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La última palabra de Juan Negrín
NATALIA JUNQUERA -
EL PAÍS accede a los archivos inéditos del jefe de Gobierno de la II República
Le atacaron los vencedores y también los vencidos. Le llamaron desde el Churchill español a vendido a la URSS. Medio siglo después de su muerte, Juan Negrín habla desde el archivo de quien fue el último jefe de Gobierno de la II República
Hace 52 años murió en París un hombre tan deprimido que pidió que en su lápida no escribieran su nombre. Se llamaba Juan Negrín López y había sido el último jefe de Gobierno de la II República española. Sólo su hijo Rómulo y dos amigos íntimos asistieron al entierro. Nadie más acudió porque aquel hombre derrotado que quiso pasar eternamente desapercibido también había dado instrucciones a su familia para que esperara 48 horas antes de comunicar su fallecimiento. En su casa, el dirigente republicano más controvertido había dejado a medias unas memorias iniciadas muchos años atrás, y decenas de documentos que desmontaban muchas de las leyendas negras que vencedores y vencidos habían vertido sobre él y que provocaron su expulsión del partido socialista. Su nieta, Carmen Negrín, ha enseñado a EL PAÍS ese archivo con dos condiciones: que no se revele la ciudad donde está -"Por razones de seguridad. Podrían venir a robarlo, o a quemarlo, quién sabe"- y que la referencia sea Archivo J. N. L. "Sólo J. N. L.", insistió. Son las tres únicas letras que se leen en la lápida de Juan Negrín López.
En los mapas de guerra que recibía cada día desde el frente leyó la lenta agonía del ejército republicano
Entre la documentación, figuran los juicios a desertores y cartas de sus padres pidiendo que les perdonen la vida
Murió sin terminar un capítulo de sus memorias titulado "La famosa cuestión del envío del oro"
Rechazó un cuadro de Picasso por demasiado moderno, pero quiso aprender chino y árabe, "los idiomas del futuro"
En el sótano de una casa de varios pisos, bajando unas escaleras y al final de unas galerías abovedadas que recuerdan a los refugios de guerra de las películas, cerrado con llave, está el Archivo J. N. L. Hay múltiples paquetes de documentos. Uno atado con un lazo de los colores de la República en el que se lee "Reservado". Otros muchos envueltos en papel de periódico de 1939. Dentro, documentación oficial, correspondencia personal, textos y fotografías que Juan Negrín (Las Palmas, 1892-París, 1956) quiso conservar durante toda su vida. Y cientos de libros: en idiomas muy diferentes -"El abuelo hablaba diez", presume Carmen Negrín. "Cuando murió, en 1956, estaba aprendiendo chino y árabe porque decía que eran los idiomas del porvenir", añade-. Los libros no son novelas. Hay decenas de tomos sobre Política exterior en la prensa franquista, espionaje y manuales para traducir mensajes cifrados -"De pequeños, a mi hermano y a mí nos fascinaban las historias de tinta invisible que nos contaba"-.
Y entre todo eso, documentos que prueban que el envío del oro de la República a Moscú no fue un capricho de Negrín para complacer a los rusos, como le acusó un sector del partido socialista, sino una decisión del Consejo de Ministros del 6 de octubre de 1936. O que aquel esfuerzo titánico, nunca comprendido por su ministro de Defensa, Indalecio Prieto, de resistir hasta el final de la guerra, obedecía a la información que le transmitían desde Alemania antiguos compañeros de estudios sobre la inminencia de una Segunda Guerra Mundial y su convencimiento de que, en esa lucha de las democracias contra el fascismo, las potencias que no habían querido ayudarle a luchar contra Franco, convertidas en aliadas, les harían vencedores.
Su nieta, Carmen Negrín, se jubiló prematuramente sólo para entrar en ese archivo, empezar a leer y descubrir al hombre de Estado que había sido "el abuelo" -"De pequeña, oía que la gente que venía a casa le decía 'señor presidente', y yo pensaba, ¿presidente de qué?"-. Está decidida a rehabilitar la figura de su abuelo -"Era una persona tan diferente de lo que se ha dicho de él..."- , y concluir la tarea que dejó a medias; recordar, sin elipsis malintencionadas, cada paso que dio como último jefe de Gobierno de la República, y publicar, sin interferencias, de su puño y letra, las memorias en las que Juan Negrín explica los motivos que le llevaron a tomar unas decisiones y descartar otras.
Carmen confiesa que aún no ha sido capaz de ver todos los documentos. No sólo por el volumen del archivo. "Es difícil leer a posteriori, sabiendo el final. Sabiendo que termina mal. Inevitablemente, te pones en el lugar de las personas que le escribían y de él mismo. Y es duro. Hay unas cartas dramáticas del presidente del Gobierno vasco diciéndole que se han quedado aislados y que necesitan gente, armas, dinero, comida... en un momento en que ya era imposible satisfacerle. Hay expedientes a desertores, para los que sólo había un castigo, plagados de notas al margen del abuelo, intentando, estoy segura, salvarles la vida, porque para entonces ya sabría que la guerra iba a terminar y no tenía sentido matar a más gente. Probablemente haya personas que piensen que sus familiares murieron heroicamente en el frente, cuando fueron juzgados como traidores por haber intentado huir. Tendrán que afrontar eso. El abuelo debió de sufrir mucho. Él era médico. Un hombre de vida, no de muerte".
Antes de ingresar en el PSOE, en 1929, y ser diputado durante tres legislaturas, Juan Negrín había sido un brillante científico, maestro del Premio Nobel Severo Ochoa. Le esperaba una prometedora carrera como investigador, una vida cómoda. Pero eligió otra. Nunca tendría tiempo de disfrutar de esa vocación política. Llegó muy lejos en muy poco tiempo: fue ministro de Hacienda, de Defensa y jefe del Gobierno, pero lo fue al principio, durante y al final de la Guerra Civil, lo que convirtió para siempre al doctor Negrín en el retrato del gran perdedor de la contienda.
Su archivo personal es la historia de esa derrota. Contiene los mapas de la guerra que recibía cada día desde los frentes de batalla. Hechos en papel cebolla, a color y con la aplicación de un estudiante de matrícula de honor, son estéticamente tan hermosos como dramáticos, porque en ellos el jefe del Gobierno republicano sólo pudo leer el avance de las tropas franquistas, la evolución de una lenta agonía. En ese archivo, figuran también los telegramas que jamás sirvieron para dar una buena noticia. Como éste: "Resultado de los bombardeos hasta las 17.30. Sitios donde han caído bombas: calle Nueva de la Rambla 98. Paseo de San Juan frente al 104. Hotel Colón. Banco Comercial. Paseo de Gracia. Calle de Talleres. Calle de la Provenza 365 y 380. Plaza de Tetuán. Paseo de Gracia frente al Socorro Rojo, Balmes entre Diputación y Cortes. Cortes entre Rambla de Cataluña y Balmes. Calle de Bárbara Chaflán. San Ramón. Teatro Novedades. Los muertos y heridos, sin contar los del último bombardeo, son 270 muertos y 350 heridos. Posteriormente dicen hasta la hora presente hay 400 muertos. 17 de marzo 1938".
Recibía varias veces al día telegramas con la relación de víctimas. Concretamente, éste venía acompañado por fotografías de los cadáveres de un grupo de niños que murieron en un bombardeo antes de que les terminaran de salir los dientes; una de esas fotos se reproduce en estas páginas.
Hay informes a diario de los bombardeos. En ellos se ve la desproporción de fuerzas entre los dos ejércitos y sus apoyos. "Por eso es tan difícil de leer", explica Carmen Negrín. "Se ve la esperanza que había al principio, la voluntad de resistir... y documento a documento, cómo ese espacio para la resistencia se va achicando y achicando...".
Prieto atribuyó el empecinamiento de Negrín en resistir a toda costa los ataques de un ejército abismalmente superior a una mano negra que le manejaba desde la URSS, y dedicó los años que siguieron a extender esa tesis hasta provocar la expulsión de Negrín del partido socialista en 1946. Hace apenas cuatro meses el PSOE lo reintegró simbólicamente en sus filas en su 37º congreso.
"Prieto promovió la división entre socialistas", asegura Carmen Negrín. "Expulsarle del partido fue una pequeña mezquindad por su parte. [Negrín] nunca habló mal de él, pero sí con dolor. Le hizo muchísimo daño y lo comprendí muchos años después, cuando leí las cartas que intercambiaron, en las que el abuelo intenta explicarle, hacer que entendiera por qué lo destituyó como ministro. No fue posible. Prieto rehuyó siempre el diálogo". "Algunas de esas cartas llegaron a los campos de refugiados y debieron desmoralizar mucho a la gente".
En sus memorias, Juan Negrín dedica varios capítulos a Prieto, su mentor, y a la mentira de la que éste se había convencido. Algunos no llegó a escribirlos, pero los dejó enunciados, en una especie de cuestionario elaborado en tercera persona que él mismo debía ir contestando: "Como presidente del Consejo y ministro de Defensa, cuáles fueron sus relaciones con los rusos", se titula uno. "Relevo de Prieto en el Gobierno", dice otro.
"Esfuerzos para intentar evitar la ruptura con Prieto". "Relación con los comunistas bajo la presidencia...".
En aquellas memorias que no terminó, Juan Negrín quería explicar, ante todo, que sus decisiones, equivocadas o no, habían sido autónomas. Que los rusos fueron, en aquel momento, los únicos dispuestos a ayudar. Que envió a su hombre de confianza, el prestigioso médico Rafael Méndez, a comprar armas a EE UU, sin éxito. Que pidió ayuda a Inglaterra y tampoco se la dieron. Que sólo Francia prestó un poco de ayuda al principio. "Ninguno fue muy valiente", explica su nieta. "Inglaterra pensaba que satisfaciendo a Alemania tendrían tranquilidad, cuando Alemania, como sabemos, era insaciable. Inglaterra sacrificó a España con ese temor. Fue una cobardía que luego les saldría muy cara. México estaba dispuesto a aceptar el oro de la República pero estaba muy lejos y era peligroso. Rusia era la única opción". Hacían falta armas y comida. Se gastó todo. De hecho, el último envío de ayuda de Rusia es ya un préstamo. No fue a cambio de oro. "Y a los rusos también hay mucho que reprocharles porque marcaban un precio muy por encima del mercado a cambio de aviones viejos. El abuelo lo sabía".
Lo sabía y empezó a escribirlo en sus memorias, aunque nunca terminara un capítulo que él mismo había titulado "La famosa cuestión del envío del oro. Destruir la leyenda de que todavía hay en Rusia un tesoro de la República". Y otro que prometía: "Caso Nin, que es el que más se ha explotado para decir que la justicia comunista tenía cheque en blanco del Gobierno". Según su nieta, en él Negrín relata cómo le habían hecho creer que a Nin "ya lo habían liberado cuando ya lo habían asesinado, en contra de su voluntad y de sus órdenes".
En ese índice de temas que Negrín pretendía abordar también se incluye "Viajes, en lo que quepa ser revelado a Moscú, París", "Posibilidades de una política de resistencia en la zona centro después de la pérdida de Cataluña" o "Cómo reconstruir la democracia en España". Negrín tenía ya el visto bueno de una editorial americana para publicarlas, pero quería hacerlo después de su muerte. Será su nieta quien lo haga "próximamente".
De momento, el Archivo J. N. L. ya ha iniciado el viaje de regreso a España, como parte del proceso de rehabilitación de la figura de Negrín. El cabildo de Las Palmas ha cedido un antiguo cuartel militar para convertirlo en un museo dedicado a su memoria. "Hemos empezado a digitalizar todo el material para enviarlo allí y que pueda ser consultado", explica Carmen Negrín. "Me gustaría que el centro tuviera un par de habitaciones para que los investigadores puedan quedarse a dormir mientras trabajan. Son miles de documentos. Necesitarán tiempo". Hasta ahora, sólo historiadores como Gabriel Jackson o Ángel Viñas han podido acceder a algunas partes de ese archivo antes de escribir sus libros sobre la Guerra Civil o la Segunda República.
El archivo revela que la gran preocupación de Juan Negrín era preservar el Estado para que, pasara lo que pasase en el frente, la República no se diluyera. Un Estado se basa en leyes, normas, su historia, y todo eso son papeles. Juan Negrín era muy consciente de ello. Y muy meticuloso. Todo quedó registrado. Hasta el último gasto. En la documentación hay facturas de municiones y de cenas... Tiene muchísimo mérito haber puesto a salvo toda esta documentación, y con ese orden, teniendo en cuenta que perteneció a un Estado cuya capital se desplazaba según avanzaban las tropas franquistas.
La nieta de Negrín explica que a los historiadores suele interesarles la parte del archivo que menos le interesa a ella, y viceversa. Lo dice justo antes de sacar de una maleta vieja que acaricia antes de abrir fotografías inéditas de mutilados acogidos durante la contienda en los castillos que la República había comprando en Francia. En ellas hombres ciegos por la guerra aprenden braille. Un joven sin piernas mira de frente a la cámara. Theodore Fried, el autor de la instantánea, escribe al pie de la fotografía: "García Suárez nos descubre su caja de Pandora: magníficos artilugios de marcha dignos de un ministro. García Suárez, cuando los amigos le ponderan las excelencias de las piernas ortopédicas, en el paroxismo de los elogios asegura que están fabricadas con un material antirreumático que quita las penas". Y es verdad, García Suárez mira de frente al fotógrafo y le sonríe.
En los castillos, que la República compró en Francia o que sus dueños cedieron temporalmente, los mutilados aprendían un oficio, a manejarse de nuevo en la vida. El régimen de Franco se quedó con aquellos castillos.
De la maleta, que Carmen Negrín no posa en el suelo en ningún momento, sale también una colección de dibujos infantiles y listados con nombres de algunos de sus autores. Son relaciones de los niños que acabaron en las colonias republicanas, una especie de orfanatos. "Es un documento terrible", dice Carmen. Y lee: "Teresa y Feli Lorenzo Varel, 8 y 12 años, sin familia. Carmen García Jiménez, 4 años, con madre. Juan Martín Barcena, 12 años, ignórase paradero de la familia. Hay hasta cinco niños de una misma familia, sin padres. Me pregunto muchas veces qué habrá sido de ellos".
Junto a la carta de un padre que se pregunta si Juan Negrín tiene hijos antes de rogarle que entienda su dolor "al sacrificar a mis seres queridos por la Patria, pudiendo quizás rescatarlos de sus garras", hay también en el Archivo J. N. L. un espacio, aunque minúsculo, para otras que provocan casi una sonrisa. Como la de un campesino que en plena guerra le escribe para quejarse de que su vecino le ha robado unas patatas.Negrín la conservó. Quizá porque aquella queja se parecía un poco más a las que reciben los gobernantes en un país en paz; justo lo que él querría haber sido.
En su vida personal también huboalgún error divertido e intrascendente, aunque saliera bastante caro. "Picasso quería regalarle un cuadro y dijo que no porque le parecía muy moderno", confiesa Carmen Negrín entre carcajadas. El mismo hombre que supo ver que el árabe y el chino eran "los idiomas del porvenir", se equivocó de plano con aquel moderno.
Después de haber mostrado el archivo, Carmen Negrín confiesa que su abuelo, en realidad, se resume en una frase de Albert Camus: "Fue en España donde los hombres aprendieron que es posible tener razón y aun así sufrir la derrota. Que la fuerza puede vencer al espíritu y que hay momentos en que el coraje no tiene recompensa. Esto es sin duda lo que explica por qué tantos hombres en el mundo consideran el drama español como su drama personal".
El médico keynesiano
Para el historiador Gabriel Jackson, Juan Negrín fue "el más capacitado de los jefes republicanos socialistas. Sabía de economía. Era keynesiano, no marxista, y creo que fue el primer suscriptor que la revista The Economist tuvo en España. En los años 20 era ya un médico fisiólogo de fama internacional", explica. Con un pero: "No era buen orador".
Jackson asegura que indagar en la figura del último jefe de Gobierno de la República ha sido "la mayor aventura de su vida" y por eso su último libro, publicado esta semana, se titula Juan Negrín, médico, socialista y jefe del Gobierno de la II República española. "Me ha costado seis años terminarlo porque en el medio he sufrido varias enfermedades. Es mi último libro. ¡Los ojos no dan para más!", aclara el historiador, de 87 años, quien considera que el 90% de lo que se ha dicho sobre Negrín "es leyenda". "Creo que en sus últimos años tenía la sensación de haber fallado, de ser el jefe de Gobierno que había perdido la guerra y al que habían denostado incluso en su propio partido. Por eso no quiso estatuas ni que escribieran su nombre en su tumba", añadió.
Negrín también pidió que no le llevaran flores, una petición que su nieta desobedece cada año. "Cuando llego, siempre hay un ramo artificial con los colores de la bandera republicana sobre su lápida. Yo lo quito todos los años para poner las mías y al año siguiente, el ramo republicano vuelve a estar allí. No sé quién las pone, pero nunca falla. Es muy curioso porque encontrar la tumba es muy difícil". Su nombre no está en ella.
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Fotogalería: Los archivos de Juan Negrín
domingo, 16 de noviembre de 2008
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de abrir fosas»
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Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de ...
