El País hoy.

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EDITORIAL: Franco en el banquillo

Setenta años después del fin de la Guerra Civil española, y transcurridos 32 años del restablecimiento de la democracia, un juez español ha abierto una causa contra los crímenes del dictador Francisco Franco y sus secuaces por ordenar y ejecutar la eliminación sistemática de sus enemigos políticos entre 1936 y 1952. El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dictó ayer un auto en el que se declara competente para juzgar los hechos denunciados por varias asociaciones de familiares de víctimas del franquismo. Apoya su decisión en que constituyen delitos contra la humanidad, y elabora, partiendo de esta calificación, una doctrina en la que reclama para la Audiencia Nacional la competencia sobre aquellos hechos.

Garzón abre la primera causa de la historia contra el franquismo
Garzón atribuye a Franco un plan de exterminio sistemático de los 'rojos'

La decisión de Garzón supone, como él mismo recoge en su auto, "una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha". Aquí radica el valor fundamental de la iniciativa para las víctimas del franquismo y sus familiares, más allá del recorrido que en los tribunales tenga el procedimiento iniciado por Garzón, amenazado por el recurso de la fiscalía. Frente a los que arguyen la falta de encaje de esta iniciativa en el marco jurídico español y de quienes, como el PP, acusan a Garzón de montar un espectáculo a costa de reabrir viejas heridas, sólo cabe recordar un principio de cualquier democracia: ningún Estado puede borrar sus propios crímenes.

El mérito de Garzón, de consecuencias previsiblemente más simbólicas que jurídicas, es el de afirmar que habría sentado en el banquillo a Franco y sus lugartenientes si hubieran estado vivos. El auto ordena, además, la exhumación de las fosas comunes señaladas por los denunciantes, reiterando y preservando el papel que corresponde al Estado en el levantamiento y la identificación de los cadáveres. Es difícil disentir desde el compromiso democrático de unas iniciativas que para muchos descendientes de tantos asesinados suponen, por fin, un acto de reparación.

Realizar, 70 años después, un juicio virtual a Franco es imprescindible para el futuro de un país que no ha sido capaz de enfrentarse a las miserias de su pasado, lo que sí han hecho otros que también han sufrido experiencias traumáticas. El linchamiento público de que ya está siendo objeto Garzón da idea del déficit democrático que sufre España, derivado en gran medida de no haber afrontado sus fantasmas cuando le hubiera correspondido.

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La recuperación de la memoria histórica - EL AUTO JUDICIAL QUE ABRE LA VÍA A INVESTIGAR LA REPRESIÓN FRANQUISTA

"Una forma de rehabilitación ante el silencio desplegado hasta la fecha"

EL PAÍS - Madrid - 17/10/2008

El juez Baltasar Garzón abrió ayer la primera investigación en España contra el régimen franquista por supuestos crímenes contra la Humanidad perpetrados entre 1936 y 1952. Lo que sigue son las partes fundamentales del auto judicial.

La Recuperación de la Memoria Histórica
A FONDO

- Motivos del instructor.
"Los hechos objeto de denuncia nunca han sido investigados penalmente por la Justicia española, por lo que hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad (artículo 607 bis del Código Penal actual)".

- Las tres etapas de la represión que se tienen que investigar.
"A efectos de esta investigación, la represión, cuyos resultados se investigan, se podría dividir en tres etapas bien definidas:
1ª) La de represión masiva a través de los Bandos de Guerra y que comprende desde el 17 de julio de 1936 a febrero de 1937.
2ª) La de los Consejos de Guerra sumarísimos de urgencia entre marzo de 1937 y los primeros meses de 1945.
3ª) La acción represiva entre 1945 y 1952 marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban".

- Naturaleza de los crímenes en base a legislación internacional.
"Los crímenes atroces cometidos con posterioridad al 17 de julio de 1936, tenían ya, en aquella época, la categoría de actos prohibidos por el ius in bello (derecho de la guerra) e integraban la categoría de crímenes contra las Leyes y Costumbres de la Guerra y Leyes de Humanidad, que como tales identificó la Comisión Multinacional de Responsabilidades, reunida en París el 29 de marzo de 1919.

