a las diferentes diócesis españolas para que éstas lo remitan después a cada una de las más de 23.000 parroquias que funcionan actualmente en España.
Lo indicado por Martínez Camino la semana pasada fue prácticamente lo mismo que señalaron ayer el obispado de Lleida y el de Urgell. El vicario general de la primera de ambas diócesis recordó así de nuevo el carácter público de los archivos y aseguró que su obispado no tiene nada que ocultar: “En estos archivos sólo hay nombres y fechas de funerales y no habrá ningún problema si se nos solicita que los facilitemos a quien sea. Lo que no sé muy bien es para qué pueden servir estas listas, porque la información que contienen es muy limitada”. El obispado de Urgell mostró ayer también su predisposición a colaborar con Garzón o “con quien sea necesario”, aunque indicaron que toda colaboración deberá producirse respetando la normativa de protección de datos. “En estos archivos aparece información relativa a particulares y en algún caso estos datos pueden facilitarse sólo con el consentimiento de los familiares de la persona a la que se refieren. Si esta normativa se respeta, facilitaremos lo que convenga”.
La Ley de Memoria Histórica no fue valorada por ninguno de los dos obispados leridanos con los que ayer se pudo contactar. Unos y otros se remitieron a lo señalado por monseñor Juan Antonio Martínez Camino, el portavoz de la Conferencia Episcopal, que pedía el viernes que la Ley de Memoria Histórica no se convierta “en un enfrentamiento ideológico y político”.
¿Por qué mataron a Lorca? (I)
Fuente: http://www.elplural.com/
Hipótesis y rumores sobre el asesinato del poeta granadino
¿Por qué mataron a Lorca? (I)
La decisión del juez Garzón de llevar a cabo un registro de los desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil ha abierto la esperanza de los familiares de muchos de los fallecidos. Y la posible exhumación de los restos mortales de García Lorca ha levantado de nuevo especulaciones sobre la situación del cadáver. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su fusilamiento? Interrogantes que a lo largo de los años han dado mucho de qué hablar y que, si finalmente se localiza el cadáver de García Lorca, hallarán una respuesta
Noticias relacionadas
72 veranos sin García Lorca
En la figura de Federico García Lorca confluyen varios factores que lo harían un blanco fácil para los sublevados durante el conflicto militar. Comprometido políticamente con unos ideales de libertad e igualdad, homosexual y con una familia enfrentada entre sí. Y además, cosechaba éxito entre el público con sus escritos. Algo que hoy día no escandaliza a nadie, pero en ese momento histórico pudo ser el delito por el que pagó con su vida. ¿Qué pasó realmente?
Sin embargo, no hay una certeza exacta en los elementos que rodean a su muerte. Y, como ocurre con los grandes genios, los mitos y las leyendas comenzaron a fluir en torno a su persona. Elplural ha realizado un trabajo de documentación consultando distintas fuentes y contrastando los datos que ofrecemos a continuación en dos partes que podrán leer hoy y mañana en nuestra web.
Tendencia sexual
Para Ian Gibson, la muerte de García Lorca se produjo por “un amasijo de causas”. Lorca había ofendido a la burguesía granadina y “no le perdonaron Yerma, que les parecía inmoral”. Además, el factor político y su amistad con gente claramente republicana, como Fernando de los Ríos hizo el resto. Para más horror de la derecha fascista del momento, el sensible poeta granadino era homosexual, un delito imperdonable. Destacado “izquierdista”García Lorca, además, participó activamente en la vida política del momento. Aunque no estaba adherido a ningún partido concreto, el granadino abogaba por ideas liberales y con tendencias hacia la izquierda política de su época. Amigo de Fernando de los Ríos, sus amistades con personalidades del mundo de la cultura y la política de izquierdas le hicieron ser el blanco de las críticas de los enemigos.
Compromiso social
Según recuerda la ensayista Andrea Blanqué, García Lorca "declaró su antifascimo a los cuatro vientos". El poeta granadino, además, firmó varios manifiestos a favor del Frente Popular y con su compañía de teatro La Barraca, llevó la cultura hasta el pueblo llano. Además, públicamente su compromiso social en la prensa de la época: "En este mundo yo soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega", afirmó. Su obra además, está plagada de referencias hacia colectivos marginales, tanto de España como de Norteamérica, región que influyó mucho en sus escritos.Señorito burguésSin embargo, pese a la ideología destacada de Lorca hacia la izquierda, hay historiadores que lo ubican en un lugar más moderado e incluso conservador. Así, se habla del poeta dentro del seno de una familia dentro de una posición bien situada dentro de la población de Granada.
Los motivos de FrancoSegún recuerda el profesor y periodista experto en García Lorca, Antonio Ramos, el propio Franco reconoció que se fusiló al poeta al ser uno de los “más caracterizados” entre los “elementos izquierdistas”. Para evitar “cualquier reacción en contra del Movimiento”, señaló en su momento, “se fusilaron a los más caracterizados, y entre ellos a García Lorca”. Sin embargo, años después de este hecho, Franco autorizó que se editaran las obras del poeta granadino, para demostrar su "imparcialidad", lo que supuso una gran reseña en ABC en las que se elogiaba la obra del poeta. Esta crítica literaria supuso la extrañeza de los miembros cercanos a Franco, quien contestó que encontraba “exagerado el artículo de ABC”.
Rencillas familiares
Además, se habla de problemas familiares, algunos de ellos relacionados con la política, que pudieron ser un agravante más dentro de los motivos esgrimidos por los enemigos. En el documental realizado por Emilio Ruiz Borrachina, titulado Lorca, el mar deja de moverse, se intuye que fueron los primos del poeta quienes instigaron su asesinato. Además de los motivos políticos y la homofobia hacia su persona, también fueron notables las peleas internas de la familia.
Asesinado por su primoPor otra parte, el documental revela públicamente que el autor material de la muerte del poeta fue su primo, Juan Luis Trescantos. Casado con una prima lejana de Francisco García, padre del poeta, se vanagloriaba en público de haber sido quien acabó con la vida del poeta granadino. El ejecutor del poeta, además, está enterrado en un panteón de la familia de los Lorca, como recordaba en un análisis hace un par de días Manuel Francisco Reina en ElPlural.
mmontes@elplural.com
Hipótesis y rumores sobre el asesinato del poeta granadino
¿Por qué mataron a Lorca? (I)
La decisión del juez Garzón de llevar a cabo un registro de los desaparecidos y fusilados durante la Guerra Civil ha abierto la esperanza de los familiares de muchos de los fallecidos. Y la posible exhumación de los restos mortales de García Lorca ha levantado de nuevo especulaciones sobre la situación del cadáver. ¿Cuáles fueron las verdaderas causas de su fusilamiento? Interrogantes que a lo largo de los años han dado mucho de qué hablar y que, si finalmente se localiza el cadáver de García Lorca, hallarán una respuesta
Noticias relacionadas
72 veranos sin García Lorca
En la figura de Federico García Lorca confluyen varios factores que lo harían un blanco fácil para los sublevados durante el conflicto militar. Comprometido políticamente con unos ideales de libertad e igualdad, homosexual y con una familia enfrentada entre sí. Y además, cosechaba éxito entre el público con sus escritos. Algo que hoy día no escandaliza a nadie, pero en ese momento histórico pudo ser el delito por el que pagó con su vida. ¿Qué pasó realmente?
Sin embargo, no hay una certeza exacta en los elementos que rodean a su muerte. Y, como ocurre con los grandes genios, los mitos y las leyendas comenzaron a fluir en torno a su persona. Elplural ha realizado un trabajo de documentación consultando distintas fuentes y contrastando los datos que ofrecemos a continuación en dos partes que podrán leer hoy y mañana en nuestra web.
Tendencia sexual
Para Ian Gibson, la muerte de García Lorca se produjo por “un amasijo de causas”. Lorca había ofendido a la burguesía granadina y “no le perdonaron Yerma, que les parecía inmoral”. Además, el factor político y su amistad con gente claramente republicana, como Fernando de los Ríos hizo el resto. Para más horror de la derecha fascista del momento, el sensible poeta granadino era homosexual, un delito imperdonable. Destacado “izquierdista”García Lorca, además, participó activamente en la vida política del momento. Aunque no estaba adherido a ningún partido concreto, el granadino abogaba por ideas liberales y con tendencias hacia la izquierda política de su época. Amigo de Fernando de los Ríos, sus amistades con personalidades del mundo de la cultura y la política de izquierdas le hicieron ser el blanco de las críticas de los enemigos.
Compromiso social
Según recuerda la ensayista Andrea Blanqué, García Lorca "declaró su antifascimo a los cuatro vientos". El poeta granadino, además, firmó varios manifiestos a favor del Frente Popular y con su compañía de teatro La Barraca, llevó la cultura hasta el pueblo llano. Además, públicamente su compromiso social en la prensa de la época: "En este mundo yo soy y seré partidario de los pobres. Yo siempre seré partidario de los que no tienen nada y hasta la tranquilidad de la nada se les niega", afirmó. Su obra además, está plagada de referencias hacia colectivos marginales, tanto de España como de Norteamérica, región que influyó mucho en sus escritos.Señorito burguésSin embargo, pese a la ideología destacada de Lorca hacia la izquierda, hay historiadores que lo ubican en un lugar más moderado e incluso conservador. Así, se habla del poeta dentro del seno de una familia dentro de una posición bien situada dentro de la población de Granada.
Los motivos de FrancoSegún recuerda el profesor y periodista experto en García Lorca, Antonio Ramos, el propio Franco reconoció que se fusiló al poeta al ser uno de los “más caracterizados” entre los “elementos izquierdistas”. Para evitar “cualquier reacción en contra del Movimiento”, señaló en su momento, “se fusilaron a los más caracterizados, y entre ellos a García Lorca”. Sin embargo, años después de este hecho, Franco autorizó que se editaran las obras del poeta granadino, para demostrar su "imparcialidad", lo que supuso una gran reseña en ABC en las que se elogiaba la obra del poeta. Esta crítica literaria supuso la extrañeza de los miembros cercanos a Franco, quien contestó que encontraba “exagerado el artículo de ABC”.
Rencillas familiares
Además, se habla de problemas familiares, algunos de ellos relacionados con la política, que pudieron ser un agravante más dentro de los motivos esgrimidos por los enemigos. En el documental realizado por Emilio Ruiz Borrachina, titulado Lorca, el mar deja de moverse, se intuye que fueron los primos del poeta quienes instigaron su asesinato. Además de los motivos políticos y la homofobia hacia su persona, también fueron notables las peleas internas de la familia.
Asesinado por su primoPor otra parte, el documental revela públicamente que el autor material de la muerte del poeta fue su primo, Juan Luis Trescantos. Casado con una prima lejana de Francisco García, padre del poeta, se vanagloriaba en público de haber sido quien acabó con la vida del poeta granadino. El ejecutor del poeta, además, está enterrado en un panteón de la familia de los Lorca, como recordaba en un análisis hace un par de días Manuel Francisco Reina en ElPlural.
mmontes@elplural.com
Granada.- Memoria.- El Ayuntamiento entregará en los próximas días los datos solicitados por Garzón, según el alcalde
Fuente: http://www.europapress.es/
Granada.- Memoria.- El Ayuntamiento entregará en los próximas días los datos solicitados por Garzón, según el alcalde
GRANADA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), consideró hoy que el Ayuntamiento podrá entregar en los "próximas días" los datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el la represión franquista que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha requerido a instituciones, organizaciones y consistorios españoles.
Torres Hurtado, que visitó hoy las obras de la avenida de Maracena y las placetas Marte y Guadix de La Chana, indicó a los periodistas que desde la pasada semana se ha designado a una persona que se dedica "específicamente" a recopilar todos los datos de los que dispone el Ayuntamiento y pasarlos a una lista.
El alcalde rehusó dar un plazo de entrega, si bien consideró que podrá efectuarse en "los próximas días", ya que desde hace varias semanas el Ayuntamiento trabaja en la recopilación de los datos existentes en el Archivo Histórico y la Empresa Municipal del Cementerio y Servicios Funerarios (Emucesa) para elaborar el citado listado.
Esta situación se produce después de que el pasado 22 de septiembre la Universidad de Granada (UGR) entregara en la Audiencia Nacional un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955. En él aparecen los antecedentes de las elecciones de febrero de 1936, los elementos militares que se sublevaron y la situación que se generó con la sublevación.
La información fue recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se elaboró un documento inicial contrastado. No obstante, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Garzón solicitó el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica, a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
Granada.- Memoria.- El Ayuntamiento entregará en los próximas días los datos solicitados por Garzón, según el alcalde
GRANADA, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), consideró hoy que el Ayuntamiento podrá entregar en los "próximas días" los datos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el la represión franquista que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha requerido a instituciones, organizaciones y consistorios españoles.
Torres Hurtado, que visitó hoy las obras de la avenida de Maracena y las placetas Marte y Guadix de La Chana, indicó a los periodistas que desde la pasada semana se ha designado a una persona que se dedica "específicamente" a recopilar todos los datos de los que dispone el Ayuntamiento y pasarlos a una lista.
El alcalde rehusó dar un plazo de entrega, si bien consideró que podrá efectuarse en "los próximas días", ya que desde hace varias semanas el Ayuntamiento trabaja en la recopilación de los datos existentes en el Archivo Histórico y la Empresa Municipal del Cementerio y Servicios Funerarios (Emucesa) para elaborar el citado listado.
Esta situación se produce después de que el pasado 22 de septiembre la Universidad de Granada (UGR) entregara en la Audiencia Nacional un informe socio-político que realiza una disección de la agitación que vivía Granada en el momento en el que se produjo la sublevación nacional y una lista con 6.376 desaparecidos entre 1936 y 1955. En él aparecen los antecedentes de las elecciones de febrero de 1936, los elementos militares que se sublevaron y la situación que se generó con la sublevación.
La información fue recopilada con datos del Registro Civil, actas judiciales, publicaciones e investigaciones de campo, con lo que se elaboró un documento inicial contrastado. No obstante, de los 6.376 desaparecidos de la provincia entre 1936 y 1959 que se cuantifican en la lista hay 655 personas cuya identidad se desconoce.
Garzón solicitó el 1 de septiembre, a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica, a los alcaldes de localidades como Granada, Córdoba, Sevilla y Madrid y al rector de la Universidad de Granada la elaboración de diversos listados y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
El magistrado tomó esta decisión como paso previo a decidir si es competente para investigar las denuncias que ocho asociaciones de memoria histórica presentaron el 18 de julio de 2007 en la Audiencia Nacional.
