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Memoria histórica
ANA I. ARIZA LÓPEZ 28/11/2008
La ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final (como la española de Amnistía de 1977, preconstitucional por otra parte) no tienen ninguna validez.
Por otro lado, Amnistía Internacional, en un informe sobre derechos humanos en España, demuestra su preocupación por la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Estas noticias no han sido recogidas por los medios de comunicación. En Valencia tenemos fosas comunes, una de ellas con más de 24.000 personas, de ellas 600 niños. Primero fueron encerradas en las improvisadas cárceles en que se convirtieron los conventos e iglesias del país y después llevados a fusilar. Su único pecado, ser hijos de rojos. Algunos niños corrieron mejor suerte, sólo fueron "secuestrados" y entregados a familias afines al régimen.
La Ley de Memoria Histórica se queda corta, no incluye ninguna de las medidas que contemple la anulación de los juicios sumarísimos con los que se justificaron miles de asesinatos. Ni contempla justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Es hora de que España cure sus heridas, la única forma es sacar toda esta parte de nuestra historia a la luz.
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lunes, 1 de diciembre de 2008
Paradoja política de las fosas.
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Paradoja política de las fosas
Córdoba (IU) se opone a abrir un enterramiento y Málaga (PP) da dinero
M. J. ALBERT / D. NARVÁEZ - Córdoba / Málaga - 30/11/2008
Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.
Rosa Aguilar pone trabas a la familia de un fusilado que quiere exhumarlo
De la Torre financia el desentierro de la que se cree mayor fosa de España
El consistorio de Córdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvención del Gobierno.
La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cadáver, que se cree descansa en una fosa común. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio por obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. La familia también ha anunciado que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumación antes de 2009".
Los herederos del político no encontraban impedimento para empezar, hace más de un mes, los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuación que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber más de 500 cadáveres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumación, pero pide que un juez diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cadáver".
El problema es que el protocolo está pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria histórica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que actúen los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado Número 6 de Córdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidió la semana pasada paralizar los trámites de la exhumación hasta conocer la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ésta decidió el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y confía en que el juzgado cordobés reactive el caso.
El consistorio de Córdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permitió que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Según el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todavía", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que más claramente hemos encontrado".
En Málaga la situación vino favorecida porque no se trata de una actuación a instancias de un denunciante. La intervención en San Rafael es producto de una investigación realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se amplió dado los avances de la investigación que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensión mucho mayor de la que se suponía en un principio. El coste total de la intervención está presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.
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Paradoja política de las fosas
Córdoba (IU) se opone a abrir un enterramiento y Málaga (PP) da dinero
M. J. ALBERT / D. NARVÁEZ - Córdoba / Málaga - 30/11/2008
Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.
Rosa Aguilar pone trabas a la familia de un fusilado que quiere exhumarlo
De la Torre financia el desentierro de la que se cree mayor fosa de España
El consistorio de Córdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvención del Gobierno.
La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cadáver, que se cree descansa en una fosa común. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio por obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. La familia también ha anunciado que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumación antes de 2009".
Los herederos del político no encontraban impedimento para empezar, hace más de un mes, los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuación que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber más de 500 cadáveres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumación, pero pide que un juez diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cadáver".
El problema es que el protocolo está pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria histórica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que actúen los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado Número 6 de Córdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidió la semana pasada paralizar los trámites de la exhumación hasta conocer la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ésta decidió el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y confía en que el juzgado cordobés reactive el caso.
El consistorio de Córdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permitió que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Según el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todavía", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que más claramente hemos encontrado".
En Málaga la situación vino favorecida porque no se trata de una actuación a instancias de un denunciante. La intervención en San Rafael es producto de una investigación realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se amplió dado los avances de la investigación que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensión mucho mayor de la que se suponía en un principio. El coste total de la intervención está presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.
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El goteo de la memoria.
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El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008
Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630
Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.
Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.
La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.
La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.
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El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008
Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630
Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.
Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.
La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.
La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.
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La ONU y la Memoria Histórica.
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La ONU y la Memoria Histórica
Diario de Cádiz -
Pablo A. Fernández Sánchez Actualizado 29.11.2008 - 01:00
DURANTE el mes de octubre, España ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos ante el órgano encargado de su análisis y examen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que nuestro país es parte.Se trataba del quinto informe que presentaba España ante este órgano de Naciones Unidas y tras un largo periodo de más de doce años sin presentar ninguno. Ni durante todo el periodo del Gobierno de Aznar ni durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se había ocupado España de someter al veredicto de la ONU sus medidas legislativas, ejecutivas o judiciales en materia de derechos humanos.
En el informe, calificado por el propio Comité de Derechos Humanos como de "calidad", hay un apartado muy importante sobre la Ley de la Memoria Histórica que puede tener efectos beneficiosos ante el proceso que se nos avecina en la Audiencia Nacional.El día 30 de octubre, tras examinar los informes presentados por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones finales al respecto. En primer lugar, destacó el aspecto positivo de la Ley nº 52/2007, Ley de la Memoria Histórica, que prevé una reparación para las víctimas de la dictadura franquista.
También el Comité toma nota del procedimiento llevado a cabo ante la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, pero se mantiene preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley 46/1977 de Amnistía y "observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El fiscal ha invocado, entre otras, esta Ley última con la que se saldó el sistema de la dictadura para liberar, sobre todo, aunque no sólo, a los responsables de gravísimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre otros actos amnistiados, los fueron los de "de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976", incluyendo en todo caso "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Como puede verse, la Ley de Amnistía se parecía más a una ley de impunidad que a una ley de amnistía. Hay quien piensa, como Ernesto Sábato cuando presentó sus conclusiones como presidente de la Comisión de la Verdad en Argentina, que era preferible la paz a la justicia. Pero de todos es conocido que no es posible la paz sin justicia. Para poder precisar las normas internacionales que pueden ayudar a construir adecuadamente este proceso abierto en la Audiencia Nacional, el fiscal y los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberían recordar que, en efecto, las leyes de amnistía que supongan violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Observación general del Comité de Derechos Humanos nº 20), y en este sentido, por ejemplo, el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia determina que un proceso ante el propio Tribunal, aun después del proceso en el tribunal nacional, sería apropiado bajo el principio de non bis in idem si "el tribunal nacional actúa de forma parcial o no independiente, [o] los procedimientos están diseñados para proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional...".
Así se ha venido actuando en España, cuando se trataba de leyes de amnistía de otros estados. Los jueces de la Audiencia Nacional han venido instruyendo varios procesos contra Pinochet y contra militares argentinos, a pesar de las leyes internas de obediencia debida o de amnistías. Si nos sirve hacia fuera, también debe servirnos hacia dentro.Además, las violaciones graves de derechos humanos no prescriben, de conformidad con el Derecho Internacional.
Consecuentemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda a España cuatro acciones jurídicas: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. España debe ser consecuente con las normas internacionales .
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La ONU y la Memoria Histórica
Diario de Cádiz -
Pablo A. Fernández Sánchez Actualizado 29.11.2008 - 01:00
DURANTE el mes de octubre, España ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos ante el órgano encargado de su análisis y examen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que nuestro país es parte.Se trataba del quinto informe que presentaba España ante este órgano de Naciones Unidas y tras un largo periodo de más de doce años sin presentar ninguno. Ni durante todo el periodo del Gobierno de Aznar ni durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se había ocupado España de someter al veredicto de la ONU sus medidas legislativas, ejecutivas o judiciales en materia de derechos humanos.
En el informe, calificado por el propio Comité de Derechos Humanos como de "calidad", hay un apartado muy importante sobre la Ley de la Memoria Histórica que puede tener efectos beneficiosos ante el proceso que se nos avecina en la Audiencia Nacional.El día 30 de octubre, tras examinar los informes presentados por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones finales al respecto. En primer lugar, destacó el aspecto positivo de la Ley nº 52/2007, Ley de la Memoria Histórica, que prevé una reparación para las víctimas de la dictadura franquista.
También el Comité toma nota del procedimiento llevado a cabo ante la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, pero se mantiene preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley 46/1977 de Amnistía y "observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El fiscal ha invocado, entre otras, esta Ley última con la que se saldó el sistema de la dictadura para liberar, sobre todo, aunque no sólo, a los responsables de gravísimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre otros actos amnistiados, los fueron los de "de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976", incluyendo en todo caso "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Como puede verse, la Ley de Amnistía se parecía más a una ley de impunidad que a una ley de amnistía. Hay quien piensa, como Ernesto Sábato cuando presentó sus conclusiones como presidente de la Comisión de la Verdad en Argentina, que era preferible la paz a la justicia. Pero de todos es conocido que no es posible la paz sin justicia. Para poder precisar las normas internacionales que pueden ayudar a construir adecuadamente este proceso abierto en la Audiencia Nacional, el fiscal y los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberían recordar que, en efecto, las leyes de amnistía que supongan violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Observación general del Comité de Derechos Humanos nº 20), y en este sentido, por ejemplo, el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia determina que un proceso ante el propio Tribunal, aun después del proceso en el tribunal nacional, sería apropiado bajo el principio de non bis in idem si "el tribunal nacional actúa de forma parcial o no independiente, [o] los procedimientos están diseñados para proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional...".
Así se ha venido actuando en España, cuando se trataba de leyes de amnistía de otros estados. Los jueces de la Audiencia Nacional han venido instruyendo varios procesos contra Pinochet y contra militares argentinos, a pesar de las leyes internas de obediencia debida o de amnistías. Si nos sirve hacia fuera, también debe servirnos hacia dentro.Además, las violaciones graves de derechos humanos no prescriben, de conformidad con el Derecho Internacional.
Consecuentemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda a España cuatro acciones jurídicas: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. España debe ser consecuente con las normas internacionales .
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El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica.
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Nacional / El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro ...
El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica
01/12/2008 Fuente: Agencias WEBMURCIA.COM
Las jornadas, que se prolongarán hasta el domingo, serán públicas y abiertas a la participación de los asistentes
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha inaugurado hoy en la Universidad de Salamanca el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, en el que participan representantes y directores de instituciones similares al Centro Documental de la Memoria Histórica creado en España, procedentes de Argentina, Chile, República Dominicana, Portugal, Alemania y Eslovenia, del Archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja, (Suiza), así como dos destacados intelectuales, Juan Gelman y Marcos Ana, luchadores contra la represión política.
Los objetivos de este I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica son los de dar a conocer la importancia del papel que deben desempeñar este tipo de centros especializados como difusores de la Memoria y promotores de la investigación sobre la materia, así como difundir el esfuerzo realizado para que el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, se constituya no sólo en un referente nacional, sino que también ocupe un papel destacado en el panorama internacional.
Conferencia inaugural de Juan Gelman
La conferencia inaugural ha corrido a cargo del Premio Cervantes 2007, el poeta argentino Juan Gelman, quien vivió durante el período de la dictadura militar argentina el drama de la desaparición de sus hijos y asumió personalmente la búsqueda y recuperación de su nieta, localizada en Uruguay.
El Encuentro, cuyas jornadas son públicas y abiertas a la participación de los asistentes, se prolongará hasta el próximo domingo día 30 y permitirá a los participantes conocer de primera mano el intercambio de experiencias entre gestores de centros de memoria histórica; los puntos de vista de profesores, especialistas y miembros de organizaciones de víctimas del franquismo, así como testimonios personales de represaliados políticos.
Después del acto de inauguración, en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación se ha proyectado el documental ¿Quién soy yo?: Los niños encontrados de Argentina (2007), de la realizadora norteamericana Estela Bravo.
Marcos Ana clausurará el Encuentro
Las sesiones públicas finalizarán con la conferencia de clausura del poeta Marcos Ana, hijo de una humilde familia de emigrantes salmantinos a Alcalá de Henares, que al finalizar la Guerra Civil fue confinado en el campo de Albatera. Compañero de prisión de Miguel Hernández, soportó dos condenas a muerte. Estuvo internado en el Penal de Burgos hasta noviembre de 1961, fecha en la que fue liberado gracias a una campaña de solidaridad promovida por Amnistía Internacional, movilización internacional que no impidió que Marcos Ana fuera uno de los presos políticos con más años de confinamiento.
Una vez finalizadas las sesiones públicas del Encuentro, los responsables de los Centros de Memoria visitarán el Centro Documental de la Memoria Histórica, creado en Salamanca, y debatirán a puerta cerrada sobre las conclusiones de este primer encuentro, sobre la posibilidad de crear una red de centros especializados o de integrarse en alguna de las ya existentes, y sobre otra serie de temas que afectan a este tipo de instituciones culturales.
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Gelman conmovió a todos en España
Clarín.com -
Por: Juan Carlos Algañaraz
Soy padre de un hijo de 20 años, secuestrado, torturado, asesinado en 1976. Soy suegro de su esposa, secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo encinta de ocho meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya dos meses después de dar a luz. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida". Juan Gelman conmovió profundamente con su discurso inaugural a los participantes en el Primer Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica que se desarrolla en Salamanca.
En medio de un impresionante silencio el poeta argentino puntualizó: "El infierno no termina cuando se cierran las puertas del campo de concentración y las luces se apagan: hace un cuarto de siglo que cesó el infierno en la Argentina y centenares de miles de personas viven esa segunda parte del infierno que crepita en la memoria", proclamó.
Gelman citó a Adolfo Bioy Casares cuando se lamentaba de que en su país el olvido corre más ligero que la historia. "Pero no sólo en la Argentina. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores de olvido".
¿Quiénes son?
Los militares que mantienen un pacto de silencio, los policías que facilitan la huida de represores o queman archivos, la Iglesia católica que custodia "muy prolijos archivos que ayudarían a rescatar restos de desaparecidos", los miembros del Poder Judicial que "encajonan procesos" y quienes "fueron cómplices de la matanza y callan lo que saben".
Para Gelman los tiempos de represión y los años sucesivos están unidos porque "desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los comisarios del olvido". El escritor argentino destacó que "no habrá final de duelo para las víctimas hasta que se encuentren sus restos, se haga justicia y descansen en un lugar de recuerdo y homenaje. No terminará mientras los familiares no conozcan toda la verdad sobre su sufrimiento y mientras esa verdad no conduzca a la justicia". El gran poeta argentino explicó que "la voz de los vencidos es desordenada y poco útil para los libros de historia, y así se falsifica la vida. No hay que dejar nunca en el olvido la tarea de dignificar a las víctimas".
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Nacional / El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro ...
El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica
01/12/2008 Fuente: Agencias WEBMURCIA.COM
Las jornadas, que se prolongarán hasta el domingo, serán públicas y abiertas a la participación de los asistentes
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha inaugurado hoy en la Universidad de Salamanca el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, en el que participan representantes y directores de instituciones similares al Centro Documental de la Memoria Histórica creado en España, procedentes de Argentina, Chile, República Dominicana, Portugal, Alemania y Eslovenia, del Archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja, (Suiza), así como dos destacados intelectuales, Juan Gelman y Marcos Ana, luchadores contra la represión política.
Los objetivos de este I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica son los de dar a conocer la importancia del papel que deben desempeñar este tipo de centros especializados como difusores de la Memoria y promotores de la investigación sobre la materia, así como difundir el esfuerzo realizado para que el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, se constituya no sólo en un referente nacional, sino que también ocupe un papel destacado en el panorama internacional.