(...) La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936 estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de Gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución".

- Consignas de Queipo para la aniquilación.
"El General Queipo de Llano, en declaraciones en Radio Sevilla, decía: "Yo os autorizo a matar, como a un perro, a cualquiera que se atreva a ejercer coacción ante vosotros: que si lo hiciereis así, quedaréis exentos de toda responsabilidad (...). Ya conocerán mi sistema: por cada uno de orden que caiga, yo mataré a diez extremistas por lo menos, y a los dirigentes que huyan, no crean que se librarán con ello; les sacaré de debajo de la tierra si hace falta, y si están muertos, los volveré a matar".

- Entrevista al general Franco: "Al precio que sea". "El general Francisco Franco, en unas declaraciones efectuadas en Tánger el 27 de julio de 1936 al periodista Jay Allen, del Chicago Daily Tribune, dijo:
Franco. "Nosotros luchamos por España. Ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio".
Allen. "Tendrá que matar a media España".
Franco. "He dicho que al precio que sea".

- Sigue habiendo víctimas mientras haya desaparecidos.
"En todo caso se hace necesario dar respuesta procesal a la acción iniciada porque sigue habiendo víctimas y su derecho exige emplear todos los medios precisos para satisfacerlo y, especialmente, para hacer cesar la comisión del delito y los efectos derivados del mismo que sólo tendrá lugar con la búsqueda y localización de los cuerpos de los desaparecidos, o cuando se ofrezca razón cierta sobre su paradero por parte de las autoridades públicas depositarias de esa información, decisión que deben tomar de oficio, sin necesidad de excitación de parte, al tener, en su caso, el control de esa información y por tratarse de delitos muy graves".

- Los rebeldes ordenaron matanzas y torturas.
"Quienes se alzaron o rebelaron contra el Gobierno legítimo indujeron y ordenaron las previas, simultáneas y posteriores matanzas, torturas y detenciones ilegales sistemáticas y generalizadas de los opositores políticos, y provocaron el exilio forzoso de miles de personas. A fecha de hoy se desconoce el paradero de miles de estos detenidos y esa acción es precisamente la que determina que ahora se esté planteando la exigencia de responsabilidades en esta instancia".

- Delito permanente de detención ilegal.
"La calificación jurídica que se acoge es la de un delito permanente de detención ilegal, sin ofrecerse razón sobre el paradero de la víctima, en el marco de crímenes contra la humanidad (...). Como se comprueba, el sistema de desaparición forzada fue utilizado sistemáticamente en aras a imposibilitar o dificultar la identificación de las víctimas y así impedir cualquier acción de la Justicia hasta el día de la fecha. La acción fue coordinada y dirigida por las sucesivas Juntas Militares en tiempo de guerra, y los Gobiernos sucesivos, sin olvidar la acción de estructuras paramilitares como La Falange".

- El Estado no puede ni debe borrar sus propios crímenes.
"El Estado no puede ni debe borrar sus propios crímenes ni los de sus agentes cuando han ido dirigidos contra sus propios ciudadanos tanto si quien lo pretende hacer es el propio interesado (autoamnistías) como su sucesor. Siempre deberá prevalecer el derecho de las víctimas a que el Estado, a través de los Tribunales de Justicia, juzgue a los transgresores. Como se infiere de lo dicho, la Ley de Amnistía de 1977 (y 1984) deben interpretarse a la luz del Derecho Internacional Humanitario que prohíbe medidas generales de gracia (indultos, amnistía) que impidan la exigencia de responsabilidades criminales a los responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos".

- Un delito contra altos organismos de la nación. "Los delitos que aquí se investigan, por desaparición forzada de personas, ocurrieron en España, en todo o en parte. Por tal motivo, la investigación de los hechos, aparentemente, no sería competencia de este juzgado. Pero resulta que la insurrección se llevó a cabo con una muy concreta finalidad, acabar con el sistema de Gobierno y los altos organismos que lo representaban, y como instrumento para que los crímenes contra la humanidad y la propia confrontación bélica estuvieran servidas. Sin aquella acción nada de lo sucedido se hubiera producido. De ahí que el delito contra los altos organismos de la nación vaya unido en forma inseparable al producido, en conexión con él; en este caso, la muerte sistemática, la desaparición forzada (detención ilegal) de personas sin dar razón del paradero, la tortura y el exilio forzados, entre otros. Si esto es así, la competencia para juzgar el delito contra altos organismos de la nación sería de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional".