Estos colectivos solicitaban una investigación sobre las desapariciones, 'sacas', asesinatos, torturas y exilios forzosos que se cometieron a partir de 1936 y consideraban que cabe exigir responsabilidades al Estado español dentro del marco actual de las obligaciones de reparación por la violación del Derecho internacional.
Pasar página pero con derecho a llorar a los familiares
Fuente: http://www.diariolatribuna.com/default.cfm
Pasar página pero con derecho a llorar a los familiares
Los ciudadanos creen que no es el mejor momento para llevar a cabo la iniciativa propuesta por el juez Baltasar Garzón
BEA FERNÁNDEZ / CIUDAD REAL
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, propuso la iniciativa de elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, a principios de septiembre.
A pesar de las numerosas críticas que recibió tanto desde partidos políticos como desde parte del propio Poder Judicial, el magistrado dio un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas.
En el caso de la provincia de Ciudad Real, familiares y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han hecho llegar a Garzón una lista de casi 2.000 desaparecidos de la Guerra Civil. Concretamente, tanto profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y familiares de desaparecidos han recabado información sobre ciudadrealeños que terminaron en la cárcel burgalesa de Valdenoceda, de donde se recuperaron los restos de 116 presos republicanos, 53 de la provincia, como informaba este medio ayer.
Debido a esta propuesta, La Tribuna ha querido conocer la opinión de diez ciudadrealeños sobre qué le parece que el juez Baltasar Garzón quiera recuperar la Memoria Histórica.
Pasar página.
En general, consideran que lo mejor es «pasar página» pues forma parte de la historia más triste de este país. Además, creen que tampoco es el momento de comenzar esas búsquedas ahora, pues para la mayoría de los consultados, los políticos deberían intentar solucionar cosas que realmente preocupan a los ciudadanos. Otros creen que es algo que debe hacerse, quizá no ahora, pero sí en algún momento, pero sin politizar este tema. Sin embargo, casi todos coinciden en que todas las personas tienen derecho a saber dónde descansan sus familiares fallecidos, pues merecen que se les rece o al menos se les llore. No obstante, alguno de los consultados apunta que algunas familias han preferido olvidar el tema, ya que les resulta doloroso.
Pasar página pero con derecho a llorar a los familiares
Los ciudadanos creen que no es el mejor momento para llevar a cabo la iniciativa propuesta por el juez Baltasar Garzón
BEA FERNÁNDEZ / CIUDAD REAL
El juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, propuso la iniciativa de elaborar un censo de desaparecidos de la Guerra Civil y el franquismo, a principios de septiembre.
A pesar de las numerosas críticas que recibió tanto desde partidos políticos como desde parte del propio Poder Judicial, el magistrado dio un plazo de quince días a las asociaciones de familiares de desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo que han presentado denuncias en su Juzgado para que le faciliten una relación de los desaparecidos y ubicación posible de las mismas.
En el caso de la provincia de Ciudad Real, familiares y miembros de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica han hecho llegar a Garzón una lista de casi 2.000 desaparecidos de la Guerra Civil. Concretamente, tanto profesores de la Universidad de Castilla-La Mancha y familiares de desaparecidos han recabado información sobre ciudadrealeños que terminaron en la cárcel burgalesa de Valdenoceda, de donde se recuperaron los restos de 116 presos republicanos, 53 de la provincia, como informaba este medio ayer.
Debido a esta propuesta, La Tribuna ha querido conocer la opinión de diez ciudadrealeños sobre qué le parece que el juez Baltasar Garzón quiera recuperar la Memoria Histórica.
Pasar página.
En general, consideran que lo mejor es «pasar página» pues forma parte de la historia más triste de este país. Además, creen que tampoco es el momento de comenzar esas búsquedas ahora, pues para la mayoría de los consultados, los políticos deberían intentar solucionar cosas que realmente preocupan a los ciudadanos. Otros creen que es algo que debe hacerse, quizá no ahora, pero sí en algún momento, pero sin politizar este tema. Sin embargo, casi todos coinciden en que todas las personas tienen derecho a saber dónde descansan sus familiares fallecidos, pues merecen que se les rece o al menos se les llore. No obstante, alguno de los consultados apunta que algunas familias han preferido olvidar el tema, ya que les resulta doloroso.
Canal Sur. Los Reporteros. 26/09/2008.
http://www.radiotelevisionandalucia.es/tvcarta/impe/web/contenido?id=2953
LOS REPORTEROS
Reportajes en profundidad sobre temas tanto de actualidad como generales, de carácter local, nacional o internacional.
Con motivo de la transferencia de la cuenca andaluza del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, "Los Reporteros" ha realizado un trabajo bajo el nombre "El río que nos une". El Guadalquivir es la columna vertebral de la región, ya que da agua a cuatro millones de habitantes y gracias a él se riegan más de 400 pueblos. Este río en su recorrido es fuente de vida y cultura.
El siguiente reportaje tiene como protagonista el debate sobre la memoria histórica y la decisión del juez Garzón de pedir datos a los registros de Ayuntamientos e Iglesias.
Esta edición se cierra con un reportaje que versa sobre el fenómeno de la "contaminación lumínica". Hoy día, la luz es símbolo de desarrollo, pero paradójicamente esa luz impide que se vean las estrellas.
Presenta: ESTHER MARTIN
LOS REPORTEROS
Reportajes en profundidad sobre temas tanto de actualidad como generales, de carácter local, nacional o internacional.
Con motivo de la transferencia de la cuenca andaluza del Guadalquivir a la Junta de Andalucía, "Los Reporteros" ha realizado un trabajo bajo el nombre "El río que nos une". El Guadalquivir es la columna vertebral de la región, ya que da agua a cuatro millones de habitantes y gracias a él se riegan más de 400 pueblos. Este río en su recorrido es fuente de vida y cultura.
El siguiente reportaje tiene como protagonista el debate sobre la memoria histórica y la decisión del juez Garzón de pedir datos a los registros de Ayuntamientos e Iglesias.
Esta edición se cierra con un reportaje que versa sobre el fenómeno de la "contaminación lumínica". Hoy día, la luz es símbolo de desarrollo, pero paradójicamente esa luz impide que se vean las estrellas.
Presenta: ESTHER MARTIN
El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado
Fuente: Público.
El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado
RAÚL BOCANEGRA
España no sabe dónde están enterrados los fusilados y desaparecidos del franquismo
Treinta y tres años después del fin del franquismo, España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los muertos de la guerra civil y la posterior represión del régimen dictatorial. Mientras Franco recuperó con pompa y honor a sus caídos, el Estado democrático ha dejado olvidados en las cunetas y en los cementerios a miles de cadáveres.
Han tenido que ser los familiares de desaparecidos y muertos y las asociaciones de memoria quienes se pusieran manos a la obra para localizar y dignificar las fosas de la guerra, en un olvido forzoso desde 1939.
Sólo la sensibilidad de determinados gobiernos autonómicos de izquierda les ha financiado la búsqueda. En Andalucía se han detectado hasta ahora 668 enterramientos; en Catalunya, otros 179; en Galicia, por ahora, 37.
España sigue sin tener completo el mapa de la memoria. La operación del juez Baltasar Garzón -que trata de forzar la identificación oficial de los desaparecidos bajo el franquismo- alabada por las diversas asociaciones, ha puesto de relieve la inexplicable dejadez con la que los Gobiernos democráticos han tratado la represión del régimen franquista.
La llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura por el Gobierno socialista, prevé en su artículo 12 que las "Administraciones" -no especifica cuáles- elaborarán mapas de fosas en sus ámbitos de competencia. La labor del Gobierno se limita así a recibir los datos de las demás Administraciones y plasmarlos en un mapa de todo el país.
"Es vergonzoso", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto de Emilio Silva, el primer fusilado identificado con una prueba de ADN. Y es un trabajo en el que, cuanto más tarde en hacerse, más datos se perderán, porque no toda la memoria está en los papeles, aseguran las asociaciones.
Dos etapas en la localización
Hubo dos etapas básicas en la localización y recuperación de las tumbas olvidadas, según han constatado Silva, Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica del sindicato CGT y Rafael López, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, entre otros. La primera se inició poco después de la muerte de Franco, entre las primeras elecciones municipales, a finales de los años setenta, y el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981.
En este periodo, las exhumaciones estuvieron promovidas en su mayoría por los familiares de las víctimas -muchas se llevaron a cabo en la intimidad- y, en bastantes casos, "contaron con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos", según consta en un informe de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. No recibieron apenas publicidad en los medios. Sin embargo, su volumen fue muy importante.
En Sevilla, donde hasta ahora se han practicado 32 exhumaciones, 12 se levantaron entre 1975 -año de la muerte de Franco- y 1982, cuando se exhumaron más de 1.500 víctimas de la represión. "Todo eso desapareció" con el 23-F, afirma Silva. Nueve se produjeron durante la dictadura y las otras 11, entre 1982 y estos días.
Además, en la época de la transición se colocaron 14 placas, inscripciones, monumentos o monolitos, los llamados hitos de dignificación, mientras que ahora, cuando la Junta de Andalucía subvenciona los homenajes, sólo se han situado 18.
La labor de las comunidades
La segunda etapa se inició en 2000, cuando las exhumaciones de fosas y cunetas tomaron cuerpo en los medios de comunicación y el debate sobre la represión comenzó a levantar el manto del olvido. Entonces, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, ante las reivindicaciones de las asociaciones, comenzaron a dictar decretos, firmar convenios y tratar de llegar a conclusiones sobre la situación exacta de las fosas, tan importante para conocer el alcance real de la represión
¿Y las gobernadas por el PP? "Ninguna ayuda. En Castilla-León, ni caso, en Galicia, cuando gobernaba Fraga, nos echaron para atrás dos veces", asegura Silva. "En general -agrega- no ha habido políticos" implicados en la recuperación de la memoria. "Hemos pasado siete años excavando sin ayuda del Gobierno", remacha. En esto coinciden la mayoría de asociaciones.
"El País Vasco es quien mejor ha hecho los deberes", añade Silva. El Ejecutivo de Vitoria ha recopilado muchos datos gracias a un convenio firmado con la Sociedad Aranzadi, que desde 2003 ha permitido abrir nueve fosas. Hay más localizadas, pero no se han abierto por no haber solicitud de las familias. La próxima acción del Ejecutivo de Vitoria será enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un total de 8.650 expedientes de personas fusiladas o desaparecidas en el País Vasco durante la Guerra Civil.
Según los informes del Departamento vasco de Justicia, el número de desaparecidos en Euskadi entre 1936 y 1942 asciende a 8.650 personas, de las que 2.352 está registrados como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Mapas en elaboración
El Gobierno de Galicia y el de Catalunya ya han enviado al juez Garzón sus respectivas investigaciones sobre la represión. Son las únicas comunidades que, como tales, han enviado documentación al magistrado. La Generalitat catalana tiene un mapa elaborado, en el que se han podido localizar 179 fosas. 88 de ellas están certificadas a través de diversa documentación.
Y el resto se ha encontrado gracias fundamentalmente a los testimonios de los ancianos, a sus recuerdos. "Da respuesta a un mandato político y a un compromiso ético", aseguró el conseller de Interior, Joan Saura (ICV), en la presentación.
Mientras, el gobierno gallego ha financiado la investigación Las víctimas, los nombres, las voces y los lugares. Sin embargo, el mapa que prevé aún no está concluido. Por ahora, han localizado 26 fosas y 11 puntos en la costa en los que se hundieron cadáveres. Esta investigación le ha permitido a la Xunta disponer de un primer censo de víctimas que han enviado a Garzón.
Andalucía, que fue de las primeras comunidades en elaborar un decreto, y que tiene prácticamente terminado su mapa de fosas -elaborado por las asociaciones- con la escalofriante cifra de 668, no se lo ha remitido hasta ahora al juez. España tiene aún una memoria incompleta.
"No se puede hablar de genocidio. Fue un ‘politicidio' ejecutado a través del terror"
Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.
¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista?
Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes.
¿Fue un genocidio la represión franquista?
Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas.
Entonces, ¿qué fue?
Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad.
¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama ‘politicidio'?
Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad.
¿Franco recuperó a todos sus muertos?
Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse.
¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes?
Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria.
¿Qué debe hacer ahora el Estado?
Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.
El juez Garzón pone en evidencia 33 años de dejadez del Estado
RAÚL BOCANEGRA
España no sabe dónde están enterrados los fusilados y desaparecidos del franquismo
Treinta y tres años después del fin del franquismo, España no sabe ni siquiera dónde están enterrados los muertos de la guerra civil y la posterior represión del régimen dictatorial. Mientras Franco recuperó con pompa y honor a sus caídos, el Estado democrático ha dejado olvidados en las cunetas y en los cementerios a miles de cadáveres.
Han tenido que ser los familiares de desaparecidos y muertos y las asociaciones de memoria quienes se pusieran manos a la obra para localizar y dignificar las fosas de la guerra, en un olvido forzoso desde 1939.
Sólo la sensibilidad de determinados gobiernos autonómicos de izquierda les ha financiado la búsqueda. En Andalucía se han detectado hasta ahora 668 enterramientos; en Catalunya, otros 179; en Galicia, por ahora, 37.
España sigue sin tener completo el mapa de la memoria. La operación del juez Baltasar Garzón -que trata de forzar la identificación oficial de los desaparecidos bajo el franquismo- alabada por las diversas asociaciones, ha puesto de relieve la inexplicable dejadez con la que los Gobiernos democráticos han tratado la represión del régimen franquista.
La llamada Ley de Memoria Histórica, aprobada la pasada legislatura por el Gobierno socialista, prevé en su artículo 12 que las "Administraciones" -no especifica cuáles- elaborarán mapas de fosas en sus ámbitos de competencia. La labor del Gobierno se limita así a recibir los datos de las demás Administraciones y plasmarlos en un mapa de todo el país.
"Es vergonzoso", afirma Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y nieto de Emilio Silva, el primer fusilado identificado con una prueba de ADN. Y es un trabajo en el que, cuanto más tarde en hacerse, más datos se perderán, porque no toda la memoria está en los papeles, aseguran las asociaciones.