Conferencia inaugural de Juan Gelman
La conferencia inaugural ha corrido a cargo del Premio Cervantes 2007, el poeta argentino Juan Gelman, quien vivió durante el período de la dictadura militar argentina el drama de la desaparición de sus hijos y asumió personalmente la búsqueda y recuperación de su nieta, localizada en Uruguay.
El Encuentro, cuyas jornadas son públicas y abiertas a la participación de los asistentes, se prolongará hasta el próximo domingo día 30 y permitirá a los participantes conocer de primera mano el intercambio de experiencias entre gestores de centros de memoria histórica; los puntos de vista de profesores, especialistas y miembros de organizaciones de víctimas del franquismo, así como testimonios personales de represaliados políticos.
Después del acto de inauguración, en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación se ha proyectado el documental ¿Quién soy yo?: Los niños encontrados de Argentina (2007), de la realizadora norteamericana Estela Bravo.
Marcos Ana clausurará el Encuentro
Las sesiones públicas finalizarán con la conferencia de clausura del poeta Marcos Ana, hijo de una humilde familia de emigrantes salmantinos a Alcalá de Henares, que al finalizar la Guerra Civil fue confinado en el campo de Albatera. Compañero de prisión de Miguel Hernández, soportó dos condenas a muerte. Estuvo internado en el Penal de Burgos hasta noviembre de 1961, fecha en la que fue liberado gracias a una campaña de solidaridad promovida por Amnistía Internacional, movilización internacional que no impidió que Marcos Ana fuera uno de los presos políticos con más años de confinamiento.
Una vez finalizadas las sesiones públicas del Encuentro, los responsables de los Centros de Memoria visitarán el Centro Documental de la Memoria Histórica, creado en Salamanca, y debatirán a puerta cerrada sobre las conclusiones de este primer encuentro, sobre la posibilidad de crear una red de centros especializados o de integrarse en alguna de las ya existentes, y sobre otra serie de temas que afectan a este tipo de instituciones culturales.
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Gelman conmovió a todos en España
Clarín.com -
Por: Juan Carlos Algañaraz
Soy padre de un hijo de 20 años, secuestrado, torturado, asesinado en 1976. Soy suegro de su esposa, secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo encinta de ocho meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya dos meses después de dar a luz. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida". Juan Gelman conmovió profundamente con su discurso inaugural a los participantes en el Primer Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica que se desarrolla en Salamanca.
En medio de un impresionante silencio el poeta argentino puntualizó: "El infierno no termina cuando se cierran las puertas del campo de concentración y las luces se apagan: hace un cuarto de siglo que cesó el infierno en la Argentina y centenares de miles de personas viven esa segunda parte del infierno que crepita en la memoria", proclamó.
Gelman citó a Adolfo Bioy Casares cuando se lamentaba de que en su país el olvido corre más ligero que la historia. "Pero no sólo en la Argentina. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores de olvido".
¿Quiénes son?
Los militares que mantienen un pacto de silencio, los policías que facilitan la huida de represores o queman archivos, la Iglesia católica que custodia "muy prolijos archivos que ayudarían a rescatar restos de desaparecidos", los miembros del Poder Judicial que "encajonan procesos" y quienes "fueron cómplices de la matanza y callan lo que saben".
Para Gelman los tiempos de represión y los años sucesivos están unidos porque "desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los comisarios del olvido". El escritor argentino destacó que "no habrá final de duelo para las víctimas hasta que se encuentren sus restos, se haga justicia y descansen en un lugar de recuerdo y homenaje. No terminará mientras los familiares no conozcan toda la verdad sobre su sufrimiento y mientras esa verdad no conduzca a la justicia". El gran poeta argentino explicó que "la voz de los vencidos es desordenada y poco útil para los libros de historia, y así se falsifica la vida. No hay que dejar nunca en el olvido la tarea de dignificar a las víctimas".
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El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la Memoria ´llega un poco tarde´.
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El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la ...
El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la Memoria ´llega un poco tarde´
El poeta Marcos Ana cuyo verdadero nombre es Fernando Macarro Castillo, que durante la guerra civil y el franquismo sufrió la cárcel y el exilio y fue condenado a muerte dos veces, asiste como conferenciante a la clausura del I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica.
EFE / J. M. García
Domingo 30 de noviembre de 2008
El poeta y ex preso franquista ha considerado hoy en Salamanca que la Ley de la memoria Histórica "llega tarde" y es "insuficiente".
EFE
Ana, que ha clausurado con una conferencia el Encuentro Internacional de Centros de la Memoria Histórica promovido por el Ministerio de Cultura, ha señalado al respecto de la normativa que además de llegar tarde, "no es una memoria suficientemente profunda como quisiéramos".
El poeta ha matizado en este sentido que el desarrollo de la ley es un "paso positivo" que hay que "aplaudir", aunque "los represaliados creemos que tenía que haberse hecho lo que se hizo en Italia y en Alemania", a la que vez que ha reivindicado que se declaren nulas todas las sentencias dictadas por el franquismo. A pesar de lo "insuficiente" de la ley, el ex preso de la dictadura española ha considerado la memoria histórica como "la mejor vacuna para las nuevas generaciones, para entender la vida y la libertad de las nuevas generaciones". Por ello, ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación, que "aunque sea doloroso, hay que conocer ese periodo luctuoso de nuestra Historia".
Ana ha denunciado que existen "muchos intereses" para que se olvide esa parte de la historia española y ha añadido:"nos parece que eso no es justo, no porque no seamos generosos, porque lo fuimos en la transición; hemos sido muy generosos". En opinión del poeta, la Memoria Histórica debería ser una asignatura obligatoria en los institutos y universidades con el objeto de que no se repite el pasado.
Ana ha acusado a "lo más radical de la derecha" de querer echar "una capa de tierra sobre lo que hemos vivido", algo que los que "quedamos heridos" de esa etapa- ha añadido- "no aceptamos". Respecto a la apertura de fosas comunes, el poeta ha considera "lógico" que los familiares quieran "acabar con el silencio de las cunetas". En sus declaraciones abogó por retirar las distinciones y honores a Francisco Franco, solicitando a los salmantinos que retiren de su Plaza Mayor el medallón dedicado al dictador "y poner si queréis a Chiquito de la Calzada", dijo.
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"Después de una dictadura tan atroz no se puede arrancar esa ...
20 minutos -
Ana pide no olvidar el franquismo para evitar que se repita
El Norte de Castilla -
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El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la ...
El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la Memoria ´llega un poco tarde´
El poeta Marcos Ana cuyo verdadero nombre es Fernando Macarro Castillo, que durante la guerra civil y el franquismo sufrió la cárcel y el exilio y fue condenado a muerte dos veces, asiste como conferenciante a la clausura del I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica.
EFE / J. M. García
Domingo 30 de noviembre de 2008
El poeta y ex preso franquista ha considerado hoy en Salamanca que la Ley de la memoria Histórica "llega tarde" y es "insuficiente".
EFE
Ana, que ha clausurado con una conferencia el Encuentro Internacional de Centros de la Memoria Histórica promovido por el Ministerio de Cultura, ha señalado al respecto de la normativa que además de llegar tarde, "no es una memoria suficientemente profunda como quisiéramos".
El poeta ha matizado en este sentido que el desarrollo de la ley es un "paso positivo" que hay que "aplaudir", aunque "los represaliados creemos que tenía que haberse hecho lo que se hizo en Italia y en Alemania", a la que vez que ha reivindicado que se declaren nulas todas las sentencias dictadas por el franquismo. A pesar de lo "insuficiente" de la ley, el ex preso de la dictadura española ha considerado la memoria histórica como "la mejor vacuna para las nuevas generaciones, para entender la vida y la libertad de las nuevas generaciones". Por ello, ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación, que "aunque sea doloroso, hay que conocer ese periodo luctuoso de nuestra Historia".
Ana ha denunciado que existen "muchos intereses" para que se olvide esa parte de la historia española y ha añadido:"nos parece que eso no es justo, no porque no seamos generosos, porque lo fuimos en la transición; hemos sido muy generosos". En opinión del poeta, la Memoria Histórica debería ser una asignatura obligatoria en los institutos y universidades con el objeto de que no se repite el pasado.
Ana ha acusado a "lo más radical de la derecha" de querer echar "una capa de tierra sobre lo que hemos vivido", algo que los que "quedamos heridos" de esa etapa- ha añadido- "no aceptamos". Respecto a la apertura de fosas comunes, el poeta ha considera "lógico" que los familiares quieran "acabar con el silencio de las cunetas". En sus declaraciones abogó por retirar las distinciones y honores a Francisco Franco, solicitando a los salmantinos que retiren de su Plaza Mayor el medallón dedicado al dictador "y poner si queréis a Chiquito de la Calzada", dijo.
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"Después de una dictadura tan atroz no se puede arrancar esa ...
20 minutos -
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Exteriores editará folletos informativos para los hijos y nietos de exiliados que quieran ser españoles.
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Memoria.- Exteriores editará folletos informativos para los hijos ...
Europa Press -
Exteriores editará folletos informativos para los hijos y nietos de exiliados que quieran ser españoles
Noticias relacionadas
Memoria.- El Gobierno estima que podrán obtener nacionalidad española unos 500.000 hijos y nietos de exiliados (31/10/2008)
Memoria.- El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas (31/10/2008)
La Xunta estima que unos 140.000 descendientes de emigrantes obtendrán la nacionalidad con la "generosidad" del Estado (03/11/2008)
Exteriores gastará 4 millones de euros en tramitar nacionalizaciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica (07/10/2008)
Argentina/España.- Rajoy promete a los emigrantes "los mismos derechos" que los de los inmigrantes que llegan a España (16/12/2007)
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación va a editar folletos que se distribuirán en todos sus consulados para informar sobre la aplicación de una disposición adicional de la conocida como Ley de Memoria Histórica que abre la puerta a que los hijos y nietos de los exiliados que se vieron obligados a abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 puedan acceder a la nacionalidad española.
Con el mismo objetivo, el departamento que dirige Miguel Angel Moratinos tiene previsto introducir un enlace en la página oficial del Ministerio con la misma información para facilitar los trámites a los potenciales beneficiarios de esta medida.
La entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la citada norma se producirá el próximo 27 de diciembre. Este texto reconoce el derecho de opción a la nacionalidad para las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y para los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
TRAMITACIÓN PREFERENTE
Ante la cercanía de la fecha de la entrada en vigor, el secretario de Educación y Cultura de la federación europea del PSOE, Horacio Díaz del Barco, responsable del seguimiento de la Ley de Memoria, ha reclamado que las peticiones que se reciban "se tramiten de manera preferente", habida cuenta la "gran carga simbólica" de esta medida.
Díaz del Barco se reunió la semana pasada con el nuevo embajador de España en Berlín, Rafael Dezcallar, para estudiar las previsiones adoptadas por los servicios consulares españoles de cara a la aplicación de la nueva normativa.
"El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene el mecanismo perfectamente preparado. Todas las embajadas y consulados de España han recibido una instrucción del Ministerio de Justicia explicando la aplicación de la norma", explicó Díaz del Barco.
En este sentido, garantizó que el Ejecutivo pondrá en marcha "todos los recursos necesarios para informar sobre cómo y dónde adquirir la nacionalidad española". Así, en breve, el Ministerio de Asuntos Exteriores situará en su página 'web' un apartado sobre este tema dirigido a las personas que residan en el extranjero", mientras que para los ciudadanos sin conexión a Internet los consulados pondrán a disposición un folleto explicativo.
DOS AÑOS PARA PEDIRLO
El Gobierno ha querido simplificar al máximo los trámites burocráticos. Por ello, para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela del interesado, el solicitante podrá incluso presentar certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o instituciones relacionadas con el exilio y que estén reconocidas por España o por el país de acogida.
Además, la Ley de Memoria Histórica otorga a los afectados el derecho a adquirir la nacionalidad española de origen, jurídicamente más beneficiosa que la derivativa o no de origen.
Los beneficiarios tendrán que presentar sus solicitudes en el Registro Civil Consular
correspondiente al lugar de domicilio. El plazo para ejercer este derecho caduca el 27 de diciembre de 2010, si bien está contemplado que el Consejo de Ministros pueda prorrogarlo por un año más, en caso de mostrarse insuficiente el tiempo previsto.
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Memoria.- Exteriores editará folletos informativos para los hijos ...
Europa Press -
Exteriores editará folletos informativos para los hijos y nietos de exiliados que quieran ser españoles
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La Xunta estima que unos 140.000 descendientes de emigrantes obtendrán la nacionalidad con la "generosidad" del Estado (03/11/2008)
Exteriores gastará 4 millones de euros en tramitar nacionalizaciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica (07/10/2008)
Argentina/España.- Rajoy promete a los emigrantes "los mismos derechos" que los de los inmigrantes que llegan a España (16/12/2007)
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación va a editar folletos que se distribuirán en todos sus consulados para informar sobre la aplicación de una disposición adicional de la conocida como Ley de Memoria Histórica que abre la puerta a que los hijos y nietos de los exiliados que se vieron obligados a abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 puedan acceder a la nacionalidad española.
Con el mismo objetivo, el departamento que dirige Miguel Angel Moratinos tiene previsto introducir un enlace en la página oficial del Ministerio con la misma información para facilitar los trámites a los potenciales beneficiarios de esta medida.
La entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la citada norma se producirá el próximo 27 de diciembre. Este texto reconoce el derecho de opción a la nacionalidad para las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y para los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
TRAMITACIÓN PREFERENTE
Ante la cercanía de la fecha de la entrada en vigor, el secretario de Educación y Cultura de la federación europea del PSOE, Horacio Díaz del Barco, responsable del seguimiento de la Ley de Memoria, ha reclamado que las peticiones que se reciban "se tramiten de manera preferente", habida cuenta la "gran carga simbólica" de esta medida.
Díaz del Barco se reunió la semana pasada con el nuevo embajador de España en Berlín, Rafael Dezcallar, para estudiar las previsiones adoptadas por los servicios consulares españoles de cara a la aplicación de la nueva normativa.
"El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene el mecanismo perfectamente preparado. Todas las embajadas y consulados de España han recibido una instrucción del Ministerio de Justicia explicando la aplicación de la norma", explicó Díaz del Barco.
En este sentido, garantizó que el Ejecutivo pondrá en marcha "todos los recursos necesarios para informar sobre cómo y dónde adquirir la nacionalidad española". Así, en breve, el Ministerio de Asuntos Exteriores situará en su página 'web' un apartado sobre este tema dirigido a las personas que residan en el extranjero", mientras que para los ciudadanos sin conexión a Internet los consulados pondrán a disposición un folleto explicativo.
DOS AÑOS PARA PEDIRLO
El Gobierno ha querido simplificar al máximo los trámites burocráticos. Por ello, para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela del interesado, el solicitante podrá incluso presentar certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o instituciones relacionadas con el exilio y que estén reconocidas por España o por el país de acogida.
Además, la Ley de Memoria Histórica otorga a los afectados el derecho a adquirir la nacionalidad española de origen, jurídicamente más beneficiosa que la derivativa o no de origen.
Los beneficiarios tendrán que presentar sus solicitudes en el Registro Civil Consular
correspondiente al lugar de domicilio. El plazo para ejercer este derecho caduca el 27 de diciembre de 2010, si bien está contemplado que el Consejo de Ministros pueda prorrogarlo por un año más, en caso de mostrarse insuficiente el tiempo previsto.
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Dos autos históricos de Garzón. Ian Gibson.
