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17 Oct 2008
SALOMÉ GARCÍA
Sin ser habitualmente partidaria de la venganza, debo reconocer que deseo que siga vivo alguno de los dirigentes de la Falange que busca el juez Garzón. Esos que se sumaron al golpe de Estado franquista con tal ahínco y asumieron tan hondamente su cruel esencia que se convirtieron en los tentáculos ideales para el régimen. Alcaldes y gobernadores civiles eran los jefes locales y provinciales del Movimiento. Convertidos en acusación, juez y verdugo, ¡con qué dedicación y soltura elegían a los culpables para que fueran paseados y olvidados después en una cuneta!
Deseo que alguno de ellos, bien criado al calor del franquismo, haya logrado sobrevivir hasta hoy. Me conformo con que tiemble al leer el auto del juez, con que tema verse sentado en un banquillo, con que pierda el sueño repasando sus años mozos y rememorando cuántas muertes le puede imputar el juez. Con que desee no vivir para verlo. No será ni la décima parte del dolor que han sentido estos 30 años las familias de esos 114.226 desaparecidos que ahora podrán dejar de serlo. De la amargura que han acumulado ante estas décadas de olvido, de la rabia que han tenido que destilar por sentirse estafados por la democracia.
Deseo que alguno viva aunque entiendo que, por viejo, nunca ingresará en prisión; aunque presumo que esta primera causa penal contra el franquismo nunca llegará a juicio. Sé que este sentimiento no me honra, pero no vean cómo me anima.
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Garzón se declara competente para investigar los crímenes del franquismo y de la Guerra Civil
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 16/10/2008 12:23El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón se ha declarado competente para investigar los crímenes los crímenes cometidos en la Guerra Civil y el franquismo.
El magistrado adopta la decisión al entender que se trata de delitos de detención ilegal en un contexto de crímenes contra la humanidad.
Además, Garzón ha autorizado las exhumaciones de 19 fosas supuestamente de víctimas de la Guerra Civil, entre las que se supone que están enterrados los restos del poeta granadino Federico García Lorca.
Contra altos organismos
En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación —que competen a la Audiencia Nacional—, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.
Garzón pide los certificados de defunción de Franco y otros 34 generales franquistas
En su auto, Garzón pide a los registros civiles los certificados de defunción de Francisco Franco y otros 34 generales franquistas, a fin de poder declarar extinguida la responsabilidad penal que pudieran tener en el delito investigado.
Asímismo, el juez solicita al Ministerio del Interior que identifique al mayor número de dirigentes de la Falange Española entre junio de 1936 y diciembre de 1951 para imputarles o declarar extinguida su responsabilidad si hubieran fallecido.
La Fiscalía ha anunciado que recurrirá la decisión de Garzón porque considera que la Audiencia Nacional no es el órgano competente para ello.
Según fuentes de la Fiscalía, los argumentos en que se basará el recurso serán que los delitos han prescrito con motivo de la Ley de Amnistía (1977), que los hechos son, en todo caso, competencia de los juzgados territoriales y que el concepto de crímenes contra la Humanidad, en que Garzón enmarca la competencia de la Audiencia Nacional, comenzó a aplicarse desde los juicios de Nuremberg en 1945, ya en pleno régimen franquista.
Antes de que Garzón admitiera hoy a trámite las denuncias de veintidós asociaciones de desaparecidos, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ya pidió en enero que no las admitiera por entender que no hay razón jurídica para iniciar un procedimiento y porque la Audiencia Nacional carece de competencia para investigar estos hechos, ya que la doctrina establecida por el Tribunal Supremo permite aplicar al caso la Ley de Amnistía.
La Fiscalía ya solicitó en febrero pasado la inadmisión a trámite de la querella por estos mismos motivos.
Listado de víctimas
Garzón pidió el pasado 1 de septiembre a instituciones como el Valle de los Caídos, la Conferencia Episcopal Española (CEE), el Centro Documental de Memoria Histórica y a los alcaldes de Madrid, Sevilla, Granada y Córdoba la elaboración de listados de víctimas y la aportación de datos sobre los desaparecidos durante la Guerra Civil.