- Garzón: "Cumplimiento de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa". "Optar por la no apertura del procedimiento sería una instrumentalización negativa de la Justicia. Iniciar la investigación de un delito que se sigue cometiendo al día de hoy y que nunca ha sido, hasta ahora, denunciado en sede judicial, no es más que cumplimiento estricto de la ley por encima del éxito o fracaso de la iniciativa y una forma de rehabilitación institucional ante el silencio desplegado hasta la fecha, que no sólo ha otorgado de facto la extinción de la responsabilidad penal sino la impunidad".
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Garzón atribuye a Franco un plan de exterminio sistemático de los 'rojos'


JOSÉ YOLDI - Madrid - 17/10/2008

El juez Baltasar Garzón pasó ayer a la historia al ser el primer magistrado español que ha atribuido al dictador Francisco Franco y a otros 34 jefes que dirigieron la rebelión contra el régimen legalmente constituido de la República la puesta en marcha de un plan de exterminio sistemático de sus oponentes políticos y de una represión que acabó con al menos 114.266 personas desaparecidas, de las que no se ha dado razón de su paradero, y que a su juicio constituye un contexto de crímenes contra la humanidad.

El auto de Garzón
Falange dice que el magistrado actúa con "revanchismo"
Los obispos preparan otra beatificación masiva de sus "mártires"
El PP acusa a Garzón de "perder el norte"
Fraga considera un "disparate" y un "error gravísimo" juzgar ahora el franquismo
El juez abre la fosa de Lorca
Franco en el banquillo

Auto competencia memoria histórica
DOCUMENTO (PDF - 398,5Kb) - 16-10-2008

El magistrado se declaró ayer competente para investigar las denuncias presentadas por las Asociaciones de la Memoria Histórica y ordenó que se inicien las exhumaciones de los cadáveres de 19 fosas comunes, entre las que figura la que supuestamente contiene los restos del poeta Federico García Lorca.

En una resolución, cuando menos original, Garzón asumió la investigación de la causa por considerar que los secuestros con desaparición de personas son delitos permanentes hasta tanto no se dé cuenta del paradero de los secuestrados, lo que determina que no estén afectados por la prescripción ni pueden ser amparados por una ley de Amnistía. Pero la competencia de la Audiencia Nacional no viene determinada por la investigación de esos delitos, a los que considera en un contexto de crímenes contra la humanidad por existir un plan sistemático de exterminio, sino porque Franco encabezó un golpe de Estado contra el Gobierno legítimo, y los delitos contra la forma de gobierno y los altos organismos de la nación, sí están atribuidos a la Audiencia Nacional.

Contra la Constitución
Ese delito es conexo con el de las desapariciones y el juez considera responsable del mismo a Franco y otros 34 generales y ministros. El auto menciona expresamente: "La acción desplegada por las personas sublevadas y que contribuyeron a la insurrección armada del 18 de julio de 1936, estuvo fuera de toda legalidad y atentaron contra la forma de gobierno (delitos contra la Constitución, del Título Segundo del Código Penal de 1932, vigente cuando se produjo la sublevación), en forma coordinada y consciente, determinados a acabar por las vías de hecho con la República mediante el derrocamiento del Gobierno legítimo de España, y dar paso con ello a un plan preconcebido que incluía el uso de la violencia, como instrumento básico para su ejecución".
Sin embargo, el magistrado es consciente de que Franco y todos los integrantes de la relación de golpistas que incluye en el auto han fallecido. Por ello, ha solicitado a los registros civiles que le aporten en el plazo de 10 días los certificados de defunción de todos ellos, con la finalidad de declarar extinguida su responsabilidad criminal por ese delito.

Sin la posibilidad de investigar ese delito, la Audiencia Nacional ya no sería competente en el caso y Garzón deberá remitir las actuaciones a los juzgados territoriales correspondientes de los lugares donde se cometieron las desapariciones forzosas. Eso quiere decir que, en el plazo de un mes, a lo sumo dos, Garzón ya no podrá seguir con el caso.