Dos etapas en la localización
Hubo dos etapas básicas en la localización y recuperación de las tumbas olvidadas, según han constatado Silva, Cecilio Gordillo, responsable de memoria histórica del sindicato CGT y Rafael López, de la Asociación Memoria Histórica y Justicia, entre otros. La primera se inició poco después de la muerte de Franco, entre las primeras elecciones municipales, a finales de los años setenta, y el golpe de Estado de Tejero, el 23 de febrero de 1981.
En este periodo, las exhumaciones estuvieron promovidas en su mayoría por los familiares de las víctimas -muchas se llevaron a cabo en la intimidad- y, en bastantes casos, "contaron con la colaboración y complicidad de los ayuntamientos", según consta en un informe de la Asociación Memoria Histórica y Justicia. No recibieron apenas publicidad en los medios. Sin embargo, su volumen fue muy importante.
En Sevilla, donde hasta ahora se han practicado 32 exhumaciones, 12 se levantaron entre 1975 -año de la muerte de Franco- y 1982, cuando se exhumaron más de 1.500 víctimas de la represión. "Todo eso desapareció" con el 23-F, afirma Silva. Nueve se produjeron durante la dictadura y las otras 11, entre 1982 y estos días.
Además, en la época de la transición se colocaron 14 placas, inscripciones, monumentos o monolitos, los llamados hitos de dignificación, mientras que ahora, cuando la Junta de Andalucía subvenciona los homenajes, sólo se han situado 18.
La labor de las comunidades
La segunda etapa se inició en 2000, cuando las exhumaciones de fosas y cunetas tomaron cuerpo en los medios de comunicación y el debate sobre la represión comenzó a levantar el manto del olvido. Entonces, las comunidades autónomas gobernadas por socialistas y nacionalistas, ante las reivindicaciones de las asociaciones, comenzaron a dictar decretos, firmar convenios y tratar de llegar a conclusiones sobre la situación exacta de las fosas, tan importante para conocer el alcance real de la represión
¿Y las gobernadas por el PP? "Ninguna ayuda. En Castilla-León, ni caso, en Galicia, cuando gobernaba Fraga, nos echaron para atrás dos veces", asegura Silva. "En general -agrega- no ha habido políticos" implicados en la recuperación de la memoria. "Hemos pasado siete años excavando sin ayuda del Gobierno", remacha. En esto coinciden la mayoría de asociaciones.
"El País Vasco es quien mejor ha hecho los deberes", añade Silva. El Ejecutivo de Vitoria ha recopilado muchos datos gracias a un convenio firmado con la Sociedad Aranzadi, que desde 2003 ha permitido abrir nueve fosas. Hay más localizadas, pero no se han abierto por no haber solicitud de las familias. La próxima acción del Ejecutivo de Vitoria será enviar al juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón un total de 8.650 expedientes de personas fusiladas o desaparecidas en el País Vasco durante la Guerra Civil.
Según los informes del Departamento vasco de Justicia, el número de desaparecidos en Euskadi entre 1936 y 1942 asciende a 8.650 personas, de las que 2.352 está registrados como fusilados y 6.298 como muertos en el frente o por acción de guerra.
Mapas en elaboración
El Gobierno de Galicia y el de Catalunya ya han enviado al juez Garzón sus respectivas investigaciones sobre la represión. Son las únicas comunidades que, como tales, han enviado documentación al magistrado. La Generalitat catalana tiene un mapa elaborado, en el que se han podido localizar 179 fosas. 88 de ellas están certificadas a través de diversa documentación.
Y el resto se ha encontrado gracias fundamentalmente a los testimonios de los ancianos, a sus recuerdos. "Da respuesta a un mandato político y a un compromiso ético", aseguró el conseller de Interior, Joan Saura (ICV), en la presentación.
Mientras, el gobierno gallego ha financiado la investigación Las víctimas, los nombres, las voces y los lugares. Sin embargo, el mapa que prevé aún no está concluido. Por ahora, han localizado 26 fosas y 11 puntos en la costa en los que se hundieron cadáveres. Esta investigación le ha permitido a la Xunta disponer de un primer censo de víctimas que han enviado a Garzón.
Andalucía, que fue de las primeras comunidades en elaborar un decreto, y que tiene prácticamente terminado su mapa de fosas -elaborado por las asociaciones- con la escalofriante cifra de 668, no se lo ha remitido hasta ahora al juez. España tiene aún una memoria incompleta.
"No se puede hablar de genocidio. Fue un ‘politicidio' ejecutado a través del terror"
Acaba de publicar Hasta la Raíz (Alianza), un libro honesto sobre la violencia durante la Guerra Civil y la represión franquista de la posguerra. Javier Rodrigo respondió a Público por teléfono desde su casa de Zaragoza.
¿Son comparables la violencia del lado republicano y del franquista?
Existe una fuerte asimetría. Son violencias que, aunque se asemejen, no fueron irracionales ni espontáneas; tampoco son simétricas en las cifras. En una retaguardia [la republicana] hay 50.000 muertos como mucho, y en la otra [la sublevada] 120.000 ó 130.000 personas. Y no son simétricas en el marco temporal, porque en el bando republicano se controló la violencia mucho antes. Y al final de la guerra, la retaguardia nacional es todo un país. Franco mantiene el estado de guerra hasta 1948. Constantemente se oyen discursos que equiparan ambas violencias.Hay quien lo piensa, pero la realidad demuestra todo lo contrario. Su espesor y densidad es muchísimo mayor en una retaguardia que en la otra. Las investigaciones demuestran que fueron diferentes.
¿Fue un genocidio la represión franquista?
Por muchos motivos, no. Creo que no se intentó acabar, ni de hecho se acabó, a manos de un Estado con un grupo social definido o una minoría, lo que sería genocidio, sino que se puso a funcionar un régimen de terror que no pretendía acabar con un grupo, sino aterrorizarlo y paralizarlo. Quería una violencia relacional, educativa, no liquidar a toda la izquierda española. Esto no quita ni un ápice del horror ni rebaja la empatía que se pueda sentir hacia sus víctimas.
Entonces, ¿qué fue?
Fue un politicidio ejecutado a través de un régimen de terror. Se pretendía la paralización de toda una sociedad.
¿Qué papel le atribuye al Estado en la reparación de eso que llama ‘politicidio'?
Es obligación del Estado. Lo que ampara que el Estado no actúe no es de recibo. La ley de amnistía es preconstitucional. Hay que decir esto de manera vehemente. ¿Estamos o no estamos en un régimen democrático, con una Constitución garante de los derechos humanos? El Estado debe asumir su responsabilidad.
¿Franco recuperó a todos sus muertos?
Desde 1939, el Estado puso en marcha sus políticas de rememoración. Un aspecto fundamental es el culto a sus caídos. Sus fosas comunes se abrieron desde 1939 y 1940. Y hay evidentes diferencias en modos y formas en cómo el franquismo construyó su memoria y lo que pasa ahora. Hoy, las asociaciones casi tienen que andar pidiendo por favor y dando las gracias, por algo del todo legítimo. En la posguerra fue el Estado. Ahora, el Estado es el último en moverse.
¿Entiende la oposición de ciertos sectores a impedir que las familias recuperena sus parientes?
Está fuera de lo que a mí me atañe como historiador. Pero quien tiene un caído en una fosa tiene perfecto derecho a reivindicarlo. Lo que es innegable es que el Estado franquista recuperó la memoria de los caídos por Dios y por España y superó lo conmemorativo. Además, las políticas de homenaje tuvieron un reverso tenebroso: fueron acompañadas de prácticas de olvido de los caídos republicanos. La muerte del cuerpo y el olvido de la memoria.
¿Qué debe hacer ahora el Estado?
Las familias de los asesinados en Paracuellos de Jarama y Torrejón tienen a sus muertos identificados y devueltos. Y sus verdugos fueron perseguidos por la justicia. En cambio, los otros no. Es una vergüenza que un Estado democrático mantenga miles de personas en fosas comunes sin identificar. De una vez, es necesario afrontarlo.
Alemanya i França demanen perdó per la deportació de Companys
Traductor on line de copia pega y traduce: Traductor online de català/valencià
Alemanya i França demanen perdó per la deportació de Companys
Els cònsols d'aquests dos països participen en un acte de desgreuge en el seixanta-vuitè aniversari de l'afusellament de l'ex-president
L'estiu del 1940 Lluís Companys fou detingut a França, on s'havia exiliat, i poc després les autoritats franceses i la Gestapo el lliuraren a les autoritats franquistes, que el van executar. La Comissió de la Dignitat i el Departament de Vice-presidència de la Generalitat fan avui un acte de desgreuge a Companys, amb la participació de la cònsol d'Alemanya, Christine Gläser, i del cònsol de França, Pascal Brice, que demanaran perdó per aquell fet.
'La deportació va vulnerar tots els drets dels refugiats i fou contrària als tractats internacionals sobre deportació, que exclouen l'extradició per motius polítics', ha explicat Josep Cruanyes a VilaWeb, historiador i membre de La Comissió de la Dignitat. El 15 d'octubre farà seixanta-vuit anys de l'afusellament de Companys, i es portaran a terme les ofrenes de flors a la seva tomba i els actes d'homenatge, ja tradicionals. Però l'acte d'avui al vespre al Palau de la Generalitat té una importància especial, segons Cruanyes, perquè, per primera vegada, Alemanya i França demanaran perdó per haver deportat Companys i haver-ne facilitat, doncs, l'execució. Els cònsols condemnaran l'acció que van portar a terme els governs dels països que representen. 'És un acte d'agermanament i de condemna comuna. Tot i que els governs actuals no en són responsables, el fet no es podia passar per alt', ha dit Cruanyes. En l'acte, també hi intervindrà un representant de la Vice-presidència i un de la Comissió de la Dignitat, i Jordi Dauder farà la lectura de 'Oda al president Companys', escrita per Joan Brossa el 1976. La Generalitat començarà el procés per a declarar la nul·litat del judici La Generalitat de Catalunya començarà un procés per demanar al govern espanyol la reparació i la dignificació de l'ex-president català Lluís Companys, afusellat per les autoritats franquistes, com a pas previ per a sol·licitar la nul·litat del judici que el va condemnar, segons que va dir ahir el conseller Joan Saura, conseller d'Interior, Relacions Internacionals i Participació. En una entrevista a Catalunya Informació també va explicar que la llei de memòria històrica preveia que, a petició de familiars o de l'administració corresponent, el Ministeri de Justícia espanyol podia fer una declaració de reparació i reconeixement. Finalment, va fer saber que s'havia posat en contacte amb una néta del president Companys, que viu a Mèxic, per donar-li suport jurídic per a presentar la demanda. Segons Saura, la declaració es farà, encara que el govern espanyol no hagi desenvolupat el reglament de la llei de la memòria històrica.
Alemanya i França demanen perdó per la deportació de Companys
Els cònsols d'aquests dos països participen en un acte de desgreuge en el seixanta-vuitè aniversari de l'afusellament de l'ex-president
L'estiu del 1940 Lluís Companys fou detingut a França, on s'havia exiliat, i poc després les autoritats franceses i la Gestapo el lliuraren a les autoritats franquistes, que el van executar. La Comissió de la Dignitat i el Departament de Vice-presidència de la Generalitat fan avui un acte de desgreuge a Companys, amb la participació de la cònsol d'Alemanya, Christine Gläser, i del cònsol de França, Pascal Brice, que demanaran perdó per aquell fet.
'La deportació va vulnerar tots els drets dels refugiats i fou contrària als tractats internacionals sobre deportació, que exclouen l'extradició per motius polítics', ha explicat Josep Cruanyes a VilaWeb, historiador i membre de La Comissió de la Dignitat. El 15 d'octubre farà seixanta-vuit anys de l'afusellament de Companys, i es portaran a terme les ofrenes de flors a la seva tomba i els actes d'homenatge, ja tradicionals. Però l'acte d'avui al vespre al Palau de la Generalitat té una importància especial, segons Cruanyes, perquè, per primera vegada, Alemanya i França demanaran perdó per haver deportat Companys i haver-ne facilitat, doncs, l'execució. Els cònsols condemnaran l'acció que van portar a terme els governs dels països que representen. 'És un acte d'agermanament i de condemna comuna. Tot i que els governs actuals no en són responsables, el fet no es podia passar per alt', ha dit Cruanyes. En l'acte, també hi intervindrà un representant de la Vice-presidència i un de la Comissió de la Dignitat, i Jordi Dauder farà la lectura de 'Oda al president Companys', escrita per Joan Brossa el 1976. La Generalitat començarà el procés per a declarar la nul·litat del judici La Generalitat de Catalunya començarà un procés per demanar al govern espanyol la reparació i la dignificació de l'ex-president català Lluís Companys, afusellat per les autoritats franquistes, com a pas previ per a sol·licitar la nul·litat del judici que el va condemnar, segons que va dir ahir el conseller Joan Saura, conseller d'Interior, Relacions Internacionals i Participació. En una entrevista a Catalunya Informació també va explicar que la llei de memòria històrica preveia que, a petició de familiars o de l'administració corresponent, el Ministeri de Justícia espanyol podia fer una declaració de reparació i reconeixement. Finalment, va fer saber que s'havia posat en contacte amb una néta del president Companys, que viu a Mèxic, per donar-li suport jurídic per a presentar la demanda. Segons Saura, la declaració es farà, encara que el govern espanyol no hagi desenvolupat el reglament de la llei de la memòria històrica.
domingo, 28 de septiembre de 2008
Nacionalidad para 1,5 millones de nietos de exiliados
Fuente: El País.
Nacionalidad para 1,5 millones de nietos de exiliados
TOMÁS BÁRBULO -
Justicia ultima la norma para poder pedir papeles desde el 29 de diciembre
Un millón y medio de nuevos españoles a cuyos padres o abuelos expulsó del país la Guerra Civil y la posterior represión franquista están a la espera de que se abra definitivamente la puerta que habilitó hace casi un año la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas de la dictadura entre los años 1936 y 1975.
Cuba y Argentina reúnen a casi la mitad de los posibles beneficiarios
Un real decreto prevé también la nacionalización de los brigadistas
El Gobierno quiere aprobar el acceso a documentación hasta ahora secreta
El Ministerio de Justicia tiene redactadas ya cuatro normativas -reglamentos, decretos y reales decretos- que tiene previsto aprobar en las próximas semanas para dar un impulso a esa norma, que entró en vigor el 27 de diciembre del año pasado.