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de abrir fosas»
El edil de Cultura presenta en el PSOE el estudio sobre las represalias de la Guerra
L. M. A.
El concejal de Educación y Cultura, Román Antonio Álvarez, aseguró ayer que el estudio sobre las represalias que se produjeron durante y después de la Guerra Civil en Avilés, y que impulsa el Ayuntamiento, no tiene como fin abrir fosas. «Se trata de una investigación y su objeto tampoco es señalar a nadie», dijo. Álvarez y la ex senadora socialista Nelly Fernández Arias, que se ha dedicado en los últimos años a defender las iniciativas sobre la llamada «memoria histórica», presentaron en la Casa del Pueblo el estudio que está llevando a cabo la asociación Todos los nombres, que se ha presentado como acusación particular en la causa que el juez Baltasar Garzón ha abierto contra el franquismo. Román Antonio Álvarez aseguró, no obstante, que el estudio persigue conocer los excesos que se produjeron en los dos bandos contendientes. «No se hace con ánimo sectario», precisó. De hecho, el concejal de Cultura puso como ejemplo uno de los casos que se incluye en la investigación: la saca del Batallón Trabanco, que el 13 de agosto de 1937 asesinó por su cuenta y sin juicio previo a 29 personas detenidas en cárceles de la República. Posteriormente, las tropas nacionales se tomarían su venganza en distintos episodios de represión y muerte tras su entrada en Avilés. «Fueron superiores, aunque no se trata de tener menos culpa por haber matado a menos. Los crímenes existieron en ambos bandos por motivos de rencor, venganza y miedo. A veces se mataba por el simple testimonio de una persona, otras sin él. La única diferencia que existió entre los excesos de unos y otros, fue que en la parte republicana los asesinatos eran por parte de elementos incontrolados, mientras que los nacionales ya habían ganado la guerra cuando emprendieron una represión que no tenían necesidad de haber llevado a cabo», explicó Román Antonio Álvarez. Para el concejal, este tipo de investigaciones pueden contribuir a un proceso de catarsis positivo en la sociedad y que lo que pasó no vuelva a ocurrir. «La paz es muy frágil. La prueba de ello está en lo que pasó en la antigua Yugoslavia. De repente, la gente se vuelve loca y se dedica a matar al vecino. Eso es lo que hay que evitar por todos los medios que se reproduzca. De manera que este tipo de estudios hechos de manera rigurosa con el objeto de saber lo qué paso son positivos», resumió Román Antonio Álvarez.
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Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de ...
Román Álvarez: «Se trata de investigar sin señalar a nadie, no de abrir fosas»
El edil de Cultura presenta en el PSOE el estudio sobre las represalias de la Guerra
L. M. A.
El concejal de Educación y Cultura, Román Antonio Álvarez, aseguró ayer que el estudio sobre las represalias que se produjeron durante y después de la Guerra Civil en Avilés, y que impulsa el Ayuntamiento, no tiene como fin abrir fosas. «Se trata de una investigación y su objeto tampoco es señalar a nadie», dijo. Álvarez y la ex senadora socialista Nelly Fernández Arias, que se ha dedicado en los últimos años a defender las iniciativas sobre la llamada «memoria histórica», presentaron en la Casa del Pueblo el estudio que está llevando a cabo la asociación Todos los nombres, que se ha presentado como acusación particular en la causa que el juez Baltasar Garzón ha abierto contra el franquismo. Román Antonio Álvarez aseguró, no obstante, que el estudio persigue conocer los excesos que se produjeron en los dos bandos contendientes. «No se hace con ánimo sectario», precisó. De hecho, el concejal de Cultura puso como ejemplo uno de los casos que se incluye en la investigación: la saca del Batallón Trabanco, que el 13 de agosto de 1937 asesinó por su cuenta y sin juicio previo a 29 personas detenidas en cárceles de la República. Posteriormente, las tropas nacionales se tomarían su venganza en distintos episodios de represión y muerte tras su entrada en Avilés. «Fueron superiores, aunque no se trata de tener menos culpa por haber matado a menos. Los crímenes existieron en ambos bandos por motivos de rencor, venganza y miedo. A veces se mataba por el simple testimonio de una persona, otras sin él. La única diferencia que existió entre los excesos de unos y otros, fue que en la parte republicana los asesinatos eran por parte de elementos incontrolados, mientras que los nacionales ya habían ganado la guerra cuando emprendieron una represión que no tenían necesidad de haber llevado a cabo», explicó Román Antonio Álvarez. Para el concejal, este tipo de investigaciones pueden contribuir a un proceso de catarsis positivo en la sociedad y que lo que pasó no vuelva a ocurrir. «La paz es muy frágil. La prueba de ello está en lo que pasó en la antigua Yugoslavia. De repente, la gente se vuelve loca y se dedica a matar al vecino. Eso es lo que hay que evitar por todos los medios que se reproduzca. De manera que este tipo de estudios hechos de manera rigurosa con el objeto de saber lo qué paso son positivos», resumió Román Antonio Álvarez.
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Un fontanero y 285 fusilados más
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Un fontanero y 285 fusilados más
Escrito por José María San Luciano y Pilar Lledó Collada
Según el censo de 1940, en los tres centros penitenciarios de la ciudad había cerca de 4.000 reclusos. La población de Alcalá no llegaba a los 18.000 habitantes
Entre el mes de abril de 1939 y diciembre de 1948 fueron fusiladas 286 personas en la ciudad
Los fusilamientos de Alcalá son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado tras la contienda
Los fusilamientos se llevaban a cabo en las tapias del cementerio o en los alrededores de la ermita del Val
Sólo haberse significado públicamente en favor del Frente Popular ya era motivo para ir ante el tribunal militar
El pasado 9 de septiembre el investigador local José María San Luciano publicaba en estas páginas la tribuna titulada ‘Si Garzón preguntara en Alcalá...’ en la que daba cuenta de los fusilamientos que se produjeron en la ciudad en los tres años siguientes al final de la guerra civil. Aquel artículo tuvo una gran repercusión local y regional y el autor decidió emprender una investigación más precisa y detallada de los modos y el alcance de la “represión legal” que llevó a cabo la justicia militar del Régimen franquista en la ciudad entre los años 1939 y 1948. Para ello, San Luciano ha contado con la colaboración de la historiadora Pilar Lledó Collada. Juntos han elaborado la lista de las 286 personas fusiladas en aquel periodo que se publicará en nuestra edición de mañana. Hoy se ofrece una introducción de este concienzudo trabajo de investigación.
La polémica surgida a raíz de las ultimas actuaciones del juez Garzón continúa, y en la actualidad la discusión se mantiene entre el propio juez y la fiscalía, ambas de la Audiencia Nacional, para dilucidar si el magistrado es competente para juzgar los hechos acaecidos en España desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y con posterioridad a éste, en lo referente a fusilamientos y personas desaparecidas, considerando a la vez si estos hechos pudieran ser calificados o no como delitos contra la humanidad.
Al mismo tiempo, y al amparo de la no menos polémica Ley sobre la Memoria Histórica, han sido presentadas en la misma Audiencia Nacional relación de personas fusiladas y/o desaparecidas en el periodo antes considerado, con idea de contribuir al proceso iniciado por el juez Garzón y que el número, en verdad abultado, contribuya por la vía de la cantidad a la calificación de la actuación del Franquismo como delitos contra la humanidad.
En las páginas de este mismo Diario, el pasado 9 de septiembre, uno de los firmantes de este trabajo publicaba un articulo en el que se hacía eco de la documentación existente en el Archivo Municipal alcalaíno, de la que no era difícil deducir que en el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre del año 1939 y los periodos completos de los años 1940 y 1941 habían sido ejecutadas en Alcalá de Henares, una vez juzgadas y sentenciadas por Tribunales Militares, más de 250 personas. Al coincidir su aparición con noticias de ámbito nacional acerca de fosas de personas desaparecidas, el mencionado artículo creó una cierta polémica, superior a la propia intención del autor, la cual no se extendía más allá de dar a conocer unos hechos constatados en una documentación al alcance de cualquier persona interesada, al ser el archivo municipal de público acceso.
Ahora, con la intención de aclarar lo entonces comentado, se avanza un paso más y se publica relación detallada de personas fusiladas en Alcalá de Henares durante el periodo de tiempo comprendido entre abril de 1939 y diciembre de 1948. No se trata de una lista definitiva, pues existe la posibilidad de que pudieran aparecer nombres de desaparecidos no inscritos en los registros oficiales, pero los autores del presente artículo se han basado en la información proporcionada por las fuentes documentales, donde se registraba la llamada “represión legal", es decir, los condenados eran fusilados en cumplimiento de la pena de muerte sentenciada por Consejo Militar. Se ha contrastado y conciliado la información proporcionada por estas fuentes, que han sido las siguientes:
a) Registro Civil. Libros registro de inscripción de defunciones, numerados entre el 75 y el 85, y que comprenden las fechas objeto de este estudio, es decir, entre abril de 1939 y diciembre de 1948 conservadas en el Juzgado Municipal de esta ciudad.
b) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Libro registro diario de enterramientos del cementerio alcalaíno, actualmente con la signatura “leg. 1146/2" del archivo municipal; y por último
c) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. La documentación que originó el artículo del día 9 de septiembre. Los oficios de la autoridad militar al alcalde alcalaíno comunicándole las ejecuciones previstas para los años 1939, 1940 y 1941.
Se presenta en esta ocasión una relación de 286 personas, en la que constan nombre y apellidos, fecha de ejecución, profesión, localidad en la que se encontraban domiciliados, edad que tenían en el momento de su muerte por arma de fuego y referencia del lugar exacto de enterramiento en el cementerio alcalaíno, siguiendo la nomenclatura utilizada por éste. En la relación hay una mayoría aplastante de hombres, existiendo en el listado tres mujeres.
El hecho más importante es que en casi todos los casos relacionados, excepto en 18, ha sido inscrito el fallecimiento en el Registro Civil. Los nombres de ocho de los fallecidos de estos dieciocho casos no registrados oficialmente, figuran en el libro registro del cementerio, desconociéndose la razón por la que no fueron inscritos en el Registro Civil. Se han registrado en el listado todas aquellas personas cuyo fallecimiento constaba en alguna de las fuentes documentales consultadas, y que a través de ellas se pudiera deducir la identidad del represaliado. Se ha decidido no incluir cinco casos de los que teníamos constancia por los oficios de la Comandancia Militar, pero de los que nos fue imposible averiguar su identidad, al haberse perdido su rastro en los registros oficiales y desconocer si finalmente se llevó a cabo su ejecución.
Con la publicación de estos datos, los autores pretenden identificar y rescatar del olvido, con independencia de la actualidad existente en la Audiencia Nacional y en los distintos foros y asociaciones de la Memoria Histórica, a las personas fallecidas en la ciudad de Alcalá de Henares entre 1939 y 1948, en virtud de la ejecución de sentencia de la autoridad militar, competente en aquellos momentos para juzgar los hechos imputados a esas personas. Los autores, de momento, no entran a valorar los hechos en los que se basaron los tribunales militares para tomar la decisión de condenar a muerte a cerca de trescientas personas, al no haber sido posible consultar la documentación de los diferentes Consejos de Guerra que juzgaron a estas personas. Por tanto, no entramos a valorar si los que aquí figuran fueron condenados por su participación en delitos de sangre durante o con posterioridad a la guerra civil, por haber sido miembros de partidos políticos y/o sindicatos legales en el momento del golpe militar del 18 de julio de 1936, o sencillamente objeto de denuncia por terceros. Sin embargo, sí nos parece interesante explicar cómo funcionaban esos Consejos de Guerra, responsables de las muertes aquí relacionadas en el listado adjunto.
Unida a la relación detallada de todos los ejecutados se presentan dos cuadros, por meses y años, que identifican y facilitan el detalle de la magnitud de la represión durante la primera década de la posguerra en la ciudad de Alcalá de Henares.
El procedimiento de los Consejos de Guerra
Hay que preguntarse cómo estas 286 personas acabaron fusiladas en las tapias del cementerio o en la llamada “playa de los alemanes" en la zona de la Virgen del Val. Está claro que responde al fenómeno de la represión franquista, pero vamos a intentar explicar cómo fue el procedimiento de la llamada “represión legal", es decir, las penas de muerte que se ejecutaban en virtud de sentencia de Consejo de Guerra, aplicando el código de justicia militar, y no las producidas sin dejar rastro por partidas incontroladas de falangistas, y cuyas fosas improvisadas tratan ahora de ser localizadas gracias a la promulgación de la polémica Ley de la Memoria Histórica y a las justas reivindicaciones de sus familiares.
Los fusilamientos de Alcalá de Henares son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado. Durante la Guerra Civil, un Decreto de 28 de julio de 1936 establecía en la zona sublevada que “cualquier actuación política podía ser sometida a la jurisdicción de guerra, y, en todo caso, era la autoridad militar, previo informe del Auditor, a quien competía convertir el procedimiento sumarísimo en ordinario...". Esto demuestra que tras la victoria, el Estado quedaba en manos de los militares y su jurisdicción imperaría en todos los ámbitos. Se aplicaba el Código de Justicia Militar en su artículo 237, que castigaba la “rebelión militar" contra el gobierno de la República. Esto constituía un puro contrasentido, la “justicia al revés". Con ello el nuevo Régimen violaba varios principios básicos del derecho. El principal era que se aplicaba la ley de forma retroactiva: se les imputaba a los reos republicanos el delito de “adhesión a la rebelión", cuando habían sido los militares franquistas los que se habían sublevado contra el gobierno constitucional el 18 de julio de 1936. Se catalogaban como delitos aquellos que anteriormente no estaban penados y se les aplicaban penas extremas, sobre todo la pena de muerte, por estar afiliados a partidos políticos y sindicatos que habían sido plenamente legales durante la etapa republicana.
La primera ley represiva del nuevo Estado, la llamada “Ley de responsabilidades Políticas" de 9 de febrero de 1939, poco antes de terminar la contienda, establecía en su artículo 1 que “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave." Y en su Capítulo II, donde se establecían las causas de responsabilidad, se establecía que quedaban incursas en causas de responsabilidad las personas individuales que estuvieran en alguno de los siguientes supuestos:
1. Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma.
2. Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones que se mencionaban en el artículo 2, y que comprendían todas las existentes durante la República excepto los de derechas, así como las logias masónicas, y también se sancionaba haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones u organismos, tanto públicos como privados.
3. Haber figurado, antes del 18 de julio de 1936 como afiliado a los partidos, agrupaciones y asociaciones mencionadas.
4. Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil o calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, o haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular.
5. Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes de febrero de 1936, formando parte del gobierno que las convocó o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular.
6. Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería. Se consideraba agravante haber obtenido grados entre el 18 y el 33.
7. Haber excitado o inducido a la realización de algún acto contrario al Movimiento Nacional, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta o de la radio o de cualquier medio de comunicación, o bien en escritos.
Únicamente estaban exentos de responsabilidades los menores de 14 años, y había una serie de circunstancias atenuantes, como haber prestado servicios al Movimiento Nacional, haber sido herido en campaña en defensa de España (por supuesto, España sólo se defendía en el bando de los franquistas), haberse alistado voluntario en ese mismo patriótico bando, o haber perdido a un hijo o un padre en campaña, por supuesto en defensa del Movimiento, o haber sido éstos asesinados en “zona roja". Semejante aberración jurídica estuvo vigente hasta el 13 de abril de 1945.
El nuevo aparato jurídico que se crea se articula a través de los Consejos de Guerra de los tribunales de justicia militar, justicia extralimitada en sus funciones que había absorbido casi en su totalidad a la justicia ordinaria. Las leyes posteriores y hasta 1948, en que es suprimida la declaración del estado de guerra, insisten en los procedimientos de urgencia. Las irregularidades jurídicas se mantienen, pues, en la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, y en el decreto sobre bandidaje y terrorismo de 18 de abril de 1947.
Esta aplicación de bandos de guerra a civiles y militares llevaba aparejada la profusa celebración de Consejos de Guerra sumarísimos y de urgencia en los que el modelo básico de aplicación se repite: la máquina se solía poner en marcha como consecuencia de la presentación de denuncias provenientes de cualquier persona que podía conocer o no al acusado, a quien se le podía atribuir, sin prueba alguna, haber profesado unas ideas, haber votado, haber dado un subsidio para cualquiera de las organizaciones republicanas malditas. El denunciante podía ser anónimo y no necesitaba probar sus acusaciones, y nunca se le pedían cuentas por su acción, que le podía valer para hacer méritos de cara a su futuro o para ocultar su actuación en zona roja, o para saldar viejas cuentas económicas, sentimentales o personales con la persona acusada.
Una vez puesta la denuncia, se procedía a la detención del denunciado y se le conducía a comisaría o a alguno de los centros irregulares de detención que tanto proliferaron en el año 1939, y allí se iniciaba la etapa de “diligencias", que se llevaba a cabo sin asistencia letrada, sin saber el detenido el periodo de estancia, y sin saber los cargos que se le imputaban. En Alcalá de Henares, ciudad tradicionalmente penitenciaria, se amontonaban los presos en esos primeros meses de la posguerra, tanto en el centro penitenciario que había funcionado desde el siglo XIX como en el llamado “Manicomio", en la carretera de Meco, conjunto de edificaciones que nunca funcionaron como centro psiquiátrico y que actualmente alberga el acuartelamiento Primo de Rivera. Según el censo de población de 1940 (legajo 1159/1] del Archivo Municipal), en la ciudad complutense había los siguientes centros de internamiento con sus correspondientes internos:
a) Talleres Penitenciarios, antigua escuela de Reforma, 541 reclusos.
b) Talleres Penitenciarios, sección Casa de Trabajo, 2.739 reclusos.
c) Campo de concentración ‘Manicomio’, hoy prisión habilitada", según señala la inscripción del propio censo, 2.113 reclusos.