Mientras tanto, Garzón se recrea en recordar en el auto los bandos de los generales Mola y Queipo de Llano en los que ordenaban pasar por las armas a todos los que se opusieran al levantamiento, a los comunistas, a los marxistas, etcétera, y las declaraciones de Franco al Chicago Daily Tribune el 27 de junio de 1936 en las que asumía que tendría que matar a media España.

Para establecer la existencia del plan de desaparición y exterminio cita a varios historiadores y concluye con el corolario de Secundino Serrano: "No sólo era una guerra civil, sino también un programa de exterminio", acompañado del ocultamiento sistemático de los cuerpos de forma que los familiares no pudieran ubicar el lugar de inhumación.

El magistrado recuerda que nunca se han investigado penalmente estos crímenes atroces en España y que "hasta el día de la fecha, la impunidad ha sido la regla frente a unos acontecimientos que podrían revestir la calificación jurídica de crimen contra la humanidad".
También sostiene que no pretende hacer una causa general, ni una revisión de la Guerra Civil en sede judicial, aunque precisa que los vencedores, siguiendo instrucciones del fiscal general del Estado, recién acabada la guerra, sí abrieron una causa general contra las denominadas víctimas del "terror rojo".

Aunque el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, y otros regidores han remitido al juez listados que recogen muertos de ambos bandos, la investigación de Garzón se refiere únicamente a uno de ellos. Eso queda claro cuando el auto señala: "Los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora. No aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado, llegando a aplicarles retroactivamente leyes (...) tanto durante la contienda, como después, en los años de posguerra, hasta 1952".

La fiscalía de la Audiencia Nacional ha anunciado ya la presentación de un recurso de apelación contra la decisión del juez que previsiblemente resolverá el pleno de la Sala Penal.

El auto de Garzón
- Pedir a los Registros Civiles certificado de defunción de Francisco Franco y otros 34 responsables "del derrocamiento del Gobierno legítimo de España".
- Reclamar al Ministerio del Interior la identificación de los máximos dirigentes de Falange Española entre el 17 de julio de 1936 y 1951.
- Formar un grupo de expertos para estudiar, analizar y dictaminar sobre el número, lugar, situación e identificación de las víctimas en el periodo.
- Formar un grupo de Policía Judicial que pueda acceder a registros públicos o privados para obtener información.
- Autorizar 19 exhumaciones solicitadas por las asociaciones demandantes.

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El juez abre la fosa de Lorca

NATALIA JUNQUERA

La nieta del maestro sepultado con el poeta: "Llevo diez años esperando esto" - Gibson, el descubridor del enterramiento: "Es el día más feliz de mi vida"

Paco Galadí tiene miedo a estar contento. Es nieto de un hombre con su mismo nombre, que fue fusilado el 18 de agosto de 1936 con otro banderillero, un maestro y un célebre poeta, y lleva toda la vida esperando una noticia como la de ayer: que un juez autorice la exhumación de la fosa donde está enterrado su abuelo. "Hasta que no la vea abierta, no me lo creo. Son muchos años y muchas decepciones", explica Galadí. "Antes de morir, mi padre me pidió que lo siguiera intentando. Ojalá consigamos devolverles la dignidad".

Nieves García, nieta de Dióscoro Galindo, el maestro rojo de Pulianas (Granada), era pura euforia: "¿Ha dicho que sí?", preguntaba nerviosa cuando le daban la noticia. "¡Llevo 10 años esperando que llegue este momento! Me parece un sueño. Sólo siento que mi padre se lo pierda. Se murió con mucho miedo. Nunca quiso acercarse a la fosa".

