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Sobrevivir bajo las bombas
OTÍLIA CASTELLVÍ
Desde la contienda civil española hasta la II Guerra Mundial, la vida de Otília Castellví se convirtió en un drama que arruinó los ideales de su juventud en el POUM. De las memorias póstumas de esta ciudadana (Acantilado) se ofrecen aquí extractos del exilio en Francia y Alemania, y su testimonio sobre poblaciones sometidas a la guerra
El suelo era de arena y no crecía ni una brizna de hierba. Al llegar soplaba un viento tan fuerte que era imposible caminar con los ojos abiertos. La arena nos azotaba las piernas y el rostro como si fueran las espinas de la maldita alambrada.
Los campos franceses para mujeres eran más trágicos que los de los hombres. En éstos no había niños ni ancianos
El 29 de enero de 1944 hubo un bombardeo tan fuerte sobre Francfort que casi nos quedamos enterrados por completo
Estábamos convencidos de que la caída de Hitler conllevaría el derrocamiento de Franco y su dictadura
La justicia castiga un crimen aislado. ¿Quién juzga a los criminales que perpetran miles de crímenes en las guerras?
Estábamos en el campo de concentración de Argelers (1). Una mujer que había en la barraca de los gendarmes nos indicó que debíamos refugiarnos en alguna de las barracas del lugar. Entonces advertimos que, en efecto, por aquel ingrato arenal había algunas barracas dispersas. Fuimos a ver una de ellas, la que nos pareció más nueva, pero salimos enseguida, pensando que justamente era la peor, o bien aún no estaba terminada. Probamos con otra, y con otra..., pero todas eran iguales: cuatro paredes de madera mal ajustadas, con una sola puerta y sin ventanas.
Todo era ir y venir, angustia y gritos, lamentaciones, bultos y criaturas en un remolino infernal. Parecía que la barraca fuera a estallar de tanta presión. Nadie osaba salir, no sólo porque el viento soplaba con fuerza y hacía frío, sino también por miedo a perder el sitio. Isabel y yo nos habíamos arrimado a una pared y habíamos dejado delante de nosotras los dos pequeños fardos que llevábamos, a fin de marcar el "terreno" reservado. Estábamos horrorizadas ante tanta confusión y casi lamentábamos haber salido de la cárcel, donde pese a las chinches y las ratas, había jergones sobre los que echarse, y mesas y bancos que, pese a estar sucios y grasientos y ser miserables, servían para recordar al cuerpo que las personas no se sientan en el suelo y comen sobre las mesas.
Tristes y acurrucadas en "nuestro" sitio, contemplábamos con compasión las penalidades de las pobres madres que iban llegando con sus hijos. Sin duda, nuestra desgracia era insignificante comparada con la tragedia de aquellas desdichadas mujeres. No había niño que no llorara de hambre, frío, incomodidad, enfermedad, o de todo a la vez. La desesperación de aquellas madres era indescriptible. Por eso los campos de las mujeres eran más trágicos que los de los hombres, donde no había niños ni ancianos. Sin esta carga familiar, la vida en el campo no se hacía tan dura. En nuestro caso, las lamentaciones de los viejos y el llanto de los niños, amén del resto de calamidades, eran como una alucinación irreal (...) No sabíamos dónde protestar para desahogarnos, ya que la oficina era accesible para quienes iban entrando, pero quedaba cerrada herméticamente para quienes estábamos dentro. Quien pretendiera huir de aquel infierno toparía con el mar a un centenar de metros. El resto del campo estaba delimitado con espesas alambradas y senegaleses negros armados al otro lado.
(...) Había que pensarlo bien otra vez. Por una parte teníamos aquel hermoso Luxemburgo, pulcro y lleno de gente buena, donde no se nos permitía residir. Por la otra nos prometían trabajo y una vida decente, pero en el país al que más habíamos temido siempre. Tras mucho cavilar escogimos la segunda vía. Así pues, con el ánimo de quien, desesperado, se tira a un pozo, fuimos a inscribirnos a la oficina de empleo que nos llevaría al país nazi. (...) Durante la primera semana que pasé en Francfort, con la ayuda de mi amiga y su hermano pequeño, hice las gestiones pertinentes para legalizar mi estancia en Alemania como trabajadora independiente en el ramo de la costura.
(...) El sábado 14 de septiembre de 1940, un hermano de Melitta se fue al frente. Ver partir hacia la muerte a un joven inteligente y lleno de vida me aterraba. La odiosa realidad de la guerra contribuía, y no poco, a mi abatimiento moral. No tenía preferencia por ninguno de los países en lucha; sólo una profunda lástima por las miles de personas de todos los pueblos que sufrían y morían a causa de la guerra... ¿Y para qué?, me preguntaba una y otra vez. Pues seguramente para beneficiar a unos gobernantes ambiciosos y desalmados que tenían la suficiente astucia para convertir los ideales de la juventud en odio. Así lo entendía yo, que iba dejando de ser joven, pero el pobre Waldfried, a sus veinte años, todavía no.
Ya entonces, con la tragedia de nuestra guerra, las tristes experiencias acumuladas me habían causado tan amarga decepción que aniquilaron el romanticismo puro de la igualdad social y la fraternidad entre los seres humanos que tan cándidamente me había entusiasmado. A mis treinta años sólo quería convencer a los demás de las verdades que conocía por mi experiencia. Pero bien es cierto que nadie escarmienta con la experiencia ajena. ¡Y mucho menos los jóvenes!
(...) Iniciamos el año 1943 rodeados de escombros y miseria, viviendo el pánico constante que causaban los numerosos enemigos de los nazis en las ciudades donde la mayoría de habitantes era contraria a Hitler. ¡Qué incongruencia!
La noche del 23 de septiembre de 1943, el mismo día que Linus [compañero de la autora] cumplía treinta años, estábamos en la cama leyendo una carta que él había recibido de Cataluña cuando sonaron las sirenas de alarma. (...) Tuvimos el tiempo justo, no ya para entrar, sino para lanzarnos al interior del subterráneo de la casa en el momento en que ésta se nos caía encima casi por completo. ¿Cómo describir el horror de aquel momento? Confieso que ni siquiera soy capaz de intentarlo. (...) No sé cuántas horas pasamos guarecidos bajo aquel subterráneo, desde donde nos asomábamos de vez en cuando por la pequeña abertura, a la espera de que los incendios y las paredes medio derruidas acabaran de desplomarse. Cuando al fin nos decidimos a salir, quedamos consternados ante la inmensa tragedia que contemplaban nuestros ojos. Y en medio de todo, la enloquecedora desesperación de quienes buscaban entre las ruinas a sus seres queridos; los gritos de los heridos; las carreras de quienes ofrecían ayuda... ¡La guerra! ¿Qué maldito egoísmo inspira a los hombres tantos crímenes? ¿Dónde estaba la civilización? ¿Y la justicia que normalmente castiga un crimen aislado? ¿Quién juzgaba a los criminales que, de lejos y con frialdad, perpetraban miles y miles de crímenes? ¡Qué contradicciones! ¡Qué absurdos! ¡Cuánto cinismo!
(...) Mi buena amiga Melitta se había refugiado en un pueblecito con su madre y la hija de pocos meses que tenía. Cuando supo que un bombardeo nos había dejado sin la buhardilla donde nos alojábamos, nos ofreció su pisito de Francfort. Aunque vivir en aquella gran ciudad era peligroso, no lo era más que en cualquier otra. Además era una planta baja, característica muy importante, dadas las frecuentes carreras a los sótanos. Estas ventajas, junto con algo tan importante como poder vivir juntos y solos en un piso sencillo pero bien instalado, nos tentaron tanto que, pese a nuestra sincera gratitud a la familia Weber, nos fuimos a vivir a Hinderburg Strasse 142, E. de Francfort del Meno.
(...) La estación y alrededores ofrecían un triste aspecto por la destrucción masiva. Pero no nos paramos a contemplar el deplorable cambio de la misma ciudad por la que dos años antes habíamos paseado con absoluta tranquilidad. En un tranvía que funcionaba como buenamente podía, nos dirigimos a la casa de Melitta, tan familiar para mí. Pero incluso aquel coqueto piso tenía un aspecto miserable con todos los cristales rotos, las ventanas tapadas con cartones negros, el jardincillo seco y abandonado, marcas de metralla en la fachada y pocos vecinos que habitaban los demás pisos. Con el ánimo abatido, sólo tuvimos ganas de dejarnos caer sobre la cama, rendidos y desmoralizados, para intentar dormir un poco. Pero las tétricas sirenas no tardaron en despertarnos una y otras tantas veces aquella noche. Y al día siguiente, y los demás días y noches. ¡Y a cada momento! Era como un juego constante, obsesivo, que nos volvía locos. No había manera de hacer nada en buenas condiciones: ni dormir, ni comer, nada que no fuera movernos aturdidos con el embrutecimiento de un constante pánico.
(...) En medio de aquella situación lamentable llegó Waldfried con un permiso del frente. Su Urlaub (permiso) también fue para él motivo de tristeza al hallar a su familia fuera de la ciudad y encontrar su casa medio en ruinas. Era el mismo chico afectuoso de siempre, pero era fácil adivinar su amargura ante la destrucción de toda Alemania, que él confirmaba y sentía más que nadie. ¡Pobre Waldfried! ¡Con qué sonrisa triste y amistosa se despidió de nosotros al partir al frente... para no volver jamás! ¡Qué vida joven, sana, inteligente y sensible echada a perder! ¡Maldita guerra! ¡Malogrado Waldfried!
Como la vida en las ciudades era tan angustiosa y difícil, en cuanto nos encontramos mejor, el incansable Linus se espabiló para salir de la ciudad. Con este propósito escribió a varias empresas vinícolas del valle del Mosel ofreciéndose para trabajar en las bodegas del célebre vino de la región. Como casi todos los alemanes estaban en el frente y la mano de obra escaseaba, Linus no tardó en recibir una oferta para trabajar en un pueblecillo llamado Kinheim. Animados por la idea de dejar Francfort, sin pensarlo dos veces hicimos los preparativos para el traslado. El 29 de enero de 1944, víspera de nuestro anhelado viaje, hubo un bombardeo tan fuerte sobre la ciudad de Francfort que casi nos quedamos enterrados por completo. (...) El horror de estos bombardeos, donde ancianos, mujeres y niños salían de los sótanos enloquecidos ardiendo como teas vivientes, ha quedado escrito en la historia como un enorme e indigno crimen del cual se avergüenza el mundo entero. Se trataba de otro de esos ataques aéreos llamados Teppichbomben, que combinaban las bombas incendiarias con las de explosión para arrasarlo todo. En el mes de febrero de 1945 destruyeron Dresden de la misma manera.
(...) A principios del año 1945, en todo el valle del Mosel se respiraba un ambiente caótico, señal de que la causa alemana se estaba agotando. En una pequeña radio que Linus consiguió instalar oculta tras la cama, todas las noches escuchábamos emisoras francesas e inglesas que nos mantenían al corriente de las victorias aliadas. Como nuestros principios eran cien por cien democráticos, y por tanto antifascistas, aquellas noticias nos alegraban mucho, pues estábamos convencidos de que la caída de Hitler conllevaría el derrocamiento de Franco. Pero paralelamente al placer político que sentíamos con la caída de los regímenes totalitarios, una íntima tristeza se apoderaba de nosotros al pensar en la buena y pacífica gente del pueblo y recordar a los miles de alemanes que nada tenían que ver con la dictadura nazi; muy al contrario, la sufrían con el mismo odio con el que otras miles de personas soportaban por obligación el despotismo franquista en nuestra península.
(...) La madrugada del martes 13 de marzo de 1945, el primer grupo de soldados americanos entró en Kinheim. (...) La mayoría de los soldados que habían llegado era de habla española. Infelices medio indios de la frontera de Estados Unidos con México. Era a los desdichados soldados incultos a quienes les tocaba estar en primera línea en todas las guerras, mientras los "civilizados" se reservaban los lugares de menor peligro. ¡Qué pena daban aquellos chavales de entre dieciséis y diecinueve años convertidos en carne de cañón! Ellos tenían una madre también, igual que los demás, quizá hasta más tierna y sensible que las frívolas mujeres de ciudad. Sentíamos una gran lástima por aquellas víctimas forzosas. Al hablarles en español, algunos, conmovidos, se nos echaban en brazos llorando de alegría. Se sentían tan desamparados en aquellas tierras lejanas, pasando calamidades sin entender a nadie... ¡ni a enemigos ni a "amigos"!
(...) Tres días después de mi operación, los americanos nos comunicaron que los prisioneros franceses que había en aquel pueblo serían repatriados a lo largo de aquella semana. Como anhelábamos regresar a Cataluña, acordamos con ellos hacer el viaje juntos hasta su país, convencidos de que de un momento a otro se acabaría la guerra y, al vencer las democracias, Franco y su dictadura no se sostendrían por más tiempo y podríamos volver a Barcelona. (...) El aspecto de aquel grupo de gente de todas las nacionalidades, cargados con equipajes deteriorados, ansiosos por huir de tierras alemanas, era un auténtico desconcierto. Al gozar de libertad se formaba un desorden de lo más caótico. Todo el mundo quería dar órdenes y ser el primero en tomar los camiones que, en la primera etapa hacia Francia, llevaban a la gente de Wittlich a Tréveris. (...) Una vez más, surgieron problemas. Los dirigentes de aquel centro de repatriación (la mitad americanos, la mitad franceses), todos con un obtuso conocimiento político, no eran capaces de entender que, pese a ser españoles, no queríamos volver a España mientras mandara Franco...
1. Nombre en catalán de la localidad francesa de Argelès-sur-mer. De las checas de Barcelona a la Alemania nazi, de Otília Castellví. Versión en castellano del original en catalán.
Editorial Acantilado. Precio: 20 euros.
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martes, 2 de diciembre de 2008
Víctimas del terror aún sin voz.
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Víctimas del terror aún sin voz
ADN.es -
Miles de hijos de republicanos fueron presos o arrebatados para robarles la identidad
Marta Rodríguez ADN 01/12/2008
Yo tenía que haber nacido en la prisión". El testimonio es de Antonia Jover, a un paso de los 70 años. A su madre la detuvieron en marzo de 1939, en Alcalá de Henares, a los ocho meses de embarazo. La dejaron dar a luz en libertad y cuando la niña cumplió dos meses, ingresó en la cárcel. Allí estuvo hasta los tres años, cuando vivió con su abuela.
No hay ningún registro oficial que constate el paso de Antonia por la prisión. Su historia no es una excepción, aunque en tres décadas no se ha dado ningún paso para iniciar una investigación oficial sobre la represión franquista. Ni sobre los menores victimizados. Se calcula que la dictadura tuteló a unos 30.000 niños del bando republicano.
Niños "perdidos"
"Al contrario",dice Antonia en el despacho de la Asociación catalana de expresos políticos, "no hemos tenido ni una ayuda ni un perdón, sólo el olvido".
Las condiciones en las prisiones provocaron la muerte de muchos de los niños. El franquismo desoía así la Convención de Ginebra que da a madres y menores una protección especial, señala el profesor del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien lamenta que se silenciara "la represión de género".
Los menores encarcelados no fueron los casos más graves. El magistrado Baltasar Garzón apuntó en el auto en que se inhibió de la causa contra el franquismo a los "niños perdidos" como una gran asignatura pendiente.
El juez afirma que hasta mediados de los años 50, "a través de una andamiaje pseudo jurídico", se dio "cobertura a la sustracción sistemática de niños", hijos de republicanos. Tres son las vías de desaparición infantil durante la dictadura, explica el profesor Rodríguez Arias. A los menores se les arrebata su verdadera identidad y se les otorga una nueva."Son desaparecidos en vida", constata el especialista.
La administración franquista sustraía a los menores de madres republicanas que llegaban a la prisión "embarazadas o que eran violadas allí", de hijos de maquis ,o de "secuestros organizados por el Estado a través de Falange de críos puestos a salvo por la República en colonias infantiles" en el extranjero que eran repatriados al fin de la Guerra Civil.
Garzón recurre a un trabajo de Rodríguez Arias, Los niños perdidos (Tirant lo Blanc), para fundamentar que las desapariciones deben ser investigadas legalmente. El profesor asegura que no hay lugar a dudas de que la desaparición de menores es un "crimen permanente" por el que tarde o temprano España tendrá que rendir cuentas.
EL APUNTE
España incumple los convenios
En países como Argentina, El Salvador o Guatemala, los Gobiernos democráticos han puesto en marcha iniciativas para conocer el paradero de los secuestrados o asesinados. En España ni se ha planteado, lamenta el profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, que sostiene que hay base legal para que los crímenes del franquismo se investiguen. Además, el Ejecutivo incumple la legislación y convenios internacionales de derechos humanos.
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Víctimas del terror aún sin voz
ADN.es -
Miles de hijos de republicanos fueron presos o arrebatados para robarles la identidad
Marta Rodríguez ADN 01/12/2008
Yo tenía que haber nacido en la prisión". El testimonio es de Antonia Jover, a un paso de los 70 años. A su madre la detuvieron en marzo de 1939, en Alcalá de Henares, a los ocho meses de embarazo. La dejaron dar a luz en libertad y cuando la niña cumplió dos meses, ingresó en la cárcel. Allí estuvo hasta los tres años, cuando vivió con su abuela.
No hay ningún registro oficial que constate el paso de Antonia por la prisión. Su historia no es una excepción, aunque en tres décadas no se ha dado ningún paso para iniciar una investigación oficial sobre la represión franquista. Ni sobre los menores victimizados. Se calcula que la dictadura tuteló a unos 30.000 niños del bando republicano.
Niños "perdidos"
"Al contrario",dice Antonia en el despacho de la Asociación catalana de expresos políticos, "no hemos tenido ni una ayuda ni un perdón, sólo el olvido".
Las condiciones en las prisiones provocaron la muerte de muchos de los niños. El franquismo desoía así la Convención de Ginebra que da a madres y menores una protección especial, señala el profesor del Instituto de Derecho Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Rodríguez Arias, quien lamenta que se silenciara "la represión de género".