Estamos hablando de casi 4.000 presos en una ciudad que no llegaba a los 18.000 habitantes, y en la cual había otro contingente importante de casi 4.000 militares. Las mujeres no estaban excluidas de la condición de reclusas, y en la prisión del partido, habilitada para ellas, había 404 internas.
Tras esta declaración en comisaría, las pesquisas las llevaba a cabo el juez instructor, perteneciente al Juzgado Militar permanente, o bien la Comandancia Militar, organismos que se dirigían a las autoridades municipales y jefaturas locales de Falange, para que les remitiesen, con la mayor urgencia, informe de conducta social y política de las personas encausadas. Al acusado se le permitía contar con un defensor, cargo que tenía que ser desempeñado por un militar, al que ni siquiera se le exigía ser jurista, lo que agravaba las posibilidades de defensa, por lo que en muchas ocasiones este defensor se limitaba a solicitar clemencia y misericordia para su defendido.
Una vez redactado el auto de acusación, éste se elevaba a plenario, se realizaba la petición fiscal procediéndose a las diligencias de lectura de cargos al procesado y por último se fijaba fecha del Consejo de Guerra. Éstos eran habitualmente colectivos, y solían condenar también de la misma forma conjunta a la pena de muerte. Estos Consejos estaban compuestos por siete miembros, la mayoría militares: Presidente, tres vocales, ponente, fiscal y el ineficaz defensor, que muchas veces ni siquiera había visto o hablado con su defendido.
En las cárceles, las galerías de los condenados a muerte estaban repletas y durante meses o incluso años esperaban la llegada de la conmutación o de su “saca". Como puede comprobarse en el listado, los condenados a la máxima pena eran bastantes, cumpliéndose ésta sin mayor problema, sobre todo en los primeros meses. Contra esa sentencia no cabía recurso ni alegaciones. El último peldaño en el macabro trámite jurídico era el “enterado" del jefe del Estado, el general Franco. Por sus manos y las del asesor jurídico del Ministerio del Ejército, teniente coronel Martínez Fuset, pasaron todas las sentencias de muerte, decenas de miles en la posguerra. Las anotaciones que Franco ponía en las sentencias, mientras tomaba el café de sobremesa, eran la E, de enterado, o la C de conmutado. Para conocer el porcentaje de conmutaciones de pena faltan estudios precisos, pero por los estudios locales conocidos se desprende que fue aumentando a partir de 1939, y, de manera inversa, fue descendiendo el porcentaje de condenas a muerte. Los familiares desempeñaban un papel primordial en esta búsqueda de recomendaciones y avales que hiciera cambiar de opinión al Caudillo. Padres, esposas e hijos peregrinaron en una lucha contra reloj en busca de amigos o conocidos que quisieran interceder por ellos. Como siempre, los anónimos y analfabetos jornaleros tenían muy poco que hacer en ese sentido.
Una vez recibido el “Enterado", el procedimiento seguía su curso: el Consejo de Guerra ponía en práctica las diligencias de ejecución, debiendo el instructor comunicar al Gobernador Militar de la ciudad correspondiente el día y la hora en que sería cumplida la sentencia, para que éste designe juez a los efectos de notificación, contratación del vehículo correspondiente para trasladar a los presos al lugar de ejecución, nombramiento de piquete, así como otra farragosa burocracia gracias a la cual ha salido a la luz esta macabra historia en el archivo municipal alcalaíno: escritos y telegramas del Gobierno Militar de la plaza a la Alcaldía pidiendo féretros, así como la presencia en el acto final de dos personajes clave: el juez municipal y el médico forense. En el caso de la ciudad complutense los testigos habituales de los fusilamientos eran el Alcalde D. José Félix Huerta Calopa, hasta su cese en enero de 1941, siendo sustituido por D. Cayo del Campo, el Juez D. Lucas del Campo hasta 1941 en que fue sustituido por D. José Casado Moreno, y el médico forense D. Francisco Marcos Cazorla.
De 1939 a 1948
En primer lugar se han revisado los diferentes libros del Registro Civil en el que constan los fallecidos del periodo 1939-1948 y se han seleccionado los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio de todas aquellas personas cuya causa de muerte aparece reseñada como cualquiera de las siguientes: “shock traumático producido por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en cumplimiento de sentencia", “heridas mortales de necesidad por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en las tapias del cementerio", “por heridas recibidas en la ejecución de la sentencia de muerte que le fue impuesta".
A continuación han sido cruzados los datos de filiación con los proporcionados por las otras dos fuentes documentales consultadas, constatándose el hecho de que 18 personas no aparecen inscritas en el Registro Civil. En el caso de los comprendidos entre los números de orden 34 (Palacios González, Segundo) y 44 (Martínez Monge, Mariano), ambos inclusive, todos figuran en el Oficio de la Comandancia Militar al Alcalde alcalaíno fechado el 11 de junio de 1939 con nombre y apellidos, señalando el 13 de junio como fecha de la ejecución. Sólo uno de esta relación de once personas, aparece enterrado en el cementerio local. Se desconoce qué ocurrió con los demás, pudiendo contemplar varias posibilidades, desde un improbable indulto, un negligente olvido por parte de los funcionarios tanto del registro como del cementerio, hasta una auténtica “desaparición no legal", existiendo la remota posibilidad, no investigada hasta ahora, de que al ser diez de ellos de la localidad de Meco fueran enterrados en ésta, o en una fosa desconocida en la cuneta de la carretera. Difícil, pero no imposible, que tengamos algún caso en Alcalá de las polémicas fosas ilegales de republicanos desaparecidos. Otro caso, el de los comprendidos entre los números 270 (Jesús Carreras Olascoaga) y 277 (Manuel Lozar Félix) tampoco aparecen inscritos en el Registro Civil, pero sí figuran todos ellos en el libro registro diario de enterramientos municipal, y en fuentes escritas, como son los libros de memorias de dos compañeros que estuvieron presos con ellos en la cárcel de Alcalá: Manuel Amblard, en su Muerte después de Reyes, y Melque Rodríguez Chaos en 24 años de cárcel.
Se han estudiado los distintos Oficios de la Comandancia Militar dirigidos a los Alcaldes de Alcalá, D. José Félix Huerta Calopa y D. Cayo del Campo, principalmente, (el segundo estaría en su puesto hasta bien entrado 1945) en los que se les ordenaba que una vez notificados de la decisión del Tribunal sobre las ejecuciones a efectuar, hicieran todo lo que les correspondía para que fueran enterrados los cadáveres, además de proveer los oportunos ataúdes. Examinada la documentación correspondiente a los años 1939, 1940 y 1941, da un resultado de 254 personas ejecutadas, de un total de 286 del listado definitivo. Por consiguiente, ha sido comprobado, con esta documentación, un porcentaje cercano al 90%. Es necesario hacer notar que sólo en los documentos relativos a 1939 y a dos personas de 1941 se consignaba la identidad de los ejecutados. En los demás, a partir de 1939 únicamente aparece el número de ejecuciones a realizar. Se ha constatado la ausencia de algunos de los oficios de la Comandancia en estos años, a través del caso de 11 personas que están inscritas en los registros, pero de cuya ejecución no existe orden militar, seguramente por pérdida del documento que hacía referencia al hecho.
Por último, ha sido consultado el libro registro diario del cementerio municipal correspondiente a la década examinada. Han sido conciliados nombres y fechas que en él aparecen con la información obtenida en los documentos citados en los párrafos precedentes. En algunas ocasiones la pista sobre la posible condición de ejecutado la daba la anotación “O.C.M.", que suponemos hace relación a “orden de la Comandancia Militar", pero estas siglas no aparecen en todos los casos de ejecutados, sino únicamente en los casos en los que el muerto era indigente y no podía pagarse el entierro, en cuyo caso aparece precedido de la letra G, de gratis. Esto quiere decir que un investigador que hubiese consultado en primer lugar esta fuente documental no hubiera podido sacar el nombre de todos los represaliados, pues no todos aparecen con la anotación militar. En el caso de las personas cuyas familias pudieron pagar el entierro no hay ningún rastro que permita deducir la causa de su muerte. Pero una vez cruzados los datos de afiliación de los dos libros registro, tanto el del civil como el del cementerio, y como puede apreciarse en la relación adjunta, la concordancia en la mayoría de los casos es total. En este sentido el libro diario aporta datos, en ocasiones vagos, como es el caso de Mariano Iglesias Lorente quien aparece enterrado el 26 de junio “junto con dos más", así como el de Apolonio Romero de Lucas que figurando su enterramiento el 15 de junio, añade el comentario “junto con otros". En otros casos pudiera dar la impresión que el escribiente encargado de las inscripciones pudiera haber padecido algún tipo de olvido o confusión en las fechas. Tal es el caso de Eduardo Morales Blanco (n. 21) que fallecido el 2 de junio figura enterrado el 9 del mismo mes. Igual caso es el Ezequiel Gallego Martínez (n. 22), enterrado junto a Félix López Álvarez (n. 10) y Eugenio Mendieta (n. 11) el 4 de junio. Por otro lado, existen casos, no excesivos, pero sí superiores a la decena en los que en el libro del cementerio figuran enterrados dos días después de la ejecución y otros tantos, dato curioso, cuya fecha de enterramiento es anterior, en un día, a la de ejecución e inscripción en el Registro Civil.
Es digno de mención que en esos años y hasta el Concilio Vaticano II, concluido en 1965, existía arancel en los servicios eclesiásticos. Esto quería decir que éstos eran de diferentes clases, por los que se cobraban igualmente distintos importes. En todos los correspondientes a los fusilados figura la mención “3a" seguida de una G mayúscula, que identifica claramente la gratuidad del servicio, diferenciándolos de aquellos que reclamados por la familia eran enterrados en sepulturas determinadas, diferentes de la fosa común y por los que se solía pagar la cantidad de 15 ó 45 pesetas en éste último caso incluyendo enterramiento y féretro. Las personas que podían pagar sepultura solían coincidir con aquellos que tenían la familia en Alcalá o pueblos muy cercanos, o con aquellos cuyas profesiones les permitían mayor dispendio, como el caso del que fuera médico de Daganzo, Manuel Romero Mestas. Dato de contraste en lo referente a diferentes tasas municipales por diferentes servicios es la comparación en el mes de julio de 1939 entre los enterrados de forma gratuita, con las 100 pesetas con que figura el entierro de primera categoría de D. Francisco Huerta Calopa, hermano del entonces alcalde de la ciudad , muerto de forma repentina en ese mes.
La investigación ha concluido con una visita al cementerio local. La fosa común, más conocida en esos años como “el zanjón", estaba situada junto a la tapia sur, a la izquierda de la puerta de entrada. Allí fueron enterrados la mayoría de los fusilados en esta época que ahora se analiza. Hace algunos años, hacia finales de la década de los 50 o a principios de los 60, los fondos allí recogidos fueron removidos y trasladados al osario general situado en la zona norte. Por tanto resultaría imposible la pretensión de identificar los restos de los fusilados y allí enterrados, aunque sería una cuestión de humanidad hacer un reconocimiento público a esas personas anónimamente sepultadas en algún lugar del cementerio alcalaíno, poniendo una placa con sus nombres. De esta manera muchas familias tendrían un sitio donde poder honrar a sus muertos aunque fuera un poco tarde, tras más de 70 años de olvido. En esta misma zona sur del cementerio están ubicadas una serie de siete tumbas en las que en sus lápidas figuran escritos nombres de personas que a su vez aparecen en la lista que hoy se publica. Se trata de fusilados que, recogidos por sus familias, recibieron sepultura. Unos metros más adelante existe otro grupo de tumbas, no excesivamente numeroso, del mismo tipo de personas que el anterior. En conjunto son los menos, del total de casi trescientos que hoy se conocen con nombres y apellidos.
Cuadro mensual y anual de ejecuciones de la década
Con ánimo de facilitar una visión mas completa de los hechos que aquí se presentan, se muestran dos gráficos. Uno de ellos representa el número de ejecuciones anuales a lo largo del periodo y el otro el número mensual de las mismas, igualmente en esos diez años. Ambos dibujos son por sí solos representativos, pudiéndose obtener certeras conclusiones de los dos. La primera de ellas es clara y manifiesta. Existen dos grupos temporales de ejecuciones, claramente diferenciados. El primero cubre el periodo 1939-1942, en él se llevan a cabo el 89% de las mismas y corresponden en su mayor parte a sentencias por hechos ocurridos durante la guerra. El año 1943, al no existir ninguna ejecución puede considerarse como línea divisoria, para diferenciarle del segundo, mucho menos efectivo que el primero y en los que se juzgan hechos subversivos realizados contra el Estado franquista con posterioridad al final de la contienda. Como apunta el conjunto de autores de la obra Víctimas de la guerra civil, “Alcalá de Henares se especializó en la represión de la actividad política clandestina. Allí tenían lugar los consejos de guerra y las ejecuciones, bajo la batuta del instructor coronel Eymar. Uno de los incursos en aquellos sumarios, Melquesidez Rodríguez, ha escrito sobre una de las sacas, la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1944. Hubo once victimas". El dato no sólo es cierto sino que puede comprobarse la exactitud en su totalidad, simplemente contando las victimas de esa fecha en la lista adjunta.
Más complicado resulta el análisis de las ejecuciones llevadas a cabo por meses durante la década. ¿Por qué sobresalen los meses de junio y noviembre muy por encima de los demás? Difícil de responder. Los autores comprometen su postura y opinan lo siguiente:
a. En junio de los dos primeros años, sumando ambos, tiene lugar el mayor número de ejecuciones (70) de la década. En 1939, la mayoría (22 de 34, el 64%) corresponden a la localidad de Meco. Encontrar una lógica de este mes en los dos años, “a priori" resulta complicado. Pudiera haber existido algún tipo de influencia entre los meses de abril y mayo de ese año, por parte de las nuevas autoridades de Meco, para tratar de resolver cuanto antes los casos de los detenidos de esta localidad y presentar como caso ejemplarizante su rápida y pronta, además de satisfactoria para los fines de los nuevos gobernantes, solución. De seguir con el mismo tipo de razonamiento para el año siguiente habría que pensar de la misma manera pero ahora en las localidades de Campo Real (9 sobre 31, 29%), Torres de la Alameda (5 sobre 31, 16%), y Pozuelo del Rey (4 sobre 31, 12%), lo que explicaría un colectivo cercano al 60%, de ser cierta la apreciación aquí mostrada, la cual no pasa de ser algo gratuita al no estar soportada por ningún tipo de documentación.
b. El mes siguiente en número de ejecuciones es noviembre. En este caso pudiera haber existido una explicación, más documentada que la anterior, según la cual, noviembre era el mes en el que se cumplía el tercer aniversario del fusilamiento en Alicante del Fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera (la fecha exacta como es conocido fue la del día 20) y en el que fueron trasladados sus restos a pie, desde esa ciudad hasta el monasterio de El Escorial. Era conocido que coincidiendo con el paso de la comitiva fúnebre, los fusilamientos se acrecentaban. Pudiera ser una razón, pero en el caso de Alcalá no coinciden con exactitud las fechas. El traslado se inicia el día 20 en Alicante, llegando a Madrid el 28 del mismo mes de noviembre, siendo el entierro en el monasterio escurialense el día 30.
Sorprende, de todos modos, el número de ejecuciones en un solo mes y más todavía que se llevan a cabo en solo tres días. El resumen no puede dejar frío a nadie: 13 de noviembre, 12 ejecuciones; 17 de noviembre, 19 ejecuciones; 22 de noviembre, 20 ejecuciones; en total del mes, 51 ejecuciones.
c. Igualmente sorprende que en 1939 no hubiera ejecuciones durante los meses de agosto y septiembre. Una razón pudiera ser la de su coincidencia con el incendio del Archivo General Central, sito en el Palacio Arzobispal y en aquellos meses ocupado por tropas del ejército. En el suceso intervino la justicia militar, como no podía ser de otra forma y quizás por esta razón, unida a las enormes dudas surgidas acerca de los auténticos autores del incendio, podría haber sido la causa de que por este hecho, la justicia militar estuviera ocupada en otros menesteres y aplazara la continuidad de los consejos de guerra. La primera autoridad militar alcalaína era D. José Ma. Calvo Jiménez quien a su vez sería el firmante de las comunicaciones de la Comandancia Militar, sobre el asunto de los fusilamientos, hasta agosto de 1939, fecha en la que sería sustituido, presumiblemente a causa del incendio, pero sin que conste en su hoja de servicios ninguna mención al mismo, a pesar de ser el máximo responsable militar y haberse incendiado un edificio de uso estrictamente militar.
d. Durante el mes de diciembre, únicamente el primer año, 1939, se llevaron a cabo ejecuciones. Era común y además conocido que por Navidad no se fusilaba. De ahí que la última del año se efectuara el 19 de diciembre y la siguiente un mes después, el 18 de enero.