Una de esas instrucciones desarrolla la disposición transitoria séptima de la Ley de Memoria Histórica para que puedan adquirir la nacionalidad española los hijos de padres o madres nacidas en España y que actualmente viven en el extranjero, así como los nietos de personas que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
El Gobierno y distintas entidades privadas prevén que un millón y medio de personas en todo el mundo se puedan acoger a esta normativa, de cuya redacción se ha encargado el Ministerio de Justicia y que entrará en vigor el 29 de diciembre.
El Gobierno español considera que la situación política y económica actual de los países latinoamericanos, en los que se instalaron muchos de los exiliados y emigrantes españoles, animará a la mayoría de ellos a acogerse a esta disposición adicional y a obtener por tanto la nacionalidad española. Argentina y Cuba, que atraviesan serias dificultades económicas, reúnen a casi la mitad de los potenciales beneficiarios de la medida.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que dirige Miguel Ángel Moratinos, está a la espera de que Justicia dé su visto bueno definitivo a la redacción de la normativa para preparar a las embajadas y consulados ante lo que presumen será una avalancha de solicitudes para conseguir la nacionalidad española.
La ley establece que los potenciales beneficiarios de la medida dispondrán de dos años para presentar la solicitud de nacionalidad -hasta el 29 de diciembre de 2010-, aunque dicho plazo podría ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros un año más.
Otro real decreto que también han redactado los servicios del Ministerio de Justicia para su aprobación en las próximas semanas desarrolla el artículo 18 de la Ley de Memoria Histórica, donde se establecía la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939.
En la ley se aclaraba que a los brigadistas no se les exigiría la renuncia a su anterior nacionalidad para poder optar a este beneficio, como venía ocurriendo desde el año 1996 cuando se aprobó esta posibilidad.
El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha redactado un real decreto que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros para regular el procedimiento de concesión de nacionalidad a los brigadistas.
El 16 de mayo de 2001, el Congreso de los Diputados aprobó en pleno la rehabilitación moral de todos aquellos que lucharon por la defensa de los valores democráticos, entre ellos los brigadistas internacionales junto a los integrantes del Cuerpo de Carabineros y los combatientes guerrilleros.
En España, durante la Guerra Civil, combatieron varias decenas de miles de brigadistas internacionales de hasta medio centenar de nacionalidades distintas, aunque la mayoritaria era francesa. En la actualidad, según han acreditado distintas investigaciones, apenas sobreviven 1.000 de estos brigadistas que podrán acogerse a la nueva medida del Gobierno.
Junto a estos dos aspectos relevantes de la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Justicia presentará en los próximos días otras dos normativas. La primera de ellas pretende establecer los requisitos y el reconocimiento para lograr del Ministerio de Justicia una declaración y reconocimiento personal como víctima de la Guerra Civil y de la represión franquista.
En la segunda, el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo tiene previsto incluir la aprobación del libre acceso de historiadores e investigadores a documentación sobre la dictadura franquista que hasta ahora estaba consideraba como secreta.
Para ser español
- Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.
1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.
2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
- Artículo 18. Concesión de la nacionalidad a los voluntarios de las Brigadas Internacionales.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad (...) 2. Mediante Real Decreto (...) se determinarán los requisitos y el procedimiento a seguir.
Nacionalidad para 1,5 millones de nietos de exiliados
TOMÁS BÁRBULO -
Justicia ultima la norma para poder pedir papeles desde el 29 de diciembre
Un millón y medio de nuevos españoles a cuyos padres o abuelos expulsó del país la Guerra Civil y la posterior represión franquista están a la espera de que se abra definitivamente la puerta que habilitó hace casi un año la Ley de Memoria Histórica para reconocer a las víctimas de la dictadura entre los años 1936 y 1975.
Cuba y Argentina reúnen a casi la mitad de los posibles beneficiarios
Un real decreto prevé también la nacionalización de los brigadistas
El Gobierno quiere aprobar el acceso a documentación hasta ahora secreta
El Ministerio de Justicia tiene redactadas ya cuatro normativas -reglamentos, decretos y reales decretos- que tiene previsto aprobar en las próximas semanas para dar un impulso a esa norma, que entró en vigor el 27 de diciembre del año pasado.
Una de esas instrucciones desarrolla la disposición transitoria séptima de la Ley de Memoria Histórica para que puedan adquirir la nacionalidad española los hijos de padres o madres nacidas en España y que actualmente viven en el extranjero, así como los nietos de personas que perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
El Gobierno y distintas entidades privadas prevén que un millón y medio de personas en todo el mundo se puedan acoger a esta normativa, de cuya redacción se ha encargado el Ministerio de Justicia y que entrará en vigor el 29 de diciembre.
El Gobierno español considera que la situación política y económica actual de los países latinoamericanos, en los que se instalaron muchos de los exiliados y emigrantes españoles, animará a la mayoría de ellos a acogerse a esta disposición adicional y a obtener por tanto la nacionalidad española. Argentina y Cuba, que atraviesan serias dificultades económicas, reúnen a casi la mitad de los potenciales beneficiarios de la medida.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación, que dirige Miguel Ángel Moratinos, está a la espera de que Justicia dé su visto bueno definitivo a la redacción de la normativa para preparar a las embajadas y consulados ante lo que presumen será una avalancha de solicitudes para conseguir la nacionalidad española.
La ley establece que los potenciales beneficiarios de la medida dispondrán de dos años para presentar la solicitud de nacionalidad -hasta el 29 de diciembre de 2010-, aunque dicho plazo podría ser prorrogado por acuerdo del Consejo de Ministros un año más.
Otro real decreto que también han redactado los servicios del Ministerio de Justicia para su aprobación en las próximas semanas desarrolla el artículo 18 de la Ley de Memoria Histórica, donde se establecía la concesión de la nacionalidad española a los voluntarios de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939.
En la ley se aclaraba que a los brigadistas no se les exigiría la renuncia a su anterior nacionalidad para poder optar a este beneficio, como venía ocurriendo desde el año 1996 cuando se aprobó esta posibilidad.
El Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo ha redactado un real decreto que deberá ser aprobado por el Consejo de Ministros para regular el procedimiento de concesión de nacionalidad a los brigadistas.
El 16 de mayo de 2001, el Congreso de los Diputados aprobó en pleno la rehabilitación moral de todos aquellos que lucharon por la defensa de los valores democráticos, entre ellos los brigadistas internacionales junto a los integrantes del Cuerpo de Carabineros y los combatientes guerrilleros.
En España, durante la Guerra Civil, combatieron varias decenas de miles de brigadistas internacionales de hasta medio centenar de nacionalidades distintas, aunque la mayoritaria era francesa. En la actualidad, según han acreditado distintas investigaciones, apenas sobreviven 1.000 de estos brigadistas que podrán acogerse a la nueva medida del Gobierno.
Junto a estos dos aspectos relevantes de la Ley de Memoria Histórica, el Ministerio de Justicia presentará en los próximos días otras dos normativas. La primera de ellas pretende establecer los requisitos y el reconocimiento para lograr del Ministerio de Justicia una declaración y reconocimiento personal como víctima de la Guerra Civil y de la represión franquista.
En la segunda, el Departamento que dirige Mariano Fernández Bermejo tiene previsto incluir la aprobación del libre acceso de historiadores e investigadores a documentación sobre la dictadura franquista que hasta ahora estaba consideraba como secreta.
Para ser español
- Disposición adicional séptima. Adquisición de la nacionalidad española.
1. Las personas cuyo padre o madre hubiese sido originariamente español podrán optar a la nacionalidad española de origen si formalizan su declaración en el plazo de dos años desde la entrada en vigor de la presente disposición adicional. Dicho plazo podrá ser prorrogado por acuerdo de Consejo de Ministros hasta el límite de un año.
2. Este derecho también se reconocerá a los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
- Artículo 18. Concesión de la nacionalidad a los voluntarios de las Brigadas Internacionales.
1. Con el fin de hacer efectivo el derecho que reconoció el Real Decreto 39/1996, de 19 de enero, a los voluntarios integrantes de las Brigadas Internacionales que participaron en la Guerra Civil de 1936 a 1939, no les será de aplicación la exigencia de renuncia a su anterior nacionalidad (...) 2. Mediante Real Decreto (...) se determinarán los requisitos y el procedimiento a seguir.
El alcalde del pueblo natal del maestro fusilado con Lorca rechaza su homenaje
Fuente: http://www.publico.es/
El alcalde del pueblo natal del maestro fusilado con Lorca rechaza su homenaje
Dimas Álvarez (PP), alcalde de Ciguñuela, el pueblo natal del maestro Dióscoro Galindo, al que se considera fusilado junto al poeta, rechaza una propuesta del PSOE por la escasa vinculación del profesor con la localidad.
EFE - Valladolid - 28/09/2008 15:52
Dimas Álvarez García (PP), alcalde de Ciguñuela, el pueblo natal del maestro Dióscoro Galindo, al que se considera fusilado junto a Federico García Lorca, ha dicho que rechaza un homenaje propuesto por el PSOE por la escasa vinculación del profesor con la localidad.
El primer edil de este municipio de la periferia de Valladolid ha señalado también que el Ayuntamiento considera que, de celebrarse un homenaje de esta naturaleza, debería de estar dirigido "a la totalidad de los vecinos muertos en la Guerra Civil".
Se marchó con cuatro años
Asimismo, ha resaltado que Galindo, que nació hace 131 años, se marchó del pueblo cuando tenía cuatro y "a partir de ahí se perdió todo contacto con él, hasta el punto de que actualmente no se conoce vinculación familiar alguna con Ciguñuela".
El alcalde manifiesta que no se opone a que el PSOE realice un homenaje político
Álvarez García ha afirmado que "no es consciente" de haber dicho, como sostiene el PSOE, que si a Galindo le fusilaron "peor para él" y ha señalado que en su ánimo "no está el insultar a nadie.
El alcalde ha manifestado que no se opone a que el PSOE realice, el 13 de diciembre, un homenaje político a Dióscoro Galindo pero ha rechazado que el Ayuntamiento se sume de forma institucional al evento.
El PSOE, que tiene dos concejales frente a cinco del PP, ha editado un vídeo, según ha informado la cadena SER, en el que se asegura que Dimas Álvarez dijo que si Dióscoro Galindo fue fusilado durante la guerra civil "peor para él", por lo que este partido le acusa de falta de sensibilidad.
El alcalde del pueblo natal del maestro fusilado con Lorca rechaza su homenaje
Dimas Álvarez (PP), alcalde de Ciguñuela, el pueblo natal del maestro Dióscoro Galindo, al que se considera fusilado junto al poeta, rechaza una propuesta del PSOE por la escasa vinculación del profesor con la localidad.
EFE - Valladolid - 28/09/2008 15:52
Dimas Álvarez García (PP), alcalde de Ciguñuela, el pueblo natal del maestro Dióscoro Galindo, al que se considera fusilado junto a Federico García Lorca, ha dicho que rechaza un homenaje propuesto por el PSOE por la escasa vinculación del profesor con la localidad.
El primer edil de este municipio de la periferia de Valladolid ha señalado también que el Ayuntamiento considera que, de celebrarse un homenaje de esta naturaleza, debería de estar dirigido "a la totalidad de los vecinos muertos en la Guerra Civil".
Se marchó con cuatro años
Asimismo, ha resaltado que Galindo, que nació hace 131 años, se marchó del pueblo cuando tenía cuatro y "a partir de ahí se perdió todo contacto con él, hasta el punto de que actualmente no se conoce vinculación familiar alguna con Ciguñuela".
El alcalde manifiesta que no se opone a que el PSOE realice un homenaje político
Álvarez García ha afirmado que "no es consciente" de haber dicho, como sostiene el PSOE, que si a Galindo le fusilaron "peor para él" y ha señalado que en su ánimo "no está el insultar a nadie.
El alcalde ha manifestado que no se opone a que el PSOE realice, el 13 de diciembre, un homenaje político a Dióscoro Galindo pero ha rechazado que el Ayuntamiento se sume de forma institucional al evento.
El PSOE, que tiene dos concejales frente a cinco del PP, ha editado un vídeo, según ha informado la cadena SER, en el que se asegura que Dimas Álvarez dijo que si Dióscoro Galindo fue fusilado durante la guerra civil "peor para él", por lo que este partido le acusa de falta de sensibilidad.
Franco también pierde su medalla en Albacete
Fuente: El Plural.
Franco también pierde su medalla en Albacete
ELPLURAL.COM
Hasta ahora, Cádiz, Girona, Lugo, Lleida, Málaga, Palma de Mallorca, Tarragona, Pamplona, San Sebastián y Vitoria ya habían quitado los honores que sus antecesores otorgaron al caudillo de España, el dictador Francisco Franco. Ayer, Albacete se sumó a esta lista de ciudades que reniegan del legado franquista.
Noticias relacionadas
Vinaróz retira a Franco el título de alcalde honorario con la oposición del PP
Gracias al PP, Franco sigue siendo Hijo Adoptivo de Alicante
Gracias a los votos de Izquierda Unida y de los concejales socialistas y la abstención del Partido Popular, este viernes aprobó la moción que Izquierda Unida presentó solicitando la retirada de la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco y la adopción de otras medidas destinadas a reparar moralmente a las víctimas de la sublevación militar, la guerra civil y la dictadura, informa El Digital de Castilla La Mancha.
Distinción al dictador
La distinción al dictador se aprobó por acuerdo plenario el 26 de abril de 1945 y se le entregó en una visita a la capital manchega, en marzo de 1946.
“Nos repugna” Ante la objeción del PP, que argumentaba que era una cuestión del pasado que no importaba a nadie, la concejala de Izquierda Unida, Rosario Gualda, aseguró que "es cierto que a ningún albaceteño le quita el sueño la medalla de oro de Franco, pero le aseguro que a todos los albaceteños que tienen arraigadas convicciones democráticas nos repugna profundamente esta distinción".
Sólo Toledo
Tras la retirada de la medalla de la ciudad por parte de la Corporación Municipal de Albacete, únicamente el Ayuntamiento de Toledo sigue manteniendo esta distinción al dictador en Castilla-La Mancha.
Franco también pierde su medalla en Albacete
ELPLURAL.COM
Hasta ahora, Cádiz, Girona, Lugo, Lleida, Málaga, Palma de Mallorca, Tarragona, Pamplona, San Sebastián y Vitoria ya habían quitado los honores que sus antecesores otorgaron al caudillo de España, el dictador Francisco Franco. Ayer, Albacete se sumó a esta lista de ciudades que reniegan del legado franquista.
