Garzón 'protege' de la fiscalía su investigación sobre el franquismo

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Garzón 'protege' de la fiscalía su investigación sobre el franquismo

JOSÉ YOLDI / AGENCIAS -

La Fiscalía deberá presentar un recurso de reforma además de su apelación.- Fraga tilda la causa de error "gravísimo" y Aguirre ironiza: "Es como si pide el certificado de defunción de Napoleón"

JOSÉ YOLDI / AGENCIAS - Madrid - 17/10/2008

Sólo 24 horas después abrir la primera causa contra el franquismo y con la amenaza de que la fiscalía recurra y eche al traste el procedimiento, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha maniobrado para evitar que el ministerio público presente su recurso ante el pleno de la Sala Penal. Garzón ha transformado unas diligencias previas en un "sumario ordinario" -como obliga la ley cuando hay muchos asesinatos- para que la fiscalía tenga que recurrir ante él, lo que le permitirá conocer sus argumentos.

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Manuel Fernández Montesinos, portavoz de la comunidad de herederos y sobrino de Lorca, ha señalado en la Cadena SER que la familia estudia posibles acciones legales contra la iniciativa del magistrado y considera que la apertura de la fosa podría ser una profanación. "No nos parece que sea necesario exhumar tumbas para saber que los generales levantiscos eran unos criminales", ha dicho en Hora 14 el portavoz. -

Documento: Auto del juez Garzón para convertir en sumario la causa contra el franquismo

Sin embargo, la maniobra de Garzón ha encontrado un escollo inesperado. Al tener las diligencias previas (el auto de ayer) fecha anterior al auto de hoy, el primero prevalece, lo que hace que la Fiscalía deba presentar además de la apelación prevista, un recurso de reforma.
De esta forma Garzón dilata el procedimiento para que la fiscalía no pueda recurrir en apelación directa , sino que tenga que presentar el denominado recurso de reforma. La fiscalía ya pidió en su día el archivo de la causa por entender que los delito estaban prescritos. Con este giro en el caso, Garzón gana tiempo hasta que le lleguen los papeles que certifiquen que los encausados, el general Franco y 34 jefes militares del régimen, están muertos.

Ahora, el fiscal jefe Javier Zaragoza tiene tres días para recurrir el nuevo auto en el que el juez acuerda la transformación en sumario y, una vez resuelta esta cuestión, podrá impugnar la decisión de investigar las desapariciones en la Guerra Civil y el franquismo.

La decisión de ayer de Garzón ha llevado hoy al presidente fundador del PP, Manuel Fraga, ha tildarla de "disparate" y "error gravísimo". Fraga, que fue ministro de Información y Turismo durante siete años en la dictadura, considera "discutible" que Garzón sea competente para juzgar la causa porque "ya hubo leyes de amnistía" (en referencia a la ley de 1977 que facilitó la transición a la democracia).

Fraga: "Ya hubo leyes de amnistía"
Fraga, senador y ex presidente de la Xunta de Galicia, hizo estas declaraciones a los periodistas minutos antes de asistir a la conferencia que ha pronunciado en Madrid el presidente gallego, Emilio Pérez Touriño, en un desayuno informativo organizado por Nueva Economía Fórum. "Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie puesto que ya hubo leyes de amnistía", ha subrayado.

Garzón estima que se trata de un delito de detención ilegal, que encaja en el contexto de crímenes contra la humanidad. Además, apuntó que "políticamente" es un "error gravísimo" lo que a su juicio supone resucitar la Guerra Civil, que fue "una tragedia para ambas partes".
El magistrado autorizó también ayer jueves la apertura de 19 fosas en toda España en las que estima que se encuentran restos de desaparecidos durante la contienda y la dictadura franquista (1936-1975), entre ellas la del poeta Federico García Lorca.

También desde las filas del PP, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, ha considerado "esperpéntico" que Garzón haya pedido el certificado de defunción de Franco. El juez ha reclamado una treintena de certificados de defunción, entre ellos los de los generales Emilio Mola y Gonzalo Queipo de Llano, pero se trata de un mero trámite judicial ya que, según cita el auto "es cierto y notorio que la participación en los hechos de aquellos que están fallecidos quedará extinguida una vez se haya constatado su muerte".

"Es como pedir el certificado de defunción de Napoleón"
Aguirre ha insistido en que la Guerra Civil "fue un fracaso colectivo" y ha descrito la situación "como si [Garzón] pide el certificado de defunción de Napoleón" debido a los sucesos del 2 de mayo de 1808, en los que, según ha explicado la presidenta regional, se dio orden de fusilar a todos los españoles sospechosos de participar en la revuelta. "El PP no estaba en la Guerra Civil", ha declarado la presidenta, en referencia a que "algunos pretendan limpiar su expediente llamándoles "franquistas". También desde el PP, el partido que más voces ha alzado para opinar sobre el auto y más en concreto para criticarlo, su portavoz en el Congreso, Soraya Saenz de Santamaría, ha opinado que el auto responde a "otra cosa" que no es la administración de Justicia. En declaraciones a Telemadrid, Saenz de Santamaría ha explicado que la decisión de la propia Fiscalía del Estado de recurrir el auto "casi inmediatamente" es el dato "más relevante" para enjuiciar el auto.