A Ian Gibson, el hispanista que señaló hace 30 años el lugar donde está enterrado el poeta, sencillamente le temblaron las piernas. "Me tiembla el cuerpo, tengo escalofríos. Es el día más importante de mi vida", explicó emocionado. Gibson tenía 27 años el día que Manuel Castilla le llevó donde le habían obligado a enterrar los cuerpos de los banderilleros Francisco Galadí y Joaquín Arcollas, el maestro Galindo y Federico García Lorca. "Fue en 1966, es decir, que todavía era muy peligroso husmear por allí y te podía detener la Guardia Civil. Para mí no, porque tenía pasaporte extranjero, pero para Manuel sí lo era y le estaré eternamente agradecido por llevarme allí. Después, investigué durante años hasta que el puzle encajó. Confirmar que está ahí es toda mi vida", explicó. El 12 de septiembre, cuando la Asociación Granadina para la Recuperación de la Memoria Histórica pidió a Garzón permiso para abrir la fosa, presentó una ubicación alternativa, 430 metros más al sureste, de la que plantea Gibson.
La tierra se abrirá próximamente, cumpliendo un auto judicial, en el camino que une Alfacar y Víznar, al lado de un olivo junto a la fuente de Aynadamar, el lugar donde todos coinciden que fueron acribilladas las víctimas. Pero el hombre que dedicó su vida a encontrar aquel lugar no estará allí para comprobar si sus conclusiones son ciertas. "Mi corazón no me lo permitiría. Me daría un infarto. Quizá sea difícil de comprender, pero sería algo muy duro para mí. Quiero que se exhumen los restos, que se cumpla la voluntad de las familias, y confirmar que están allí para sentirme en paz. Pero sé que no podría resistir ver cómo extraen el cráneo de Lorca". Si están allí, en ese espacio señalado por Gibson, hoy convertido en Parque García Lorca, identificarles será muy fácil. Dióscoro Galindo, al que los falangistas de Pulianas señalaron como el maestro rojo, había perdido una pierna en un accidente. También era cojo uno de los banderilleros enterrados junto al poeta.

La familia del maestro Dióscoro Galindo aún no ha decidido qué hacer con sus restos, si finalmente consigue rescatarle del lugar donde lo arrojaron sus asesinos. "Quizá lo dejemos en el mismo lugar, pero con una placa en la que se lea bien claro su nombre y apellidos. También estamos pensando en enterrarle en el cementerio de Pulianas, el pueblo donde pasó sus últimos días como maestro", explica Nieves con la carne de gallina. Paco Galadí tampoco ha decidido qué hará si recupera los restos de su abuelo. "Hasta que no lo vea...".

[El antropólogo Miguel Botella, que coordinará la exhumación, garantizó la "privacidad y el rigor" de los trabajos, que podrían empezar en noviembre. Las labores se centrarían en unos 2.000 metros cuadrados entre el parque García Lorca y el paraje del Caracolar (Alfacar) y podrían dar resultados en unas dos semanas, informa Efe].

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La recuperación de la memoria histórica - FAMILIARES DE VÍCTIMAS

"Es todo lo que queríamos y más..."

N. J. - Madrid - 17/10/2008

"Hoy hace 72 años que un grupo de falangistas asesinó a Emilio Silva Faba, mi abuelo. El auto de Garzón coincide con el aniversario, es mágico", relataba ayer Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica. "Estamos muy, muy contentos". Tanto, que su padre, Emilio Silva Santín, se está planteando celebrar su cumpleaños por primera vez en 84 años. "Nunca ha querido hacer fiesta porque la fecha está muy cerca del asesinato de su padre, pero esta vez es distinto...", explicaba Emilio Silva.

"Es todo lo que habíamos pedido y más... Esto lo cambia todo", balbuceaba Fernando Magán, el abogado que representa a las personas que han elaborado y llevado a la Audiencia Nacional un censo con los nombres de 103.708 víctimas de la Guerra Civil y la posguerra. "No todos estaban convencidos de que nos iban a dar lo que pedíamos. La presión ha sido enorme. Hay cierta resistencia social y política, pero estamos plenamente satisfechos con el auto. No le ponemos ni un sólo pero. Garzón ha demostrado mucha sensibilidad con las víctimas y responde a cada uno de nuestros planteamientos, es algo que el poder ejecutivo no ha hecho".

Entre los familiares, todo eran elogios, aunque también había cierta melancolía. "No puedo evitar acordarme de toda la gente que se ha muerto sin ver esto, entre ellas, la mujer que me animó a fundar la asociación, Isabel González", añadió Silva.

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