Los menores encarcelados no fueron los casos más graves. El magistrado Baltasar Garzón apuntó en el auto en que se inhibió de la causa contra el franquismo a los "niños perdidos" como una gran asignatura pendiente.
El juez afirma que hasta mediados de los años 50, "a través de una andamiaje pseudo jurídico", se dio "cobertura a la sustracción sistemática de niños", hijos de republicanos. Tres son las vías de desaparición infantil durante la dictadura, explica el profesor Rodríguez Arias. A los menores se les arrebata su verdadera identidad y se les otorga una nueva."Son desaparecidos en vida", constata el especialista.
La administración franquista sustraía a los menores de madres republicanas que llegaban a la prisión "embarazadas o que eran violadas allí", de hijos de maquis ,o de "secuestros organizados por el Estado a través de Falange de críos puestos a salvo por la República en colonias infantiles" en el extranjero que eran repatriados al fin de la Guerra Civil.
Garzón recurre a un trabajo de Rodríguez Arias, Los niños perdidos (Tirant lo Blanc), para fundamentar que las desapariciones deben ser investigadas legalmente. El profesor asegura que no hay lugar a dudas de que la desaparición de menores es un "crimen permanente" por el que tarde o temprano España tendrá que rendir cuentas.
EL APUNTE
España incumple los convenios
En países como Argentina, El Salvador o Guatemala, los Gobiernos democráticos han puesto en marcha iniciativas para conocer el paradero de los secuestrados o asesinados. En España ni se ha planteado, lamenta el profesor Miguel Ángel Rodríguez Arias, que sostiene que hay base legal para que los crímenes del franquismo se investiguen. Además, el Ejecutivo incumple la legislación y convenios internacionales de derechos humanos.
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El Plural entrevista al investigador que inspiró la denuncia de Garzón sobre los niños perdidos del franquismo
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El Plural entrevista al investigador que inspiró la denuncia de Garzón sobre los niños perdidos del franquismo
"Habría que recordar a algunos que la derecha democrática también defendió la república y sufrió represalias"
MARISU MORENO
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte la asignatura de Derecho penal internacional. Es uno de los expertos consultados por el juez Baltasar Garzón en su intento de procesar el franquismo. Su última investigación -recogida en el libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, publicado en octubre de 2008 por la Editorial Tirant Lo Blanch-, aparece citada expresamente en el Auto de Garzón en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales. El magistrado de la Audiencia Nacional fundamenta con este trabajo la necesidad de investigar legalmente las desapariciones de los hijos de presas republicanas durante la dictadura de Franco.
¿A quién corresponde hacer justicia a las víctimas de la represión franquista: a los historiadores, a los jueces o a ambos?
Tanto las directrices de reparación a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, como los principios de lucha a la impunidad elaborados por la Comisión de Derechos Humanos señalan la necesidad de utilizar distintos medios de reparación que se complementan entre sí: la desaparición forzada es una violación compleja y grave de los derechos humanos y el deber de recordar, la memoria histórica, es únicamente uno de esos elementos, pero no excluye el derecho de las víctimas a la justicia, o el derecho a la verdad de las familias, respecto el paradero e identificación de sus seres queridos. En ese sentido la única exclusión de enfoques es la que se ha pretendido hacer, y se sigue pretendiendo, por parte de nuestras autoridades. Sustituir “el todo” por una de sus partes. Pero en materia de crímenes internacionales la responsabilidad del Estado es la de cumplir con todas las formas de reparación y justicia hacia las víctimas, y no sólo la que pueda preferirse. Estamos hablando de derechos humanos no de un menú a la carta.
¿Qué papel jugó la Iglesia en la desaparición de niños?
Eso aún debe ser esclarecido mediante la misma “investigación oficial efectiva” que sigue aún pendiente también en el caso de los desaparecidos de las fosas comunes. Según el punto 77 del “Balance de crímenes de la Dictadura franquista” de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y leo literalmente: “La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…) también jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”. Preocupa en todo caso determinar que clase de colaboración prestó el personal religioso ante la detención de madres y niños pequeños, ya que hablamos de madres y niños víctimas de detenciones ilegales por parte del Estado; preocupa más aún, visto que el régimen de Franco hizo desaparecer además un número indeterminado de menores, sin quedar claro en qué centros pudieron ser arrebatados a sus madres ni qué clase de personal estaba al cargo de los mismos mientras esto ocurría. Se debe aclarar qué menores y madres pasaron por estos centros y qué sucedió dentro de los mismos. Esa investigación oficial es imprescindible y urgente.
Es éste quizá el capítulo menos conocido de la represión franquista ¿es comparable con los casos de desapariciones de niños en Argentina?
Sin duda, en el caso argentino, muy conocido por la incansable tarea reivindicadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, se robaron unos 800 niños, y en el caso español podríamos estar ante miles de casos. Al igual que en Argentina cabe esperar que la mayoría de todos esos niños perdidos también siguen vivos, pero el Gobierno argentino lleva veinte años buscando todos los que puede y ha creado varios organismos estatales para localizar a los desaparecidos como una Comisión de Búsqueda y por el Derecho a la Identidad y una Base Nacional de Datos Genéticos para cruzar gratuitamente las muestras con una fiabilidad superior al 99%; en cambio el Gobierno español todavía no ha empezado a buscar a los desaparecidos del franquismo. Y los que han querido dejar en alguna parte sus muestras por si alguna vez se localiza a su ser querido lo han tenido que pagar de su bolsillo.
¿Cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención?
Tanto los casos de robos de niños de las madres presas, como los robos de menores de entornos maquis o los secuestros de los niños de las colonias infantiles de Victoria Kent, enviados por la República a Francia y a otros países, me resultan igual de inhumanos, no sabría distinguir. En lo personal escuchar el testimonio de Emilia Girón cuyo hijo se llevaron “a bautizar” nada mas dar a luz y no se lo devolvieron… tantísimo dolor de una madre que sigue ahí tras toda una vida, día a día, esperando a que el Estado, nuestro Estado social y Democrático de Derecho, le devuelva a su hijo; el testimonio de los hermanos del desaparecido que llevan toda la vida sabiendo que en algún lugar tienen un hermano pero no saben donde está…Emilia era la hermana de un conocido guerrillero y por lo tanto no tenía derecho alguno, ni tan siquiera a la carne de su carne. Repugna pensar en quienes cometieron este tipo de hechos y quienes les dieron cobertura, en la impunidad, me vienen otra vez a la cabeza aquellos versos de Otero de “si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos…”, más propios de la dictadura. Esta investigación que me ha acompañado durante tres años ha sido durísima y sólo puedo tener palabras de agradecimiento para las personas que me han acompañado y la han hecho posible en todos los sentidos comenzando por la propia editorial Tirant Lo Blanch que me prestó un lugar para llamar a todo esto “crimen contra la humanidad” cuando sólo se hablaba de “memoria”. Pero sobre todo para la gente que se comprometió con la defensa de nuestra democracia amenazada debiendo pagar por ello tan sobre cogedor precio.
¿La inhibición de Garzón a favor de los juzgados territoriales supone el fin del intento de procesar el régimen franquista?
En absoluto. Una cosa que los Gobiernos y autoridades no han comprendido nunca en un primer momento – en ninguno de los países donde se han perpetrado desapariciones forzadas de personas no hablo solo de España – es que las familias en realidad no pueden hacer ninguna otra cosa que buscar a sus seres queridos porque son su bien más preciado. ¿Quién de nosotros podría hacer otra cosa que buscar con todas sus fuerzas, como sea, a nuestro propio hijo, mujer, hermano, padre si mañana se lo llevasen agentes del Estado sin volver a dar razón de su paradero?, ¿Cuándo pararíamos de buscar nosotros a nuestros propios seres queridos dijese lo que dijese Rouco o quien sea?. En un terreno de tan lenta evolución y formación como es el derecho internacional en las últimas décadas las familias de los desaparecidos, da igual en que país, han sido una fuerza motriz que ha removido cielo y tierra en todas las instancias internacionales desde sus humildes lugares de origen, frente al poder del Estado y en situaciones verdaderamente aterradoras, para salvar lo que les es más querido en la vida. Es algo tan humano como el amor hacia sus seres queridos el que lo mueve todo, su inmenso dolor, su desesperación por no poder verles aunque deseen con toda el alma recuperarles en su vida. Quien hable de revanchas o venganzas históricas desconoce por completo la situación de estas personas y lo que les impulsa. Porque ni siquiera limito esto a los defensores de la República, es aplicable a los familiares de cualquier desaparecido que todavía pudiera serlo. Comprender la verdad de todo esto sobrecoge el alma de una forma difícil de explicar. No les sirve, ni les va a servir, ningún certificado en un papel, quieren a sus seres queridos o sus restos mortales para poder darles un trato digno y saber donde llorarles; y en el caso de los niños perdidos saben que probablemente aún siguen vivos y eso les va a espolear mas. Cualquier Gobierno que no tenga esto claro, se está equivocando.
¿Qué te parece el papel que ha jugado la Fiscalía en todo este asunto?
De las distintas cuestiones jurídicas que cuesta trabajo entender, y no son pocas, la que acaso más llama mi atención es la cerrazón para no calificar “crimen contra la humanidad” a lo que jurídicamente reúne, sobradamente, todos los requisitos para ello. Si al menos se pudiese identificar algún tratado internacional que afirmase lo contrario, que introdujese algún elemento de ambigüedad interpretativa, podría entenderse que se pudiese optar por dicha óptica. Pero no es así. Tanto empeño en evitar el uso del término “crimen contra la humanidad” recuerda el extraño empeño ante otras “palabras tabú” recientes como “crisis económica”. Pero ello no impide que sigamos teniendo “crímenes contra la humanidad” impunes, como tampoco ha impedido la realidad de la “crisis”.
¿Qué te parece la Ley de Amnistía?
La ley de amnistía fue un elemento necesario en su momento, de igual modo que también fue necesario a la comunidad internacional algún tipo de negociación con Milosevic para pacificar la situación en la antigua Yugoslavia; lo cual no impidió que transcurrido un tiempo razonable de estabilización de la situación la misma comunidad internacional fuese la que sentase a Milosevic, y a otros responsables, en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Porque los crímenes contra la humanidad nunca prescriben y no pueden ser objeto de amnistías y antes o después llega el momento de rendir cuentas a la justicia. El Comité de Derechos Humanos acaba de decirle a España hace tan sólo tres semanas que la ley de amnistía no puede ser una ley de punto y final que impida la lucha contra la impunidad, aunque la fiscalía de la Audiencia Nacional no se haya dado por aludida.
¿La Ley de Memoria histórica se ha quedado corta?
La ley de la memoria viola todos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas, reparación a sus victimas y lucha a su impunidad. No lo puedo expresar con más claridad. Además el artículo 13 de la ley de la memoria es un “copia-pega” del modelo franquista de la Orden de 1 de Mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”. Pero como desde 1979 España ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos el “copia-pega” en cuestión viola los artículos 2 y 13 del mismo; en mi último trabajo publicado en Jueces para la Democracia señalo una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo demuestra. Junto a esto no sé como calificar que la ley de la memoria se olvide del caso de los niños perdidos, que ni siquiera menciona. Ni siquiera lo menciona. Ni a ellos ni a sus pobres madres represaliadas por la dictadura con el robo de sus pequeños. Tampoco hay memoria de género para ellas.
¿Cómo se podría combatir la impunidad que parecen tener en este país los crímenes del franquismo?
Dando normal aplicación a los tratados internacionales y a los derechos humanos. No es que no existan, o que España no los haya ratificado, o se desconozcan. Es que se está pretendiendo mantener una política contra viento y marea en la que, sin que se entienda muy bien por qué, sigue persistiendo parte del PSOE que ya se ha quedado solo en todo esto. Hasta Izquierda Unida con la que pactó inicialmente para sacar adelante la ley habla ahora de una ley “de la impunidad”, más que de una “ley de la memoria”. Y todavía falta que, a un par de años vista, puedan empezar a llegar resoluciones de la esfera internacional. Nada de esto es correcto, y tengo confianza en una pronta reconsideración, a fondo, de la ley “de la memoria” por parte de nuestras autoridades.
La derecha alude a los crímenes del otro bando… ¿son comparables?
Eso mismo es lo que Franco hizo durante décadas para intentar justificar lo injustificable, y no puedo sino lamentar que una determinada parte de la derecha olvide que la derecha democrática también defendió la República y también fue represaliada por el franquismo. Hay innumerables ejemplos de personas admirables y de profundas creencias católicas y de ideas conservadoras que defendieron la República que era defender la Constitución y el gobierno democráticamente electo. Para mi el general Vicente Rojo es el primer exponente de todos ellos. El “no los imitéis” de Indalecio Prieto – uno de los párrafos más conmovedores que se puedan leer todavía décadas después – está ahí, los denodados esfuerzos de Irujo o Azaña también; todos ellos máximos responsables de la República, por reestablecer la situación cuando el Estado tuvo que privarse de la única parte de las fuerzas de orden público de las que aún disponía para hacer frente a la otra parte que se había vuelto contra él; tales ejemplos dejan a la vista en su profunda miseria moral y humana, las declaraciones y llamadas públicas al genocidio y la violación de máximos responsables del otro lado como Queipo de Llano o Mola. Por eso jurídicamente no son en absoluto comparables, porque de la ausencia de un designio planificado, exterminador, desde las altas instancias del aparato de poder, o no, se deriva que, con el derecho internacional en la mano, se pueda hablar de crímenes de lesa humanidad de los golpistas pero no de la República. No creo que nuestra derecha democrática tenga ninguna necesidad de salir a la defensa del franquismo de igual modo que la derecha democrática alemana no tiene ninguna necesidad de salir a la defensa del nazismo.
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El Plural entrevista al investigador que inspiró la denuncia de Garzón sobre los niños perdidos del franquismo
"Habría que recordar a algunos que la derecha democrática también defendió la república y sufrió represalias"
MARISU MORENO
Miguel Ángel Rodríguez Arias es investigador del Instituto de Derecho penal Europeo e Internacional de la Universidad de Castilla-La Mancha, donde imparte la asignatura de Derecho penal internacional. Es uno de los expertos consultados por el juez Baltasar Garzón en su intento de procesar el franquismo. Su última investigación -recogida en el libro “El caso de los niños perdidos del franquismo: crimen contra la humanidad”, publicado en octubre de 2008 por la Editorial Tirant Lo Blanch-, aparece citada expresamente en el Auto de Garzón en el que se inhibe a favor de los juzgados territoriales. El magistrado de la Audiencia Nacional fundamenta con este trabajo la necesidad de investigar legalmente las desapariciones de los hijos de presas republicanas durante la dictadura de Franco.
¿A quién corresponde hacer justicia a las víctimas de la represión franquista: a los historiadores, a los jueces o a ambos?
Tanto las directrices de reparación a las víctimas de violaciones manifiestas de los derechos humanos de la Asamblea de Naciones Unidas, como los principios de lucha a la impunidad elaborados por la Comisión de Derechos Humanos señalan la necesidad de utilizar distintos medios de reparación que se complementan entre sí: la desaparición forzada es una violación compleja y grave de los derechos humanos y el deber de recordar, la memoria histórica, es únicamente uno de esos elementos, pero no excluye el derecho de las víctimas a la justicia, o el derecho a la verdad de las familias, respecto el paradero e identificación de sus seres queridos. En ese sentido la única exclusión de enfoques es la que se ha pretendido hacer, y se sigue pretendiendo, por parte de nuestras autoridades. Sustituir “el todo” por una de sus partes. Pero en materia de crímenes internacionales la responsabilidad del Estado es la de cumplir con todas las formas de reparación y justicia hacia las víctimas, y no sólo la que pueda preferirse. Estamos hablando de derechos humanos no de un menú a la carta.
¿Qué papel jugó la Iglesia en la desaparición de niños?
Eso aún debe ser esclarecido mediante la misma “investigación oficial efectiva” que sigue aún pendiente también en el caso de los desaparecidos de las fosas comunes. Según el punto 77 del “Balance de crímenes de la Dictadura franquista” de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, y leo literalmente: “La Iglesia católica de España, estrechamente unida al régimen (…) también jugó un papel muy importante al proveer el personal de numerosos establecimientos penitenciarios, siendo los más tristemente célebres las prisiones de mujeres y los reformatorios para jóvenes cuyos antiguos detenidos han denunciado públicamente los malos tratos físicos y psicológicos que sufrieron por parte del personal religioso”. Preocupa en todo caso determinar que clase de colaboración prestó el personal religioso ante la detención de madres y niños pequeños, ya que hablamos de madres y niños víctimas de detenciones ilegales por parte del Estado; preocupa más aún, visto que el régimen de Franco hizo desaparecer además un número indeterminado de menores, sin quedar claro en qué centros pudieron ser arrebatados a sus madres ni qué clase de personal estaba al cargo de los mismos mientras esto ocurría. Se debe aclarar qué menores y madres pasaron por estos centros y qué sucedió dentro de los mismos. Esa investigación oficial es imprescindible y urgente.
Es éste quizá el capítulo menos conocido de la represión franquista ¿es comparable con los casos de desapariciones de niños en Argentina?
Sin duda, en el caso argentino, muy conocido por la incansable tarea reivindicadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, se robaron unos 800 niños, y en el caso español podríamos estar ante miles de casos. Al igual que en Argentina cabe esperar que la mayoría de todos esos niños perdidos también siguen vivos, pero el Gobierno argentino lleva veinte años buscando todos los que puede y ha creado varios organismos estatales para localizar a los desaparecidos como una Comisión de Búsqueda y por el Derecho a la Identidad y una Base Nacional de Datos Genéticos para cruzar gratuitamente las muestras con una fiabilidad superior al 99%; en cambio el Gobierno español todavía no ha empezado a buscar a los desaparecidos del franquismo. Y los que han querido dejar en alguna parte sus muestras por si alguna vez se localiza a su ser querido lo han tenido que pagar de su bolsillo.
¿Cuáles han sido los casos que más te han llamado la atención?