Noticias relacionadas
Vinaróz retira a Franco el título de alcalde honorario con la oposición del PP
Gracias al PP, Franco sigue siendo Hijo Adoptivo de Alicante
Gracias a los votos de Izquierda Unida y de los concejales socialistas y la abstención del Partido Popular, este viernes aprobó la moción que Izquierda Unida presentó solicitando la retirada de la medalla de oro de la ciudad a Francisco Franco y la adopción de otras medidas destinadas a reparar moralmente a las víctimas de la sublevación militar, la guerra civil y la dictadura, informa El Digital de Castilla La Mancha.
Distinción al dictador
La distinción al dictador se aprobó por acuerdo plenario el 26 de abril de 1945 y se le entregó en una visita a la capital manchega, en marzo de 1946.
“Nos repugna” Ante la objeción del PP, que argumentaba que era una cuestión del pasado que no importaba a nadie, la concejala de Izquierda Unida, Rosario Gualda, aseguró que "es cierto que a ningún albaceteño le quita el sueño la medalla de oro de Franco, pero le aseguro que a todos los albaceteños que tienen arraigadas convicciones democráticas nos repugna profundamente esta distinción".
Sólo Toledo
Tras la retirada de la medalla de la ciudad por parte de la Corporación Municipal de Albacete, únicamente el Ayuntamiento de Toledo sigue manteniendo esta distinción al dictador en Castilla-La Mancha.
Informe Semanal. 27/09/2008.
Fuente: http://www.rtve.es/alacarta/index.html
Informe semanal
Incluye los reportajes "Tras las huellas de ETA" y "Justicia para la memoria"
Emitido: 27/09/2008 [54:0"] Más información
(Es el segundo reportaje: pasado el minuto 13).
Informe semanal
Incluye los reportajes "Tras las huellas de ETA" y "Justicia para la memoria"
Emitido: 27/09/2008 [54:0"] Más información
(Es el segundo reportaje: pasado el minuto 13).
La Plataforma de Desaparecidos cree que es el juez quien debe depurar las listas.
Fuente: http://www.abc.es/
La Plataforma de Desaparecidos cree que es el juez quien debe depurar las listas
ABC MADRID Domingo, 28-09-08
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF) por el Franquismo cree que es el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien debe encargarse de depurar de posibles errores y duplicidades los listados de desaparecidos de la dictadura franquista que ya han sido entregados a la Audiencia Nacional. En declaraciones a Servimedia, la secretaria general de la PVDF, Paqui Maqueda, dijo que las víctimas «han hecho los deberes» con la elaboración de los listados y quien debería ahora hacer el trabajo de depuración de posibles errores es «el juez» encargado del caso.
Unificar en una lista
Maqueda respondió así a la petición que les ha hecho Garzón para que, en el plazo de una semana, unifiquen en una sola lista los nombres de desaparecidos que han hecho llegar a su juzgado. Maqueda argumentó que no disponen de medios ni de «fuerzas» para realizar esa tarea, ya que los listados que han entregado proceden de muchas asociaciones diferentes y también de distintas regiones, lo que conlleva, y así admitieron cuando presentaron los listados al juez Garzón, que puede haber nombres duplicados y hasta triplicados.
Asimismo, Cecilio Gordillo, representante de la Confederación General de Trabajo (CGT) y colaborador de la PVDF, manifestó que «es imposible» cumplir lo que ha pedido el juez porque «no se puede hacer un filtro» en una semana.
No es la única queja que se produce tras la petición de Garzón, deseoso de despachar en pocas semanas lo que requeriría un trabajo de meses y hasta de años. Las pegas no las ha puesto sólo la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz y secretario general del Episcopado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó, que los archivos parroquiales son públicos y negó que les hubiera llegado ningún requerimiento de la Audiencia.
Y es que hasta el Ministerio de Cultura se declara desbordado por las pretensiones del juez Garzón. La documentación solicitada a Cultura en relación con el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil, es «cuantiosísima» y representa «cifras extraordinarias», millones de fichas y documentos que fueron realizados en su momento «con criterios represores» por lo que toda esa información debe ser cotejada, según ha indicado el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco. En declaraciones a Ep, explicó que Garzón ha pedido información que afecta a tres archivos.
La Plataforma de Desaparecidos cree que es el juez quien debe depurar las listas
ABC MADRID Domingo, 28-09-08
La Plataforma de Víctimas de Desapariciones Forzadas (PVDF) por el Franquismo cree que es el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón quien debe encargarse de depurar de posibles errores y duplicidades los listados de desaparecidos de la dictadura franquista que ya han sido entregados a la Audiencia Nacional. En declaraciones a Servimedia, la secretaria general de la PVDF, Paqui Maqueda, dijo que las víctimas «han hecho los deberes» con la elaboración de los listados y quien debería ahora hacer el trabajo de depuración de posibles errores es «el juez» encargado del caso.
Unificar en una lista
Maqueda respondió así a la petición que les ha hecho Garzón para que, en el plazo de una semana, unifiquen en una sola lista los nombres de desaparecidos que han hecho llegar a su juzgado. Maqueda argumentó que no disponen de medios ni de «fuerzas» para realizar esa tarea, ya que los listados que han entregado proceden de muchas asociaciones diferentes y también de distintas regiones, lo que conlleva, y así admitieron cuando presentaron los listados al juez Garzón, que puede haber nombres duplicados y hasta triplicados.
Asimismo, Cecilio Gordillo, representante de la Confederación General de Trabajo (CGT) y colaborador de la PVDF, manifestó que «es imposible» cumplir lo que ha pedido el juez porque «no se puede hacer un filtro» en una semana.
No es la única queja que se produce tras la petición de Garzón, deseoso de despachar en pocas semanas lo que requeriría un trabajo de meses y hasta de años. Las pegas no las ha puesto sólo la Conferencia Episcopal, cuyo portavoz y secretario general del Episcopado, monseñor Juan Antonio Martínez Camino, recordó, que los archivos parroquiales son públicos y negó que les hubiera llegado ningún requerimiento de la Audiencia.
Y es que hasta el Ministerio de Cultura se declara desbordado por las pretensiones del juez Garzón. La documentación solicitada a Cultura en relación con el censo de desaparecidos durante la Guerra Civil, es «cuantiosísima» y representa «cifras extraordinarias», millones de fichas y documentos que fueron realizados en su momento «con criterios represores» por lo que toda esa información debe ser cotejada, según ha indicado el director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, Rogelio Blanco. En declaraciones a Ep, explicó que Garzón ha pedido información que afecta a tres archivos.
Los nombres malagueños del juez Garzón
Fuente: http://www.malagahoy.es/malaga
Los nombres malagueños del juez Garzón
Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica presentan en la Audiencia Nacional más de 10.000 nombres de fusilados en la provincia de Málaga
Esperanza Codina / Málaga Actualizado 28.09.2008 - 01:00
El equipo de arqueólogos, este viernes, trabaja en la novena fosa abierta en el cementerio de San Rafael.
La novena fosa abierta en el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, excavada donde estaba el patio civil destinado a los que, decían, morían sin estar en gracia con Dios, ha deparado sorpresas al equipo encargado de exhumar los restos de los fusilados durante la Guerra Civil y la represión franquista. Las muñecas de algunos asesinados están cruzadas y amarradas con alambres. Sabían lo de las ataduras por los testimonios orales, pero hasta ahora no había pruebas físicas pese a los 2.300 cuerpos recuperados. "Creemos que en los otros casos se hicieron con cuerdas que no han aguantado el paso del tiempo", explica Andrés Fernández, arqueólogo codirector de la excavación.
Los represaliados eran ejecutados en la entrada del camposanto y trasladados a las fosas sobre parihuelas. Está documentada la existencia de 4.343 víctimas en la fosa de San Rafael, la más grande excavada en toda España. Los crímenes no cesaron desde el día antes de que las tropas nacionales entraran en Málaga, a principios de febrero de 1937, hasta el año 1956. Eso también lo atestiguan los papeles consultados en el Registro Civil, el Archivo Histórico Provincial y el juzgado militar togado, que informan, además, de la existencia de por lo menos 18 tumbas. De momento, las exhumaciones han concluido en siete y hay otras dos abiertas en la esquina suroeste del cementerio, visitada a diario por los familiares de los muertos, por hijos y nietos con padres y abuelos asesinados con el tiro de gracia.
La cifra de víctimas -la mayoría son varones, pero hay cerca de un 20% de mujeres- puede aumentar, no está cerrada. De eso es consciente el equipo que trabaja desde octubre de 2006 en San Rafael, capitaneado por el profesor de la UMA Sebastián Fernández. Pero la Asociación contra el Silencio y el Olvido para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por Francisco Espinosa e impulsora del proyecto para enterrar dignamente a las víctimas de Málaga, ya ha entregado al juez Baltasar Garzón los 4.343 nombres y apellidos documentados.
Y no son los únicos. Sobre la mesa del magistrado de la Audiencia Nacional se encuentra también el listado con los 2.951 desaparecidos -estimación a la baja- que se han podido rastrear en el resto de la provincia. El dato ha sido compilado por la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (Agemha), que está personada en las diligencias abiertas por el juzgado Central de Instrucción número 5 para recabar información y determinar si el 18 de julio de 1936, el día que el ejército de Franco se alzó contra el Gobierno republicano, se desencadenó un genocidio en España.
La historiadora Raquel Zugasti es una de las investigadoras encargadas de recopilar la información sobre Málaga para este colectivo. Por ahora se ha logrado establecer la existencia de 74 fosas en 53 municipios, además de la inmensa cavada en San Rafael y de otra que existe, según fuentes orales, en la Colonia de Santa Inés. "Sabemos que hay una en esta zona, pero no hemos sido capaces de precisar dónde está por los cambios urbanísticos que se han producido", explica Zugasti. El auge de la construcción durante los últimos años entorpece el trabajo y corta las esperanzas de señalar con exactitud dónde se abrieron las tumbas en las que se enterraba a los fusilados.
Esto ha ocurrido con una de las fosas de Fuengirola, perdida bajo la tierra de un antiguo cementerio reconvertido en aparcamiento, según la historiadora. En Alfarnatejo se sabe de la existencia de una junto a un río, pero nada más. Zugasti aclara que no siempre es así. En Humilladero y en Antequera, por ejemplo, las fosas comunes donde reposan los restos de las víctimas están perfectamente delimitadas, junto a la tapia del cementerio y en un espacio ajardinado, respectivamente, y alguna placa los recuerda. "Lo bueno es que se sabe que están ahí y eso no se va a tocar".¿Da por terminada la investigación? Asegura que no. Aún falta por recopilar información en algunas localidades de la comarca de Antequera, donde ha habido problemas para acceder a los documentos, y el goteo de gente que pide ayuda para localizar a un familiar desaparecido durante el franquismo es constante. "El 7 de mayo cerrábamos porque había que enviarle los datos a la Junta y vimos una esquela en un periódico de una fosa en Villanueva de la Concepción; no teníamos ni idea", relata Zugasti para ilustrar por qué no da por concluido el estudio.
El trabajo es laborioso, pueblo por pueblo para consultar los archivos municipales, los libros de defunciones de los registros y escuchar testimonios de familiares y de los más viejos, algunos de ellos testigos del horror. Los papeles, sin remedio, dejan la huella de lo ocurrido y lo sufrido, como el expediente contra Juan Franco Ramos y otros por un delito de rebelión militar, causa abierta más de dos años después de que fuera fusilado en Álora."Puede que hayan surgido recelos, pero al final siempre te atienden", dice la historiadora. "Recuerdo un hombre en Comares que había trabajado para la administración franquista y que nos contó todo lo que pasó en el pueblo, que si a uno lo molieron a palos en la cárcel, que si... Era capaz de verlo con distancia". De todas las sensaciones vividas durante el trabajo de investigación, Zugasti hace un balance positivo, porque "ves mucho sufrimiento y mucho dolor, pero el dolor se positiva y lo que se intenta es inculcar valores", afirma.Hay más nombres de muertos en Málaga. Los 2.894 presentados el lunes por la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía y la Confederación General del Trabajo (CGT), personadas también en la causa del juez Garzón y promotoras de www.todoslosnombres.org , base de datos de represaliados del franquismo. En total, son más de 10.000 nombres de fusilados y desaparecidos en Málaga, muchos de ellos malagueños, pero muchos también procedentes de casi todas las provincias españolas y de otros países. Pero Cecilio Gordillo precisa: "Puede haber nombres que se repiten en los distintos listados que mandan las asociaciones, hay que tener en cuenta que pueden estar duplicados e incluso triplicados, de ahí la necesidad de elaborar una base de datos y el juez Garzón es quien tiene todos los nombres".
Comparte la idea de que es "imposible" dar una cifra exacta porque cambia continuamente. Antonio Somoza, también de la CGT, opina igual y afirma que los datos "no están cerrados". Remite al libro La Guerra Civil Española del historiador británico Antony Beevor, que habla de un informe elaborado por el cónsul británico en 1944 con estadísticas del ejército sublevado. Según este documento, la primera semana de control de las fuerzas nacionales, fueron ejecutadas 3.500 personas; y entre el 15 de febrero de 1937 y el 25 de agosto de 1944, otras 16.952 "fueron condenadas a muerte y fusiladas en Málaga". Habría que añadir, apunta Somoza, las víctimas de la huida hacia Almería.
En San Rafael hay 4.343 con nombres y apellidos. Sus cuerpos será exhumados y reposarán en paz en un panteón común del futuro parque. Así lo han querido las familias, que luchan por la dignidad y el respeto de sus muertos. Los expertos reclaman también mayor implicación de las instituciones públicas.
Los nombres malagueños del juez Garzón
Las asociaciones para la recuperación de la memoria histórica presentan en la Audiencia Nacional más de 10.000 nombres de fusilados en la provincia de Málaga
Esperanza Codina / Málaga Actualizado 28.09.2008 - 01:00
El equipo de arqueólogos, este viernes, trabaja en la novena fosa abierta en el cementerio de San Rafael.