Conclusiones
Con independencia de posteriores análisis, que sin duda se efectuarán en próximas fechas y que versarán sobre lugares de procedencia, sucesos acaecidos en ellos, profesión y edad de los presentes en la relación ahora presentada, los autores consideran lo siguiente:
a. Los datos aquí expuestos quieren y pretenden contribuir a un mayor y especifico conocimiento de lo que fue el final de la guerra civil en Alcalá de Henares y el inicio de la larga posguerra.
b. Se trata, por otro lado, de un reconocimiento a personas que en su mayor parte no debieron tener ninguna relación con delitos de sangre, nunca tuvieron el más mínimo reconocimiento, habiendo sufrido el mismo o peor trato que los asesinados del lado franquista, sin que por supuesto fueran recordadas de la misma manera que éstos.
c. No existe ánimo ninguno de comparar cifras de ambos lados. La existencia de un solo asesinato por cualquiera de los lados contendientes, debería haber constituido un acto vergonzante del modo de ser de los españoles del primer tercio del siglo XX.
d. Por último, es necesario reconocer que en ambos casos, tanto en el colectivo de personas que figuran desde hace mas de 70 años en lápidas expuestas en las iglesias alcalaínas como en el listado que ahora sale a la luz, hay nombres de personas que sin ser naturales o estar domiciliadas en esta ciudad, fueron aquí asesinadas y enterradas, pasando a formar parte del acervo histórico complutense, del que en ninguno de los dos casos podemos sentirnos orgullosos, pero que es obligación dar a conocer para que actos tan irracionales no se repitan jamás.
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Un fontanero y 285 fusilados más
Escrito por José María San Luciano y Pilar Lledó Collada
Según el censo de 1940, en los tres centros penitenciarios de la ciudad había cerca de 4.000 reclusos. La población de Alcalá no llegaba a los 18.000 habitantes
Entre el mes de abril de 1939 y diciembre de 1948 fueron fusiladas 286 personas en la ciudad
Los fusilamientos de Alcalá son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado tras la contienda
Los fusilamientos se llevaban a cabo en las tapias del cementerio o en los alrededores de la ermita del Val
Sólo haberse significado públicamente en favor del Frente Popular ya era motivo para ir ante el tribunal militar
El pasado 9 de septiembre el investigador local José María San Luciano publicaba en estas páginas la tribuna titulada ‘Si Garzón preguntara en Alcalá...’ en la que daba cuenta de los fusilamientos que se produjeron en la ciudad en los tres años siguientes al final de la guerra civil. Aquel artículo tuvo una gran repercusión local y regional y el autor decidió emprender una investigación más precisa y detallada de los modos y el alcance de la “represión legal” que llevó a cabo la justicia militar del Régimen franquista en la ciudad entre los años 1939 y 1948. Para ello, San Luciano ha contado con la colaboración de la historiadora Pilar Lledó Collada. Juntos han elaborado la lista de las 286 personas fusiladas en aquel periodo que se publicará en nuestra edición de mañana. Hoy se ofrece una introducción de este concienzudo trabajo de investigación.
La polémica surgida a raíz de las ultimas actuaciones del juez Garzón continúa, y en la actualidad la discusión se mantiene entre el propio juez y la fiscalía, ambas de la Audiencia Nacional, para dilucidar si el magistrado es competente para juzgar los hechos acaecidos en España desde el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y con posterioridad a éste, en lo referente a fusilamientos y personas desaparecidas, considerando a la vez si estos hechos pudieran ser calificados o no como delitos contra la humanidad.
Al mismo tiempo, y al amparo de la no menos polémica Ley sobre la Memoria Histórica, han sido presentadas en la misma Audiencia Nacional relación de personas fusiladas y/o desaparecidas en el periodo antes considerado, con idea de contribuir al proceso iniciado por el juez Garzón y que el número, en verdad abultado, contribuya por la vía de la cantidad a la calificación de la actuación del Franquismo como delitos contra la humanidad.
En las páginas de este mismo Diario, el pasado 9 de septiembre, uno de los firmantes de este trabajo publicaba un articulo en el que se hacía eco de la documentación existente en el Archivo Municipal alcalaíno, de la que no era difícil deducir que en el periodo comprendido entre los meses de abril y diciembre del año 1939 y los periodos completos de los años 1940 y 1941 habían sido ejecutadas en Alcalá de Henares, una vez juzgadas y sentenciadas por Tribunales Militares, más de 250 personas. Al coincidir su aparición con noticias de ámbito nacional acerca de fosas de personas desaparecidas, el mencionado artículo creó una cierta polémica, superior a la propia intención del autor, la cual no se extendía más allá de dar a conocer unos hechos constatados en una documentación al alcance de cualquier persona interesada, al ser el archivo municipal de público acceso.
Ahora, con la intención de aclarar lo entonces comentado, se avanza un paso más y se publica relación detallada de personas fusiladas en Alcalá de Henares durante el periodo de tiempo comprendido entre abril de 1939 y diciembre de 1948. No se trata de una lista definitiva, pues existe la posibilidad de que pudieran aparecer nombres de desaparecidos no inscritos en los registros oficiales, pero los autores del presente artículo se han basado en la información proporcionada por las fuentes documentales, donde se registraba la llamada “represión legal", es decir, los condenados eran fusilados en cumplimiento de la pena de muerte sentenciada por Consejo Militar. Se ha contrastado y conciliado la información proporcionada por estas fuentes, que han sido las siguientes:
a) Registro Civil. Libros registro de inscripción de defunciones, numerados entre el 75 y el 85, y que comprenden las fechas objeto de este estudio, es decir, entre abril de 1939 y diciembre de 1948 conservadas en el Juzgado Municipal de esta ciudad.
b) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. Libro registro diario de enterramientos del cementerio alcalaíno, actualmente con la signatura “leg. 1146/2" del archivo municipal; y por último
c) Archivo Municipal de Alcalá de Henares. La documentación que originó el artículo del día 9 de septiembre. Los oficios de la autoridad militar al alcalde alcalaíno comunicándole las ejecuciones previstas para los años 1939, 1940 y 1941.
Se presenta en esta ocasión una relación de 286 personas, en la que constan nombre y apellidos, fecha de ejecución, profesión, localidad en la que se encontraban domiciliados, edad que tenían en el momento de su muerte por arma de fuego y referencia del lugar exacto de enterramiento en el cementerio alcalaíno, siguiendo la nomenclatura utilizada por éste. En la relación hay una mayoría aplastante de hombres, existiendo en el listado tres mujeres.
El hecho más importante es que en casi todos los casos relacionados, excepto en 18, ha sido inscrito el fallecimiento en el Registro Civil. Los nombres de ocho de los fallecidos de estos dieciocho casos no registrados oficialmente, figuran en el libro registro del cementerio, desconociéndose la razón por la que no fueron inscritos en el Registro Civil. Se han registrado en el listado todas aquellas personas cuyo fallecimiento constaba en alguna de las fuentes documentales consultadas, y que a través de ellas se pudiera deducir la identidad del represaliado. Se ha decidido no incluir cinco casos de los que teníamos constancia por los oficios de la Comandancia Militar, pero de los que nos fue imposible averiguar su identidad, al haberse perdido su rastro en los registros oficiales y desconocer si finalmente se llevó a cabo su ejecución.
Con la publicación de estos datos, los autores pretenden identificar y rescatar del olvido, con independencia de la actualidad existente en la Audiencia Nacional y en los distintos foros y asociaciones de la Memoria Histórica, a las personas fallecidas en la ciudad de Alcalá de Henares entre 1939 y 1948, en virtud de la ejecución de sentencia de la autoridad militar, competente en aquellos momentos para juzgar los hechos imputados a esas personas. Los autores, de momento, no entran a valorar los hechos en los que se basaron los tribunales militares para tomar la decisión de condenar a muerte a cerca de trescientas personas, al no haber sido posible consultar la documentación de los diferentes Consejos de Guerra que juzgaron a estas personas. Por tanto, no entramos a valorar si los que aquí figuran fueron condenados por su participación en delitos de sangre durante o con posterioridad a la guerra civil, por haber sido miembros de partidos políticos y/o sindicatos legales en el momento del golpe militar del 18 de julio de 1936, o sencillamente objeto de denuncia por terceros. Sin embargo, sí nos parece interesante explicar cómo funcionaban esos Consejos de Guerra, responsables de las muertes aquí relacionadas en el listado adjunto.
Unida a la relación detallada de todos los ejecutados se presentan dos cuadros, por meses y años, que identifican y facilitan el detalle de la magnitud de la represión durante la primera década de la posguerra en la ciudad de Alcalá de Henares.
El procedimiento de los Consejos de Guerra
Hay que preguntarse cómo estas 286 personas acabaron fusiladas en las tapias del cementerio o en la llamada “playa de los alemanes" en la zona de la Virgen del Val. Está claro que responde al fenómeno de la represión franquista, pero vamos a intentar explicar cómo fue el procedimiento de la llamada “represión legal", es decir, las penas de muerte que se ejecutaban en virtud de sentencia de Consejo de Guerra, aplicando el código de justicia militar, y no las producidas sin dejar rastro por partidas incontroladas de falangistas, y cuyas fosas improvisadas tratan ahora de ser localizadas gracias a la promulgación de la polémica Ley de la Memoria Histórica y a las justas reivindicaciones de sus familiares.
Los fusilamientos de Alcalá de Henares son fruto de la labor del Consejo de Guerra permanente aquí instalado. Durante la Guerra Civil, un Decreto de 28 de julio de 1936 establecía en la zona sublevada que “cualquier actuación política podía ser sometida a la jurisdicción de guerra, y, en todo caso, era la autoridad militar, previo informe del Auditor, a quien competía convertir el procedimiento sumarísimo en ordinario...". Esto demuestra que tras la victoria, el Estado quedaba en manos de los militares y su jurisdicción imperaría en todos los ámbitos. Se aplicaba el Código de Justicia Militar en su artículo 237, que castigaba la “rebelión militar" contra el gobierno de la República. Esto constituía un puro contrasentido, la “justicia al revés". Con ello el nuevo Régimen violaba varios principios básicos del derecho. El principal era que se aplicaba la ley de forma retroactiva: se les imputaba a los reos republicanos el delito de “adhesión a la rebelión", cuando habían sido los militares franquistas los que se habían sublevado contra el gobierno constitucional el 18 de julio de 1936. Se catalogaban como delitos aquellos que anteriormente no estaban penados y se les aplicaban penas extremas, sobre todo la pena de muerte, por estar afiliados a partidos políticos y sindicatos que habían sido plenamente legales durante la etapa republicana.
La primera ley represiva del nuevo Estado, la llamada “Ley de responsabilidades Políticas" de 9 de febrero de 1939, poco antes de terminar la contienda, establecía en su artículo 1 que “Se declara la responsabilidad política de las personas, tanto jurídicas como físicas, que desde el 1 de octubre de 1934 y antes del 18 de julio de 1936, contribuyeron a crear o a agravar la subversión de todo orden de que se hizo víctima a España, y de aquellas otras que, a partir de la segunda de dichas fechas, se hayan opuesto o se opongan al Movimiento Nacional con actos concretos o con pasividad grave." Y en su Capítulo II, donde se establecían las causas de responsabilidad, se establecía que quedaban incursas en causas de responsabilidad las personas individuales que estuvieran en alguno de los siguientes supuestos:
1. Haber sido o ser condenado por la jurisdicción militar por alguno de los delitos de rebelión, adhesión, auxilio, provocación, inducción o excitación de la misma.
2. Haber desempeñado cargos directivos en los partidos, agrupaciones y asociaciones que se mencionaban en el artículo 2, y que comprendían todas las existentes durante la República excepto los de derechas, así como las logias masónicas, y también se sancionaba haber ostentado la representación de los mismos en cualquier clase de Corporaciones u organismos, tanto públicos como privados.
3. Haber figurado, antes del 18 de julio de 1936 como afiliado a los partidos, agrupaciones y asociaciones mencionadas.
4. Haber desempeñado cargos o misiones de carácter político o administrativo de índole civil o calificada confianza por nombramiento del Gobierno del Frente Popular, o haberse significado públicamente por la intensidad o por la eficacia de su actuación a favor del Frente Popular.
5. Haber convocado las elecciones para Diputados a Cortes de febrero de 1936, formando parte del gobierno que las convocó o desempeñado altos cargos con el mismo, o haber sido candidato, apoderado o interventor de cualquiera de los partidos del Frente Popular.
6. Pertenecer o haber pertenecido a la Masonería. Se consideraba agravante haber obtenido grados entre el 18 y el 33.
7. Haber excitado o inducido a la realización de algún acto contrario al Movimiento Nacional, bien sea de palabra, bien por medio de la imprenta o de la radio o de cualquier medio de comunicación, o bien en escritos.
Únicamente estaban exentos de responsabilidades los menores de 14 años, y había una serie de circunstancias atenuantes, como haber prestado servicios al Movimiento Nacional, haber sido herido en campaña en defensa de España (por supuesto, España sólo se defendía en el bando de los franquistas), haberse alistado voluntario en ese mismo patriótico bando, o haber perdido a un hijo o un padre en campaña, por supuesto en defensa del Movimiento, o haber sido éstos asesinados en “zona roja". Semejante aberración jurídica estuvo vigente hasta el 13 de abril de 1945.
El nuevo aparato jurídico que se crea se articula a través de los Consejos de Guerra de los tribunales de justicia militar, justicia extralimitada en sus funciones que había absorbido casi en su totalidad a la justicia ordinaria. Las leyes posteriores y hasta 1948, en que es suprimida la declaración del estado de guerra, insisten en los procedimientos de urgencia. Las irregularidades jurídicas se mantienen, pues, en la Ley de Represión contra la Masonería y el Comunismo de 1 de marzo de 1940, y en el decreto sobre bandidaje y terrorismo de 18 de abril de 1947.
Esta aplicación de bandos de guerra a civiles y militares llevaba aparejada la profusa celebración de Consejos de Guerra sumarísimos y de urgencia en los que el modelo básico de aplicación se repite: la máquina se solía poner en marcha como consecuencia de la presentación de denuncias provenientes de cualquier persona que podía conocer o no al acusado, a quien se le podía atribuir, sin prueba alguna, haber profesado unas ideas, haber votado, haber dado un subsidio para cualquiera de las organizaciones republicanas malditas. El denunciante podía ser anónimo y no necesitaba probar sus acusaciones, y nunca se le pedían cuentas por su acción, que le podía valer para hacer méritos de cara a su futuro o para ocultar su actuación en zona roja, o para saldar viejas cuentas económicas, sentimentales o personales con la persona acusada.
Una vez puesta la denuncia, se procedía a la detención del denunciado y se le conducía a comisaría o a alguno de los centros irregulares de detención que tanto proliferaron en el año 1939, y allí se iniciaba la etapa de “diligencias", que se llevaba a cabo sin asistencia letrada, sin saber el detenido el periodo de estancia, y sin saber los cargos que se le imputaban. En Alcalá de Henares, ciudad tradicionalmente penitenciaria, se amontonaban los presos en esos primeros meses de la posguerra, tanto en el centro penitenciario que había funcionado desde el siglo XIX como en el llamado “Manicomio", en la carretera de Meco, conjunto de edificaciones que nunca funcionaron como centro psiquiátrico y que actualmente alberga el acuartelamiento Primo de Rivera. Según el censo de población de 1940 (legajo 1159/1] del Archivo Municipal), en la ciudad complutense había los siguientes centros de internamiento con sus correspondientes internos:
a) Talleres Penitenciarios, antigua escuela de Reforma, 541 reclusos.
b) Talleres Penitenciarios, sección Casa de Trabajo, 2.739 reclusos.
c) Campo de concentración ‘Manicomio’, hoy prisión habilitada", según señala la inscripción del propio censo, 2.113 reclusos.
Estamos hablando de casi 4.000 presos en una ciudad que no llegaba a los 18.000 habitantes, y en la cual había otro contingente importante de casi 4.000 militares. Las mujeres no estaban excluidas de la condición de reclusas, y en la prisión del partido, habilitada para ellas, había 404 internas.
Tras esta declaración en comisaría, las pesquisas las llevaba a cabo el juez instructor, perteneciente al Juzgado Militar permanente, o bien la Comandancia Militar, organismos que se dirigían a las autoridades municipales y jefaturas locales de Falange, para que les remitiesen, con la mayor urgencia, informe de conducta social y política de las personas encausadas. Al acusado se le permitía contar con un defensor, cargo que tenía que ser desempeñado por un militar, al que ni siquiera se le exigía ser jurista, lo que agravaba las posibilidades de defensa, por lo que en muchas ocasiones este defensor se limitaba a solicitar clemencia y misericordia para su defendido.
Una vez redactado el auto de acusación, éste se elevaba a plenario, se realizaba la petición fiscal procediéndose a las diligencias de lectura de cargos al procesado y por último se fijaba fecha del Consejo de Guerra. Éstos eran habitualmente colectivos, y solían condenar también de la misma forma conjunta a la pena de muerte. Estos Consejos estaban compuestos por siete miembros, la mayoría militares: Presidente, tres vocales, ponente, fiscal y el ineficaz defensor, que muchas veces ni siquiera había visto o hablado con su defendido.