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Dos autos históricos de Garzón
Lo más tremendo de ambos textos es la información que dan sobre el plan de exterminio franquista.
01/12/2008 IAN Gibson
Esta noticia pertenece a la edición en papel.
Ver archivo (pdf)
El desprecio... pero quedarán. La risa y la mofa... pero quedarán. El rechazo, el chiste, el escarnio, el insulto... pero quedarán. Los dos autos de Garzón se pueden leer en la red y quedarán, sí, para la historia y para que se sepa, dentro y fuera, la brutal realidad del criminal régimen de Franco. Régimen cuyo acceso al poder, y luego permanencia en el mismo, fueron facilitados --que no se olvide-- por la cobardía y la pusilanimidad de los entonces gobernantes de Francia y de Gran Bretaña, dos sedicentes democracias que, como nunca dejó de señalar Antonio Machado, tenían el deber de apoyar a la República.
Es evidente, más de 30 años después de la muerte del dictador, que la derecha española es todavía incapaz de asumir la verdadera y horrorífica dimensión de la política de exterminio y de odio hacia el adversario practicada por el franquismo, sobre todo después de la guerra. Prefiere que se olvide antes de conocerse. Los alemanes han afrontado con valentía su reciente historia. Lo han hecho los franceses, aunque les ha costado. Asimismo, los argentinos, los chilenos. Pero aquí una preconstitucional ley de amnistía (1977) ha llegado a ser una ley de punto final. Garzón razona que es inaceptable, porque el crimen de lesa humanidad, y aquí lo hubo, no prescribe. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, nada menos, está de acuerdo y recomienda su abolición.
AQUÍ LO HUBO, SÍ, y con premeditación. Para el lector no especializado me imagino que lo más tremendo de los dos autos (16 de octubre y 18 de noviembre del 2008) reside en la documentación que aportan sobre el plan de exterminio elaborado por los conspiradores. Plan sistemático y preconcebido puesto en marcha a rajatabla nada más iniciarse la rebelión y, en opinión del juez, "delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad". Gar- zón cita, entre otras pruebas, el siguiente decreto: "Quedan depuestos de sus cargos el presidente de la República, el presidente del Gobierno y todos los señores ministros, con los subsecretarios, directores generales y gobernadores civiles. Todos ellos serán detenidos y presos por los agentes de la autoridad como autores de los delitos de lesa patria, usurpación de poder y alta traición a España" (la cursiva es mía). Y la Octava Orden de Urgencia: "En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que dé lugar el bando de estado de guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios". Los documentos hablan por sí mismos.
El 19 de julio de 1936, en marcha la insurrección, declaró Mola: "Es necesario propagar una imagen de terror (...) Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado". ¡Abierta o secretamente! ¡Receta para el genocidio! Y en 1937 pronunció lindezas como: "¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España". O: "A los que han hecho armas contra nosotros, contra el Ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo".
FRANCO no le anduvo a la zaga. Se declaró dispuesto a matar a media España si hacía falta.
Queipo de Llano, con todo, fue el más sádico. "Yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros", recomendó en una de sus arengas radiofónicas. No faltó la acusación de que los rojos eran unos afeminados. Tampoco la incitación a violar: "Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido a hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará".
Y LUEGO, LOS niños perdidos del franquismo, arrancados de los brazos de sus madres en la cárcel --muchas de ellas, luego fusiladas--, "reeducados" en el nacionalcatolicismo por el Estado o entregados a parejas adictas al régimen, con sus apellidos originales borrados. Miles de niños que desconocen su verdadero origen, niños incluso buscados en el exilio por el servicio de "repatriación" franquista, niños considerados por el nefasto psiquiatra Antonio Vallejo Nájera --teórico de "las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental"-- como una plaga nociva, heredera de las taras innatas de sus progenitores. La crueldad mostrada hacia ellos --a veces les decían que sus madres los habían abandonado-- sublevará, seguramente, a muchos lectores. Así como la complicidad de la Iglesia.
EN UN SOLO mes los dos autos de Garzón han servido para provocar una intensa reflexión sobre las deficiencias de la ley de la memoria histórica y para impulsar el reconocimiento y la recuperación de las víctimas del holocausto español. ¿Quedará todo ahora en agua de borrajas, tras la "inhibición" del juez y el traslado a los juzgados? No lo quiero creer. Debe prevalecer la decencia humana.
Escritor.
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Dos autos históricos de Garzón
Lo más tremendo de ambos textos es la información que dan sobre el plan de exterminio franquista.
01/12/2008 IAN Gibson
Esta noticia pertenece a la edición en papel.
Ver archivo (pdf)
El desprecio... pero quedarán. La risa y la mofa... pero quedarán. El rechazo, el chiste, el escarnio, el insulto... pero quedarán. Los dos autos de Garzón se pueden leer en la red y quedarán, sí, para la historia y para que se sepa, dentro y fuera, la brutal realidad del criminal régimen de Franco. Régimen cuyo acceso al poder, y luego permanencia en el mismo, fueron facilitados --que no se olvide-- por la cobardía y la pusilanimidad de los entonces gobernantes de Francia y de Gran Bretaña, dos sedicentes democracias que, como nunca dejó de señalar Antonio Machado, tenían el deber de apoyar a la República.
Es evidente, más de 30 años después de la muerte del dictador, que la derecha española es todavía incapaz de asumir la verdadera y horrorífica dimensión de la política de exterminio y de odio hacia el adversario practicada por el franquismo, sobre todo después de la guerra. Prefiere que se olvide antes de conocerse. Los alemanes han afrontado con valentía su reciente historia. Lo han hecho los franceses, aunque les ha costado. Asimismo, los argentinos, los chilenos. Pero aquí una preconstitucional ley de amnistía (1977) ha llegado a ser una ley de punto final. Garzón razona que es inaceptable, porque el crimen de lesa humanidad, y aquí lo hubo, no prescribe. El Comité de Derechos Humanos de la ONU, nada menos, está de acuerdo y recomienda su abolición.
AQUÍ LO HUBO, SÍ, y con premeditación. Para el lector no especializado me imagino que lo más tremendo de los dos autos (16 de octubre y 18 de noviembre del 2008) reside en la documentación que aportan sobre el plan de exterminio elaborado por los conspiradores. Plan sistemático y preconcebido puesto en marcha a rajatabla nada más iniciarse la rebelión y, en opinión del juez, "delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad". Gar- zón cita, entre otras pruebas, el siguiente decreto: "Quedan depuestos de sus cargos el presidente de la República, el presidente del Gobierno y todos los señores ministros, con los subsecretarios, directores generales y gobernadores civiles. Todos ellos serán detenidos y presos por los agentes de la autoridad como autores de los delitos de lesa patria, usurpación de poder y alta traición a España" (la cursiva es mía). Y la Octava Orden de Urgencia: "En el primer momento y antes de que empiecen a hacerse efectivas las sanciones a que dé lugar el bando de estado de guerra, deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios". Los documentos hablan por sí mismos.
El 19 de julio de 1936, en marcha la insurrección, declaró Mola: "Es necesario propagar una imagen de terror (...) Cualquiera que sea, abierta o secretamente, defensor del Frente Popular debe ser fusilado". ¡Abierta o secretamente! ¡Receta para el genocidio! Y en 1937 pronunció lindezas como: "¿Parlamentar? ¡Jamás! Esta guerra tiene que terminar con el exterminio de los enemigos de España". O: "A los que han hecho armas contra nosotros, contra el Ejército, fusilarlos. Yo veo a mi padre en las filas contrarias y lo fusilo".
FRANCO no le anduvo a la zaga. Se declaró dispuesto a matar a media España si hacía falta.
Queipo de Llano, con todo, fue el más sádico. "Yo os autorizo, bajo mi responsabilidad, a matar como a un perro a cualquiera que se atreva a ejercer coacción sobre vosotros", recomendó en una de sus arengas radiofónicas. No faltó la acusación de que los rojos eran unos afeminados. Tampoco la incitación a violar: "Nuestros valientes legionarios y regulares han enseñado a los rojos lo que es ser hombre. De paso, también a las mujeres de los rojos, que ahora, por fin, han conocido a hombres de verdad, y no castrados milicianos. Dar patadas y berrear no las salvará".
Y LUEGO, LOS niños perdidos del franquismo, arrancados de los brazos de sus madres en la cárcel --muchas de ellas, luego fusiladas--, "reeducados" en el nacionalcatolicismo por el Estado o entregados a parejas adictas al régimen, con sus apellidos originales borrados. Miles de niños que desconocen su verdadero origen, niños incluso buscados en el exilio por el servicio de "repatriación" franquista, niños considerados por el nefasto psiquiatra Antonio Vallejo Nájera --teórico de "las íntimas relaciones entre marxismo e inferioridad mental"-- como una plaga nociva, heredera de las taras innatas de sus progenitores. La crueldad mostrada hacia ellos --a veces les decían que sus madres los habían abandonado-- sublevará, seguramente, a muchos lectores. Así como la complicidad de la Iglesia.
EN UN SOLO mes los dos autos de Garzón han servido para provocar una intensa reflexión sobre las deficiencias de la ley de la memoria histórica y para impulsar el reconocimiento y la recuperación de las víctimas del holocausto español. ¿Quedará todo ahora en agua de borrajas, tras la "inhibición" del juez y el traslado a los juzgados? No lo quiero creer. Debe prevalecer la decencia humana.
Escritor.
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Santa Cruz mantiene aún 103 calles con nombres asociados al franquismo
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http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/242534/
Metropolitana
SANTA CRUZ
Santa Cruz mantiene aún 103 calles con nombres asociados al franquismo
El experto Pedro Medina critica la "falta de voluntad política" para el cambio de denominaciones
La rambla dedicada al General Franco lleva esta denominación desde octubre del año 1936 .
VICENTE PÉREZ SANTA CRUZ
El callejero de la capital tinerfeña contiene aún más de un centenar de nombres de vías directamente relacionados con el régimen franquista, entre ellas la del propio dictador, Francisco Franco, en la rambla, una de las principales arterias de la ciudad, así como las de los principales generales que le acompañaron en el golpe de estado contra la II República:Goded, Fanjul, Sanjurjo, Mola...
El investigador de la Memoria Histórica Pedro Medina Sanabria ha identificado, por el momento, hasta 103 calles que rinden homenaje a militares, gobernantes y, en general, personas que colaboraron de forma activa con el régimen franquista en distintos grados.
Medina Sanabria, historiador autodidacta cuya investigación en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife y el Archivo Militar le ha convertido en un conocedor de la represión franquista en la Isla, critica la "falta de voluntad política para cambiar estos nombres que han demostrado hasta ahora quiénes han gobernando el Ayuntamiento de Santa Cruz"
Este funcionario jubilado del Instituto Nacional de Meteorología, químico de formación y ex ejecutivo de una multinacional tabaquera, recuerda que en 1979 se produjo el primer intento fallido del cambio de nombres, planteado en el pleno municipal por el concejal comunista Nicolás Pérez Plasencia, en la corporación que presidía Manuel Hermoso (entonces en UCD, luego destacado líder de ATI y CC), quien derivó la decisión a una comisión de estudio que nunca dio resultado alguno.
Medina señala que la rambla que lleva el nombre del dictador fue denominada así desde el 5 de octubre de1936, es decir , apenas dos meses y medio después del alzamiento militar, por acuerdo de la Comisión Gestora Municipal que usurpó el poder municipal eliminando su nombre original que procede de 1873. El esforzado "trabajador de nuestros archivos" está investigando también los nombres de calles cambiados durante la República en la capital, y aunque aún no ha concluido su trabajo, asegura que "probablemente no llegarán ni a una cuarta parte de los dedicados a exaltar el franquismo".
Medina vuelca en su blog http://pedromedinasanabria.wordpress.com/ /, y en su web http://personales.ya.com/pedroms/memoria.html , el resultado de sus investigaciones, entre ellas transcripciones de muchos documentos rescatados de los archivos.El alcalde, Miguel Zerolo, ha asegurado que el Ayuntamiento suprimirá el próximo año los nombres franquistas de las calles, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Habrán pasado 31 años desde la restauración de la Democracia y 73 desde el golpe de estado franquista que dio pie a la Guerra Civil y a casi 40 años de régimen dictatorial.
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Calles franquistas en Santa Cruz
La Opinión de Tenerife -
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http://www.diariodeavisos.com/diariodeavisos/content/242534/
Metropolitana
SANTA CRUZ
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VICENTE PÉREZ SANTA CRUZ
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El investigador de la Memoria Histórica Pedro Medina Sanabria ha identificado, por el momento, hasta 103 calles que rinden homenaje a militares, gobernantes y, en general, personas que colaboraron de forma activa con el régimen franquista en distintos grados.
Medina Sanabria, historiador autodidacta cuya investigación en el Archivo Municipal de Santa Cruz de Tenerife y el Archivo Militar le ha convertido en un conocedor de la represión franquista en la Isla, critica la "falta de voluntad política para cambiar estos nombres que han demostrado hasta ahora quiénes han gobernando el Ayuntamiento de Santa Cruz"
Este funcionario jubilado del Instituto Nacional de Meteorología, químico de formación y ex ejecutivo de una multinacional tabaquera, recuerda que en 1979 se produjo el primer intento fallido del cambio de nombres, planteado en el pleno municipal por el concejal comunista Nicolás Pérez Plasencia, en la corporación que presidía Manuel Hermoso (entonces en UCD, luego destacado líder de ATI y CC), quien derivó la decisión a una comisión de estudio que nunca dio resultado alguno.
Medina señala que la rambla que lleva el nombre del dictador fue denominada así desde el 5 de octubre de1936, es decir , apenas dos meses y medio después del alzamiento militar, por acuerdo de la Comisión Gestora Municipal que usurpó el poder municipal eliminando su nombre original que procede de 1873. El esforzado "trabajador de nuestros archivos" está investigando también los nombres de calles cambiados durante la República en la capital, y aunque aún no ha concluido su trabajo, asegura que "probablemente no llegarán ni a una cuarta parte de los dedicados a exaltar el franquismo".
Medina vuelca en su blog http://pedromedinasanabria.wordpress.com/ /, y en su web http://personales.ya.com/pedroms/memoria.html , el resultado de sus investigaciones, entre ellas transcripciones de muchos documentos rescatados de los archivos.El alcalde, Miguel Zerolo, ha asegurado que el Ayuntamiento suprimirá el próximo año los nombres franquistas de las calles, en aplicación de la Ley de Memoria Histórica. Habrán pasado 31 años desde la restauración de la Democracia y 73 desde el golpe de estado franquista que dio pie a la Guerra Civil y a casi 40 años de régimen dictatorial.
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Calles franquistas en Santa Cruz
La Opinión de Tenerife -
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domingo, 30 de noviembre de 2008
Dinero de dónde se puede.
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Dinero de dónde se puede
LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 30/11/2008
Las asociaciones de memoria histórica se conforman. Tras la asignación de competencias de la Audiencia Nacional a los juzgados provinciales, los investigadores celebran un cierto avance. "Antes no teníamos nada, ahora los juzgados están obligados a aplicar la ley a las fosas", explicaba ayer Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La situación hasta ahora había sido caótica. En la provincia de Huelva, por ejemplo, hay 118 fosas. En el mapa enviado al juez Garzón, se señalaron todas minuciosamente. Así lo explica Rafael López, presidente de la Asociación de la Memoria y Justicia de Huelva. Pero de ellas, sólo tres se incluyeron en el listado de 19 enterramientos (después ampliado a 25). La selección, llevada a cabo por la ARMH -la única asociación que funciona en el ámbito nacional-, fue aleatoria. "No íbamos a mandar mil folios con miles de fosas en toda España. Había que empezar por algún lado", explica Macías. Los tres municipios se han quedado a la espera. El caso de La Palma (10.000 habitantes) es de los más llamativos. Los familiares, el Ayuntamiento (PP) y una constructora llevaban dos años discutiendo.
