Disputa sobre desaparecidos de la Guerra Civil española

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Disputa sobre desaparecidos de la Guerra Civil española

23 de Septiembre de 2008, 12:16pm ET

VIZNAR, España (AP) -

Estas tranquilas colinas nutridas de pinos en el sur de España albergan espeluznantes secretos. Hoy, una de ellas es el foco de una intensa controversia sobre las atrocidades cometidas durante la Guerra Civil Española.

Al inicio del conflicto que perduró desde 1936 a 1939, Viznar, cerca de la antigua Granada, era uno de los centros de fusilamiento para los opositores de Francisco Franco, el general que desató la guerra al alzarse contra el gobierno republicano.

Muchas víctimas fueron detenidas para ser llevadas aquí y fusiladas; sus restos fueron arrojados por un barranco y sepultados en fosas anónimas.

Una de ellas es quizás la víctima más célebre de la guerra: el poeta y dramaturgo Federico García Lorca.

Hoy, ha surgido en España una disputa sobre la posibilidad de abrir la fosa que contiene los restos del poeta, lo que ha atraído la atención sobre un movimiento que propugna dar apropiada sepultura a las miles de víctimas de Franco.

García Lorca fue fusilado junto con un maestro de escuela llamado Dioscoro Galindo González y dos sindicalistas _ Francisco Galadi y Juan Arcolla _ el 18 de agosto de 1936. Se cree que sus restos están enterrados cerca de un olivo en las afueras de Alfacar, cerca de Viznar.
Durante años, los descendientes del poeta se resistieron a los pedidos de las familias Galindo y Galadi para exhumar los restos. Hasta que los familiares de Galindo y de Galadi se cansaron y apelaron al juez Baltasar Garzón, quien recientemente inició una investigación sobre los desaparecidos durante la guerra civil.

Garzón ha pasado años tratando de llevar a justicia a ex dictadores como los de Chile y Argentina. En 1998 se hizo célebre al emitir una orden de arresto contra Augusto Pinochet. Hoy, ha puesto la mira en el pasado tenebroso de España. Sin embargo, es un tema aun delicado en este país donde ambos bandos cometieron atrocidades y donde gran parte de la población prefiere olvidar lo ocurrido para concentrarse en la reconciliación y la reconstrucción.
El régimen de Franco llevó una cuenta minuciosa de las matanzas perpetradas por los republicanos y dio sepultura apropiada a las víctimas. Pero los del otro bando no gozaron de tal suerte.

"Ya era hora que las autoridades españolas aceptaran su responsabilidad por esto", dijo Emilio Silva, un ex periodista cuya campaña por hallar los restos de su abuelo desató el surgimiento de una red de agrupaciones con ese mismo fin.

Silva dice que aunque el gobierno socialista actual aprobó el año pasado una ley que denuncia formalmente al régimen de Franco y ofrece compensación simbólica a las víctimas, no encara el espinoso tema de los desaparecidos y por lo tanto dejó a las familias sin otra alternativa que el recurso legal.

Los conservadores en España denuncian que esa nueva ley, los activistas como Silva y las campañas como la de Garzón están reabriendo heridas innecesariamente.

Pero por lo menos en el caso de García Lorca, la campaña parece haber dado fruto. La semana pasada, la familia sorpresivamente anunció que no se opondría legalmente a una exhumación.
Nieves Galindo, nieta del maestro fusilado junto a García Lorca, dijo que apeló a Garzón tras 10 años de esfuerzos para que los restos sean exhumados, identificados científicamente y sepultados apropiadamente en su pueblo.

"Lo único que pido es que todos puedan sepultar a sus seres queridos donde deseen sepultarlos", expresó.

La familia García Lorca dice que prefiere que dejen descansar en paz a los restos del poeta y que se erija un monumento en el lugar en honor a todas las víctimas de la dictadura franquista.
Podría demorar meses hasta que Garzón decida sobre la posibilidad de llevar a cabo la exhumación pero queda claro que los movimientos a favor están cobrando ímpetu. Hasta ahora, estas agrupaciones han logrado que sean excavadas 160 fosas en las que se han hallado 4.000 cadáveres, dijo Silva.

Garzón ha pedido a jerarcas de la Iglesia, a alcaldes de ciudades y a otras autoridades información sobre las víctimas del franquismo durante el alzamiento militar de julio de 1936, a fin de tener una lista verosímil de las víctimas.

Si llega a comprobar que una campaña para exterminar a los opositores de los republicanos fuera del campo de batalla, podría abrir una investigación oficial aunque no está claro si podría ya procesar a alguien.
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