Tanto los casos de robos de niños de las madres presas, como los robos de menores de entornos maquis o los secuestros de los niños de las colonias infantiles de Victoria Kent, enviados por la República a Francia y a otros países, me resultan igual de inhumanos, no sabría distinguir. En lo personal escuchar el testimonio de Emilia Girón cuyo hijo se llevaron “a bautizar” nada mas dar a luz y no se lo devolvieron… tantísimo dolor de una madre que sigue ahí tras toda una vida, día a día, esperando a que el Estado, nuestro Estado social y Democrático de Derecho, le devuelva a su hijo; el testimonio de los hermanos del desaparecido que llevan toda la vida sabiendo que en algún lugar tienen un hermano pero no saben donde está…Emilia era la hermana de un conocido guerrillero y por lo tanto no tenía derecho alguno, ni tan siquiera a la carne de su carne. Repugna pensar en quienes cometieron este tipo de hechos y quienes les dieron cobertura, en la impunidad, me vienen otra vez a la cabeza aquellos versos de Otero de “si abrí los labios para ver el rostro puro y terrible de mi patria, si abrí los labios hasta desgarrármelos…”, más propios de la dictadura. Esta investigación que me ha acompañado durante tres años ha sido durísima y sólo puedo tener palabras de agradecimiento para las personas que me han acompañado y la han hecho posible en todos los sentidos comenzando por la propia editorial Tirant Lo Blanch que me prestó un lugar para llamar a todo esto “crimen contra la humanidad” cuando sólo se hablaba de “memoria”. Pero sobre todo para la gente que se comprometió con la defensa de nuestra democracia amenazada debiendo pagar por ello tan sobre cogedor precio.
¿La inhibición de Garzón a favor de los juzgados territoriales supone el fin del intento de procesar el régimen franquista?
En absoluto. Una cosa que los Gobiernos y autoridades no han comprendido nunca en un primer momento – en ninguno de los países donde se han perpetrado desapariciones forzadas de personas no hablo solo de España – es que las familias en realidad no pueden hacer ninguna otra cosa que buscar a sus seres queridos porque son su bien más preciado. ¿Quién de nosotros podría hacer otra cosa que buscar con todas sus fuerzas, como sea, a nuestro propio hijo, mujer, hermano, padre si mañana se lo llevasen agentes del Estado sin volver a dar razón de su paradero?, ¿Cuándo pararíamos de buscar nosotros a nuestros propios seres queridos dijese lo que dijese Rouco o quien sea?. En un terreno de tan lenta evolución y formación como es el derecho internacional en las últimas décadas las familias de los desaparecidos, da igual en que país, han sido una fuerza motriz que ha removido cielo y tierra en todas las instancias internacionales desde sus humildes lugares de origen, frente al poder del Estado y en situaciones verdaderamente aterradoras, para salvar lo que les es más querido en la vida. Es algo tan humano como el amor hacia sus seres queridos el que lo mueve todo, su inmenso dolor, su desesperación por no poder verles aunque deseen con toda el alma recuperarles en su vida. Quien hable de revanchas o venganzas históricas desconoce por completo la situación de estas personas y lo que les impulsa. Porque ni siquiera limito esto a los defensores de la República, es aplicable a los familiares de cualquier desaparecido que todavía pudiera serlo. Comprender la verdad de todo esto sobrecoge el alma de una forma difícil de explicar. No les sirve, ni les va a servir, ningún certificado en un papel, quieren a sus seres queridos o sus restos mortales para poder darles un trato digno y saber donde llorarles; y en el caso de los niños perdidos saben que probablemente aún siguen vivos y eso les va a espolear mas. Cualquier Gobierno que no tenga esto claro, se está equivocando.
¿Qué te parece el papel que ha jugado la Fiscalía en todo este asunto?
De las distintas cuestiones jurídicas que cuesta trabajo entender, y no son pocas, la que acaso más llama mi atención es la cerrazón para no calificar “crimen contra la humanidad” a lo que jurídicamente reúne, sobradamente, todos los requisitos para ello. Si al menos se pudiese identificar algún tratado internacional que afirmase lo contrario, que introdujese algún elemento de ambigüedad interpretativa, podría entenderse que se pudiese optar por dicha óptica. Pero no es así. Tanto empeño en evitar el uso del término “crimen contra la humanidad” recuerda el extraño empeño ante otras “palabras tabú” recientes como “crisis económica”. Pero ello no impide que sigamos teniendo “crímenes contra la humanidad” impunes, como tampoco ha impedido la realidad de la “crisis”.
¿Qué te parece la Ley de Amnistía?
La ley de amnistía fue un elemento necesario en su momento, de igual modo que también fue necesario a la comunidad internacional algún tipo de negociación con Milosevic para pacificar la situación en la antigua Yugoslavia; lo cual no impidió que transcurrido un tiempo razonable de estabilización de la situación la misma comunidad internacional fuese la que sentase a Milosevic, y a otros responsables, en el banquillo de los acusados del Tribunal Penal Internacional para la Antigua Yugoslavia. Porque los crímenes contra la humanidad nunca prescriben y no pueden ser objeto de amnistías y antes o después llega el momento de rendir cuentas a la justicia. El Comité de Derechos Humanos acaba de decirle a España hace tan sólo tres semanas que la ley de amnistía no puede ser una ley de punto y final que impida la lucha contra la impunidad, aunque la fiscalía de la Audiencia Nacional no se haya dado por aludida.
¿La Ley de Memoria histórica se ha quedado corta?
La ley de la memoria viola todos los tratados e instrumentos internacionales de derechos humanos en materia de desapariciones forzadas, reparación a sus victimas y lucha a su impunidad. No lo puedo expresar con más claridad. Además el artículo 13 de la ley de la memoria es un “copia-pega” del modelo franquista de la Orden de 1 de Mayo de 1940 “sobre exhumaciones e inhumaciones de cadáveres asesinados por los rojos”. Pero como desde 1979 España ha ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos el “copia-pega” en cuestión viola los artículos 2 y 13 del mismo; en mi último trabajo publicado en Jueces para la Democracia señalo una veintena de sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que lo demuestra. Junto a esto no sé como calificar que la ley de la memoria se olvide del caso de los niños perdidos, que ni siquiera menciona. Ni siquiera lo menciona. Ni a ellos ni a sus pobres madres represaliadas por la dictadura con el robo de sus pequeños. Tampoco hay memoria de género para ellas.
¿Cómo se podría combatir la impunidad que parecen tener en este país los crímenes del franquismo?
Dando normal aplicación a los tratados internacionales y a los derechos humanos. No es que no existan, o que España no los haya ratificado, o se desconozcan. Es que se está pretendiendo mantener una política contra viento y marea en la que, sin que se entienda muy bien por qué, sigue persistiendo parte del PSOE que ya se ha quedado solo en todo esto. Hasta Izquierda Unida con la que pactó inicialmente para sacar adelante la ley habla ahora de una ley “de la impunidad”, más que de una “ley de la memoria”. Y todavía falta que, a un par de años vista, puedan empezar a llegar resoluciones de la esfera internacional. Nada de esto es correcto, y tengo confianza en una pronta reconsideración, a fondo, de la ley “de la memoria” por parte de nuestras autoridades.
La derecha alude a los crímenes del otro bando… ¿son comparables?
Eso mismo es lo que Franco hizo durante décadas para intentar justificar lo injustificable, y no puedo sino lamentar que una determinada parte de la derecha olvide que la derecha democrática también defendió la República y también fue represaliada por el franquismo. Hay innumerables ejemplos de personas admirables y de profundas creencias católicas y de ideas conservadoras que defendieron la República que era defender la Constitución y el gobierno democráticamente electo. Para mi el general Vicente Rojo es el primer exponente de todos ellos. El “no los imitéis” de Indalecio Prieto – uno de los párrafos más conmovedores que se puedan leer todavía décadas después – está ahí, los denodados esfuerzos de Irujo o Azaña también; todos ellos máximos responsables de la República, por reestablecer la situación cuando el Estado tuvo que privarse de la única parte de las fuerzas de orden público de las que aún disponía para hacer frente a la otra parte que se había vuelto contra él; tales ejemplos dejan a la vista en su profunda miseria moral y humana, las declaraciones y llamadas públicas al genocidio y la violación de máximos responsables del otro lado como Queipo de Llano o Mola. Por eso jurídicamente no son en absoluto comparables, porque de la ausencia de un designio planificado, exterminador, desde las altas instancias del aparato de poder, o no, se deriva que, con el derecho internacional en la mano, se pueda hablar de crímenes de lesa humanidad de los golpistas pero no de la República. No creo que nuestra derecha democrática tenga ninguna necesidad de salir a la defensa del franquismo de igual modo que la derecha democrática alemana no tiene ninguna necesidad de salir a la defensa del nazismo.
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Memoria en España.
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Memoria en España
Milenio
Martes, 2 Diciembre, 2008
Oculto entre la marejada de hechos destacados que están sucediendo este principio de fin de año, no se debe dejar pasar el fortalecimiento de la memoria histórica que está viviendo España a través de la recuperación de los restos óseos de gente asesinada por el franquismo y que ahora podrá descansar en la tierra escogida por sus descendientes. Además, sus lesiones nos son de plena actualidad.
La historia comenzó con el intento del juez Baltazar Garzón por investigar la rebelión que llevó al poder a Francisco Franco, la cual empezó el 17 de julio de 1936 y sumió al país europeo en una guerra civil que aún está ahi, viva.
El juez se declaró competente para investigar esa rebelión y entre otras medidas, ordenó investigar sitios donde presuntamente se ubicaron fosas comunes, en las cuales decenas, cientos de republicanos fueron enterrados por las huestes franquistas.
En el terreno judicial de inmediato se prendieron las luces de alerta. España de tiempo atrás ha modificado sus leyes para declararse competente en la investigación de crímenes de lesa humanidad sin importar lugar o fecha. En ese marco estuvo a punto de juzgar a Augusto Pinochet, que de una manera similar a la de Franco, derrocó al presidente chileno Salvador Allende.
Ahora la justicia española ha recibido la queja para investigar la muerte de varios sacerdotes jesuitas muertos en El Salvador en la guerra civil que asoló a ese país hace unas cuantas décadas. Aún no se sabe si procederá el juicio, en donde varios de los presuntos responsables siguen vivos, pero el hecho mismo de conocerse la demanda, ha puesto nerviosos a varios de ellos y conseguido que el expediente reviva.
En el caso de la rebelión franquista la Audiencia Nacional ya declaró que no tiene competencia para juzgarla, debido a que como tal, la rebelión no se encuentra en la lista de delitos que puede investigar, según decidió apenas el pasado viernes 28 de noviembre.
Detenido el proceso judicial, ha seguido adelante la ubicación y exploración de sitios usados como fosas comunes, las cuales ha comenzado a aparecer y al ser exploradas también los cadáveres de los leales a la república, aunque se sospecha por los testimonios de los descendientes de esos fallecidos, que habría mucha gente del pueblo muerta en la “confusión” que suele acompañar a esos sucesos traumáticos para los pueblos.
Una de las tumbas fue encontrada en Málaga, donde de acuerdo a los testimonios de la época en una sola de las fosas comunes pudo darse sepultura obligada a alrededor de cuatro mil 500 personas. Algunos esqueletos han visto de nueva cuenta la luz luego de casi tres cuartos de siglo, acompañados de evidencias de que fueron muertos a balazos, muchos con el tiro de gracias, y aún con alambres rodeando lo que fueron sus manos.
Junto a las reacciones de escándalo por querer revivir esos duros recuerdos, ha habido otras de mayor verticalidad, por ejemplo, la del pueblo de Ferrol, lugar de nacimiento del Generalísimo Francisco Franco, que de manera paralela al proceso antes descrito, acaba de decidir la semana pasada también, retirarle post mortem los títulos de Alcalde Honorario, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Ciudad. Los herederos directos del franquismo, los concejales en ese cabildo del Partido Popular, se abstuvieron de votar en la sesión que tomó las determinaciones porque, dijeron, la prioridad debe ser ocuparse de los vivos y no de los muertos.
El conjunto del proceso, que en su vertiente judicial ya había tenido una evidente debilidad al demostrarse que todos los presuntos responsables están muertos, es un ejercicio saludable para la democracia española y un ejemplo para otros sistemas políticos. como los de América Latina, manufacturados en sus orígenes por las mismas manos y de una manera tal, que sus huellas permanecen.
Las lecciones son varias. Una de ellas es que el paso del tiempo no debe ser razón para que la impunidad cubra injusticias o abiertos delitos, como sin duda lo es el exterminio de los opositores por el hecho de serlo. En América Latina crímenes cometidos por gobiernos militares en su área sur permanecen ahí, demandando ser esclarecidos, pero casi no hay gobierno en tola la región que en un examen a fondo pueda quedar sin muertos escondidos en el clóset. La moraleja debe de ser simple, el ejercicio del poder no justifica quitar la vida del opositor.
Es imposible que cualquier gobierno puede existir sin oposición, pues ambos forman una pareja indispensable para que el ejercicio del poder sea democrático y en última instancia, en verdadero beneficio de los vivos, quienes siempre estarán en deuda con aquellos muertos que les abonaron un futuro más amable.
j_esqueda8@hotmail.com
Memoria en España
Milenio
Martes, 2 Diciembre, 2008
Oculto entre la marejada de hechos destacados que están sucediendo este principio de fin de año, no se debe dejar pasar el fortalecimiento de la memoria histórica que está viviendo España a través de la recuperación de los restos óseos de gente asesinada por el franquismo y que ahora podrá descansar en la tierra escogida por sus descendientes. Además, sus lesiones nos son de plena actualidad.
La historia comenzó con el intento del juez Baltazar Garzón por investigar la rebelión que llevó al poder a Francisco Franco, la cual empezó el 17 de julio de 1936 y sumió al país europeo en una guerra civil que aún está ahi, viva.
El juez se declaró competente para investigar esa rebelión y entre otras medidas, ordenó investigar sitios donde presuntamente se ubicaron fosas comunes, en las cuales decenas, cientos de republicanos fueron enterrados por las huestes franquistas.
En el terreno judicial de inmediato se prendieron las luces de alerta. España de tiempo atrás ha modificado sus leyes para declararse competente en la investigación de crímenes de lesa humanidad sin importar lugar o fecha. En ese marco estuvo a punto de juzgar a Augusto Pinochet, que de una manera similar a la de Franco, derrocó al presidente chileno Salvador Allende.
Ahora la justicia española ha recibido la queja para investigar la muerte de varios sacerdotes jesuitas muertos en El Salvador en la guerra civil que asoló a ese país hace unas cuantas décadas. Aún no se sabe si procederá el juicio, en donde varios de los presuntos responsables siguen vivos, pero el hecho mismo de conocerse la demanda, ha puesto nerviosos a varios de ellos y conseguido que el expediente reviva.
En el caso de la rebelión franquista la Audiencia Nacional ya declaró que no tiene competencia para juzgarla, debido a que como tal, la rebelión no se encuentra en la lista de delitos que puede investigar, según decidió apenas el pasado viernes 28 de noviembre.
Detenido el proceso judicial, ha seguido adelante la ubicación y exploración de sitios usados como fosas comunes, las cuales ha comenzado a aparecer y al ser exploradas también los cadáveres de los leales a la república, aunque se sospecha por los testimonios de los descendientes de esos fallecidos, que habría mucha gente del pueblo muerta en la “confusión” que suele acompañar a esos sucesos traumáticos para los pueblos.
Una de las tumbas fue encontrada en Málaga, donde de acuerdo a los testimonios de la época en una sola de las fosas comunes pudo darse sepultura obligada a alrededor de cuatro mil 500 personas. Algunos esqueletos han visto de nueva cuenta la luz luego de casi tres cuartos de siglo, acompañados de evidencias de que fueron muertos a balazos, muchos con el tiro de gracias, y aún con alambres rodeando lo que fueron sus manos.
Junto a las reacciones de escándalo por querer revivir esos duros recuerdos, ha habido otras de mayor verticalidad, por ejemplo, la del pueblo de Ferrol, lugar de nacimiento del Generalísimo Francisco Franco, que de manera paralela al proceso antes descrito, acaba de decidir la semana pasada también, retirarle post mortem los títulos de Alcalde Honorario, Hijo Predilecto y Medalla de Oro de la Ciudad. Los herederos directos del franquismo, los concejales en ese cabildo del Partido Popular, se abstuvieron de votar en la sesión que tomó las determinaciones porque, dijeron, la prioridad debe ser ocuparse de los vivos y no de los muertos.
El conjunto del proceso, que en su vertiente judicial ya había tenido una evidente debilidad al demostrarse que todos los presuntos responsables están muertos, es un ejercicio saludable para la democracia española y un ejemplo para otros sistemas políticos. como los de América Latina, manufacturados en sus orígenes por las mismas manos y de una manera tal, que sus huellas permanecen.
Las lecciones son varias. Una de ellas es que el paso del tiempo no debe ser razón para que la impunidad cubra injusticias o abiertos delitos, como sin duda lo es el exterminio de los opositores por el hecho de serlo. En América Latina crímenes cometidos por gobiernos militares en su área sur permanecen ahí, demandando ser esclarecidos, pero casi no hay gobierno en tola la región que en un examen a fondo pueda quedar sin muertos escondidos en el clóset. La moraleja debe de ser simple, el ejercicio del poder no justifica quitar la vida del opositor.
Es imposible que cualquier gobierno puede existir sin oposición, pues ambos forman una pareja indispensable para que el ejercicio del poder sea democrático y en última instancia, en verdadero beneficio de los vivos, quienes siempre estarán en deuda con aquellos muertos que les abonaron un futuro más amable.
j_esqueda8@hotmail.com
«Queremos localizar a los niños perdidos de la Guerra Civil»
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«Queremos localizar a los niños perdidos de la Guerra Civil»
Fernando Magán, abogado de las Asociaciones de Memoria Histórica, afirma que "recuperar a Lorca será también rescatar una parte del olvido que necesita reparación".