Las obras de una urbanización de 119 viviendas junto a los terrenos donde pudiera estar la fosa, es el objeto de la disputa. La exhumación en Calañas (4.500 habitantes), no incluida en el listado de Garzón, se convirtió también en un símbolo de la confusión reinante. Las excavaciones comenzaron un día después de que la Audiencia se pronunciara contra Garzón. "Esta gente lleva esperando demasiados años. No podemos echarnos atrás", afirmó entonces Macías en Calañas. Su equipo encontró ocho personas asesinadas. Sobre la financiación, "cada cual saca dinero de donde puede", señala el vicepresidente. El proyecto de Calañas fue subvencionado "en una parte mínima" por el Ministerio de Presidencia. En total, 3.000 euros. "Las administraciones deben implicarse más. Si no, no hay quien pueda".
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Dinero de dónde se puede
LIDIA JIMÉNEZ - Huelva - 30/11/2008
Las asociaciones de memoria histórica se conforman. Tras la asignación de competencias de la Audiencia Nacional a los juzgados provinciales, los investigadores celebran un cierto avance. "Antes no teníamos nada, ahora los juzgados están obligados a aplicar la ley a las fosas", explicaba ayer Santiago Macías, vicepresidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH).
La situación hasta ahora había sido caótica. En la provincia de Huelva, por ejemplo, hay 118 fosas. En el mapa enviado al juez Garzón, se señalaron todas minuciosamente. Así lo explica Rafael López, presidente de la Asociación de la Memoria y Justicia de Huelva. Pero de ellas, sólo tres se incluyeron en el listado de 19 enterramientos (después ampliado a 25). La selección, llevada a cabo por la ARMH -la única asociación que funciona en el ámbito nacional-, fue aleatoria. "No íbamos a mandar mil folios con miles de fosas en toda España. Había que empezar por algún lado", explica Macías. Los tres municipios se han quedado a la espera. El caso de La Palma (10.000 habitantes) es de los más llamativos. Los familiares, el Ayuntamiento (PP) y una constructora llevaban dos años discutiendo.
Las obras de una urbanización de 119 viviendas junto a los terrenos donde pudiera estar la fosa, es el objeto de la disputa. La exhumación en Calañas (4.500 habitantes), no incluida en el listado de Garzón, se convirtió también en un símbolo de la confusión reinante. Las excavaciones comenzaron un día después de que la Audiencia se pronunciara contra Garzón. "Esta gente lleva esperando demasiados años. No podemos echarnos atrás", afirmó entonces Macías en Calañas. Su equipo encontró ocho personas asesinadas. Sobre la financiación, "cada cual saca dinero de donde puede", señala el vicepresidente. El proyecto de Calañas fue subvencionado "en una parte mínima" por el Ministerio de Presidencia. En total, 3.000 euros. "Las administraciones deben implicarse más. Si no, no hay quien pueda".
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Una tragedia poco conocida: los "niños perdidos de Franco".
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Una tragedia poco conocida: los "niños perdidos de Franco"
La Capital (Rosario) -
Barcelona. —
A diferencia de Argentina, donde la dictadura militar trató de ocultar la identidad y el destino de los hijos de miles de desaparecidos, el régimen de Francisco Franco (1936-1939) hizo lo mismo en España a plena luz del día. Así lo afirma el historiador catalán Ricard Vinyes, en el marco del debate que agita a España tras el frustrado intento del juez Baltasar Garzón para hacer luz sobre ese oscuro período de la historia española.
El historiador, uno de los principales estudiosos de la represión franquista durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, compara la situación con la Argentina de la última dictadura militar. Bajo el régimen encabezado por el general Jorge Rafael Videla, las desapariciones se hacían de "manera clandestina", casa por casa y por la noche, y "manteniéndose tan en secreto como se podía", dice Vinyes.
De Franco a Videla. En España el régimen de Franco "se enorgullecía" públicamente de "robar" los hijos a las madres republicanas en las cárceles e "ingresarlos en hospicios de auxilio social", donde se les cambiaba el nombre y "eran educados según los principios del Estado".
Las obras de Vinyes son la base del auto del juez Garzón, que primero decretó su competencia para investigar los crímenes del franquismo y después se inhibió del caso, pidiendo a los juzgados locales que sigan la investigación.
"La dictadura argentina (1976-1983) tenía conocimiento de lo que pasó en España. El general Videla opinaba que en Argentina no se podía hacer lo mismo que había hecho Franco porque tendría en su contra a toda la comunidad internacional", asegura el historiador catalán. Vinyes investigó durante 4 años los archivos de las cárceles republicanas y en 2002 publicó dos libros, "Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas" y "Los niños perdidos del franquismo", que ayudaron a arrojar luz sobre este tenebroso aspecto de la dictadura franquista, en que los niños eran robados y separados de sus madres sin que, en muchos casos, "volvieran a verse nunca más".
Derecho a la memoria.
"El drama de este país es que no hay una política pública que garantice al ciudadano a acceder y transmitir la memoria del pasado. La gente tiene el derecho a conocer toda la verdad. El auto (de Garzón) es positivo. Ha hecho que se hablara mucho de todos estos temas de nuestro pasado, no sólo de la guerra, sino de la dictadura, que es más importante".
Esta semana la Audiencia Nacional decidió que Garzón es incompetente para juzgar los hechos. Ahora, "¿Cada juez (local) tendrá su propia comisión, o es que habrá una comisión estatal que oriente a todos los jueces?", se pregunta. "Garzón tenía un trabajo inmenso. Una cosa son las fosas y otra son los niños perdidos, porque las madres ya están prácticamente todas muertas, y los hijos tienen entre 60 y pico y 70 años, y conseguir reconstruir todo esto es francamente complejo". Para Vinyes, un "éxito suficiente" sería conseguir que el Estado "reconociera que la dictadura había creado un sistema de robos de niños para educarlos según los principios del Estado".
Según él, en España no hubo nunca "una voluntad ni un reclamo social de aplicar juicio a los perpetradores de estos hechos, a diferencia de lo que ocurrió tras las dictaduras de Chile y Argentina, donde hay militares que han sido juzgados y condenados. El modelo español de impunidad consiste en la negativa del Estado a declarar nulas las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales especiales de la dictadura", asegura.
No se conoce el número exacto de niños robados durante esos años posteriores a la Guerra Civil española, pero según Vinyes, solamente en el año 1944 están documentados alrededor de 12.000 casos.
Una vida sin saber.
Muchos de aquellos que fueron niños todavía hoy no saben que en realidad son hijos de republicanos. "Había casos de mujeres embarazadas que estaban condenadas a muerte. A veces esperaban a que naciera el niño y horas después se las fusilaba. También están documentados casos de mujeres que se declaraban embarazadas pero eran fusiladas sin comprobarlo", explica. "No se sabe si los niños también eran dados a familias amigas del régimen. Hay indicios de casos de adopciones irregulares, pero no pude comprobarlo porque no me dejaron entrar en el Archivo Tutelar de Menores", denuncia Vinyes.
Tras años de investigación, el historiador afirma no estar en condiciones de decidir qué caso le ha impresionado más: "Todos son igualmente brutales y bestiales. Se trataba de evitar que estos niños crecieran con el «mal republicano». Y por ello había que arrancarlos de sus madres".
(DPA)
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Los niños perdidos del Franquismo.
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Una tragedia poco conocida: los "niños perdidos de Franco"
La Capital (Rosario) -
Barcelona. —
A diferencia de Argentina, donde la dictadura militar trató de ocultar la identidad y el destino de los hijos de miles de desaparecidos, el régimen de Francisco Franco (1936-1939) hizo lo mismo en España a plena luz del día. Así lo afirma el historiador catalán Ricard Vinyes, en el marco del debate que agita a España tras el frustrado intento del juez Baltasar Garzón para hacer luz sobre ese oscuro período de la historia española.
El historiador, uno de los principales estudiosos de la represión franquista durante la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura, compara la situación con la Argentina de la última dictadura militar. Bajo el régimen encabezado por el general Jorge Rafael Videla, las desapariciones se hacían de "manera clandestina", casa por casa y por la noche, y "manteniéndose tan en secreto como se podía", dice Vinyes.
De Franco a Videla. En España el régimen de Franco "se enorgullecía" públicamente de "robar" los hijos a las madres republicanas en las cárceles e "ingresarlos en hospicios de auxilio social", donde se les cambiaba el nombre y "eran educados según los principios del Estado".
Las obras de Vinyes son la base del auto del juez Garzón, que primero decretó su competencia para investigar los crímenes del franquismo y después se inhibió del caso, pidiendo a los juzgados locales que sigan la investigación.
"La dictadura argentina (1976-1983) tenía conocimiento de lo que pasó en España. El general Videla opinaba que en Argentina no se podía hacer lo mismo que había hecho Franco porque tendría en su contra a toda la comunidad internacional", asegura el historiador catalán. Vinyes investigó durante 4 años los archivos de las cárceles republicanas y en 2002 publicó dos libros, "Irredentas: las presas políticas y sus hijos en las cárceles franquistas" y "Los niños perdidos del franquismo", que ayudaron a arrojar luz sobre este tenebroso aspecto de la dictadura franquista, en que los niños eran robados y separados de sus madres sin que, en muchos casos, "volvieran a verse nunca más".
Derecho a la memoria.
"El drama de este país es que no hay una política pública que garantice al ciudadano a acceder y transmitir la memoria del pasado. La gente tiene el derecho a conocer toda la verdad. El auto (de Garzón) es positivo. Ha hecho que se hablara mucho de todos estos temas de nuestro pasado, no sólo de la guerra, sino de la dictadura, que es más importante".
Esta semana la Audiencia Nacional decidió que Garzón es incompetente para juzgar los hechos. Ahora, "¿Cada juez (local) tendrá su propia comisión, o es que habrá una comisión estatal que oriente a todos los jueces?", se pregunta. "Garzón tenía un trabajo inmenso. Una cosa son las fosas y otra son los niños perdidos, porque las madres ya están prácticamente todas muertas, y los hijos tienen entre 60 y pico y 70 años, y conseguir reconstruir todo esto es francamente complejo". Para Vinyes, un "éxito suficiente" sería conseguir que el Estado "reconociera que la dictadura había creado un sistema de robos de niños para educarlos según los principios del Estado".
Según él, en España no hubo nunca "una voluntad ni un reclamo social de aplicar juicio a los perpetradores de estos hechos, a diferencia de lo que ocurrió tras las dictaduras de Chile y Argentina, donde hay militares que han sido juzgados y condenados. El modelo español de impunidad consiste en la negativa del Estado a declarar nulas las sentencias de los consejos de guerra y de los tribunales especiales de la dictadura", asegura.
No se conoce el número exacto de niños robados durante esos años posteriores a la Guerra Civil española, pero según Vinyes, solamente en el año 1944 están documentados alrededor de 12.000 casos.
Una vida sin saber.
Muchos de aquellos que fueron niños todavía hoy no saben que en realidad son hijos de republicanos. "Había casos de mujeres embarazadas que estaban condenadas a muerte. A veces esperaban a que naciera el niño y horas después se las fusilaba. También están documentados casos de mujeres que se declaraban embarazadas pero eran fusiladas sin comprobarlo", explica. "No se sabe si los niños también eran dados a familias amigas del régimen. Hay indicios de casos de adopciones irregulares, pero no pude comprobarlo porque no me dejaron entrar en el Archivo Tutelar de Menores", denuncia Vinyes.
Tras años de investigación, el historiador afirma no estar en condiciones de decidir qué caso le ha impresionado más: "Todos son igualmente brutales y bestiales. Se trataba de evitar que estos niños crecieran con el «mal republicano». Y por ello había que arrancarlos de sus madres".
(DPA)
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Los niños perdidos del Franquismo.
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La vida de las cloacas
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La vida de las cloacas
Centros de la recuperación de la memoria comparten claves sobre cómo levantar acta del pasado
TEREIXA CONSTENLA - Salamanca - 30/11/2008
Muchas dictaduras tienen un alma puntillosa. El régimen nazi encarnó la quintaesencia de esa obsesión notarial por documentar su plan de exterminio. En algunos campos de concentración, anotaron incluso la cantidad de piojos de cada preso. Se comprueba en el Servicio Internacional de Búsquedas, el gigantesco archivo que conserva nombres de 17,5 millones de víctimas del Estado nazi, entre ellas miles de rotspanier (españoles rojos).
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los ciudadanos van por delante de los políticos respecto a la memoria histórica
Gracias a este afán por registrar su propio terror se puede profundizar en la historia de la II Guerra Mundial. "Ante la ultraderecha que niega el Holocausto basta el índice con el nombre de 17,5 millones de personas", contrapone Reto Meister, director de este servicio, creado al finalizar el conflicto y financiado por el Gobierno alemán. Desde entonces, ha servido para aportar pruebas contra criminales, para que las víctimas recibiesen compensaciones y para que familias dispersas se reencontraran. También para quitar antifaces como el de Ivan Demjanjuk, el diligente exterminador de un campo que falseó su biografía para lograr el estatus de refugiado en Estados Unidos. Pero el archivo ha cometido un error. "Ha sido irresponsable haberlo tenido cerrado porque no ayuda a construir la verdad", reprueba Meister. Hasta 2007 sólo víctimas y allegados podían acceder a los documentos. El hermetismo se escudaba en la protección de derechos individuales. "La fórmula que hemos encontrado para solventarlo es transferir la protección de los datos al investigador", expone el director del centro.
Buscar en las telarañas del pasado es inevitable en países donde la realidad discurría distorsionada por dictaduras. Un fenómeno que se constata en el I Encuentro Internacional de Centros de la Memoria Histórica, que se celebra en Salamanca por iniciativa del Ministerio de Cultura. El Museo de la Resistencia Dominicana, creado hace un año por el Gobierno, aspira a desmontar mitos de la era trujillista. "Decían que se podía dormir con la puerta abierta, pero callaban que podía ir la policía a secuestrarte. Decían que todos los campesinos llevaban zapatos, pero callaban que tenían que comprarlos porque el dueño de la fábrica era Trujillo", relató con sorna Luisa de Peña. Al final, la profecía de Minerva Miraball, una de las resistentes, asesinada junto a sus hermanas, tendrá visos reales: "Si me matan... yo sacaré mi brazo de la tumba y seré más fuerte".
América Latina, amordazada bajo numerosas dictaduras en el siglo XX, vive ahora una eclosión de iniciativas de recuperación del pasado y homenaje a sus víctimas. Con más o menos oposición de quienes se sienten señalados en el ajuste de cuentas. "En la sociedad dominicana hay muchas heridas abiertas y una resistencia soterrada al museo de la extrema derecha", explicó Luisa de Peña. Por decreto oficial, el museo será una visita obligatoria para estudiantes de secundaria y cadetes de la policía y las Fuerzas Armadas, quienes conocerán dos periodos tenebrosos: las dictaduras de Truji-llo (1930-1961) y Balaguer (1961- 1964 y 1966-1978).