En las cárceles, las galerías de los condenados a muerte estaban repletas y durante meses o incluso años esperaban la llegada de la conmutación o de su “saca". Como puede comprobarse en el listado, los condenados a la máxima pena eran bastantes, cumpliéndose ésta sin mayor problema, sobre todo en los primeros meses. Contra esa sentencia no cabía recurso ni alegaciones. El último peldaño en el macabro trámite jurídico era el “enterado" del jefe del Estado, el general Franco. Por sus manos y las del asesor jurídico del Ministerio del Ejército, teniente coronel Martínez Fuset, pasaron todas las sentencias de muerte, decenas de miles en la posguerra. Las anotaciones que Franco ponía en las sentencias, mientras tomaba el café de sobremesa, eran la E, de enterado, o la C de conmutado. Para conocer el porcentaje de conmutaciones de pena faltan estudios precisos, pero por los estudios locales conocidos se desprende que fue aumentando a partir de 1939, y, de manera inversa, fue descendiendo el porcentaje de condenas a muerte. Los familiares desempeñaban un papel primordial en esta búsqueda de recomendaciones y avales que hiciera cambiar de opinión al Caudillo. Padres, esposas e hijos peregrinaron en una lucha contra reloj en busca de amigos o conocidos que quisieran interceder por ellos. Como siempre, los anónimos y analfabetos jornaleros tenían muy poco que hacer en ese sentido.
Una vez recibido el “Enterado", el procedimiento seguía su curso: el Consejo de Guerra ponía en práctica las diligencias de ejecución, debiendo el instructor comunicar al Gobernador Militar de la ciudad correspondiente el día y la hora en que sería cumplida la sentencia, para que éste designe juez a los efectos de notificación, contratación del vehículo correspondiente para trasladar a los presos al lugar de ejecución, nombramiento de piquete, así como otra farragosa burocracia gracias a la cual ha salido a la luz esta macabra historia en el archivo municipal alcalaíno: escritos y telegramas del Gobierno Militar de la plaza a la Alcaldía pidiendo féretros, así como la presencia en el acto final de dos personajes clave: el juez municipal y el médico forense. En el caso de la ciudad complutense los testigos habituales de los fusilamientos eran el Alcalde D. José Félix Huerta Calopa, hasta su cese en enero de 1941, siendo sustituido por D. Cayo del Campo, el Juez D. Lucas del Campo hasta 1941 en que fue sustituido por D. José Casado Moreno, y el médico forense D. Francisco Marcos Cazorla.
De 1939 a 1948
En primer lugar se han revisado los diferentes libros del Registro Civil en el que constan los fallecidos del periodo 1939-1948 y se han seleccionado los nombres, apellidos, edad, profesión y domicilio de todas aquellas personas cuya causa de muerte aparece reseñada como cualquiera de las siguientes: “shock traumático producido por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en cumplimiento de sentencia", “heridas mortales de necesidad por arma de fuego", “muerto violentamente por arma de fuego en las tapias del cementerio", “por heridas recibidas en la ejecución de la sentencia de muerte que le fue impuesta".
A continuación han sido cruzados los datos de filiación con los proporcionados por las otras dos fuentes documentales consultadas, constatándose el hecho de que 18 personas no aparecen inscritas en el Registro Civil. En el caso de los comprendidos entre los números de orden 34 (Palacios González, Segundo) y 44 (Martínez Monge, Mariano), ambos inclusive, todos figuran en el Oficio de la Comandancia Militar al Alcalde alcalaíno fechado el 11 de junio de 1939 con nombre y apellidos, señalando el 13 de junio como fecha de la ejecución. Sólo uno de esta relación de once personas, aparece enterrado en el cementerio local. Se desconoce qué ocurrió con los demás, pudiendo contemplar varias posibilidades, desde un improbable indulto, un negligente olvido por parte de los funcionarios tanto del registro como del cementerio, hasta una auténtica “desaparición no legal", existiendo la remota posibilidad, no investigada hasta ahora, de que al ser diez de ellos de la localidad de Meco fueran enterrados en ésta, o en una fosa desconocida en la cuneta de la carretera. Difícil, pero no imposible, que tengamos algún caso en Alcalá de las polémicas fosas ilegales de republicanos desaparecidos. Otro caso, el de los comprendidos entre los números 270 (Jesús Carreras Olascoaga) y 277 (Manuel Lozar Félix) tampoco aparecen inscritos en el Registro Civil, pero sí figuran todos ellos en el libro registro diario de enterramientos municipal, y en fuentes escritas, como son los libros de memorias de dos compañeros que estuvieron presos con ellos en la cárcel de Alcalá: Manuel Amblard, en su Muerte después de Reyes, y Melque Rodríguez Chaos en 24 años de cárcel.
Se han estudiado los distintos Oficios de la Comandancia Militar dirigidos a los Alcaldes de Alcalá, D. José Félix Huerta Calopa y D. Cayo del Campo, principalmente, (el segundo estaría en su puesto hasta bien entrado 1945) en los que se les ordenaba que una vez notificados de la decisión del Tribunal sobre las ejecuciones a efectuar, hicieran todo lo que les correspondía para que fueran enterrados los cadáveres, además de proveer los oportunos ataúdes. Examinada la documentación correspondiente a los años 1939, 1940 y 1941, da un resultado de 254 personas ejecutadas, de un total de 286 del listado definitivo. Por consiguiente, ha sido comprobado, con esta documentación, un porcentaje cercano al 90%. Es necesario hacer notar que sólo en los documentos relativos a 1939 y a dos personas de 1941 se consignaba la identidad de los ejecutados. En los demás, a partir de 1939 únicamente aparece el número de ejecuciones a realizar. Se ha constatado la ausencia de algunos de los oficios de la Comandancia en estos años, a través del caso de 11 personas que están inscritas en los registros, pero de cuya ejecución no existe orden militar, seguramente por pérdida del documento que hacía referencia al hecho.
Por último, ha sido consultado el libro registro diario del cementerio municipal correspondiente a la década examinada. Han sido conciliados nombres y fechas que en él aparecen con la información obtenida en los documentos citados en los párrafos precedentes. En algunas ocasiones la pista sobre la posible condición de ejecutado la daba la anotación “O.C.M.", que suponemos hace relación a “orden de la Comandancia Militar", pero estas siglas no aparecen en todos los casos de ejecutados, sino únicamente en los casos en los que el muerto era indigente y no podía pagarse el entierro, en cuyo caso aparece precedido de la letra G, de gratis. Esto quiere decir que un investigador que hubiese consultado en primer lugar esta fuente documental no hubiera podido sacar el nombre de todos los represaliados, pues no todos aparecen con la anotación militar. En el caso de las personas cuyas familias pudieron pagar el entierro no hay ningún rastro que permita deducir la causa de su muerte. Pero una vez cruzados los datos de afiliación de los dos libros registro, tanto el del civil como el del cementerio, y como puede apreciarse en la relación adjunta, la concordancia en la mayoría de los casos es total. En este sentido el libro diario aporta datos, en ocasiones vagos, como es el caso de Mariano Iglesias Lorente quien aparece enterrado el 26 de junio “junto con dos más", así como el de Apolonio Romero de Lucas que figurando su enterramiento el 15 de junio, añade el comentario “junto con otros". En otros casos pudiera dar la impresión que el escribiente encargado de las inscripciones pudiera haber padecido algún tipo de olvido o confusión en las fechas. Tal es el caso de Eduardo Morales Blanco (n. 21) que fallecido el 2 de junio figura enterrado el 9 del mismo mes. Igual caso es el Ezequiel Gallego Martínez (n. 22), enterrado junto a Félix López Álvarez (n. 10) y Eugenio Mendieta (n. 11) el 4 de junio. Por otro lado, existen casos, no excesivos, pero sí superiores a la decena en los que en el libro del cementerio figuran enterrados dos días después de la ejecución y otros tantos, dato curioso, cuya fecha de enterramiento es anterior, en un día, a la de ejecución e inscripción en el Registro Civil.
Es digno de mención que en esos años y hasta el Concilio Vaticano II, concluido en 1965, existía arancel en los servicios eclesiásticos. Esto quería decir que éstos eran de diferentes clases, por los que se cobraban igualmente distintos importes. En todos los correspondientes a los fusilados figura la mención “3a" seguida de una G mayúscula, que identifica claramente la gratuidad del servicio, diferenciándolos de aquellos que reclamados por la familia eran enterrados en sepulturas determinadas, diferentes de la fosa común y por los que se solía pagar la cantidad de 15 ó 45 pesetas en éste último caso incluyendo enterramiento y féretro. Las personas que podían pagar sepultura solían coincidir con aquellos que tenían la familia en Alcalá o pueblos muy cercanos, o con aquellos cuyas profesiones les permitían mayor dispendio, como el caso del que fuera médico de Daganzo, Manuel Romero Mestas. Dato de contraste en lo referente a diferentes tasas municipales por diferentes servicios es la comparación en el mes de julio de 1939 entre los enterrados de forma gratuita, con las 100 pesetas con que figura el entierro de primera categoría de D. Francisco Huerta Calopa, hermano del entonces alcalde de la ciudad , muerto de forma repentina en ese mes.
La investigación ha concluido con una visita al cementerio local. La fosa común, más conocida en esos años como “el zanjón", estaba situada junto a la tapia sur, a la izquierda de la puerta de entrada. Allí fueron enterrados la mayoría de los fusilados en esta época que ahora se analiza. Hace algunos años, hacia finales de la década de los 50 o a principios de los 60, los fondos allí recogidos fueron removidos y trasladados al osario general situado en la zona norte. Por tanto resultaría imposible la pretensión de identificar los restos de los fusilados y allí enterrados, aunque sería una cuestión de humanidad hacer un reconocimiento público a esas personas anónimamente sepultadas en algún lugar del cementerio alcalaíno, poniendo una placa con sus nombres. De esta manera muchas familias tendrían un sitio donde poder honrar a sus muertos aunque fuera un poco tarde, tras más de 70 años de olvido. En esta misma zona sur del cementerio están ubicadas una serie de siete tumbas en las que en sus lápidas figuran escritos nombres de personas que a su vez aparecen en la lista que hoy se publica. Se trata de fusilados que, recogidos por sus familias, recibieron sepultura. Unos metros más adelante existe otro grupo de tumbas, no excesivamente numeroso, del mismo tipo de personas que el anterior. En conjunto son los menos, del total de casi trescientos que hoy se conocen con nombres y apellidos.
Cuadro mensual y anual de ejecuciones de la década
Con ánimo de facilitar una visión mas completa de los hechos que aquí se presentan, se muestran dos gráficos. Uno de ellos representa el número de ejecuciones anuales a lo largo del periodo y el otro el número mensual de las mismas, igualmente en esos diez años. Ambos dibujos son por sí solos representativos, pudiéndose obtener certeras conclusiones de los dos. La primera de ellas es clara y manifiesta. Existen dos grupos temporales de ejecuciones, claramente diferenciados. El primero cubre el periodo 1939-1942, en él se llevan a cabo el 89% de las mismas y corresponden en su mayor parte a sentencias por hechos ocurridos durante la guerra. El año 1943, al no existir ninguna ejecución puede considerarse como línea divisoria, para diferenciarle del segundo, mucho menos efectivo que el primero y en los que se juzgan hechos subversivos realizados contra el Estado franquista con posterioridad al final de la contienda. Como apunta el conjunto de autores de la obra Víctimas de la guerra civil, “Alcalá de Henares se especializó en la represión de la actividad política clandestina. Allí tenían lugar los consejos de guerra y las ejecuciones, bajo la batuta del instructor coronel Eymar. Uno de los incursos en aquellos sumarios, Melquesidez Rodríguez, ha escrito sobre una de las sacas, la que tuvo lugar el 14 de octubre de 1944. Hubo once victimas". El dato no sólo es cierto sino que puede comprobarse la exactitud en su totalidad, simplemente contando las victimas de esa fecha en la lista adjunta.
Más complicado resulta el análisis de las ejecuciones llevadas a cabo por meses durante la década. ¿Por qué sobresalen los meses de junio y noviembre muy por encima de los demás? Difícil de responder. Los autores comprometen su postura y opinan lo siguiente:
a. En junio de los dos primeros años, sumando ambos, tiene lugar el mayor número de ejecuciones (70) de la década. En 1939, la mayoría (22 de 34, el 64%) corresponden a la localidad de Meco. Encontrar una lógica de este mes en los dos años, “a priori" resulta complicado. Pudiera haber existido algún tipo de influencia entre los meses de abril y mayo de ese año, por parte de las nuevas autoridades de Meco, para tratar de resolver cuanto antes los casos de los detenidos de esta localidad y presentar como caso ejemplarizante su rápida y pronta, además de satisfactoria para los fines de los nuevos gobernantes, solución. De seguir con el mismo tipo de razonamiento para el año siguiente habría que pensar de la misma manera pero ahora en las localidades de Campo Real (9 sobre 31, 29%), Torres de la Alameda (5 sobre 31, 16%), y Pozuelo del Rey (4 sobre 31, 12%), lo que explicaría un colectivo cercano al 60%, de ser cierta la apreciación aquí mostrada, la cual no pasa de ser algo gratuita al no estar soportada por ningún tipo de documentación.
b. El mes siguiente en número de ejecuciones es noviembre. En este caso pudiera haber existido una explicación, más documentada que la anterior, según la cual, noviembre era el mes en el que se cumplía el tercer aniversario del fusilamiento en Alicante del Fundador de Falange, José Antonio Primo de Rivera (la fecha exacta como es conocido fue la del día 20) y en el que fueron trasladados sus restos a pie, desde esa ciudad hasta el monasterio de El Escorial. Era conocido que coincidiendo con el paso de la comitiva fúnebre, los fusilamientos se acrecentaban. Pudiera ser una razón, pero en el caso de Alcalá no coinciden con exactitud las fechas. El traslado se inicia el día 20 en Alicante, llegando a Madrid el 28 del mismo mes de noviembre, siendo el entierro en el monasterio escurialense el día 30.
Sorprende, de todos modos, el número de ejecuciones en un solo mes y más todavía que se llevan a cabo en solo tres días. El resumen no puede dejar frío a nadie: 13 de noviembre, 12 ejecuciones; 17 de noviembre, 19 ejecuciones; 22 de noviembre, 20 ejecuciones; en total del mes, 51 ejecuciones.
c. Igualmente sorprende que en 1939 no hubiera ejecuciones durante los meses de agosto y septiembre. Una razón pudiera ser la de su coincidencia con el incendio del Archivo General Central, sito en el Palacio Arzobispal y en aquellos meses ocupado por tropas del ejército. En el suceso intervino la justicia militar, como no podía ser de otra forma y quizás por esta razón, unida a las enormes dudas surgidas acerca de los auténticos autores del incendio, podría haber sido la causa de que por este hecho, la justicia militar estuviera ocupada en otros menesteres y aplazara la continuidad de los consejos de guerra. La primera autoridad militar alcalaína era D. José Ma. Calvo Jiménez quien a su vez sería el firmante de las comunicaciones de la Comandancia Militar, sobre el asunto de los fusilamientos, hasta agosto de 1939, fecha en la que sería sustituido, presumiblemente a causa del incendio, pero sin que conste en su hoja de servicios ninguna mención al mismo, a pesar de ser el máximo responsable militar y haberse incendiado un edificio de uso estrictamente militar.
d. Durante el mes de diciembre, únicamente el primer año, 1939, se llevaron a cabo ejecuciones. Era común y además conocido que por Navidad no se fusilaba. De ahí que la última del año se efectuara el 19 de diciembre y la siguiente un mes después, el 18 de enero.
Conclusiones
Con independencia de posteriores análisis, que sin duda se efectuarán en próximas fechas y que versarán sobre lugares de procedencia, sucesos acaecidos en ellos, profesión y edad de los presentes en la relación ahora presentada, los autores consideran lo siguiente:
a. Los datos aquí expuestos quieren y pretenden contribuir a un mayor y especifico conocimiento de lo que fue el final de la guerra civil en Alcalá de Henares y el inicio de la larga posguerra.
b. Se trata, por otro lado, de un reconocimiento a personas que en su mayor parte no debieron tener ninguna relación con delitos de sangre, nunca tuvieron el más mínimo reconocimiento, habiendo sufrido el mismo o peor trato que los asesinados del lado franquista, sin que por supuesto fueran recordadas de la misma manera que éstos.
c. No existe ánimo ninguno de comparar cifras de ambos lados. La existencia de un solo asesinato por cualquiera de los lados contendientes, debería haber constituido un acto vergonzante del modo de ser de los españoles del primer tercio del siglo XX.
d. Por último, es necesario reconocer que en ambos casos, tanto en el colectivo de personas que figuran desde hace mas de 70 años en lápidas expuestas en las iglesias alcalaínas como en el listado que ahora sale a la luz, hay nombres de personas que sin ser naturales o estar domiciliadas en esta ciudad, fueron aquí asesinadas y enterradas, pasando a formar parte del acervo histórico complutense, del que en ninguno de los dos casos podemos sentirnos orgullosos, pero que es obligación dar a conocer para que actos tan irracionales no se repitan jamás.