DIEGO MÁRQUEZ.
Pese al varapalo que supone la última declaración de la Audiencia Nacional, las asociaciones de memoria histórica van a proseguir su lucha en lo que definen como un "marasmo judicial". Su representante en el ámbito nacional, el abogado Fernando Magán, visitó Pulianas el viernes en un símbolo de su apoyo personal y profesional a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica que ya preside Maribel Brenes. En conversación telefónica mantenida esa misma tarde, Magán anunciaba que, independientemente de que ahora son los juzgados territoriales los que tienen que analizar si son competentes en cada una de las causas, ellos van a estudiar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo y la Corte Europea.
-¿Por qué ha causado tanto revuelo esta causa?
-La verdad es que ha habido silencio en los últimos años, marginación en los otros años anteriores, e incluso persecución. Ahora se ha abierto este proceso de memoria histórica que ha permanecido unas veces oculto y otras veces en silencio. El sacarlo crudamente a la realidad, como ha hecho el juez Garzón, no deja de ser un impacto. Hay un cierto estigma ante todo ello.
-¿Es un estigma hacia el franquismo o hacia su superación?
-No deja de haber una parte importante de la sociedad española que no quiere saber de ello en términos políticos. Hay otras personas a las que esa situación les resulta dolorosa. Y hay otra gente que antes que abrirse a ello prefiere seguir teniendo una cierta autocensura.
-¿Se trata de cerrar heridas o se corre el riesgo de reabrirlas?
-Yo creo que la sociedad española es madura y creo que puede perfectamente asumir esta situación. Una situación más dura fue la Transición y se pasó perfectamente. Ahora creo que hay un gran interés por saber la verdad. Y con ello no se contribuye a ninguna confrontación salvo en reductos muy aislados muy poco proclives a reconocer los hechos.
-¿Es equiparable la memoria histórica con la Transición?
-Es una consecuencia de la Transición, de aquello época en la que fue posible pasar a una situación democrática. Es una consecuencia pendiente que larvadamente ha ido apareciendo muchas veces y que ahora se presenta expuesta definitivamente a la sociedad. No hay que tomar decisiones tan drásticas como en la Transición pero es una realidad ante la que España debe enfrentarse.
-¿La democracia española no está completa si no se afronta este tema?
-Efectivamente. La democracia no estaría completa, no porque tenga que cerrarse a su propio pasado, sino porque todas las tendencias políticas deben asumir los derechos básicos de las personas.
-¿Qué líneas de actuación se plantean desde ahora en las asociaciones de memoria histórica?
-Son varias actuaciones. Entre ellas, la posible localización de niños perdidos para que fuesen también escuchados y formasen parte directa en el procedimiento judicial. Y avanzar en la localización de todos los enterramientos clandestinos y en su exhumación si ello es viable. En definitiva, el objetivo final es la reparación de todas las víctimas, de las de entonces y de las que, de algún modo, siguen siendo víctimas hoy. Queremos que se haga justicia.
-¿Por qué presentaron otra lista de apertura de fosas a Garzón la semana pasada si el magistrado ya se había inhibido?
-En realidad el juez se había inhibido en tanto le aceptaban la competencia en la Sala de la Audiencia Nacional. Había una serie de recursos que han causado bastante enredo judicial. En su último auto, el juez decía que toda la actuación procesal que le llegara la elevaría a la Sala. En tanto que se produzcan las declaraciones de competencia de los juzgados territoriales, hay una situación transitoria en la que los perjudicados no dejan de tener acceso a la justicia. Por eso se presentó esa documentación ante Garzón sin perjuicio de ir ante otras instancias judiciales.-¿La elección de Brenes para el comité de expertos reflejó el peso del caso de Lorca?-No necesariamente. Yo designé a Maribel Brenes (para el comité asesor de Garzón) por su investigación y porque trabajaba con una asociación de peso y rigurosa. Una cuestión es lo que hay que investigar y otra es el hecho de dar satisfacción a Galadí y Galindo.
-¿Qué opina de la posición de los herederos del poeta?
-Si la posición es la de ahora mismo, que es simplemente reclamar que se guarde y se respete su intimidad, me merece todo el respeto. Si son otras cosas que oigo, estarían en una contradicción.
-¿Está preparada Granada para exhumar con calma al símbolo internacional de la represión franquista?
-Lorca es un símbolo que afecta a toda la sociedad española e incluso a la opinión de fuera de España. No se debe obviar esta cuestión. Es un símbolo de aquella situación y el caso no puede quedar cerrado pese a resistencias que pudiera haber en Granada o en algún otro lugar. -¿Si tuviera que elegir entre el exhibicionismo mediático o seguir con la incógnita de dónde está Lorca?-No cabe esa elección porque he aceptado la propuesta de la asociación a través de la Universidad de Granada (en ella se preparan medidas de seguridad para evitar las filtraciones a medios). Y aparte de ello tengo la convicción de que recuperar a Lorca será también recuperar una parte de un olvido que necesita de reparación.
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«Queremos localizar a los niños perdidos de la Guerra Civil»
Fernando Magán, abogado de las Asociaciones de Memoria Histórica, afirma que "recuperar a Lorca será también rescatar una parte del olvido que necesita reparación".
DIEGO MÁRQUEZ.
Pese al varapalo que supone la última declaración de la Audiencia Nacional, las asociaciones de memoria histórica van a proseguir su lucha en lo que definen como un "marasmo judicial". Su representante en el ámbito nacional, el abogado Fernando Magán, visitó Pulianas el viernes en un símbolo de su apoyo personal y profesional a la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica que ya preside Maribel Brenes. En conversación telefónica mantenida esa misma tarde, Magán anunciaba que, independientemente de que ahora son los juzgados territoriales los que tienen que analizar si son competentes en cada una de las causas, ellos van a estudiar la posibilidad de recurrir ante el Tribunal Supremo y la Corte Europea.
-¿Por qué ha causado tanto revuelo esta causa?
-La verdad es que ha habido silencio en los últimos años, marginación en los otros años anteriores, e incluso persecución. Ahora se ha abierto este proceso de memoria histórica que ha permanecido unas veces oculto y otras veces en silencio. El sacarlo crudamente a la realidad, como ha hecho el juez Garzón, no deja de ser un impacto. Hay un cierto estigma ante todo ello.
-¿Es un estigma hacia el franquismo o hacia su superación?
-No deja de haber una parte importante de la sociedad española que no quiere saber de ello en términos políticos. Hay otras personas a las que esa situación les resulta dolorosa. Y hay otra gente que antes que abrirse a ello prefiere seguir teniendo una cierta autocensura.
-¿Se trata de cerrar heridas o se corre el riesgo de reabrirlas?
-Yo creo que la sociedad española es madura y creo que puede perfectamente asumir esta situación. Una situación más dura fue la Transición y se pasó perfectamente. Ahora creo que hay un gran interés por saber la verdad. Y con ello no se contribuye a ninguna confrontación salvo en reductos muy aislados muy poco proclives a reconocer los hechos.
-¿Es equiparable la memoria histórica con la Transición?
-Es una consecuencia de la Transición, de aquello época en la que fue posible pasar a una situación democrática. Es una consecuencia pendiente que larvadamente ha ido apareciendo muchas veces y que ahora se presenta expuesta definitivamente a la sociedad. No hay que tomar decisiones tan drásticas como en la Transición pero es una realidad ante la que España debe enfrentarse.
-¿La democracia española no está completa si no se afronta este tema?
-Efectivamente. La democracia no estaría completa, no porque tenga que cerrarse a su propio pasado, sino porque todas las tendencias políticas deben asumir los derechos básicos de las personas.
-¿Qué líneas de actuación se plantean desde ahora en las asociaciones de memoria histórica?
-Son varias actuaciones. Entre ellas, la posible localización de niños perdidos para que fuesen también escuchados y formasen parte directa en el procedimiento judicial. Y avanzar en la localización de todos los enterramientos clandestinos y en su exhumación si ello es viable. En definitiva, el objetivo final es la reparación de todas las víctimas, de las de entonces y de las que, de algún modo, siguen siendo víctimas hoy. Queremos que se haga justicia.
-¿Por qué presentaron otra lista de apertura de fosas a Garzón la semana pasada si el magistrado ya se había inhibido?
-En realidad el juez se había inhibido en tanto le aceptaban la competencia en la Sala de la Audiencia Nacional. Había una serie de recursos que han causado bastante enredo judicial. En su último auto, el juez decía que toda la actuación procesal que le llegara la elevaría a la Sala. En tanto que se produzcan las declaraciones de competencia de los juzgados territoriales, hay una situación transitoria en la que los perjudicados no dejan de tener acceso a la justicia. Por eso se presentó esa documentación ante Garzón sin perjuicio de ir ante otras instancias judiciales.-¿La elección de Brenes para el comité de expertos reflejó el peso del caso de Lorca?-No necesariamente. Yo designé a Maribel Brenes (para el comité asesor de Garzón) por su investigación y porque trabajaba con una asociación de peso y rigurosa. Una cuestión es lo que hay que investigar y otra es el hecho de dar satisfacción a Galadí y Galindo.
-¿Qué opina de la posición de los herederos del poeta?
-Si la posición es la de ahora mismo, que es simplemente reclamar que se guarde y se respete su intimidad, me merece todo el respeto. Si son otras cosas que oigo, estarían en una contradicción.
-¿Está preparada Granada para exhumar con calma al símbolo internacional de la represión franquista?
-Lorca es un símbolo que afecta a toda la sociedad española e incluso a la opinión de fuera de España. No se debe obviar esta cuestión. Es un símbolo de aquella situación y el caso no puede quedar cerrado pese a resistencias que pudiera haber en Granada o en algún otro lugar. -¿Si tuviera que elegir entre el exhibicionismo mediático o seguir con la incógnita de dónde está Lorca?-No cabe esa elección porque he aceptado la propuesta de la asociación a través de la Universidad de Granada (en ella se preparan medidas de seguridad para evitar las filtraciones a medios). Y aparte de ello tengo la convicción de que recuperar a Lorca será también recuperar una parte de un olvido que necesita de reparación.
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La Fiscalía gana la batalla a Garzón pero no la “Guerra de los Derechos”. Elisa Serna.
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La Fiscalía gana la batalla a Garzón pero no la “Guerra de los ...
ELISA SERNA 02/12/2008
La Fiscalía gana la batalla a Garzón pero no la “Guerra de los Derechos”
El Fiscal General de la Audiencia Nacional y todos aquellos que le sustentan y apoyan, ha ganado una batalla al juez Garzón, cuya vida guarde Dios muchos años, pero no la "guerra". La "guerra de los derechos" a la Justicia de los supervivientes, familiares o amigos de los cientos de miles de víctimas del Terrorismo de Estado que declaro un 18 de Julio de 1936, el General Francisco Franco y todos aquellos que le apoyan hasta el día de hoy, que por las reacciones ultramontanas que se van observando en el ruedo ibérico, son demasiados.
No obstruir la justicia pendiente Sepa la Fiscalía de la Audiencia Nacional que el derecho a la Justicia, no puede ser alienado a las victimas, si las victimas viven en un país que, por el buen hacer en el ámbito económico y los nuevos derechos humanos, propuestos por Izquierda Unida, ha ido asumiendo el gobierno socialista que lo preside, con dos crisis hoy sobrevenidas encima, ajenas su gestión, financiera e inmobiliaria, de modo que ha llegado a ser la octava potencia del mundo y el primero, tras la muerte del Dictador, que ha afrontado decididamente el esclarecimiento histórico y la financiación generosa de las actividades propias de las asociaciones o los foros que nos van desvelando la gigantesca dimensión del drama causado a media España: la adhesión del fascismo español a la confabulación internacional del europeo, siglo XX, en nuestro país. Un ensayo armamentístico, dicen, que dejó en este suelo mas de un millón de víctimas, según datos del Partido Comunista de España.
Reformas urgentes del Marco Legal
No me duelen prendas. Sin embargo, no se observa excesiva prisa – y la crispación empieza a asfixiar las arterias de las victimas de Franco - en el Ejecutivo español por actualizar el marco legal, que obsoleto en leyes como la de Amnistía de 1977, ampliables, como la de Memoria Histórica o acuerdos anacrónicos para la ciudadanía del siglo XXI, como el firmado con la única monarquía absolutista que queda en Europa, el Vaticano, y su Santa Sede Absolutista de Roma, Italia, levitan ingrávidos en el techo del Congreso de los Diputados. Existen en esa cámara votos más que suficientes para proponer de urgencia esas reformas ¿a qué espera la Comisión Constitucional? ¿Habrán de emigrar las asociaciones y foros?
Lamentablemente, Javier Zaragoza y todos aquellos que le apoyan podrían ser responsables de que los foros y las asociaciones de la Memoria Histórica, culminaran sus afanes dando satisfacción al hambre de justicia pendiente de los supervivientes, familiares o amigos de las víctimas de Franco - que llevan manteniendo un pulso sordo contra el terrorismo de estado que padecieron, la friolera de setenta y dos interminables años –, acudiendo al amparo de instancias internacionales.
Digerir de una vez la patata caliente Se niegan honestamente también estos colectivos, a volver a demorar más, a hipotecar el tiempo y las vidas a la siguiente generación, a reservar a esas niñas y niños que juegan con su Nintendo en el salón de su casa, a sus hijos, la desagradable sorpresa de un país inacabado, con enormes goteras, en el momento de desarrollar su proyecto vital, autónomo.
Pirineos arriba ¿otra vez?
No sería de extrañar que ese tejido asociativo, finalmente se resolviera a coger la maleta y Pirineos arriba, saliera al encuentro de aire fresco, de modernidad real, de mecanismos internacionales, donde dicen que la gente es rubia de verdad y las jurisprudencias democráticas que describe Baltasar Garzón en su Auto, las del Tribunal de Nüremberg, son aplicadas tranquilamente, orgullosos de hacerlo, sin ningún prejuicio canónico, sin miedos, sin tantos miramientos ni mareos de perdiz terminológicos, sin tantas zancadillas y parloteos.
Pirineos abajo, en casa
Y sería muy lamentable que así lo decidieran, pues Pirineos abajo, nos conocemos unos a otros, sabemos bien hasta donde se puede tirar de la cuerda sin que se caiga el tablero, ni se rompan las reglas del juego; los equilibrios internos realmente existentes, lo que podría pasar si..., para no dañar nuestro derecho a expresarnos ni al sistema democrático, los sobreentendidos que nos cruzamos.
Los guiños, gestos, aspavientos, rictus variados y tics operacionales, avisos gestuales, cejas levantadas, mudras y matices que son un tesoro antropológico y una enorme aportación a la comunicación no verbal de supervivencia. Pero hemos llegado al límite de la paciencia: se-ten-ta-y-dos-a-ños. Ignoro si serían interpretados y entendidos por equipos de juristas extra-españoles que tal vez dañarían entonces partes vitales del tejido democrático, que involuntariamente podrían producir una involución en la democracia consolidada ya, que entre todos vamos apoyando, construyendo, por la vía pacífica, tranquilos, desde nuestros representantes sindicales, o a través nuestros diputados en las Cortes.
¡Dennos una alegría! Sin duda, el remedio podría quizás ser peor que la enfermedad y convendría de urgencia que el Partido Popular, la Conferencia Episcopal y la Casa del Rey comprendieran" que todo organismo que no se adapta, fenece" que apoyando decididamente la consumación irremediable de la justicia pendiente en el segundo poder del Estado, votando sus Reformas, podrían acompañarnos en la travesía del siglo XXI-
¡Levanten pues la bota de nuestro gaznate justiciero y lejos de todo obstruccionismo a los pasos del juez Baltasar Garzón y el Gobierno de España, a impulso, claro, de asociaciones y foros por la memoria, historiadores, arqueólogos, forenses, cátedras de historia, sociólogos, periodistas, cantautores, familiares, víctimas y amigos, formen parte del paisaje social!
Dejen pues de temblar las mitras, y rechinarnos los dientes con el agudísimo fru-frú conspirador de los crespones negros, las togas y las puñetas almidonadas, los capirotes o los malletes reales: no quedaran convertidos en estatuas de sal si miran al rostro, a los ojos del terrorismo de estado que hemos padecido, en estado puro. Volver a echar tierra hoy sobre la fosa entreabierta de García Lorca, les podría igualar, de algún modo, a los verdugos de 1936.
Ese mirar y comprender para estigmatizar lo peor de la condición española, les hará mas adultos, maduros, mas humanos, modernos, demócratas.... y cristianos. Es la actitud de urgencia que aguardamos expectantes, con la maleta en la mano, para que nunca jamás se instale por estos lares la sombra de Caín, precisamente.
Elisa Serna, cantautora, ex-presa y represaliada. Presidenta ejecutiva de LIBRES
La Fiscalía gana la batalla a Garzón pero no la “Guerra de los ...
ELISA SERNA 02/12/2008
La Fiscalía gana la batalla a Garzón pero no la “Guerra de los Derechos”
El Fiscal General de la Audiencia Nacional y todos aquellos que le sustentan y apoyan, ha ganado una batalla al juez Garzón, cuya vida guarde Dios muchos años, pero no la "guerra". La "guerra de los derechos" a la Justicia de los supervivientes, familiares o amigos de los cientos de miles de víctimas del Terrorismo de Estado que declaro un 18 de Julio de 1936, el General Francisco Franco y todos aquellos que le apoyan hasta el día de hoy, que por las reacciones ultramontanas que se van observando en el ruedo ibérico, son demasiados.
No obstruir la justicia pendiente Sepa la Fiscalía de la Audiencia Nacional que el derecho a la Justicia, no puede ser alienado a las victimas, si las victimas viven en un país que, por el buen hacer en el ámbito económico y los nuevos derechos humanos, propuestos por Izquierda Unida, ha ido asumiendo el gobierno socialista que lo preside, con dos crisis hoy sobrevenidas encima, ajenas su gestión, financiera e inmobiliaria, de modo que ha llegado a ser la octava potencia del mundo y el primero, tras la muerte del Dictador, que ha afrontado decididamente el esclarecimiento histórico y la financiación generosa de las actividades propias de las asociaciones o los foros que nos van desvelando la gigantesca dimensión del drama causado a media España: la adhesión del fascismo español a la confabulación internacional del europeo, siglo XX, en nuestro país. Un ensayo armamentístico, dicen, que dejó en este suelo mas de un millón de víctimas, según datos del Partido Comunista de España.