En lo referente a la memoria histórica, la sociedad civil suele ir por delante de los poderes públicos. Argentina, cuyos gobernantes democráticos dieron pasos adelante y atrás en la reparación del pasado, es el caso más paradigmático. Grupos de derechos humanos exigieron la verdad, rescataron documentación y custodian las huellas de la represión. Cinco de ellos han creado Memoria Abierta, un archivo de la última dictadura (1976- 1983) para "prevenir toda forma de autoritarismo", según Patricia Tappatá de Valdez.
En Chile, han optado por la discreción mientras ultiman el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, consagrado a los años de Pinochet (1973- 1990). "Chile tiene terror al debate, este museo tiene muchos riesgos porque hay tantas memorias como personas. Hay gente que nunca irá y gente a la que le gustaría encontrarse a Pinochet colgado en la puerta, pero queremos que no cuente lo ocurrido de manera agresiva y que atraiga gente", señaló Marcia Scantlebury, directora del equipo que lo impulsa y asesora de la presidenta Michele Bachelet.
Parece la iniciativa más ambiciosa de las descritas ayer, a lo que no será ajeno algo inusual: la propia presidenta Bachelet fue torturada durante la dictadura. Irá ubicado en una céntrica plaza de Santiago por la que pasan a diario 6.000 personas, será financiado por el Gobierno y ha implicado a organizaciones de derechos humanos. "Lo ocurrido debe ser recordado y narrado", defendió Marcia Scantlebury sin que en la voz se le colase una pizca de emoción o amargura. A pesar de que estaría justificado: fue secuestrada en su domicilio y trasladada a Villa Grimaldi, el centro de torturas más famoso de Chile. "Después de 23 días, cuando abandoné la villa, yo era otra persona". Scan-tlebury cree que lo escrito por García Márquez para las personas es válido para los países: "La vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda".
Tal vez el país que mejor ajustó cuentas con lo vivido fue Portugal. La revolución de los claveles que tumbó la dictadura (1926-1974) abrió ventanas, levantó alfombras, expulsó a funcionarios manchados, renovó policías, juzgó a los represores que no huyeron (pocos) y rindió honores a las víctimas. En 1978, el Consejo de Ministros ordenó publicar el Libro Negro sobre el régimen fascista. Las fichas de presos políticos ocuparon seis volúmenes. Si alguien quiere averiguar lo que la policía de Salazar sabía de él, sólo tiene que acudir al Archivo Histórico Nacional, donde se custodian los legajos. Hay muchas posibilidades de que encuentre su nombre. Silvestre Lacerda, director general de Archivos, cuenta aún asombrado: "Había seis millones de fichas policiales. Y Portugal tenía una población de 10 millones".
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La vida de las cloacas
Centros de la recuperación de la memoria comparten claves sobre cómo levantar acta del pasado
TEREIXA CONSTENLA - Salamanca - 30/11/2008
Muchas dictaduras tienen un alma puntillosa. El régimen nazi encarnó la quintaesencia de esa obsesión notarial por documentar su plan de exterminio. En algunos campos de concentración, anotaron incluso la cantidad de piojos de cada preso. Se comprueba en el Servicio Internacional de Búsquedas, el gigantesco archivo que conserva nombres de 17,5 millones de víctimas del Estado nazi, entre ellas miles de rotspanier (españoles rojos).
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Los ciudadanos van por delante de los políticos respecto a la memoria histórica
Gracias a este afán por registrar su propio terror se puede profundizar en la historia de la II Guerra Mundial. "Ante la ultraderecha que niega el Holocausto basta el índice con el nombre de 17,5 millones de personas", contrapone Reto Meister, director de este servicio, creado al finalizar el conflicto y financiado por el Gobierno alemán. Desde entonces, ha servido para aportar pruebas contra criminales, para que las víctimas recibiesen compensaciones y para que familias dispersas se reencontraran. También para quitar antifaces como el de Ivan Demjanjuk, el diligente exterminador de un campo que falseó su biografía para lograr el estatus de refugiado en Estados Unidos. Pero el archivo ha cometido un error. "Ha sido irresponsable haberlo tenido cerrado porque no ayuda a construir la verdad", reprueba Meister. Hasta 2007 sólo víctimas y allegados podían acceder a los documentos. El hermetismo se escudaba en la protección de derechos individuales. "La fórmula que hemos encontrado para solventarlo es transferir la protección de los datos al investigador", expone el director del centro.
Buscar en las telarañas del pasado es inevitable en países donde la realidad discurría distorsionada por dictaduras. Un fenómeno que se constata en el I Encuentro Internacional de Centros de la Memoria Histórica, que se celebra en Salamanca por iniciativa del Ministerio de Cultura. El Museo de la Resistencia Dominicana, creado hace un año por el Gobierno, aspira a desmontar mitos de la era trujillista. "Decían que se podía dormir con la puerta abierta, pero callaban que podía ir la policía a secuestrarte. Decían que todos los campesinos llevaban zapatos, pero callaban que tenían que comprarlos porque el dueño de la fábrica era Trujillo", relató con sorna Luisa de Peña. Al final, la profecía de Minerva Miraball, una de las resistentes, asesinada junto a sus hermanas, tendrá visos reales: "Si me matan... yo sacaré mi brazo de la tumba y seré más fuerte".
América Latina, amordazada bajo numerosas dictaduras en el siglo XX, vive ahora una eclosión de iniciativas de recuperación del pasado y homenaje a sus víctimas. Con más o menos oposición de quienes se sienten señalados en el ajuste de cuentas. "En la sociedad dominicana hay muchas heridas abiertas y una resistencia soterrada al museo de la extrema derecha", explicó Luisa de Peña. Por decreto oficial, el museo será una visita obligatoria para estudiantes de secundaria y cadetes de la policía y las Fuerzas Armadas, quienes conocerán dos periodos tenebrosos: las dictaduras de Truji-llo (1930-1961) y Balaguer (1961- 1964 y 1966-1978).
En lo referente a la memoria histórica, la sociedad civil suele ir por delante de los poderes públicos. Argentina, cuyos gobernantes democráticos dieron pasos adelante y atrás en la reparación del pasado, es el caso más paradigmático. Grupos de derechos humanos exigieron la verdad, rescataron documentación y custodian las huellas de la represión. Cinco de ellos han creado Memoria Abierta, un archivo de la última dictadura (1976- 1983) para "prevenir toda forma de autoritarismo", según Patricia Tappatá de Valdez.
En Chile, han optado por la discreción mientras ultiman el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, consagrado a los años de Pinochet (1973- 1990). "Chile tiene terror al debate, este museo tiene muchos riesgos porque hay tantas memorias como personas. Hay gente que nunca irá y gente a la que le gustaría encontrarse a Pinochet colgado en la puerta, pero queremos que no cuente lo ocurrido de manera agresiva y que atraiga gente", señaló Marcia Scantlebury, directora del equipo que lo impulsa y asesora de la presidenta Michele Bachelet.
Parece la iniciativa más ambiciosa de las descritas ayer, a lo que no será ajeno algo inusual: la propia presidenta Bachelet fue torturada durante la dictadura. Irá ubicado en una céntrica plaza de Santiago por la que pasan a diario 6.000 personas, será financiado por el Gobierno y ha implicado a organizaciones de derechos humanos. "Lo ocurrido debe ser recordado y narrado", defendió Marcia Scantlebury sin que en la voz se le colase una pizca de emoción o amargura. A pesar de que estaría justificado: fue secuestrada en su domicilio y trasladada a Villa Grimaldi, el centro de torturas más famoso de Chile. "Después de 23 días, cuando abandoné la villa, yo era otra persona". Scan-tlebury cree que lo escrito por García Márquez para las personas es válido para los países: "La vida no es lo que uno vivió, sino lo que recuerda y cómo lo recuerda".
Tal vez el país que mejor ajustó cuentas con lo vivido fue Portugal. La revolución de los claveles que tumbó la dictadura (1926-1974) abrió ventanas, levantó alfombras, expulsó a funcionarios manchados, renovó policías, juzgó a los represores que no huyeron (pocos) y rindió honores a las víctimas. En 1978, el Consejo de Ministros ordenó publicar el Libro Negro sobre el régimen fascista. Las fichas de presos políticos ocuparon seis volúmenes. Si alguien quiere averiguar lo que la policía de Salazar sabía de él, sólo tiene que acudir al Archivo Histórico Nacional, donde se custodian los legajos. Hay muchas posibilidades de que encuentre su nombre. Silvestre Lacerda, director general de Archivos, cuenta aún asombrado: "Había seis millones de fichas policiales. Y Portugal tenía una población de 10 millones".
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Cuando la verdad divide a los españoles. Gran Wyoming.
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Cuando la verdad divide a los españoles
El Gran Wyoming
23 Nov 2008 06:01
El empeño por condenar al olvido lo que se desconoce es complejo. Se trata, una vez más, de ocultar la verdad, como hicieron los próceres de la patria cuando dictaron una ley de punto final sobre la dictadura, amnistiando a responsables de delitos inexistentes. Obviaron el detalle de especificar qué es lo que se amnistiaba. Los militares apuntaban con las armas y era difícil hablar.
Ahora que aparecen evidencias de que miles de niños fueron secuestrados, robados a sus padres y entregados a otras familias, surgen de nuevo voces, en el Partido Popular, afirmando que ese tema divide a los españoles y que, además, según Ana Mato, no interesa a nadie, razón por la que hay que enterrarlo. Habrá que fijar en qué cuneta de la Historia hacemos una fosa común para que nadie sepa nunca la magnitud de los crímenes cometidos por aquellos patriotas a los que hemos dedicado tantas plazas, monumentos y fechas conmemorativas.
No sé qué se han creído que son estos señores diputados de la oposición, pero, en ningún caso, el voto les concede el derecho a decidir qué somos los demás y, mucho menos, a pensar por nosotros. Bastante hemos tenido con librarnos de la fe obligatoria, para que ahora nos impongan lo que nos interesa o no. A mí sí me interesa señora, y mucho. Si el hecho de conocer la verdad, lejos de llevarles a la reflexión, les hace recular hacia la trinchera para apuntalar con la censura crímenes contra la humanidad, lo que debemos hacer los defensores de la paz y la libertad es ahondar en el conocimiento de los hechos para librarnos de esa sombra que planea sobre nuestra joven democracia y la intoxica con la ignominia de la legitimación del crimen.
Dice usted, señora Mato, que esto divide a los españoles. Sólo puede haber dos grupos. Los que se indignan ante los crímenes, violaciones y secuestros de niños, y los que no. No basta con condenar a ETA, hay más criminales aborrecibles que denunciar, aunque sean de los nuestros. Un poco de dignidad y decencia, ya toca.
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Cuando la verdad divide a los españoles
El Gran Wyoming
23 Nov 2008 06:01
El empeño por condenar al olvido lo que se desconoce es complejo. Se trata, una vez más, de ocultar la verdad, como hicieron los próceres de la patria cuando dictaron una ley de punto final sobre la dictadura, amnistiando a responsables de delitos inexistentes. Obviaron el detalle de especificar qué es lo que se amnistiaba. Los militares apuntaban con las armas y era difícil hablar.
Ahora que aparecen evidencias de que miles de niños fueron secuestrados, robados a sus padres y entregados a otras familias, surgen de nuevo voces, en el Partido Popular, afirmando que ese tema divide a los españoles y que, además, según Ana Mato, no interesa a nadie, razón por la que hay que enterrarlo. Habrá que fijar en qué cuneta de la Historia hacemos una fosa común para que nadie sepa nunca la magnitud de los crímenes cometidos por aquellos patriotas a los que hemos dedicado tantas plazas, monumentos y fechas conmemorativas.
No sé qué se han creído que son estos señores diputados de la oposición, pero, en ningún caso, el voto les concede el derecho a decidir qué somos los demás y, mucho menos, a pensar por nosotros. Bastante hemos tenido con librarnos de la fe obligatoria, para que ahora nos impongan lo que nos interesa o no. A mí sí me interesa señora, y mucho. Si el hecho de conocer la verdad, lejos de llevarles a la reflexión, les hace recular hacia la trinchera para apuntalar con la censura crímenes contra la humanidad, lo que debemos hacer los defensores de la paz y la libertad es ahondar en el conocimiento de los hechos para librarnos de esa sombra que planea sobre nuestra joven democracia y la intoxica con la ignominia de la legitimación del crimen.
Dice usted, señora Mato, que esto divide a los españoles. Sólo puede haber dos grupos. Los que se indignan ante los crímenes, violaciones y secuestros de niños, y los que no. No basta con condenar a ETA, hay más criminales aborrecibles que denunciar, aunque sean de los nuestros. Un poco de dignidad y decencia, ya toca.
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Los niños del Patronato. Félix Población.
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Los niños del Patronato
30 Nov 2008 06:40
FÉLIX POBLACIÓN
Una vez leído el auto de Baltasar Garzón por el cual decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa por las desapariciones de ciudadanos durante la Guerra Civil y el franquismo, no han faltado analistas que han calificado como una argentinización del proceso la denuncia expuesta por el juez en relación con los niños perdidos durante el conflicto y los primeros años de la dictadura, como si con ello el señor Garzón pretendiera aplicar en España la misma plantilla que en el país sudamericano durante el régimen de los generales.
Tales comentaristas no han puesto en entredicho la cifra de 30.000 niños republicanos tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954, según especifica Garzón en su auto. Tampoco que, como se afirma en el escrito, muchos de aquellos niños les fueron retirados a las madres sin posterior devolución a sus familiares de origen. Sin embargo, he creído notar en sus opiniones, marcadas por una mal disimulada aversión a la trayectoria profesional de don Baltasar, un cierto grado de suspicacia, como si al referirse a esa argentinización casi cuestionaran tal concepto y se lo imputaran, una vez más, al afánde protagonismo que muchos reprochan al magistrado.
Dice Garzón en su auto que el régimen franquista invocaba la protección de menores, pero lo que se imponía bajo esa supuesta protección era una custodia punitiva propia de correccional. El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova aseguraba en una entrevista en Radio Nacional de España que millares de mujeres presas fueron separadas de sus hijos y que los niños pasaron a formar parte de centros especializados dependientes del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Según Casanova, el número de alumnos en esas condiciones superaba los 9.000 en 1942. No era raro que a las niñas se las recondujera hacia la vida conventual –para expiar las culpas de sus mayores–, ni que a no pocos niños se le falsificara la partida de nacimiento con el concurso de algunos sacerdotes para que fuesen adoptados por unos falsos padres.
Como caso más ilustrativo y conmovedor del azaroso destino de los hijos republicanos, se refería don Julián al de la compañera del escritor Ramón J. Sender, fusilada en Zamora después de haber sido delatada por su cuñado. Amparo Barayón cuenta en su última carta a Sender que le arrebataron a su hija Andreína de los brazos antes de ser fusilada por un pretendiente despechado, reflejo a su vez del mar de rencores y recelos personales que avivó la yesca del odio y la venganza durante la Guerra Civil, con el macabro balance de barbarie que todos sabemos.
Quienes puedan pensar y opinar que, denunciando la pérdida de identidad y/o el robo de niños republicanos cometido por la dictadura franquista –delito constitutivo de Crimen contra la Humanidad y, por lo tanto, sin prescripción posible–, lo que el juez Garzón persigue es mantener encendido su fulgor protagónico por no dar del todo por perdida la causa que defiende, deberían echar una ojeada al fondo documental que el viejo régimen dejó como panacea de sus logros redentores.