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viernes, 14 de noviembre de 2008
Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la Memoria Histórica
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Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la ...
Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la Memoria Histórica
l El grupo hará los censos de símbolos franquistas y fosas comunes l IU acusa al PP de defender a Franco en un Pleno
MULTIMEDIA
Fotos de la noticia
Mieres del Camino, José A. ORDÓÑEZ
El Ayuntamiento de Mieres conformará una comisión especial «de carácter plural» para «tutelar y dirigir los trabajos de identificación y retirada de la simbología franquista que aún pervive en el concejo», así como para «la elaboración de un mapa con la localización de fosas comunes y enterramientos de víctimas de la represión franquista». La iniciativa está incluida en una moción de Izquierda Unida (IU) sobre Memoria Histórica que salió adelante con el visto bueno del PSOE y pese a la oposición del PP.
Además, también recoge un requerimiento al Gobierno autonómico «para que ponga en marcha medidas similares a las de otras comunidades para la aplicación íntegra de la ley de la Memoria Histórica». Marcos Cienfuegos, concejal mierense de IU e impulsor de la moción, considera que el hecho de que haya salido adelante «permite que, por fin, la historia de este municipio se sitúe en el lugar que le corresponde: el de la verdad, la justicia y el reconocimiento a tantas y tantas personas que, bajo la bandera de los valores de la legalidad, la democracia y la libertad, dieron hasta su propia vida». Además, a su juicio, permitirá «enmendar la actuación municipal hasta la fecha», ya que, según dijo, «pese a que la ley ya fue aprobada hace once meses, el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes ni se ha implicado en la elaboración de los vestigios franquistas todavía existentes, ni ha puesto el mínimo interés en realizar las investigaciones correspondientes para localizar las fosas comunes que pudiera haber». Marcos Cienfuegos cargó duramente contra el portavoz del PP de Mieres, José Coto, por cuanto, según indicó, «en el Pleno en el que se trató este asunto defendió que Francisco Franco o el general Primo de Rivera tendrían derecho a un reconocimiento por parte del pueblo de Mieres, sobre la base de la gran contribución de ambos al desarrollo de este país, sobre todo desde el punto de vista humano». El edil de Izquierda Unida manifestó su «más enérgica repulsa» ante este tipo de manifestaciones.
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Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la ...
Mieres creará una comisión «plural» para desarrollar la ley de la Memoria Histórica
l El grupo hará los censos de símbolos franquistas y fosas comunes l IU acusa al PP de defender a Franco en un Pleno
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Mieres del Camino, José A. ORDÓÑEZ
El Ayuntamiento de Mieres conformará una comisión especial «de carácter plural» para «tutelar y dirigir los trabajos de identificación y retirada de la simbología franquista que aún pervive en el concejo», así como para «la elaboración de un mapa con la localización de fosas comunes y enterramientos de víctimas de la represión franquista». La iniciativa está incluida en una moción de Izquierda Unida (IU) sobre Memoria Histórica que salió adelante con el visto bueno del PSOE y pese a la oposición del PP.
Además, también recoge un requerimiento al Gobierno autonómico «para que ponga en marcha medidas similares a las de otras comunidades para la aplicación íntegra de la ley de la Memoria Histórica». Marcos Cienfuegos, concejal mierense de IU e impulsor de la moción, considera que el hecho de que haya salido adelante «permite que, por fin, la historia de este municipio se sitúe en el lugar que le corresponde: el de la verdad, la justicia y el reconocimiento a tantas y tantas personas que, bajo la bandera de los valores de la legalidad, la democracia y la libertad, dieron hasta su propia vida». Además, a su juicio, permitirá «enmendar la actuación municipal hasta la fecha», ya que, según dijo, «pese a que la ley ya fue aprobada hace once meses, el Ayuntamiento no ha hecho sus deberes ni se ha implicado en la elaboración de los vestigios franquistas todavía existentes, ni ha puesto el mínimo interés en realizar las investigaciones correspondientes para localizar las fosas comunes que pudiera haber». Marcos Cienfuegos cargó duramente contra el portavoz del PP de Mieres, José Coto, por cuanto, según indicó, «en el Pleno en el que se trató este asunto defendió que Francisco Franco o el general Primo de Rivera tendrían derecho a un reconocimiento por parte del pueblo de Mieres, sobre la base de la gran contribución de ambos al desarrollo de este país, sobre todo desde el punto de vista humano». El edil de Izquierda Unida manifestó su «más enérgica repulsa» ante este tipo de manifestaciones.
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El PSOE abre un debate sobre la memoria histórica en Cartagena
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El PSOE abre un debate sobre la memoria histórica en Cartagena
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores
14.11.08 - 18:58 - EFE CARTAGENA
El PSOE de Cartagena ha organizado hasta el mes de enero un ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil y la represión franquista en el municipio, con el fin de abrir un debate "maduro y abierto" sobre los hechos ocurridos durante la contienda y la represión franquista y "de recuperar la memoria histórica de la ciudad", anunció hoy el concejal socialista, Francisco Martínez.
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores, según datos facilitados por esta formación política que anuncia también su interés en "colaborar para localizar fosas comunes, y para que las familias dispongan de recursos necesarios para identificar y recuperar si lo desean los restos de sus seres queridos".
Los historiadores Luis Miguel Pérez Adán, Pedro María Egea Bruno y Antonio Martínez Ovejero serán los ponentes de las tres charlas coloquio que se celebrarán los días 1, de diciembre, 17 de enero y 12 de enero en la sede de la Universidad a Distancia.
El PSOE ha solicitado igualmente al ayuntamiento a través de un comunicado que, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, retire de plazas y calles los símbolos de la dictadura franquista, y "toda mención o distinción a sublevados o represores, las concesiones de hijos predilectos y las medallas de oro de la ciudad".
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El PSOE abre un debate sobre la memoria histórica en Cartagena
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores
14.11.08 - 18:58 - EFE CARTAGENA
El PSOE de Cartagena ha organizado hasta el mes de enero un ciclo de conferencias sobre la Guerra Civil y la represión franquista en el municipio, con el fin de abrir un debate "maduro y abierto" sobre los hechos ocurridos durante la contienda y la represión franquista y "de recuperar la memoria histórica de la ciudad", anunció hoy el concejal socialista, Francisco Martínez.
Unas 1.300 personas perdieron la vida durante la contienda en Cartagena y otras 176 fueron fusiladas en los años posteriores, según datos facilitados por esta formación política que anuncia también su interés en "colaborar para localizar fosas comunes, y para que las familias dispongan de recursos necesarios para identificar y recuperar si lo desean los restos de sus seres queridos".
Los historiadores Luis Miguel Pérez Adán, Pedro María Egea Bruno y Antonio Martínez Ovejero serán los ponentes de las tres charlas coloquio que se celebrarán los días 1, de diciembre, 17 de enero y 12 de enero en la sede de la Universidad a Distancia.
El PSOE ha solicitado igualmente al ayuntamiento a través de un comunicado que, en cumplimiento de la ley de memoria histórica, retire de plazas y calles los símbolos de la dictadura franquista, y "toda mención o distinción a sublevados o represores, las concesiones de hijos predilectos y las medallas de oro de la ciudad".
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El nieto de Luis Dorado denuncia por prevaricación a Rosa Aguilar´.
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El nieto de Luis Dorado denuncia por prevaricación a Rosa Aguilar
Antonio Gutiérrez Dorado, representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, acusa de desobediencia y denegación de auxilio
EUROPA PRESS / cÓRDOBA Actualizado 14.11.2008 - 19:24
Antonio Gutiérrez Dorado, nieto y representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, Luis Dorado Luque, ha presentado hoy en los juzgados de Córdoba una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU). Según informó hoy el sindicato CGT-A en un comunicado, la denuncia, que también se refiere a la presunta comisión de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, se ha presentado igualmente contra el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, y contra el gerente de Cecosam, José Cabrera. En el texto de la denuncia Antonio Gutiérrez manifiesta que su familia obtuvo "subvención del Ministerio de la Presidencia para realizar labores de prospección, identificación y exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi".
Igualmente especifica que "los trabajos mencionados, y en concreto las tareas de georadar para localizar y dimensionar correctamente la fosa, fueron iniciados el pasado 3 de octubre, como es público y notorio en la prensa local. Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, como es obvio, se contaba con la debida autorización municipal, por tratarse de un terreno público".
De hecho, según se relata en la denuncia, "el gerente de Cecosam estuvo presente en el inicio de los trabajos de georadar", que permitieron localizar la fosa. El informe técnico, del que se dio cuenta al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam, "acredita la existencia de la fosa y su contenido osteológico, siendo por tanto el siguiente paso el inicio de los trabajos de excavación", los cuales, según argumenta la denuncia, "no dependen de autorización judicial alguna, dado que se enmarcan en actuaciones particulares al amparo de las previsiones de la llamada Ley de Memoria Histórica 52/2007, así como de normas autonómicas, como el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre".
Pero, una vez concluidos los trabajos de mapa de la fosa, el denunciante y su familia conocieron a través de la prensa que el Ayuntamiento de Córdoba pretendía impedir que continuasen las tareas previstas, "que ya habían sido autorizadas, exigiendo la Alcaldía un inexistente control judicial de la misma y aclaración de los costes para el municipio. Ello sin comunicación escrita de paralización, pero sí de hecho, al impedir el trabajo de la Sociedad Aranzadi".En este sentido y con el objetivo de aclarar las posibles dudas, del Ayuntamiento, el pasado martes día 11 de noviembre se desplazaron a Córdoba -desde Bilbao, Sevilla y Málaga- las entidades que respaldan la exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, es decir, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 'Rmhsa', de CGT-A, así como el propio Antonio Gutiérrez Dorado.
Sin embargo, tal y como se indica en la denuncia, "la respuesta municipal negativa" se mantuvo, apoyándose para ello "en la existencia de un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, según la Alcaldía, ha paralizado las exhumaciones".
En la reunión se le hizo ver a los representantes municipales por parte de las mencionadas sociedades y Gutiérrez Dorado que "dicho auto nada tiene que ver con la exhumación de la fosa del Cementerio la Salud, la cual, aún sin la existencia del sumario, cuenta con soporte legal para ser abierta", a lo que se suma que el referido auto de la Audiencia Nacional "no es firme y que contra el mismo esta misma parte ha interpuesto recurso de nulidad". Por tanto, "la obstaculización de los trabajos ya en desarrollo, por la Alcaldía y sus delegados, carece de soporte legal, constituye una actuación administrativa injusta a sabiendas, con ocasión de perjuicios económicos -puede suponer la pérdida de la subvención- y supone la desobediencia y denegación del auxilio que le ha sido solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, y cuyos responsables en su desarrollo son los ahora denunciados. La negativa incumple los deberes de colaboración administrativa además impuestos por los artículos 11 y 22 de la Ley 52/2007, y demás normas administrativas concordantes". De todo ello se hizo en la citada reunión del pasado martes "expresa advertencia los responsables municipales", pero éstos respondieron "afirmándose en su negativa. Ello da lugar a la presentación de la presente denuncia".
Por último, el denunciante solicita que, "como prácticas de prueba", se cite a declarar a los denunciados, "así como que se ordene al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam que permita la continuidad de los trabajos, ello por razones de urgencia y de modo cautelar, dado que la actual situación puede producir la pérdida de la asignación presupuestaria expuesta". Para 'Rmhsa' de CGT-A, "la actitud que viene manteniendo el Ayuntamiento de Córdoba en esta materia es al menos lamentable, pues es una de las pocas capitales de provincia que no ha realizado ningún tipo de dignificación y señalamiento (monolitos) de las fosas comunes del franquismo, a pesar de la existencia de ayudas de la Junta de Andalucía, y todo ello, además, en contra de las actuaciones que en los últimos años viene realizando la fuerza política gobernante en Córdoba (IU) en todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica". Producto de ello es "el malestar de muchas familias de Córdoba y provincia, que en los últimos años han venido dirigiéndose a esa Alcaldía".
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El nieto de Luis Dorado denuncia por prevaricación a Rosa Aguilar
Antonio Gutiérrez Dorado, representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, acusa de desobediencia y denegación de auxilio
EUROPA PRESS / cÓRDOBA Actualizado 14.11.2008 - 19:24
Antonio Gutiérrez Dorado, nieto y representante legal de la familia del parlamentario del PSOE fusilado y enterrado en una fosa común en el cementerio de la Salud de Córdoba durante la Guerra Civil, Luis Dorado Luque, ha presentado hoy en los juzgados de Córdoba una denuncia por prevaricación contra la alcaldesa de la ciudad, Rosa Aguilar (IU). Según informó hoy el sindicato CGT-A en un comunicado, la denuncia, que también se refiere a la presunta comisión de los delitos de desobediencia y denegación de auxilio, se ha presentado igualmente contra el delegado de Presidencia del Ayuntamiento de Córdoba y presidente de la empresa municipal de cementerios (Cecosam), Alfonso Igualada, y contra el gerente de Cecosam, José Cabrera. En el texto de la denuncia Antonio Gutiérrez manifiesta que su familia obtuvo "subvención del Ministerio de la Presidencia para realizar labores de prospección, identificación y exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, a través de la Sociedad de Ciencias Aranzadi".
Igualmente especifica que "los trabajos mencionados, y en concreto las tareas de georadar para localizar y dimensionar correctamente la fosa, fueron iniciados el pasado 3 de octubre, como es público y notorio en la prensa local. Para el desarrollo de las tareas de prospección y exhumación, como es obvio, se contaba con la debida autorización municipal, por tratarse de un terreno público".
De hecho, según se relata en la denuncia, "el gerente de Cecosam estuvo presente en el inicio de los trabajos de georadar", que permitieron localizar la fosa. El informe técnico, del que se dio cuenta al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam, "acredita la existencia de la fosa y su contenido osteológico, siendo por tanto el siguiente paso el inicio de los trabajos de excavación", los cuales, según argumenta la denuncia, "no dependen de autorización judicial alguna, dado que se enmarcan en actuaciones particulares al amparo de las previsiones de la llamada Ley de Memoria Histórica 52/2007, así como de normas autonómicas, como el Decreto 334/2003, de 2 de diciembre".
Pero, una vez concluidos los trabajos de mapa de la fosa, el denunciante y su familia conocieron a través de la prensa que el Ayuntamiento de Córdoba pretendía impedir que continuasen las tareas previstas, "que ya habían sido autorizadas, exigiendo la Alcaldía un inexistente control judicial de la misma y aclaración de los costes para el municipio. Ello sin comunicación escrita de paralización, pero sí de hecho, al impedir el trabajo de la Sociedad Aranzadi".En este sentido y con el objetivo de aclarar las posibles dudas, del Ayuntamiento, el pasado martes día 11 de noviembre se desplazaron a Córdoba -desde Bilbao, Sevilla y Málaga- las entidades que respaldan la exhumación de los restos de Luis Dorado Luque, es decir, la Sociedad de Ciencias Aranzadi y 'Rmhsa', de CGT-A, así como el propio Antonio Gutiérrez Dorado.
Sin embargo, tal y como se indica en la denuncia, "la respuesta municipal negativa" se mantuvo, apoyándose para ello "en la existencia de un auto del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que, según la Alcaldía, ha paralizado las exhumaciones".
En la reunión se le hizo ver a los representantes municipales por parte de las mencionadas sociedades y Gutiérrez Dorado que "dicho auto nada tiene que ver con la exhumación de la fosa del Cementerio la Salud, la cual, aún sin la existencia del sumario, cuenta con soporte legal para ser abierta", a lo que se suma que el referido auto de la Audiencia Nacional "no es firme y que contra el mismo esta misma parte ha interpuesto recurso de nulidad". Por tanto, "la obstaculización de los trabajos ya en desarrollo, por la Alcaldía y sus delegados, carece de soporte legal, constituye una actuación administrativa injusta a sabiendas, con ocasión de perjuicios económicos -puede suponer la pérdida de la subvención- y supone la desobediencia y denegación del auxilio que le ha sido solicitado al Ayuntamiento de Córdoba, y cuyos responsables en su desarrollo son los ahora denunciados. La negativa incumple los deberes de colaboración administrativa además impuestos por los artículos 11 y 22 de la Ley 52/2007, y demás normas administrativas concordantes". De todo ello se hizo en la citada reunión del pasado martes "expresa advertencia los responsables municipales", pero éstos respondieron "afirmándose en su negativa. Ello da lugar a la presentación de la presente denuncia".
Por último, el denunciante solicita que, "como prácticas de prueba", se cite a declarar a los denunciados, "así como que se ordene al Ayuntamiento de Córdoba y a Cecosam que permita la continuidad de los trabajos, ello por razones de urgencia y de modo cautelar, dado que la actual situación puede producir la pérdida de la asignación presupuestaria expuesta". Para 'Rmhsa' de CGT-A, "la actitud que viene manteniendo el Ayuntamiento de Córdoba en esta materia es al menos lamentable, pues es una de las pocas capitales de provincia que no ha realizado ningún tipo de dignificación y señalamiento (monolitos) de las fosas comunes del franquismo, a pesar de la existencia de ayudas de la Junta de Andalucía, y todo ello, además, en contra de las actuaciones que en los últimos años viene realizando la fuerza política gobernante en Córdoba (IU) en todo lo relacionado con la recuperación de la Memoria Histórica". Producto de ello es "el malestar de muchas familias de Córdoba y provincia, que en los últimos años han venido dirigiéndose a esa Alcaldía".