Reformas urgentes del Marco Legal
No me duelen prendas. Sin embargo, no se observa excesiva prisa – y la crispación empieza a asfixiar las arterias de las victimas de Franco - en el Ejecutivo español por actualizar el marco legal, que obsoleto en leyes como la de Amnistía de 1977, ampliables, como la de Memoria Histórica o acuerdos anacrónicos para la ciudadanía del siglo XXI, como el firmado con la única monarquía absolutista que queda en Europa, el Vaticano, y su Santa Sede Absolutista de Roma, Italia, levitan ingrávidos en el techo del Congreso de los Diputados. Existen en esa cámara votos más que suficientes para proponer de urgencia esas reformas ¿a qué espera la Comisión Constitucional? ¿Habrán de emigrar las asociaciones y foros?
Lamentablemente, Javier Zaragoza y todos aquellos que le apoyan podrían ser responsables de que los foros y las asociaciones de la Memoria Histórica, culminaran sus afanes dando satisfacción al hambre de justicia pendiente de los supervivientes, familiares o amigos de las víctimas de Franco - que llevan manteniendo un pulso sordo contra el terrorismo de estado que padecieron, la friolera de setenta y dos interminables años –, acudiendo al amparo de instancias internacionales.
Digerir de una vez la patata caliente Se niegan honestamente también estos colectivos, a volver a demorar más, a hipotecar el tiempo y las vidas a la siguiente generación, a reservar a esas niñas y niños que juegan con su Nintendo en el salón de su casa, a sus hijos, la desagradable sorpresa de un país inacabado, con enormes goteras, en el momento de desarrollar su proyecto vital, autónomo.
Pirineos arriba ¿otra vez?
No sería de extrañar que ese tejido asociativo, finalmente se resolviera a coger la maleta y Pirineos arriba, saliera al encuentro de aire fresco, de modernidad real, de mecanismos internacionales, donde dicen que la gente es rubia de verdad y las jurisprudencias democráticas que describe Baltasar Garzón en su Auto, las del Tribunal de Nüremberg, son aplicadas tranquilamente, orgullosos de hacerlo, sin ningún prejuicio canónico, sin miedos, sin tantos miramientos ni mareos de perdiz terminológicos, sin tantas zancadillas y parloteos.
Pirineos abajo, en casa
Y sería muy lamentable que así lo decidieran, pues Pirineos abajo, nos conocemos unos a otros, sabemos bien hasta donde se puede tirar de la cuerda sin que se caiga el tablero, ni se rompan las reglas del juego; los equilibrios internos realmente existentes, lo que podría pasar si..., para no dañar nuestro derecho a expresarnos ni al sistema democrático, los sobreentendidos que nos cruzamos.
Los guiños, gestos, aspavientos, rictus variados y tics operacionales, avisos gestuales, cejas levantadas, mudras y matices que son un tesoro antropológico y una enorme aportación a la comunicación no verbal de supervivencia. Pero hemos llegado al límite de la paciencia: se-ten-ta-y-dos-a-ños. Ignoro si serían interpretados y entendidos por equipos de juristas extra-españoles que tal vez dañarían entonces partes vitales del tejido democrático, que involuntariamente podrían producir una involución en la democracia consolidada ya, que entre todos vamos apoyando, construyendo, por la vía pacífica, tranquilos, desde nuestros representantes sindicales, o a través nuestros diputados en las Cortes.
¡Dennos una alegría! Sin duda, el remedio podría quizás ser peor que la enfermedad y convendría de urgencia que el Partido Popular, la Conferencia Episcopal y la Casa del Rey comprendieran" que todo organismo que no se adapta, fenece" que apoyando decididamente la consumación irremediable de la justicia pendiente en el segundo poder del Estado, votando sus Reformas, podrían acompañarnos en la travesía del siglo XXI-
¡Levanten pues la bota de nuestro gaznate justiciero y lejos de todo obstruccionismo a los pasos del juez Baltasar Garzón y el Gobierno de España, a impulso, claro, de asociaciones y foros por la memoria, historiadores, arqueólogos, forenses, cátedras de historia, sociólogos, periodistas, cantautores, familiares, víctimas y amigos, formen parte del paisaje social!
Dejen pues de temblar las mitras, y rechinarnos los dientes con el agudísimo fru-frú conspirador de los crespones negros, las togas y las puñetas almidonadas, los capirotes o los malletes reales: no quedaran convertidos en estatuas de sal si miran al rostro, a los ojos del terrorismo de estado que hemos padecido, en estado puro. Volver a echar tierra hoy sobre la fosa entreabierta de García Lorca, les podría igualar, de algún modo, a los verdugos de 1936.
Ese mirar y comprender para estigmatizar lo peor de la condición española, les hará mas adultos, maduros, mas humanos, modernos, demócratas.... y cristianos. Es la actitud de urgencia que aguardamos expectantes, con la maleta en la mano, para que nunca jamás se instale por estos lares la sombra de Caín, precisamente.
Elisa Serna, cantautora, ex-presa y represaliada. Presidenta ejecutiva de LIBRES
Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
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Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia
Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz
Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero
El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.
Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.
ENCUENTRO CLAVE
De este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.
CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
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Los colectivos de la memoria toman el relevo de Garzón
02/Diciembre · 00:02 · Alejandro Massia
Las asociaciones gaditanas se plantean acudir ahora a los juzgados de Cádiz
Colectivos se plantean interponer una denuncia para que se investigue el paradero de los desaparecidos. · Autor: Marcos Piñero
El movimiento gaditano en pos de la recuperación de la memoria histórica recogerá el testigo de Baltasar Garzón en la causa sobre las desapariciones de la Guerra Civil y la represión del franquismo. Los colectivos que trabajan desde hace años en este ámbito han asumido de distinta forma la inhibición del juez de la Audiencia Nacional del caso. Pero, al margen de este intento fallido, tienen claro su propósito de continuar el proceso judicial.
Ni siquiera el hecho de que Cádiz no figure en el listado de juzgados decanos y territoriales a los que el magistrado ha remitido la investigación inquieta a la Asociación por la Memoria Histórica y Justicia de Andalucía (AMHyJA). Su responsable en la provincia, Carlos Perales, considera normal esta ausencia pues, según explica, la relación publicada se corresponde con aquellos lugares donde las asociaciones presentaron sus respectivas denuncias hasta que en 2006 Garzón las incluyó dentro del procedimiento que ahora ha quedado en stanb by.
“Nosotros mandamos información y realizamos un borrador, aunque nunca llegamos a formalizar una demanda concreta”, indica el coordinador de AMHyJA, quien advierte, sin embargo, que “ello no impide que la interpongamos en el futuro”. Es más, Perales reconoce abiertamente que su organización estudia en la actualidad la posibilidad de adoptar esta medida, en coordinación con el resto de entidades implicadas en la reparación de las víctimas del alzamiento militar de 1936 y la dictadura que le sucedió.
ENCUENTRO CLAVE
De este modo, AMHyJA pretende convocar en los próximos días a las asociaciones memorialistas, no sólo de la capital sino de toda la provincia, para abordar este asunto. Según su portavoz, esta reunión servirá para conocer de primera mano quiénes están dispuestos a embarcarse en esta empresa, amén de comenzar a sentar las bases para acometer las acciones legales anunciadas.
Y es que, a diferencia de otros colectivos, el que dirige Carlos Perales en Cádiz no parece excesivamente preocupado por la negativa de la Audiencia Nacional a juzgar los crímenes fascistas, en base a una presunta falta de competencias. Y si bien admite que “nos hubiera gustado centralizar todas las denuncias en una sola instancia”, entiende que el camino iniciado no tiene vuelta atrás. “Esto ya no se puede parar”, apostilla convencido. De momento, la iniciativa de AMHyJA cuenta con el respaldo de la Asociación por la Memoria Histórica de Cádiz, cuyo presidente, Rafael Fuertes, confirmó ayer a este periódico su intención de apoyar la idea de acudir a los tribunales de Cádiz. Un paso que, en su opinión, debería haberse dado mucho antes, aunque “nunca es tarde si la dicha es buena”.
CEMABASA SEGUIRÁ REALIZANDO EL LISTADO DE LOS FUSILADOS
El Ayuntamiento no paralizará el informe encargado a Cemabasa sobre las fosas comunes del antiguo cementerio de San José. La Corporación municipal acordó en el Pleno de octubre, por unanimidad y a instancias de IU, la realización de este trabajo para sacar a la luz los nombres de todos los asesinados en Cádiz a partir del 19 de julio de 1936 y enviar posteriormente este listado a la Audiencia Nacional.
La propuesta se aprobó al calor de las diligencias previas abiertas por Baltasar Garzón. Pero su renuncia a continuar investigando el paradero de los desaparecidos no ha llevado al Consistorio a replantearse el proyecto. “Cemabasa terminará lo que ha empezado”, sostuvo ayer el concejal de Cementerio, Santiago Posada, aunque no precisó cuándo estará lista esta tarea.
Así, el edil popular restó importancia al cambio de escenario producido y agregó que el documento se empleará ahora, principalmente, “para facilitar la localización de los restos de aquellas personas reclamadas por sus familiares”.
Igualmente, Posada aseguró que, una vez concluido, el informe se hará público y se pondrá a disposición de “las instituciones que lo soliciten”.
PIDEN MÁS AGILIDAD
Por su parte, el portavoz de IU, Sebastián Terrada, aplaudió ayer la decisión del Gobierno local de seguir adelante con esta iniciativa. Con todo, pidió un poco más de agilidad en la recopilación de los datos e instó al Consistorio a presentarlos directamente ante el juzgado competente.
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lunes, 1 de diciembre de 2008
Tarifa: El Consistorio comienza a eliminar los símbolos franquistas de la ciudad.
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El Consistorio comienza a eliminar los símbolos franquistas de la ...
El Consistorio comienza a eliminar los símbolos franquistas de la ciudad
La Comisión de Patrimonio Histórico acepta dar curso a la solicitud de IU referida a las calles Amador de los Ríos, Barriada Francisco Franco, General Primo de Rivera, Pedro Cortés y Coronel Moscardó
Shus Terán /tarifa Actualizado 01.12.2008 - 12:48
La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, creada durante este mandato a iniciativa de PSOE e IU, dio en días pasados los primeros pasos, en cumplimiento estricto de la Ley 52 /2007, llamada de la Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, para erradicar del callejero local aquellas denominaciones de raigambre franquista. Izquierda Unida, que llevaba meses demandado con escritos y mociones en Pleno la aplicación inmediata de la Ley, ha mostrado su satisfacción.
Serán precisamente las calles denunciadas por IU las primeras que serán objeto de debate: Amador de los Ríos, Barriada Francisco Franco, General Primo de Rivera, Pedro Cortés y Coronel Moscardó. Así, la Comisión Municipal aprobó, con los votos favorables de PSOE e IU y la abstención del PP (el PA no acudió) iniciar el expediente de modificación de las calles referidas, encargando un informe previo aunque no vinculante a la Oficina del Cronista en el que se documente el origen histórico de las calles y se sugieran alternativas de denominación. Sin embargo, tanto el alcalde como el concejal de Cultura y portavoz de IU, Javier Mohedano, manifestaron que la decisión última corresponde al Pleno y, sobre todo, obedece a la necesidad de dar cumplimiento a una Ley de rango estatal.
Precisamente la Oficina del Cronista se ha manifestado al respecto señalado varias puntualizaciones. Así, se señala que aún está a la espera de que el informe referido sea "oficialmente solicitado". Pero en cualquier caso se apunta desde este órgano que los nombres de las calles no deben de ser dirimido en el seno de la Comisión de Patrimonio Histórico, sino "desde el propio Ayuntamiento huyendo de politizar el nombre de las calles, que deben ser puestos contando con un amplio consenso de los miembros de la corporación municipal y teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía. Lo que no quita que se pongan nombres de personajes políticos, como han sido los casos de Amador Mora Rojas y Carlos Núñez Manso, alcaldes durante la II República y durante la dictadura de Primo de Rivera respectivamente". La asociación Mellaria, a la que pertenecen los dos cronistas, ya se posicionó en contra de la modificación de las calles referidas, justificando además que cuando hace más de 20 años se modificó el callejero de la localidad fueron eliminados "los excesivos" nombres de personajes franquistas dejándose algunos nombres de calles que, aunque puestos durante los primeros años del franquismo, la corporación entendió que debían de permanecer. Algunos de estos nombres son los que IU propone quitar. Mellaria ha recordado que entonces existieron "acertadas razones" para dejar inalterables el nombre de estas calles. La asociación ha querido recordar que la conocida como Ley de Memoria Histórica no impone la eliminación de nombres o símbolos que hagan referencia al periodo franquista, sino sólo aquellos que exalten esta etapa histórica, y entiende que ningún símbolo de estas características existe en Tarifa. Eso sí, existen recuerdos de los cuarenta años que duró la dictadura de Franco: algunos yugos y flecha, varios escudos nacionales (como el que se encuentra a la entrada del salón de plenos del Ayuntamiento) o nombres de personajes tarifeños que fueron fieles al régimen político de Franco. "Su eliminación sería borrar la historia reciente de Tarifa, que ocurrió guste o no guste".
Lo cierto es que paseando por el casco histórico uno puede encontrar numerosa simbología y reminiscencia del franquismo cuya permanencia origina rechazo y representan un agravio a la memoria de las personas que se mantuvieron firmes a la democracia. No hay que olvidar que durante el primer año de mandato de Manella y coincidiendo con la inauguración por parte de Manuel Chaves de la entonces nueva Estación Marítima, eliminaron rápidamente el escudo preconstitucional de la entrada.
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El Consistorio comienza a eliminar los símbolos franquistas de la ...
El Consistorio comienza a eliminar los símbolos franquistas de la ciudad
La Comisión de Patrimonio Histórico acepta dar curso a la solicitud de IU referida a las calles Amador de los Ríos, Barriada Francisco Franco, General Primo de Rivera, Pedro Cortés y Coronel Moscardó
Shus Terán /tarifa Actualizado 01.12.2008 - 12:48
La Comisión Municipal de Patrimonio Histórico, creada durante este mandato a iniciativa de PSOE e IU, dio en días pasados los primeros pasos, en cumplimiento estricto de la Ley 52 /2007, llamada de la Memoria Histórica, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura, para erradicar del callejero local aquellas denominaciones de raigambre franquista. Izquierda Unida, que llevaba meses demandado con escritos y mociones en Pleno la aplicación inmediata de la Ley, ha mostrado su satisfacción.
Serán precisamente las calles denunciadas por IU las primeras que serán objeto de debate: Amador de los Ríos, Barriada Francisco Franco, General Primo de Rivera, Pedro Cortés y Coronel Moscardó. Así, la Comisión Municipal aprobó, con los votos favorables de PSOE e IU y la abstención del PP (el PA no acudió) iniciar el expediente de modificación de las calles referidas, encargando un informe previo aunque no vinculante a la Oficina del Cronista en el que se documente el origen histórico de las calles y se sugieran alternativas de denominación. Sin embargo, tanto el alcalde como el concejal de Cultura y portavoz de IU, Javier Mohedano, manifestaron que la decisión última corresponde al Pleno y, sobre todo, obedece a la necesidad de dar cumplimiento a una Ley de rango estatal.
Precisamente la Oficina del Cronista se ha manifestado al respecto señalado varias puntualizaciones. Así, se señala que aún está a la espera de que el informe referido sea "oficialmente solicitado". Pero en cualquier caso se apunta desde este órgano que los nombres de las calles no deben de ser dirimido en el seno de la Comisión de Patrimonio Histórico, sino "desde el propio Ayuntamiento huyendo de politizar el nombre de las calles, que deben ser puestos contando con un amplio consenso de los miembros de la corporación municipal y teniendo en cuenta la opinión de la ciudadanía. Lo que no quita que se pongan nombres de personajes políticos, como han sido los casos de Amador Mora Rojas y Carlos Núñez Manso, alcaldes durante la II República y durante la dictadura de Primo de Rivera respectivamente". La asociación Mellaria, a la que pertenecen los dos cronistas, ya se posicionó en contra de la modificación de las calles referidas, justificando además que cuando hace más de 20 años se modificó el callejero de la localidad fueron eliminados "los excesivos" nombres de personajes franquistas dejándose algunos nombres de calles que, aunque puestos durante los primeros años del franquismo, la corporación entendió que debían de permanecer. Algunos de estos nombres son los que IU propone quitar. Mellaria ha recordado que entonces existieron "acertadas razones" para dejar inalterables el nombre de estas calles. La asociación ha querido recordar que la conocida como Ley de Memoria Histórica no impone la eliminación de nombres o símbolos que hagan referencia al periodo franquista, sino sólo aquellos que exalten esta etapa histórica, y entiende que ningún símbolo de estas características existe en Tarifa. Eso sí, existen recuerdos de los cuarenta años que duró la dictadura de Franco: algunos yugos y flecha, varios escudos nacionales (como el que se encuentra a la entrada del salón de plenos del Ayuntamiento) o nombres de personajes tarifeños que fueron fieles al régimen político de Franco. "Su eliminación sería borrar la historia reciente de Tarifa, que ocurrió guste o no guste".
Lo cierto es que paseando por el casco histórico uno puede encontrar numerosa simbología y reminiscencia del franquismo cuya permanencia origina rechazo y representan un agravio a la memoria de las personas que se mantuvieron firmes a la democracia. No hay que olvidar que durante el primer año de mandato de Manella y coincidiendo con la inauguración por parte de Manuel Chaves de la entonces nueva Estación Marítima, eliminaron rápidamente el escudo preconstitucional de la entrada.
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La memoria histórica y sus metáforas. J. María Ridao.