En la imprenta de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares se editó, en 1942, una memoria bajo el título La obra de la redención de penas (la doctrina, la práctica, la legislación), que, según reza en su portada, “eleva al Caudillo de España y a su Gobierno el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo”. El libro, ilustrado con abundantes fotografías de la reeducada población reclusa, abunda en dos de sus capítulos en lo que llama “la redención de mujeres caídas, como fruto de la peste deshonesta que ha venido creciendo desde hace 50 años en España” e inmerecedoras con toda seguridad de la educación de sus vástagos, y en la protección a los hijos de los penados.
Por referirme al que compete a este artículo, se dice que el Patronato Central para la Redención de las Penas acoge a niños entre dos y 15 años, aunque “han sido exceptuadas de este límite máximo de edad 145 jovencitas que se hallaban en circunstancias de peligro moral”. Que el número total de internos ronda los 4.000, si bien están pendientes de ser admitidos 7.000 más en espera de hallar plazas libres. Que la patria potestad de los padres está asegurada, a pesar de la propaganda roja, propaganda que el libro naturalmente desmiente, y en la que se decía que los niños no sólo eran maltratados, enviados a Alemania y arrancados de la tutela paterna, sino que fallecían en masa, lo cual dio motivo a que algunas madres incautas fuesen al Patronato y visitasen los colegios para cerciorarse de la verdad y comentar luego indignadas las calumnias.
Ahora, 60 años después, un juez, cuya valiosa mediación en pro de los Derechos Humanos quedó sobradamente reconocida por su ejecutoria en la persecución de los crímenes contra la Humanidad perpetrados por varios regímenes dictatoriales, sostiene que aquellas calumnias no lo son. “Durante el régimen franquista –se afirma en el auto de Baltasar Garzón– se estableció un plan sistemático de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por la dictadura no aptos para asumir su cuidado. Internados en las instituciones del Estado, fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, les fueron retirados a las madres sin una ulterior devolución a sus familiares”. Por todo eso, el magistrado insta al ministerio fiscal y a los jueces a la investigación y sanción de los culpables y a la reparación de las víctimas para que puedan recuperar la identidad robada. En manos de la justicia queda seguir dejando como verdad la del memorial franquista al que aludo o indagar en los hechos que Garzón describe con estremecedora minucia en su auto de inhibición.
Félix Población es Escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
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Los niños del Patronato
30 Nov 2008 06:40
FÉLIX POBLACIÓN
Una vez leído el auto de Baltasar Garzón por el cual decidió inhibirse a favor de los juzgados territoriales en la causa por las desapariciones de ciudadanos durante la Guerra Civil y el franquismo, no han faltado analistas que han calificado como una argentinización del proceso la denuncia expuesta por el juez en relación con los niños perdidos durante el conflicto y los primeros años de la dictadura, como si con ello el señor Garzón pretendiera aplicar en España la misma plantilla que en el país sudamericano durante el régimen de los generales.
Tales comentaristas no han puesto en entredicho la cifra de 30.000 niños republicanos tutelados por la dictadura entre 1944 y 1954, según especifica Garzón en su auto. Tampoco que, como se afirma en el escrito, muchos de aquellos niños les fueron retirados a las madres sin posterior devolución a sus familiares de origen. Sin embargo, he creído notar en sus opiniones, marcadas por una mal disimulada aversión a la trayectoria profesional de don Baltasar, un cierto grado de suspicacia, como si al referirse a esa argentinización casi cuestionaran tal concepto y se lo imputaran, una vez más, al afánde protagonismo que muchos reprochan al magistrado.
Dice Garzón en su auto que el régimen franquista invocaba la protección de menores, pero lo que se imponía bajo esa supuesta protección era una custodia punitiva propia de correccional. El catedrático de Historia Contemporánea Julián Casanova aseguraba en una entrevista en Radio Nacional de España que millares de mujeres presas fueron separadas de sus hijos y que los niños pasaron a formar parte de centros especializados dependientes del Patronato Central de Redención de Penas por el Trabajo. Según Casanova, el número de alumnos en esas condiciones superaba los 9.000 en 1942. No era raro que a las niñas se las recondujera hacia la vida conventual –para expiar las culpas de sus mayores–, ni que a no pocos niños se le falsificara la partida de nacimiento con el concurso de algunos sacerdotes para que fuesen adoptados por unos falsos padres.
Como caso más ilustrativo y conmovedor del azaroso destino de los hijos republicanos, se refería don Julián al de la compañera del escritor Ramón J. Sender, fusilada en Zamora después de haber sido delatada por su cuñado. Amparo Barayón cuenta en su última carta a Sender que le arrebataron a su hija Andreína de los brazos antes de ser fusilada por un pretendiente despechado, reflejo a su vez del mar de rencores y recelos personales que avivó la yesca del odio y la venganza durante la Guerra Civil, con el macabro balance de barbarie que todos sabemos.
Quienes puedan pensar y opinar que, denunciando la pérdida de identidad y/o el robo de niños republicanos cometido por la dictadura franquista –delito constitutivo de Crimen contra la Humanidad y, por lo tanto, sin prescripción posible–, lo que el juez Garzón persigue es mantener encendido su fulgor protagónico por no dar del todo por perdida la causa que defiende, deberían echar una ojeada al fondo documental que el viejo régimen dejó como panacea de sus logros redentores.
En la imprenta de los talleres penitenciarios de Alcalá de Henares se editó, en 1942, una memoria bajo el título La obra de la redención de penas (la doctrina, la práctica, la legislación), que, según reza en su portada, “eleva al Caudillo de España y a su Gobierno el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo”. El libro, ilustrado con abundantes fotografías de la reeducada población reclusa, abunda en dos de sus capítulos en lo que llama “la redención de mujeres caídas, como fruto de la peste deshonesta que ha venido creciendo desde hace 50 años en España” e inmerecedoras con toda seguridad de la educación de sus vástagos, y en la protección a los hijos de los penados.
Por referirme al que compete a este artículo, se dice que el Patronato Central para la Redención de las Penas acoge a niños entre dos y 15 años, aunque “han sido exceptuadas de este límite máximo de edad 145 jovencitas que se hallaban en circunstancias de peligro moral”. Que el número total de internos ronda los 4.000, si bien están pendientes de ser admitidos 7.000 más en espera de hallar plazas libres. Que la patria potestad de los padres está asegurada, a pesar de la propaganda roja, propaganda que el libro naturalmente desmiente, y en la que se decía que los niños no sólo eran maltratados, enviados a Alemania y arrancados de la tutela paterna, sino que fallecían en masa, lo cual dio motivo a que algunas madres incautas fuesen al Patronato y visitasen los colegios para cerciorarse de la verdad y comentar luego indignadas las calumnias.
Ahora, 60 años después, un juez, cuya valiosa mediación en pro de los Derechos Humanos quedó sobradamente reconocida por su ejecutoria en la persecución de los crímenes contra la Humanidad perpetrados por varios regímenes dictatoriales, sostiene que aquellas calumnias no lo son. “Durante el régimen franquista –se afirma en el auto de Baltasar Garzón– se estableció un plan sistemático de recuperación de niños cuyos padres, por su ideología, fueron considerados por la dictadura no aptos para asumir su cuidado. Internados en las instituciones del Estado, fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos, les fueron retirados a las madres sin una ulterior devolución a sus familiares”. Por todo eso, el magistrado insta al ministerio fiscal y a los jueces a la investigación y sanción de los culpables y a la reparación de las víctimas para que puedan recuperar la identidad robada. En manos de la justicia queda seguir dejando como verdad la del memorial franquista al que aludo o indagar en los hechos que Garzón describe con estremecedora minucia en su auto de inhibición.
Félix Población es Escritor y periodista del Centro Documental de la Memoria Histórica
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Lugares de la memoria histórica. Santos Juliá.
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Lugares de la memoria histórica
SANTOS JULIÁ
No hay duda, desenterrar a los muertos es pasión nacional", escribió Manuel Azaña a propósito de Manuel José Quintana, "en la infausta remoción de sus huesos" (La Pluma, marzo de 1922). No sabía a qué atribuir aquella pasión, si a nuestra vocación de sepultureros, a un realismo abyecto o a la necrofagia. Pero de lo que estaba seguro era de que nadie se vería libre de ella -especialmente los poetas, siempre desvalidos- y avisaba, en consecuencia, a toda persona notoria que procurara "morirse a hurtadillas y enterrarse con nombre supuesto si quiere reposar en paz: de otro modo, irán a cribarle las cenizas cuando menos lo espere".
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Hoy, la pasión nacional sopla con más fuerza que nunca, hasta alcanzar a dos de los más grandes y, por decirlo al modo de Azaña, más desvalidos poetas del siglo pasado: Federico García Lorca, enterrado en algún lugar del barranco de Víznar, donde fue asesinado, y Antonio Machado, enterrado en Collioure, donde murió de pena y de tristeza por "estos días azules, este sol de la infancia", perdidos para siempre. Víznar y Collioure son dos lugares de memoria, de lo que metafóricamente llamamos nuestra memoria histórica, y es paradójico que quienes han convertido en una profesión la recuperación de la memoria pretendan, no ya profanar esos lugares, sino eliminarlos, exhumando los cadáveres de los dos poetas, que, en el colmo de su desvalimiento, no pueden defenderse. En Collioure y en Víznar fueron la muerte y el crimen; allí están enterrados, allí permanece, pegada a sus huesos, su memoria: la del crimen cometido en los primeros días de la rebelión militar contra la República, la de la muerte en el destierro unos días después de la caída de Cataluña. Dejarlos reposar en paz, en los lugares que acogen sus restos, es lo más digno que podemos hacer por su memoria.
Como la ráfaga no cesa, le llega el turno al mismo Azaña, que no fue poeta pero que murió también, como Antonio Machado, en el destierro, en una habitación del Hôtel du Midi, en el centro de Montauban. Hasta allí, en una ambulancia, le trasladó su esposa, huyendo de la Gestapo y de sus esbirros de la Falange exterior, que asaltaron la casa de Pyla-sur-Mer donde vivía toda la familia y de donde arrancaron a su cuñado para entregarlo a la policía franquista. Allí, en Montauban, pasó Manuel Azaña las últimas semanas de su vida, enfermo, perdido entre la razón y el delirio, a expensas y bajo la protección de la Legación de México, y allí, en su viejo cementerio, sigue enterrado bajo la misma lápida que para su tumba encargó su viuda, con la sobria inscripción "Manuel Azaña, 1880-1940". Doña Dolores de Rivas Cherif, que lo conocía mejor y le amaba más que nadie, dejó claro testimonio de la voluntad de su marido de que por nada del mundo le levantaran nunca del lugar en que muriera. Azaña murió en el destierro, y no habrá ley de memoria ni juez universal que pueda liberarlo de ese destino.
No es vergonzoso ni denigrante para la actual democracia española que el segundo y último presidente de la República siga allí enterrado. Aunque muy pocos lo sepan o recuerden, el primer Senado de nuestra denostada democracia aprobó, el 19 de octubre de 1977 y por iniciativa de la Agrupación Independiente, una proposición no de ley solicitando al Gobierno que se realizaran las gestiones necesarias, de conformidad con las respectivas familias, para "el traslado a España de los restos de los tres jefes de Estado enterrados en el extranjero: don Alfonso XIII, don Niceto Alcalá-Zamora y don Manuel Azaña". Los restos de los dos primeros fueron repatriados, no así los de Azaña, que permanecen en el cementerio de Montauban, un lugar de memoria que, en vez de eliminar, mejor haríamos en cuidar, colaborando con la Amicale Manuel Azaña y con las autoridades municipales y departamentales en la perpetuación de su recuerdo.
Federico García Lorca en Víznar, Antonio Machado en Collioure, Manuel Azaña en Montauban constituyen, con tantos otros asesinados y desterrados, la imborrable memoria de lo que el mismo Azaña definió como cruel e inmerecido destino de la República española. Exhumar sus cadáveres para trasladarlos a cualquier otro lugar so pretexto de "recuperar" nadie sabe qué equivaldría a destruir parte de esa memoria, la que nos sigue interpelando desde los lugares de sus enterramientos, la memoria que nunca nos podrá servir de consuelo ni de pretexto, porque siempre nos obligará a formular las preguntas más amargas sobre nuestro pasado.
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Lugares de la memoria histórica
SANTOS JULIÁ
No hay duda, desenterrar a los muertos es pasión nacional", escribió Manuel Azaña a propósito de Manuel José Quintana, "en la infausta remoción de sus huesos" (La Pluma, marzo de 1922). No sabía a qué atribuir aquella pasión, si a nuestra vocación de sepultureros, a un realismo abyecto o a la necrofagia. Pero de lo que estaba seguro era de que nadie se vería libre de ella -especialmente los poetas, siempre desvalidos- y avisaba, en consecuencia, a toda persona notoria que procurara "morirse a hurtadillas y enterrarse con nombre supuesto si quiere reposar en paz: de otro modo, irán a cribarle las cenizas cuando menos lo espere".
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
Hoy, la pasión nacional sopla con más fuerza que nunca, hasta alcanzar a dos de los más grandes y, por decirlo al modo de Azaña, más desvalidos poetas del siglo pasado: Federico García Lorca, enterrado en algún lugar del barranco de Víznar, donde fue asesinado, y Antonio Machado, enterrado en Collioure, donde murió de pena y de tristeza por "estos días azules, este sol de la infancia", perdidos para siempre. Víznar y Collioure son dos lugares de memoria, de lo que metafóricamente llamamos nuestra memoria histórica, y es paradójico que quienes han convertido en una profesión la recuperación de la memoria pretendan, no ya profanar esos lugares, sino eliminarlos, exhumando los cadáveres de los dos poetas, que, en el colmo de su desvalimiento, no pueden defenderse. En Collioure y en Víznar fueron la muerte y el crimen; allí están enterrados, allí permanece, pegada a sus huesos, su memoria: la del crimen cometido en los primeros días de la rebelión militar contra la República, la de la muerte en el destierro unos días después de la caída de Cataluña. Dejarlos reposar en paz, en los lugares que acogen sus restos, es lo más digno que podemos hacer por su memoria.
Como la ráfaga no cesa, le llega el turno al mismo Azaña, que no fue poeta pero que murió también, como Antonio Machado, en el destierro, en una habitación del Hôtel du Midi, en el centro de Montauban. Hasta allí, en una ambulancia, le trasladó su esposa, huyendo de la Gestapo y de sus esbirros de la Falange exterior, que asaltaron la casa de Pyla-sur-Mer donde vivía toda la familia y de donde arrancaron a su cuñado para entregarlo a la policía franquista. Allí, en Montauban, pasó Manuel Azaña las últimas semanas de su vida, enfermo, perdido entre la razón y el delirio, a expensas y bajo la protección de la Legación de México, y allí, en su viejo cementerio, sigue enterrado bajo la misma lápida que para su tumba encargó su viuda, con la sobria inscripción "Manuel Azaña, 1880-1940". Doña Dolores de Rivas Cherif, que lo conocía mejor y le amaba más que nadie, dejó claro testimonio de la voluntad de su marido de que por nada del mundo le levantaran nunca del lugar en que muriera. Azaña murió en el destierro, y no habrá ley de memoria ni juez universal que pueda liberarlo de ese destino.