Posteriormente, amplió la información a los tribunales republicanos creados en la contienda durante la defensa de Madrid, y solicitó a la Conferencia Episcopal Española (CEE) que instara a los obispos a que le enviaran la información solicitada.
De toda España
Exhumación del cadáver de un hombre asesinado en la Guerra Civil. (AFP)
El listado entregado a Garzón recoge datos de las 17 comunidades autónomas, entre las que destaca Andalucía, con 29.091 víctimas; Valencia, con 28.892; y Castilla y León, con 15.269. Además, el juez ha recibido el nombre de 10.266 víctimas de Extremadura, 10.178 de Aragón, 9.759 del País Vasco, 7.885 de Castilla-La Mancha, 4.396 de Galicia, 3.431 de Navarra, 2.995 de Madrid, 2.535 de Cantabria, 2.400 de Catalunya, 2.007 de La Rioja, 1.777 de Baleares; 1.246 de Asturias, 855 de Murcia, 457 de Ceuta, Melilla y el norte de Africa, 262 de Canarias y 7 de otros territorios.
Andalucía tuvo 29.091 víctimas
Según el abogado de las asociaciones, Fernando Magán, entre estos nombres se encuentran los de unos 4.000 desaparecidos que han sido exhumados en los últimos años, así como varios centenares que han sido identificados en las tareas de búsqueda que se están llevando a cabo en fosas situadas en Navarra, Burgos, Madrid o Valencia.
Investigar ambos bandos
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil".
Garzón ha explicado —a través del auto— que la investigación se realizará "con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase y sin que se establezca razón de diferenciación alguna entre ellos".
El magistrado cree que la acción de la Justicia "debe desarrollarse con el máximo respeto para las víctimas de estos crímenes execrables y gravísimas violaciones de los derechos".
Sin embargo, explica que un examen "imparcial y sereno de los hechos" le conduce a considerar que los vencedores de la Guerra Civil aplicaron su derecho a los vencidos y desplegaron toda la acción del Estado para la localización, identificación y reparación de las víctimas caídas de la parte vencedora.
"No aconteció lo mismo respecto de los vencidos que además fueron perseguidos, encarcelados, desaparecidos y torturados por quienes habían quebrantado la legalidad vigente al alzarse en armas contra el Estado", añade el auto.
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La derecha se lanza en tromba contra Garzón
La decisión de Garzón de acusar a Franco y sus generales de crímenes contra la humanidad suscita la indignación en las filas del PP... y Falange.
GUILLERMO RODRÍGUEZ - Madrid - 17/10/2008 12:30
Daniel aún recuerda la cena de Nochebuena de 1989. A los postres, sus abuelos evocaban anécdotas de la Guerra Civil. "Hablaban de lentejas con cucarachas para cenar, hambre perpetua y miedo, mucho miedo".
Y de repente se hizo el silencio. Uno de sus abuelos, José, se puso a llorar. "Recuerdo palabra por palabra lo que dijo y, sobre todo, el silencio apesadumbrado que se hizo después. Mi abuelo levantó la vista. La sonrisa se transformó en mueca de dolor y comentó: 'Nunca podréis imaginar el daño que Franco me hizo durante 40 años'", relata Daniel.
José Díaz murió en 2003. Si siguiera con vida hubiera celebrado la noticia de que Franco y sus generales han sido acusados por parte del juez Garzón de crímenes contra la humanidad. La decisión del magistrado apenas deja indiferente a una sociedad que, a casi 33 años de la muerte del dictador y 72 años, 2 meses y 28 días después del Golpe de 1936, se ha divido entre los que consideran que sólo reabre heridas del pasado y los que estiman que, por el contrario, supone un acto de justicia histórica.
Esperanza Aguirre anima a pedir el certificado de defunción de Napoleón
Las discrepancias sociales no difieren de las que existen en el ámbito político. Como era previsible, los mayores ataques a la decisión de Garzón provienen del Partido Popular.