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La memoria histórica y sus metáforas
JOSÉ MARÍA RIDAO
La polémica sobre las fosas comunes y la posibilidad de perseguir penalmente al franquismo ha rehabilitado una legión de metáforas que, como la de abrir o cerrar heridas del pasado, o la de pasar páginas antes o después de haberlas leído, no serán recordadas por su originalidad ni por su capacidad para mostrar una realidad subterránea, como las que revela la auténtica poesía. Metáforas asociadas a otra metáfora como la de la "memoria histórica", concebida sobre el mismo molde antropomórfico que el "alma de los pueblos", quizá hayan de ser evocadas algún día por el prodigioso poder hipnótico que han demostrado, capaz de ocultar y de emborronar, hasta hacerlos ininteligibles, los asuntos sobre los que de verdad se está discutiendo.
Las metáforas sobre la memoria ocultan el asunto sobre el que se discute
No se puede sostener, como se ha hecho estos días, que la democracia española está suficientemente consolidada para cumplir con el deber de memoria hacia la Guerra Civil y, por otro lado, afirmar que no lo está, que no puede ser una democracia completa, mientras no cumpla con ese deber. O una cosa, o la otra. Pero es necesario recordar, además, que se hace un flaco servicio a la democracia en España, a las tres décadas de convivencia constitucional, cada vez que un grupo de ciudadanos se arroga el monopolio de poner o no poner el marchamo de democrático al régimen político en el que viven. Sobre todo cuando ese régimen político ni prohíbe ni persigue la causa que defienden. A estos efectos, poco importa que la causa sea justa, como sucede con algunas reivindicaciones colocadas bajo la metáfora de la "memoria histórica"; lo que está en juego es la manera en la que pretenden hacer valer su justicia.
La Audiencia Nacional ha cerrado el paso a la persecución penal del franquismo y, de inmediato, se ha propagado la especie de que los magistrados que han adoptado esta decisión han actuado por miedo o, peor aún, por una inconfesable connivencia retrospectiva con la dictadura. Otro tanto se ha dicho de historiadores, escritores o periodistas que, antifranquistas cuando había que serlo, se han pronunciado en favor de la resolución de la Audiencia y, consecuentemente, del recurso interpuesto por el fiscal Zaragoza. Tal vez seducidos por las metáforas, quienes han lanzado estas acusaciones parecen no haber advertido que el principal problema de la iniciativa del juez Garzón tenía que ver con los límites del uso que puede hacerse del Derecho Penal; esto es, de ese derecho que permite al Estado privar de libertad a los ciudadanos y que, por eso, exige el respeto escrupuloso de las garantías. Incluso para perseguir al más execrable de los terroristas o, también, al general Franco, por más que sus crímenes hagan de él un miembro destacado de la nómina negra del siglo XX, junto a Hitler, Stalin, Mussolini, Pinochet, Videla o tantos otros.
Imagínese por un momento una Audiencia Nacional en la que, convertidos en razonamientos jurídicos habituales los contenidos en los últimos autos del juez Garzón, se pudiera abrir procesos penales simbólicos contra cualquier ciudadano, como pretendía aquel magistrado prevaricador que, dando curso a sus antipatías políticas, se complacía en hacer subir y bajar las escalinatas del edificio a personas honorables. Imagínese, además, que a partir de ahora un juez pudiera, según ha hecho Garzón, reclamar su competencia para juzgar un delito en virtud de un artículo contenido en un Código Penal que no está vigente, ya sea el de la República, el de la dictadura o cualquier otro. Imagínese, en fin, una sentencia en la que la determinación del tipo penal sea resultado de un ejercicio de corta y pega entre tratados internacionales, sentencias de tribunales diversos y resoluciones de Naciones Unidas, además de algunos libros de historia, y del que se obtiene algo parecido al "delito continuado de detención ilegal en el contexto de un crimen contra la Humanidad", por el que Garzón quería imputar al general Franco y a 44 de sus cómplices.
Es difícil saber si una Audiencia Nacional de estas características abriría o cerraría heridas, si pasaría las páginas leyéndolas o sin leerlas. Sólo una cosa sería segura: un tribunal así resultaría incompatible con el Estado de derecho, por más que pareciera conforme a la legión de metáforas que ha rehabilitado este debate.
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La memoria histórica y sus metáforas
JOSÉ MARÍA RIDAO
La polémica sobre las fosas comunes y la posibilidad de perseguir penalmente al franquismo ha rehabilitado una legión de metáforas que, como la de abrir o cerrar heridas del pasado, o la de pasar páginas antes o después de haberlas leído, no serán recordadas por su originalidad ni por su capacidad para mostrar una realidad subterránea, como las que revela la auténtica poesía. Metáforas asociadas a otra metáfora como la de la "memoria histórica", concebida sobre el mismo molde antropomórfico que el "alma de los pueblos", quizá hayan de ser evocadas algún día por el prodigioso poder hipnótico que han demostrado, capaz de ocultar y de emborronar, hasta hacerlos ininteligibles, los asuntos sobre los que de verdad se está discutiendo.
Las metáforas sobre la memoria ocultan el asunto sobre el que se discute
No se puede sostener, como se ha hecho estos días, que la democracia española está suficientemente consolidada para cumplir con el deber de memoria hacia la Guerra Civil y, por otro lado, afirmar que no lo está, que no puede ser una democracia completa, mientras no cumpla con ese deber. O una cosa, o la otra. Pero es necesario recordar, además, que se hace un flaco servicio a la democracia en España, a las tres décadas de convivencia constitucional, cada vez que un grupo de ciudadanos se arroga el monopolio de poner o no poner el marchamo de democrático al régimen político en el que viven. Sobre todo cuando ese régimen político ni prohíbe ni persigue la causa que defienden. A estos efectos, poco importa que la causa sea justa, como sucede con algunas reivindicaciones colocadas bajo la metáfora de la "memoria histórica"; lo que está en juego es la manera en la que pretenden hacer valer su justicia.
La Audiencia Nacional ha cerrado el paso a la persecución penal del franquismo y, de inmediato, se ha propagado la especie de que los magistrados que han adoptado esta decisión han actuado por miedo o, peor aún, por una inconfesable connivencia retrospectiva con la dictadura. Otro tanto se ha dicho de historiadores, escritores o periodistas que, antifranquistas cuando había que serlo, se han pronunciado en favor de la resolución de la Audiencia y, consecuentemente, del recurso interpuesto por el fiscal Zaragoza. Tal vez seducidos por las metáforas, quienes han lanzado estas acusaciones parecen no haber advertido que el principal problema de la iniciativa del juez Garzón tenía que ver con los límites del uso que puede hacerse del Derecho Penal; esto es, de ese derecho que permite al Estado privar de libertad a los ciudadanos y que, por eso, exige el respeto escrupuloso de las garantías. Incluso para perseguir al más execrable de los terroristas o, también, al general Franco, por más que sus crímenes hagan de él un miembro destacado de la nómina negra del siglo XX, junto a Hitler, Stalin, Mussolini, Pinochet, Videla o tantos otros.
Imagínese por un momento una Audiencia Nacional en la que, convertidos en razonamientos jurídicos habituales los contenidos en los últimos autos del juez Garzón, se pudiera abrir procesos penales simbólicos contra cualquier ciudadano, como pretendía aquel magistrado prevaricador que, dando curso a sus antipatías políticas, se complacía en hacer subir y bajar las escalinatas del edificio a personas honorables. Imagínese, además, que a partir de ahora un juez pudiera, según ha hecho Garzón, reclamar su competencia para juzgar un delito en virtud de un artículo contenido en un Código Penal que no está vigente, ya sea el de la República, el de la dictadura o cualquier otro. Imagínese, en fin, una sentencia en la que la determinación del tipo penal sea resultado de un ejercicio de corta y pega entre tratados internacionales, sentencias de tribunales diversos y resoluciones de Naciones Unidas, además de algunos libros de historia, y del que se obtiene algo parecido al "delito continuado de detención ilegal en el contexto de un crimen contra la Humanidad", por el que Garzón quería imputar al general Franco y a 44 de sus cómplices.
Es difícil saber si una Audiencia Nacional de estas características abriría o cerraría heridas, si pasaría las páginas leyéndolas o sin leerlas. Sólo una cosa sería segura: un tribunal así resultaría incompatible con el Estado de derecho, por más que pareciera conforme a la legión de metáforas que ha rehabilitado este debate.
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Carrillo: "España aún no ga superado la Guerra".
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Santiago Carrillo: 'España todavía no ha superado la Guerra Civil'
El histórico secretario general del Partido Comunista español (PCE) y uno de los actores de la 'transición' democrática, la España de hoy todavía no ha cerrado las 'heridas' del pasado, como demuestra la 'resistencia' de la derecha a una investigación judicial sobre el franquismo.
'La guerra todavía no la hemos superado, sobre todo la derecha', estima en una entrevista con la AFP quien fue secretario general del PCE entre 1960 y 1982.
'Las heridas de la guerra todavía están próximas' y 'España necesita un par de generaciones para que la gente no se sienta ligada a uno o otro bando en que lucharon', según Carrillo, de 93 años, que durante la Guerra Civil (1936-39) fue responsable de la defensa de Madrid en el bando del gobierno republicano de izquierdas.
Alega que la prueba es la 'resistencia' de la derecha española a que el juez Baltasar Garzón investigara la suerte de más de 100.000 desaparecidos de la guerra y la dictadura franquista (1939-75) , muchos de ellos enterrados en fosas comunes.
Garzón desistió de investigar hace dos semanas y el viernes pasado, la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, dictaminó que no es de su competencia.'La intención de Garzón ha sido buena.
Lo que él quería era lograr una condena del franquismo que todavía no se ha hecho en este país. Pero por la vía judicial, con la magistatura que tenemos no obtendremos este resultado', según Carrillo, que se retiró de la política en 1991.
Carrillo, que tras la guerra pasó 40 años en el exilio en Francia y tras la muerte de Franco, en 1975, participó en la redacción de la Constitución española tras la legalización del PCE en 1977, sigue siendo republicano pero apoya la monarquía en la coyuntura actual.
'Tenemos una monarquía como nunca hemos tenido en España, una monarquía neutral en la lucha de los partidos políticos, que no ha venido impuesta por la derecha y que no se inclina a favor de la derecha ni de la izquierda.
En esta situación, plantear el problema del régimen sería un error', estima.Su partido integra hoy la coalición Izquierda Unida (IU), que sólo obtuvo un diputado en las pasadas elecciones, contrariamente a la primera legislatura del Congreso de los Diputados (1979-82) en la que el PCE tenía 25 diputados.
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Santiago Carrillo: 'España todavía no ha superado la Guerra Civil'
El histórico secretario general del Partido Comunista español (PCE) y uno de los actores de la 'transición' democrática, la España de hoy todavía no ha cerrado las 'heridas' del pasado, como demuestra la 'resistencia' de la derecha a una investigación judicial sobre el franquismo.
'La guerra todavía no la hemos superado, sobre todo la derecha', estima en una entrevista con la AFP quien fue secretario general del PCE entre 1960 y 1982.
'Las heridas de la guerra todavía están próximas' y 'España necesita un par de generaciones para que la gente no se sienta ligada a uno o otro bando en que lucharon', según Carrillo, de 93 años, que durante la Guerra Civil (1936-39) fue responsable de la defensa de Madrid en el bando del gobierno republicano de izquierdas.
Alega que la prueba es la 'resistencia' de la derecha española a que el juez Baltasar Garzón investigara la suerte de más de 100.000 desaparecidos de la guerra y la dictadura franquista (1939-75) , muchos de ellos enterrados en fosas comunes.
Garzón desistió de investigar hace dos semanas y el viernes pasado, la Audiencia Nacional, principal instancia judicial española, dictaminó que no es de su competencia.'La intención de Garzón ha sido buena.
Lo que él quería era lograr una condena del franquismo que todavía no se ha hecho en este país. Pero por la vía judicial, con la magistatura que tenemos no obtendremos este resultado', según Carrillo, que se retiró de la política en 1991.
Carrillo, que tras la guerra pasó 40 años en el exilio en Francia y tras la muerte de Franco, en 1975, participó en la redacción de la Constitución española tras la legalización del PCE en 1977, sigue siendo republicano pero apoya la monarquía en la coyuntura actual.
'Tenemos una monarquía como nunca hemos tenido en España, una monarquía neutral en la lucha de los partidos políticos, que no ha venido impuesta por la derecha y que no se inclina a favor de la derecha ni de la izquierda.
En esta situación, plantear el problema del régimen sería un error', estima.Su partido integra hoy la coalición Izquierda Unida (IU), que sólo obtuvo un diputado en las pasadas elecciones, contrariamente a la primera legislatura del Congreso de los Diputados (1979-82) en la que el PCE tenía 25 diputados.
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Memoria histórica
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Memoria histórica
ANA I. ARIZA LÓPEZ 28/11/2008
La ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final (como la española de Amnistía de 1977, preconstitucional por otra parte) no tienen ninguna validez.
Por otro lado, Amnistía Internacional, en un informe sobre derechos humanos en España, demuestra su preocupación por la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Estas noticias no han sido recogidas por los medios de comunicación. En Valencia tenemos fosas comunes, una de ellas con más de 24.000 personas, de ellas 600 niños. Primero fueron encerradas en las improvisadas cárceles en que se convirtieron los conventos e iglesias del país y después llevados a fusilar. Su único pecado, ser hijos de rojos. Algunos niños corrieron mejor suerte, sólo fueron "secuestrados" y entregados a familias afines al régimen.
La Ley de Memoria Histórica se queda corta, no incluye ninguna de las medidas que contemple la anulación de los juicios sumarísimos con los que se justificaron miles de asesinatos. Ni contempla justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Es hora de que España cure sus heridas, la única forma es sacar toda esta parte de nuestra historia a la luz.
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Memoria histórica
ANA I. ARIZA LÓPEZ 28/11/2008
La ONU ha advertido a España de que es uno de los países del mundo con más fosas comunes sin abrir, le ha recordado también que los casos de genocidio y crímenes contra la humanidad no prescriben y que las leyes de punto final (como la española de Amnistía de 1977, preconstitucional por otra parte) no tienen ninguna validez.
Por otro lado, Amnistía Internacional, en un informe sobre derechos humanos en España, demuestra su preocupación por la falta de reparación y justicia para las víctimas y sus familiares. Estas noticias no han sido recogidas por los medios de comunicación. En Valencia tenemos fosas comunes, una de ellas con más de 24.000 personas, de ellas 600 niños. Primero fueron encerradas en las improvisadas cárceles en que se convirtieron los conventos e iglesias del país y después llevados a fusilar. Su único pecado, ser hijos de rojos. Algunos niños corrieron mejor suerte, sólo fueron "secuestrados" y entregados a familias afines al régimen.
La Ley de Memoria Histórica se queda corta, no incluye ninguna de las medidas que contemple la anulación de los juicios sumarísimos con los que se justificaron miles de asesinatos. Ni contempla justicia y reparación para las víctimas y sus familiares. Es hora de que España cure sus heridas, la única forma es sacar toda esta parte de nuestra historia a la luz.
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Paradoja política de las fosas.
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Paradoja política de las fosas
Córdoba (IU) se opone a abrir un enterramiento y Málaga (PP) da dinero
M. J. ALBERT / D. NARVÁEZ - Córdoba / Málaga - 30/11/2008
Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.
Rosa Aguilar pone trabas a la familia de un fusilado que quiere exhumarlo
De la Torre financia el desentierro de la que se cree mayor fosa de España
El consistorio de Córdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvención del Gobierno.
La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cadáver, que se cree descansa en una fosa común. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio por obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. La familia también ha anunciado que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumación antes de 2009".
Los herederos del político no encontraban impedimento para empezar, hace más de un mes, los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuación que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber más de 500 cadáveres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumación, pero pide que un juez diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cadáver".
El problema es que el protocolo está pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria histórica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que actúen los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado Número 6 de Córdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidió la semana pasada paralizar los trámites de la exhumación hasta conocer la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ésta decidió el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y confía en que el juzgado cordobés reactive el caso.
El consistorio de Córdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permitió que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Según el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todavía", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que más claramente hemos encontrado".
En Málaga la situación vino favorecida porque no se trata de una actuación a instancias de un denunciante. La intervención en San Rafael es producto de una investigación realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se amplió dado los avances de la investigación que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensión mucho mayor de la que se suponía en un principio. El coste total de la intervención está presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.
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Paradoja política de las fosas
Córdoba (IU) se opone a abrir un enterramiento y Málaga (PP) da dinero
M. J. ALBERT / D. NARVÁEZ - Córdoba / Málaga - 30/11/2008
Que los ayuntamientos de Córdoba y Málaga tengan posiciones muy distintas respecto a la memoria histórica no tendría por qué llamar la atención. La curiosidad del caso es la correspondencia con los partidos políticos que los gobiernan. El ayuntamiento de Málaga, del PP, no se limita a un respaldo retórico, sino que financia actuaciones como la exhumación de cadáveres de las fosas del cementerio de San Rafael, que se tienen por unas de las mayores de España, donde se estima que hay enterrados unos 4.500 fusilados en el franquismo.
Rosa Aguilar pone trabas a la familia de un fusilado que quiere exhumarlo
De la Torre financia el desentierro de la que se cree mayor fosa de España
El consistorio de Córdoba, de Izquierda Unida, en cambio, se resiste a permitir los desenterramientos en el cementerio de La Salud, pese a que la familia de uno de los sepultados ha logrado una subvención del Gobierno.
La familia de Luis Dorado Luque, un diputado socialista del Congreso fusilado en Córdoba por las tropas golpistas en 1936, lleva meses reclamando que se exhume su cadáver, que se cree descansa en una fosa común. Los familiares interpusieron una denuncia contra Rosa Aguilar y otros miembros del consistorio por "prevaricación, desobediencia y denegación de auxilio por obstaculizar" la exhumación de los restos de Dorado Luque. La familia también ha anunciado que llegará hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo si el PSOE "incumple su promesa de favorecer la exhumación antes de 2009".