No es vergonzoso ni denigrante para la actual democracia española que el segundo y último presidente de la República siga allí enterrado. Aunque muy pocos lo sepan o recuerden, el primer Senado de nuestra denostada democracia aprobó, el 19 de octubre de 1977 y por iniciativa de la Agrupación Independiente, una proposición no de ley solicitando al Gobierno que se realizaran las gestiones necesarias, de conformidad con las respectivas familias, para "el traslado a España de los restos de los tres jefes de Estado enterrados en el extranjero: don Alfonso XIII, don Niceto Alcalá-Zamora y don Manuel Azaña". Los restos de los dos primeros fueron repatriados, no así los de Azaña, que permanecen en el cementerio de Montauban, un lugar de memoria que, en vez de eliminar, mejor haríamos en cuidar, colaborando con la Amicale Manuel Azaña y con las autoridades municipales y departamentales en la perpetuación de su recuerdo.
Federico García Lorca en Víznar, Antonio Machado en Collioure, Manuel Azaña en Montauban constituyen, con tantos otros asesinados y desterrados, la imborrable memoria de lo que el mismo Azaña definió como cruel e inmerecido destino de la República española. Exhumar sus cadáveres para trasladarlos a cualquier otro lugar so pretexto de "recuperar" nadie sabe qué equivaldría a destruir parte de esa memoria, la que nos sigue interpelando desde los lugares de sus enterramientos, la memoria que nunca nos podrá servir de consuelo ni de pretexto, porque siempre nos obligará a formular las preguntas más amargas sobre nuestro pasado.
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¿Se puede dar por cerrada la Guerra Civil? Gabriel Jackson.
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¿Se puede dar por cerrada la Guerra Civil?
GABRIEL JACKSON
Todas las guerras son crueles, y las guerras civiles parecen especialmente crueles porque dividen familias, clases sociales y hermandades profesionales dentro de un mismo país. Pero la forma de terminarlas puede influir de manera considerable en las actitudes de los supervivientes y de generaciones posteriores. En el caso de la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, la victoria del norte hizo que Estados Unidos siguiera siendo una sola nación y que se aboliera la esclavitud en toda esa nación, incluida la zona de la derrotada Confederación sudista. Inmediatamente después de la rendición del general Robert E. Lee, el presidente Abraham Lincoln y el general en jefe Ulysses Grant ordenaron a los líderes sudistas que disolvieran sus tropas, regresaran a sus casas y reanudaran sus ocupaciones en la vida civil. Como en todas las guerras, se habían producido asesinatos y crueldades innecesarias, pero no había habido campos de concentración para los vencidos ni una política de encarcelamiento prolongado ni ejecuciones sin fin por parte del gobierno victorioso.
La sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como un régimen criminal
El norte victorioso en EE UU no castigó con saña al sur como hizo Franco con los 'rojos'
A largo plazo, el fin de la guerra de secesión y la restauración de la democracia constitucional en los antiguos Estados confederados significaron también que, como la clase dirigente blanca volvió a sus posiciones de poder, los antiguos esclavos y sus hijos se vieron legalmente privados de los derechos que tenían los ciudadanos blancos. Hubo que esperar a la década de 1960, un siglo después de la guerra, tras la plena participación de soldados negros en la defensa de la democracia occidental en dos guerras mundiales y después de decenios de lucha de un movimiento de derechos civiles, para que un presidente blanco y originario del Sur, Lyndon Johnson, firmara las leyes de derechos civiles que, por fin, permitieron que los negros estadounidenses fueran ciudadanos de pleno derecho, hasta desembocar en el hecho de que acabemos de elegir a un presidente negro. Y, a lo largo del siglo XX, cuando personas del norte como el que esto escribe viajábamos por diversos Estados del sur, veíamos con frecuencia estatuas de Robert E. Lee y otros héroes políticos y militares de la Confederación derrotada, pero nunca se nos ocurrió exigir que quitaran esas estatuas.
¡Qué distintos fueron el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil en España! El propósito del alzamiento militar de julio no fue liberar a esclavos ni defender un Gobierno democrático legítimo, sino destruir el primer -y muy imperfecto- experimento de democracia política en España y eliminar físicamente, dentro o fuera del campo de batalla, a todos aquellos a quienes se consideraba comunistas, ateos, anarquistas, masones, etcétera. Después llegó una dictadura de 36 años que incluyó miles de ejecuciones políticas -más en el primer decenio- y la continuación de sentencias de cárcel por motivos políticos y de esporádicas condenas a muerte hasta al final.
Sin embargo, para inmensa fortuna del sufrido pueblo español, el joven rey designado por Franco como sucesor y una parte importante de los hijos de la clase media y alta que había apoyado a Franco se habían convencido poco a poco de que a España le era mucho más beneficiosa una democracia constitucional que la continuación del Movimiento. Esta actitud y la sed de libertad de los vencidos y sus descendientes hicieron posible la transición de una dictadura militar de derechas a una monarquía democrática constitucional.
¿Por qué, entonces, han vuelto a convertirse la Guerra Civil y la dictadura posterior en objeto de enconadas disputas en la conciencia pública española? El principal factor, en estos momentos, es la enorme diferencia de trato recibido por el recuerdo público de los muchos miles de víctimas de asesinatos según fueran personas partidarias del alzamiento militar o de la defensa de la república. Las víctimas de los paseos llevados a cabo por incontrolados anarquistas o agentes estalinistas recibieron honras fúnebres siempre que fue posible recuperar sus cuerpos y, en cualquier caso, durante toda la Guerra Civil y la dictadura de Franco, fueron objeto colectivo del homenaje de la Iglesia y el Estado. Las víctimas, mucho más numerosas, de las incursiones falangistas en las prisiones y los juicios en tribunales de guerra sin un mínimo de defensa legal, seguidos de enterramientos de masas en tumbas anónimas, sólo podían ser recordadas en asustado silencio por sus familiares y amigos. Mientras Franco vivía, cualquier homenaje a su memoria era imposible; en los primeros 20 o 30 años de la Monarquía constitucional, la mayoría de la gente permaneció callada porque no había seguridad de cuánto iba a durar la libertad recién adquirida o porque aceptaba de mejor o peor grado la idea de que era mejor olvidarse del pasado, no "remover las brasas" de una guerra que, al fin y al cabo, había terminado hacía más de 50 años.
En mi opinión, si la reconciliación general de los dos bandos de la Guerra Civil dependiera sólo de restaurar la dignidad de los asesinados por la derecha y por la izquierda, sería posible dar por zanjada la cuestión en el contexto de la actual Ley de Memoria Histórica. Por comparar, si la gran mayoría de los alemanes ha reconocido los crímenes del régimen nazi; si la gran mayoría de los estadounidenses ha reconocido los crímenes colectivos de la esclavitud y posteriormente la segregación; y si la mayoría de los surafricanos ha aprobado el final del apartheid, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los españoles podría reconocer el carácter criminal de una represión que duró décadas y ejecutó a más de 100.000 no combatientes.
Sin embargo, lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en el que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud. Existe una parte pequeña pero sustancial de la población española que opina que la palabra República no fue más que un sinónimo de incompetencia y desorden, que recuerda la violencia laboral, las amenazas contra la Iglesia y la burguesía y las promesas de uno u otro tipo de revolución colectivista en la primavera de 1936. Para esa minoría sustancial, el alzamiento militar fue un esfuerzo justificado, un pronunciamiento tradicional español como método para restablecer el orden público. Esas personas, aunque reconocen la extrema crueldad del régimen de Franco, consideran que la izquierda revolucionaria fue más responsable de la Guerra Civil y sus terribles consecuencias que el alzamiento del 18 de julio.
En estas circunstancias, con la opinión nacional fuertemente dividida, la Ley de Memoria Histórica cumple el propósito justo de permitir que las familias que perdieron a miembros en la salvaje represión franquista descubran todo lo posible, entre 30 y 70 años después, de los restos físicos de sus seres queridos, y que vean sus nombres limpios de acusaciones penales injustas. El Gobierno actual también ha actuado de manera honorable al conceder la ciudadanía a los exiliados republicanos y sus hijos, así como a los miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en defensa de la República. Y, desde luego, debería ser posible, aunque sin duda controvertido, anular por completo las condenas de prisión y muerte dictadas por los tribunales sin que se permitiera ninguna defensa ni se mostrara ninguna preocupación profesional por la veracidad de las acusaciones. Sin embargo, el trato reciente dado al esfuerzo del juez Garzón para documentar en la mayor medida posible las purgas mortales realizadas por los generales rebeldes y sus seguidores deja bien claro que muchos ciudadanos conservadores no creen que dichas purgas constituyeran crímenes contra la humanidad.
Existe un viejo dicho que siempre ha tenido un gran significado para mí como historiador: la verdad os hará libres. En realidad, me parece una frase demasiado categórica. Pero sí estoy convencido de que la voluntad de reconocer la verdad, por desagradable que sea, es un requisito indispensable para superar los recuerdos amargos que pueden transmitirse mientras no haya un relato claro, cualitativo y cuantitativo, de los crímenes cometidos por los militares rebeldes, la Falange, los "incontrolados", los agentes estalinistas y la escoria criminal que, en cualquier sociedad, se aprovecha de los odios de clase y la desintegración del orden público.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Gabriel Jackson es historiador estadounidense.
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¿Se puede dar por cerrada la Guerra Civil?
GABRIEL JACKSON
Todas las guerras son crueles, y las guerras civiles parecen especialmente crueles porque dividen familias, clases sociales y hermandades profesionales dentro de un mismo país. Pero la forma de terminarlas puede influir de manera considerable en las actitudes de los supervivientes y de generaciones posteriores. En el caso de la guerra civil de Estados Unidos, la guerra de secesión, la victoria del norte hizo que Estados Unidos siguiera siendo una sola nación y que se aboliera la esclavitud en toda esa nación, incluida la zona de la derrotada Confederación sudista. Inmediatamente después de la rendición del general Robert E. Lee, el presidente Abraham Lincoln y el general en jefe Ulysses Grant ordenaron a los líderes sudistas que disolvieran sus tropas, regresaran a sus casas y reanudaran sus ocupaciones en la vida civil. Como en todas las guerras, se habían producido asesinatos y crueldades innecesarias, pero no había habido campos de concentración para los vencidos ni una política de encarcelamiento prolongado ni ejecuciones sin fin por parte del gobierno victorioso.
La sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como un régimen criminal
El norte victorioso en EE UU no castigó con saña al sur como hizo Franco con los 'rojos'
A largo plazo, el fin de la guerra de secesión y la restauración de la democracia constitucional en los antiguos Estados confederados significaron también que, como la clase dirigente blanca volvió a sus posiciones de poder, los antiguos esclavos y sus hijos se vieron legalmente privados de los derechos que tenían los ciudadanos blancos. Hubo que esperar a la década de 1960, un siglo después de la guerra, tras la plena participación de soldados negros en la defensa de la democracia occidental en dos guerras mundiales y después de decenios de lucha de un movimiento de derechos civiles, para que un presidente blanco y originario del Sur, Lyndon Johnson, firmara las leyes de derechos civiles que, por fin, permitieron que los negros estadounidenses fueran ciudadanos de pleno derecho, hasta desembocar en el hecho de que acabemos de elegir a un presidente negro. Y, a lo largo del siglo XX, cuando personas del norte como el que esto escribe viajábamos por diversos Estados del sur, veíamos con frecuencia estatuas de Robert E. Lee y otros héroes políticos y militares de la Confederación derrotada, pero nunca se nos ocurrió exigir que quitaran esas estatuas.
¡Qué distintos fueron el desarrollo y las consecuencias de la Guerra Civil en España! El propósito del alzamiento militar de julio no fue liberar a esclavos ni defender un Gobierno democrático legítimo, sino destruir el primer -y muy imperfecto- experimento de democracia política en España y eliminar físicamente, dentro o fuera del campo de batalla, a todos aquellos a quienes se consideraba comunistas, ateos, anarquistas, masones, etcétera. Después llegó una dictadura de 36 años que incluyó miles de ejecuciones políticas -más en el primer decenio- y la continuación de sentencias de cárcel por motivos políticos y de esporádicas condenas a muerte hasta al final.
Sin embargo, para inmensa fortuna del sufrido pueblo español, el joven rey designado por Franco como sucesor y una parte importante de los hijos de la clase media y alta que había apoyado a Franco se habían convencido poco a poco de que a España le era mucho más beneficiosa una democracia constitucional que la continuación del Movimiento. Esta actitud y la sed de libertad de los vencidos y sus descendientes hicieron posible la transición de una dictadura militar de derechas a una monarquía democrática constitucional.
¿Por qué, entonces, han vuelto a convertirse la Guerra Civil y la dictadura posterior en objeto de enconadas disputas en la conciencia pública española? El principal factor, en estos momentos, es la enorme diferencia de trato recibido por el recuerdo público de los muchos miles de víctimas de asesinatos según fueran personas partidarias del alzamiento militar o de la defensa de la república. Las víctimas de los paseos llevados a cabo por incontrolados anarquistas o agentes estalinistas recibieron honras fúnebres siempre que fue posible recuperar sus cuerpos y, en cualquier caso, durante toda la Guerra Civil y la dictadura de Franco, fueron objeto colectivo del homenaje de la Iglesia y el Estado. Las víctimas, mucho más numerosas, de las incursiones falangistas en las prisiones y los juicios en tribunales de guerra sin un mínimo de defensa legal, seguidos de enterramientos de masas en tumbas anónimas, sólo podían ser recordadas en asustado silencio por sus familiares y amigos. Mientras Franco vivía, cualquier homenaje a su memoria era imposible; en los primeros 20 o 30 años de la Monarquía constitucional, la mayoría de la gente permaneció callada porque no había seguridad de cuánto iba a durar la libertad recién adquirida o porque aceptaba de mejor o peor grado la idea de que era mejor olvidarse del pasado, no "remover las brasas" de una guerra que, al fin y al cabo, había terminado hacía más de 50 años.
En mi opinión, si la reconciliación general de los dos bandos de la Guerra Civil dependiera sólo de restaurar la dignidad de los asesinados por la derecha y por la izquierda, sería posible dar por zanjada la cuestión en el contexto de la actual Ley de Memoria Histórica. Por comparar, si la gran mayoría de los alemanes ha reconocido los crímenes del régimen nazi; si la gran mayoría de los estadounidenses ha reconocido los crímenes colectivos de la esclavitud y posteriormente la segregación; y si la mayoría de los surafricanos ha aprobado el final del apartheid, no cabe duda de que la inmensa mayoría de los españoles podría reconocer el carácter criminal de una represión que duró décadas y ejecutó a más de 100.000 no combatientes.
Sin embargo, lo que ocurre en España, una parte importante del problema, es que la sociedad española en su conjunto no ha juzgado la dictadura de Franco como régimen criminal, en el mismo sentido en el que Alemania condenó el régimen nazi, Suráfrica condenó el apartheid y Estados Unidos condenó la esclavitud y el siglo de segregación que siguió al fin de la esclavitud. Existe una parte pequeña pero sustancial de la población española que opina que la palabra República no fue más que un sinónimo de incompetencia y desorden, que recuerda la violencia laboral, las amenazas contra la Iglesia y la burguesía y las promesas de uno u otro tipo de revolución colectivista en la primavera de 1936. Para esa minoría sustancial, el alzamiento militar fue un esfuerzo justificado, un pronunciamiento tradicional español como método para restablecer el orden público. Esas personas, aunque reconocen la extrema crueldad del régimen de Franco, consideran que la izquierda revolucionaria fue más responsable de la Guerra Civil y sus terribles consecuencias que el alzamiento del 18 de julio.