En opinión de Garzón, el alzamiento nacional fue un delito contra altos organismos de la nación -que competen a la Audiencia Nacional-, y no han prescrito al estar en conexión con las desapariciones forzadas que se produjeron en aquellos años.
Entre la indignación y la bufa por el hecho de que, como titula hoy El Mundo, el juez haya dado diez días al registro para que certifique si Franco ha muerto, el chorro de declaraciones críticas se ha sucedido a lo largo del día.
Fraga, descontento por el "disparate"
Manuel Fraga, ministro de Información y Turismo con Francisco Franco entre 1962 y 1969, ha tildado la decisión de "disparate" y un error gravísimo porque reabre las heridas del pasado que, a su juicio, se cicatrizaron con las leyes de amnistía de la Transición. "Es un disparate que un señor se autodefina competente en un asunto que es muy discutible que tenga competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía", ha criticado.
Para la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, se trata de "un esperpento". "Me parece que todos los españoles nos habíamos puesto de acuerdo, no en olvidar la Guerra Civil, ni muchísimo menos, sino en recordar que la guerra fue un fracaso colectivo por todos los lados", ha opinado al tiempo que ha arremetido contra los que equiparan al PP con el franquismo abundando que "el PP no estaba ni en la guerra ni en la República. El PP se funda en el año setentaintantos, 30 años después de que se acabara la guerra". "Que pretendan ahora llamémosle 'limpiar su expediente' a base de tildarnos a nosotros de franquistas, eso sí que no", ha advertido.
La broma con Napoléon
En un tono pretendidamente más jocoso ha instado a Garzón a que, coincidiendo con el 200 aniversario de la Guerra de la Independencia, pida "el certificado de defunción de Napoleón".
"Creo que es un auto sorprendente y no precisamente para bien", defiende la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, para quien este tipo de cuestiones deben competir a los historiadores, no a los jueces. "Se tiene que analizar todo lo que allí pasó de una manera bastante profesional y bastante neutral. Y años después, tratar de trasladar o de "achacar" a determinadas formaciones políticas o a determinadas personas cuestiones que pasaron hace 70 años, no tiene desde luego ningún sentido", ha determinado.
El "buen nombre de Falange"
Evidentemente, donde más ha molestado la orden del magistrado de la Audiencia Nacional ha sido en uno de los partidos capitales en la Guerra Civil y buena parte del franquismo. A juicio del vicesecretario general de Falange Española y de las JONS (FE-JONS), Jorge Garrido, se trata de una campaña en su contra y, por ello, su formación está estudiando adoptar "medidas legales y acciones públicas de protesta" para "limpiar" su "buen nombre".
Al lado contrario de la balanza, el director de Amnistía Internacional (AI) en España, Esteban Beltrán, ha expresado su satisfacción porque "construye un paso esencial e imprescindible para la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas del franquismo y la Guerra Civil".
El PCE, que ha calificado el auto de Garzón de "un paso importante para la reparación de la justicia y de la memoria histórica", califica de "inmoral" la intención de la Fiscalía de recurrirlo.
El PCE denuncia "el intento de reescribir la historia"
En un comunicado, el PCE considera "imprescindible" el resarcimento judicial, moral y económico de las víctimas y sus familias, la condena del golpe de Estado "fascista" de 1936 contra el legítimo gobierno de la República y la atribución de la responsabilidad a altos cargos de la dictadura franquista.
Acto histórico
El abogado del Fòrum per la Memòria considera que la decisión tiene "un alto significado histórico porque hasta ahora ha habido condenas genéricas desde instituciones como el Parlamento pero esto supone que el poder judicial cuestiona lo que fue el franquismo como un régimen autoritario y criminal".
¿Abrir heridas o no tocar lo ya cicatrizado? Lo cierto es que, aún en 1989, durante una cena de Nochebuena, José Díaz lo único que tenía cicatrizado en la memoria era el dolor y la injusticia.