Los herederos del político no encontraban impedimento para empezar, hace más de un mes, los trabajos de exhumación e identificación, ya que cuentan con una subvención facilitada por el Gobierno en el marco de la Ley de Memoria Histórica.
Sin embargo, el Ayuntamiento reclama, desde el principio, un protocolo de actuación que clarifique los tiempos y los modos en los que ha de realizarse la apertura de una fosa en la que calculan que puede haber más de 500 cadáveres, entre represaliados y muertos por causas naturales. El Ayuntamiento afirma que no se niega a que haya una exhumación, pero pide que un juez diga cómo y dónde actuar, así como las personas que tienen que intervenir, "como en cualquier levantamiento de cadáver".
El problema es que el protocolo está pendiente de los vaivenes judiciales a cuenta de la memoria histórica. La Audiencia Nacional se ha inhibido en favor de que actúen los juzgados territoriales, pero es que el Juzgado Número 6 de Córdoba, encargado del caso de Dorado Luque, decidió la semana pasada paralizar los trámites de la exhumación hasta conocer la decisión definitiva de la Audiencia Nacional. Una vez que ésta decidió el viernes que no es competente para investigar el golpe franquista de 1936, la familia conserva un halo de esperanza y confía en que el juzgado cordobés reactive el caso.
El consistorio de Córdoba defiende que siempre ha sido colaborador y recuerda que permitió que la empresa Aranzadi Instituoa, contratada por la familia de Dorado Luque, realizase un estudio de georadar para determinar la presencia o no de la fosa en el cementerio de la Salud. Según el Ayuntamiento, los indicios "no son claros todavía", pero la empresa sostiene que es "una de las fosas que más claramente hemos encontrado".
En Málaga la situación vino favorecida porque no se trata de una actuación a instancias de un denunciante. La intervención en San Rafael es producto de una investigación realizada gracias a un convenio de colaboración entre la Junta, la Universidad y el Ayuntamiento de Málaga y la Asociación contra el Silencio y el Olvido y por la Recuperación de la Memoria Histórica firmado en noviembre de 2006. El pasado enero el convenio se amplió dado los avances de la investigación que han determinado que las fosas de San Rafael tienen una dimensión mucho mayor de la que se suponía en un principio. El coste total de la intervención está presupuestado en 260.000 euros, de los que el consistorio aporta una tercera parte.
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El goteo de la memoria.
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El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008
Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630
Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.
Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.
La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.
La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.
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El goteo de la memoria
La aplicación de la ley estatal camina a paso muy lento en Andalucía
ISABEL PEDROTE - Sevilla - 30/11/2008
Desenterrar la historia y sus puntos oscuros cuando durante décadas se ha querido retener en el olvido es una labor lenta y minuciosa. Requiere valor, perseverancia y, sobre todo, decisión. Pronto hará un año que la Ley de la Memoria Histórica superó su último trámite en el Senado y en Andalucía aún se está muy lejos de poder ofrecer un balance con algo de enjundia. Valor y perseverancia -demostrada con creces por asociaciones y familiares- no han faltado; cosa distinta es la decisión, que ha de llegar necesariamente de la mano de la política.
La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO
La Junta gastará en 2009 un millón de euros y ha cifrado las fosas en 630
Hasta ahora la recuperación de la memoria ha sido un goteo lento de pequeñas acciones desperdigadas, aisladas, espaciadas, sueltas. La ley, por ejemplo, obliga a todas las administraciones a retirar los símbolos franquistas que perduran en calles y plazas, y sólo unos pocos ayuntamientos y diputaciones (los gobernados por la izquierda) han empezado, pero sin apenas diligencia y con desesperantes lagunas que no permiten nunca completar el círculo. El Ayuntamiento de Jaén se anticipó al aprobar el cambio de los nombres de 44 calles. De eso hace ya un año. Esta semana, cuando se le ha preguntado al concejal de Cultura, la respuesta resume la actitud común: "Tenemos más asuntos que hacer que cambiar el nombre de las calles". Sevilla resolvió lo mismo en julio y los rótulos siguen en sus muros. Un paso: los generales Francisco Franco y Gonzalo Queipo de Llano han perdido sus medallas.
Las capitales gobernadas por el PP ni siquiera han movido un dedo. Todo lo más, retirar a Franco los honores (Cádiz), o acordar constituir una comisión para que estudie los callejeros, en el caso del resto. Entre medias se encadenan imaginativas y variadas excusas para desviar, aburrir, cansar.
La Junta andaluza presume de ser pionera en el impulso de la memoria. En 2001 fue sacando decretos para indemnizar a represaliados y subvencionar monolitos, estudios y publicaciones. Sin embargo, cuando ha conseguido por fin un instrumento -la ley estatal entró en vigor el 27 de diciembre pasado- se ha movido con ademanes soñolientos y ha sido incapaz de ensartar con celeridad las cuentas del collar que había ido reuniendo. "No hemos dejado de aplicar la ley en este tiempo", se defiende la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, cuando se le pregunta qué ha hecho desde que se aprobó la ley. Semanas atrás anunció un plan estratégico de 2009 hasta 2013 para desarrollar la ley de forma global y reagrupar las medidas aún esparcidas. Habrá cambios en la legislación de la Junta y se creará un consejo andaluz, en el que estarán presentes la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, sindicatos, asociaciones y partidos. La idea es implicar a todos y poner orden. "Tendremos un órgano de gestión, uno de expertos y otro de participación", explica Naranjo, quien avala su determinación con la cifra del presupuesto para 2009: 1.048.000 euros. El plan está sin hacer, si bien ya se han adoptado decisiones de alcance como destinar al Centro de la Memoria el cuartel de Sevilla desde el que Queipo de Llano inició la sublevación en Andalucía, proteger las fosas como lugares de interés especial o recopilar en un catálogo todos los edificios, estén o no en pie, que fueron construidos por presos.
La consejera admite que los avances son lentos, pero recuerda que la Junta no puede apremiar a otras administraciones (ayuntamientos) o a entidades privadas (Iglesia) para que retiren símbolos o nombres de calles porque carece de competencias. En cuanto a las fosas -sin duda lo que más urge por el problema moral que supone saber que hay restos de víctimas sin identificar diseminados por campos y cunetas-, la consejería ya ha contado 630, según lo que han ido aportando las asociaciones. "Falta que lo validen los investigadores de las universidades para dar a conocer el mapa". De momento, la Junta sólo ha colaborado en la apertura de tres. Tres de 630, apenas una gota en la memoria.
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La ONU y la Memoria Histórica.
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La ONU y la Memoria Histórica
Diario de Cádiz -
Pablo A. Fernández Sánchez Actualizado 29.11.2008 - 01:00
DURANTE el mes de octubre, España ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos ante el órgano encargado de su análisis y examen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que nuestro país es parte.Se trataba del quinto informe que presentaba España ante este órgano de Naciones Unidas y tras un largo periodo de más de doce años sin presentar ninguno. Ni durante todo el periodo del Gobierno de Aznar ni durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se había ocupado España de someter al veredicto de la ONU sus medidas legislativas, ejecutivas o judiciales en materia de derechos humanos.
En el informe, calificado por el propio Comité de Derechos Humanos como de "calidad", hay un apartado muy importante sobre la Ley de la Memoria Histórica que puede tener efectos beneficiosos ante el proceso que se nos avecina en la Audiencia Nacional.El día 30 de octubre, tras examinar los informes presentados por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones finales al respecto. En primer lugar, destacó el aspecto positivo de la Ley nº 52/2007, Ley de la Memoria Histórica, que prevé una reparación para las víctimas de la dictadura franquista.
También el Comité toma nota del procedimiento llevado a cabo ante la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, pero se mantiene preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley 46/1977 de Amnistía y "observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El fiscal ha invocado, entre otras, esta Ley última con la que se saldó el sistema de la dictadura para liberar, sobre todo, aunque no sólo, a los responsables de gravísimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre otros actos amnistiados, los fueron los de "de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976", incluyendo en todo caso "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Como puede verse, la Ley de Amnistía se parecía más a una ley de impunidad que a una ley de amnistía. Hay quien piensa, como Ernesto Sábato cuando presentó sus conclusiones como presidente de la Comisión de la Verdad en Argentina, que era preferible la paz a la justicia. Pero de todos es conocido que no es posible la paz sin justicia. Para poder precisar las normas internacionales que pueden ayudar a construir adecuadamente este proceso abierto en la Audiencia Nacional, el fiscal y los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberían recordar que, en efecto, las leyes de amnistía que supongan violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Observación general del Comité de Derechos Humanos nº 20), y en este sentido, por ejemplo, el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia determina que un proceso ante el propio Tribunal, aun después del proceso en el tribunal nacional, sería apropiado bajo el principio de non bis in idem si "el tribunal nacional actúa de forma parcial o no independiente, [o] los procedimientos están diseñados para proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional...".
Así se ha venido actuando en España, cuando se trataba de leyes de amnistía de otros estados. Los jueces de la Audiencia Nacional han venido instruyendo varios procesos contra Pinochet y contra militares argentinos, a pesar de las leyes internas de obediencia debida o de amnistías. Si nos sirve hacia fuera, también debe servirnos hacia dentro.Además, las violaciones graves de derechos humanos no prescriben, de conformidad con el Derecho Internacional.
Consecuentemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda a España cuatro acciones jurídicas: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. España debe ser consecuente con las normas internacionales .
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La ONU y la Memoria Histórica
Diario de Cádiz -
Pablo A. Fernández Sánchez Actualizado 29.11.2008 - 01:00
DURANTE el mes de octubre, España ha presentado su informe sobre la situación de los derechos humanos ante el órgano encargado de su análisis y examen, el Comité de Derechos Humanos de la ONU, de conformidad con el artículo 40 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, del que nuestro país es parte.Se trataba del quinto informe que presentaba España ante este órgano de Naciones Unidas y tras un largo periodo de más de doce años sin presentar ninguno. Ni durante todo el periodo del Gobierno de Aznar ni durante la primera legislatura de Rodríguez Zapatero se había ocupado España de someter al veredicto de la ONU sus medidas legislativas, ejecutivas o judiciales en materia de derechos humanos.
En el informe, calificado por el propio Comité de Derechos Humanos como de "calidad", hay un apartado muy importante sobre la Ley de la Memoria Histórica que puede tener efectos beneficiosos ante el proceso que se nos avecina en la Audiencia Nacional.El día 30 de octubre, tras examinar los informes presentados por España, el Comité de Derechos Humanos de la ONU hizo varias observaciones finales al respecto. En primer lugar, destacó el aspecto positivo de la Ley nº 52/2007, Ley de la Memoria Histórica, que prevé una reparación para las víctimas de la dictadura franquista.
También el Comité toma nota del procedimiento llevado a cabo ante la Audiencia Nacional sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil y la posguerra, pero se mantiene preocupado por el mantenimiento en vigor de la Ley 46/1977 de Amnistía y "observa con preocupación las informaciones sobre los obstáculos con que han tropezado las familias en sus gestiones judiciales y administrativas para obtener la exhumación de los restos y la identificación de las personas desaparecidas".
El fiscal ha invocado, entre otras, esta Ley última con la que se saldó el sistema de la dictadura para liberar, sobre todo, aunque no sólo, a los responsables de gravísimos crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Entre otros actos amnistiados, los fueron los de "de intencionalidad política, cualquiera que fuese su resultado, tipificados como delitos y faltas realizados con anterioridad al día 15 de diciembre de 1976", incluyendo en todo caso "los delitos de rebelión y sedición, así como los delitos y faltas cometidos con ocasión o motivo de ello, tipificados en el Código de Justicia Militar", "los delitos y faltas que pudieran haber cometido las autoridades, funcionarios y agentes del orden público, con motivo u ocasión de la investigación y persecución de los actos incluidos en esta Ley, así como "los delitos cometidos por los funcionarios y agentes del orden público contra el ejercicio de los derechos de las personas".
Como puede verse, la Ley de Amnistía se parecía más a una ley de impunidad que a una ley de amnistía. Hay quien piensa, como Ernesto Sábato cuando presentó sus conclusiones como presidente de la Comisión de la Verdad en Argentina, que era preferible la paz a la justicia. Pero de todos es conocido que no es posible la paz sin justicia. Para poder precisar las normas internacionales que pueden ayudar a construir adecuadamente este proceso abierto en la Audiencia Nacional, el fiscal y los magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional deberían recordar que, en efecto, las leyes de amnistía que supongan violaciones graves de los derechos humanos son incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (Observación general del Comité de Derechos Humanos nº 20), y en este sentido, por ejemplo, el Estatuto del Tribunal para la ex Yugoslavia determina que un proceso ante el propio Tribunal, aun después del proceso en el tribunal nacional, sería apropiado bajo el principio de non bis in idem si "el tribunal nacional actúa de forma parcial o no independiente, [o] los procedimientos están diseñados para proteger al acusado de la responsabilidad penal internacional...".
Así se ha venido actuando en España, cuando se trataba de leyes de amnistía de otros estados. Los jueces de la Audiencia Nacional han venido instruyendo varios procesos contra Pinochet y contra militares argentinos, a pesar de las leyes internas de obediencia debida o de amnistías. Si nos sirve hacia fuera, también debe servirnos hacia dentro.Además, las violaciones graves de derechos humanos no prescriben, de conformidad con el Derecho Internacional.
Consecuentemente, el Comité de Derechos Humanos de la ONU recomienda a España cuatro acciones jurídicas: a) considerar la derogación de la Ley de Amnistía de 1977; b) tomar las medidas legislativas necesarias para garantizar el reconocimiento de la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad por los tribunales nacionales; c) prever la creación de una comisión de expertos independientes encargada de restablecer la verdad histórica sobre las violaciones de los derechos humanos cometidas durante la guerra civil y la dictadura, y d) permitir que las familias identifiquen y exhumen los cuerpos de las víctimas y, en su caso, indemnizarlas. España debe ser consecuente con las normas internacionales .
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El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica.
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Nacional / El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro ...
El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica
01/12/2008 Fuente: Agencias WEBMURCIA.COM
Las jornadas, que se prolongarán hasta el domingo, serán públicas y abiertas a la participación de los asistentes
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha inaugurado hoy en la Universidad de Salamanca el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, en el que participan representantes y directores de instituciones similares al Centro Documental de la Memoria Histórica creado en España, procedentes de Argentina, Chile, República Dominicana, Portugal, Alemania y Eslovenia, del Archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja, (Suiza), así como dos destacados intelectuales, Juan Gelman y Marcos Ana, luchadores contra la represión política.
Los objetivos de este I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica son los de dar a conocer la importancia del papel que deben desempeñar este tipo de centros especializados como difusores de la Memoria y promotores de la investigación sobre la materia, así como difundir el esfuerzo realizado para que el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, se constituya no sólo en un referente nacional, sino que también ocupe un papel destacado en el panorama internacional.
Conferencia inaugural de Juan Gelman
La conferencia inaugural ha corrido a cargo del Premio Cervantes 2007, el poeta argentino Juan Gelman, quien vivió durante el período de la dictadura militar argentina el drama de la desaparición de sus hijos y asumió personalmente la búsqueda y recuperación de su nieta, localizada en Uruguay.
El Encuentro, cuyas jornadas son públicas y abiertas a la participación de los asistentes, se prolongará hasta el próximo domingo día 30 y permitirá a los participantes conocer de primera mano el intercambio de experiencias entre gestores de centros de memoria histórica; los puntos de vista de profesores, especialistas y miembros de organizaciones de víctimas del franquismo, así como testimonios personales de represaliados políticos.
Después del acto de inauguración, en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación se ha proyectado el documental ¿Quién soy yo?: Los niños encontrados de Argentina (2007), de la realizadora norteamericana Estela Bravo.
Marcos Ana clausurará el Encuentro
Las sesiones públicas finalizarán con la conferencia de clausura del poeta Marcos Ana, hijo de una humilde familia de emigrantes salmantinos a Alcalá de Henares, que al finalizar la Guerra Civil fue confinado en el campo de Albatera. Compañero de prisión de Miguel Hernández, soportó dos condenas a muerte. Estuvo internado en el Penal de Burgos hasta noviembre de 1961, fecha en la que fue liberado gracias a una campaña de solidaridad promovida por Amnistía Internacional, movilización internacional que no impidió que Marcos Ana fuera uno de los presos políticos con más años de confinamiento.
Una vez finalizadas las sesiones públicas del Encuentro, los responsables de los Centros de Memoria visitarán el Centro Documental de la Memoria Histórica, creado en Salamanca, y debatirán a puerta cerrada sobre las conclusiones de este primer encuentro, sobre la posibilidad de crear una red de centros especializados o de integrarse en alguna de las ya existentes, y sobre otra serie de temas que afectan a este tipo de instituciones culturales.
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Gelman conmovió a todos en España
Clarín.com -
Por: Juan Carlos Algañaraz
Soy padre de un hijo de 20 años, secuestrado, torturado, asesinado en 1976. Soy suegro de su esposa, secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo encinta de ocho meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya dos meses después de dar a luz. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida". Juan Gelman conmovió profundamente con su discurso inaugural a los participantes en el Primer Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica que se desarrolla en Salamanca.
En medio de un impresionante silencio el poeta argentino puntualizó: "El infierno no termina cuando se cierran las puertas del campo de concentración y las luces se apagan: hace un cuarto de siglo que cesó el infierno en la Argentina y centenares de miles de personas viven esa segunda parte del infierno que crepita en la memoria", proclamó.
Gelman citó a Adolfo Bioy Casares cuando se lamentaba de que en su país el olvido corre más ligero que la historia. "Pero no sólo en la Argentina. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores de olvido".
¿Quiénes son?
Los militares que mantienen un pacto de silencio, los policías que facilitan la huida de represores o queman archivos, la Iglesia católica que custodia "muy prolijos archivos que ayudarían a rescatar restos de desaparecidos", los miembros del Poder Judicial que "encajonan procesos" y quienes "fueron cómplices de la matanza y callan lo que saben".