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Casi un centenar de personas exigen la apertura inmediata de las fosas de Porreres y Calvià
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Casi un centenar de personas exigen la apertura inmediata de las fosas de Porreres y Calvià
Casi un centenar de personas protestaron ayer ante la Audiencia Provincial de Palma contra "la agresión de los jueces de la Audiencia Nacional" tras la decisión del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por suspender cautelarmente la exhumación de las fosas, entre ellas, las de Porreres y Calvià, autorizadas por el juez Baltasar Garzón.Los asistentes al acto se concentraron bajo el lema "¿Dónde están? ¡Exhumaciones de fosas ya!". La presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, criticó que no se convocara ni se escuchara la opinión de las asociaciones para tomar "una decisión tan drástica" que afecta "directamente" al colectivo de víctimas. Oliver remarcó que los familiares de los desaparecidos sufren una grave angustia y que dicha decisión sólo alarga la injusticia que viven.
La entidad presentó el miércoles una queja formal al Consejo General del Poder Judicial reclamando que se estudie si la actuación de los magistrados es constitutiva de sanción disciplinaria. Una actuación que calificó de "hiriente, escandalosa y vergonzosa, además de que puede ser constitutiva de una falta disciplinaria".El secretario general del Bloc, Biel Barceló, y el senador Pere Sampol acudieron a la plaza Mercat para sumarse a la petición de que se abran de manera inmediata las fosas de Porreres y Calvià.
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Casi un centenar de personas exigen la apertura inmediata de las fosas de Porreres y Calvià
Casi un centenar de personas protestaron ayer ante la Audiencia Provincial de Palma contra "la agresión de los jueces de la Audiencia Nacional" tras la decisión del pleno de la sala de lo Penal de la Audiencia Nacional por suspender cautelarmente la exhumación de las fosas, entre ellas, las de Porreres y Calvià, autorizadas por el juez Baltasar Garzón.Los asistentes al acto se concentraron bajo el lema "¿Dónde están? ¡Exhumaciones de fosas ya!". La presidenta de la entidad, Maria Antònia Oliver, criticó que no se convocara ni se escuchara la opinión de las asociaciones para tomar "una decisión tan drástica" que afecta "directamente" al colectivo de víctimas. Oliver remarcó que los familiares de los desaparecidos sufren una grave angustia y que dicha decisión sólo alarga la injusticia que viven.
La entidad presentó el miércoles una queja formal al Consejo General del Poder Judicial reclamando que se estudie si la actuación de los magistrados es constitutiva de sanción disciplinaria. Una actuación que calificó de "hiriente, escandalosa y vergonzosa, además de que puede ser constitutiva de una falta disciplinaria".El secretario general del Bloc, Biel Barceló, y el senador Pere Sampol acudieron a la plaza Mercat para sumarse a la petición de que se abran de manera inmediata las fosas de Porreres y Calvià.
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A quien corresponda. Angelina Gatell.
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La escritora catalana afincada en Madrid desde hace 50 años Angelina Gatell, siempre comprometida en la lucha contra el franquismo, nos ha hecho llegar este poema:
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A QUIEN CORRESPONDA
devuélvenos
también
nuestros cadáveres,
enséñanos
también
los asesinos.
Ángel González
Una vez más quiero volver al tiempo
del que siempre hablaré
porque le pertenezco
como el azul al mar,
como la luz al alba.
Y quiero
bajar a su memoria
como quien baja
al sótano que guarda
objetos, actos, versos, actitudes,
días, que con frecuencia hojeo
como páginas,
y con ellas pegadas a los dedos
salgo a la calle, aparto con denuedo
la oscuridad y pregunto,
-por si alguien lo supiera-
dónde están los cadáveres,
desde dónde nos mira
la ausencia de sus ojos,
en qué lugar esperan
la cercanía de una rosa,
su fragancia vedada por la ira,
el aire
que disipe el silencio.
Y pregunto también
los nombres de los asesinos,
aunque los sepa bien, sílaba a sílaba,
pero los quiero dichos en voz alta,
a gritos,
no guardados con celo en sus estuches
de dorada penumbra
desde el instante mismo en que el invierno
dejó caer su frío sobre el suelo
que ya nunca fue patria,
sino desgarradura.
Muy pocos saben de qué hablo.
Sin embargo, no falta quien se aleje
obviamente molesto.
Y están los que, confusos,
se llevan a los labios
el índice gastado por el miedo
y se alejan también
aunque más lentamente,
no sé, quizá afligidos.
Otros, susurran evasivos: hace
ya tanto tiempo... Y vuelven la cabeza,
como si alguien de pronto los llamara.
También los hay que opinan sin sonrojo,
como haciendo equilibrios
sobre el filo de la conciencia,
que sería mejor dejarlo todo
dormido en el sosiego,
cubierto de benignos crisantemos
y así nadie podría
dañarse con su roce.
Después se van a Roma y, conmovidos,
debajo de los pórticos
donde Bernini,
hace ya más de cuatro siglos
guardó la luz del mármol,
recogen, con unción, sin miedo a herirse,
los nombres trémulos de gracia
de otros cadáveres,
los guardan en sus dijes con cuidado
y sonríen en paz.
No consigo entenderlo. Escucho. Miro.
Me quedan ya muy lejos las palabras
que con el tiempo cambian de sentido,
y acomodan sus dúctiles metales
a la oscilante
valoración de los conceptos.
Y más lejos aún, mucho más lejos,
perdida entre la niebla,
la luz que fue habitada por la idea,
o el aroma, no sé, tal vez por nada.
No consigo entenderlo.
Reúno amargamente mis preguntas
y releo las páginas
donde mi tiempo amarillea y sufre.
Como yo está cansado. Y como yo no entiende.
Y como yo, se niega a ser destruido
por esa desmemoria
más grave que el olvido porque en ella
crece y se ramifica,
estercolada por la indiferencia,
la planta obscena
de la conformidad y el beneplácito.
Angelina Gatell
(Poema leído en la Biblioteca Nacional, Madrid, 27 de septiembre 2008)
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La escritora catalana afincada en Madrid desde hace 50 años Angelina Gatell, siempre comprometida en la lucha contra el franquismo, nos ha hecho llegar este poema:
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A QUIEN CORRESPONDA
devuélvenos
también
nuestros cadáveres,
enséñanos
también
los asesinos.
Ángel González
Una vez más quiero volver al tiempo
del que siempre hablaré
porque le pertenezco
como el azul al mar,
como la luz al alba.
Y quiero
bajar a su memoria
como quien baja
al sótano que guarda
objetos, actos, versos, actitudes,
días, que con frecuencia hojeo
como páginas,
y con ellas pegadas a los dedos
salgo a la calle, aparto con denuedo
la oscuridad y pregunto,
-por si alguien lo supiera-
dónde están los cadáveres,
desde dónde nos mira
la ausencia de sus ojos,
en qué lugar esperan
la cercanía de una rosa,
su fragancia vedada por la ira,
el aire
que disipe el silencio.
Y pregunto también
los nombres de los asesinos,
aunque los sepa bien, sílaba a sílaba,
pero los quiero dichos en voz alta,
a gritos,
no guardados con celo en sus estuches
de dorada penumbra
desde el instante mismo en que el invierno
dejó caer su frío sobre el suelo
que ya nunca fue patria,
sino desgarradura.
Muy pocos saben de qué hablo.
Sin embargo, no falta quien se aleje
obviamente molesto.
Y están los que, confusos,
se llevan a los labios
el índice gastado por el miedo
y se alejan también
aunque más lentamente,
no sé, quizá afligidos.
Otros, susurran evasivos: hace
ya tanto tiempo... Y vuelven la cabeza,
como si alguien de pronto los llamara.
También los hay que opinan sin sonrojo,
como haciendo equilibrios
sobre el filo de la conciencia,
que sería mejor dejarlo todo
dormido en el sosiego,
cubierto de benignos crisantemos
y así nadie podría
dañarse con su roce.
Después se van a Roma y, conmovidos,
debajo de los pórticos
donde Bernini,
hace ya más de cuatro siglos
guardó la luz del mármol,
recogen, con unción, sin miedo a herirse,
los nombres trémulos de gracia
de otros cadáveres,
los guardan en sus dijes con cuidado
y sonríen en paz.
No consigo entenderlo. Escucho. Miro.
Me quedan ya muy lejos las palabras
que con el tiempo cambian de sentido,
y acomodan sus dúctiles metales
a la oscilante
valoración de los conceptos.
Y más lejos aún, mucho más lejos,
perdida entre la niebla,
la luz que fue habitada por la idea,
o el aroma, no sé, tal vez por nada.
No consigo entenderlo.
Reúno amargamente mis preguntas
y releo las páginas
donde mi tiempo amarillea y sufre.
Como yo está cansado. Y como yo no entiende.
Y como yo, se niega a ser destruido
por esa desmemoria
más grave que el olvido porque en ella
crece y se ramifica,
estercolada por la indiferencia,
la planta obscena
de la conformidad y el beneplácito.
Angelina Gatell
(Poema leído en la Biblioteca Nacional, Madrid, 27 de septiembre 2008)
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jueves, 13 de noviembre de 2008
La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
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La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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"La excepción mundial", España
La Audiencia, contra los nazis: el carnicero de Sobibor
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La Audiencia aplaza su decisión de si se abstiene en la causa contra el franquismo
Tenía previsto ver esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
EFE - MADRID - 13/11/2008 11:51
El Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha aplazado su decisión sobre si debe abstenerse en decisiones que afectan a la competencia del juez Baltasar Garzón en la investigación de las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo como reclama una nieta del presidente del Gobierno de la II República Juan Negrín.
Según han informado este jueves fuentes jurídicas, el Pleno, que integran 18 magistrados de la Sala de lo Penal, tenía previsto ver en su reunión de todos los jueves esta petición, pero, por falta de tiempo, ha decidido posponer el debate sobre este asunto a su encuentro del jueves próximo.
El Pleno debe analizar si tiene que abstenerse de actuar en la causa que instruye Garzón, mientras se resuelve en el Tribunal Supremo el requerimiento de inhibición a la Audiencia Nacional que ha planteado la nieta de Negrín, Carmen Negrín Fetter, según ha requerido su abogado en un escrito presentado ante la Sala de lo Penal.
La nieta del que fuera presidente de la República también ha solicitado a la Sala la identidad de los 10 magistrados que el pasado viernes votaron a favor de paralizar la apertura de fosas de la Guerra Civil y el franquismo, para denunciarles por prevaricación, así como la del fiscal que pidió el cese de la exhumaciones.
Su abogado, en el escrito presentado ante la Sala de lo Penal, considera nula esa decisión porque, según sostiene, desde el momento en que el Pleno conocía que estaba pendiente de resolución en el Supremo un requerimiento de inhibición, debía haberse abstenido de adoptar decisiones en esta causa.
"Es el Tribunal Supremo quien debe decidir"
Alega además que la decisión de la Audiencia Nacional "ha sido adoptada por la Sala sin previa comunicación a las partes personadas de la petición del Ministerio Fiscal, prescinde de normas esenciales de procedimiento y causa indefensión".
En ese "requerimiento de inhibición coercitiva", esta parte entiende que el Tribunal Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal, es el tribunal superior que debe decidir sobre el incidente de competencia planteado por el fiscal jefe Javier Zaragoza contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón.
Para impulsar este incidente de competencia, el fiscal se basó en el artículo 23 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que establece que si "durante el sumario (...) el Ministerio Fiscal o cualquiera de las partes entendieran que el juez instructor no tiene competencia para actuar en la causa, podrán reclamar ante el tribunal superior".
Algunos juristas han interpretado que el órgano superior para resolver este incidente planteado a un juez de la Audiencia Nacional sería el Supremo, y no el Pleno de la Sala de lo Penal
Antes de decidir sobre la competencia, el Pleno de la Sala de lo Penal espera a la reincorporación de Garzón de su baja médica, tras ser operado de las cuerdas vocales, para recibir el informe en el que el magistrado deberá responder a las causas esgrimidas por el fiscal para defender la falta de competencia del juez.
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"La excepción mundial", España
La Audiencia, contra los nazis: el carnicero de Sobibor
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Comunicado del Fòrum per la Memòria del País Valencià.
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Català/Castellà.
Només queda demanar decència a l’ajuntament, que suspenga aqueixes obres i deixe descansar en pau els morts del franquisme
L’Ajuntament de València segueix profanant i violant les fosses del cementiri on foren llançats represaliats/des del franquisme
La nostra alcaldessa, Rita Barberá, que tan generosa es mostra amb l’Arquebisbat en cedir-li, a la zona més cara de València, els terrenys de l’antiga fàbrica Cros perquè hi construïsca el “macrosantuari” en memòria de 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, destrueix sense cap respcte ni mirament les despulles de totes aquelles persones assassinades per defensar la llibertat i la democràcia, tot venent-los inclusivament com si foren terra vegetal per a les obres de consolidació de les rodalies de la muralla del castell de Sagunt. VALENCIÀ/CASTELLANO
valencià/castellano
Efectivament, al quadre nº 1 de la fossa comuna de la Secció 5ª Dreta, en una de les parcel.les que queden lliures entre panteó i panteó, construïts gràcies a les actuacions de diferents governs municipals, ara es construeix una cosa que té tot l’aspecte de ser un altre panteó. Seria una obra normal en el cementiri si no fóra perquè es construeix destruint els cossos dels represaliats del franquisme, traslladats fins allí en camions a les nits i llançats sense cap control ni registre a les fosses.
Aquests fets esdevingueren a València després de l’entrada de les tropes franquistes el 30 de març del 1.939, en finalitzar la guerra, i han estat relatats públicament fins i tot per treballadors del mateix cementiri (diari Levante-EMV), i per altres testimonis orals que també parlen d’enterraments “incontrolats” de represaliats no registrats i mai inhumats.
La nostra alcaldessa, Rita Barberá, que tan generosa es mostra amb l’Arquebisbat en cedir-li, a la zona més cara de València, els terrenys de l’antiga fàbrica Cros perquè hi construïsca el “macrosantuari” en memòria de 233 “víctimes innocents de la Santa Croada”, destrueix sense cap respcte ni mirament les despulles de totes aquelles persones assassinades per defensar la llibertat i la democràcia, tot venent-los inclusivament com si foren terra vegetal per a les obres de consolidació de les rodalies de la muralla del castell de Sagunt.
L’afany especulador d’aquest ajuntament, no respecta ni la Llei de la Memòria, que protegeix aquests espais, ni les víctimes del franquisme ni llurs famílies. No és la primera vegada que l’ajuntament de València viola la fossa comuna de la Secció 5ª Dreta. L’any passat ja hi construí un altre panteó privat, prèvia venda de la parcel.la a particulars, a pesar de les protestes, denúncies i escrits on se li demanava respecte per les víctimes.
Potser ara, davant el temor de no poder seguir destruint despulles de represaliats i proves del genocidi, que és el que hauria passat si s’hagueren construït els nínxols a la fossa de la Secció 7ª Dreta, i a causa de les actuacions del Jutge Baltasar Garzón arran de las denúncies presentades per associacions i particulars des d’arreu d’Espanya, és pel que s’afanya ara a destruir els pocs espais de las fosses que queden, dels quals és possible que encara se’n puguen exhumar les despulles dels represaliats que hi llançaren.
El fet és especialment greu perquè aquest ajuntament, junt a d’altres que l’han precedit des que s’instaurà la democràcia, ha destruït algunes de les 6 fosses comunes que el Fòrum per la Memòria descobrí i documentà al Cementiri general de València. Pertot arreu hom investiga l’abast de la repressió franquista, se’n demana la rehabilitació de les víctimes i l’aplicació de les lleis als responsables i col.laboradors d’aquells terribles crims; fins i tot hi ha Comunitats Autònomes que legislen per protegir les fosses, però l’ajuntament de València segueix agraviant les víctimes i llurs famílies.
Aquesta fossa amida 14.721 m2. Hi foren llançades oficialment, des del 22 d’agost del 1.945 fins al 19 d’octubre del 1.950, 16.535 persones, a les quals cal afegir les que hi tiraren clandestinament, que poden ser-ne diversos milers, després de l’entrada de les tropes franquistes a València.
Precisament, és en una de las fosses sobre les quals el Jutjat Central d’Instrucció nº 5 de l’Audiència Nacional havia donat l’ordre d’exhumació, que ja podria haver començat el procés si no arriba a ser per l’actuació del fiscal de l’Audiència Nacional, Sr. Zaragoza qui, en lloc de protegir les víctimes i llurs famílies, ha preferit posar-se al costat del silenci, en demanar la paralització de les exhumacions, de manera que ha facilitat actuacions depredadores de les despulles de les víctimes com es fa ara mateix al nostre cementiri. L’ajuntament de València actua menyspreant sense descans la Memòria. És com si per a aquesta Alcaldessa i el seu govern les víctimes de la repressió foren morts pobres i incòmodes dels quals cal desfer-se per deixar pas a l’oblit i als panteons dels rics
Només queda demanar decència a l’ajuntament, que suspenga aqueixes obres i deixe descansar en pau els morts del franquisme.