La novena fosa abierta en el antiguo cementerio de San Rafael de Málaga, excavada donde estaba el patio civil destinado a los que, decían, morían sin estar en gracia con Dios, ha deparado sorpresas al equipo encargado de exhumar los restos de los fusilados durante la Guerra Civil y la represión franquista. Las muñecas de algunos asesinados están cruzadas y amarradas con alambres. Sabían lo de las ataduras por los testimonios orales, pero hasta ahora no había pruebas físicas pese a los 2.300 cuerpos recuperados. "Creemos que en los otros casos se hicieron con cuerdas que no han aguantado el paso del tiempo", explica Andrés Fernández, arqueólogo codirector de la excavación.
Los represaliados eran ejecutados en la entrada del camposanto y trasladados a las fosas sobre parihuelas. Está documentada la existencia de 4.343 víctimas en la fosa de San Rafael, la más grande excavada en toda España. Los crímenes no cesaron desde el día antes de que las tropas nacionales entraran en Málaga, a principios de febrero de 1937, hasta el año 1956. Eso también lo atestiguan los papeles consultados en el Registro Civil, el Archivo Histórico Provincial y el juzgado militar togado, que informan, además, de la existencia de por lo menos 18 tumbas. De momento, las exhumaciones han concluido en siete y hay otras dos abiertas en la esquina suroeste del cementerio, visitada a diario por los familiares de los muertos, por hijos y nietos con padres y abuelos asesinados con el tiro de gracia.
La cifra de víctimas -la mayoría son varones, pero hay cerca de un 20% de mujeres- puede aumentar, no está cerrada. De eso es consciente el equipo que trabaja desde octubre de 2006 en San Rafael, capitaneado por el profesor de la UMA Sebastián Fernández. Pero la Asociación contra el Silencio y el Olvido para la Recuperación de la Memoria Histórica, presidida por Francisco Espinosa e impulsora del proyecto para enterrar dignamente a las víctimas de Málaga, ya ha entregado al juez Baltasar Garzón los 4.343 nombres y apellidos documentados.
Y no son los únicos. Sobre la mesa del magistrado de la Audiencia Nacional se encuentra también el listado con los 2.951 desaparecidos -estimación a la baja- que se han podido rastrear en el resto de la provincia. El dato ha sido compilado por la Asociación Guerra, Exilio y Memoria Histórica de Andalucía (Agemha), que está personada en las diligencias abiertas por el juzgado Central de Instrucción número 5 para recabar información y determinar si el 18 de julio de 1936, el día que el ejército de Franco se alzó contra el Gobierno republicano, se desencadenó un genocidio en España.
La historiadora Raquel Zugasti es una de las investigadoras encargadas de recopilar la información sobre Málaga para este colectivo. Por ahora se ha logrado establecer la existencia de 74 fosas en 53 municipios, además de la inmensa cavada en San Rafael y de otra que existe, según fuentes orales, en la Colonia de Santa Inés. "Sabemos que hay una en esta zona, pero no hemos sido capaces de precisar dónde está por los cambios urbanísticos que se han producido", explica Zugasti. El auge de la construcción durante los últimos años entorpece el trabajo y corta las esperanzas de señalar con exactitud dónde se abrieron las tumbas en las que se enterraba a los fusilados.
Esto ha ocurrido con una de las fosas de Fuengirola, perdida bajo la tierra de un antiguo cementerio reconvertido en aparcamiento, según la historiadora. En Alfarnatejo se sabe de la existencia de una junto a un río, pero nada más. Zugasti aclara que no siempre es así. En Humilladero y en Antequera, por ejemplo, las fosas comunes donde reposan los restos de las víctimas están perfectamente delimitadas, junto a la tapia del cementerio y en un espacio ajardinado, respectivamente, y alguna placa los recuerda. "Lo bueno es que se sabe que están ahí y eso no se va a tocar".¿Da por terminada la investigación? Asegura que no. Aún falta por recopilar información en algunas localidades de la comarca de Antequera, donde ha habido problemas para acceder a los documentos, y el goteo de gente que pide ayuda para localizar a un familiar desaparecido durante el franquismo es constante. "El 7 de mayo cerrábamos porque había que enviarle los datos a la Junta y vimos una esquela en un periódico de una fosa en Villanueva de la Concepción; no teníamos ni idea", relata Zugasti para ilustrar por qué no da por concluido el estudio.
El trabajo es laborioso, pueblo por pueblo para consultar los archivos municipales, los libros de defunciones de los registros y escuchar testimonios de familiares y de los más viejos, algunos de ellos testigos del horror. Los papeles, sin remedio, dejan la huella de lo ocurrido y lo sufrido, como el expediente contra Juan Franco Ramos y otros por un delito de rebelión militar, causa abierta más de dos años después de que fuera fusilado en Álora."Puede que hayan surgido recelos, pero al final siempre te atienden", dice la historiadora. "Recuerdo un hombre en Comares que había trabajado para la administración franquista y que nos contó todo lo que pasó en el pueblo, que si a uno lo molieron a palos en la cárcel, que si... Era capaz de verlo con distancia". De todas las sensaciones vividas durante el trabajo de investigación, Zugasti hace un balance positivo, porque "ves mucho sufrimiento y mucho dolor, pero el dolor se positiva y lo que se intenta es inculcar valores", afirma.Hay más nombres de muertos en Málaga. Los 2.894 presentados el lunes por la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía y la Confederación General del Trabajo (CGT), personadas también en la causa del juez Garzón y promotoras de www.todoslosnombres.org , base de datos de represaliados del franquismo. En total, son más de 10.000 nombres de fusilados y desaparecidos en Málaga, muchos de ellos malagueños, pero muchos también procedentes de casi todas las provincias españolas y de otros países. Pero Cecilio Gordillo precisa: "Puede haber nombres que se repiten en los distintos listados que mandan las asociaciones, hay que tener en cuenta que pueden estar duplicados e incluso triplicados, de ahí la necesidad de elaborar una base de datos y el juez Garzón es quien tiene todos los nombres".
Comparte la idea de que es "imposible" dar una cifra exacta porque cambia continuamente. Antonio Somoza, también de la CGT, opina igual y afirma que los datos "no están cerrados". Remite al libro La Guerra Civil Española del historiador británico Antony Beevor, que habla de un informe elaborado por el cónsul británico en 1944 con estadísticas del ejército sublevado. Según este documento, la primera semana de control de las fuerzas nacionales, fueron ejecutadas 3.500 personas; y entre el 15 de febrero de 1937 y el 25 de agosto de 1944, otras 16.952 "fueron condenadas a muerte y fusiladas en Málaga". Habría que añadir, apunta Somoza, las víctimas de la huida hacia Almería.
En San Rafael hay 4.343 con nombres y apellidos. Sus cuerpos será exhumados y reposarán en paz en un panteón común del futuro parque. Así lo han querido las familias, que luchan por la dignidad y el respeto de sus muertos. Los expertos reclaman también mayor implicación de las instituciones públicas.
Garzón, el auxiliado.
Fuente: http://www.lne.es/default.jsp?pRef=2008092800_0_0
JAVIER MORÁN
Garzón, el auxiliado
Con gran tenacidad, el juez Baltasar Garzón ha vuelto a enviar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) la providencia en la que solicita los registros parroquiales con vistas a la elaboración de un censo de fallecidos durante la Guerra Civil. Es decir, el juez ha tenido que insistir de nuevo porque, ante la primera petición, la CEE contestó al magistrado que no había llamado a la puerta adecuada. Es ello cierto, aunque faltó por parte de las mitras un poquito de «laicidad positiva», o de simple comprensión. Peor aún: la devolución del papel en blanco a Garzón se interpretó como resistencia de los obispos a revelar la actuación de las diócesis españolas durante la represión de la postguerra. Tampoco era eso.
Es decir, Garzón pidió con todo candor que la CEE le resolviera parte de la investigación, pero la CEE no es nada, tan solo un instrumento de coordinación -y para asuntos muy definidos- entre las diócesis, cada una de las cuales es perfectamente soberana.
Al segundo intento, el juez de la Audiencia Nacional ya ha precisado un poco más, y con cierta humildad ha pedido que la CEE traslade a cada diócesis la petición, para que cada obispo indique a cada párroco que remita la información requerida. Es decir, la CEE le resolverá a Garzón, el auxiliado, un problema postal: el de tener que enviar, alternativamente, dicha providencia a cada una de las casi 23.000 parroquias españolas.
Yendo al fondo de la cuestión, pocas instituciones cumplen desde antiguo -particularmente desde Trento- tan a rajatabla aquel consejo aristotélicos de que el hombre ha de confeccionar listas de todo. La Iglesia posee sus listas mayores, las de santos y beatos, entre los que ya se cuentan unos cientos de los católicos fallecidos en aquellos años. Además, están las listas del común de los mortales, en cada parroquia, con los enterrados en suelo sagrado mediante cristiana sepultura.
Pero si lo que Garzón necesita esclarecer es el contenido de las fosas comunes, poco va a encontrar en los registros parroquiales. No obstante, la casuística es variadísima. En un boletín de la diócesis de Ávila, de noviembre de 1936 -recogido por el historiador Hilari Raguer en su obra «La pólvora y el incienso»-, se decía acerca de las víctimas que «hágase constar simplemente que "apareció su cadáver en el campo... y recibió sepultura eclesiástica", pero guárdense mucho los señores párrocos de sugerencia alguna que revele al autor o la causa de esa muerte trágica».
Y en la otra trinchera, la católica, existen también algunas fosas comunes no exhumadas, caso de las dos de Gijón que contienen los restos de los ejecutados el 14 de agosto de 1936, procedentes de la iglesia de San José.
Habría incluso un tercer campo intermedio, cuyos datos también aporta Raguer en el libro citado. Mateo Mújica Urrestarazu, obispo de Vitoria -uno de los cinco que no firmó la carta colectiva del episcopado español de julio de 1937, la de la «Cruzada»-, explico en junio de 1937 a la Santa Sede su negativa a rubricar el citado documento. «Según el episcopado español, en la España de Franco, la justicia es bien administrada y esto no es verdad. Yo tengo nutridísmas listas de cristianos fervorosos y de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente, sin juicio y sin ninguna formalidad jurídica».
Por tanto, el esclarecimiento que persigue el juez Garzón -que nos parece razonable, pues responde a demandas previas y a un respetabilísimo deseo de familiares por hallar a sus seres queridos- requerirá de sutiles investigaciones que aquí juzgamos inabarcables e impracticables por la Audiencia Nacional. Gran parte de las labores de la denominada memoria histórica habría de ser tarea de los historiadores.
(Otro juez atrajo la atención semanal: el malagueño Carlos Dívar, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Miembro de la Adoración Nocturna y de otras entidades católicas, hay quien ha visto en su elección vientos de teocracia, pero el argumento ha quedado desmantelado por la trayectoria impecable del propio juez y por el curioso hecho de que Zapatero lo señalara. No obstante, dicen que el Presidente quiere colocar, para compensar, una fiera al frente del Tribunal Constitucional).
...
Garzón se enreda en dos millones de documentos ABC.es - 26 Sep 2008La última providencia dictada por el juez Garzón en relación con sus diligencias previas sobre las personas desaparecidas en la Guerra Civil y la Dictadura, ...
La Iglesia promete colaborar con Garzón en el censo de desaparecidos Diario de Cádiz - 26 Sep 2008La Conferencia Episcopal Española (CEE) responderá a la petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para colaborar en la elaboración de un ...
JAVIER MORÁN
Garzón, el auxiliado
Con gran tenacidad, el juez Baltasar Garzón ha vuelto a enviar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) la providencia en la que solicita los registros parroquiales con vistas a la elaboración de un censo de fallecidos durante la Guerra Civil. Es decir, el juez ha tenido que insistir de nuevo porque, ante la primera petición, la CEE contestó al magistrado que no había llamado a la puerta adecuada. Es ello cierto, aunque faltó por parte de las mitras un poquito de «laicidad positiva», o de simple comprensión. Peor aún: la devolución del papel en blanco a Garzón se interpretó como resistencia de los obispos a revelar la actuación de las diócesis españolas durante la represión de la postguerra. Tampoco era eso.
Es decir, Garzón pidió con todo candor que la CEE le resolviera parte de la investigación, pero la CEE no es nada, tan solo un instrumento de coordinación -y para asuntos muy definidos- entre las diócesis, cada una de las cuales es perfectamente soberana.
Al segundo intento, el juez de la Audiencia Nacional ya ha precisado un poco más, y con cierta humildad ha pedido que la CEE traslade a cada diócesis la petición, para que cada obispo indique a cada párroco que remita la información requerida. Es decir, la CEE le resolverá a Garzón, el auxiliado, un problema postal: el de tener que enviar, alternativamente, dicha providencia a cada una de las casi 23.000 parroquias españolas.
Yendo al fondo de la cuestión, pocas instituciones cumplen desde antiguo -particularmente desde Trento- tan a rajatabla aquel consejo aristotélicos de que el hombre ha de confeccionar listas de todo. La Iglesia posee sus listas mayores, las de santos y beatos, entre los que ya se cuentan unos cientos de los católicos fallecidos en aquellos años. Además, están las listas del común de los mortales, en cada parroquia, con los enterrados en suelo sagrado mediante cristiana sepultura.
Pero si lo que Garzón necesita esclarecer es el contenido de las fosas comunes, poco va a encontrar en los registros parroquiales. No obstante, la casuística es variadísima. En un boletín de la diócesis de Ávila, de noviembre de 1936 -recogido por el historiador Hilari Raguer en su obra «La pólvora y el incienso»-, se decía acerca de las víctimas que «hágase constar simplemente que "apareció su cadáver en el campo... y recibió sepultura eclesiástica", pero guárdense mucho los señores párrocos de sugerencia alguna que revele al autor o la causa de esa muerte trágica».
Y en la otra trinchera, la católica, existen también algunas fosas comunes no exhumadas, caso de las dos de Gijón que contienen los restos de los ejecutados el 14 de agosto de 1936, procedentes de la iglesia de San José.
Habría incluso un tercer campo intermedio, cuyos datos también aporta Raguer en el libro citado. Mateo Mújica Urrestarazu, obispo de Vitoria -uno de los cinco que no firmó la carta colectiva del episcopado español de julio de 1937, la de la «Cruzada»-, explico en junio de 1937 a la Santa Sede su negativa a rubricar el citado documento. «Según el episcopado español, en la España de Franco, la justicia es bien administrada y esto no es verdad. Yo tengo nutridísmas listas de cristianos fervorosos y de sacerdotes ejemplares asesinados impunemente, sin juicio y sin ninguna formalidad jurídica».