Para Gelman los tiempos de represión y los años sucesivos están unidos porque "desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los comisarios del olvido". El escritor argentino destacó que "no habrá final de duelo para las víctimas hasta que se encuentren sus restos, se haga justicia y descansen en un lugar de recuerdo y homenaje. No terminará mientras los familiares no conozcan toda la verdad sobre su sufrimiento y mientras esa verdad no conduzca a la justicia". El gran poeta argentino explicó que "la voz de los vencidos es desordenada y poco útil para los libros de historia, y así se falsifica la vida. No hay que dejar nunca en el olvido la tarea de dignificar a las víctimas".
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Nacional / El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro ...
El ministro de Cultura inaugura el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica
01/12/2008 Fuente: Agencias WEBMURCIA.COM
Las jornadas, que se prolongarán hasta el domingo, serán públicas y abiertas a la participación de los asistentes
El ministro de Cultura, César Antonio Molina, ha inaugurado hoy en la Universidad de Salamanca el I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica, en el que participan representantes y directores de instituciones similares al Centro Documental de la Memoria Histórica creado en España, procedentes de Argentina, Chile, República Dominicana, Portugal, Alemania y Eslovenia, del Archivo del Comité Internacional de la Cruz Roja, (Suiza), así como dos destacados intelectuales, Juan Gelman y Marcos Ana, luchadores contra la represión política.
Los objetivos de este I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica son los de dar a conocer la importancia del papel que deben desempeñar este tipo de centros especializados como difusores de la Memoria y promotores de la investigación sobre la materia, así como difundir el esfuerzo realizado para que el Centro Documental de la Memoria Histórica, con sede en Salamanca, se constituya no sólo en un referente nacional, sino que también ocupe un papel destacado en el panorama internacional.
Conferencia inaugural de Juan Gelman
La conferencia inaugural ha corrido a cargo del Premio Cervantes 2007, el poeta argentino Juan Gelman, quien vivió durante el período de la dictadura militar argentina el drama de la desaparición de sus hijos y asumió personalmente la búsqueda y recuperación de su nieta, localizada en Uruguay.
El Encuentro, cuyas jornadas son públicas y abiertas a la participación de los asistentes, se prolongará hasta el próximo domingo día 30 y permitirá a los participantes conocer de primera mano el intercambio de experiencias entre gestores de centros de memoria histórica; los puntos de vista de profesores, especialistas y miembros de organizaciones de víctimas del franquismo, así como testimonios personales de represaliados políticos.
Después del acto de inauguración, en el Salón de Actos de la Facultad de Traducción y Documentación se ha proyectado el documental ¿Quién soy yo?: Los niños encontrados de Argentina (2007), de la realizadora norteamericana Estela Bravo.
Marcos Ana clausurará el Encuentro
Las sesiones públicas finalizarán con la conferencia de clausura del poeta Marcos Ana, hijo de una humilde familia de emigrantes salmantinos a Alcalá de Henares, que al finalizar la Guerra Civil fue confinado en el campo de Albatera. Compañero de prisión de Miguel Hernández, soportó dos condenas a muerte. Estuvo internado en el Penal de Burgos hasta noviembre de 1961, fecha en la que fue liberado gracias a una campaña de solidaridad promovida por Amnistía Internacional, movilización internacional que no impidió que Marcos Ana fuera uno de los presos políticos con más años de confinamiento.
Una vez finalizadas las sesiones públicas del Encuentro, los responsables de los Centros de Memoria visitarán el Centro Documental de la Memoria Histórica, creado en Salamanca, y debatirán a puerta cerrada sobre las conclusiones de este primer encuentro, sobre la posibilidad de crear una red de centros especializados o de integrarse en alguna de las ya existentes, y sobre otra serie de temas que afectan a este tipo de instituciones culturales.
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Gelman conmovió a todos en España
Clarín.com -
Por: Juan Carlos Algañaraz
Soy padre de un hijo de 20 años, secuestrado, torturado, asesinado en 1976. Soy suegro de su esposa, secuestrada cuando tenía 19 años, trasladada de Buenos Aires a Montevideo encinta de ocho meses y medio y asesinada por la dictadura militar uruguaya dos meses después de dar a luz. Soy abuelo de una nieta de la que me robaron sus primeros 23 años de vida". Juan Gelman conmovió profundamente con su discurso inaugural a los participantes en el Primer Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica que se desarrolla en Salamanca.
En medio de un impresionante silencio el poeta argentino puntualizó: "El infierno no termina cuando se cierran las puertas del campo de concentración y las luces se apagan: hace un cuarto de siglo que cesó el infierno en la Argentina y centenares de miles de personas viven esa segunda parte del infierno que crepita en la memoria", proclamó.
Gelman citó a Adolfo Bioy Casares cuando se lamentaba de que en su país el olvido corre más ligero que la historia. "Pero no sólo en la Argentina. Desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los organizadores de olvido".
¿Quiénes son?
Los militares que mantienen un pacto de silencio, los policías que facilitan la huida de represores o queman archivos, la Iglesia católica que custodia "muy prolijos archivos que ayudarían a rescatar restos de desaparecidos", los miembros del Poder Judicial que "encajonan procesos" y quienes "fueron cómplices de la matanza y callan lo que saben".
Para Gelman los tiempos de represión y los años sucesivos están unidos porque "desaparecen los dictadores de la escena y aparecen inmediatamente los comisarios del olvido". El escritor argentino destacó que "no habrá final de duelo para las víctimas hasta que se encuentren sus restos, se haga justicia y descansen en un lugar de recuerdo y homenaje. No terminará mientras los familiares no conozcan toda la verdad sobre su sufrimiento y mientras esa verdad no conduzca a la justicia". El gran poeta argentino explicó que "la voz de los vencidos es desordenada y poco útil para los libros de historia, y así se falsifica la vida. No hay que dejar nunca en el olvido la tarea de dignificar a las víctimas".
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El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la Memoria ´llega un poco tarde´.
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El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la ...
El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la Memoria ´llega un poco tarde´
El poeta Marcos Ana cuyo verdadero nombre es Fernando Macarro Castillo, que durante la guerra civil y el franquismo sufrió la cárcel y el exilio y fue condenado a muerte dos veces, asiste como conferenciante a la clausura del I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica.
EFE / J. M. García
Domingo 30 de noviembre de 2008
El poeta y ex preso franquista ha considerado hoy en Salamanca que la Ley de la memoria Histórica "llega tarde" y es "insuficiente".
EFE
Ana, que ha clausurado con una conferencia el Encuentro Internacional de Centros de la Memoria Histórica promovido por el Ministerio de Cultura, ha señalado al respecto de la normativa que además de llegar tarde, "no es una memoria suficientemente profunda como quisiéramos".
El poeta ha matizado en este sentido que el desarrollo de la ley es un "paso positivo" que hay que "aplaudir", aunque "los represaliados creemos que tenía que haberse hecho lo que se hizo en Italia y en Alemania", a la que vez que ha reivindicado que se declaren nulas todas las sentencias dictadas por el franquismo. A pesar de lo "insuficiente" de la ley, el ex preso de la dictadura española ha considerado la memoria histórica como "la mejor vacuna para las nuevas generaciones, para entender la vida y la libertad de las nuevas generaciones". Por ello, ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación, que "aunque sea doloroso, hay que conocer ese periodo luctuoso de nuestra Historia".
Ana ha denunciado que existen "muchos intereses" para que se olvide esa parte de la historia española y ha añadido:"nos parece que eso no es justo, no porque no seamos generosos, porque lo fuimos en la transición; hemos sido muy generosos". En opinión del poeta, la Memoria Histórica debería ser una asignatura obligatoria en los institutos y universidades con el objeto de que no se repite el pasado.
Ana ha acusado a "lo más radical de la derecha" de querer echar "una capa de tierra sobre lo que hemos vivido", algo que los que "quedamos heridos" de esa etapa- ha añadido- "no aceptamos". Respecto a la apertura de fosas comunes, el poeta ha considera "lógico" que los familiares quieran "acabar con el silencio de las cunetas". En sus declaraciones abogó por retirar las distinciones y honores a Francisco Franco, solicitando a los salmantinos que retiren de su Plaza Mayor el medallón dedicado al dictador "y poner si queréis a Chiquito de la Calzada", dijo.
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"Después de una dictadura tan atroz no se puede arrancar esa ...
20 minutos -
Ana pide no olvidar el franquismo para evitar que se repita
El Norte de Castilla -
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El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la ...
El ex preso del franquismo Marcos Ana dice que la ley de la Memoria ´llega un poco tarde´
El poeta Marcos Ana cuyo verdadero nombre es Fernando Macarro Castillo, que durante la guerra civil y el franquismo sufrió la cárcel y el exilio y fue condenado a muerte dos veces, asiste como conferenciante a la clausura del I Encuentro Internacional de Centros de Memoria Histórica.
EFE / J. M. García
Domingo 30 de noviembre de 2008
El poeta y ex preso franquista ha considerado hoy en Salamanca que la Ley de la memoria Histórica "llega tarde" y es "insuficiente".
EFE
Ana, que ha clausurado con una conferencia el Encuentro Internacional de Centros de la Memoria Histórica promovido por el Ministerio de Cultura, ha señalado al respecto de la normativa que además de llegar tarde, "no es una memoria suficientemente profunda como quisiéramos".
El poeta ha matizado en este sentido que el desarrollo de la ley es un "paso positivo" que hay que "aplaudir", aunque "los represaliados creemos que tenía que haberse hecho lo que se hizo en Italia y en Alemania", a la que vez que ha reivindicado que se declaren nulas todas las sentencias dictadas por el franquismo. A pesar de lo "insuficiente" de la ley, el ex preso de la dictadura española ha considerado la memoria histórica como "la mejor vacuna para las nuevas generaciones, para entender la vida y la libertad de las nuevas generaciones". Por ello, ha agregado en declaraciones a los medios de comunicación, que "aunque sea doloroso, hay que conocer ese periodo luctuoso de nuestra Historia".
Ana ha denunciado que existen "muchos intereses" para que se olvide esa parte de la historia española y ha añadido:"nos parece que eso no es justo, no porque no seamos generosos, porque lo fuimos en la transición; hemos sido muy generosos". En opinión del poeta, la Memoria Histórica debería ser una asignatura obligatoria en los institutos y universidades con el objeto de que no se repite el pasado.
Ana ha acusado a "lo más radical de la derecha" de querer echar "una capa de tierra sobre lo que hemos vivido", algo que los que "quedamos heridos" de esa etapa- ha añadido- "no aceptamos". Respecto a la apertura de fosas comunes, el poeta ha considera "lógico" que los familiares quieran "acabar con el silencio de las cunetas". En sus declaraciones abogó por retirar las distinciones y honores a Francisco Franco, solicitando a los salmantinos que retiren de su Plaza Mayor el medallón dedicado al dictador "y poner si queréis a Chiquito de la Calzada", dijo.
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"Después de una dictadura tan atroz no se puede arrancar esa ...
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Ana pide no olvidar el franquismo para evitar que se repita
El Norte de Castilla -
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Exteriores editará folletos informativos para los hijos y nietos de exiliados que quieran ser españoles.
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Memoria.- Exteriores editará folletos informativos para los hijos ...
Europa Press -
Exteriores editará folletos informativos para los hijos y nietos de exiliados que quieran ser españoles
Noticias relacionadas
Memoria.- El Gobierno estima que podrán obtener nacionalidad española unos 500.000 hijos y nietos de exiliados (31/10/2008)
Memoria.- El Gobierno da luz verde a las indemnizaciones a víctimas y da instrucciones para retirar símbolos franquistas (31/10/2008)
La Xunta estima que unos 140.000 descendientes de emigrantes obtendrán la nacionalidad con la "generosidad" del Estado (03/11/2008)
Exteriores gastará 4 millones de euros en tramitar nacionalizaciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica (07/10/2008)
Argentina/España.- Rajoy promete a los emigrantes "los mismos derechos" que los de los inmigrantes que llegan a España (16/12/2007)
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación va a editar folletos que se distribuirán en todos sus consulados para informar sobre la aplicación de una disposición adicional de la conocida como Ley de Memoria Histórica que abre la puerta a que los hijos y nietos de los exiliados que se vieron obligados a abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 puedan acceder a la nacionalidad española.
Con el mismo objetivo, el departamento que dirige Miguel Angel Moratinos tiene previsto introducir un enlace en la página oficial del Ministerio con la misma información para facilitar los trámites a los potenciales beneficiarios de esta medida.
La entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la citada norma se producirá el próximo 27 de diciembre. Este texto reconoce el derecho de opción a la nacionalidad para las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y para los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
TRAMITACIÓN PREFERENTE
Ante la cercanía de la fecha de la entrada en vigor, el secretario de Educación y Cultura de la federación europea del PSOE, Horacio Díaz del Barco, responsable del seguimiento de la Ley de Memoria, ha reclamado que las peticiones que se reciban "se tramiten de manera preferente", habida cuenta la "gran carga simbólica" de esta medida.
Díaz del Barco se reunió la semana pasada con el nuevo embajador de España en Berlín, Rafael Dezcallar, para estudiar las previsiones adoptadas por los servicios consulares españoles de cara a la aplicación de la nueva normativa.
"El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene el mecanismo perfectamente preparado. Todas las embajadas y consulados de España han recibido una instrucción del Ministerio de Justicia explicando la aplicación de la norma", explicó Díaz del Barco.
En este sentido, garantizó que el Ejecutivo pondrá en marcha "todos los recursos necesarios para informar sobre cómo y dónde adquirir la nacionalidad española". Así, en breve, el Ministerio de Asuntos Exteriores situará en su página 'web' un apartado sobre este tema dirigido a las personas que residan en el extranjero", mientras que para los ciudadanos sin conexión a Internet los consulados pondrán a disposición un folleto explicativo.
DOS AÑOS PARA PEDIRLO
El Gobierno ha querido simplificar al máximo los trámites burocráticos. Por ello, para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela del interesado, el solicitante podrá incluso presentar certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o instituciones relacionadas con el exilio y que estén reconocidas por España o por el país de acogida.
Además, la Ley de Memoria Histórica otorga a los afectados el derecho a adquirir la nacionalidad española de origen, jurídicamente más beneficiosa que la derivativa o no de origen.
Los beneficiarios tendrán que presentar sus solicitudes en el Registro Civil Consular
correspondiente al lugar de domicilio. El plazo para ejercer este derecho caduca el 27 de diciembre de 2010, si bien está contemplado que el Consejo de Ministros pueda prorrogarlo por un año más, en caso de mostrarse insuficiente el tiempo previsto.
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Memoria.- Exteriores editará folletos informativos para los hijos ...
Europa Press -
Exteriores editará folletos informativos para los hijos y nietos de exiliados que quieran ser españoles
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Exteriores gastará 4 millones de euros en tramitar nacionalizaciones en aplicación de la Ley de Memoria Histórica (07/10/2008)
Argentina/España.- Rajoy promete a los emigrantes "los mismos derechos" que los de los inmigrantes que llegan a España (16/12/2007)
MADRID, 30 Nov. (EUROPA PRESS) -
El Ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación va a editar folletos que se distribuirán en todos sus consulados para informar sobre la aplicación de una disposición adicional de la conocida como Ley de Memoria Histórica que abre la puerta a que los hijos y nietos de los exiliados que se vieron obligados a abandonar España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955 puedan acceder a la nacionalidad española.
Con el mismo objetivo, el departamento que dirige Miguel Angel Moratinos tiene previsto introducir un enlace en la página oficial del Ministerio con la misma información para facilitar los trámites a los potenciales beneficiarios de esta medida.
La entrada en vigor de la disposición adicional séptima de la citada norma se producirá el próximo 27 de diciembre. Este texto reconoce el derecho de opción a la nacionalidad para las personas cuyo padre o madre hubiera sido originariamente español y para los nietos de quienes perdieron o tuvieron que renunciar a la nacionalidad española como consecuencia del exilio.
TRAMITACIÓN PREFERENTE
Ante la cercanía de la fecha de la entrada en vigor, el secretario de Educación y Cultura de la federación europea del PSOE, Horacio Díaz del Barco, responsable del seguimiento de la Ley de Memoria, ha reclamado que las peticiones que se reciban "se tramiten de manera preferente", habida cuenta la "gran carga simbólica" de esta medida.
Díaz del Barco se reunió la semana pasada con el nuevo embajador de España en Berlín, Rafael Dezcallar, para estudiar las previsiones adoptadas por los servicios consulares españoles de cara a la aplicación de la nueva normativa.
"El Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero tiene el mecanismo perfectamente preparado. Todas las embajadas y consulados de España han recibido una instrucción del Ministerio de Justicia explicando la aplicación de la norma", explicó Díaz del Barco.
En este sentido, garantizó que el Ejecutivo pondrá en marcha "todos los recursos necesarios para informar sobre cómo y dónde adquirir la nacionalidad española". Así, en breve, el Ministerio de Asuntos Exteriores situará en su página 'web' un apartado sobre este tema dirigido a las personas que residan en el extranjero", mientras que para los ciudadanos sin conexión a Internet los consulados pondrán a disposición un folleto explicativo.
DOS AÑOS PARA PEDIRLO
El Gobierno ha querido simplificar al máximo los trámites burocráticos. Por ello, para acreditar la condición de exiliado del abuelo o abuela del interesado, el solicitante podrá incluso presentar certificaciones o informes expedidos por partidos políticos, sindicatos o instituciones relacionadas con el exilio y que estén reconocidas por España o por el país de acogida.
Además, la Ley de Memoria Histórica otorga a los afectados el derecho a adquirir la nacionalidad española de origen, jurídicamente más beneficiosa que la derivativa o no de origen.
Los beneficiarios tendrán que presentar sus solicitudes en el Registro Civil Consular
correspondiente al lugar de domicilio. El plazo para ejercer este derecho caduca el 27 de diciembre de 2010, si bien está contemplado que el Consejo de Ministros pueda prorrogarlo por un año más, en caso de mostrarse insuficiente el tiempo previsto.
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