En estas circunstancias, con la opinión nacional fuertemente dividida, la Ley de Memoria Histórica cumple el propósito justo de permitir que las familias que perdieron a miembros en la salvaje represión franquista descubran todo lo posible, entre 30 y 70 años después, de los restos físicos de sus seres queridos, y que vean sus nombres limpios de acusaciones penales injustas. El Gobierno actual también ha actuado de manera honorable al conceder la ciudadanía a los exiliados republicanos y sus hijos, así como a los miembros de las Brigadas Internacionales que lucharon en defensa de la República. Y, desde luego, debería ser posible, aunque sin duda controvertido, anular por completo las condenas de prisión y muerte dictadas por los tribunales sin que se permitiera ninguna defensa ni se mostrara ninguna preocupación profesional por la veracidad de las acusaciones. Sin embargo, el trato reciente dado al esfuerzo del juez Garzón para documentar en la mayor medida posible las purgas mortales realizadas por los generales rebeldes y sus seguidores deja bien claro que muchos ciudadanos conservadores no creen que dichas purgas constituyeran crímenes contra la humanidad.
Existe un viejo dicho que siempre ha tenido un gran significado para mí como historiador: la verdad os hará libres. En realidad, me parece una frase demasiado categórica. Pero sí estoy convencido de que la voluntad de reconocer la verdad, por desagradable que sea, es un requisito indispensable para superar los recuerdos amargos que pueden transmitirse mientras no haya un relato claro, cualitativo y cuantitativo, de los crímenes cometidos por los militares rebeldes, la Falange, los "incontrolados", los agentes estalinistas y la escoria criminal que, en cualquier sociedad, se aprovecha de los odios de clase y la desintegración del orden público.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.
Gabriel Jackson es historiador estadounidense.
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El proyecto 'Todos los nombres' creará una base de datos con la tipología de los afectados.
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Registran 37.700 represaliados del franquismo en Andalucía
Málaga Hoy -
El proyecto 'Todos los nombres' creará una base de datos con la tipología de los afectados
Efe / Rincón De La Victoria Actualizado 30.11.2008 - 05:00
El proyecto Todos los nombres ha registrado a 37.700 represaliados por el franquismo en Andalucía, de los que 2.000 fueron víctimas, según explicaron sus responsables durante la clausura de las Jornadas de Recuperación de Memoria Histórica celebradas en Rincón de la Victoria. El proyecto es una iniciativa de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y la Confederación General del Trabajo en Andalucía para la creación de una base de datos con toda la información disponible sobre la represión de la Guerra Civil y la posguerra, organizada según la tipología de los afectados. El coordinador regional del proyecto, Cecilio Gordillo, explicó que a través de la web www.todoslosnombres.org , se pueden realizar consultas sobre desaparecidos, fusilados, exiliados o presos en cárceles y campos de concentración.
Las jornadas, que comenzaron el pasado jueves y que han contado con más de 300 participantes finalizaron ayer con los testimonios de personas que sufrieron la represión política con motivo de la contienda civil española y durante la posguerra. En los días previos, se han abordado temáticas como el fenómeno de los maquis en la Axarquía o la presencia de los habitantes de esta comarca en el campo de concentración de Mauthausen, y para ello, se ha contado con los relatos de supervivientes o familiares de los presos del recinto de exterminio nazi.
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Registran 37.700 represaliados del franquismo en Andalucía
Málaga Hoy -
El proyecto 'Todos los nombres' creará una base de datos con la tipología de los afectados
Efe / Rincón De La Victoria Actualizado 30.11.2008 - 05:00
El proyecto Todos los nombres ha registrado a 37.700 represaliados por el franquismo en Andalucía, de los que 2.000 fueron víctimas, según explicaron sus responsables durante la clausura de las Jornadas de Recuperación de Memoria Histórica celebradas en Rincón de la Victoria. El proyecto es una iniciativa de la Asociación Andaluza de Memoria Histórica y la Confederación General del Trabajo en Andalucía para la creación de una base de datos con toda la información disponible sobre la represión de la Guerra Civil y la posguerra, organizada según la tipología de los afectados. El coordinador regional del proyecto, Cecilio Gordillo, explicó que a través de la web www.todoslosnombres.org , se pueden realizar consultas sobre desaparecidos, fusilados, exiliados o presos en cárceles y campos de concentración.
Las jornadas, que comenzaron el pasado jueves y que han contado con más de 300 participantes finalizaron ayer con los testimonios de personas que sufrieron la represión política con motivo de la contienda civil española y durante la posguerra. En los días previos, se han abordado temáticas como el fenómeno de los maquis en la Axarquía o la presencia de los habitantes de esta comarca en el campo de concentración de Mauthausen, y para ello, se ha contado con los relatos de supervivientes o familiares de los presos del recinto de exterminio nazi.
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Represión franquista (y II).
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Represión franquista (y II)
Diario de León -
TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LOS CIUDADANOS son depositarios y herederos naturales de la historia, del recuerdo y la memoria. El olvido es el impedimento de acceso al conocimiento, es único y es sólido y tiene por objetivo que sólo se acepte una versión del pasado, para destruir así la memoria diversa; por eso las dictaduras tienen en el olvido el recurso imperativo y necesario que consolida su cultura, y por tanto su poder y su consenso. La democracia tiene que fomentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico porque es la única garantía de respeto a la pluralidad de memorias, permite la adquisición de criterios propios y hace a los ciudadanos civilmente más sabios, y por lo tanto más libres.
Por esa razón el conocimiento histórico ha sido considerado por muchos estados democráticos como un derecho civil que el Gobierno ha de garantizar y promover. En consecuencia, la presencia de instituciones destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos al conocimiento histórico, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales países de la Unión Europea.
Pero también en Estados Unidos y Cánada, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes que los provocaron. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública es necesaria. En los últimos años se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, en particular existe un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.
Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria de la Segunda República y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen.
Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. La situación parece haber cambiado.
La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. Las instituciones están recogiendo esa demanda social; la aprobación hace casi un año de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , va en este sentido. Sus objetivos explícitos son no dividir, reparar, reconocer, compensar, económica y simbólicamente a las víctimas.
El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Segunda República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado español, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe de olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
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Represión franquista (y II)
Diario de León -
TRIBUNA
JAVIER RODRÍGUEZ GONZÁLEZ
LOS CIUDADANOS son depositarios y herederos naturales de la historia, del recuerdo y la memoria. El olvido es el impedimento de acceso al conocimiento, es único y es sólido y tiene por objetivo que sólo se acepte una versión del pasado, para destruir así la memoria diversa; por eso las dictaduras tienen en el olvido el recurso imperativo y necesario que consolida su cultura, y por tanto su poder y su consenso. La democracia tiene que fomentar el acceso de los ciudadanos al conocimiento histórico porque es la única garantía de respeto a la pluralidad de memorias, permite la adquisición de criterios propios y hace a los ciudadanos civilmente más sabios, y por lo tanto más libres.
Por esa razón el conocimiento histórico ha sido considerado por muchos estados democráticos como un derecho civil que el Gobierno ha de garantizar y promover. En consecuencia, la presencia de instituciones destinadas a garantizar el derecho de los ciudadanos al conocimiento histórico, no ya del pasado nacional lejano, sino de la devastación humana que sufrió el mundo desde la aparición del fascismo en la década de 1920, y de los genocidios que éste perpetró por razones raciales, ideológicas y culturales, es hoy en día una realidad con prestigio en los principales países de la Unión Europea.
Pero también en Estados Unidos y Cánada, en Argentina y Chile, en Australia y en Japón; y la memoria de las dictaduras se extiende a países como Ruanda o Sudáfrica con la voluntad de explicar la magnitud de los enfrentamientos civiles y los regímenes que los provocaron. Las políticas institucionales de la memoria dicen mucho de los valores éticos y cívicos subyacentes en un sistema político. La memoria pública es necesaria. En los últimos años se ha extendido en la sociedad española la necesidad de reflexionar sobre nuestro pasado inmediato, en particular existe un interés por recuperar la voz de los vencidos de la Guerra Civil y de las víctimas de la represión franquista porque, ciertamente, todavía hoy la memoria pública difiere ampliamente de las conclusiones a las que nos conducen los estudios históricos y la memoria individual silenciada.
Desde su origen, el régimen franquista hizo un gran esfuerzo para desarrollar una política de la memoria que, esquemáticamente, consistió en demonizar primero, y hacer desaparecer después, la memoria de la Segunda República y así poder consolidar una nueva memoria colectiva afín a sus postulados políticos. Cuando se pusieron los fundamentos del régimen democrático hacía cuarenta años que en la opinión pública se iban recreando sin descanso los postulados franquistas sobre el origen de la Guerra Civil y las propias características del régimen.
Durante la transición de la dictadura a la democracia el recuerdo de la Guerra Civil y la necesidad de consolidar un régimen democrático condicionó la posibilidad de desarrollar una política de la memoria que enlazase con la tradición democrática anterior. Tampoco cuando la democracia ya estuvo consolidada las instituciones tuvieron interés en desarrollar una política de la memoria propia, basada no sólo en la exaltación de los valores democráticos sino, también, en la reivindicación de aquéllos que habían luchado contra el franquismo y que, con su esfuerzo, fueron una pieza esencial en la instauración de la democracia. Es decir, durante mucho tiempo, la falsa memoria recreada por el franquismo no se vio contrarrestada institucionalmente con una nueva política de la memoria sustentada en referentes democráticos pasados y presentes. La situación parece haber cambiado.
La sociedad reclama hoy conocer la magnitud de la represión y que se reconozca moralmente a las víctimas. Las instituciones están recogiendo esa demanda social; la aprobación hace casi un año de la Ley por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura , va en este sentido. Sus objetivos explícitos son no dividir, reparar, reconocer, compensar, económica y simbólicamente a las víctimas.
El impulso a la recuperación de la memoria democrática por parte de las instituciones no implica de ninguna manera participar en la confrontación de memorias, sino asegurar la incorporación del conocimiento riguroso del pasado a la memoria pública, lo que en el caso español supone transmitir a las nuevas generaciones el significado de la Segunda República, el franquismo y el antifranquismo a la luz de los valores democráticos. Recuperar la memoria de las víctimas de la represión franquista como base de la ciudadanía democrática es un deber del Estado español, afirma la calidad de la democracia y es una inversión de futuro porque no se debe de olvidar que la identidad se construye en buena medida con el material de la memoria.
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sábado, 29 de noviembre de 2008
Una injusticia histórica.
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Una injusticia histórica
Vanguardia (México) -
Los indultos y los perdones son importantes para la reconciliación y para avanzar hacia un camino de paz, sin embargo cuando no se recuerdan los hechos del pasado y se remedian con justicia, esa historia hace casi imposible que se viva el presente y el futuro con equidad.
España, como tanto otros países, tiene una historia muy lúgubre especialmente por los primeros años del franquismo en que más de medio millón de personas fueron asesinadas entre 1936 y 1939.
Ahora, la Audiencia Nacional negó el viernes al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco, lo que equivale a cerrar el pasado. Fue una decisión injusta, no por lo que representa a España solamente, sino lo que ello equivale para la justicia en el mundo entero.
Cerrar la posibilidad de investigar es casi como si se cerrara la posibilidad de indagar sobre el Holocausto y hacer justicia, o que haya prevalecido el indulto o el punto final de Carlos Menem sobre los militares argentinos o que en Guatemala no se haya tratado de reparar a los familiares de las 300 mil víctimas de su propia guerra civil.
La Audiencia española desestimó un recurso de la Fiscalía argumentando que los crímenes de aquella época prescribieron con la ley de amnistía de 1977, como si aquella legislación errada no pudiera cambiarse ahora buscando justicia, como se dio en el ejemplo de Argentina. Investigar, conocer, esclarecer y reparar a los afectados son necesidades de los seres humanos para cerrar las heridas del pasado y emprender con mayor altivez el futuro. El olvido o una ley que lo promocione o la impunidad, siempre serán injustos y deshonrosos y sólo logra que cada tanto aparezca gente con sed de venganza.
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Una injusticia histórica
Vanguardia (México) -
Los indultos y los perdones son importantes para la reconciliación y para avanzar hacia un camino de paz, sin embargo cuando no se recuerdan los hechos del pasado y se remedian con justicia, esa historia hace casi imposible que se viva el presente y el futuro con equidad.
España, como tanto otros países, tiene una historia muy lúgubre especialmente por los primeros años del franquismo en que más de medio millón de personas fueron asesinadas entre 1936 y 1939.
Ahora, la Audiencia Nacional negó el viernes al juez Baltasar Garzón investigar los crímenes de la guerra civil española y de la dictadura de Francisco Franco, lo que equivale a cerrar el pasado. Fue una decisión injusta, no por lo que representa a España solamente, sino lo que ello equivale para la justicia en el mundo entero.
Cerrar la posibilidad de investigar es casi como si se cerrara la posibilidad de indagar sobre el Holocausto y hacer justicia, o que haya prevalecido el indulto o el punto final de Carlos Menem sobre los militares argentinos o que en Guatemala no se haya tratado de reparar a los familiares de las 300 mil víctimas de su propia guerra civil.
La Audiencia española desestimó un recurso de la Fiscalía argumentando que los crímenes de aquella época prescribieron con la ley de amnistía de 1977, como si aquella legislación errada no pudiera cambiarse ahora buscando justicia, como se dio en el ejemplo de Argentina. Investigar, conocer, esclarecer y reparar a los afectados son necesidades de los seres humanos para cerrar las heridas del pasado y emprender con mayor altivez el futuro. El olvido o una ley que lo promocione o la impunidad, siempre serán injustos y deshonrosos y sólo logra que cada tanto aparezca gente con sed de venganza.
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional.
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...
La Opinión de Tenerife
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional
17:37
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado hoy la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
EFE
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales. Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación de ayer "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala. La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
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La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la ...
La Opinión de Tenerife
La nieta de Negrín amplia la querella contra los jueces de la Audiencia Nacional
17:37
La nieta del presidente de la II República Juan Negrín ha ampliado hoy la querella por prevaricación contra nueve magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que ayer decretó la incompetencia del juez Baltasar Garzón para investigar las desapariciones durante la Guerra Civil.
EFE
Los abogados de Carmen Negrín han anunciado en una nota que impugnarán la decisión de la Audiencia Nacional, que resolvió que la autorización de exhumaciones corresponde a los juzgados territoriales. Asimismo, han decidido ampliar la querella por prevaricación interpuesta el pasado día 17 ante el Tribunal Supremo contra nueve de los magistrados de la Sala de lo Penal que participaron en la deliberación de ayer "mientras están recusados".
La nieta de Negrín había solicitado que esos magistrados que ordenaron paralizar la exhumación de fosas no intervinieran en la decisión, por no ser "imparciales", pero su petición fue rechazada por la Sala. La defensa de la nieta de Negrín, que ejercita la acusación particular en la causa sobre las desapariciones durante la Guerra Civil, asegura que la resolución adoptada por la Audiencia Nacional "trata de poner fin a la investigación de los delitos de lesa humanidad cometidos durante la Dictadura franquista".
No obstante, explica que "considera normal la controversia jurídica en la primera investigación abierta en España sobre crímenes de lesa humanidad cometidos en España" y que "contribuirá, en la medida que le sea posible, a que el debate jurídico se dirima y resuelva ante tribunales imparciales".
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