Por tanto, el esclarecimiento que persigue el juez Garzón -que nos parece razonable, pues responde a demandas previas y a un respetabilísimo deseo de familiares por hallar a sus seres queridos- requerirá de sutiles investigaciones que aquí juzgamos inabarcables e impracticables por la Audiencia Nacional. Gran parte de las labores de la denominada memoria histórica habría de ser tarea de los historiadores.
(Otro juez atrajo la atención semanal: el malagueño Carlos Dívar, nuevo presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo. Miembro de la Adoración Nocturna y de otras entidades católicas, hay quien ha visto en su elección vientos de teocracia, pero el argumento ha quedado desmantelado por la trayectoria impecable del propio juez y por el curioso hecho de que Zapatero lo señalara. No obstante, dicen que el Presidente quiere colocar, para compensar, una fiera al frente del Tribunal Constitucional).
...
Garzón se enreda en dos millones de documentos ABC.es - 26 Sep 2008La última providencia dictada por el juez Garzón en relación con sus diligencias previas sobre las personas desaparecidas en la Guerra Civil y la Dictadura, ...
La Iglesia promete colaborar con Garzón en el censo de desaparecidos Diario de Cádiz - 26 Sep 2008La Conferencia Episcopal Española (CEE) responderá a la petición del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón para colaborar en la elaboración de un ...
El cazador de rojos.
Una imagen que se conoce del agente Urraca.
Fuente: http://www.elpais.com/
EL ESBIRRO DE FRANCO
El cazador de rojos
Pedro Urraca dirigió en Francia una red de agentes para perseguir a líderes republicanos huidos tras la Guerra Civil. Él fue quien detuvo y trasladó a Lluís Companys a España, donde fue fusilado. Su hoja de servicios será inaccesible para los historiadores hasta el año 2021
LUIS GÓMEZ
No fue un simple policía de la represión franquista. El agente Pedro Urraca Rendueles convirtió en una pesadilla el exilio de destacados dirigentes republicanos huidos a Francia después de la Guerra Civil. Con ayuda de la Gestapo, los hostigó, persiguió y terminó apresando. No se detuvo hasta detener al presidente de la Generalitat, Lluís Companys, y conducirlo a España para que fuera ejecutado tras un sumario consejo de guerra. La pista del agente Urraca se pierde a su regreso a España. Su historial posterior es un misterio que tardará al menos 13 años más en resolverse. Su hoja de servicios será inaccesible hasta el año 2021.
En París se apropió del piso de su vecina, una mujer de origen judío que había escapado de las garras de la Gestapo
Su identidad tardó en ser conocida por aquellos historiadores que empezaron a investigar en las alcantarillas del franquismo. Nadie le molestó. Nadie llamó a su puerta. Nadie pudo interrogarle por su actuación en Francia tras la Guerra Civil. Un historiador llegó a localizar un teléfono a su nombre en una guía telefónica de Madrid en los años noventa, pero no llegó a marcar ese número. Ni siquiera en el archivo del Ministerio del Interior consta la fecha de su presunto fallecimiento (de seguir vivo tendría 104 años), un dato que no es anecdótico: la ley impide acceder a su historial hasta pasados 25 años de su muerte.
El historial policial de Urraca es todavía secreto. ¿Tiene algún sentido que la actuación de este personaje y de los policías a los que dirigió esté vetada al escrutinio de los historiadores? Es un ejemplo más de la memoria imperfecta de España. Este periódico intentó el acceso a su ficha personal, pero en aplicación de la ley, su expediente no será accesible hasta octubre de 2021, dado que el último documento (un reconocimiento de trienios) data de 1971 y han de pasar 50 años o 25 desde su muerte. Se jubiló en 1969. No consta fecha de su fallecimiento. Los datos más elocuentes sobre sus actividades están en los archivos franceses, entre ellos su condena a muerte en 1948 por el Gobierno democrático acusado de colaboración con los nazis y persecución de exiliados españoles. Urraca pudo sortear esa condena. Desde los años cincuenta ha sido un funcionario especialmente escurridizo.
¿De qué fue responsable? Pedro Urraca fue el personaje central de una red de policías que el régimen de Franco distribuyó por Francia tras la guerra para perseguir, y en algunos casos detener, a las principales autoridades de la República Española en el exilio. No fue una actividad secreta, sino una operación de represión en territorio extranjero en colaboración con la Gestapo y el régimen de Vichy. Existe documentación sobre el envío de agentes policiales, en diciembre de 1941, con destino a Marsella, Perpiñán y Toulouse para investigar y perseguir a "los jefes rojos". Paralela a esta operación policial fue la actividad de la Comisión de Recuperación de Bienes Españoles en el Extranjero, dirigida por el coronel Barroso, agregado militar en París. Esta red no se limitó a vigilar y perseguir a republicanos: se incautó de dinero, joyas y documentos en los domicilios donde residían los exiliados.
No hace mucho tiempo que se pudo verificar que fue Pedro Urraca el autor, el 13 de agosto de 1940, de la detención de Lluís Companys, presidente de la Generalitat durante la guerra. Fue también quien primero le interrogó en París y quien finalmente ejecutó su entrega en Irún a las autoridades españolas, que lo fusilaron semanas después (15 de octubre). El caso de Companys fue similar al de Julián Zugazagoitia (ministro de la Gobernación con Negrín, detenido en París, entregado y fusilado en Madrid). Detuvo e interrogó a decenas de personalidades relevantes de la República, como Manuel Portela Valladares (ex presidente del Consejo de Ministros), Josep Tarradellas, Juan Morata (subsecretario de Gobernación) o Mariano Ansó (ministro de Justicia). La lista de perseguidos es muy extensa.
También vigiló de cerca las actividades del presidente Manuel Azaña, a quien no pudo detener por las presiones que ejerció en aquel momento el Gobierno mexicano. Pero Azaña estuvo entre sus objetivos: le vigiló hasta el mismo día de su muerte (de hecho, fue quien informó a Madrid de su fallecimiento y entierro en Montauban, en una nota que se guarda en el Ministerio de Asuntos Exteriores). La red que dirigió este policía despojó de sus bienes y de documentos a muchos refugiados y trató de impedir que algunos de ellos pudieran embarcar a México (entre ellos, la viuda de Azaña).
Su nombre comenzó a salir a la luz en algunas memorias de refugiados españoles en Francia. Se trataba de referencias aisladas, carentes de apoyo documental. Posteriores investigaciones (las más importantes arrancan del año 2000) fueron colocando en su lugar a este personaje y documentando su actividad. Pedro Urraca no ha dejado de ser, aún hoy, un personaje un tanto enigmático, insuficientemente estudiado porque sigue siendo difícil el acceso a ciertos archivos españoles. El historiador Josep Benet lo cita de una forma expresa en su investigación sobre Lluís Companys como el policía que interviene en su detención y su posterior traslado a España, pero es en 2006 cuando el círculo se cierra con la tesis doctoral de Jordi Guixé Corominas (Diplomacia y represión: la persecución hispano-francesa del exilio republicano), que aún no tiene editor. Jordi Guixé, formado en la Universidad de La Sorbona, tuvo la oportunidad de investigar durante varios años en los archivos franceses. Y allí encontró, entre numerosos documentos, el informe elaborado por Pedro Urraca sobre el primer interrogatorio de Lluís Companys en la prisión parisiense de La Santé, cuya dirección correspondía a la Gestapo. Urraca fue no sólo quien le detuvo, sino quien le interrogó en primera instancia, quien le comunicó el funesto destino que le esperaba y quien le acompañó, junto con un oficial alemán, a la frontera con Irún.
¿Cómo era Pedro Urraca? ¿Cuál es el origen de este personaje? ¿Qué otras actividades realizó en Francia durante la guerra y con posterioridad? A falta de la documentación protegida, de Pedro Urraca Rendueles existe al menos una imagen fotográfica. La foto pertenece a una ficha del Ministerio de Exteriores. Es una pose de perfil; el rostro de un hombre de frente ancha, pelo corto cepillado hacia la nuca, mirada al frente y gesto relajado, seguro de sí mismo. En otros documentos consta su fecha de nacimiento (22 de febrero de 1904, en Valladolid). Están sin verificar datos anexos, como su trabajo en un banco antes de formar parte de la policía de la República, función que abandonó en fecha indeterminada para incorporarse al bando de Franco y trasladarse a Francia antes de acabar la guerra.
De sus funciones en Francia consta su cargo como "agregado policial" en la Embajada de España en París. Buena parte de sus actividades están documentadas; pero la pista se pierde, casi irremediablemente, meses antes de que Francia comience a ser liberada por los aliados. Es evidente que regresó a España (entre otras cuestiones, para evitar que se ejecutara su condena a muerte), pero se desconoce en qué otras actividades estuvo involucrado desde entonces. El historiador Jordi Guixé sospecha que trabajó en Bruselas para la Embajada española durante los años sesenta; también pudo documentar las gestiones realizadas, ya en 1974, para que el expediente de Urraca fuera incorporado a los beneficiarios de la ley de amnistía promulgada por el Gobierno francés el 6 de agosto de 1953. Un último documento aparece en los archivos franceses el 5 de noviembre de 1982 referente a la concesión de un permiso para entrar en Francia que no podía exceder de los tres meses de estancia.
"Las actuaciones de Urraca y otros agentes franquistas destinados a Francia han supuesto un escollo difícil de investigar", escribe Jordi Guixé en su tesis doctoral. "La documentación policial y secreta todavía está mal localizada (voluntaria o involuntariamente, dependiendo de los casos) en los archivos españoles. La identidad de represores y torturadores todavía nos es camuflada bajo leyes de protección, a falta de una regulación legal de los archivos españoles y una necesidad de democratizar los archivos de ministerios como Interior y Exteriores".
Un policía francés del régimen de Vichy describió a Pedro Urraca en un informe como "un policía de gran clase, lleno de habilidades e incisivo, que nos ha sido de gran utilidad". Alguna otra referencia personal sobre Urraca (ésta procedente de un exiliado español) le describe como una persona que "maltrataba" el francés. Sea como fuere, el policía en cuestión tampoco desaprovechó el tiempo para enriquecerse. Residía en París y se apropió del piso de su vecina, una mujer de origen judío que había escapado de las garras de la Gestapo. Urraca actuaba para la Gestapo con el alias de Unamuno. También actuó para el régimen de Vichy.
Este episodio consta en el expediente que determinó su condena a muerte en 1948. Otros españoles fueron igualmente condenados. ¿Quiénes? Quizá algunos colaboradores de Urraca: sus nombres están en los archivos policiales franceses.
El personaje ha salido a la luz. Fue un funcionario protegido durante décadas por el Estado español. Es posible que disfrutara de una cómoda jubilación. Nadie le molestó en su vejez. No ha estado obligado a escuchar preguntas incómodas. No parece justo que la España democrática deba esperar hasta 2021 para conocer respuestas sobre hechos sucedidos 80 años antes.
Fusilados por la Justicia Nacional. Félix Población.
Fuente: http://www.publico.es/
Fusilados por la Justicia Nacional
28 Sep 2008
FELIX POBLACIÓN
Entre la copiosa y valiosa documentación conservada en el que fuera Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, figuran miles de expedientes de los ciudadanos españoles represaliados por el franquismo durante el conflicto armado y la subsiguiente y larga dictadura. Ya fuera por su adscripción a sindicatos, organizaciones o partidos políticos proscritos ulteriormente por el régimen del llamado Glorioso Movimiento Nacional (GMN) del 18 de Julio, o por simpatizar simplemente con un ideario progresista, sus vidas quedaron marcadas por el delito de pensar, expresarse y asociarse libremente durante el régimen republicano, precedente del actual régimen democrático.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo actuó, una vez terminada la Guerra Civil, con toda contundencia. De su puntual, detallada y rigurosa ejecutoria tenemos hoy constancia gracias al fondo documental consultable en el CDMH. Si, como dijo en este mismo periódico hace unas fechas Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, “los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y los vivos”, la aportación del mencionado centro ante el genocidio franquista será fundamental.
Una lectura minuciosa de la documentación allí depositada que incumbe a ese tribunal nos permite observar que en muchos de los expedientes se da como razón del sobreseimiento definitivo del encausado el fallecimiento de éste. En no pocos de esos casos la muerte pudo deberse a la aplicación del conocido como Bando de Guerra por parte del Ejército rebelde, aunque en ocasiones se pretende disimular esa ejecución con expresiones como “muerto por arma de fuego, hemorragia cerebral o hemorragia interna”. A veces, incluso, se da como único motivo, sin más, el “haberse opuesto al GMN”, en cuyo caso procede afirmar según los ejecutores que la víctima fue “fusilada por la Justicia Nacional”.
El profesor Juan Antonio Ferrer Benimeli señala como caso más ilustrativo de esas falacias tergiversadoras el del periodista masón Manuel Marín Sancho, profesor de Literatura y archivero del Ayuntamiento de Zaragoza. Marín Sancho, fundador de la revista naturista Amanecer y del club también naturista Helios, fue fusilado el 1 de diciembre de 1936, pero al día siguiente su inscripción en el Registro Civil de Defunciones constaba así: “Falleció y fue autopsiado en el día de hoy, a consecuencia de fractura de cráneo y hemorragia interna, según resulta de certificación facultativa y reconocimiento practicado”.
Hace algunas semanas, el juez Baltasar Garzón dictó una providencia para que, después de haber procedido la Audiencia Nacional en investigar durante años las desapariciones de ciudadanos durante los regímenes dictatoriales de América Latina, y hasta en China y Ruanda, se deje por fin de ignorar las que tuvieron lugar durante la contienda de 1936 y el franquismo en España, más de treinta años después del inicio formal del vigente periodo democrático. Las listas recientemente entregadas cifran el número de víctimas en torno a ciento cuarenta mil. Se da la paradoja de que el juez Garzón no se apoyó en la llamada Ley de Memoria Histórica para tomar esa tardía y necesaria decisión, sino en las incongruencias e insuficiencias jurídicas de la misma, pues el objetivo perseguido por la citada providencia quedaba hasta la fecha, en virtud de esa ley, en manos de los particulares, no en las del Estado democrático al que debería competer.