"Creo que es un auto sorprendente y no precisamente para bien", ha continuado la portavoz del PP quien, tras expresar su respeto a las decisiones judiciales ha dicho que -como abogado del Estado y "perteneciente al mundo del derecho"- ve "muchos defectos procesales" en el auto. En ese sentido, ha dicho que el recurso de la fiscalía pondrá de manifiesto que los principios de legalidad y seguridad jurídica "no están muy claros" y ha argumentado que el juez "aplica retroactivamente" figuras jurídicas "actuales" porque, cuando se enjuició la causa "ese tipo de delitos no existían".

El secretario general del grupo socialista en el Congreso, Ramón Jáuregui, ha señalado que la Ley de la Memoria Histórica, de la que él fue ponente, "nunca pretendió una causa general contra el franquismo, ni una investigación penal" como la que ha abierto Garzón. En declaraciones a Telecinco, el diputado socialista ha manifestado su "impresión" de que "el camino jurídico de esta resolución es dudoso" al considerar que se entra en un conflicto entre la aplicación de la amnistía y la posible naturaleza de crímenes contra la humanidad de estos delitos.

Por último, el director de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, ha expresado su satisfacción por el auto y ha considerado que esos delitos encajan en el contexto genérico de crímenes contra la humanidad y, por lo tanto, no han prescrito.

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Garzón obliga a la Fiscalía a recurrir ante él para ampliar su margen de maniobra

Ha convertido en sumario la investigación. Así gana tiempo para iniciar las exhumaciones, ya que obliga a la Fiscalía a recurrir ante él y no ante la Sala de lo Penal.

ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 17/10/2008 16:20

El juez Baltasar Garzón sigue teniendo cartas escondidas en la manga. El jueves se declaró competente para investigar las desapariciones ilegales cometidas entre julio de 1936 y diciembre de 1951 por el régimen franquista y la Fiscalía se apresuró a anunciar que recurriría el auto ante la Sala de lo Penal con la intención de que sean todos los magistrados que la integran los que se pronuncien sobre la primera causa penal abierta por la Guerra Civil.

Pero de momento eso no va a ser así. Será Garzón quien marque los tiempos. ¿Por qué? Porque ayer dictó un auto para transformar las diligencias previas 399/2006 en el sumario 53/2008, ante “la gravedad de los hechos y presuntos delitos cometidos”, castigados con pena superior a nueve años de cárcel. En el auto en el que asume la competencia, Garzón explica que el artículo 607 bis del Código Penal prevé una pena de 20 años de prisión o 30 años para el autor de un delito contra la humanidad que cause la muerte de una persona.

El magistrado se declaró competente para investigar, de momento, 114.266 detenciones ilegales cometidas desde el golpe de Estado que dio Franco contra el Gobierno de la República hasta que prácticamente se eliminó la resistencia guerrillera, en diciembre de 1951.

Obviamente, la gravedad de estos hechos justifica la transformación del procedimiento en sumario, pero la consecuencia principal de esta resolución es que la Fiscalía no podrá recurrir directamente ante la Sala de lo Penal, sino que tendrá que mostrar primero su oposición ante el magistrado que ha dictado la resolución a la que se opone. Lo que permitirá al juez regular los tiempos previos hasta que una instancia superior (la Sala de lo Penal) se pronuncie sobre la investigación abierta sobre la Guerra Civil. Es decir, dispondrá de más tiempo para que se abran las 19 fosas que ya ha autorizado, entre las que se encuentra la del poeta Federico García Lorca, y hacer lo mismo con las que se le soliciten a partir de ahora. Además, los grupos de expertos y de Policía Judicial que ordenó crear podrán profundizar en su labor de identificación de más víctimas y de localización de sus cuerpos.

Discrepancias familiares
Precisamente, pese a que la apertura de la fosa donde se supone que está el poeta granadino está autorizada, llevarlo a la práctica podría estar más complicado, porque el portavoz de la comunidad de herederos y sobrino de Lorca, Manuel Fernández Montesinos, señaló ayer en la Cadena Ser que la familia estudia acciones legales contra la apertura de la fosa que, en su opinión, podría ser una profanación. “No nos parece que sea necesario exhumar tumbas para saber que los generales levantiscos eran unos criminales”, aseguró.

Opinión de las 22 acusaciones
La Fiscalía, que pensaba presentar como muy tarde el martes el recurso de apelación, tendrá ahora un plazo máximo de tres días para formalizar uno de reforma. El juez Baltasar Garzón se lo enviará entonces a las 22 acusaciones personadas en el procedimiento judicial para que se pronuncien sobre los argumentos del fiscal.

Una vez recibidas las alegaciones de las partes, el juez dictará el correspondiente auto en el que rechazará el recurso fiscal, porque lo contrario supondría tener que rectificar su meditada decisión de declararse competente. En su resolución dará contestación a los principales argumentos de la Fiscalía, algo que no podría haber hecho si se hubiera recurrido directamente ante la Sala de lo Penal.

Como los recursos de reforma suelen correr siempre la misma suerte, frecuentemente van acompañados de otro de apelación, que ya sí resuelve la Sala de lo Penal. Será entonces cuando la Fiscalía que dirige Javier Zaragoza pueda solicitar que no lo resuelva una de las cuatro Secciones que componen la Sala de lo Penal, sino todas ellas.

Con todos estos trámites, la causa abierta por los crímenes franquistas no será revisada por una instancia superior a Baltasar Garzón hasta transcurridos unos meses.
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