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Proceso abierto al franquismo
ÁNGELES VÁZQUEZ - Madrid - 16/10/2008 22:23
"No se trata de hacer una revisión en sede judicial de la Guerra Civil". "La acción de la Justicia se produce con el máximo respeto para todas las víctimas que padecieron actos violentos execrables, masacres y gravísimas violaciones de derechos durante la Guerra Civil y la posguerra, con independencia de su adscripción política, ideológica, religiosa o de cualquier otra clase".
Con estas palabras, como queriendo justificarse, comienza Baltasar Garzón el auto en el que lanza el órdago de abrir la primera causa penal que trata de reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la represión franquista que nunca pudieron acudir a la Justicia.
Es decir, como se esperaba, el magistrado se ha declarado competente para investigar los crímenes cometidos por los vencedores entre el 17 de julio de 1936 y diciembre de 1951, fecha "marcada por la eliminación de guerrilleros y personas que les apoyaban", explica la propia resolución.La investigación (que empezó de facto el 23 de junio solicitando información a los ministerios de Defensa e Interior, y reanudó en septiembre ampliando la petición a otros organismos y a la propia Conferencia Episcopal) está circunscrita a 114.266 desaparecidos, cifra que es previsible que aumente con el trabajo que realizará el grupo de expertos y de Policía Judicial que ordena crear.
Aún se cometen
El auto declara estos crímenes delitos permanentes de detención ilegal en el contexto de crímenes contra la humanidad, que se siguen produciendo porque aún no se han encontrado los cuerpos, y a los que no se puede aplicar la amnistía del 1977, porque "cualquier ley de amnistía que buscara eliminar un delito contra la humanidad que no puede catalogarse como crimen político sería nula de pleno derecho", señala el juez.
Ese argumento y que las detenciones ilegales ya estaban recogidas en el Código Penal republicano de 1932 (por lo que pueden ser castigadas aunque los delitos de lesa humanidad no se incorporaran hasta 2003 en el Código actual) estaban presentes en todas las quinielas realizadas desde hace mes y medio sobre lo que pensaba hacer Garzón. No obstante, el magistrado guardaba un as en la manga: asegura la competencia de la Audiencia Nacional al considerar el golpe de estado de Franco un delito contra los altos organismos de la Nación.
Sus responsables son el general Francisco Franco, su cuñado, Ramón Serrano Suñer, y otros 33 generales y ministros de los primeros gobiernos franquistas. Todos están fallecidos, y el juez pide a los registros civiles sus certificados de defunción. Cuando los tenga declarará extinguida la responsabilidad penal en la que podrían haber incurrido en el delito investigado.
Dirigentes de Falange
También solicita al Ministerio del Interior que identifique a los máximos dirigentes de la Falange Española entre el 17 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1951. Si han muerto, el trámite será el mismo que el seguido con la cúpula militar franquista, pero si están vivos, serán imputados.Con esta pirueta jurídica, el juez se asegura la instrucción de la causa durante un tiempo en el que podrá recopilar información y autorizar la apertura de las fosas que se vayan localizando. Ya ha dado el visto bueno a 19, entre ellas, la de Federico García Lorca.
Si todos los responsables del delito contra altos organismos de la Nación hubieran fallecido, Garzón se inhibirá a favor de los Juzgados donde se produjeron los delitos de detención ilegal investigados, porque la Audiencia Nacional solo se ocupa de los delitos contra la humanidad extranjeros.
Ni Paracuellos ni otros
El juez aprovecha para explicar por qué no admitió a trámite la querella presentada en 1998 por lo ocurrido en Paracuellos. "Tras la finalización de la contienda civil, tales hechos se investigaron, se procuró sancionar a los responsables y las víctimas fueron identificadas", dice el auto. Añade que tampoco sería de su competencia, porque no hubo ningún golpe de Estado.