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El Ayuntamiento de Valencia sigue profanando y allanando las fosas del cementerio en las que fueron tirados represaliados/as del franquismo
Efectivamente, en el cuadro nº 1 de la fosa común de la Sección 5ª Derecha, en una de las parcelas que quedan libres entre panteón y panteón, construidos gracias a las actuaciones de diferentes gobiernos municipales, se está construyendo lo que tiene todo el aspecto de ser un nuevo panteón. Sería una obra normal en el cementerio de no ser porque se construye destruyendo los cuerpos de los represaliados del franquismo, trasladados hasta allí en camiones por las noches y tirados sin ningún control ni registro a las fosas.
Estos hechos ocurrieron en Valencia tras la entrada de las tropas franquistas el 30 de marzo de 1.939, al finalizar la guerra, y ha sido relatados públicamente incluso por trabajadores del propio cementerio (diario Levante-EMV), y por otros testimonios orales que también hablan de enterramientos “incontrolados” de represaliados no registrados y nunca inhumados
Nuestra alcaldesa Rita Barberá, que tan generosa se muestra con el arzobispado al cederle, en la zona más cara de Valencia, los terrenos de la antigua fábrica Cros para que construya el “macrosantuari” en memoria de 233 “víctimas inocentes de la Santa Cruzada”, destruye sin ningún respeto ni miramiento los restos de todas aquellas personas asesinadas por defender la libertad y la democracia, vendiéndolos incluso como si fueran tierra vegetal para las obras de consolidación de los alrededores de la muralla del castillo de Sagunto.
El afán especulador de este ayuntamiento, no respeta ni la Ley de la Memória, que protege estos espacios, ni a las víctimas del franquismo ni a sus familias. No es la primera vez que el ayuntamiento de Valencia allana la fosa común de la Sección 5ª Derecha. Ya el año pasado construyó otro panteón privado, previa venta de la parcela a particulares, a pesar de las protestas, denuncias y escritos en los que se le pedía respeto por las víctimas.
Quizá ahora, ante el temor de no poder seguir destruyendo restos de represaliados y pruebas del genocidio, que es lo que hubiese sucedido de construirse los nichos en la fosa de la Sección 7ª Derecha, ante las actuaciones del Juez Baltasar Garzón, a raíz de las denuncias presentadas por asociaciones y particulares desde todos los lugares de España, es por lo que está afanándose en destruir los pocos espacios de las fosas que quedan, de los que es posible que aún puedan exhumarse los restos que de los represaliados que allí tiraron
El hecho es especialmente grave porque este ayuntamiento, junto a otros que le han precedido desde que se instauró la democracia, han destruido varias de las 6 fosas comunes que el Fòrum per la Memòria descubrió y documentó en el Cementerio general de Valencia. Por todos los lugares se investiga el alcance de la represión franquista, se pide la rehabilitación de sus víctimas y la aplicación de las leyes a los responsables y colaboradores de aquellos terribles crímenes, incluso hay Comunidades Autónomas que legislan para proteger las fosas, pero el ayuntamiento de Valencia sigue agraviando a las víctimas y a sus familias
Esta fosa mide 14.721 m2, En ella fueron tiradas oficialmente, desde el 22 de agosto de 1.945 hasta el 19 de octubre de 1.950, 16.535 personas, a las que hay que añadir las que tiraron clandestinamente, que pueden ser varios miles, tras la entrada de las tropas franquistas en Valencia. Precisamente, es es una de las fosas sobre las que el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional había dado la orden de exhumación, que ya podría estar en marcha de no ser por la actuación del fiscal de la Audiencia Nacional, Sr. Zaragoza, que en lugar de proteger a las víctimas y a sus familias, ha preferido ponerse al lado del silencio, pidiendo la paralización de las exhumaciones, facilitando con ello, actuaciones depredadoras de los restos de las víctimas como se está haciendo ahora mismo en nuestro cementerio. El ayuntamiento de Valencia actúa despreciando la Memoria sin descanso. Es como si para esta Alcaldesa y su gobierno las víctimas de la represión fuesen muertos pobres e incómodos de los que hay que desacerse para dejar paso al olvido y a los panteones de los ricos
Solo cabe pedir decencia al ayuntamiento, que suspenda esas obras y deje descansar en paz a los muertos del franquismo.
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
El Confidencial -
La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
Última Hora Digital -
Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del ...
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La ARMH cree que paralizar las exhumaciones responde a presión del Gobierno
EFE - 13/11/2008 13 : 10
Madrid, 13 nov (EFE).-
La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) considera que la decisión de la Audiencia Nacional de paralizar las exhumaciones de los restos de los desaparecidos durante la Guerra Civil y el franquismo responde a "algún tipo de presión política" del Gobierno.
"Evidentemente, por acción o por omisión, el Gobierno está operando en lo que está ocurriendo en la Audiencia Nacional", ha comentado, en declaraciones a Efe, el presidente de la ARMH, Emilio Silva, que ha subrayado que, pese a que el Ejecutivo "dice estar mirando a otro lado", esa "no intervención" ha tenido como "efecto" que por el momento se detenga la apertura de fosas.
Para Silva, con esta causa -abierta tras admitir a trámite el juez Baltasar Garzón las denuncias de las asociaciones para la recuperación de la Memoria Histórica- sucede "igual" que en otros casos en los que "han intervenido para generar presión" y que la Audiencia Nacional "tome ciertas decisiones".
La semana pasada la Sala de lo Penal de este tribunal acordó, en un pleno extraordinario, paralizar las exhumaciones al acceder a la petición que realizó en este sentido la Fiscalía, que alegó que, mientras no se decida si Garzón es competente o no para investigar los hechos, éste debe limitarse a practicar las diligencias que sean "urgentes o inaplazables".
"La decisión de la Sala tiene que ver con algún tipo de presión política porque no es comprensible que quince jueces dejen lo que están haciendo fulminantemente, algunos con juicios muy importantes, y que acudan a la llamada de un fiscal a la que no tienen por qué acudir", ha recalcado.
En este sentido, ha recordado que el fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza, depende del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, que a su vez "tiene una dependencia del Gobierno".
Silva ha lamentado también que el líder del PP, Mariano Rajoy, se haya congratulado con esta noticia y ha calificado sus declaraciones de "entristecedoras" porque, según ha dicho, "un candidato que aspira a ser el presidente de todos los españoles debería ser mucho más respetuoso con gente que ha padecido tanto en este país durante mucho tiempo".
En opinión del presidente de la ARMH, la Audiencia Nacional "ha entrado en la parte más humana y más frágil de este problema" y por ello ha anunciado que si decide que Garzón no es competente para investigar los hechos acudirán al Tribunal Europeo de Derechos Humanos porque, ha señalado, "allí hay más posibilidades de que se reconozca la justicia que demandamos".
"Una justicia que durante 30 años no ha hecho nada por reparar el daño cometido a estas familias, en vez de ponerse a trabajar para ayudarlas, se ha puesto a trabajar en contra de ellas", ha destacado Silva, quien ha concluido que el derecho a la identidad en una sepultura digna es un derecho básico. EFE rbf-BB/pv
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Los defensores de la Memoria Histórica convocan una concentración ...
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Presentan una queja ante el Poder Judicial por la paralización de las exhumaciones
J.T.B.La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica deMallorca, que ha liderado la lucha por la exhumación de fosas comunes durante la Guerra Civil, ha convocado para esta tarde, a las 20 horas frente al Tribunal Superior de Justicia de palma (Plaça del Mercat) una concentración para oponerse a la paralización de las actuaciones iniciadas por Garzón.
Ayer, presentó una queja formal ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) por la paralización las exhumaciones de fosas ordenada por la Audiencia Nacional.
Maria Antònia Oliver, presidenta de la asociación, dijo que la idas y venidas de la Audiencia en este asunto son «una tortura moral».La asociación entregó un listado con 1.200 personas desaparecidas en Balears.
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Piden a los ayuntamientos y la Junta que protejan las fosas comunes
Andalucia Informacion.es
13/Noviembre · 01:24 · Rosa de la Peña
Memoria Histórica denuncia que la tumba colectiva de Huelva “está olvidada”
Testimonio de una víctima. Toda una vida para recuperar un nombre
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
La Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía anunció ayer que pedirá al Gobierno andaluz que declare las fosas comunes como Sitio Histórico, “para garantizar así su protección y que no se puedan mancillar ni construir nada sobre ellas”. Se trata de impedir que con las 118 fosas localizadas en la provincia -la segunda de Andalucía con mayor número de enterramientos de represaliados- ocurra lo mismo que en La Palma del Condado, donde según el presidente de la asociación, Rafael López, “se ha vulnerado la ley y se va a levantar una urbanización” sobre la sepultura de personas fusiladas. El mapa de fosas de la Asociación Memoria Histórica sitúa 22 en el Condado, un total de 17 en la Costa y la Campiña, otras 31 en la Sierra y 48 en el Andévalo y la Cuenca Minera, “donde hubo mayores focos de resistencia y más represaliados”. Sólo en Valverde hay nueve tumbas colectivas; Alosno y Tharsis tienen en su territorio cinco fosas; en San Bartolomé y Puebla de Guzmán hay cuatro y hay tres en Aroche, Cortegana, Gibraleón, Lucena, Nerva, Rosal de la Frontera y Zalamea, una larga lista negra en la que, hasta el momento, se ha podido contabilizar a 6.019 fusilados y desaparecidos, de los cuales, 3.805 se han elevado a la Audiencia Nacional a través del programa ‘Todos los nombres’ puesto en marcha por la asociación en el proceso de recuperación de la memoria ahora paralizado por la Fiscalía. Este mapa servirá también para pedir a los ayuntamientos que dignifiquen las fosas comunes -el 85% se encuentran en los cementerios y el resto en cunetas y campos-, ya que sólo en algún pueblo como Bonares se ha recuperado la memoria de estos muertos silenciados durante décadas. Sin embargo, en lugares como Huelva, donde se encuentra la mayor sepultura anónima de la provincia con más de 1.500 cuerpos, “la fosa no está dignificada, sino olvidada en el cementerio de la Soledad sin que el Ayuntamiento preste ninguna atención, como sucede en todos los municipios de derechas de la provincia”, según denunció el presidente de la Asociación Memoria Histórica, que aclaró que “en ayuntamientos de derechas de otras provincias, como el de Málaga, no sucede esto y se está dignificando las fosas”. La demanda ciudadana para recuperar la memoria de los represaliados es “creciente”, según López, por lo que “deberá seguir este trabajo con el que se cierran heridas y duelos interrumpidos durante años”.
Toda una vida para recuperar un nombre
El día 7 de agosto de 1937, Dolores Malmesat, que entonces era sólo una niña, vio a su padre por última vez. Han pasado 71 años y Dolores sigue buscando al hombre cuyo rastro fue borrado cuando “los soldados del Movimiento entraron en Calañas y a los pocos días fueron a por él porque una vecina aseguró que llevaba comida y ayudaba a los fugitivos”. Aquel día la niña, su madre y su hermanos habían trabajado, como siempre desde que su padre enfermara, en su pequeño huerto, y al regresar a casa se toparon con una ausencia por la que ni luto pudieron tener. “A mi madre la raparon muchas veces e intentaron obligarla a que firmara unos papeles en los que se decía que la muerte de mi padre había sido por causas naturales, pero siempre se negó”. Entonces comenzó un peregrinar en búsqueda del ser querido, no obtuvieron respuestas en Valverde, “adonde decían que se lo habían llevado”, ni tampoco en Zalamea, ni en Calañas, “porque las páginas del Juzgado del 26 al 39 las han arrancado”. Dolores, de 82 años, no se ha dado por vencida y ayer dio sus datos a la Asociación Memoria Histórica para que la ayude a devolver el nombre a su padre.
Jornadas dedicadas a la mujer en la Guerra Civil
En abril de 2009, La Palma del Condado -lugar escogido por la total “desprotección y maltrato dado a la memoria de las personas enterradas en la fosa común sobre la que se ha construido”-, acogerá las Jornadas ‘Mujer y Guerra Civil. Doblegadas e insurrectas’. El objetivo es honrar el papel de la mujer durante un conflicto en el que sufrió doble represión pos sus ideas y por su condición femenina, según explicó el presidente de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía. La escritora Almudena Grandes, la documentalista Elena de Margal, las periodistas María Luisa Chamorro y María Antonio Iglesias, junto a los testimonios de muchas mujeres que vivieron la sinrazón de la guerra, serán las protagonistas de estas jornadas que pretenden dar a la mujer el sitio que ocupó en la contienda.
La Asociación del Condado, “indignada” por la paralización de exhumaciones
El vicepresidente de la Asociación de la Memoria Histórica del Condado y Campiña en Huelva, Ignacio Ávila, apuntó ayer que están “indignados y decepcionados” por la paralización de la exhumación de las fosas, pero que “no pararán hasta que se abran todas”. Así lo explicó a Europa Press Ávila, quien aseguró que, tras el acuerdo al que se llegó el pasado viernes en el Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional para paralizar la exhumación de todas las fosas comunes de la Guerra Civil, autorizadas por el juez Baltasar Garzón, se han sentido “indefensos porque nadie les ha comunicado nada”.
En este sentido, apuntó que con este tipo de acciones “se está demostrando que la realización de las exhumaciones está politizada”, a lo que añadió que espera que los gobiernos socialistas “sean valientes y que finalmente se abran las fosas”. Se mostró seguro de que las fosas “se van a abrir y sobre todo la de La Palma del Condado, que al no estar ubicada en el cementerio de la localidad, corre aún más peligro de sufrir algún daño”.
Por otro lado, el vicepresidente indicó que su hijo, el secretario general de Juventudes Socialistas de La Palma, “recibe amenazas por teléfono desde hace un mes aproximadamente relacionadas con la exhumación de las fosas”, y además apuntó que estos hechos han sido denunciados ante la Guardia Civil, y que “aunque existen sospechas, no tienen pruebas”.
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
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AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la ...
AI avala la investigación de Garzón sobre los crímenes de la guerra y la dictadura
Amnistía Internacional critica a la Fiscalía por "obstaculizar" la causa y dice que indagar las muertes "no es un dilema moral"Agencias / Madrid Actualizado 13.11.2008 - 05:05
La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
1 comentario
0 votos
Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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Amnistía ve "obligado" investigar el franquismo
El Periódico de Aragón -
Amnistía Internacional critica que España "obstaculice" la ...
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La cúpula de Amnistía Internacional, en la comparecencia de ayer ante la prensa en su sede de Madrid.
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Amnistía Internacional (AI) defiende la investigación del juez Baltasar Garzón sobre los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo. El director de dicha organización, Esteban Beltrán, aseguró ayer que España no puede ser una "excepción mundial" que incumpla las exigencias del derecho internacional, como investigar los crímenes del pasado y proteger a las víctimas, y cree que está "en una encrucijada". En una rueda de prensa al respecto de la iniciativa emprendida por el magistrado, Beltrán planteó que "o se sigue el camino de la verdad, la justicia y la reparación" iniciado en una treintena de países en los que también se cometieron crímenes contra la humanidad o el de "los obstáculos interminables y el no respeto de sus compromisos como nación". "Porque la encrucijada de investigar o no graves crímenes contra la humanidad no es un dilema moral ni un principio ético. Investigar, localizar fosas, exhumar restos e investigar los posibles autores y reparar a las víctimas es un imperativo legal según todos los instrumentos internacionales ratificados por España", subrayó el director de AI.Así, Beltrán criticó las alegaciones del Ministerio Fiscal para "frenar la acción de la justicia" y "obstaculizar" los intentos legítimos de los familiares para obtener una tutela judicial a su desamparo. De este modo, dijeron sentirse sorprendidos ante la medida dado que la Fiscalía es el principal defensor de la legalidad y de los derechos de las víctimas.Según Beltrán, el Comité de Derechos Humanos de la ONU al que se sometió España y "aceptó sus reglas", está mirando qué camino eligen las autoridades en relación con las víctimas del franquismo y la guerra. Por ello, dijo que "si siguen el camino de no respetar sus compromisos como nación y no investigar los casos, estarían fuera de la legalidad internacional".AI aprovechó el acto para presentar el documento Mitos y distorsiones, con el que pretende desmontar trece de los argumentos de la Fiscalía para paralizar las exhumaciones, entre ellos, la afirmación de que la Ley de Memoria Histórica impide las acciones judiciales, que los crímenes han prescrito o que quedaron absueltos con la Ley de Amnistía de 1977. La singularidad española respecto de otros países, apuntó Beltrán, reside en que un juez -y no el Ministerio Público- es quien impulsa una investigación sobre los crímenes del pasado y en que, además, este último se encarga de "obstaculizar" un proceso que restauraría los derechos de los familiares de los desaparecidos. Las víctimas identificadas de desapariciones forzadas en España durante la guerra y la dictadura, que ascienden a 114.000, superan a las registradas en toda Latinoamérica en 40 años. Beltrán señaló que de la treintena de países en los que se han cometido desapariciones forzadas, "sólo España" ha eludido la creación de una "comisión de la Verdad" para saber qué sucedió exactamente, lo que no excluiría la acción penal.
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