Es de suma coherencia con la razón y objetivos de la entidad que el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con la recién inaugurada y al parecer ambiciosa proyección que lo define, colabore en la investigación y búsqueda de los desaparecidos más olvidados de una dictadura de casi cuarenta años por parte de una democracia de más de treinta. No faltan en el CDMH expedientes en los que las víctimas mortales del franquismo tienen como ficha descriptiva de su desaparición, además de una defunción no certificada, unas palabras mecanografiadas que indican escueta y desoladoramente “muerto en la carretera o en el camino” de tal o cual localidad. Tal referencia puede ser quizá la seña más flagrante que podamos tener por escrito de un asesinato impune y de la posterior desaparición de la víctima durante la represión fascista en la Guerra Civil.
Que esos y otros muchos nombres, enterrados durante decenios en las cunetas y las fosas del olvido, hayan tenido que esperar tanto tiempo para asomarse a la luz de la justicia es una deuda difícilmente justificable, porque, como dijo mi admirado escritor y poeta Mario Benedetti, con relación a otros desaparecidos más jóvenes que hablaban nuestro mismo idioma al otro lado del Océano, es posible que hayan extraviado la brújula/ y hoy vaguen preguntando/ dónde carajo queda el buen amor/ porque vienen del odio.
El pasado 26 de diciembre las Cortes Generales aprobaron la Ley de la Memoria Histórica, que en su artículo 15 especifica que “es obligación de las administraciones públicas tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Salamanca, a través de su CDMH, puede prestar una valiosa colaboración en el hallazgo de las víctimas desaparecidas como consecuencia de aquel periodo histórico. Por eso, que permanezcan expuestos en aquella capital hasta veinticuatro símbolos franquista resulta cuando menos un desatino, máxime si para colmarlo sigue siendo Francisco Franco hijo adoptivo y alcalde honorario de la ciudad.
Felix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
Fusilados por la Justicia Nacional
28 Sep 2008
FELIX POBLACIÓN
Entre la copiosa y valiosa documentación conservada en el que fuera Archivo General de la Guerra Civil en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, figuran miles de expedientes de los ciudadanos españoles represaliados por el franquismo durante el conflicto armado y la subsiguiente y larga dictadura. Ya fuera por su adscripción a sindicatos, organizaciones o partidos políticos proscritos ulteriormente por el régimen del llamado Glorioso Movimiento Nacional (GMN) del 18 de Julio, o por simpatizar simplemente con un ideario progresista, sus vidas quedaron marcadas por el delito de pensar, expresarse y asociarse libremente durante el régimen republicano, precedente del actual régimen democrático.
El Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo actuó, una vez terminada la Guerra Civil, con toda contundencia. De su puntual, detallada y rigurosa ejecutoria tenemos hoy constancia gracias al fondo documental consultable en el CDMH. Si, como dijo en este mismo periódico hace unas fechas Rogelio Blanco, director general del Libro, Archivos y Bibliotecas, “los archivos garantizan los derechos y las libertades de los muertos y los vivos”, la aportación del mencionado centro ante el genocidio franquista será fundamental.
Una lectura minuciosa de la documentación allí depositada que incumbe a ese tribunal nos permite observar que en muchos de los expedientes se da como razón del sobreseimiento definitivo del encausado el fallecimiento de éste. En no pocos de esos casos la muerte pudo deberse a la aplicación del conocido como Bando de Guerra por parte del Ejército rebelde, aunque en ocasiones se pretende disimular esa ejecución con expresiones como “muerto por arma de fuego, hemorragia cerebral o hemorragia interna”. A veces, incluso, se da como único motivo, sin más, el “haberse opuesto al GMN”, en cuyo caso procede afirmar según los ejecutores que la víctima fue “fusilada por la Justicia Nacional”.
El profesor Juan Antonio Ferrer Benimeli señala como caso más ilustrativo de esas falacias tergiversadoras el del periodista masón Manuel Marín Sancho, profesor de Literatura y archivero del Ayuntamiento de Zaragoza. Marín Sancho, fundador de la revista naturista Amanecer y del club también naturista Helios, fue fusilado el 1 de diciembre de 1936, pero al día siguiente su inscripción en el Registro Civil de Defunciones constaba así: “Falleció y fue autopsiado en el día de hoy, a consecuencia de fractura de cráneo y hemorragia interna, según resulta de certificación facultativa y reconocimiento practicado”.
Hace algunas semanas, el juez Baltasar Garzón dictó una providencia para que, después de haber procedido la Audiencia Nacional en investigar durante años las desapariciones de ciudadanos durante los regímenes dictatoriales de América Latina, y hasta en China y Ruanda, se deje por fin de ignorar las que tuvieron lugar durante la contienda de 1936 y el franquismo en España, más de treinta años después del inicio formal del vigente periodo democrático. Las listas recientemente entregadas cifran el número de víctimas en torno a ciento cuarenta mil. Se da la paradoja de que el juez Garzón no se apoyó en la llamada Ley de Memoria Histórica para tomar esa tardía y necesaria decisión, sino en las incongruencias e insuficiencias jurídicas de la misma, pues el objetivo perseguido por la citada providencia quedaba hasta la fecha, en virtud de esa ley, en manos de los particulares, no en las del Estado democrático al que debería competer.
Es de suma coherencia con la razón y objetivos de la entidad que el nuevo Centro Documental de la Memoria Histórica de Salamanca, con la recién inaugurada y al parecer ambiciosa proyección que lo define, colabore en la investigación y búsqueda de los desaparecidos más olvidados de una dictadura de casi cuarenta años por parte de una democracia de más de treinta. No faltan en el CDMH expedientes en los que las víctimas mortales del franquismo tienen como ficha descriptiva de su desaparición, además de una defunción no certificada, unas palabras mecanografiadas que indican escueta y desoladoramente “muerto en la carretera o en el camino” de tal o cual localidad. Tal referencia puede ser quizá la seña más flagrante que podamos tener por escrito de un asesinato impune y de la posterior desaparición de la víctima durante la represión fascista en la Guerra Civil.
Que esos y otros muchos nombres, enterrados durante decenios en las cunetas y las fosas del olvido, hayan tenido que esperar tanto tiempo para asomarse a la luz de la justicia es una deuda difícilmente justificable, porque, como dijo mi admirado escritor y poeta Mario Benedetti, con relación a otros desaparecidos más jóvenes que hablaban nuestro mismo idioma al otro lado del Océano, es posible que hayan extraviado la brújula/ y hoy vaguen preguntando/ dónde carajo queda el buen amor/ porque vienen del odio.
El pasado 26 de diciembre las Cortes Generales aprobaron la Ley de la Memoria Histórica, que en su artículo 15 especifica que “es obligación de las administraciones públicas tomar las medidas oportunas para la retirada de escudos insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas de exaltación personal o colectiva de la sublevación militar, de la Guerra Civil y de la represión de la dictadura”. Salamanca, a través de su CDMH, puede prestar una valiosa colaboración en el hallazgo de las víctimas desaparecidas como consecuencia de aquel periodo histórico. Por eso, que permanezcan expuestos en aquella capital hasta veinticuatro símbolos franquista resulta cuando menos un desatino, máxime si para colmarlo sigue siendo Francisco Franco hijo adoptivo y alcalde honorario de la ciudad.
Felix Población es escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
La Iglesia recula y sí colaborará con Garzón de "forma plena".
Fuente. El Plural.
Memoria histórica
La Iglesia recula y sí colaborará con Garzón de "forma plena"
ELPLURAL.COM
Tras arrojar balones fuera ante el primer requerimiento del juez Baltasar Garzón, la Iglesia ha recapacitado. El magistrado de la Audiencia Nacional envió a la Conferencia Episcopal Española (CEE) una primera instancia solicitando información sobre los desaparecidos en la Guerra Civil. Y aunque en aquella ocasión la jerarquía católica contestó que no era la institución adecuada para recabar estos datos –en este sentido se volvió a pronunciar hace tan solo dos días el presidente de la institución, Antonio María Rouco Varela, que se dijo incompetente para el asunto-, al parecer los obispos han cambiado de opinión. Tras celebrar la CCX reunión de la Comisión Permanente, la CEE ha indicado que “hará todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la Ley”. Previamente, Garzón había enviado un segundo requerimiento.
Noticias relacionadas
Rouco acusa al PSOE de “eliminar medio millón de niños y de personas subnormales”
Garzón exige "colaboración con la Justicia" a la Iglesia en el censo sobre los desaparecidos
Ayer el juez dirigió la segunda instancia a la Conferencia, cursando un nuevo oficio para que se impartan órdenes oportunas a cada una de las parroquias que deben aportar la información. Según parece, ésta vez, los obispos acatarán el mandato de Garzón “cuando llegue”. Esta misma mañana, el portavoz y secretario general del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, ha indicado que “se hará todo lo posible para colaborar con la Justicia en el marco de la ley”.
¿Competente o no?
“La CEE actuará dentro de sus competencias para colaborar con la Justicia de forma plena”, indicó. Tan sólo dos días antes, Antonio María Rouco Varela, el presidente de la Conferencia, se había mostrado reticente. Según el también cardenal arzobispo de Madrid, la CEE no tiene “competencias” sobre los requerimientos de Garzón y son los obispos y sus diócesis quienes deben facilitar el acceso a los datos. Rouco insistió en que la Ley de Memoria es “innecesaria” y los documentos históricos “están abiertos a cualquiera”, e intentó desviar la atención a un nuevo frente: el de los archivos que desaparecieron “de forma masiva hasta el final de la guerra” en zonas republicanas.
¿En misa y replicando?
Y aunque Martínez Camino volvió a posicionarse contra la Ley de Memoria Histórica porque “pone en peligro la reconciliación” y es innecesaria”, ha manifestado que la Iglesia quiere que todas las familias de todos los frentes “puedan conocer la historia de sus seres queridos”. Un planteamiento un tanto ambiguo. El portavoz de la CEE parece estar en misa y replicando: mientras lamenta que “no se sabe donde están enterrados” muchos de los personajes beatificados hace un año en Roma, el obispo indica que teme esta Ley porque “un enfrentamiento ideológico y político” puede poner “en peligro el bien común”.
Garzón pide información sobre tribunales republicanos
Cabe resaltar que Garzón también ha pedido información sobre los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid. En la providencia dictada hoy, el juez pide datos sobre los fondos judiciales de los tribunales de Justicia de la capital desde 1936 –todos ellos republicanos-. También se dirige a varios Juzgados de Instrucción madrileños para recabar las causas instruidas por hallazgos o levantamiento de cadáveres durante la guerra y la posguerra. El antiguo Ministerio de la Gobernación, el Gobierno Civil de Madrid, la Dirección General de Prisiones, entre otras, también deberán aportar datos, en tanto las partes personadas deberán presentar una lista única con los nombres de los desaparecidos. En una semana, el de la Audiencia Nacional decidirá si es competencia o no investigar esta causa.
Memoria histórica
La Iglesia recula y sí colaborará con Garzón de "forma plena"
ELPLURAL.COM
Tras arrojar balones fuera ante el primer requerimiento del juez Baltasar Garzón, la Iglesia ha recapacitado. El magistrado de la Audiencia Nacional envió a la Conferencia Episcopal Española (CEE) una primera instancia solicitando información sobre los desaparecidos en la Guerra Civil. Y aunque en aquella ocasión la jerarquía católica contestó que no era la institución adecuada para recabar estos datos –en este sentido se volvió a pronunciar hace tan solo dos días el presidente de la institución, Antonio María Rouco Varela, que se dijo incompetente para el asunto-, al parecer los obispos han cambiado de opinión. Tras celebrar la CCX reunión de la Comisión Permanente, la CEE ha indicado que “hará todo lo posible por colaborar con la Justicia en el marco de la Ley”. Previamente, Garzón había enviado un segundo requerimiento.
Noticias relacionadas
Rouco acusa al PSOE de “eliminar medio millón de niños y de personas subnormales”
Garzón exige "colaboración con la Justicia" a la Iglesia en el censo sobre los desaparecidos
Ayer el juez dirigió la segunda instancia a la Conferencia, cursando un nuevo oficio para que se impartan órdenes oportunas a cada una de las parroquias que deben aportar la información. Según parece, ésta vez, los obispos acatarán el mandato de Garzón “cuando llegue”. Esta misma mañana, el portavoz y secretario general del Episcopado, Juan Antonio Martínez Camino, ha indicado que “se hará todo lo posible para colaborar con la Justicia en el marco de la ley”.
¿Competente o no?
“La CEE actuará dentro de sus competencias para colaborar con la Justicia de forma plena”, indicó. Tan sólo dos días antes, Antonio María Rouco Varela, el presidente de la Conferencia, se había mostrado reticente. Según el también cardenal arzobispo de Madrid, la CEE no tiene “competencias” sobre los requerimientos de Garzón y son los obispos y sus diócesis quienes deben facilitar el acceso a los datos. Rouco insistió en que la Ley de Memoria es “innecesaria” y los documentos históricos “están abiertos a cualquiera”, e intentó desviar la atención a un nuevo frente: el de los archivos que desaparecieron “de forma masiva hasta el final de la guerra” en zonas republicanas.
¿En misa y replicando?
Y aunque Martínez Camino volvió a posicionarse contra la Ley de Memoria Histórica porque “pone en peligro la reconciliación” y es innecesaria”, ha manifestado que la Iglesia quiere que todas las familias de todos los frentes “puedan conocer la historia de sus seres queridos”. Un planteamiento un tanto ambiguo. El portavoz de la CEE parece estar en misa y replicando: mientras lamenta que “no se sabe donde están enterrados” muchos de los personajes beatificados hace un año en Roma, el obispo indica que teme esta Ley porque “un enfrentamiento ideológico y político” puede poner “en peligro el bien común”.
Garzón pide información sobre tribunales republicanos
Cabe resaltar que Garzón también ha pedido información sobre los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid. En la providencia dictada hoy, el juez pide datos sobre los fondos judiciales de los tribunales de Justicia de la capital desde 1936 –todos ellos republicanos-. También se dirige a varios Juzgados de Instrucción madrileños para recabar las causas instruidas por hallazgos o levantamiento de cadáveres durante la guerra y la posguerra. El antiguo Ministerio de la Gobernación, el Gobierno Civil de Madrid, la Dirección General de Prisiones, entre otras, también deberán aportar datos, en tanto las partes personadas deberán presentar una lista única con los nombres de los desaparecidos. En una semana, el de la Audiencia Nacional decidirá si es competencia o no investigar esta causa.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
¿DONDE ESTA?
IN MEMORIAN
Entradas