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El tiempo de la memoria, por Emilio Silva
Ayer se cumplieron 72 dos aos de la razn por la que estoy escribiendo estas lneas. Una muestra ms de la importancia que tiene el pasado sobre el presente, de cmo nos determina, de cmo somos su resultado, su consecuencia.
Precisamente ese da, un 16 de octubre pero de 1936, un camin de gaseosas se acerc al Ayuntamiento de Villafranca del Bierzo. De aquella crcel improvisada salieron catorce hombres. Eran civiles, republicanos y uno de ellos mi abuelo, Emilio Silva Faba. Los alejaron a ms de treinta kilmetros de all para asesinarlos y abandonar sus cuerpos en una cuneta.
Acababan de pasar sesenta y cuatro aos cuando una excavadora remova la tierra en una cuneta a la entrada de ese pueblo berciano. Unas semanas antes publiqu un artculo en la prensa local: Mi abuelo tambin fue un desaparecido. En l me quejaba de la repercusin que haba tenido en nuestra sociedad la retencin del dictador Augusto Pinochet en Londres y cmo los desaparecidos republicanos en nuestro pas eran inexistentes.
La exhumacin fue realizada por un grupo de arquelogos y forenses. Familiares de otros asesinados se acercaron a pedir ayuda. Nunca he hablado con mi hermana de estas cosas, deca una mujer junto a la fosa; y esas cosas de las que nunca haba hablado con su hermana, eran el asesinato de su padre que se encontraba desaparecido.
Mientras aquella oquedad mostraba los restos de trece civiles asesinados, se estaba agujereando una densa capa de silencio, edificada tras la muerte del dictador. Las causas, la impunidad poltica y la jurdica que lleg con la ley de Amnista de 1977 y otra impunidad resucitada, la del miedo, con el golpe del 23 de febrero de 1981 al grito de Quieto todo el mundo!
Acabada la guerra franquista el dictador se afan en una venganza disfrazada de justicia; fusil, encarcel y desterr a cientos de miles de personas; secuestr en las crceles a hijos de presas republicanas, oficializ una supuesta inferioridad de la mujer, aplic las primeras vacunas de la poliomielitis slo a los hijos del rgimen y educ a cientos de miles de ciudadanos en el miedo y la culpabilidad.
En el pueblo de mi abuelo, algunos ancianos le llaman a la dictadura franquista la segunda inquisicin. En estos aos de democracia miles de esos familiares de desaparecidos han muerto sin haber recibido ni el ms mnimo gesto de reconocimiento como vctimas por parte del Estado democrtico. Los pilotos de la transicin decidieron que eran un obstculo para la democracia. El verdadero obstculo eran las lites franquistas y la recuperada democracia les garantizaba la impunidad.
Durante los ltimos aos la sociedad civil ha construido un proceso que tena como objetivo reconocer a los hombres y mujeres que construyeron nuestra primera democracia. Ahora, en el mismo aniversario de la muerte de mi abuelo, asesinado por hacer campaa por una escuela pblica y laica, el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzn ha abierto una puerta. Es hora de que la democracia deje pasar por ella a la justicia con quienes fueron gobernados por los asesinos de sus seres queridos durante cuarenta aos de dictadura.
Emilio Silva
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La estrategia de Garzón, por Ignacio Escolar
Oct 17
No, Garzón no es idiota. No ha pedido el certificado de defunción de Francisco Franco y otros tantos gerifaltes de la tiranía porque ignore que están muertos. La estrategia es otra. Gracias al tiempo que llevarán estos trámites, el juez de la Audiencia Nacional tendrá plazo para poner en marcha su verdadero objetivo: ayudar a abrir varias fosas con cargo al Estado y elaborar un censo de las víctimas de la represión de los golpistas -según el auto 114.266 personas-. Garzón es consciente de que es muy difícil, casi imposible si la Fiscalía se opone, que el caso llegue a juicio. Pero al andar también se hace camino. Hemos tenido que esperar 72 años, dos meses y 28 días desde el golpe de estado de 1936 para que un juez preguntase por el atropello. Llega tarde, pero al menos llega.
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